"La falta de disciplina es un mal mayor que la falta de cultura; ésta puede adquirirse más tarde, mientras que la barbarie no puede corregirse nunca". Emmanuel Kant.La transparencia administrativa se ha constituido en uno de los ejes fundamentales la sociedad moderna. Se ha llegado a afirmar que estamos en la era de la transparencia. El caso no es para menos. La opacidad y el secretismo con que se habían manejado y se manejan muchos asuntos públicos chocaron de frente con los intereses colectivos.
El Estado tiene la obligación ofrecer las informaciones que generan o administran los entes administrativos que lo conforman. Al colocar en manos de la gente la posibilidad de acceder a las fuentes de información el Estado se autocompromete a cumplir con sus propias reglas. Desde a la normativa se asume la publicidad de los actos administrativos como norma general. Corresponde a la ciudadanía hacer uso del instrumental normativo, exigir su cumplimiento y asumir los compromisos que favorezcan la instauración de una cultura de transparencia basada en el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información.
La información se convierte en el insumo fundamental para cualquier sociedad, especialmente en aquellas que como la dominicana, apuestan a la institucionalización y ampliación de los espacios de participación ciudadana en la gestión pública del Siglo XXI. Ley General de Libre Acceso a la Información Pública
Esta legislación constituye uno de los instrumentos más importantes para la transparencia de la administración pública, ya incluye, además del acceso a la información, la publicidad y socialización de los proyectos de reglamentos, disposiciones que afectan los intereses ciudadanos.
En la normativa se especifican las obligaciones del Estado de sus funcionarios y de quienes reciben fondos del erario a decir ¿Qué hacen? ¿Quién, cómo y con qué lo hacen? ¿Cuánto gastan? ¿Cómo se contrata? Además incluye el derecho ciudadano a conocer las informaciones que producen, gestionan y resguardan las instituciones públicas.
Este instrumento se convierte en un eficiente medio para enfrentar la cultura de a la opacidad y el secretismo administrativo en el sector público, promoviendo la transparencia, la probidad, el decoro y la diafanidad en el manejo de los asuntos públicos. La herramienta incide positivamente en el fortalecimiento de las relaciones entre gobernantes y gobernado, generando a confianza entre las partes.
A partir de aquí, se abren las posibilidades de que la democracia dominicana empiece a funcionar más allá de los procesos políticos electorales. Colocando en manos de la gente una herramienta que le permite acceder al insumo más preciado para el ejercicio de una ciudadanía responsable: la información.
Para hacerlo realidad se requiere el concurso de toda la sociedad para instituir la cultura de transparencia que se corresponda con los anhelos de la sociedad del Siglo XXI. Corresponde a los medios de Comunicación y a la sociedad civil organizada impulsar las acciones que obliguen a los gobernantes a cumplir con los postulados normativos.
El Rol de los Medios de Comunicación.
Los medios de comunicación ejercen gran influencia en la configuración de la opinión pública. Se constituyen en instituciones importantes para la defensa de los intereses público. Tienen el privilegio de proponer e inducir la agenda pública. Poseen la capacidad de procesar, producir, administrar y manipular la información, lo que sirve para la socialización de los temas básicos de la cotidianidad.
Los mass media, además de ser consumidores y difusores de información, pueden ser un aliados claves en la promoción, así como en la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía, incluidos el de solicitar, buscar, recibir y difundir información.
Tradicionalmente la normativa del país sólo amparaba a los medios y a los periodistas pero en la actualidad esta prerrogativa se ha colectivizado a toda la ciudadanía, ya que los medios se convierten muchas veces en escenarios de representación de lo social.
Se ha instituido el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, objetiva y debidamente documentada de los medios de comunicación y se insiste en que es un componente fundamental para el ejercicio pleno de los derechos y deberes de las personas para contribuir a la implantación de las políticas de transparencia y probidad, orientadas a la institucionalización de la administración pública.
Los medios son claves para en la lucha contra a la impunidad, a la corrupción y todos los flagelos que arrastra a la modernidad. Como forjadores de opinión pública, hacedores y reforzadores de cultura cívica, inciden en los procesos transformación las normativas en práctica cotidiana, demandando su aplicación y socializando su contenido.
El Rol de la Sociedad Civil.
Las organizaciones sociales en general y la ciudadanía en particular juegan un rol determinante en los procesos de implantación de la normativa de acceso a la información pública. Si la gente no demanda información la efectividad de las normativas queda trunca.
Son las organizaciones sociales quienes deben asumir, conjuntamente con la ciudadanía la exigencia del cumplimiento de las normativas vigentes. Auque la Ley 200-04 obliga al funcionario a publicar la información, si la misma no es requerida, se puede caer en el voluntarismo y esto no se corresponde con los requerimientos de una democracia funcional.
La participación ciudadana tiene una intención que surge de la misma ciudadanía, que busca una aproximación entre las diferentes instancias de gobierno pero para ello requiere información confiable y oportuna.
La ciudadanía tiene que asumir un rol protagónico e incorporar ese derecho al quehacer cotidiano. Así contribuye con la transparencia y al fortalecimiento de la administración pública, en cualquiera de sus niveles, (local, provincial, regional o nacional).
Los entornos señalados anteriormente deben encaminar acciones que rompan las tinieblas y la opacidad administrativa para dar paso a la luz de la publicidad y la institucionalidad que caracterizan la transparencia. La normativa disponible permite articular e impulsar iniciativas que bien orientada potenciarían la cultura de transparencia en la administración pública.
La cultura jurídica de la República Dominicana asimila los aspectos fundamentales de los procesos de reforma y modernización del Estado y los expresa en una amplia variedad de normativa, creando el ambiente propicio para iniciar procesos de mejoras institucionales que fortalezcan la democracia y garanticen la gobernabilidad.
Es necesario armonizar las políticas de transparencias del Estado para concentrar la acción preventiva en la lucha contra la impunidad. La impunidad, la falta de sanción social y moral incentivan la corrupción administrativa, debilitando por tanto las iniciativas destinadas a transparentar la administración pública. Esto compromete tanto a los actores políticos como a los sociales.
Con la creación de la normativa de Libre Acceso a la Información Pública se da un importante en a la lucha contra el secretismo y a la complicidad general. Se avanza en el interés de convertir en realidad el derecho a la información consagrado en la Carta Sustantiva
A pesar del efusivo discurso y los esfuerzos desplegados por muchos actores se evidencian grandes baches en a la articulación y coordinación de las acciones que impiden el impacto de la normativa en la calidad de la inversión de fondos públicos o en la institucionalización de los procesos que sustenten un Sistema de Transparencia, articulado, cohesionado, eficiente y funcional. Las acciones encaminadas distan mucho de las aspiraciones colectivas.
Es un proceso que requiere tiempo y maduración. Es necesario que la ciudadanía asuma la parte que le corresponde como contrapeso político para aprovechar el potencial transformador de la administración pública y el saneamiento de la inversión pública. El derecho de libre acceso a la información es el instrumento básico para construir la anhelada cultura de transparencia en la sociedad de la información y el conocimiento.
En ese contexto, tanto los medios de comunicación como la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general, juegan un rol determinante el proceso de tranformación del formalismo democrático en un sistema funcional, útil y legítimo. Sin participación ciudadana, compromiso y control social es inviable cualquier sistema político, máxime en el país, donde aún permanecen remanentes de autoritarismo, centralismo, caudillismo, burocratismo y clientelismo. Estos males neutralizan e impiden el afianzamiento de la institucionalidad.
Contrarrestar la cultura de la opacidad y el secretismo es una tarea impostergable que requiere un pacto sociopolítico. Es necesario colocar en perspectiva y como aspiración suprema de la sociedad la instauración de una cultura ética y moral que sustenten solidamente los pilares de la transparencia y la institucionalidad. Para ello hay que aspirar a la profesionalización del funcionariado público y la transformación del liderazgo social y político del país. Una encomiable tarea que requiere el concurso de todas y todos, especialmente de quienes tienen poder de incidir en los demás.
Redoblar los esfuerzos y afinar las estrategia. Mejorar las alianzas y fortalecer los lazos de colaboración constituyen pasos necesarios para garantizar el Estado Social y Democrático de Derecho. No basta con el enunciado constitucional, es necesario pasar a la acción basado en el compromiso, el pluralismo y el respeto a las reglas morales, éticas y legales. Las tecnologías de la información y la comunicación facilitan la tarea y acercan a los actores.
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