PERFIL DEL CANDIDATO.

"Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos tienen la obligación de postular candidatos y candidatas que reúnan los requisitos mínimos de decoro, honestidad y compromiso. Deben brillar con luz propia como el Sol saliente". FDC/2019.

Las organizaciones políticas y los partidos son el medio constitucional para renovar los mandos político-administrativos en el país. Este relevo se efectúa a través de los procesos electorales que se realizan periódicamente bajo la sombrilla de la democracia representativa.

Dada la importancia de las instituciones políticas en el desarrollo y afianzamiento de la democracia representativa es necesario establecer unos perfiles para quienes aspiren hacer uso del derecho constitucional de ser elegido. Se impone definir los aspectos esenciales para optar a cualquier de los cargos instituidos por la normativa electoral y la Constitución de la República.

Hay serios cuestionamientos a la clase política y a la forma de selección por parte de los partidos políticos de los representantes de la ciudadanía para desempeñar cargos de diputados y senadores. Las críticas se han generalizado y abarcan a los regidores, síndicos, así como sus suplentes.

Las acusaciones giran en torno al origen del cargo que en algunos casos obedecen a acciones de simple compra y venta entre el aspirante y el partido u organización política que le postula. En esas transacciones no se toman en cuenta las cualidades morales, el comportamiento cívico o la vocación de servicios del aspirante. Muchos espacios han sido copados por potentados económicos y famosos, sin mérito, trabajo político o compromiso socio-político.

La posición económica o la fama no son suficientes para optar por un cargo electivo. Quienes aspiren a dirigir asumen un compromiso con los electores que depositan en él su confianza para que les represente. Deben ser personas con un alto sentido del deber, gran sensibilidad social, solvencia moral probada, tolerante, humilde y pluralista.

Esto ha generado un aislamiento de los líderes sociales y comunales y profesionales independientes, que califican la actividad política como denigrante. Esta peligrosa tendencia deja el camino abierto a quienes afirman que la política no es para gente seria cuando realmente es todo lo contrario.

A esto se le agrega la incapacidad de la Junta Central Electoral para inhabilitar a quienes hayan incurrido en actos reñidos con la moral. Es preocupante la complicidad de las autoridades políticas en la asignación de candidaturas a personeros que buscan proteger intereses objetables.

El tema adquiere relevancia a propósito de las frecuentes denuncias de que la delincuencia y el crimen organizado han estado detrás de candidaturas e incluso que delincuentes o sus testaferros se han colado y han salido electos. De ser así, estamos ante una seria amenaza que corroe las bases del sistema político, democracia representativa, los partidos políticos y las instituciones sociales en sentido general.

Esta preocupante situación advierte el deterioro de los mecanismos de control interno de los partidos políticos, la falta de sanción social y moral, así como la incapacidad de la Junta Central Electoral para descalificar a quienes no reúnen los requisitos para postularse. Como es posible que lo que debe ser un condenado a pena máxima se convierta en una autoridad legitimada por el voto popular.

Hay que pedir la ampliación de las exigencias y requisitos para ser miembro de un partido y más aún para quienes aspiren a postularse a cargos electivos. Hay que ampliar el catalogo definido en la Carta Magna para evitar que la actividad política se convierta en el escudo para proteger a delincuentes en perjuicio de quienes asumen la política y los partidos como el medio ideal para servirle a la sociedad.

Por eso es tan importante sancionar las prácticas de clientelismo político para evitar que haciendo uso del poder económico y burlándose de de la pobreza de la gente se impongan candidatos cuyas andanzas no se correspondan con los principios de convivencia social civilizada.

El clientelismo tiene que ser tipificado como delito electoral y sancionado con la degradación cívica, el impedimento de postularse en dos períodos, así como una multa de 13 salarios mínimos. Comprar cargos, conciencias y lealtades son actos de perversión política que envilecen a quienes los practican, denigran la condición humana, pervierten la institucionalidad y corrompen cultura política.

Corresponde a los partidos políticos hacer una selección transparente para impedir a toda costa que los delincuentes obtengan nominaciones a cargos electivos. Es la Junta Central Electoral el organismo responsable de fiscalizar a los aspirantes, depurarlos e invalidar las postulaciones sucias.

Finalmente, está en las manos del votante negarle rotundamente el voto a los partidos o personas que pretendan colocarse al servicio de la delincuencia y el crimen organizado.