El 25 de enero de cada año se celebra en el país del Día Nacional del Servidor Público, instituido mediante Ley No. 302 de fecha 19 de mayo del año 1981. para resaltar la relevancia de ese importante componente de la Administración Pública, en un país donde el Estado es el principal empleador.
Se ha instituido un reconocimiento para quienes han servido más de 25 años en la Administración Pública. Corresponde al Ministerio de Administración Pública como órgano rector encargado para la entrega de este reconocimiento a los servidores galardonados por sus años en servicio con lealtad, honradez y eficiencia.
De acuerdo a la
referida Ley los premios se hacen en honor a grandes referentes en el ámbito de
la administración pública, la literatura y la política dominicana En su artículo 6 estableció
lo siguiente: “Para tales fines, se instituyen los siguientes premios, los
cuales serán conferidos a los autores que presentaren los mejores trabajos: a)
PREMIO JUAN PABLO DUARTE, consistente en un Diploma y la suma de RD$l,OOO.OO,
que se otorga a1 mejor trabajo. b) PREMIO ULISES FRANCISCO ESPAILLAT,
consistente’ en un Diploma y la suma de RD$500.00, que se otorgad a1 segundo
mejor trabajo. c) PREMIO PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, consistente en un Diploma y la
suma de RD$250.00, que se otorgará a1 tercer mejor trabajo”.
Con ese precedente se
ha ido conformando y consolidando modalidades de reconocimientos, pero falta
mucho para acoplar con las expectativas de quienes sirven a la sociedad desde
el Estado. La conmemoración del Día Nacional del Servidor Público debiera ser
un acontecimiento, donde las Asociaciones y Federaciones de Servidores Públicos;
junto al Ministerio de Administración Pública, no solo celebren la fecha, sino
también que se reflexione sobre la importancia de la función pública.
El desafío es adecuar,
resignificar, actualizar y anclar premiaciones y promociones como parte de los
reconocimientos que debe recibir el funcionariado público que dedica su vida y
capacidades a servir diáfana, digna y decorosamente a la sociedad desde las instituciones
públicas. La burocracia pública es fundamental para garantizar eficiencia,
transparencia y calidad en servicios públicos.
Cabe recordar que servir
a la sociedad desde el Estado es una oportunidad que permite poner en práctica
los conocimientos teóricos que se adquieren en las academias. Es una
oportunidad para enriquecer nuestro acervo gerencial. La experiencia adquirida
en el servicio público se traduce en capacidades que enriquecen nuestras
capacidades y mejoran nuestras prácticas gerenciales.
Cuando se asume la
responsabilidad del servicio público, referenciado en la defensa del interés
nacional y apuntando a que el trabajo se traduzca en bienestar para la sociedad
a la que se sirve, se hace un gran aporte. Corresponde al Estado y a sus
gestores garantizar un ambiente laboral saludable y respetuoso, así como la
posibilitad de hacer carrera, desarrollando y ascendiendo en la medida que se
adquiere experiencia y se mejoran las habilidades gerenciales.
Trabajar es un derecho
en cualquier entorno, servirle a la sociedad desde el Estado, asumiendo la
función pública con responsabilidad, vocación de servicio y compromiso social
es un grato placer. De nuestro esfuerzo se benefician principalmente, quienes
no tienen o carecen de medios para servirse de la oferta privada de bienes y
servicios.
Hay que insistir en la
necesidad de democratizar el debate entorno al proceso de reforma que se
impulsa desde el Ministerio de la Administración Pública para ir creando una
cultura institucional basado en el conocimiento de la normativa que rige la
Función y la Administración Pública.
Muchos retos y
desafíos, incluidos la reorganización de las Asociaciones y Federaciones de
Servidores Públicos. La fecha debe servir para replantear la relación entre la
tecnocracia y la burocracia política. Eso debe contribuir a mejorar la calidad de
los servicios públicos y apuntalar las políticas de transparencia.
Más que felicitar a los
servidores y servidoras del Estado, la invitación es a la reflexión y a la
acción para avanzar en los procesos de institucionalización y fortalecer los
fundamentos de la profesionalización. Servidoras y servidores merecen respeto,
buen trato, oportunidades, consideración, y, sobre todo, ambientes laborales
donde puedan desarrollar su labor a la altura de las exigencias ciudadana.
