PERSPECTIVAS DE LAS CIENCIAS POLÍTICAS EN REPÚBLICA DOMINICANA.

“La escuela democrática que precisamos no es aquella en la que sólo el maestro enseña, en la que el alumno sólo aprende y el director es el mandante todopoderoso”. Paulo Freire (Carta a Quien Pretenda Enseñar).

La universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, trabaja en el rediseño y actualización de su oferta académica para ampliar las oportunidades de quienes optan por escoger la Alma Máter como espacio para formarse, ejercitar sus saberes o fortalecer sus capacidades. Facultades, Escuelas y coordinaciones de cátedras coordinan las acciones conjuntamente DIGEPLANDI.

La filosofía de la UASD establece las líneas generales sobre las que se deben articular las propuestas, sin embargo, hay una resolución del Consejo Universitario que hace línea con otra que sacó el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, MESCyT, donde se manda a implementar un modelo educativo basado en el “enfoque por competencias”. Al margen de las críticas que se hacen a dicho enfoque, se insiste en que el profesorado de la UASD lo asuma.

Pareciera que se busca homogeneizar un modelo que pudiera servir en el ciclo básico, pero no para implantarlo en carreras que como las Ciencias Políticas son una especie de “consomé de saberes”, donde aprender a pensar críticamente se hace imprescindible. El perfil profesional del politólogo, como el de otros profesionales de las Ciencias Sociales, no admiten modelos enlatados o tendencias instrumentalistas.

Se sabe que el enfoque por competencias, modelo que ha sido implantado bajo la égida del pensamiento neoliberal, instrumentaliza la educación y la coloca al servicio de las necesidades de cúpulas hegemónica. Esa perspectiva es claramente contradictoria a la filosofía de UASD y el Estatuto Orgánico.

Vista la buena disposición y el interés del cuerpo directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas para avanzar en el rediseño y adecuación de la malla curricular es oportuno recordar que hay tendencias que pudieran afectar el resultado de los esfuerzos que se encaminan con miras al fortalecimiento de la Carrera de Ciencia Política. Nos referimos a la politización de la justicia y a la judicialización de la política.

Lo ideal es que ambas tendencias se complementen, pero la realidad es que están rivalizando y los efectos son evidentes. Ante esas realidades las discusiones académicas deben tomar en cuenta y la UASD es, y sigue siendo un faro de luz al respecto en un mundo complejo y exigente. La comunidad académica debe asumir la vanguardia para explicar, sistematizar y resignificar el cuerpo teórico que sustenta las Ciencias Políticas.

Esas tendencias se articulan en dos ejes contrapuestos: de un lado se ubica la politización de la justicia y del otro la judicialización de la política. La primera implica un riesgo serio para la institucionalidad democrática, ya que cuando se politiza la justicia se debilitan los mecanismos de control que condicionan la convivencia y dan forma al pacto social.

Respecto a la segunda tendencia, cabe destacar que las instituciones y sujetos políticos tienen sus propios mecanismos de control, basados en procedimientos que implican participación amplia y diversas. Unas veces se instituyen mediante normas internas; otras por medio de un marco normativo que complementa los postulados constitucionales.

Así los instrumentos de control político están asociados a mecanismos de democracia directa instituidas en marcos normativos que establecen los procedimientos de gestión de relaciones de poder, tanto a lo interno como a lo externo de partidos, organizaciones y movimientos políticos.

Con ese corolario como precedente, el debate en torno a cuestiones sustanciales del quehacer de las Ciencias Políticas se deben establecer las líneas de abordaje que pongan el instrumental teórico y metodológico al servicio de la solución de problemas y refuercen los fundamentos de la institucionalidad política y la democracia funcional.

Pretender que las relaciones de poder en el Siglo XXI se pueden abordar con instrumentos o dispositivos cuyos resultados son contrarios a las aspiraciones de la Ciencia Política es como “arar en el mar”. Son tiempos en que los fundamentos teóricos de las doctrinas políticas vigentes están siendo cuestionados desde diversos ámbitos. Eso obliga a replantear y ampliar la perspectiva académica, a reorientar las metodologías de enseñanzas, resignificar los enfoques y actualizar los contenidos.

Las Ciencias Políticas constituyen un área especializada que está llamada a producir las ideas y los instrumentos metodológicos que ayuden a explicar los problemas que afectan a la sociedad y a proponer soluciones. Es mucho más que un instrumento para diseñar, medir o hacer seguimiento a políticas públicas. Es, ante todo, una Ciencia forjada para explicar los fundamentos y el funcionamiento de los sistemas políticos y sociales.

El Siglo XXI es el siglo de las Ciencias Políticas, ya que los retos que plantean exigen de esta Ciencia, respuestas y alternativas de solución a cuestiones que van desde el estudio de las relaciones de poder, la fundamentación de los formalismos democráticos en crisis hasta las cuestiones de políticas públicas pasando por complejidades de la geopolítica, la neuropolítica; la teoría del Estado, sus funciones y las modalidades que asume en cada sistema político.

Otros retos, a los cuales la Ciencia Política debe hacer frente, vienen del mundo de las ideologías. El fin de la historia no ha llegado ni llegará; la historia sigue su curso y con ella el pluralismo ideológico que lo sustenta. En ese sentido, es importante destacar la emergencia de grupos religiosos vinculados a la política, tal como sucedía en la Alta Edad Media.

Comprender los fundamentos discursivos de la retórica política vigente adquiere una importancia trascendental en tiempos en que las religiones entran en competencia con la política. No es tarea fácil, pero hay que tener presente esos aspectos al momento de abordar las cuestiones políticas y sociales. El peso de la religión en el imaginario colectivo obliga al cientista político a buscar los fundamentos de las relaciones entre religión, Estado y sociedad. Es un elemento que condiciona el accionar político en escenarios diversos. De ahí la importancia de su estudio desde las Ciencias Políticas.

La irrupción de la religión en la política obliga al cientista político a buscar los elementos coincidentes y divergentes que le ayuden a explicar las interrelaciones de los dos elementos. Así mismo, las vinculaciones del crimen organizado a la política y el vaciamiento ideológico, la educación y la formación política colocan en riesgo el presente y el futuro de las democracias.

Del lado del diseño, evaluación, seguimiento de las políticas públicas, el desafío es colosal. La deslegitimación de la democracia se debe, en cierto modo, a la baja eficiencia de las políticas y a los altos costos que conlleva. Esto se complica, dada las redes clientelares, la corrupción y la impunidad que afectan las instituciones políticas.

El caso específico de República Dominicana, las Ciencias Políticas carecen de una sistematización científica. Ahí hay un vasto campo por cubrir que puede servir para establecer diversas líneas de investigación. La perspectiva teórica y práctica requiere de gente que dedique tiempo a investigar y sistematizar. Recoger el proceso evolutivo de las Ciencias políticas en el país es un imperativo para las generaciones presentes.

Es Juan Pablo Duarte, Prócer y Padre de la Patria quien da el primer pitazo para el desarrollo de las Ciencias Política en el país cuando afirmó que: “La política no es una especulación; es la Ciencia más pura y la más digna, después de la Filosofía, de ocupar las inteligencias nobles”. Esa sentencia del patricio pudiera marcar el inicio del debate sobre el origen de las Ciencias Política. Inexplicablemente, las discusiones sobre la cuestión se han retrasado y es el momento de remontar para recuperar los rezagos.

Abrirse paso en la investigación, implica definir perfiles que ayuden a adecentar y aumentar las capacidades de los sistemas políticos para dar respuestas a las demandas. Se cuestiona, y con razón, la falta de eficiencia de las instituciones públicas. Eso requiere respuestas enmarcadas en las Ciencias Políticas, apoyadas por otras ciencias sociales que le complementen.

Diseñar modelos políticos y perfiles de liderazgos que hagan de la práctica política una vocación, impactaría positivamente en la calidad de democracia y la representación política. Colocar los instrumentos de la Ciencia Política en manos de los sectores que toman decisiones puede aumentar la confianza de la gente en la política y en las instituciones políticas.

Responder a esos y otros retos es parte de los esfuerzos que deben afrontar quienes se dedican al estudio y cultivo de las Ciencias Políticas. Al margen de cuestiones vinculadas a los aspectos tácticos de la política, la Ciencia Política deben concentrar sus esfuerzos en las cuestiones estratégicas.

Las Ciencias Políticas, junto a disciplinas como las Relaciones Internacionales y la Diplomacia deben resignificar toda la cuestión vinculada a los sujetos de derecho internacional, haciendo énfasis en el papel del Estado como instrumentos para garantizar el desarrollo equitativo y sostenible de la humanidad.

Son tiempos convulsos que requieren claridad, compromisos, capacidades y honestidad intelectual. Las Ciencias Políticas pueden y deben aportar su instrumental teórico y metodológico para establecer mecanismos que hagan de la Política una oportunidad para servir, no para servirse.

El camino hacia la superación de las limitaciones teóricas que impiden el desarrollo de las Ciencias Políticas en República Dominicana debe ocupar el debate e impulsar acciones que coloquen la cuestión en perspectivas para que sean asumidos por sujetos conscientes y debidamente formados. 

Habría que valorar la posibilidad y conveniencia de crear la Escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales para ampliar la oferta académica. De igual forma se puede incluir la Escuela de Criminalística, está última vinculada a la Escuela de Derecho. Esto sumado a la inclusión de nuevas materias que refuercen los contenidos hará diferencias entre los que forman cientistas comprometidos con la transformación y los centros que prefieren seguir las reglas de los mercados.

Otra de las opciones a considerar, es negociar que Administración Pública sea trasladada a la Escuela de Ciencias Políticas. Se sabe que la Carrera está operando desde la Escuela de Administración Pública, adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Es pertinente pasarla a la Facultad de Ciencia Jurídicas y Políticas, específicamente a la Escuela de Ciencias Políticas, cambiando el perfil de la misma para ajustarla a su esencia estrictamente académica. Este paquete se complementa con una amplia oferta en especialidades, maestrías y doctorados.

Es tiempo de acción, de reorientación y redefinición. La cuestión ideológica no ha muerto ni morirá. Las teorías políticas están ahí y reclaman atenciones de la Ciencia. Conceptos clásicos como el binomio izquierda y derecha siguen vigentes, aunque muchos se empeñen en distorsionar sus postulados. Ellos sirven de recipiente a pensamientos e idea basadas en el socialismo, liberalismo, capitalismo comunismo.

Corrientes vinculadas al ecologismo, feminismo o al ambientalismo, entre otros "ismos" hacen parte del caldo social que debe ser sazonado por ingredientes de las Ciencias Políticas. Son realidades, aunque haya quienes crean que son ficciones que solo tienen cabida en los recovecos de los enfoques asociados a la posverdad.

El campo de acción de la Ciencias Políticas es tan amplio como la diversidad de problemas que afectan al mundo del Siglo XXI. Quienes apuestan a la Ciencia, encontrarán en ella un espacio para desarrollar las capacidades que le permitan entender y explicar las complejidades de la dinámica societal.

Asumir el reto y ser consciente de los desafíos es responsabilidad directa de quienes diseñan y ejecutan las políticas educativas. Los espacios académicos se complementan con espacios de interacción social, especialmente políticos para dar forma a los saberes que conforman la inteligencia política.

A eso se suma la necesidad de superar el analfabetismo político y ampliar los espacios deliberativos de la democracia funcional. Importa, por tanto, ir avanzando en la construcción de una oferta académica que supere la carpintería política y gerencial y abra paso a la transformación del pensamiento político y social.

El Siglo XXI es el siglo de las Ciencias Políticas. En ellas están las soluciones los instrumentos que permitirán entender mejor los retos que plantea la Era de la Información y el Conocimiento. En tiempos turbulentos se impone replantear los fundamentos científicos para analizar el pensamiento político y las formas de incentivar su estudio.

Las tecnologías de la información y la comunicación facilitan la divulgación de conocimientos, pero esos conocimientos deben estar depurado y validado científicamente para que sea útil y provechoso. Buena parte de esa responsabilidad recae sobre las Ciencias Sociales en general, en las Ciencias Políticas en particular.

Hoy que la inteligencia artificial emerge como complemento de la inteligencia humana se requiere claridad metodológica y fuerza teórica para aprovechar su potencial y orientarlo al desarrollo de la humanidad. Entender y explicar las complejidades de los sistemas políticos y proponer soluciones a los retos y desafíos que se plantea es la principal motivación para trabajar por el desarrollo y consolidación de las Ciencias Política en República Dominicana.

El vasto campo de aplicación de las Ciencias Políticas se convierte en oportunidades para quienes a su estudio y desarrollo. El mundo está lleno de politiqueros, políticos y politontos, pero carece de especialistas Política. Ahí hay un mundo de oportunidades tanto en el campo práctico como en el teórico. 

JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y POLÍTIZACIÓN DE LA JUSTICIA.

“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”. Montesquieu

El marco jurídico de un país es producto de la evolución de la institucionalidad política y como tal, está permeado por los patrones ideológicos y los intereses predominantes un momento específico del desarrollo político. Los marcos normativos son votados por Congresos Nacionales o Asambleas Constituyentes que tienen más fundamentos políticos que jurídicos. 

Puede afirmarse que la fundamentación política de la institucionalidad jurídica es clara. Sin embargo, se aprecia una dicotomía entre lo jurídico y lo político, cuando lo que debiera haber, es una complementación en ambas funciones para dar sostén y estabilidad al sistema político. Esa contradicción está generando choques que trastocan el equilibrio de poderes que debe primar en una sociedad.

Se nota un marcado interés de sectores entronizados en las instituciones judiciales para modificar marcos normativos referentes a la regulación de los sistemas e institucionalidad política que han sido votados bajo los protocolos establecidos y con los consensos básicos requeridos. Eso debiera ser suficiente para dar el grado de legitimidad que requiere la normativa que rige el sistema político electoral y las instancia que lo conforman.

En el caso de República Dominicana, se ha puesto de moda, que las denominadas Altas Cortes, se asumen como únicas dueñas de la verdad jurídica y la razón política. Bajo esa égida han desguazado la Ley de Régimen Electoral y la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, al anular y modificar una serie de disposiciones que no complacen a ciertos sectores. Tras recibir recursos contra artículos y alegando contradicciones emiten sentencias complacientes que dejan ver la intención de legislar desde esa instancia.

Lo ideal sería que el control constitucional existiera previo a la aprobación de una normativa, ya que la facultad para elaborar y modificar leyes debe ser exclusivamente de las instancias legislativas. Los integrantes de las entidades judiciales son escogidos de la sociedad donde interactúan como sujetos sociales y entes políticos. No están aislados ni deben estarlo. Tal como sentenció Aristóteles: “el hombre es un animal político”, es decir, que no se pueden abstraer de las influencias ideológicas y religiosas que condicionan el ambiente en el que se desarrollan. 

Las Altas Cortes de República Dominicana han sido apoderadas de varias demandas para que se interpreten artículos que teóricamente contravienen intereses de grupos vinculados al quehacer político. Se alega que la normativa político electoral niega derecho o entra en contradicción con las Constitución de la República y bajo esas premisas producen sentencias que no solo debilitan la normativa, sino que desacredita el Congreso Nacional que las elabora y al Poder Ejecutivo que las promulga.

Cabe destacar que ambas normativas son de reciente aprobación y se supone que las comisiones que estudian los anteproyectos y proyectos de ley se cuidan de tales vicios. De no ser así, debe accionarse antes de la promulgación de la Ley por el Poder Ejecutivo. ¿Son los jueces entes superdotados o tienen superpoderes que les permiten modificar decisiones de otros poderes del Estado? Es evidente que estamos en presencia de un proceso de judicialización de la política en su expresión más cruda.

Si bien es cierto, que las Altas Cortes tienen unas funciones establecidas en la Constitución de la República Dominicana, que define sus atribuciones, no es menos cierto que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo fundamentan su accionar en el mismo marco jurídico. Como se sabe, la institucionalidad política opera bajo normas jurídicas, pero tiene una dinámica operativa que supera lo jurídico en cuanto a lógica organizativa y misional.

Las democracias formales electoralistas tienen por base la división clásica de poderes, y lo ideal es que éstos se complementen en sus funciones, no que se contrapongan, se suplanten o se contradigan porque todos tributan a la arquitectura institucional del Estado. Como se ven las cosas, se puede afirmar que en República Dominicana el proceso de judicialización de la política puede perturbar el orden político tal y como ha sucedido en otros lugares de América Latina.

Pareciera que hay sectores que pretenden imponer desde las Altas Cortes marcos normativos que no pudieron lograr en los espacios habilitados para tales fines. Las sentencias de estas instituciones son de aplicación inmediata y algunas tienen carácter de irrevocable, por tanto, modifican los marcos normativos y sientan jurisprudencia en ciertos tópicos. 

Varias sentencias evacuadas tanto por el Tribunal Superior Electoral como por el Tribunal Constitucional sobre aspectos sustanciales de las Leyes de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la de Régimen Electoral respectivamente, invitan a reflexionar sobre la calidad de la producción legislativa; así como, los márgenes interpretativos de las normativas que emiten. Eso se suma a la necesidad de buscar mayores consensos y abrir consultas que ayuden a enriquecer las decisiones del Poder Legislativo.

Reflexionar sobre el impacto de las decisiones judiciales sobre el funcionamiento del sistema político y las perturbaciones que provocan en la institucionalidad democrática es tarea indispensable para el liderazgo político. Las funciones de las Altas Cortes deben servir para fortalecer la democracia, no para debilitarla. De continuar en esa tendencia pudiera producirse un choque de poderes que ponga en riesgo la estabilidad política y la paz social.

Las Altas Cortes no pueden erigirse en un suprapoder ni constituirse en un espacio para deslegitimar las labores del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Eso obliga a repensar su rol y redefinir funciones, priorizando el control previo de los marcos normativos para evitar interpretaciones antojadizas y sospechosas que provoquen situaciones que pongan en riesgo la institucionalidad democrática. Esa función consultiva ayudaría a transparentar sus decisiones y fortalecer los marcos normativos.

La lógica complementaria en las funciones del Estado y entre las entidades que lo conforman, es más necesaria hoy que nunca, para evitar roce y prevenir sobre los intentos de politización de la justicia o judicialización de la política. Tan mala es una tendencia como la otra. Ambas distorsionan las funciones de los órganos de control político y jurídico e impacta en la calidad de la democracia.

¿Una persona pierde su condición de ser y actuar como ente político porque se ponga toga y birrete? ¿Se exceden las Altas Cortes al interpretar los marcos normativos referidos a la regulación del sistema político electoral o ceden a presiones de los grupos de interés? 

Al margen de cualquier valoración, la condición política no inhabilita a ninguna persona de ocupar funciones públicas. Lo que cuenta es la honestidad e idoneidad con que se desempeñe el cargo y eso no tiene que ver con ideología política, raza, credo o condición social. Lo que intento explicar es que la persona es persona, independientemente de la función que desempeñe. 

REFLEXIONES SOBRE EL GOLPE DE ESTADO PERPETRADO EN BOLIVIA EL 10 DE NOVIEMBRE 2019

"No se puede avanzar cuando el sector progresista genera avances y las derechas asumen el poder para revertirlo. Eso es exactamente lo que hemos visto en América Latina". FDC/2019

El golpe de estado de Estado perpetrado por las cúpulas oligárquicas en Bolivia perturba la paz social y la estabilidad política en la región. Es un burdo atentado a la democracia de base social y contra el movimiento progresista de América Latina. Evo Morales puede irse tranquilo porque conociendo la cultura de los pueblos originarios no se podía esperar otra cosa que la renuncia ante la ola de terror que desató la oposición golpista. 

Evo Morales fue el mejor presidente de Bolivia en su accidentada historia. La complicidad de OEA, USA y la UE es clara y el silencio los delata. La oligarquía y USA se impuso a base de violencia, terrorismo chantaje; sin votos, sin proyectos, sin programas y sin liderazgo. 

El golpe de Estado contra el gobierno socialista se suma a la lista gobiernos derrocados por las oligarquías asociadas a los Estados Unidos. Es un funesto precedente para el floreciente proceso de desarrollo boliviano. Carlos Mesa y Fernando Camacho entran a Bolivia en una encrucijada y son responsable ante el pueblo y el mundo del futuro inmediato del Estado Plurinacional. Un expresidente comprometido con el pasado sangriento de Bolivia y el otro un fundamentalista religioso de ultraderecha.

Los progresistas han sido tolerantes e indulgentes cuando sustituyen a gobiernos oligarcas. Han asumido el “borrón y cuenta nueva” como política cuando lo que procedes es someter, juzgar y condenar a quienes delinquen desde la gestión pública. Apuestan a reconciliación y perdón mientras las derechas y sus padrinos incuban odio y anidan rencores.  Es tiempo de cambiar de estrategia y pedir cuentas a los verdugos.

El golpismo oligarcas se activa en Ecuador, Nicaragua, Venezuela y ahora en Bolivia. Las derechas tradicionales pretenden hacerse con el poder sin proyecto, programa o liderazgo definido y abrazan la violencia como forma de justificar su accionar político. Su apuesta es al fracaso del progresismo y al caos social para deslegitimar los logros de los gobiernos progresistas. 

Son capaces de cualquier cosa para consumar sus planes macabros contra los gobiernos progresistas. Ellos no entienden de ética política ni cultura cívica. Actúan en base a mandatos de USA, y operan bajo sus órdenes para recomponer el modelo neoliberal.  Eso lo saben la ONU-OEA-USA-UE que han estado accionando en el rediseño del modelo de dominación imperialista.

¿A qué progresista o socialista se le ocurre llamar o aceptar una auditoría de OEA sabiendo que su veredicto se decide en USA? No se puede ser tan ingenuo. La OEA es una entelequia al servicio de USA y el lacayaje criollo. ¿Es que no aprenden de la historia? ¡No fuñan! Se imponte cambiar de estrategias. Urge buscar formas de interlocución e integración incluyentes para generar un nuevo pacto que de forma y sostenibilidad a los proyectos de desarrollo planteados y ejecutados por por las fuerzas progresistas. Es claro que la OEA, no entra en es juego mientras sean punta de lanza del imperialismo yanqui.

El silencio denota la complicidad y complacencia de gobiernos conservadores de América Latina cuando se produce golpes contra las fuerzas progresistas; así como entidades como ONU, OEA y UE. Ellos asumen la democracia como un instrumento para validar los intereses de las oligarquías que representan. Una lección clave e importante de este penoso evento es que a las oligarquías no se le pueden perdonar la cuentas. Hay que cobrarle en la justicia por los desmanes cometidos. 

Bolivia tiene un interés estratégico para las multinacionales y transnacionales dado la cantidad de recursos naturales que posee, especialmente las reservas de litio, gas, petróleo, agua. De ahí que los Estados Unidos asuman como prioridad el quiebre del gobierno de Evo Morales para abrir paso a sus intereses.

El proyecto golpista de la oligarquía boliviana tiene un largo historial de acciones violentas. Delante de ese proyecto siempre ha estado USA, que para concretar la acción puso en marcha la operación "Rey Desnudo",  como afirma el periodista y escritor Nil Nikandrov. Era la plataforma propagandística para socavar la legitimidad del gobierno.

“El país minero tiene depósitos mundialmente famosos, que a la fecha continúan produciendo minerales de estaño en las minas de Huanuni, Llallagua y Chorolque; yacimientos de plata como Potosí, famoso desde ya casi 500 años; yacimientos de zinc en las minas de Colquiri, La Paz y Porco, Potosí; grandes yacimientos de oro en Tipuani, La Paz y Kori kollo, Oruro. Salares y cientos de lagunas de evaporitas, útiles para la higiene personal y limpieza de maquinarias como el boro; también con la mayor reserva mundial de litio, potasio y magnesio del Gran Salar de Uyuni. Y los enormes prospectos del Precámbrico que son comparados con los grandes productores de niquel, cromo, cobre, estaño, fosfatos uraníferos y hierro del mundo; representados en el Departamento de Santa Cruz, en Rincón del Tigre, Ascensión de Guarayos, Cerro Manomó y Mutún, respectivamente”, según se lee en el portal del periódico digital http://www.bolivianet.com/mineria/bmineralesbol.htm 

La geopolítica suramericana es fundamental para Estados Unidos y controlar a Bolivia es una prioridad. Evo Morales sacó de sus territorios a instituciones que operan como base de conspiración como son USAID, DEA, CIA y muchísimas fundaciones que accionan a favor de los sectores conservadores haciendo línea o sirviendo de correa de transmisión a las políticas intervencionistas que aplicadas en América Latina. USA no toleraría fácilmente esa acción soberana del gobierno boliviano y accionó desde otros países, incluso de su propia embajada para sacar a Evo y el Socialismo del poder.

Las fuerzas golpistas bolivianas y sus padrinos yanquis no desactivarán el dispositivo golpista hasta concretar, legitimar y estabilizar el golpe de Estado para restaurar el modelo neoliberal. No tienen programa ni liderazgo político para superar el proyecto progresista. Su anhelo es restaurar el alicaído modelo neoliberal generador de pobreza y desigualdad. Es su credo y a eso apuestan.

Concretada la fase golpista acciones los mecanismo judiciales para perseguir y encarcelar a funcionarios del gobierno que derrocaron. Es la fase de judicialización de la política. Recurren a la justicia previamente politizada para que valide acciones coherentes con los propósitos de la facción golpista. Neutralizan los congresos nacionales e imponen la censura para abrir paso a la desinformación y manipulación. Eso se suma a la represión brutal contra cualquier actividad que organicen los derrocados o defensores del gobierno progresista. En Bolivia esa fase ha sido cruenta y los pueblos indígenas son víctimas de atropellos y vejaciones como en los peores tiempos del coloniaje. 

La aposición política en Bolivia, como en otros países carece de programa alternativo al progresismo y apuestan por la restauración del modelo neoliberal que ha profundizado la pobreza, desigualdad y exclusión en el mundo. En América Latina, gracias al ascenso de las fuerzas progresistas lograron un repunte considerable en la superación de problemas estructurales generados por la pobreza como el analfabetismo y el acceso a servicios educativos y de salud gratuitos y de calidad.

Durante los gobiernos del MAS y Evo Morales devolvieron la esperanza a Bolivia; despertaron la avaricia y el odio de quienes adversan el modelo socialista. Un crecimiento continuo sobre el 5% del Producto Interno Bruto. Cifras que superan el promedio de la región. Logros significativos en materia de protección de los derechos fundamentales, salud, educación, vivienda, alimentación e inclusión. 

Se destaca la estabilidad macroeconómica, el crecimiento sostenido, la industrialización y la drástica reducción del Analfabetismo de 13,0% en 2006 a 2,4% en 2018. Logros evidentes en la reducción de la pobreza moderada de 60.6 a 34.6, y la extrema 38.2 a 15.2%. De igual forma se evidencian a avances significativos en materia de empleo e infraestructura. Son cifras que demuestran la eficiencia de las políticas implementadas por el gobierno de evo morales. 

Todo eso en un país donde los pueblos originarios fueron sometidos a un cruento proceso de exclusión discriminación. Fueron olvidados por los gobiernos de minoría blanca proimperialistas y el gobierno de Evo Morales los incorpora como sujeto del cambio social y ahí están los resultados.

Esos avances preocupan a Estados Unidos y a la oligarquía latinoamericana porque el modelo puede contagiar a otros países, y por éso, deciden desplegar estrategias y activar el plan golpista para matar la esperanza de quienes aspiran a vivir en mundo donde la justicia social y la solidaridad sean normas, no excepciones.

Al margen de cualquier error el modelo boliviano probó que se pueden crear políticas públicas que beneficien la colectividad aprovechando los recursos que producen los países. Evo devolvió a Bolivia, las empresas mineras y buscó formas de asociación donde los beneficios generados sean gestionado e invertidos en el país andino.

Ante un escenario como el descrito, las cúpulas hicieron lo imposible por impedir el afianzamiento del llamado socialismo productivo como fue denominado por el gobierno. Esa oligarquía, racista y aporófoba se asoció con la corriente golpista de América Latina que auspicia Estados Unidos en la región para impedir la reelección de Evo Morales.

Un proceso electoral, que, aunque cuestionado por las derechas, arrojó resultados donde Evo Morales superaba por más del 10% a Carlos Mesa. Tras conocer el resultado, la oposición llamó a desconocer las elecciones e iniciaron una serie de movilizaciones de sus acólitos que concluyó con el derrocamiento del gobierno de morales.

¿Repetir elecciones con un 10% de venta a favor de Evo Morales?  La ultraderecha oligárquica y OEA no validarán resultados que no le favorezcan. La OEA y Almagro son parte del proyecto de las oligarquías para quebrar el progresismo en América y restaurar el neoliberalismo. Nada nuevo. En Venezuela las pidieron sin Nicolás Maduro, en Ecuador sin Correa, en Nicaragua sin Daniel Ortega...y en Bolivia sin Evo y Álvaro.

Denunciar fraude es el primer paso del manual golpista que aplican la oligarquía y USA contra el progresismo. El segundo paso es desconocer las elecciones. El tercer paso implica activar la fase violenta para pedir la renuncia del gobierno. El cuarto paso es guerra mediática y el quinto paso es el llamado a las fuerzas armadas a que desconozcan el gobierno. Es un diseño de golpe calculado, planeado y ejecutados por sectores comprometido con la política exterior de los Estados Unidos.

Evo Morales, no debió confiar en la OEA y Luís Almagro, ya que son parte del proyecto de las oligarquías para quebrar el progresismo e impedir el desarrollo en América Latina y restaurar el neoliberalismo, haciendo línea con USA y UE. Ejemplos sobran y el testimonio de la historia cubre cualquier intento en distorsionar la intención de las acciones desarrolladas por USA en América Latina y El Caribe. 

La historia política latinoamericana demuestra que la vocación imperialista de Estados Unidos no tiene reparos al momento de imponer los modelos que garanticen sus intereses. América Latina y el mundo deben saberlo.  Cientos de ocupaciones, una política de apoyo a gobiernos autoritarios, intervencionismo continuo e injerencismo ininterrumpido son parte del arsenal que sustenta sus políticas.Para ser fieles a su accionar, coordinan con la ultraderecha boliviana, sin proyecto y sin liderazgo, para que desconozca los resultados electorales del pasado 20 de octubre y generar la crisis que provocó la salida del gobierno socialista. 

Es incuestionable que Luís Almagro opera desde la Organización de Estados Americanos, OEA, como parte del proyecto de las oligarquías para quebrar el progresismo en América y restaurar el neoliberalismo, haciendo línea con USA y UE. Darle la oportunidad de que auditara el proceso comicial fue como poner el ratón a cuidar el queso. Una inocentada del liderazgo socialista que ha tenido consecuencias catastróficas para el desarrollo del proceso progresista en América Latina. 

En su informe, OEA dejó ver su complicidad en informe lleno de ambigüedades e incongruencias. Esa fue la excusa de la oposición violenta y golpista para reforzar su llamado a anular las elecciones y luego a desconocer el gobierno. ¿Esperaban algo diferente del ministerio de colonias de los EE.UU? Es iluso pensar que OEA saque una resolución, del tipo que sea, favoreciendo a un gobierno progresista y menos a un gobierno socialista. Ella es parte de la treta golpista en Bolivia. La oligarquía boliviana y sus socios USA son los responsables de lo que suceda de la treta golpista

Evo Morales alcanza el poder en 22 de enero de 2005, tras haber ganado las elecciones en 2005 con más de un 54%. El Movimiento al Socialismo, MAS, plataforma política que le postuló, está conformada por un abanico de fuerzas progresistas y movimientos sociales que abrazan el socialismo como vía para lograr desarrollo, igualdad y justicia social.

El gobierno asume la colosal tarea de superar los problemas que impiden el desarrollo de Bolivia como la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la perversa discriminación racial que predominó en Bolivia hasta la llegada de Evo Morales. Morales, un reconocido líder del movimiento indígena, sindical y activista social; perseguido y reprimido por reclamar los derechos de su gente, que fue diputado en país donde una minoría racial controlaba todos los sectores de la economía.

La República Plurinacional de Bolivia está sumida en el caos tras el golpe de Estado de corte fascista contra el gobierno encabezado por Evo Morales Ayma. Con movilizaciones de grupos violentos y perpetraron actos de terror para imponer, por la fuerza lo que no lograron en las pasadas elecciones donde fueron superados por 10 puntos. Desconocieron el resultado e iniciaron una serie de acciones violentas que culminaron con la renuncia forzada del presidente constitucional.

Carlos Mesa, reconocido intelectual y expresidente de la República, quien encabezó la boleta de Fuerza del Cambio y Luis Fernando Camacho un dirigente de los llamados Comités Cívicos se colocaron al frente de las protestas, bajo la consigna de anulación de las elecciones. En medio del conflicto, Evo Morales aceptó que un equipo técnico de la OEA auditara el pasado proceso.

El veredicto de la OEA era predecible dado su comportamiento frente al proceso que involucran a Fuerzas progresistas y esta vez no fue la excepción. Emitieron un dictamen de que las fallas comprobadas obligaban a anular las elecciones. Lógicamente, que solo un ingenuo creería que dirían lo contrario, sabiendo que sus preferencias estaban del lado de las fuerzas conservadoras que encabezaba Carlos Mesa.

Un informe fallido y tendenciado del equipo OEA; y en medio de una intensa actividad conspirativa de oposición, el gobierno de Evo Morales llama a nuevas elecciones. Como era de esperarse Carlos Mesa y Luís Fernando Camacho rechazaron la convocatoria a nuevas elecciones y reforzaron la fase violenta del golpe que ya venía ejecutándose. Ellos, que habían pedido nuevas elecciones, cambian de rumbo y asumen la consigna de la renuncia del presidente. 

Luego del 20 de octubre cuando se efectuaron las elecciones y después de conocer los resultados. la violencia se apoderó de las ciudades donde la oposición tiene mayor incidencia como Santa Cruz. Desde allí salieron las manifestaciones hacia La Paz, donde está el asiento del gobierno. En su recorrido impusieron el terror, utilizando métodos salvajes como el saqueo, el secuestro, destrucción de bienes públicos, toma e incendio de oficinas públicas, entre otras acciones vandálicas.

El plan orquestado viene ejecutándose desde que Evo Morales tomó el poder en 22 de enero de 2006. Los grupos oligarcas y racistas de Bolivia nunca aceptaron el juego democrático. Se dedicaron a conspirar, sabotear y deslegitimar la gestión del gobierno independientemente del éxito evidente de la política implantada.

Queda claro que el propósito de los grupos que adversan a las fuerzas que componen el Movimiento al Socialismo que lideran Evo Morales y Álvaro García Lineras, presidente y vicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia.

Las fuerzas golpistas de ultraderecha en complicidad con los Estados Unidos, OEA, la Unión Europea y fuerzas nucleadas en llamado Grupo de Lima, han sido protagonistas de numerosos golpes de Estado en América Latina y El Caribe. Bolivia es el zarpazo más reciente y seguramente no será el último. Se comprometen a aceptar y promover que la democracia es la base de legitimación y al voto popular como instrumento de cambio pero desconocen protocolos electorales y accionan para quebrarlos.

Consumado el Golpe de Estado vienen las justificaciones y manipulaciones de los emporios mediáticos asociados al golpismo para negarlo. Entienden que la renuncia de Evo Morales y gran parte de los funcionarios permite un sucesión constitucional. El orden internacional se rompe, no por la renuncia de Evo Morales sino por el desconocimiento del gobierno de la cúpula militar y las acciones terroristas desarrolladas por la oposición golpista comandados por Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho.

Utilizando el manual que aplicaron cuando derrocaron a Manuel Zelaya, crean una mascarada en el Congreso para instalar una presidente violando la Constitución y los protocolos. Jeanine Áñez, senadora nacional se autoproclamada presidenta y es envestida por la cúpula militar golpista. Esa fórmula fue ensayada en Venezuela con Juan Guaidó.

Lecciones y Aprendizajes del Golpe de Estado contra Evo Morales el 10 de noviembre de 2019.

La República Plurinacional de Bolivia está sumida en el caos tras el Golpe de Estado contra el gobierno encabezado por Evo Morales Ayma. Tras una ola de terror impuesta por las fuerzas que compitieron en las pasadas elecciones y que perdieron por 10 puntos. Desconocieron el resultado e iniciaron una serie de acciones violentas que culminaron con la renuncia forzada del presidente constitucional.

En una acción coordinada por los sectores vinculados a las iglesias, las cúpulas militares, económicas, mediáticas y empresariales lograron crear un ambiente de crispación para viabilizar la acción golpista. Un golpe de Estado diseñado en los laboratorios de conspiración de Estados Unidos y legitimado por la OEA.

Carlos Mesa, reconocido intelectual y expresidente de la República, quien encabezó la boleta de Fuerza del Cambio y Luis Fernando Camacho un dirigente de los llamados Comités Cívicos se colocaron al frente de las protestas, bajo la consigna de anulación de las elecciones. En medio del conflicto, Evo Morales aceptó que un equipo técnico de la OEA auditara el pasado proceso. 

El veredicto de la OEA era predecible dado su comportamiento frente al proceso que involucran a Fuerzas progresistas y esta vez no fue la excepción. Emitieron un dictamen de que las fallas comprobadas obligaban a anular las elecciones. Lógicamente, que solo un ingenuo creería que dirían lo contrario, sabiendo que sus preferencias estaban del lado de las fuerzas conservadoras que encabezaba Carlos Mesa.

Tras el informe fallido y tendenciado del equipo OEA, y en medio de una intensa ola de violencia opositora, el gobierno de Evo Morales llama a nuevas elecciones. Como era de esperarse Carlos Mesa y Luís Fernando Camacho rechazaron la convocatoria a nuevas elecciones y refuerza la fase violenta del golpe que ya venía ejecutándose. Ellos, que habían pedido nuevas elecciones, cambian de rumbo y asumen la consigna de la renuncia del presidente.

Derrocar al gobierno progresista fue siempre el objetivo estratégico y el anhelo de los grupos de ultraderecha y sectores asociados a intereses foráneos vinculados a los Estados Unidos y la Unión Europea. Es la receta golpista que han aplicado en otros países como Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Honduras, Paraguay, Haití.

La insistencia del liderazgo del MAS y los movimientos sociales que lo sustentan en postular a Evo Morales para las elecciones del 20 de octubre 2019, agudizó las tensiones y debilitó la base de legitimidad que había caracterizado a los periodos anteriores. Cuestionaron el impedimento constitucional que ellos mismos diseñaron y recurrieron al Tribunal Supremo para que autorizara la inscripción. Eso agravó las contradicciones que produjeron el desenlace que conocemos.

Previamente hubo un cuestionado referendo donde el pueblo votó negativamente a la postulación de Evo Morales. Eso agravó las contradicciones y creó las bases para el desconocimiento de los resultados de las elecciones y reactivó el plan golpista que se activó tras las mismas.

La estrategia golpista boliviana sigue el mismo manual que han seguido los Estados Unidos en el mundo, por tanto, su implicación y responsabilidad es innegable. Financian, organizan, asesoran y ejecutan los golpes de Estado a través de entidades ancladas en países cuyos gobiernos no comulgan con las políticas progresistas y socialistas. 

Unidos a sectores religiosos radicalizados, cúpulas militares corrompidas, sectores empresariales pervertido y la oligarquía política reaccionaria, accionan desde la sombra para activar el dispositivo golpista. Utilizan recursos asociados a la guerra no convencional como acoso diplomático, bloqueo económico, chantaje mediático, soborno y perversión de las fuerzas armadas y financiamiento de grupos violentos para desestabilizar. Aplican la denominada guerra híbrida para generar lo que ellos definen como un golpe suave. 

Preservar la paz es una tarea fundamental en la agenda progresistas pero los gobiernos no pueden prescindir de mecanismo que garanticen la seguridad del Estado. A una oligarquía que acciones en base al terror y el chantaje hay que hacerla entender que las democracias tienen que basarse en consensos mínimos y que el pacto social requiere de compromisos que el liderazgo político tiene que asumir con responsabilidad. 

No es el enfrentamiento, la confrontación ni la guerra lo que dará estabilidad, es la búsqueda conjunta de soluciones y el diseño de políticas públicas incluyente lo que garantiza la paz social y la estabilidad política, es ante todo, el compromiso, el respeto y el autoreconocimiento. No se puede avanzar cuando el sector socialista y progresista genera avances y las derechas asumen el poder para revertirlo. Eso es exactamente lo que hemos visto en América Latina.

Las fuerzas progresistas y revolucionarias de América Latina deben analizar las formas de gestionar gobiernos y establecer estrategias para mejorar las interrelaciones. Que el golpismo encuentre espacio para extender sus alas y alzar el vuelo es muestra de que las políticas de seguridad e inteligencia no están funcionando. Es ahí donde todos ganan, más quienes tienen capacidad de producir y muchos vienen. El caos todos pierden, se pierde incluso la soberanía. Hacerle el juego a las políticas intervencionistas de Estados Unidos solo llega a la ruina.

Bolivia hoy es un país completamente diferente al que encontró Evo Morales en 2006. Un país preñado de esperanzas. Un país lleno de oportunidades de inversión para ese empresariado golpista porque al aumentar las condiciones de vida aumenta la capacidad de consumo. Es el escenario al que deben apostar los pueblos pero las cúpulas se han opuesto siempre a que los pueblos se desarrollen y Estados Unidos incentiva eso como forma de evitar que surja una competencia en la región.

El futuro del progresismo democrático se juega en Bolivia. Si no se acciona en la dirección correcta tendremos golpes de Estado dondequiera que se intente sacar un proyecto progresista. Los pueblos tienen que saber que los gobiernos progresistas no pueden resolver deudas sociales acumuladas por siglos en décadas. Los esfuerzos colosales requieren tiempo, recursos, organización, apoyos pero sobre todo compromiso de los sectores progresistas.

Visto el complejo contexto político latinoamericano y la complicada coyuntura política que se genera con el golpe de Estado a Evo Morales, podemos sacar algunas lecciones y aprendizajes de lo sucedido. Claro, sin pretender ser exhaustivo, dejo aquí una lista breve.

• Se debe tener claro que la política exterior de los Estados Unidos para América Latina y El Caribe ha sido diseñada para impedir el avance de las fuerzas progresistas porque puedan sacar al continente de la condición de súbditos que ellos defienden. Bolivia entró en contradicción con esa política desde la llegada de Evo Morales al poder. Es la doctrina de América para los americanos.

• También se sabe que EE.UU ha diseñado una estrategia para impedir que ningún país de Latinoamérica desarrolle capacidades o establezca alianzas que pongan en riesgo su hegemonía en la región. Para lograr ese objetivo, pactan con las oligarquías locales para que le sirvan de punta de lanza o muro de contención a los procesos progresistas.

• Se debe hacer conciencia de que el desplazamiento de las cúpulas oligárquicas del poder no es tarea fácil. Se requieren esfuerzos de articulación y concertación que superan las capacidades operativas de las fuerzas progresistas, ya que las fuerzas conservadoras harán férrea resistencia.

• Las fuerzas progresistas deben trabajar para transformar la democracia formal electoralista en democracia funcional de base socialista. Es impensable sostener un proyecto progresista con tendencia al socialismo montado sobre estructuras pervertidas y corrompidas impuestas por la oligarquía.

• Se impone el respeto a la institucionalidad pactada y el cumplimiento de los marcos normativos que sustentan a los proyectos progresistas de corte socialista. La cultura del fraude debe ser superada. 

• Los gobiernos progresistas no pueden perdonar los errores de quienes le preceden ni permitir acciones que deslegitimen sus gestiones. El pernicioso borrón y cuenta nueva no aplica y debe ser superado. Quien delinque, que reciba su castigo. Muchos gobiernos progresistas han perdonado a los verdugos de los pueblos que gobiernan y luego estos se transformas en sus peores enemigos.

• Hay que transformar el modelo neoliberal, recuperar la capacidad del Estado, combatir la corrupción y crear las bases para un nuevo pacto social fundamentado en la ética política, el compromiso democrático y la cultura cívica.

• Tras la virulencia con que actúan las fuerzas de ultraderecha se impone crear una estructura militar que de soporte al proyecto socialista. Los viejos ejércitos y su generalato son parte del instrumento que sostiene el proyecto de dominación oligarca.

• La organización de la sociedad para la defensa del proyecto socialista y revolucionario es fundamental. Hay que crear un contrapoder capaz de contrarrestar a las fuerzas de la reacción en cualquier escenario.

• Ciudadanizar la política para superar el analfabetismo político y el analfabetismo cívico tiene que ser ejes fundamentales en la construcción de un sujeto capaz de entender los contextos sociopolíticos, reconocer las amenazas y aprovechar coyunturas para reforzar las bases del modelo socialista.

• Las fuerzas políticas que conforman el gobierno progresista, socialista y revolucionario deben empeñarse en trabajar por la igualdad, la justicia social y la equidad. Desterrar todo vestigio de discriminación.

• La línea estratégica debe ser que todo proceso revolucionario es eminentemente democrático, participativo e inclusivo en su esencia y no puede ni debe haber privilegios para ningún sector.

• Tener claro, que llegar al gobierno y alcanzar el poder son cosas distintas y eso exige un proceso de definición de acciones concretas para lograr la sinergia entre las fuerzas del gobierno socialista, el liderazgo social y los sectores de poder.

• Enfocar los esfuerzos hacia la transformación de la institucionalidad democrática para crear las bases que sustenten la arquitectura organizativa que de sostén al proyecto socialista y genere una dinámica transformadora en toda la sociedad.

• Al tomar el gobierno se debe realizar y presentar una auditoria del estado de situación del país para tener una línea de base que marque el arranque y permita evaluar los niveles de avances del proyecto socialista. Esa tarea debe realizarse en el período de transición y concretarse en los primeros 3 meses de gestión.

• Trabajar arduamente en la formación política y administrativa del liderazgo progresista, socialista y revolucionario para dotarle de las capacidades que le permitan realizar una gestión a la altura de las expectativas del proyecto político progresista.

• Corresponde al liderazgo progresista, socialista y revolucionario generar una plataforma programática y una estructura política amplia y diversa para dar soporte al programa de trasformaciones elaborado por el liderazgo progresista, socialista y revolucionario.

• Aprovechar las capacidades de los gremios profesionales, sindicatos, cooperativas y del empresariado vinculados al proyecto socialista para articular un programa de transformaciones de amplia base social con visión integral y sustentable. 

• Se ha hecho costumbre exigir a las fuerzas progresistas y revolucionarias que resuelvan en décadas los males generados por las derechas en siglos de gobierno. Superando escollos se avanza, pero las fuerzas reaccionarias se encargan de impedir y revertir cualquier avance progresista. Evo Morales no podía resolver en 14 años los males acumulados en 500 años. Aún así avanzó hasta encaminar a Bolivia en la senda de la justicia y la inclusión social.

• Asumido el gobierno el progresista, socialista y revolucionario tiene que presentar la ruta crítica que le lleve a cumplir los compromisos y para eso se requiere un diagnóstico exhaustivo de la situación heredada. 

• Los procesos de institucionalización de los proyectos progresistas, socialistas y revolucionarios deben hacerse sobre una base programática sólida, con amplia participación popular y un liderazgo diverso e inclusivo. Se debe evitar el mesianismo y el caudillismo.

• Accionar sobre la base del valor político-estratégico de la región para establecer las alianzas que contribuyan a preservar los recursos naturales y volcar sus beneficios al servicio del desarrollo de las fuerzas productivas alternativas.

• Transformar el Estado en un instrumento al servicio del pueblo, no al pueblo en un instrumento del Estado. Eso requiere el rediseño de la arquitectura institucional y la reorientación de los fundamentos del pacto social.

• Fortalecer las capas medias para que sean contrapesos contra las cúpulas empresariales y sirvan de soporte al proyecto progresista, socialista y revolucionario, dada sus capacidades intelectuales. Esto combinado con acciones dirigidas a superar la pobreza y la integración de las cúpulas al proyecto de desarrollo será el reto mayor de cualquier proyecto que pretenda ser sostenible y productivo.

• Involucrar y comprometer a los poderes fácticos en los planes de desarrollo para que aporten sus capacidades, experiencia y recursos, ya que son estos quienes mayores beneficios logran cuando hay estabilidad política, desarrollo económica y justicia social.

• Generar mecanismos de comunicación popular directa con los sectores que lideran el proyecto progresista, socialista y revolucionarios para contrarrestar el efecto perverso de la guerra mediática que imponen los grandes medios.

• Crear políticas de organización de la producción, industrialización y distribución como alternativa a las prácticas tradicionales para evitar los efectos de la guerra económica que auspician las cúpulas empresariales y garantizar la seguridad alimentaria.

• Lo sucedido en Bolivia es una muestra de la virulencia con que reacciona la oligarquía cuando se ve atrapada. Buscar formas inteligentes de diálogo y concertación para evitar acorralamiento es una tarea fundamental para el liderazgo progresista.

• Pervertir el orden constitucional e intentar un cuarto período fue la sentencia de Evo Morales y esa práctica debe ser superada en toda la región. Lo que debe tener continuidad es el proyecto socialista y revolucionario y eso requiere una alternancia en la conducción de este.

• Sacar lecciones y aprendizajes sobre los años de gobierno de Evo Morales requiere un esfuerzo superior y aquí solo he realizado un esbozo. Los avances en Bolivia son evidentes y reconocidos en el ámbito internacional como un modelo exitoso, sin embargo, eso no fue suficiente para contener la avaricia de los grupos oligarcas y las pretensiones imperialistas.

• En Bolivia como en las crisis recién vividas en Nicaragua, Venezuela y Haití queda evidenciada la complicidad y alineamiento al proyecto proimperialista de entes claves de la llamada comunidad internacional. La indiferencia o tibieza de sus discursos denota complicidad y hasta cierta complacencia.

• Las fuerzas progresistas, socialistas y revolucionarias tienen que insistir una arquitectura de integración latinoamericana que se ajuste a las expectativas del proyecto que impulsan. Es notorio la parcialidad con que actúa la OEA cuando se trata de acciones contra gobiernos o líderes socialistas y eso debe ser superado. 

• Los progresistas debieron retirarse de OEA y proponer su transformación tras el perverso papel desempeñado por Luís Almagro en las crisis inducidas por las cúpulas oligárquicas en Nicaragua, Venezuela y Ecuador.

• Fortalecer las organizaciones como UNASUR, CELAC, SICA, ALBA-TCP y CARICOM pueden servir para establecer equilibrios y generar una dinámica de respeto en la cooperación internacional. 

• Trabajar de la creación de un modelo de integración alternativo a la OEA, a Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial. Reorientar los esfuerzos encaminados en la primera década del Siglo XXI.

• América Latina ha padecido los males generados por las políticas impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetarios Internacional; así como la complicidad de la ONU, UE y OEA con la agresiva política exterior de los Estados Unidos.

• Las oligarquías no entienden ni le interesa entender los principios éticos que deben regir un proyecto de desarrollo. Únicamente asumen lo coincide con los sistemas de privilegios que le ha dispensado el modelo neoliberal. Convencerlos de lo contrarios es imposible, excluirles del escenario o ignorarles es un suicidio.

• Fortalecer y ampliar el Grupo de Puebla puede ser un paso importante hacia la consolidación de un bloque político alternativo que asuma la paz como misión y la justicia social como visión.

• Retos hay; estas lecciones pueden servir para ampliar el debate necesario sobre las causas que provocan la caída de los gobiernos progresistas y socialistas. Lugo, Dilma, Zelaya…Evo…son ejemplos de una larga lista que cubre más de un siglo de intervencionismo y golpes de Estados perpetrados y apoyados por USA en América.

Finalmente, y a pesar de los tropiezos, boicot, bloqueos, espionaje, acciones terroristas, sabotajes, golpes de Estado, represión, intervencionismo, intervencionismo o cualquier otro tipo de perturbación, las fuerzas progresistas y revolucionarias seguirán firmes hasta lograr una sociedad donde la justicia social sea norma, no excepción. No hay razones para retroceder en la construcción de mundo equitativo y solidario.