"Quienes asumen un cargos en la administración pública deben actuar pensando que el trato que dan hoy a quienes sustituyen lo recibirán mañana cuando sean sustituidos. Ese que hoy cancela, mañana puede ser cancelado por quien canceló y así se activa el círculo vicioso que se reproduce cíclicamente". Las relaciones laborales entre el Estado y los
servidores públicos en República Dominicana se rigen por la Constitución de la
República, la Ley 41-08 y la normativa complementaria. Ahí se establecen los
principios rectores de la función pública, los sistemas y subsistemas que la
conforman; así como los procedimientos para gestionarlas.
Sin embargo, tras cada proceso electoral, las
autoridades resultantes del mismo obvian muchos de los preceptos normativos
instituidos para la separación, ingreso, ascensos y la promoción en la función
pública. La necesidad de cumplir compromisos contraídos con militantes,
simpatizantes y electores convierte a la nómina pública en un preciado botín y eso
coloca al funcionariado público en la línea de fuego.
En cada cambio de gobierno se produce la
sustitución de gran parte de los servidores públicos, sin importar capacidad,
experiencia, compromiso, desempeño o condición laboral. Eso evidencia el bajo
nivel de institucionalidad de la administración pública y llama a redoblar
esfuerzos para superar esa tendencia. Aplicar correctivos y aplicar los
procedimientos ayudan a superar las distorsiones que debilitan la función
pública.
El artículo 1 de la Ley de Función Pública se lee lo siguiente: “La presente ley tiene por objeto regular
las relaciones de trabajo de las personas designadas por autoridad competente
para desempeñar los cargos presupuestados para la realización de funciones
públicas en el Estado, los municipios y las entidades autónomas, en un marco de
profesionalización y dignificación laboral de sus servidores”. No hay que
ser especialista en la materia para entender que hay reglas que, aunque
débiles, regulan las relaciones entre la administración pública y sus
servidores.
En los procesos de transición, las tensiones, choques y roces
entre las cúpulas partidarias se convierten en algo común por el reparto de
cargos. Pareciera que el partido que
encabeza la coalición de gobierno no tiene otra prioridad que no sea sustituir
al funcionariado por gente vinculada a su proyecto sin tomar en cuenta los
procedimientos y normativas que rigen la función pública. Avanzar en
materia de institucionalización de la función pública ha costado mucho al país
y los políticos no asumen ni respetan las normativas que la rigen.
El país ha
logrado un marco normativo que debiera ser suficiente para garantizar procesos
de transición donde se preserven los derechos de los servidores públicos, se
garantice la transparencia y la continuidad del Estado.
Un gobierno es pasajero, el Estado es permanente y ese horizonte temporal de
los cargos electivos debe ser condición suficiente para respetar la
institucionalidad pública y los recursos humanos que la sustentan.
Los procesos de reforma y modernización del
Estado desarrollados en el país a partir de 1996 dieron un marco jurídico que
creó las bases para el establecimiento de una función pública eficiente,
transparente, profesional e institucionalizada. Lamentablemente, el liderazgo
político desconoce todo lo que hagan quienes les adversan y cada cambio de
gobierno impone una agenda que pocas veces se corresponde con los marcos
normativos vigentes.
Ojalá que esta reflexión sirva para que
quienes asumen funciones públicas entiendan que la institucionalidad de la
administración pública, la transparencia en los procesos de gestión y la observancia
del marco normativo son la base para garantizar eficiencia, pero esto no se logra
sin funcionarios públicos profesionales, comprometidos con los principios
éticos y conscientes de la importancia de la labor que realizan.
Dejo aquí algunas cuestiones que pueden servir
de base al necesario debate que debe darse para lograr que el país, no solo se
institucionalice, sino que avance en materia de modernización de la
administración pública y gestión de talento humanos.
El derecho a servir a la sociedad desde el Estado no debe supeditarse a las
acciones clientelares que caracterizan los procesos de transición en República
Dominicana.
Hagamos un recorrido mental por la historia
política dominicana de los últimos 30 años y encontraremos insumos suficientes
para comprender la necesidad de regular los procesos de transición para
disciplinar al liderazgo político e imponer una normativa clara y efectiva. No
es aconsejable voltear la cara ante tan preocupante realidad, sobre todo, si se
quiere avanzar hacia una institucionalidad política que sustente al Estado
Social y Democrático de Derecho.
El primer requerimiento de los funcionarios
entrantes es pedir las nóminas para hacer la distribución de los cargos entre
sus acólitos. Aclaro, que durante el proceso electoral se distribuyen los
cargos principales y una vez en el poder, se concretan la promesas. Lo que se
produce no es una transición organizada ni mucho menos un proceso
institucionalizado, es una especie de asalto a la administración pública que
pone en riesgo a todo el funcionariado público. Lo mismo sucede en las
Ayuntamientos y Distritos Municipales.
Si los cargos públicos se asumen como una
mercancía que sirve para pagar favores políticos, estamos ante una forma de
clientelismo que afecta la calidad e institucionalidad de la función pública y pone
en riesgo la eficiencia de la gestión de gobierno. Formarse en la
administración pública y adquirir experiencia sirve de poco cuando llega el
momento de asumir el poder. Atropellos, asedio, acoso, discriminación, descalificación, desconsideraciones
y hasta agresiones se hacen cosa común.
Erróneamente se asume que toda la burocracia
pública está alineada a la corriente política que sale del gobierno, sin tomar
en cuenta que la mayoría del funcionariado público trabaja para el Estado, no
para el gobierno que lo gestiona. Es fundamental que se valoren las capacidades,
compromiso y experiencia de quienes deciden trabajar para la administración
pública. Además de ser un derecho constitucional, es una oportunidad para
servir a la sociedad.
No se trata de negar a las nuevas autoridades
la posibilidad de crear equipos que le ayuden a implementar el plan de gobierno,
sino de cuidar la institucionalidad pública. Se trata de que se tomen en cuenta
las políticas, procedimientos y principios establecidos en los marcos
normativos. Asumir que el gobierno, como gerente del Estado debe fundamentar
sus acciones en la legalidad, eficiencia y transparencia.
Preservar los recursos humanos es fundamental
para el Estado, dado las grandes inversiones que se hacen en la capacitación
del mismo. Entender cuestiones de Estado, Política, Gobierno, Poder, Servicios
Públicos, Institucionalidad Pública, Administración Pública, Políticas Públicas,
Procesos Administrativo, Ética Pública, Gestión Pública, Transparencia
Administrativa, entre otras categorías, exigen formación y especialización de
la función pública. Sanear la nómina pública es una cosa, desmantelar
la función y la administración pública, pasando la aplanadora como se dice
popularmente.
“La separación de
servidores públicos que pertenezcan a la Carrera Administrativa en violación al
régimen de la Función Pública será considerada como un acto contrario a la
Constitución y a la ley”. Sentencia la Constitución de la
República
para proteger la función pública,
especialmente a los servidores de carrera, pero en la oleada de cancelaciones
muchos quedan atrapados en la turbulencia de la mar revuelta.
Pretender resolver el problema del desempleo,
cancelando unos para emplear a otros contraviene los principios que sustentan
el derecho al trabajo digno. Lo ideal es que se establezcan políticas públicas
y se encaminen acciones para fomentar empleos. No es aconsejable prescindir de
servidores públicos que sirven al Estado, no a un gobierno.
La Carta Magna,
la Ley de Función Pública, la Ley Municipal y la Ley de Administración Pública,
entre otras establecen mecanismos para gestionar de la administración pública y
los recursos humanos en el sector público, pero eso cae en el limbo jurídico
tras cada proceso electoral. Las modalidades instituidas en la normativa para
acceder a cargos públicos son ignoradas y se inicia la zafra de designaciones,
sustituciones y nombramientos.
Es necesario que los funcionarios que asumen
la dirección del Estado reciban formación previa sobre las normas,
procedimientos y principios que rigen la administración pública. Las
organizaciones políticas deben trabajar en la formación de los futuros
funcionarios, ya que facilita la renovación del liderazgo directivo. Esto es
válido, tanto para los cargos electos, como para los designados.
Desconocer las funciones del cargo que se
asume o se aspira desdice las proclamadas intenciones apuestan transformación promovidas
durante las campañas políticas. Formarse para servir es una consigna
indispensable. Una vez inserto en la función pública debe comenzar un proceso
más amplio de formación que inicia con cursos de inducción impartidos por el
Instituido de Administración Pública.
Los cambios de autoridades generan
incertidumbre en la población y desasosiego en el funcionariado público, dada
las promesas que hacen quienes se postulan a cargos electivos. Otros países han
resuelto la cuestión institucionalizando la función pública, estableciendo
sistemas de carreras basados en el mérito, la capacidad y la estabilidad de los
cargos públicos.
Tanto en el Gobierno Central como en los Ayuntamientos y Distritos Municipales los despidos injustificados de servidores capacitados y con experiencia impide del desarrollo de una función pública institucionalizada. Para el caso de los ayuntamientos, se trabajó una propuestas de Carrera Administrativa Municipal que fue sepultada por el clientelismo y la desidia de quienes accionan en esos entornos. Tanto la Reforma y Modernización del Estado como la Reforma Municipal han caído en un punto muerto y eso afecta a la burocracia pública.
La inobservancia de los procedimientos y
principios establecidos en la normativa que rige la gestión pública coloca al
país en desventaja con respecto a las corrientes que apuestan a la
institucionalización y profesionalización de la función pública. De ahí la
importancia de establecer una normativa que pongan límites a las autoridades
salientes y condiciones a las entrantes. No puede ni debe ser la ley de la
selva. La continuidad del Estado tiene que ser preservada por el bien del país,
de la clase política y el de la democracia.
La Carta Magna establece en su artículo 142 que: “El
Estatuto de la Función Pública es un régimen de derecho público basado en el
mérito y la profesionalización para una gestión eficiente y el cumplimiento de
las funciones esenciales del Estado. Dicho estatuto determinará la forma de
ingreso, ascenso, evaluación del desempeño, permanencia y separación del
servidor público de sus funciones”. Como puede apreciarse desconocer
estos preceptos constituyen una violación constitucional que implica sanciones.
De igual forma, la Ley 247-12
establece claramente el objetivo de la administración pública. En su artículo 5
dice lo siguiente: “La Administración
Pública tiene como objetivo principal satisfacer en condiciones de eficacia,
objetividad, igualdad, transparencia, publicidad y coordinación y eficiencia el
interés general y las necesidades de sus usuarios y/o beneficiarios, con
sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. Es tarea fundamental de
todo integrante de la organización administrativa participar de las funciones
esenciales del Estado destinadas a procurar el desarrollo humano pleno a fin de
que la calidad de vida de toda persona corresponda a los supuestos que exige su
dignidad de ser humano”.
Garantizar los derechos fundamentales de
quienes sirven al Estado desde la administración pública debe ser la prioridad,
no su sustitución sin justificaciones. Se sabe que la ley de función pública
solo garantiza derechos a los servidores de carrera administrativa, dejando
desamparado a quienes no han podido entrar al sistema. Es tiempo de accionar para
que se supere la obsolescencia normativa.
Gente con 10, 15, 20, 25 años de servicio al Estado
quedan sin prestaciones dado las perversidades de la Ley de Función Pública
que sólo dispone que, en caso de despidos o renuncia, los funcionarios que no
sean de carrera solo recibirán el pago de vacaciones y la proporción del
salario 13 que le corresponda. Es evidente, que el Estado no cumple a sus
servidores lo que exige al sector privado.
El Estado tiene que cumplir lo que exige. La única vía que dejan al servidor o
servidora público cancelado es recurrir al Tribunal Superior Administrativo,
luego de agotar los procedimientos internos y en el Ministerio de
Administración Pública.
A esto hay que sumar las frecuentes
persecuciones contra quienes provienen de gestiones anteriores y el asedio
sistemático al que es sometido todo el funcionariado público. Formas denigrantes
como el acoso laboral, la marginación y la discriminación se hace norma cuando
se produce un cambio de autoridades. Cuando la gente joven ven el trato que
reciben sus padres, madres, amigos, maestros y todo el funcionariado que sirve al
Estado llegan a la conclusión de que ser servidor público es una opción que no
asumirían.
¿Cuánto cuesta formar a un servidor o
servidora pública y cómo preservar sus derechos? Doctorados, maestrías,
licenciaturas, especialidad en políticas y administración pública van al
zafacón en cada período de transición junto con la experiencia de quienes son
separados de la administración pública. Reforzar la Carrera Administrativa es
una necesidad para garantizar una función pública motivada, eficiente y
comprometida con el desarrollo del país.
¿Por qué el Estado no reconoce los derechos a
los funcionarios que ingresan a la administración pública sin haber participado
al concurso? Es tiempo de superar esas falencias y diseñar mecanismos que
garanticen prestaciones, respeto y ascenso a los servidores estatales, en
cualquier nivel de la administración pública. Crear la percepción de que servir
al Estado desde la función pública denigra, corrompe y pervierte es una seria
amenaza para la administración pública.
Hay quienes pretenden y así lo pregonan, que
los gobiernos deben desconocer las acciones ejecutadas por quienes le preceden,
incluida las capacidades de la burocracia. Hasta en los procesos de refundación
de los Estados hay principios que se respetan, y entre esos, se debe incluir el
respeto a la dignidad humana del personal que sostiene la administración
pública. El país ha firmado el Código de Buen Gobierno y la Carta
Iberoamericana de la Función Pública, entre otros compromisos y todo parece
nada.
Hay que aspirar a vivir en una sociedad donde las normas se cumplan, predominen los principios éticos y los valores cívicos sean reglas, no excepciones. Eso exige que las autoridades y el liderazgo político respeten las normativas y superen las prácticas clientelares que ponen en riesgo, no solo la institucionalidad democrática del país, sino también, el principio de continuidad del Estado. Entender los procesos de transición como una oportunidad para mejorar y construir, no destruir. Eso sería cambiar positivamente.
Que la falta de oportunidades de empleo sea
suplida con políticas públicas que generen espacios para la colocación de la
gente es tarea que deben emprender los gobiernos. Esas políticas deben
priorizarse e institucionalizarse en coordinación con el sector privado.
Sustituir y cancelar servidores públicos sin razones justificadas es una
práctica que habrá que superar para evitar el debilitamiento y clientelización
de la administración pública.
Acosar, perseguir, degradar, marginar, discriminar y atropellar se
ha hecho norma en los procesos de transición. La dignidad y el decoro de los
servidores públicos es estropeado por quienes se consideran con derecho a
disponer a su antojo de la administración pública. Las capacidades humanas
y las experiencias son fundamentales para la gestión del conocimiento en la
administración pública. Cuidarlas es obligación de quienes la gestionan.
La Carta Sustantiva establece que la “La dignidad del ser humano es
sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una
responsabilidad esencial de los poderes públicos”.
Cumplir ese mandato incluye, respetar la dignidad y el decoro de los servidores
públicos. Es un reto para el liderazgo político hacer valer este mandato para
evitar trato inhumano y degradante con los servidores del propio Estado.
Nada justifica el trato denigrante que recibe el funcionariado que
se ha formado y dedicado su vida a servir a la sociedad desde la administración
pública. Desde un humilde conserje, chofer o mensajero hasta un técnico o
gerente especializado son tirados a la calle sin el más mínimo criterio
gerencial. Superar esa mala y denigrante práctica, pasa por el fortalecimiento y
actualización del marco que rige la función pública. Las autoridades están para
cumplir las normativas, no para violentarlas.
El liderazgo político debiera entender que la función pública es
asunto de Estado y permanente, no una cuestión coyuntural de gobierno. Se debe
romper el círculo vicioso de cancelar a servidores que se han desempeñado con
ética y eficiencias para sustituirlos por un personal que desconoce la dinámica
operativa de la función pública. Gestionar la administración pública exige
capacidades, compromiso y habilidades que se desarrollan. La gerencia pública
no es un juego de azar, es una especialidad indispensable para el desarrollo de
los pueblos.
El Ministerio de Administración Pública, MAP debe
abocarse con urgencia a coordinar con la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE
y otras entidades del país, la organización y realización de un censo nacional
de servidores públicos para establecer claramente cuáles
son los niveles de institucionalidad, la cantidad de servidores estatales, las características
básicas de la función pública, el estatus y los perfiles del funcionariado
público. Ya se hizo a finales del siglo pasado pero sus resultados son
pocos conocidos.
Otra cuestión que se debe abordar con urgencia
es la que tiene que ver con las asociaciones y la federación de servidores
públicos instituidas en la Ley 41-08. Esas entidades deben servir como entes de
intermediación entre las autoridades y los funcionarios públicos. Con su
activación, no solo se da cumplimiento a las leyes, sino que se abre un espacio
de diálogo para resolver conflictos y solucionar problemas.
Permitir el desmantelamiento de la
administración pública en cada cambio de autoridad es un acto irresponsable que
compromete a todo el Estado y ser superado si se quiere avanzar en la
profesionalización e institucionalización de la administración pública. Al
MAP le toca, no solo establecer las políticas de gestión de recursos humanos en
el Estado, sino cuidar porque esas políticas se ejecuten tal como mandan la
Constitución y las leyes. Hasta ahora es materia pendiente y cada funcionario
acciona en su ámbito como le parece.
El Ministerio de Administración Pública como
órgano rector tiene que hacer valer el marco normativo que la rige. No pude ser
sumisa ni complaciente porque eso la neutraliza para sancionar acciones que atenten
contra la estabilidad de la función pública. Demostrar debilidad institucional
e incapacidad operativa coloca a la entidad en una situación difícil y estaríamos
ante un cuadro preocupante que puede impedir el cumplimiento de los mandatos
normativos.
Cuando un partido, gobierno u autoridad
cancela a miles de servidores públicos sin justificaciones convincentes,
empieza construir la fuerza opositora que lo sustituirá. La gente que sale
de la administración pública con información, experiencia y conocimientos. Se
van a masticar su amargura y armar su venganza en las urnas. Caer en ese círculo
vicioso sería una fatalidad para la gestión pública.
Es una acción que se traduce en frustración
para unos y desencanto para otros. Frustración para quienes han dedicado
décadas a servir a la sociedad del desde la administración pública y desilusión
para la gente joven que es separado del cargo sin más razones que haber sido
parte de la gestión anterior. Este último grupo es especialmente importante.
Esa gente joven formada y comprometida que es
cancelada empieza a cuestionar el comportamiento del liderazgo político y su
actitud frente a la gestión pública. Unos abandonan las posibilidades de
hacer carrera en la administración pública porque no encuentran protección a
sus derechos; otros continúan preparándose para volver.
Se ha hecho costumbre y casi parece normal que
en el Estado se entra por favoritismo, amiguismo o filiación, no como establece
la normativa. Eso es una de las justificaciones para los despidos masivos e indiscriminados
que se observan cíclicamente. Es tiempo de acogerse a las modalidades instituidas
para el ingreso a la administración pública. Que se respeten los concursos de
oposición y que quienes pasan a formar parte de la función pública encuentren
la protección de sus derechos y reciban el trato que merecen.
Quienes asumen un cargo en la administración
pública deben actuar pensando que el ato que dan hoy a quienes sustituyen lo
recibirán mañana cuando serán sustituidos. Ese que hoy cancela mañana puede ser
cancelado por quien canceló y así se activa un círculo vicioso que pone en
riesgo la institucionalidad de la administración y la función pública.
Todo eso sucede ante la mirada indiferente y
hasta complaciente del Ministerio de Administración Pública que toma partido a
favor de quienes detentan el poder. Por tanto, las acciones orientadas a
adecentar y sanear la nómina pública se convierten en una cacería que no toma
en cuenta la condición económica, estado de salud, edad, formación académica,
la experiencia o el estatus del funcionariado público y pagan a justos por
pecadores.
La excusa recurrente es que están eliminando
las "botella" y bajo esa premisa juntan a tirios y troyanos. Nadie se
opone que quienes no tienen funciones en una institución cobre sin trabajar,
pero las cancelaciones masivas incluyen a muchísima gente con méritos,
experiencia y capacidad.
Corregir esto y cerrar el círculo vicioso se
hará difícil mientras el Ministerio de Administración Pública, asuma las
posiciones que exhibe frente a un problema que es exclusivamente de su
competencia. No se puede ser juez y parte en ningún proceso, menos aún, en
la gestión de las relaciones laborales en el sector público donde riñen el rigor
técnico con el clientelismo y el patrimonialismo.
La profesionalización e institucionalización de la función pública
es un requisito para garantizar la eficiencia, transparencia, equidad, y la
calidad de los servicios que ofrece la administración pública.
Que la dinámica caudillista, clientelar y paternalista imponga sus reglas solo
es posible si el liderazgo político lo permite o lo promueve. Es imperativo hacer
conciencia de los problemas que se derivan de un accionar divorciado de la
lógica normativa y la dinámica operativa en la gestión pública. Avanzar hacia una cultura política que valore la función pública y
supere el clientelismo exige la superación del analfabetismo cívico y el
analfabetismo político para generar un compromiso ético que sirva de sustento a
la institucionalidad democrática. Sin gente capaz, motivada y con experiencia
en el manejo de la administración pública, difícilmente se logrará una sociedad
donde impere la justicia social y se superen las diversas formas de pobreza.
Es importante recordar el mandato constitucional de que todo
ciudadano tiene derecho a acceder a un cargo público, bajo los parámetros
instituidos en los marcos normativos. Las organizaciones políticas deben evitar
ofertar cargos durante la campaña electoral para que sus miembros,
simpatizantes y militantes no cifren sus esperanzas en el acceso a cargos
públicos para el que no se han formado. Los perfiles establecidos en la estructura
de cargos deben ser la guía para la renovación de los cuadros directivos en la
administración pública.
El liderazgo político y la gerencia pública deben trabajar para
cumplir el mandato establecido en el artículo 216, especialmente el numeral 3,
que establece que las organizaciones políticas deben “Servir al interés nacional, al
bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana”. Es
una vieja tradición que debe superarse. Quienes reúnan los requisitos y
perfiles pueden optar por concursos, ya que, de no superarse esa parte, se
exponen a padecer el mismo trato en otros escenarios.
Hemos reflexionado sobre cuestiones fundamentales para la
institucionalidad democrática en general y la administración pública en particular,
partiendo de las vivencias durante 5 procesos de transición desde el 1996 hasta
la fecha. La intención no es descalificar o encasillar una u otra gestión; es
llamar la atención sobre una problemática para que el país entre en un debate
que coloque a la gente en el centro de su accionar para avanzar en la
profesionalización e institucionalización de la función y la administración en
base a un funcionariado con capacidad y motivación para encarar los retos del
desarrollo e impulsar las acciones que hagan del país un referente
institucional en materia de función pública.
Las cuestiones planteadas en esta reflexión se pueden resumir en lo
siguiente:
Respetar la
función pública en períodos de transición para evitar el desmantelamiento de
los sistemas de gestión de recursos humanos, garantizar la continuidad del
Estado y preservar la memoria institucional.
Modificar la Ley
de Función Pública para incluir el pago de prestaciones o cualquier beneficio,
tal como hace el sector privado a los servidores cancelados o que renuncian de
sus cargos, ya que lo contrario no sólo es ilegal e inhumano sino perverso.
Crear una Ley que
regule y establezca mecanismos que garanticen los derechos del funcionariado
público, la transparencia en los procesos de transición y ponga límites al
accionar de las autoridades salientes durante el período de transición en torno
a la función pública.
La idea no es, ni
puede ser, impedir que las autoridades entrantes nombren a quienes consideren
merecedores de un cargo público, sino que esos nombramientos se hagan apegados
a la normativa vigente y respetando los derechos de los funcionarios públicos.
Los partidos que
encabezan la coalición de gobierno son responsables ante la sociedad de las
acciones que encaminan y para lograr resultados necesitan capacidad, experticia
y compromiso.
Exigir al
liderazgo político que cumplan las normativas vigentes al momento de asumir los
cargos públicos para garantizar que las acciones ejecutadas por el gobierno
saliente sean auditadas, evaluadas y valoradas.
Instituir
mecanismos que preserven la capacidad técnica desarrollada en la función
pública, que garanticen la memoria institucional, evitando que se borren
informaciones relevantes de las webs institucionales o de los archivos sin las
precauciones debidas.
Promover el
fortalecimiento de la Carrera Administrativa y establecer reglas claras para la
gestión de las relaciones entre el funcionariado público, privilegiando el
respeto a la dignidad humana, la igualdad de derechos y la justicia.
Organizar un censo
nacional de servidores públicos para establecer claramente cuáles son los
niveles de institucionalidad, la cantidad de servidores estatales, las
características básicas de la función pública, el estatus y los perfiles del
funcionariado público.
10. Trabajar en el
fortalecimiento de las Asociaciones de Servidores Públicos y la Federación Nacional
de Servidores Públicos para que sirvan de entes mediadores y ayuden a resolver
conflicto entre funcionariado público, que vele por la salud de la función
pública y represente los intereses de los servidores públicos.
Con voluntad política, compromiso ético,
capacidad gerencial, aplicando y respetando las normas que rigen la
administración pública se puede avanzar en el largo, angosto y accidentado
camino hacia la institucionalización de la función pública. Que no se olvide
que “todo
pasa y todo queda y que se hace camino al andar”, como bien dijo el
poeta Antonio Machado.
