lunes, 21 de diciembre de 2009

LA IMPUNIDAD ES LA PEOR FORMA DE CORRUPCIÓN.

"El corrupto no sonríe, agrada; no saluda, extiende la mano; no elogia, inciensa; No posee valores, sólo saldo bancario. Se corrompe de tal modo que ya ni se da cuenta de que es corrupto. Se tiene por un negociante exitoso". Fray Betto.

La peor forma de corrupción es la impunidad. Pretender atacar la corrupción sin sancionar, tanto a los corruptos como a los corruptores, es una tarea imposible. La corrupción es como la mala hierba que crece en cualquier terreno.

Hay países, como China donde la corrupción se sanciona con la pena capital y siempre aparece alguien dispuesto a padecerla. No soy partidario de la pena de muerte pero hay que buscar formas funcionales para evitar la impunidad. Prefiero los modelos que se fundamentan en la sanción social y moral. Aquellos que no toleran ni permiten las ineficiencias de los sistemas judiciales y aplican los códigos éticos y morales.
¿Cómo es posible que personas acusadas de desfalcar instituciones y malversar fondos públicos salgan libre por falta de pruebas? ¿Acaso las riquezas injustificable e insultante que exhiben no son evidencias? ¿De qué sirven las auditorías y los controles? ¿Será que los fiscales no saben documentar e instrumentar un expediente de corrupción? ¿Carecen los tribunales de la independencia necesaria para sancionar a los corruptos, corruptores y cómplices? ¿ O es sencillamente falta voluntad?
La sociedad reclama políticas funcionales, creíbles y efectivas de transparencia. Estas deben tener como propósito servir para construir una cultura cívica y político-administrativa éticamente responsable. Hay que evitar y combatir con todas las energías la impunidad y la corrupción, ya sea sancionándola a través de las estructuras del Poder Judicial o previniéndola mediante acciones ejecutadas por las instituciones responsables de promover la Ética y la Transparencia en la Administración Pública.
Es cierto que hay que formar y orientar al funcionariado público para que no se deje pervertir y corromper por los actores privados, pero con eso no es suficiente. Hay que desarticular las redes de la impunidad y el padrinazgo. Es necesario sancionar ejemplarmente cualquier acto de corrupción. Sólo así podremos hablar de valores y principios éticos en la sociedad. Hacer valer el imperio de la Ley bien aplicada.

Es necesario establecer una política de transparencia que incluya el libre acceso a la información pública, un sistema funcional y auditable de declaración patrimonial, obligatoriedad de la rendición de cuentas, mecanismo de control interno y externo, dispositivos normativos específicos, activar los mecanismo de control político, ando en el ámbito municipal como congresual, promoción de la cultura cívica y alfabetización política, entre otros aspectos. Reforzar la cultura cívica y política es una tarea impostergable.

El Congreso Nacional es un espacio ideal para prevenir y sancionar la corrupción vía juicio político o aplicando los mecanismo de interpelación para funcionarios electos y designados. De igual forma, las Salas Capitulares puede poner reparos a las acciones perversas del funcionariado que gestiona los ayuntamientos del país. Activar los espacios de control social y establecer mecanismo para socializar la normativa referente a la prevención de la corrupción y combatir la impunidad.

Claro, esto requiere una nueva constitucionalidad y un compromiso de la sociedad para instituir uno mecanismo de control social de la gestión pública que cierre las puertas a las acciones de quienes hacen de la corrupción una práctica. La sociedad debe rechazar al corrupto, al corruptor y sus cómplices. 
Ojalá que a partir del próximo año se ponga mayor énfasis en la lucha contra la impunidad. Debemos dar buenos ejemplos y el perdón a los corruptos no es el mejor. Como se ha dicho, el maestro tiene que educar tanto con la palabra como con el ejemplo.
Gobernantes y gobernados, la ciudadanía política, la sociedad civil y la sociedad en general tienen la obligación de acercarse al imperativo categórico de actuar apegado a principios éticos y valores morales. Pero el Estado y sus instituciones están compelidos a aplicar la justicia equitativamente, evitando a toda costa perdonar a los corruptos o sancionar a los inocentes.
La falta de castigo incentiva las prácticas delincuenciales en la administración pública y en toda la sociedad. Los actos inmorales, asociados a la corrupción no pueden encontrar espacios en la exigente sociedad del Siglo XXI.
La impunidad es hermana gemela de la injusticia. Cenan en la misma mesa y comen del mismo plato. Jamás serán toleradas ni admitida por quienes aspiran a construir una sociedad donde la justicia social sea la regla y no la excepción.