LA NORMATIVA DE FUNCIÓN PÚBLICA: TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS.

"La burocracia profesional es el fundamento esencial para el funcionamiento de los sistemas y procesos de gestión pública. Cada servidor es hacedor de eficiencia y sus actos son determinantes para el desarrollo de los pueblos".

La República Dominicana cuenta con una Ley de Función Pública desde el año 2008. En esa fecha se modificó la vieja norma 10-91 que instituyó  el Servicio Civil y la Carrera Administrativa en el Estado dominicano. Se esperaba que el nuevo instrumento normativo sirviera para superar las fallas y debilidades que presentaba. Eso se cumplió a medias.

La nueva Ley, también creó la Secretaría de Administración Pública, hoy elevada a Ministerio como órgano rector de la Función Pública en el país. A este organismo le corresponde organizar el sistema y diseñar los instrumentos para su adecuado funcionamiento. En algo se ha avanzado pero el trecho que falta hace pensar en una reforma de la Ley a la luz de la Constitución de la República votada en el 2010 y la normativa que la complementa.

Es evidente el impacto que tiene la nómina pública en el presupuesto de la nación y  el interés de los político por repartírsela tipo botín. Cada cambio de gobierno trae una nueva camada de servidores públicos, por tanto se atrofia el desarrollo institucional  y se pervierten los sistemas establecidos en la normativa para el ingreso a la administración pública. En ese punto es poco lo que puede hacer el ministerio en un país donde el cumplimiento de norma es una materia pendiente.

Los cambios se deben orientar a la creación de mecanismos que dinamicen el desarrollo de la Función Pública y garanticen los derechos del funcionariado público; así como las cuestiones vinculadas al ingreso al Estado. Hoy los sistemas de carrera administrativa presentan serias debilidades y en vez correas de transmisión y canalización de energías son tuberías tapadas que impiden el flujo de los talentos que forja y forma la sociedad.

Una cuestión de primer orden en esta línea es la reglamentación de la desvinculación voluntaria de cualquier persona que preste sus servicios al Estado en una entidad pública, esté incluido o no en Sistema de Carrera. Hoy si usted renuncia pierde los derechos, según dice el MAP. Únicamente tiene derechos a recibir el pago por vacaciones y regalías. Eso evidentemente no se corresponde con un régimen moderno, sin importar el tiempo que haya laborado.

En tal sentido, se deben establecer mecanismos claros y expeditos para que se establezcan los procedimientos que garanticen el derecho de salir o entrar al Servicio Público de quien quiera hacerlo garantizando los derecho. Es un método perverso y negador de derecho, ya que obliga al servidor o servidora a permanecer en el puesto a disgusto. Se debe incluir el pago de las prestaciones a los servidores públicos, tal como se exige al sector privado.

Es sabido que en el Siglo XXI las emociones juegan un rol fundamental en el rendimiento de las instituciones y su buen manejo marca la diferencia entre  quienes triunfan o fracasan. En la gestión humana o gestión de talento humano esto es fundamental. Si se estropean los sentimientos y emociones o si son marginados no hay razón para permanecer en la misma y el sistema tiene que garantizar su salida con todos los derechos de un trabajador asalariado.

También es importante tomar en cuenta la inclusión de figuras como el acoso laboral, práctica muy acentuada en los espacios de gestión administrativa. Si el acoso sexual es perverso y execrable también lo es el acoso laboral como cualquier otro delito que tienda a denigrar y estropear la dignidad humana del funcionariado público.

Cuestiones básicas pero trascendentes que se deben valorar y justipreciar rondan en torno a los sistemas de ingreso. Se establece que es un derecho de todo ciudadano dominicano ingresar voluntariamente al servicio público y para ello tiene 3 puertas que son: el concurso, el contrato y el nombramiento. Veamos por separado cada una de estas vías.

El concurso es procedimiento más democrático y transparente para el ingreso al servicio público siempre y cuando se apliquen los criterios que instituye la Ley. Hay 2 modalidades básicas el concurso interno y el concurso externo dependiendo de la necesidad de la institución.

El concurso interno sirve de instrumento de promoción y es el primer escenario que tiene el gerente para llenar las vacantes que se presentan frecuentemente. Es una modalidad escasamente usada en la cultura gerencial, ya que el clientelismo aporta su cuota de perversión. Muchas veces aun existiendo el perfil en la institución por múltiples razones no se toma en cuenta y se prefiere a personas cuyas relaciones primarias se imponen al criterio técnico.

El concurso externo, por principio debe ser abierto a todo el público que cumpla con los perfiles requeridos. Además quienes entran por esta vía caen de inmediato en el Sistema de Carrera Administrativa. Eso es una ventaja tanto para quien ingresa como para el Estado. Llegado a este punto la cuestión es desarrollarse en el cargo y empezar a lidiar con las diatribas burocráticas que entretejen el servicio público.

Los contratos  en el sector públicos van desde las consultorías hasta contratos puntuales de servicios. Están determinados por la temporalidad, la especificidad del servicio a prestar y los montos a pagar. Estas modalidades son utilizadas muchas veces para saltar los procedimientos instituidos por la normativa.

Los nombramientos se han impuesto casi como norma en la Administración Pública dominicana, a pesar de que la normativa establece los casos en que se permite tal práctica. Eso hace que se retrase el proceso de institucionalización de la función pública y coloca al Ministerio de Administración Pública, MAP en una difícil posición para contrarrestar esta mala práctica, dado el matiz altamente político de la cuestión.

En cada cambio de autoridad, ya sea en el gobierno central o en el municipal, se pervierten los procedimientos y se imponen las relaciones partidarias, primarias de parentescos para acceder a un puesto en la función pública. Este ha sido un escollo difícil de superar y neutraliza los esfuerzos orientados a la institucionalización y profesionalización de la función pública.

Se sabe que la misma Ley deja un margen discrecional a quienes dirigen instituciones para el nombramiento del personal calificado como “de confianza” pero en la mayoría de los casos esto se extiende a un amplio campo. Los países que han logrado avances en materia de función pública reducen al mínimo esa prerrogativa. Aquí la cuestión es completamente distinta dada la debilidad del MAP para sancionar a quienes infligen la norma.

Las modalidades reconocidas por la Ley de Función Pública y el Ministerio de Administración Pública son el Servicio Civil y la Carrera Administrativa. Al primero entra el funcionariado que no ha sido incorporado al Sistema de Carrera. Aquí se ubica el grueso de los servidores públicos dominicanos. Razones diversas han impedido su formalización, entre ellas las prácticas clientelares que aún persisten en la Administración Pública Dominicana.

El Sistema de Carrera ha ido superando escollos y exhibe ciertos avances, modestos todavía pero significativos dado el referente que va sentando. Dentro de éste se han creado las denominadas Carreras Especiales para incluir a instituciones que por sus características y funciones entienden que no caben en el Sistema General de Carrera. Tal es el caso de la Carrera Docente, Diplomática, Ministerio Público, Judicial y Militar.

La incorporación a la Carrera Administrativa es un proceso que requiere la creación de una plataforma que facilite el acceso al servicio público y dé un elevado nivel de compromiso entre los funcionarios que designa, norma o contrata para que respeten e implanten los Sistemas y Subsistemas de Recursos Humanos en los espacios que ellos gestionan.

Muchas de estas personas entran en la que la Ley denomina Servidores de Estatuto Simplificados y son candidatos a ingresar a la Carrera Administrativa, mediante los procesos de evaluación instituidos. En cualquier proceso de reclutamiento o selección éstos deben tomarse en cuenta para cubrir las vacantes que se presente en su ámbito laboral.

El Sistema de Gestión de Recursos Humanos para el sector público ha sido instituido por la Ley 41-08 pero con la proclamación de una nueva Constitución que da rango constitucional a la Función Pública se abre la posibilidad de mejorar la Ley. Ajustar la normativa a la Constitución es también una oportunidad para mejorar la normativa y adecuarla a los requerimientos de las instituciones públicas.

Esa normativa ha sido afectada también por las Leyes 105-13 de Regulación Salarial para los Altos Cargos y la Orgánica de Administración Pública número 247-12. Ambos instrumentos complementan y refuerzan la gestión administrativa en el ámbito público. Armonizar todos esos instrumentos al nuevo marco constitucional colocaría al país en la ruta de cumplir con los postulados de la Ley 1-12 que instituye la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Ampliar las prerrogativas de los servidores públicos, profesionalizar la función pública y modernizar la gestión pública prioridades impostergables para el Ministerio de Administración Pública ¿Sabía usted que no hay posibilidad de renuncia de un servidor público y que si lo hiciera pierde el tiempo, no tiene cómo reclamar sus prestaciones laborales? Esta forma esclaviza y obliga al funcionario público a permanecer en espacio con el que ya no se siente identificado, lo que merma su rendimiento.

Es urgente también que se tipifique el acoso laboral y se establezcan sanciones para los funcionarios que la cometan. Esta práctica es tan dañina y perversa como el acoso laboral por tanto debe ser castigada ejemplarmente. No existe en la normativa ninguna referencia a una mala práctica que es delito en muchos países, especialmente en Europa.

Es pertinente también, reflexionar en torno a las escalas salariales  y valorar su adecuación a las responsabilidades del cargo. De no corresponderse la paga con la función es difícil que el Estado capte y conserve los talentos que requiere para su adecuado funcionamiento. La disparidad salarial y el incumplimiento de los sistemas de evaluación del desempeño junto al irrespeto de la estructura de cargos dificultan los procesos de modernización e institucionalización de la función y la administración pública.

La Ley de Salarios para Altos Cargos recién aprobada establece unos umbrales poco realistas  que de aplicarse colocaría al país en la escala de los que peores salarios paga a sus servidores. Esa situación contradice las proclamadas intenciones de modernizar y eficientizar los servicios públicos que  ofrecen las instituciones públicas. Un funcionariado mal pagado rinde poco y es difícil que se comprometa con la visión y la misión de la institución a la que le sirve.

Como se ha visto, la normativa que rige la función requiere de una modificación urgente, que entre otras cosas incluya correctivos para las situaciones antes descritas. Estos ajustes deben reforzar las capacidades del Ministerio de Administración Pública, como ente rector del sistema, para sancionar y aplicar correctivos. La Constitución establece bases sólidas para la institucionalización y el desarrollo de un Sistema de Función Pública realista, racional, equitativo, eficiente y transparente.  

TRANSFUGUISMO E INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA EN REPÚBLICA DOMINICANA.

“La idea de progreso en la modernidad supone que es posible y necesario romper con la tradición para imponer un nuevo orden”. Karl Popper

El transfuguismo político es uno de los vicios o distorsiones de los modelos democráticos basados en el formalismo electoralista. Es un mal que debilita e impide el desarrollo sistemas políticos. Afecta directamente los procesos de modernización, fortalecimiento, consolidación e institucionalización de los modelos democráticos funcionales.

En el país el transfuguismo se ha convertido en una práctica perniciosa que impacta negativamente las bases del sistema político, socavando los cimientos del débil entramado institucional que le sirve de soporte. Negar esa realidad es como cerrar los ojos ante una avalancha. La política y los políticos mismos muchas veces accionan en terreno minado que puede convertirse en su propia sepultura y el transfuguismo es un detonante a considerar.

Las razones que generan el transfuguismo están asociados a prácticas clientelares arraigadas en los sistemas políticos donde el intercambio de prebendas y favores se expresa en el reparto de postulaciones a cargos electivos. Esa relación de intercambio no busca una proximidad programática o ideológica sino la nominación a un determinado cargo. Es una práctica que afecta al derecho de elegir y ser elegido.

Al ejecutor, o ejecutora del transfuguismo se le denomina tránsfuga, definido por la Real Academia de la Lengua como “Persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato o “Persona que pasa de una ideología o colectividad a otra”. La práctica constata estas definiciones y agrega algunos aspectos  que pueden considerarse razones de transfuguismo como son el disgusto, la expulsión, la derrota en un certamen, poder económico o prestigio social.

Se puede hablar, por lo menos, de 2 modalidades de transfuguismo, el ejercido por desertores que dejan sus partidos cuando no logran una postulación, por las razones que fueren y los que habiendo sido electos por esa organización política, entran en contradicción con esta, desertan y renuncian al cargo.  Ambas modalidades tienen en común el apego al cargo y la violación de alguna norma, ya sea interna o externa.

El tránsfuga es la persona que amparada en un supuesto prestigio social, político, económico o religioso se considera imprescindible en el contexto político y entiende que el derecho a ser elegido le viene dado por las condiciones antes descritas y no por la pertenencia militante a una entidad o plataforma política. Se aprovecha de la falta de normativa o cuando existe de la falta de aplicación de la misma para imponerse como candidato al electorado ignorando los procedimientos normales para la selección de candidaturas.

En la República Dominicana se ve como algo natural y en muchos casos se celebra y hasta se incentiva como parte de la lucha entre las organizaciones políticas que se disputan y comparten el pastel electoral. Son frecuentes los casos de parlamentarios que pasan de un bloque a otro o los que renuncian al partido que le postuló y cierran filas con otras bancadas.

La situación a nivel municipal también da sus matices y lleva su sello propio. Regidores y regidoras abandonan a las fuerzas que los postularon y negocian con otra opositora, especialmente cuando se producen los cambios de cabezas de concejos o se votan los presupuestos. Es una de las tantas formas que asume el transfuguismo. Por eso, hay quienes afirman que es una forma burda de traición política que debe ser superada.

En la mayoría de los casos, se generan tensiones y roces entre las tendencias políticas que afectan las aspiraciones de personas y grupos. Impacta negativamente la democracia interna y refuerza las prácticas clientelares. Al no existir mecanismos claros y funcionales para resolver esos conflictos se producen las deserciones que dan origen al transfuguismo.

Muchas veces, el origen del transfuguismo reside en la indisciplina o en actos de rebeldía que al no ser corregidos oportunamente terminan en rupturas. En otras ocasiones, la lógica que se impone, está vinculada al tráfico de influencias. Queda siempre la duda de a quién representa el tránsfuga o a nombre de quién ejerce el cargo en caso de ser beneficiado con el voto popular.

En los últimos años, el transfuguismo se ha convertido en una seria amenaza para la estabilidad de los partidos y organizaciones política, pero también en una oportunidad para quienes por diversas circunstancias quedan fuera de la gracia de las cúpulas partidarias o pierden los certámenes internos que se realizan en algunas fuerzas políticas. Pocas veces se había visto en el país una “zafra” de tránsfugas de todas las tendencias y matices.

Es importante aclarar, que el calificativo de tránsfuga aplica a toda persona que deja o es expulsada de las organizaciones o partidos donde tiene militancia activa reconocida para aceptar una nominación a cualquier cargo, poniendo en riesgo las aspiraciones de la membresía de la organización receptora. El derecho a elegir debe fundamentarse en la membresía militante o en el consenso partidario o social. Lo contrario pervierte, corrompe y debilita el sistema de partido y lesiona la ética política.

Ser un tránsfuga no es ni debe ser un atributo digno de emular e incentivar. Es una práctica perversa que debe ser corregida y superada si se quiere fomentar y preservar la institucionalización de las organizaciones que sustentan el sistema político y transformar el formalismo democrático en una democracia funcional. Marginar o maltratar la militancia y la membresía de un partido incentiva las deserciones y desmotiva la incorporación a nuevos miembros.

Los partidos y organizaciones políticas tienen que poner énfasis en el fortalecimiento de los fundamentos doctrinales e ideológicos, el marco normativo tanto interno como externo, reforzar las estructuras de las organizaciones y garantizar los derechos de los miembros. Tanto los estatutos como las normativas que se adopten tienen que dejar establecido los dispositivos que impidan el secuestro por cúpulas, grupos de interés o tendencias de los partidos y organizaciones. Los ejemplos sobran en el país del impacto negativos de las carencias antes señaladas.

Crear un ambiente para el desarrollo e institucionalización de los mecanismos que privilegien la democracia interna para impedir la perversión de las prácticas partidarias que ponen en riesgo a todo el sistema político. Definir las categorías de miembro definiendo los derechos y deberes de cada nivel. Así se evita confundir los derechos de un miembro, militante o activista con el de un simpatizante o el de un elector.

Es necesario trabajar  en la superación de los vicios, carencias y debilidades que generanel transfuguismo en el país para avanzar hacia la institucionalización del Sistema Político que como se ve está en franco declive, perdiendo capacidad, legitimidad y de paso la confianza de la gente. Si aferrarse a una precandidatura a sabiendas de que no se tienen asegurado el voto de la militancia o el apoyo de las estructuras partidarias no es aconsejable ni factible. Tampoco puede servir de justificación para desertar de un partido que le postuló a un cargo.

Vista la gama de problema e inconvenientes que genera el transfuguismo al sistema político y a la institucionalidad democrática es de rigor observar lo siguiente:

Pensar en un sistema político fortalecido e institucionalizado en República Dominicana es una quimera si no se garantizan los derechos de quienes dan forma y soporte a los partidos y organizaciones políticas.

Definir claramente los derechos y deberes de miembros, militantes, activistas, simpatizantes y electores cierra la brecha a los actos de marginación. Por lo tanto, estos elementos refuerzan la disciplina partidaria y generan esperanza en la membresía.

Fortalecer la cultura de militancia en base al respeto irrestricto a los instrumentos de gestión partidaria que sustenten las decisiones de los cuadros directivos debe constituir una prioridad si se quiere avanzar en la institucionalización y modernización del sistema de partido en el país.

Trabajar en la creación de mecanismos funcionales y procedimientos prácticos que impidan perversión de la normativa que sustenta al partido u organización política debiera ser una prioridad para la dirigencia de los partidos y organizaciones políticas. Entender que la práctica y la cultura política muestran que no bastan los listados de buenas intenciones colocados en las normativas, ni los gestos de buena voluntad o la autoridad moral de algún miembro, militante o dirigente.

Otros aspectos a considerar respecto al transfuguismo y cuya presencia mueve a la reflexión pueden expresarse de la manera siguiente:

Reconocer que el transfuguismo es parte de los vicios que afectas a las democracias formales caracterizadas por las debilidades propias. Los bajos niveles de institucionalidad democrática impiden el funcionamiento adecuado del sistema político. Esos vicios debilitan el funcionamiento y neutralizan los esfuerzos por modernizar e institucionalizar el sistema político. Mina la confianza de la gente en la Política, los políticos y las instituciones que lo conforman.

Considerar incluir al TRANSFUGUISMO como delito electoral y/o político, dado el alto impacto que tiene en el sistema político, especialmente en el debilitamiento de la institucionalidad de las organizaciones políticas. Claro, hay que tipificar y depurar los comportamientos, respetar la normativa interna y hacer valer los derechos de los miembros. Sólo entonces, procedería habilitar mecanismos de sanción pare este y otros vicios, incluido el clientelismo en sus diversas manifestaciones.

El calificativo de tránsfuga, ¿le queda igual al que se va por ambiciones personales que al que se va por maltrato y autoritarismo de la cúpula? Hay ejemplos de sobra para interpretar ambos comportamientos.

¿Por qué la gente se mueve de un partido a otro? Se sabe que muchas veces lo que cuenta es lograr un puesto electivo o un cargo público ¿Hay dispositivo normativos que sancionan el transfuguismo?

¿Será que hoy día hay pocas diferencias sustanciales entre las organizaciones políticas? Se han quedado anquilosadas las estructuras partidarias y ya no responden a las exigencias del Siglo XXI ¿Se adaptarán a los cambios, se transformarán o perecerán?

¿Tiene algún significado la frecuencia? Es decir, el que vive moviéndose de un partido a otro que el que después de muchos años en una organización decide renunciar e integrarse en otra.

¿Se puede hablar de un transfuguismo colectivo? Es decir, de partidos políticos. Hay partidos que en cada proceso eleccionario apoyan a un grupo distintos, sin tomar en cuenta coincidencias programática o ideológicas.

Hay razones más que suficientes para preocuparse, especialmente, para quienes consientes de la importancia de los partidos políticos en el desarrollo e institucionalización del sistema político y la transformación de la democracia formal en una democracia funcional. Fortalecer la normativa, y aplicarla, puede ayudar pero será la cultura política y el compromiso del liderazgo lo que finalmente hará la diferencia. Cerrar los ojos y dejar que pase la tormenta no es una buena elección. El desencanto, espoleado por la falta de garantías puede convertirse en la piedra del molino que triture la semilla del cambio político.

En conclusión, es tiempo reflexionar sobre los efectos del transfuguismo sobre el sistema político dominicano y la calidad de la democracia. El contexto y la coyuntura actual están plagados de casos que pueden servir de insumos para evitar situaciones que comprometan el futuro de la política y la democracia dominicana. De continuar por ese derrotero el futuro del sistema de partido en República Dominicana pudiera colapsar totalmente.

Los cuadros directivos debieran prescindir de las justificaciones que hacen tendencia mediática cuando se producen violaciones a derechos o normas partidarias. Hay que cumplir y hacer cumplir las normativas partidarias. Los problemas y desavenencias debieran resolverse a lo interno de las organizaciones políticas y con los mecanismos institucionales propios de esas organizaciones.

La dirigencia y el liderazgo político-partidario deben   comprometerse a trabajar y accionar en torno a los aspectos antes planteados, aprovechando los fundamentos establecido en el artículo 216 de la Constitución de la República. Allí se establecen los propósitos, fines y funciones de los partidos y organizaciones políticas. De ahí deben salir los marcos institucionales que pongan orden al espectro político e impida el accionar de quienes han hecho y hacen del transfuguismo su modus operandi para lograr cargos que muchas veces no merecen.

CONTEXTO Y COYUNTURA POLÍTICA EN REPÚBLICA DOMINICANA (2016-2020)

El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales". Bertolt Brecht.

La  República Dominicana está inmersa en un intenso proceso político-electoral de cara a las elecciones del 2016. Es un proceso caracterizado por la confluencia de fuerzas políticas con visiones contrapuestas y hasta antagónicas en algunos casos. Esas particularidades, aunque no son nuevas, marcan un punto interesante en el proceso y generan una diversidad de opciones electorales y de propuestas. Un contexto y una coyuntura que reta al sistema electoral y a los actores políticos vinculados a él.

Es un proceso complejo e interesante que requiere una importante cuota de sacrificio de los recursos del erario. Es complejo porque se trata de la elección de más de 4000 cargos, incluidas la presidencia y la vicepresidencia de la República. Cerca de 30 organizaciones políticas están habilitadas para presentar candidaturas a los cargos sometidos al escrutinio del electorado dominicano.

Las alianzas se han ido concretando, en medio de escarceos y reclamos, ya que muchos cargos han sido “reservados” en un acuerdo entre las tendencias internas que accionan en el gobernante Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Ese acuerdo, se incluyen aspectos que van mas allá de la reservación de candidaturas y proviene de la necesidad de conciliar intereses y facilitar la convocatoria a la Asamblea Revisora y abrir la posibilidad de reelección del Presidente de la República en 2 períodos consecutivos.

Las elecciones encuentran al país reclamando mayor eficiencia de la burocracia política y mayor transparencia de la gestión de las políticas que ejecutan los entes públicos. Hay que recordar que en períodos anteriores, las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República se realizaban de forma separada de las Congresuales y Municipales. Ahora se hará la elección de manera conjunta, lo que hace más complejo el proceso.

Cientos de Alcaldías y Juntas de Distritos Municipales con sus respectivas Regidurías y suplentes serán renovados en el país. Esto implica un gran esfuerzo organizativo y una inversión de recursos del erario que deben servir para avanzar en la institucionalización del sistema político y la transformación del formalismo democracia en un modelo de democracia funcional de arraigo popular y progresista.

De igual forma se elegirán representantes al poder legislativos. Se escogerán 32 senadores/as a razón de uno por cada provincia y uno en representación del Distrito Nacional. Diputados en proporción de uno por cada 25 mil habitantes, sin que ninguna provincia tenga menos de 2 representantes a la cámara baja. Cinco diputaciones nacionales, las representaciones legislativas de ultramar, así como los integrantes del Parlamento Centroamericano, PARLACEM.

Visto así el asunto, el desafío de la Junta Central Electoral y de las organizaciones políticas para garantizar transparencia, equidad y tranquilidad durante la campaña electoral y el día de los comicios es clave. Organizar un certamen electoral de esa envergadura requiere recursos, compromisos, apoyos y colaboración tanto de los involucrados como del electorado.

Al renovarse, en parte, la matrícula y el liderazgo político del país, la sociedad espera y reclama que quienes sean electos para desempeñar funciones en cualquiera de los poderes o niveles de gobierno, asuman el compromiso con la ética y la restauración de la confianza en las instituciones políticas y en los políticos mismos. Lo malo es que muchos han asegurado sus puestos en los acuerdos internos e interpartidarios sin habérselo ganado.

Respecto a la coyuntura política actual hay que establecer algunos puntos claves que contextualizan y condicionan el escenario. Entre estos se destaca la Reforma a la Constitución del 26 de enero del año 2010 que prohibía la reelección de los cargos a la presidencia y vicepresidencia de la República. La Reforma del 2014 fue exclusivamente para facilitar la reelección presidencial en 2 períodos consecutivos, lo que despertó duras críticas a sus propiciadores.

Esa modificación implicó acuerdos entre las tendencias políticas que accionan en el PLD, especialmente entre el presidente de la República Lic. Danilo Medina Sánchez y el expresidente Dr. Leonel Fernández Reyna. Las partes, con el apoyo del Comité Político de esa entidad acordaron reservar candidaturas y eso ha generado disgusto entre aspirantes a cargos electivos porque entienden que se lesiona el derecho a elegir y ser elegido que establece la Constitución de la República.

Procede aclarar, que también se incluyó en esas reservaciones a miembros del Partido Revolucionario Dominicano, que concretó una alianza con el partido gobernante para los comicios 2016-2020 y dieron su apoyo a la reforma constitucional. En esta fuerza política también se ha criticado la modalidad acordada porque lesiona los derechos políticos y ciudadanos. Para el caso del PLD, el Tribunal Superior Electoral emitió una sentencia donde reconoce el derecho de los miembros a elegir y ser elegido como establece la Constitución.

En torno a la participación del Partido Reformista Social Cristiano en las elecciones venideras todo parece indicar que pactarían acuerdo con el PLD, bajo la lógica e reparto de cargos. Aun no se conocen cuestiones concretas. A juzgar por los pronunciamientos de algunos de sus dirigentes las diferencias son de forma más que de fondo. Como telón, está la cuota de poder que se daría esa organización y la cantidad de cargos electivos que está dispuesto a ceder el partido de gobierno.

En el ámbito opositor las cosas también se han ido definiendo. Un grupo ha cerrado filas con la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRM, que postula al Lic. Luis Abinader como candidato presidencial. Aquí hay fuerzas vinculadas a un sector de la izquierda dominicana, como el MPD, PCT-MIUCA, Nueva Alternativa y dirigentes reconocidos organizados en Frente Amplio entre los que se destacan Fidel Santana, Rafael Chaljub Mejía, Manuel Salazar, Iginio Báez entre otros.

Otro bloque sería el que pudieran integrar las agrupaciones políticas, Alianza por la Democracia que preside el Dr. Max Puig, Patria para Todos que dirige el Dr. Fulgencio Severino, Alianza País que preside el Dr. Guilllermo Moreno y Opción Democrática que lidera la Dra. Minerva Tabares Mirabal. Aquí participarían algunos movimientos locales que han ido definiendo perfiles de candidaturas que coinciden con las propuestas programáticas de esta plataforma política.

Quedaría por ver, qué pasará con la Fuerza Nacional Progresista que lidera el Dr. Marino Vinicio Castillo Semán y otras fuerzas conservadoras que proponen un “Polo Patriótico”. De cuajar estas alianzas tendríamos cuatro (4)  bloques claramente definidos, accionando en el proceso comicial. Todos irían tras el voto de los electorados en la disputa por el poder político o una cuota de éste. Evidentemente que el  resultado dirá quién o quiénes resultarán beneficiado con la gracia del voto popular.

Quedan sin embargo, fuerzas que no entran ni comulgan con el sistema actual,  una especie de “no alineados”, cuyos planteamientos políticos se ubican cercanos a la izquierda revolucionaria que propugna por una transformación del sistema político, social, económico y cultural de la sociedad dominicana. Por el momento, esas fuerzas tendrán que esperar por oportunidades más favorables y continuar trabajando para articular una propuesta original y genuinamente revolucionaria. Están diseminadas en una amplia base del movimiento social y político que aspiran a concretar una alternativa al sistema vigente al que acusan de perverso, corrupto, excluyente y clientelista.

Para el 2016 se prevé, una polarización entre los bloques que encabezan el Lic. Danilo Medina Sánchez por el gobernante Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y Lic. Luis Abinader por el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Ambas coaliciones enfrentan problemas para complacer a sus socios con la asignación de candidaturas ganables. Eso ha generado tensiones y roces que de no superarse pueden producir fraccionamientos.

No obstante, hay otras fuerzas que buscan obtener el beneficio del electorado en proceso comicial que se avecina. En la orientación ideológica de ambos bloques predomina el conservadurismo y el liberalismo. Evidentemente hay fuerzas de marcada orientación de izquierda y otras revolucionarias. Cuestionan el modelo de democracia existente y orientan sus esfuerzos hacia la búsqueda de un sistema político que coloque a la gente en el centro de las políticas públicas.

Aunque la mayoría propone reformas “suaves” al sistema político, hay un sector que reclama transformaciones profundas de corte revolucionaria. Proponen un modelo, social, político, cultural y económico incluyente, participativo, con justicia social y de amplia base popular. Aspiran a un modelo socialista revolucionario, siguiendo la huellas de los hombres y mujeres que han caído defendiendo el derecho del pueblo a decidir su destino soberana y libremente, alejado de las injerencias foráneas y lejos de las cúpulas oligarcas que se han impuesto en la política dominicana.

Es una coyuntura muy parecida a la que se presentó en 1978, cuando fuerzas vinculadas a la izquierda revolucionaria que había participado heroicamente en la Guerra de Abril de 1965. Concentraron sus esfuerzos en sacar al Dr. Balaguer del poder, quien gobernaba desde 1966. Cerraron filas con el Partido Revolucionario Dominicano y ganaron la elección, luego de una agitada y violenta campaña electoral. El resultado de aquella experiencia debiera servir de referencia al momento de pactar acuerdos con fuerzas de derecha lideradas por la derecha.

El transfuguismos y el clientelismo afloran rápidamente y quienes no han sido beneficiado o complacido con la asignación de candidaturas ganables van y vienen por los partidos en busca de quien le haga ofertas. Ya se han concretado cruces de una fuerza a otra. Es una práctica, donde la militancia orgánica de los partidos lleva todas las de perder. Su militancia y compromiso no es garantía para alcanzar una postulación. Cualquiera que llega con dinero tiene mayores oportunidades. Eso evidencia la necesidad establecer reglas que hagan valer el derecho de los miembros a postularse. Un buena Ley 33-18 de  Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos puede contribuir a ese propósito.

Como se ve, el espectro político dominicano es amplio, complejo y diverso. Habrá que ver como las propuestas programáticas recogen los anhelos y aspiraciones de un pueblo que ha ido madurando política y socialmente. Esos anhelos y aspiraciones, postergados unos y olvidados otros mantienen viva la esperanza de un futuro mejor e incentiva la participación de la gente a participar, ya sea como dirigente, miembro, electores o candidatos en actividades políticas.

Un aspecto interesante de la coyuntura actual es la coincidencia de sectores de tradición conservadora y liberal con sectores que se autoproclamaron y se reconocen a sí mismos como revolucionarios, socialistas o simplemente de izquierda. El éxito de las alianzas será en función no solo de los resultados electorales sino también de las prácticas de gobierno de quienes resulten electo en el torneo electoral del 2016. . El proceso de elección se realizará de manera simultánea, lo que implica un gran reto para la Junta Central Electoral y las fuerzas políticas que presentarán candidaturas  ¡Ver para creer!

Como es natural, las fuerzas de oposición tienen el firme propósito de desplazar al  bloque liderado por el PLD del poder y tomar el control del gobierno. De su lado, el PLD y sus aliados insistirán en mantener el control del Estado y ganar las elecciones. Gane quien gane deben saber que existe una amplia franja que cuestiona al modelo existente y no está de acuerdo con las prácticas que contravienen la ética política y que pervierten, corrompen y debilitan la práctica política.

El sistema electoral en particular y el sistema político en general serán puestos a prueba una vez más. Lograr un buen montaje, una gestión eficiente, transparente y un resultado confiable debe ser  la prioridad del organismo de comicios. Al ser unas elecciones generales, conjunta para tanto para los 2 niveles de gobierno como para el congreso nacional requiere mayores esfuerzos organizativos y una logística operativa exigente. La experiencia acumulada por la JCE electoral puede facilitar el montaje y gestión del certamen comicial.

EL COSTO DE LA INDIFERENCIA.

Cuando la gente desconoce el impacto de sus acciones o echa a un lado su responsabilidad de cuidar el entorno del que forma parte debe estar dispuesta a pagar el costo de la indiferencia. FDC/2015.

El Calentamiento Global y el Cambio Climático son realidades desconocidas para la mayoría de los pobladores del planeta, no a así para quienes toman decisiones de políticas y trazan la agenda mediática. Diversas tendencias matizan las explicaciones a estos fenómenos y los efectos que ejercen sobre la vida en la tierra. Conocer los aspectos claves debiera ser parte fundamental de los compromisos de las sociedades. Dar la espalda al problema es un camino que conduce a la extinción.

Los efectos de estos fenómenos tienen causas diversas pero todas amenazan la existencia de la vida del planeta tierra. Van desde las emisiones de gases efecto invernaderos hasta lo concentración de dióxido de carbono en la atmósfera pasando por las agresiones directas a la naturaleza como la deforestación, la contaminación y degradación de los suelos; así como la extracción de agregado de los ríos y la megaminería.

El impacto de esas acciones se expresan de varias formas: aumento sostenido de las temperaturas, aceleración del proceso desertificación, desaparición de numerosas especies, persistente escasez de agua, descongelamiento de los glaciares y aterradores huracanes con su secuela de mortíferas inundaciones, entre otros males. En las ciudades el aíre se hace irrespirable y la contaminación provoca agresivas enfermedades.

Muchos dirán que hoy estamos mejor que antes, que los avances tecnológicos y el desarrollo científico pueden revertir la situación. Esto puede ser cierto pero los resultados están por verse. La explosión demográfica y la urbanización son sólo una prueba que desafía esas capacidades. La humanidad tiene y debe actuar para poner un stop al deterioro medioambiental. 

Los gobiernos y el liderazgo social tienen mucho que hacer. La agenda es amplia y diversa. Ignorarla o postergarla solo agravará el problema. No actuar ahora implica exponerse a cargar con la culpa de haber sido indiferente ante una amenaza que desborda las capacidades individuales e impone una colectivización de la lucha social a favor de la madre naturaleza.

Las luchas del movimiento ecologista que empezó en el siglo pasado y que logró colocar en la agenda pública las cuestiones vinculadas al Cambio Climático y la Crisis Medioambiental lucen tímido y se siente poco. Las corporaciones mediáticas hacen oídos sordos a las amenazas climáticas. Lo que no es espectáculo no cuenta para ellos, no es rentable.

Sacuda su rebeldía y eche caminar sus preocupaciones sobre estos temas. Son temas de vida. Está en juego la existencia de la vida sobre el planeta. Suena exagerado pero no lo es, sobran pruebas que confirman esta hipótesis. Miles de especies han desaparecido en los últimos años. La vida en los océanos contaminados no es ficción. Las hambrunas recurrentes, los conflictos por aguas son tan frecuentes como el aíre contaminado que respiramos.

Si miramos la República Dominicana, el panorama es de cuidado. Centenares de ríos convertidos en fosas por “los incontrolables”, que extraen de sus cauces, sin control, los agregados que alimentan el lucrativo negocio de la construcción. Sus cuencas deterioradas, deforestadas y contaminadas. Sus escasas aguas secuestradas por los grandes propietarios ante la mirada indiferente de las autoridades. 

Barrios, Distritos Municipales, Municipios y provincias enteras bajo asedio de la escasez de agua. Autoridades municipales que no terminan de entender su responsabilidad sobre el asunto. Planes van y planes vienen. Todo empeora y la gente sufre. El agua escasa y encarecida diezma las finanzas de las familias. Es una tortura social que tiene un alto impacto en la psiquis colectiva. Esto genera ansiedad y miedo que seguramente terminarán en conflictos sociales de magnitudes impredecibles.

Este triste panorama deja poco margen para imaginar un futuro promisorio en un país donde el agua desaparece, se derrocha y se privatiza. Es tiempo de sonar las alarmas y establecer Comités Provinciales de Defensa de la Naturaleza. Esa debe ser una tarea de las organizaciones sociales para presionar a las autoridades a dar seguimiento a tan grave problema. Los liderazgos sociales tienen aquí una gran oportunidad de reivindicar su esplendor y las autoridades la de legitimar el poder que detentan.

No basta con luchas y demandas puntuales. Es necesario recurrir a la articulación de las capacidades colectivas para hacer frente a la realidad y superar los escollos. Debe imponerse una agenda que obligue al liderazgo político a priorizar la cuestión ambiental en el país. No se puede premiar con el favor del voto a quienes se hagan indiferentes ante los males amenazan al medio ambiente, que ponen en riesgo la vida de la gente, así como la flora y la fauna que sustenta la vida.

¿Qué esperar de un mundo, contaminado, desordenado, sin agua, sin alimentos, superpoblado y sin aire para respirar? ¿Por qué permanecer indiferente ante el acelerado proceso de desaparición de manantiales, arroyos, ríos, lagos y lagunas? ¿Cómo es posible votar por autoridades que no prioricen en sus agendas estas cuestiones? ¿Qué pasará en un mundo con 10 mil millones de habitantes? ¿Se impondrá el egoísmo capitalista que ha convertido en mercancía tanto a los Recursos Naturales como a la gente? ¿Dejaremos que el liderazgo político imponga perversa indiferencias o adelantaremos formas para transformar este modelo?  

¡Basta de Indiferencia!

LA AGRICULTURA FAMILIAR: UNA ALTERNATIVA PROBADA.

“Los agricultores familiares no son parte del problema, sino que, por el contrario, son de vital importancia para la solución del hambre en el mundo”. Informe FAO 2014.

La producción de alimentos ha sido uno de los temas claves para el desarrollo de los pueblos desde los orígenes de la humanidad. Cuando los pueblos pasaron del nomadismo al sedentarismo lo hicieron tomando como punto de partida la disponibilidad de terrenos para levantar sus viviendas y cosechar sus alimentos. Ese paso marcó el inicio del surgimiento de los primeros conglomerados humanos. Así inició lo que más tarde se denominó agricultura familiar.

La agricultura familiar consiste la producción de alimento aprovechando al máximo el espacio y el recurso más próximo al entorno familiar. Esto incluye la fuerza de trabajo, las semillas o plántulas, la infraestructura básica,  los implementos agrícolas y las actividades culturales que se requieren para garantizar la producción que sustente la familia y de para suplir las necesidades de los mercados funcionan en ese entorno.

Se recuerda que el 2014 fue declarado como “El Año Internacional de la Agricultura Familiar en 2014” como forma de promover la reactivar ese importante sector. Es sumamente importante promover un debate que coloque el tema en la agenda de los gobiernos y de la sociedad.

Se debe aclarar que estamos hablando de Agricultura Familiar, no de agricultura de subsistencia. Es un concepto menos restringido, mejor organizado y más integrador. Es un modelo de producción que incluye dimensiones que superan las prácticas de conuquismo que caracteriza la agricultura de subsistencia. Es organizada en el entorno familiar pero con un enfoque de rentabilidad y de optimización de los recursos, refinando métodos y modos de producción.

Según la FAO para el 2050, tenemos el desafío adicional de alimentar a una población que está consumiendo más alimentos, y a veces sigue dietas mejores y más saludables, y que se espera que supere la marca de los 9 000 millones. Eso es todo un reto, en un mundo donde el crecimiento poblacional es inversamente proporcional a la cantidad de recursos naturales disponibles. Ampliar las posibilidades de producción y mejorar las relaciones de la gente con su medio hará la diferencia.

Mención especial aquí para las cuestiones vinculadas a la degradación progresiva y el empobrecimientos de los suelos. Esto sumado a la escasez, contaminación y a la mala gestión del agua dificulta la producción y amenaza la seguridad alimentaria.

Se sabe que la población mundial ha ido creciendo sostenidamente y con ella la demanda de alimentos. Se espera que para el 2050 la población alcance los 10 mil millones ¿Habrá pan para tanta gente? ¿Soportará el planeta una carga demográfica de tal magnitud? ¿Serán suficiente los recursos naturales para suplir las crecientes demandas de agua, energía y espacio? ¿Cómo se organizará la producción y el mercado para dar respuesta a las exigencias de la población? ¿Cómo superar el consumismo, “el usa y tira”, así como la cultura del derroche? ¿Qué tanto puede contribuir la Agricultura Familiar a la superación del hambre? ¿Cómo hacer que sea rentable y sostenible?

Evidentemente que esos requerimientos deben ser suplidos por quienes se dedican a la producción y procesamiento de alimentos. Dentro de estos se destacan los productores de menor escala, que es el fuerte de la Agricultura Familiar. Juntando esa poderosa fuerza, organizándola y tecnificándola para evitar el derroche sobre todo de agua se puede ir avanzando hacia la superación real de la pobreza y el hambre que padecen más del 60% de la población mundial.

Visto así el asunto, hay que superar las prácticas del capitalismo neoliberal que ha impuesto la patentización de todo cuanto existe en la tierra, incluida las semillas y plántulas, bajo normas comerciales típicamente especulativa. La llamada certificación de semillas debe respetar las prácticas ancestrales practicadas por generaciones de cosechar y guardar parte de la producción para siembras futuras.

La Agricultura Familiar ha servido a lo largo de la historia para sostener a las familias y empujar  a algunos de sus miembros a la educación. Convirtiendo esa noble tarea en un medio de ascenso social y económico. Unos producen y otros estudian, manteniendo una dinámica que bien gestionada puede servir para dotar a los pueblos de las capacidades que le permitan ir perfeccionando sus métodos y modos de producción. Eso claro está, tiene que ser parte de una política pública que coloque a la gente en el centro, como sujeto, no como un objeto.

Esto se ha ido transformando en la medida en que envejecen los cabezas de familia y los hijos pierden amor al trabajo en las zonas agrícolas. Por lo menos en el caso dominicano ese fenómeno se agrava, dejando los predios baldíos. Otros son adquiridos por terratenientes aumentando la concentración de la propiedad de la tierra.

Es sabido que el mercado, sin ningún rigor ético, ha colocado en una situación muy difícil a millones de personas en el mundo. Esto se suma a la aplicación de políticas inadecuadas de los gobiernos que hasta hoy hacen muy poco para desarrollar y organizar modalidades de producción basadas en la Agricultura Familiar. El resultado es claro: empobrecimiento, hambre, abandono del campo, crecimiento de las ciudades, mayor presión para los servicios públicos, concentración de la tierra, desesperanza y encarecimiento de los productos, entre otros.

Se requiere, entonces, poner mayor énfasis en la Agricultura Familiar y privilegiarla para superar la Agricultura de Subsistencia basada en el conuquismo. Es necesario el diseño de políticas públicas que aumenten y diversifiquen la producción, evitando el deterioro del medio ambiente y la contaminación de los recursos naturales. Esto pasa por poner reglas claras a las transnacionales y multinacionales que se apropian de las semillas y distribuyen los insumos utilizados en la producción.

Trabajar con las comunidades, tanto en su organización como en la capacitación es un imperativo. No solo para que aprovechen mejor los recursos que utilizan y saquen mayores beneficios sino también, para que defiendan los predios que cultivan. “Guardar pan para mayo y harina para abril”. Este dicho popular implica una gran enseñanza que puede ser aprovechada para apuntalar la Agricultura Familiar.

La innovación y la creatividad deben complementarse para fomentar políticas inclusivas e integrales. Ir más allá del formalismo institucional, pasando al campo de la cultura, recurriendo a la sabiduría popular para aprovechar la experiencia acumulada para complementar con estrategias de asesoría técnica sobre gestión de recursos y oportunidades. Introducir mejoras que coloquen la Agricultura Familiar en una perspectiva de rentabilidad y sostenibilidad.

El Estado debe garantizar la asesoría técnica en las zonas dedicadas a las actividades agropecuarias, poniendo énfasis en los pequeños y medianos productores. También le corresponde crear las condiciones para que la vida en las zonas productivas sea digna y decorosa. El financiamiento tiene que ir a quienes producen, no para quienes acumulan y explotan. Es un tema que requiere un abordaje integral, dada la complejidad que ido adquiriendo la vida en las zonas productivas.

Finalmente, si se quiere trabajar en la superación de la pobreza y potenciar el desarrollo en las zonas rurales de la República Dominicana, en la Agricultura Familiar están las oportunidades para garantizar la tan cacareada seguridad alimentaria. Volver al campo, implica, transformar las prácticas productivas y la forma de entender las relaciones con el medio ambiente. Se debe mirar la cuestión desde una dimensión estratégica y de sostenibilidad. Superar el asistencialismo y el clientelismo reforzando las bases de la Agricultura Familiar ¡Esa debe ser la apuesta para el Siglo XXI!