La
construcción de un canal, al margen de los convenios y protocolos, por poderosos
grupos haitianos que con apoyo del gobierno de ese país ha hecho bajar las
aldabas de las puertas fronterizas. Los haitianos justifican la construcción
mientras los dominicanos la cuestionan. Las tensiones han subido de tono y ha
exacerbado el nacionalismo tanto en Haití como en República Dominicana.
El
gobierno dominicano responde movilizando tropas para aumentar la vigilancia en
la frontera, deportando a nacionales haitianos que residen en el país y deteniendo
la emisión de visados; así como cerrando la frontera hasta que se detenga la
construcción de dicho canal. Se alega que dicha construcción viola el tratado
de 1929; así como convenios y protocolos posteriores.
Afirman
que, además, pone en riesgo la vida de las poblaciones situadas aguas abajo y
que no cumple con los requerimientos técnicos. La parte haitiana insiste en que
tiene derecho a utilizar el afluente para obtener agua para consumo humano, irrigación
e industria.
La
recrudecida disputa por las aguas del río Masacre invita a la reflexión y a la
acción en favor de sus aguas. Lo que tienen que hacer es reforestar, proteger y
sanear su microcuenca, que de río solo tiene el nombre como miles en el país.
Es un arroyuelo contaminado y moribundo. El agua es vida, si señor.
Ambos
países son signatarios de convenios internacionales relativos a la Protección y
Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos
Internacionales; así como a los protocolos y convenios que complementan el
Tratado de Fronteras Domínico-Haitiano firmado el 21 de enero de 1929.
Al margen de los precedentes históricos de las relaciones entre los países, los juegos de intereses mercuriales o los prejuicios raciales y religiosos, la gestión del río y su entorno, exige que ambos países trabajen en la protección y preservación de la diezmada, empobrecida y contaminadas microcuencas que nutre su cauce.
La
disputa por agua, en el país, y en todo el mundo es una fuente de conflicto creciente
y sistemática. En la frontera dominico-haitiana, dada la pobreza existente de ambos
lados, la gestión del agua adquiere una importancia estratégica. Persistente escasez
y contaminación acentuada acosan a varios pueblos de la zona.
Aunque
los debates se han centrado en la crisis generada por el canal, la cuestión del
agua en el país requiere un debate amplio, donde participen diversos sectores. Recientemente
se firmó un cuestionado Pacto por el Agua que no satisfizo las expectativas sobre
el anhelo de la población.
La
reforma pendiente en el sector agua, especialmente, potable, luce estancado, a
pesar, de que el Congreso Nacional debatió un manoseado proyecto de ley que busca
regular y establecer políticas de gestión acorde con las exigencias de los
sectores involucrados.
El
Masacre en disputa es una oportunidad para abrir el debate sobre la gestión del
agua, no solo en la zona fronteriza, sino también en todo el país.
Aunque
la Constitución de la República y su normativa complementaria establecen los
usos y modalidades de gestión del agua y otros recursos naturales, la realidad
dista mucho de lo plasmado en el papel. El secuestro de acuíferos, la
contaminación y la deforestación dan una idea del desorden imperante en el sector
e invita trabajar para superar la preocupante situación.
A pesar
de que la República de Haití está sumida en una larga crisis estructural, con
un liderazgo disperso y una estructura institucional débil y corrompida, es un
Estado, y como tal, tiene la responsabilidad de cumplir los tratados, convenios
y protocolos fronterizos vigentes.
República
Dominicana que carga con gran parte de la migración irregular tiene que buscar
estrategias funcionales que le permitan convivir con el vecino país, ya que Haití
es el socio comercial más cercano y cualquier conflicto afecta sensiblemente la
producción nacional. A eso se suma, la creciente e intensiva mano de obra
haitiana utilizada en el país.
Diálogo,
cooperación y solidaridad son las vías para generar soluciones y superar los
conflictos que surjan en la línea fronteriza, incluido el generado por la construcción
del canal y el intenso proceso migratorio. Alivianar la pesada carga que lleva
el país le obliga a continuar apoyando el desarrollo de capacidades en Haití para
generar soluciones a los males que padece.
La disfuncionalidad
institucional de Haití para garantizar los derechos de su gente desafía la
capacidad de su liderazgo y obliga a República Dominicana a reorientar sus políticas
de gestión fronteriza y migratoria. Tensar las relaciones entre ambos países no
garantiza soluciones.
El
Masacre en disputa es un llamado a la reflexión y a la acción positiva para
salvarlo y gestionarlo mejor. El río muere, y para salvarlo, es necesario
intervenir conjunta y bilateralmente. Las condiciones socioeconómicas en la frontera
son precarias, la población dominicana escasa y los recursos limitados. El río Masacre
es una importante fuente de vida en gran parte de la línea fronteriza.
Cumplir
normas y activar los buenos oficios ayudan, pero las necesidades básicas de la
gente imponen una dinámica retadora y exigente para el liderazgo y los Estados,
obligándolos a entenderse y cooperar para la solución de los problemas comunes que
comparten.
Ahora,
las tensiones se generan por el río Masacre, y mañana ¿Cuál será la próxima fuente de conflicto? Respuestas habrá,
porque la escasez de agua en la frontera es sistemática y perturbadora. Como reza
el dicho popular: “es mejor prevenir que curar” y “a grandes males, grandes remedios”.
La
gestión inteligente y estratégica de la frontera reclama el concurso de
dominicanos y haitianos. Los problemas van más allá, de las tensiones generadas
por la construcción del canal de la discordia y abarca el persistente problema migratorio, las relaciones comerciales, la porosidad de la frontera y la pobreza
persistente en ambos lados de la frontera.
