sábado, 3 de septiembre de 2011

LAS LECCIONES DEL HURACÁN IRENE.

La provincia de San José de Ocoa fue rudamente golpeada por el huracán Irene. En esta ocasión como todos los fenómenos que afectan la provincia se repite el mismo patrón de improvisación e incoordinación tras el desastre que azotó el país el pasado 22 y 23 de agosto. Los daños fueron cuantiosos, a la agropecuaria, la vivienda y la infraestructura vial fueron descomunales.

La desesperanza y la impotencia se apoderaron de la población. La sensación de abandono en otros eventos naturales desespera y abruma. La incertidumbre y la desconfianza hacen estragos en la conciencia colectiva y el pesimismo se impone. Pero no se engañen eso es sólo apariencia, la gente saca de abajo y se enfrenta a la realidad. Una vez pasa el susto, el pueblo se vuelca a resolver con lo que tenga y la confraternidad alcanza su grado más elevado. La solidaridad aflora de inmediato y se empieza la batalla para restablecer los servicios básicos y establecer las redes de suministro.

La ausencia de planes emerge como el problema mayor. Sin embargo, las acciones se inician y cada quien hace lo puede. La poca coordinación debilita el impacto de las acciones que se emprenden. El clientelismo y el asistencialismo asoman. La pobreza deja ver sus enormes tentáculos que alcanza dimensiones inimaginables. Cosas y casos insólitos se parpan. La imaginación no alcanza para tanto. La razón se perturba ante la desolación, la inteligencia amenaza con dejar el cuerpo de quienes buscan respuestas. Nada abunda y falta hasta lo elemental escasea.

Pueblos como el nuestro, acostumbrado a bandeárselas como puede” saca el ingenio, levanta la frente y pone su mejor cara. Nunca pueblo alguno ha mostrado tanta entereza para recuperarse, tras el azote de ciclones y tormentas, como lo hace el nuestro. Hay que ver como se enfrenta el desastre y se desafía la “mala suerte”.

Las autoridades locales, quienes debieran preocuparse por garantizar a los gobernados los derechos fundamentales, incluida la protección civil, no muestran entusiasmo en preparar a la gente para enfrentarse a la inclemencia de la naturaleza. Se reacciona en medio del caos y la desolación. Algún día entenderán que si se planifica adecuadamente y se toma conciencia sobre la vulnerabilidad de la provincia los riesgos se pueden reducir. Ojalá no sea demasiado tarde.

Las instituciones de protección civil carecen de los medios materiales que faciliten su trabajo y garanticen la seguridad de sus miembros, aún así, por encima de las limitaciones y en circunstancias adversas, se impone la férrea voluntad de la vocación de servicio. Socorristas aguerridos y entregados olvidan que también son afectados y se entregan en cuerpo y alma a proteger a la población que lo requiera, se le ve por todos lados extendiendo su brazo solidario ¡Qué bonito es verlos en acción! ¡Qué ejemplo tan digno de imitar! ¡Cuánta entrega!

Se sabe que cada temporada ciclónica existe la posibilidad de que la desgracia nos visite. Estamos potencialmente amenazados dadas las características topográficas de nuestro territorio. Atravesado por ríos, arroyos y cañadas que cuando se desbordan transforman el panorama, siembran el pánico e inundan vastas áreas de la problación. Debiéramos ser menos reactivos y mas proactivos. Planificar y dar capacidades de respuesta debe ser la clave del liderazgo político-social de la provincia. Fortalecer y articular las instituciones de protección civil. Tener planes de contingencias y revisarlos constantemente. Prohibir la construcción en zonas de riegos y evitar, en la medida de lo posible, la deforestación de las cuencas altas para disminuir la erosión y el arrastre de sedimento.

Las lecciones de IRENE nos invitan a una reflexión forzosa y a replantear nuestra forma de reaccionar ante los ciclones tropicales. Estamos en su ruta y tenemos que lidiar con sus efectos. La mejor forma de hacerlo es elevando nuestra capacidad de respuesta, orientando y educando a la población, especialmente la que reside en zonas vulnerables y de alto riesgo. Es indispensable que funciones los planes de prevención y mitigación de desastres, así como los instrumentos propuestos en la Ley 147-02.

Tras los estragos del huracán, se anuncia la visita del Presidente de la República a la provincia. Esta se concentra en la zona del puente destruido sobre el Río Ocoa y que dejó incomunicado a los municipios de Sabana Larga y Rancho Arriba. Lo ideal, lo lógico, lo correcto y lo sensato era que las autoridades municipales presentaran un informe pormenorizado al Primer Mandatario sobre el estado de situación de la provincia ¿Quién mejor que ellos que son los responsable del gobierno local? Esto no se produjo bajo el alegato de que no fueron invitados oficialmente. Vea que contradicción, la comitiva presidencial era la visita. Usted está en su casa y por tanto no era necesario que se le invitara. Además era una cuestión de fuerza mayor.

El Presidente de la República tiene la obligación de dar seguimiento a cualquier situación que afecte o altere el desenvolvimiento normal de las actividades en cualquier parte del país. Puede ser un huracán, un terremoto, una riada, una "arroyada", una catástrofe aérea o marítima. El objetivo del viaje debe ser, constatar en el terreno la situación del lugar y la magnitud del daño causado para establecer con las autoridades locales y provinciales las coordinaciones que viabilicen la mitigación de los daños y se inicie, lo antes posible el plan de contingencia, reparación y reconstrucción.

En San José de Ocoa no sucedió así y se perdió la oportunidad de dejar en poder del Señor Presidente un informe detallado de los daños y las posibles líneas de abordaje de los problemas que agobiana a los habitantes del Maniel. Utilizando excusas politiqueras y mezquinas no se construyen consensos ni se crea la confianza necesaria para sentirse representados por autoridades, conscientes de su responsabilidad frente a eventos de este tipo.

Una vez más, igual que cuando la tormenta Noel en el 2007, los caprichos y los recelos políticos y la politización de la situación se impusieron al interés general. En estos casos no basta con repartir unas cuantas raciones de comida o baratijas alucinantes, es necesario enfrentar la situación con el rigor, la responsabilidad y seriedad que las circunstancias exigen. Para lograrlo no se conoce otra fórmula que no sea la planificación y la coordinación entre todas las fuerzas de la comunidad lideradas por sus autoridades.

Decir que corresponde a tal o cual fuerza política enfrentar una situación es sacar el cuerpo al problema. Alimentar e incentivar el morbo politiquero no contribuye a resolver el problema, por el contrario, lo agrava. Genera nuevos conflictos y profundiza viejas rencillas cuando el momento exige unidad, concertación, diálogo y compromiso. Contrarrestar la tendencia a politizar situaciones de calamidad pública y ese sentimiento de indefensión, que alimentado por núcleos opositores a las autoridades es un imperativo que reta al liderazgo en estos casos.

Las autoridades locales tienen la obligación de levantar la información relevante y de convocar a la población para establecer los planes de acción. Se impone la necesidad de generar en la provincia las informaciones que sirvan a las autoridades nacionales para tomar las decisiones que correspondan en estos. Cada nivel de gobierno debe y está obligado a cumplir su parte.

La naturaleza no tiene víctimas preferidas o preferencias políticas ni distinción de clases social. Al dictador Trujillo le tocó lidiar con San Zenón en septiembre de 1930. A Balaguer con Flora e Inés, a Don Antonio Guzmán con el huracán David, a Leonel Fernández con George, Federico, Noel, Olga e Irene, y a los que vengan también le tocará su parte del pastel meterológico caribeño. Lo único seguro en estos casos es que habrá lluvias y vientos que causarán los daños que conocemos. Las autoridades tienen que prepararse para esas eventualidades como lo ha hecho Cuba y otros países.

La naturaleza tiene sus reglas y cuando se transgreden ella reclama rabiosamente que se repare el daño. La hemos maltratado, arruinando sus montañas, y ella nos cobra de la forma como lo hizo Irene. Es tiempo de coordinar para resistir los embates de la naturaleza. El liderazgo tiene que deponer las actitudes que generan conflictos innecesarios para avanzar en la construcción de la provincia que queremos y nos merecemos.

jueves, 11 de agosto de 2011

TRASPARENCIA ADMINISTRATIVA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

"La falta de disciplina es un mal mayor que la falta de cultura; ésta puede adquirirse más tarde, mientras que la barbarie no puede corregirse nunca". Emmanuel Kant.

La transparencia administrativa se ha constituido en uno de los ejes fundamentales la sociedad moderna. Se ha llegado a afirmar que estamos en la era de la transparencia. El caso no es para menos. La opacidad y el secretismo con que se habían manejado y se manejan muchos asuntos públicos chocaron de frente con los intereses colectivos.


La Ley General de Libre Acceso a la información constituye el instrumento fundamental para la transparencia de la administración pública. En ella se recogen los aspectos fundamentales para transparentar la gestión pública, da el protagonismo a la ciudadanía, convirtiendo al ciudadano en sujeto. La prerrogativa constitucional establecida en el artículo 49 de la Constitución de la República, respecto al libre acceso información tanto para los medios como para los periodistas hoy se colectivizado y ampliado.

El Estado tiene la obligación ofrecer las informaciones que generan o administran los entes administrativos que lo conforman. Al colocar en manos de la gente la posibilidad de acceder a las fuentes de información el Estado se autocompromete a cumplir con sus propias reglas. Desde a la normativa se asume la publicidad de los actos administrativos como norma general. Corresponde a la ciudadanía hacer uso del instrumental normativo, exigir su cumplimiento y asumir los compromisos que favorezcan la instauración de una cultura de transparencia basada en el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información.

La información se convierte en el insumo fundamental para cualquier sociedad, especialmente en aquellas que como la dominicana, apuestan a la institucionalización y ampliación de los espacios de participación ciudadana en la gestión pública del Siglo XXI. Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, (Ley 200-04) fue aprobada a unanimidad el 13 de julio de 2004, y promulgada el 28 de julio de 2004. Obliga al Estado dominicano a garantizar el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actas y expedientes de la administración pública.

Esta legislación constituye uno de los instrumentos más importantes para la transparencia de la administración pública, ya incluye, además del acceso a la información, la publicidad y socialización de los proyectos de reglamentos, disposiciones que afectan los intereses ciudadanos.

En la normativa se especifican las obligaciones del Estado de sus funcionarios y de quienes reciben fondos del erario a decir ¿Qué hacen? ¿Quién, cómo y con qué lo hacen? ¿Cuánto gastan? ¿Cómo se contrata? Además incluye el derecho ciudadano a conocer las informaciones que producen, gestionan y resguardan las instituciones públicas.

Este instrumento se convierte en un eficiente medio para enfrentar la cultura de a la opacidad y el secretismo administrativo en el sector público, promoviendo la transparencia, la probidad, el decoro y la diafanidad en el manejo de los asuntos públicos. La herramienta incide positivamente en el fortalecimiento de las relaciones entre gobernantes y gobernado, generando a confianza entre las partes.

A partir de aquí, se abren las posibilidades de que la democracia dominicana empiece a funcionar más allá de los procesos políticos electorales. Colocando en manos de la gente una herramienta que le permite acceder al insumo más preciado para el ejercicio de una ciudadanía responsable: la información.

Para hacerlo realidad se requiere el concurso de toda la sociedad para instituir la cultura de transparencia que se corresponda con los anhelos de la sociedad del Siglo XXI. Corresponde a los medios de Comunicación y a la sociedad civil organizada impulsar las acciones que obliguen a los gobernantes a cumplir con los postulados normativos.

El Rol de los Medios de Comunicación.

Los medios de comunicación ejercen gran influencia en la configuración de la opinión pública. Se constituyen en instituciones importantes para la defensa de los intereses público. Tienen el privilegio de proponer e inducir la agenda pública. Poseen la capacidad de procesar, producir, administrar y manipular la información, lo que sirve para la socialización de los temas básicos de la cotidianidad.

Los mass media, además de ser consumidores y difusores de información, pueden ser un aliados claves en la promoción, así como en la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía, incluidos el de solicitar, buscar, recibir y difundir información.

Tradicionalmente la normativa del país sólo amparaba a los medios y a los periodistas pero en la actualidad esta prerrogativa se ha colectivizado a toda la ciudadanía, ya que los medios se convierten muchas veces en escenarios de representación de lo social.

Se ha instituido el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, objetiva y debidamente documentada de los medios de comunicación y se insiste en que es un componente fundamental para el ejercicio pleno de los derechos y deberes de las personas para contribuir a la implantación de las políticas de transparencia y probidad, orientadas a la institucionalización de la administración pública.

Los medios son claves para en la lucha contra a la impunidad, a la corrupción y todos los flagelos que arrastra a la modernidad. Como forjadores de opinión pública, hacedores y reforzadores de cultura cívica, inciden en los procesos transformación las normativas en práctica cotidiana, demandando su aplicación y socializando su contenido.

El Rol de la Sociedad Civil.

Las organizaciones sociales en general y la ciudadanía en particular juegan un rol determinante en los procesos de implantación de la normativa de acceso a la información pública. Si la gente no demanda información la efectividad de las normativas queda trunca.

Son las organizaciones sociales quienes deben asumir, conjuntamente con la ciudadanía la exigencia del cumplimiento de las normativas vigentes. Auque la Ley 200-04 obliga al funcionario a publicar la información, si la misma no es requerida, se puede caer en el voluntarismo y esto no se corresponde con los requerimientos de una democracia funcional.

La participación ciudadana tiene una intención que surge de la misma ciudadanía, que busca una aproximación entre las diferentes instancias de gobierno pero para ello requiere información confiable y oportuna.

La ciudadanía tiene que asumir un rol protagónico e incorporar ese derecho al quehacer cotidiano. Así contribuye con la transparencia y al fortalecimiento de la administración pública, en cualquiera de sus niveles, (local, provincial, regional o nacional).

Los entornos señalados anteriormente deben encaminar acciones que rompan las tinieblas y la opacidad administrativa para dar paso a la luz de la publicidad y la institucionalidad que caracterizan la transparencia. La normativa disponible permite articular e impulsar iniciativas que bien orientada potenciarían la cultura de transparencia en la administración pública.

La cultura jurídica de la República Dominicana asimila los aspectos fundamentales de los procesos de reforma y modernización del Estado y los expresa en una amplia variedad de normativa, creando el ambiente propicio para iniciar procesos de mejoras institucionales que fortalezcan la democracia y garanticen la gobernabilidad.

Es necesario armonizar las políticas de transparencias del Estado para concentrar la acción preventiva en la lucha contra la impunidad. La impunidad, la falta de sanción social y moral incentivan la corrupción administrativa, debilitando por tanto las iniciativas destinadas a transparentar la administración pública. Esto compromete tanto a los actores políticos como a los sociales.

Con la creación de la normativa de Libre Acceso a la Información Pública se da un importante en a la lucha contra el secretismo y a la complicidad general. Se avanza en el interés de convertir en realidad el derecho a la información consagrado en la Carta Sustantiva de la nación, la normativa adjetiva y en los tratados internacionales.

A pesar del efusivo discurso y los esfuerzos desplegados por muchos actores se evidencian grandes baches en a la articulación y coordinación de las acciones que impiden el impacto de la normativa en la calidad de la inversión de fondos públicos o en la institucionalización de los procesos que sustenten un Sistema de Transparencia, articulado, cohesionado, eficiente y funcional. Las acciones encaminadas distan mucho de las aspiraciones colectivas.

Es un proceso que requiere tiempo y maduración. Es necesario que la ciudadanía asuma la parte que le corresponde como contrapeso político para aprovechar el potencial transformador de la administración pública y el saneamiento de la inversión pública. El derecho de libre acceso a la información es el instrumento básico para construir la anhelada cultura de transparencia en la sociedad de la información y el conocimiento.

En ese contexto, tanto los medios de comunicación como la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general, juegan un rol determinante el proceso de tranformación del formalismo democrático en un sistema funcional, útil y legítimo. Sin participación ciudadana, compromiso y control social es inviable cualquier sistema político, máxime en el país, donde aún permanecen remanentes de autoritarismo, centralismo, caudillismo, burocratismo y clientelismo. Estos males neutralizan e impiden el afianzamiento de la institucionalidad.

Contrarrestar la cultura de la opacidad y el secretismo es una tarea impostergable que requiere un pacto sociopolítico. Es necesario colocar en perspectiva y como aspiración suprema de la sociedad la instauración de una cultura ética y moral que sustenten solidamente los pilares de la transparencia y la institucionalidad. Para ello hay que aspirar a la profesionalización del funcionariado público y la transformación del liderazgo social y político del país. Una encomiable tarea que requiere el concurso de todas y todos, especialmente de quienes tienen poder de incidir en los demás.

Redoblar los esfuerzos y afinar las estrategia. Mejorar las alianzas y fortalecer los lazos de colaboración constituyen pasos necesarios para garantizar el Estado Social y Democrático de Derecho. No basta con el enunciado constitucional, es necesario pasar a la acción basado en el compromiso, el pluralismo y el respeto a las reglas morales, éticas y legales. Las tecnologías de la información y la comunicación facilitan la tarea y acercan a los actores.

martes, 12 de julio de 2011

LA EDUCACIÓN : UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL.

“Sólo creemos en una educación que haga del hombre un ser cada vez más consciente de su transitividad, críticamente, o cada vez más racional”. Paulo Freire.

La educación es un derecho humano fundamental y es responsabilidad del Estado crear las condiciones que sirvan de soporte tanto al desarrollo individual como colectivo de la población dominicana. No hay excusas para que el país presente las precariedades que se observan en el sistema educativo dominicano, salvo la irresponsabilidad y falta de compromiso que ha caracterizado a los actores que intervienen en el proceso.

Se sabe que para avanzar en cualquier área se requieren buenos planes, recursos, sacrificio, vocación, compromiso y una visión clara y precisa para lograr los objetivos. En el ámbito educativo esta es una condición indispensable para superación del estancamiento que se aprecia en la República Dominicana, a pesar de disponer con 3 modelos de financiamiento para la educación: la pública, la privada y la mixta. El costo no determina la calidad de la enseñanza si no existe una supervisión articulada y guiada por los organismos estatales creados para tales fines con la vigilancia y participación de los Consejos de Padres y Madres, así como con el involucramiento de los educando.

Otro aspecto vinculado a la cuestión es el que tiene que ver con los enfoques que imprimen a la educación partiendo de la orientación de los centros de enseñanzas. Así tenemos un enfoque religioso incluida las diversas denominaciones, uno empresarial y otro público per sé donde convergen varias líneas de influencia dependiendo de las capacidades de docentes y los niveles de tolerancia del centro educativo, entre otros factores. En teoría hay un solo Plan, pero en la práctica canta otro gallo. Esta es una realidad que asociada a las debilidades propias del subdesarrollo impiden el avance en uno de los objetivos claves de la sociedad.

La “Revolución de los Colores” ha llegado para exigir el cumplimiento de la Ley General de Educación que establece un 4% del Producto Interno Bruto. Diversos sectores coinciden en esta demanda, otros piensan que la cuestión es más grave y requiere una intervención profunda para analizar y corregir los males estructurales que hacen de la educación dominicana una de las más deficientes de la región latinoamericana.

Ciertamente hay problemas estructurales que exigen mayor inversión, pero no solamente eso. Hay que evaluar y rediseñar el modelo educativo a la luz de los desafíos que enfrenta la sociedad actual, caracterizado por el uso creciente de las tecnologías de la información y la comunicación y el afianzamiento de la institucionalidad democrática. La “canoa virtual” requiere otro tipo de remo, no la fuerza bruta. Puede ser un dispositivo que accione el brazo robótico que se activa por el teclado de un computador para navegar por la intrincada red de internet.

Las políticas educativas, sus lineamientos y sus ejes tienen que estar enfocados a la calidad y el rendimiento. La escuela no puede ser una fábrica de títulos debe ser un laboratorio de talento. El sector privado tiene que garantizar calidad, capacidad de mejora continua e innovación permanente. Al Estado le corresponde la coordinación del diseño e implantación, así como la regulación y supervisión de las políticas educativas.

Actualmente se está discutiendo el aumento de las matrículas en los colegios privados, ya que una vez más se repitió la misma receta de cada año: un aumento cuyo tope alcanza el 30%. Apareció la resistencia de las instituciones que agrupan a los usuarios de este servicio opuestos y dispuestos a enfrentarse al empresariado educativo. No se hizo esperar la acción de la Dirección General de Protección al Consumidor que anunció medidas drásticas contra quienes osen desafiar la autoridad del Estado. Esto forzó una negociación, luego de un fuerte debate en los medios de comunicación, obligando al Consejo Nacional de Educación a “parar” el aumento.

Lo cierto es que el aumento fue cobrado en la mayoría de los colegios y costará mucho revertirlo, si es que se logra. Las tarifas de los colegios privados, aunque están regulados por ley son aplicadas de forma antojadiza por los dueños de esos establecimientos, a pesar que muchos de éstos reciben subvenciones y otros beneficios del Estado. Además, de que una buena parte de ellos, desde hace varios años, aplican cobro del año escolar por adelantado, lo cual constituye un abuso a las familias.

Las autoridades han emplazado a los centros privados a que justifiquen los aumentos y seguramente encontrarán razones para hacerlo ante una acción tan tímida de la autoridad. Lo correcto y aconsejable es que se cumpla la Ley para evitar conflictos y malos entendidos. Ellos buscarán las justificaciones para asegurarse de que todo quede como está y los usuarios carguen con el aumento. Todos los años hay que pagar el aumento sin más justificación que el lucro abusivo de los mercaderes de la educación privada ante la impotencia de los padres frente a la violación flagrante de la Ley General de Educación y la Ley 86-00. No importa los beneficios que obtengan mediante exoneraciones, donaciones y construcciones, subvenciones y otros privilegios que se han abrogado.

El Estado tiene que garantizar el ambiente de negocios, creando la base jurídica necesaria, cuidando de no afectar los derechos fundamentales, especialmente los vinculados a la educación. Hay que exigirle calidad y compromisos a quienes se aprovechan de la debilidad reguladora del Estado para saciar su avaricia. Mejorar los servicios que ofrece el Estado es la salida para que el Estado-providencial asuma su rol en la democracia dominicana.

Hay servicios públicos que aunque sean ofrecidos por el sector privado tienen que garantizar el mínimo imprescindible en calidad y eficiencia. Quienes se acojan a esa oferta por la razón que sea deben encontrar en el Estado y sus instituciones un apoyo ante cualquier atropello o abuso. A esto se aspira en una sociedad donde el Estado impone su modus operandi en coordinación con los sectores empresariales.

Nuestro sistema educativo ha pasado por varias revisiones y se han realizado esfuerzos que no han llenado las expectativas de la población. Cabe mencionar los Planes Decenales implantados cuyos resultados distan mucho de los postulados democráticos propuestos por el gobierno. La política educativa tiene y debe ser integral, participativa, compartida y efectiva. Se debe orientar a la creación de capacidades en la ciudadanía que le permitan desenvolverse y desarrollarse en la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Para lograr lo antes planteado se requiere mayor inversión pero también mayor exigencia del gobierno, así como la unificación de las políticas educativas en torno a los objetivos definidos en la Constitución de la República, respecto a los fines del Estado y a las aspiraciones de la sociedad. Es necesarios que prestadores privados de servicios educativos, del nivel que sean, entiendan que su rol es complementario, opcional no primario y sus acciones se deben apegar de forma irrestricta a los lineamientos de políticas que apruebe el Consejo Nacional de Educación.

El Estado, por su parte, tiene que asegurar el cumplimiento de la supervisión y evaluación continua, así como de garantizar que en la parte del sistema que está bajo su responsabilidad prime el enfoque de calidad y eficiencia. Para lograrlo requerirá trabajar mancomunadamente con los gremios y grupos de interés que operan en el sistema, incluido en primer plano, el cuerpo docente. Urge la búsqueda de sintonía entre la calidad docente, la eficiencia gerencial y el producto del sistema educativo. Las deficiencias son evidentes y hasta vergonzosas en muchos casos.

¡Actuemos ahora! ¡Emprendamos el debate por la superación de las taras que neutralizan e impiden el avance de la educación dominicana! Como bien dijo José Martí: “La mejor forma de hacer revolución es por la educación”. Desde las reformas positivistas del insigne Eugenio María de Hostos hasta hoy, el clamor es el mismo: más y mejor educación para superar la pobreza y la marginación.

domingo, 19 de junio de 2011

SER DE IZQUIERDA HOY

“Y es que los revolucionarios seguimos haciendo la revolución aún después de muertos, cuando ya no tenemos voz para propagar las ideas revolucionarias, cuando ya no tenemos vida para empuñar el fusil, todavía nos quedan los huesos para que sirvan de banderas”. Amín Abel Hasbún
Dirigir el trabajo sociopolítico hacia objetivos globales, como el deterioro creciente del medio ambiente, la exclusión social, la discriminación racial, la explotación, la inseguridad en el empleo, el desempleo, deuda externa, la alienación, la pobreza generalizada; así como la falta de oportunidades de la juventud hacia una educación de calidad con equidad y forjadora de valores positivos son algunos de los retos a los que debe hacerle frente el nuevo liderazgo político y social de izquierda.


Es oportuno el replanteo de los paradigmas y postulados fundamentales que sustentan el ideal socialista y construir una propuesta alternativa creíble, flexible y razonable. Es necesario impulsar el debate de esas ideas transformadoras, integradoras, solidarias, propositiva, comprometidas, realistas, críticas, esperanzadoras, revolucionarias, ecológicas, populares, religiosas, concretas y sanas. Es el pensamiento socialista, en sus diferentes modos, el único que ha mantenido una actitud crítica frente a la indiferencia e irresponsabilidad de las clases dirigentes y los sectores de poder que controlan la política mundial.

Las razones que dieron origen al socialismo están hoy, más presente que nunca, el socialismo surge como un faro de luz en medio de la obscuridad y manipulación que produce el desarrollo capitalista, como una respuesta a la explotación, al neocolonialismo, a la esclavitud, al saqueo de las naciones débiles por las metrópolis, al privilegio del conocimiento, entre otras manifestaciones que ha caracterizado la lucha de clase a lo largo de la historia. Es oportuno pensar en una izquierda más activa, más comprensiva y consecuente con el pluralismo organizativo de la sociedad. Una izquierda que sea el reflejo genuino de la sociedad que representa.

Claro, ser socialista es un gran compromiso, ya que hay que ser la bandera de la dignidad que abarque a todos los sectores sociales con aspiraciones de trabajar por un mundo socio-ecologica y humanamente habitable, donde la tecnología y el desarrollo científico sirvan para superar las condiciones de pobreza en la que están sumidos miles de millones de seres humanos. Una sociedad responsable es posible, pero ésta sólo se consigue desde el socialismo, ya que el capitalismo, en sus distintas modalidades ha demostrada que su único interés es maximizar las ganancias a toda costa.

Según el Diccionario de Economía Política de Borísov, Zhamin y Makárova “el fin del socialismo es dar satisfacción a las crecientes necesidades materiales y culturales de toda la sociedad y de cada uno de sus miembros sobre la base de desarrollar de manera incesante y planificada la economía nacional, de incrementar ininterrumpidamente la productividad del trabajo social. 

El fin del socialismo es dar satisfacción a las crecientes necesidades materiales y culturales de toda la sociedad y de cada uno de sus miembros sobre la base de desarrollar de manera incesante y planificada la economía nacional, de acelerar los procesos productivos y la productividad del trabajo social. La economía socialista se apoya en la propiedad estatal y la planificación del desarrollo tomando en cuenta a la gente y sus necesidades”.

Se hace necesario que los socialistas, progresistas y revolucionarios tomemos conciencia de la importancia de los grupos sociales y organizaciones populares para articular una gran alianza y revertir los efectos de la globalización neoliberal, excluyente y disociadora. Revertir este cuadro requiere de la actuación inteligente, responsable, revolucionaria e innovadora de los hombres y mujeres que creen y confían en la izquierda revolucionaria para dirigir ese proceso de transformaciones.

Establecer esas alianzas es una de las tareas fundamentales en esta etapa del proceso. Fortalecer y apoyar las organizaciones sociales, gremiales y profesionales, creando escuelas de formación para los dirigentes y espacios de discusión; así como de orientación para las masas. Promover proyectos alternativos que den respuestas a las necesidades concretas de las comunidades. Motivar a la gente de las organizaciones políticas, sociales, comunitarias, ecológicas y culturales para que se postulen en cada uno de los procesos electorales para que desde esos espacios se pongan en práctica las ideas de desarrollo integral de las comunidades que promueve el socialismo.

Revalorizar el papel de los movimientos sociales y comprender que la conducción se gana, no se impone. Hay que adecuar, tanto la forma de dirigir como el lenguaje en el que se comunican los mensajes. Es necesario buscar nuevas maneras para conformar los frentes políticos, las organizaciones populares, ecológicas o políticas propiamente dichas, respetando a cada una, sus líneas de trabajo; así como su plataforma social, espacio y su experiencia de trabajo, tanto político, cultural, social, comunitario, Etc.

Ser de izquierda, es ante todo un compromiso ético y moral, es luchar para que todos y todas disfrutemos de una vida acorde con la dignidad, la justicia social, la equidad; así como también, velar permanentemente para que el producto de nuestros países sirva para satisfacer las necesidades básicas y que no termine en los bolsillos de los politiqueros o a las arcas transnacionales. Es tener el coraje de sacrificarse por los demás en todos los frentes y en cualquier circunstancia.

Ser de izquierda, es estar dispuesto a convertir las debilidades en fortalezas, trasformar el pesimismo en optimismo, es entender que las revoluciones no se hacen por decreto y que los cambios siempre tienen resistencia, más aún, cuando son buenos y profundos, se construyen con el trabajo continuo de los líderes y las organizaciones que se enfrentan diariamente con los problemas y carencias de los grupos que representan.

Ser de izquierda es también, enfrentar sin prejuicios la defensa del patrimonio nacional en todas sus manifestaciones: material, cultural, política y social. Es entender que las sociedades concretas no son colectividades en el aire donde todos los intereses coinciden. Hay que tener en cuenta que la sociedad está compuesta por intereses contradictorios, por lo que los líderes deben entender esa realidad y actuar en consonancia con ella.

Es entender que la democracia no es el instrumento perverso que nos ha enseñado camarilla corrupta que gobierna a muchos de nuestros países, sino que debe ser transformada para que se convierta en una sombrilla que nos cubra a todos por igual y esa lucha por la democracia social, política, cultural y económica es inseparable de la lucha por el Socialismo renovado y progresista. Es pensar que el trabajo de las organizaciones políticas hacia afuera, pensar en el consenso y la concertación con la mayoría de los grupos que impulsan, trabajan y luchan por una sociedad mejor.

Ser de izquierda implica asumir un enfoque crítico reflexivo para abordar la realidad y desarrollar en la gente las capacidades que le permitan participar en la toma de decisiones sobre asuntos que trascienden lo meramente político. Se impone trabajar para transformar el formalismo democrático electoralistas en democracia funcional socialista. Ese es el reto. Innovar y crear formas eficientes de participación política que superen la partidocracia marrullera que controla los hilos del poder y domina el discurso dominante.

La crisis que ha afectado a la izquierda latinoamericana a raíz del debilitamiento del socialismo soviético en Europa del Este y de los sandinistas en Nicaragua, manifestada no solo en el orden programático y orgánico sino también teórico, despertó cierto escepticismo en muchos de los dirigentes de la izquierda. Esos acontecimientos y sus efectos no significan bajo ninguna circunstancia un triunfo del Capitalismo, todo lo contrario, el Capitalismo imperial es el responsable de la situación que hoy padecemos y que tiende agravarse con el paso del tiempo.

Es por esa razón que le preocupa tanto el despertar de un Socialismo renovado y con nuevos bríos, ya con la experiencia vivida y la conciencia de las grandes mayorías que han visto perecer sus sueños en la demagogia del Capitalismo Salvaje. El Siglo XXI es el siglo del progreso sociocultural, político y económico, es el tiempo de la izquierda pluralista y revolucionaria. Es la hora de potenciar la energía acumulada, la rebeldía de las masas engañadas en cada una de las elecciones, es el momento de combinar la democracia política, con la social, con la económica y cultural.

Ha llegado el momento de pensar que es posible otro mundo, donde la justicia social sea la regla y no la excepción, no es tiempo de lamentarse de los errores del pasado, es el momento de aprovechar ese pasado y sobre el esfuerzo y sacrificio de los compañeros y compañeras que han caído defendiendo el socialismo y las luchas populares para construir el mundo que queremos y que nos merecemos.

Negar ese pasado es, en cambio, hacerse cómplice de aquellos que empeñados en borrar la memoria histórica de los pueblos, quieren también, eliminar de la historia los grandes aportes y proezas realizadas por las fuerzas progresistas y revolucionarias de izquierda apoyadas en los movimientos populares. Esa rica experiencia, es el insumo básico con la cual se elaborará la propuesta revolucionaria que nos permitirá avanzar hacia el desarrollo equitativo para superar la pobreza en sus distintas formas.

¡La suerte está echada! 
¡El cambio es urgente! 
¡Cambiemos yáaaaaa!

martes, 10 de mayo de 2011

LA DEMAGOGIA PERVIERTE EL DISCURSO POLÍTICO

"El lenguaje de la verdad debe ser simple y sin artificios". Lucio Anneo Séneca.
La fuerza de la comunicación política reside en el contenido del mensaje, no en la forma. El signo y los símbolos ayudan a fortalecer el proceso comunicativo pero hay que adornarlo con el dato duro, dotándolo de racionalidad, veracidad, y actualidad. Ya se ha dicho con sobrada razón que la verdad es revolucionaria y como tal es un componente fundamental en el discurso político.

La demagogia no es útil ni siquiera en la propaganda política, por tanto desterrarla es una tarea ética impostergable, ya que ella contraviene la verdad y la falta de veracidad pervierte la práctica política y la política misma. Elegir un buen discurso requiere, entonces, además de la legitimidad sociopolítica del emisor, prescindir de la perniciosa práctica demagógica para dotar de fuerza y realismos la comunicación política, aprovechando la variedad de recursos que ofrecen las tecnologías de la información.

El problema de fondo es el fracaso del sistema y de la clase política dominicana que se ha quedado estancada y atrapada en el pasado conchoprimista. No han evolucionado y el atraso político que exhiben se expresa claramente en la retórica discursiva de los candidatos de todas las corrientes, grupos y tendencias políticas.

Los temas y contenidos giran en torno a las mismas cuestiones que han sido recurrentes a lo largo de los casi 200 años de vida republicana: lucha contra la pobreza, desigualdad, corrupción, mejores servicios, libertad, institucionalidad, transparencia, Etc. No hay innovación. En esencia todos prometen lo mismo y peor aún, utilizan el mismo repertorio lingüístico. La creatividad discursiva brilla por su ausencia o son intencionalmente, muy confusas.

Para que sirva de ejemplo les invito a releer la obra de Federico García Godoy, escrita en el preludio de la ocupación militar 1916, titulada “El Derrumbe”, o sí se quiere los escritos sociológicos de Pedro Francisco Bonó y más luego para seguir en la misma línea lectura “Las Cartas a Evelina de Francisco Moscoso Puello. Ellos y otros tantos, han descrito con magistral puntualidad las carencias, deformaciones y debilidades de la estructura político administrativa y señalado la incapacidad de los dirigentes que han desfilado por la dirección del Estado desde la proclamación de la Independencia Nacional en 1844, incluyendo el desencuentro entre la retórica discursiva y la práctica política.

Tanto recurren al mesianismo salvístico para esbozar sus intenciones como al determinismo político para justificar su participación en los certámenes electorales. Agregan a su arsenal discursivo una elevada dosis de subrrealismo mágico como si la historia se pudiera borrar de un plumazo. Renovados en sus andanzas y refinando constantemente sus pretensiones eternizantes olvidan los desaciertos cometidos a su paso por la dirección de la cosa pública.

Esos dirigentes políticos, o más bien politiqueros pretenden dar un “delete” a la memoria colectiva, borrando de un tirón los desmanes cometidos. En su afán manipulador olvidan hasta sus tímidos aciertos. Vuelven a discursear con la misma verborrea de siempre, con la misma saña y con la misma intención. Apoderarse del poder para repetir sus yerros e indelicadezas, engrosando su patrimonio las llenando las arcas de sus allegados y familiares.

Una dirigencia deslegitimada por la práctica política no merece la confianza ni el voto popular y mucho menos respeto de la sociedad. Se recurre frecuentemente al viejo vicio del reciclaje político alimentado por el atraso y el analfabetismo político, la manipulación, impulsado y promovido por la desinformación de los sectores oligárquicos que trazan las pautas e imponen las agenda, ya sea a través de los medios de comunicación o de los grupos de intereses que conforman los poderes fácticos.

Poderes fácticos, partidos y políticos. Olvidan que el pueblo es sabio y afina constantemente la puntería, asumiendo posiciones cada vez con mayor compromiso y racionalidad sobre el quehacer político. Cierto es que la noche, el sueño y la espera han se han sido prolongados, costosas e inquietantes pero no está lejos el despertar de las masas vilipendiadas. Asumir la demagogia como fundamento del discurso político pensando que con ello se está contribuyendo al desarrollo político institucional o al fortalecimiento de la cultura política, cívica o patriótica, es un error de novatos e incipientes. Hoy en la sociedad de la información y el conocimiento se hace difícil la manipulación y el engaño.

Hoy se habla de ciberpolítica y de ciberdemocracia. La llamada democracia digital o 2.0 es una realidad que se afianza. Se han desparramado las puertas de la información, diversificado los medios y las fuentes informativas obligando al liderazgo político a mejorar su relación con los electores y afinar sus métodos comunicativos, así como los recursos discursivos. De ahí que como afirma periodista Jorge Aguilera que “el líder 2.0, está a la misma distancia que del computador, el elector 2.0 castiga con vehemencia la deshonestidad, las caretas y apoya al líder auténtico, el elector 2.0 quiere ser tenido en cuenta. El líder 2.0 es participativo, analítico y auténtico”.

En este escenario la demagogia y discurso vacío no tiene cabida. La comunicación tiene que ser directa, clara y concisa, lo mas realista, veraz y objetiva posible. El dato hoy tiene mayor importancia que nunca. Por tanto quien fabula hoy se arriesga a ser desmentido al instante por cualquier ciudadano aprovechando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Los grandes medios de comunicación pierden paulatinamente el monopolio informativo y con ello la capacidad de manipulación.

La blogomanía hace aguas las pretensiones de quienes se habían abrogado el derecho de informar, opinar e incidir en la conformación de las opiniones publicas. Esto obliga a políticos, asesores y hacedores de opinión a pensar mejor los contenidos de sus discursos para no continuar con el penoso ridículo de repetir, repetir, errar, errar, con el claro interés de confundir al colectivo electoral. Así se irá poniendo frenos a la demagogia polítiquera que ha pervertido la práctica política y debilitado en grado extremo la cultura cívica en la sociedad dominicana.

Prácticas demagógicas, manipulaciones impenitentes, desinformación recurrente e irresponsabilidad ciudadana han sido parte del caldo de cultivo para el sostenimiento del deteriorado sistema político que hoy padecemos. De poco han servido las honrosas y escasa excepciones de compromiso, honestidad y probidad política que hemos tenido pero la llama de su ejemplo permanece encendida para iluminar los pasos y las mentes de quienes aspiramos a vivir en una sociedad donde la justicia social sea la norma y no la excepción.

Resulta penoso y hasta bochornoso que en pleno Siglo XXI tengamos que asistir a tan desagradable espectáculo político con un discurso político, que además de demagógico caracterizado la descalificación del contrario por diatribas, acusaciones y contraacusaciones, infundadas o no, que generan y refuerzan el pesimismo, el desaliento y la fe en el porvenir. Este cuadro incide negativamente en la conformación de una cultura ciudadana que valore lo bueno y rechace lo malo, pervertido e indecoroso. Superarlo requiere una acción patriótica, ética, así como un compromiso con el presente para fortalecer los pilares de un futuro promisorio.

El desafío es superar ese discurso deslegitimado por el accionar de sus emisores y sustituirlo por la racionalidad y la veracidad, contraponiendo la honestidad y objetividad a la demagogia discursiva. Así se genera confianza y credibilidad. Se gana legitimidad y se fortalecen los cimientos de la institucionalidad democrática. No sólo se legitimando el liderazgo políticos y social si no también que se refuerzan los valores cívicos y los principios éticos, ya que todos tienen responsabilidad en el atraso del sistema político y las instituciones político-electorales de la República Dominicana.

lunes, 2 de mayo de 2011

PLANTEA REORIENTAR LA ENZEÑANZA SUPERIOR

“El profesor que no goza la clase, es un mal profesor y el servidor público que no disfruta lo que hace es una mal servidor público”.

El Dr. Juan Camilo Salas dijo que no hay correspondencia entre la el conocimiento de la ética y la práctica ética, estableciendo que esta situación genera distorsiones en la sociedad que la familia, la escuela y la academia tienen que enfrentar para que las personas, el Estado y las instituciones funciones, en base a principios y valores éticos, priorizando el desarrollo integral de las personas, promoviendo y socializando principios y valores éticos, tanto en los ámbitos académicos como en los espacios familiares.

El catedrático dictó una conferencia titulada “La Ética en el Ámbito Académico” como parte de los esfuerzos que se realizan en el país para reforzar y promover los valores cívicos, patrióticos, éticos y morales, aprovechando las oportunidades que ofrecen los centros de educación superior.

El Dr. Salas es especialista en Ética y Bioética con amplia experiencia en la docencia. Se encuentra participando en las actividades conmemoración del Día Nacional de la Ética Ciudadana que se celebra el 29 de abril de cada año. La fecha recuerda el ascenso a la presidencia de la República de Francisco Ulises Espaillat en 1876, considerado un referente de honestidad, probidad y decoro en la República Dominicana.

Dijo que la cuestión de la ética es un asunto difícil de abordar ya que en sierra una gran paradoja, una paradoja complejísima ¿Cuál es esa paradoja? Que todos estamos de acuerdo en que la ética es necesaria, que es útil, que es buena, pero a la hora de la verdad constatamos un hecho gravísimo y es que la ética no tiene los resultados que quisiéramos que ella obtuviera. Es decir, que todos hacemos esfuerzos por promover la ética pero a la hora de la hora no existe una equivalencia entre los esfuerzos por promover la ética y los resultados que dichos esfuerzos consiguen.

Destacó que el problema fundamental cuando se habla ética a nivel académico, y conversamos con colegas de la academia, es un hecho: la eficacia de los valores, los principios y los criterios de inspiración ética, es decir como hacer que la ética logre incidir en la conducta de las personas. Las normas están allí, los principios, están allí, los criterios de acción están allí pero una cosa es saberlos intelectualmente y otra ponerlos en ejecución, (Anécdota del robo bancario).

Señaló que el problema fundamental de la ética a nivel académico es dilucidar esa ruptura que hay entre el conocimiento de la ética y la acción ética, en otras palabras, cómo hacer que la ética funcione, de ahí la responsabilidad de los centros educativos en la formación en valores y principios éticos de los cuadros que deben dirigir la sociedad.

“Lo primeros que debemos saber es ¿de dónde sale la ética y con qué autoridad emerge? ¿Quién hace que en determinado momento surja un saber que se llama ética, que se proponga como posibilidad de comportamiento? Y diríamos, si lo pensamos en términos similares, que la ética sale de las experiencias históricas concretas de la humanidad en relación a ciertos valores, es decir, cuando una persona empieza a vivir, como todos los seres humanos comenzamos a vivir, ¿qué le pasa a un ser humano cuando empieza a vivir? Si es atento, si reflexiona como llevar la vida le sucede que va aprendiendo de sus aciertos y de sus equivocaciones, eso es lo más sensato”.

Recordó que en todas las grandes tradiciones hay un gran respeto por la vejez, en la cultura occidental desafortunadamente no es así, pero la cultura tradicional respetan al viejo por que ha aprendido a vivir y ha acumulado una sabiduría, y ¿qué es la sabiduría? haber sacado enseñanzas de sus aciertos y de sus errores. Esa misma experiencia que se da a nivel individual es la experiencia que se da a nivel de la humanidad. La humanidad se ido dando cuenta cómo le va cuando vive de acuerdo a ciertos valores, que experiencias obtiene de allí y cómo le va cuando vive de acuerdo a otros valores.

Camilo Salas dijo que en algún momento de la historia, la humanidad se da cuenta de que si se vive de acuerdo a unos valores como la justicia, la solidaridad, el compromiso, el perdón, la honestidad y la honradez tiene una experiencia de felicidad, estabilidad, satisfacción, de gratificación, de alegría y regocijo. Pero cuando se vive de acuerdo a otros valores.

Advirtió que hay una desconfiguración de la familia como espacio ideal para la transmisión de valores pero el tiempo y los espacios para compartir entre padre e hijos se ha reducido y esto afecta la transmisión de principios y valores de una generación a otra. Esa función queda en manos de las instituciones educativas que están orientadas al mercado, a la productividad, hacia la competitividad y hacia el éxito personal.

El conferencista expresó que como la productividad el éxito personal y la competitividad tienen poco que ver con la ética, entonces tenemos falta de ética en las profesiones. Citó el caso de los escándalos de corrupción de en empresas privadas de renombre internacional cuyos directivos eran muy bien formados en excelentes universidades, dotados de competencia técnica pero carecían de competencia ética.

“Nos enfrentamos a un grave problema y es que cuando la educación universitaria se orienta a la competitividad, la productividad y el éxito personal por fuera de un marco normativo y ético hemos desnaturalizado la esencia de la universidad, por tanto se impone la necesidad de reorientar la educación superior hacia un horizonte de desarrollo humano integral”, destacó.

Criticó la mercantilización de la educación y defendió el rol de las universidades y los académicos, insistiendo en que estas deben dotar sus los egresados no solo del título, sino de los principios y valores éticos que les permitan dar solución a los problemas sociales de la sociedad actual.

Indicó que a pesar de la cantidad de egresados de las universidades latinoamericanas los problemas sociales siguen sin resolverse. Tampoco se observa una mejoría en las condiciones de vidas de la gente y del Estado de derecho. No hay relación proporcional entre la calidad de los profesionales y la cantidad de soluciones. “Nos estamos llenando de profesionales, de magíster de doctores y los problemas sociales siguen intocables”.

Llamó a rescatar los espacios familiares para socializar los buenos valores que les permitan aprender a vivir para contrarrestar el impacto de los valores negativos. Combatir el afán de la vida fácil, del consumismo que promueve el mercado a través de los medios de comunicación. Hay que pensar en una educación que enseñe a vivir a la ciudadanía y ahí está el gran reto de de las universidades.

“Hay que hacer que la ética funcione en los ámbitos académicos y para ello es necesario pensar en una reorientación hacia el desarrollo humano, reforzando desde los primeros años los valores que le permitan al ser humano vivir en armonía con lo bueno. Dotar al ser humano del paquete de conocimiento que combinen Hardware y Software para lograr un complemento en la enseñanza académica, reforzando las dimensiones de lo humano, o sea de los polos de crecimiento del ser humano”.

“Necesitamos muchos maestros, gentes hábiles que no sólo tengan conocimientos sino también que los enseñe sabiamente. La gente vale por sus cualidades humanas no por los títulos que le avalan y es en este terreno donde florece el desarrollo humano, es decir ampliar las capacidades del ser humano. El desarrollo humano es fundamento de la eficacia del conocimiento. Una secretaria que toca guitarra elabora mejores cartas, un ingeniero que lee sistemáticamente a Neruda y un abogado que practica yoga hace mejores memoriales”.

Alertó sobre los efectos que causa la mediocridad, el egoísmo, el individualismo y otros vicios de la convivencia humana e invitó a cultivar la solidaridad, la honestidad y la justicia ya que cuando se actúa acorde con esto valores se recibe gratitud, satisfacción y felicidad. “El profesor que no goza la clase, es un mal profesor y el servidor público que no disfruta lo que hace es una mal servidor público”, dijo.

Camilo Salas es Abogado, Especialista en Bioética, Profesional y Magíster en Teología, Doctor en Derecho, Especialista, Magíster y candidato a Doctor en Filosofía. Se ha desempeñado como consultor del BID, de la Unión Europea y de la UNESCO. Ha desarrollado actividades académicas y de consultoría en México, Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, España Argentina. En el sector bancario se ha desempeñado como consultor y capacitador de varias entidades bancarias en Panamá, y como docente del Instituto Bancario Internacional IBI.

El experto vino invitado por la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, que dirige el Dr. Marino Vinicio Castillo Rodríguez. Participó en varias actividades orientadas a promover los valores y principios éticos en la sociedad dominicana. Las actividades se desarrollaron tanto en el Distrito Nacional como en Santiago de los Caballeros. En ambos escenarios participaron funcionarios públicos, académicos y estudiantes

miércoles, 5 de enero de 2011

TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

"Saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías". Confucio.
El 2011 ha sido declarado como el “Año Nacional por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional”. Sus considerandos establecen las justificaciones que fundamentan la decisión del Poder Ejecutivo, partiendo del marco normativo. Se ponen los énfasis en los principios contemplados en la Constitución de la República para orientar la conducción de la administración pública.

El decreto presidencial 728-10 establece que “en el año 2011 todas las instituciones del Estado deben hacer un esfuerzo para que su gestión sea lo más transparente posible, como forma de que el pueblo dominicano conozca de las actividades que éstas desarrollan, y que de igual modo fortalezcan las instituciones democráticas”. Ojalá que este mandato sea asumido con el rigor que ameritan las circunstancias actuales.

Esa debe ser la orientación no sólo para el gobierno sino para toda la sociedad. Los líderes y dirigentes no son extraterrestres nacen y se desarrollan en el seno de la sociedad. Es importante, que aunque oficial como es la disposición, sirva de base a la necesario debate que debe darse sobre el futuro inmediato de la institucionalidad democrática en la República Dominicana.

Sin instituciones funcionales no hay transparencia y sin ésta se pierde la confianza, la legitimidad y la autoridad. El reto es transformar el formalismo democrático para fortalecer la institucionalidad, reforzando los principios éticos y los valores morales para plantar sobre ellos el edificio de la transparencia.

La denominación del año que se inicia sirve para profundizar en la reflexión sobre los efectos perversos que tiene la corrupción alimentada por la impunidad y la falta de transparencia. Se impone la formación y la educación en valores como norte del proceso de transformación cultural. Se requiere una revolución en la mentalidad de la gente, sobre todo de quienes están llamados a servir de guías en el largo camino hacia la institucionalización de democracia.

El Decreto 728-10 puede y debe servir para apoyar los procesos encaminados al establecimiento de una cultura de transparencia en la administración pública, fundamentada en profesionalización e institucionalización de la función pública, respetando siempre el régimen ético y disciplinario del servidor público. Sobre esos pilares se establecería el compromiso que haga viable el Estado Social y Democrático de Derecho, al crear las condiciones para el desarrollo de la democracia funcional, razonada y deliberativa.

Dicho mandato puede constituir el referente para que durante el presente año, se establezcan los mecanismos que hagan más funcionales los sistemas de control administrativo. Que el liderazgo político y el administrativo trabajen por la superación de los males que impiden el desarrollo institucional y el afianzamiento de cultura de transparencia.

Esta disposición presidencia constituye un empuje a las acciones que se ejecutan en el ámbito de la reforma y modernización del Estado. Sirve de marco referencial a los esfuerzos de las instituciones responsables de orientar e impulsar las políticas de transparencia para avanzar en las agendas de promoción, sensibilización, socialización, formación y capacitación de la normativa que la sustenta.

A la sociedad civil y a los medios de comunicación les corresponde trabajar para que se mantenga activo el reclamo por la transparencia y la exigencia de mejorar la institucionalidad. Unos y otros tienen el deber de servir de agentes forjadores de consensos para que prevalezca la transparencia por encima de las intenciones y caprichos de lideres y dirigentes políticos, sociales, religiosos, empresariales.

De igual forma a los activistas y animadores sociales les sirve para reforzar sus propuestas y fundamentar las acciones de formación que orientan en sus espacios respectivos. El sentido reclamo por mayor transparencia es compartido por todos los actores de la sociedad y hay conciencia de la necesidad de trabajar para logarla. Abarca tanto al sector público como al sector privado.

Esta normativa puede servir para muchas cosas o para muy pocas, todo depende del grado de compromiso de los responsables de garantizar el respeto a la ley y de apegarse a sus postulados. El texto constitucional recoge en su articulado una serie de categorías que pueden servir para avanzar en ese propósito, el resto depende de las prácticas cotidianas del funcionariado público y del liderazgo social.

Largo sería el listado, si decidiéramos enumerar las acciones que se pueden encaminar para hacer productivo el año que recién inicia pero con lo planteado es suficiente. Solo recordar que el tema ha estado siempre en la agenda nacional y de algún modo se ha trabajado en la búsqueda de soluciones, tanto en el fortalecimiento institucional como en el tema de transparencia.

Pasar de la palabra a los hechos sería lo ideal, pero esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. En la batalla por la transparencia hay que emplearse a fondo. Tanto gobernantes como gobernados tenemos la responsabilidad de trabajar para mejorar la institucionalidad para que ésta sirva de soporte y fundamento a la transparencia administrativa.

De manera que la situación no se resuelve por decreto y con leyes, solamente. Estos instrumentos ayudan, alivian pero no resuelven la problemática. Se requiere, entonces un cambio profundo de la mentalidad individual que transforme la conducta colectiva. Esto pasa por la búsqueda de formas distintas de reracionamiento. Formas y maneras de pensar, actuar y proceder que no se basen en el lucro y el clientelismo. Prácticas de convivencia ancladas en el buen vivir, no en el vivir bien.

Visto así, el Decreto en cuestión, es un apoyo positivo en la construcción de referentes que generen confianza y consensos beneficiosos para el gobierno y la sociedad. Aprovechar la oportunidad que éste ofrece es tarea de todos y todas los que de algún modo soñamos y creemos en un mundo donde la justicia social sea la norma y no la excepción.

Empujar los límites la opacidad e instaurar la cultura de transparencia es una tarea impostergable para la sociedad dominicana. De ahí la pertinencia de la declaración del 2011 como el Año Nacional por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional”. Es propicia la ocasión para renovar el compromiso para concretar las aspiraciones de quienes luchan y reclaman mayor pulcritud en las actuaciones de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente de aquellos responsables de conducir los destinos nacionales.

3 de enero de 2011.

sábado, 1 de enero de 2011

CAMBIAR PARA TRANSFORMAR.

“La falta de sanción social, la miseria moral y la pobreza de espíritu traba la justicia, obscurece el porvenir y malogra la esperanza”. FDC/ 2011.

Una persona marrullera, cínica, avara, ruin, falaz, engreída, fabulador, traicionero, pervertida, irrespetuosa, irresponsable, vil, cobarde, cruel, perezosa y pérfida es tan dañina como la víbora más venenosa. Alguien con estas características es un peligro inminente en cualquier sociedad. Es un miserable, un pobre de espíritu e insolvente moral y socialmente.

Un mal ejemplo, que de no ser controlado a tiempo, contagiará con su nauseabundo comportamiento aquellos, que débiles de espíritu es atraído al territorio de estos personeros. Es una mala hierba cuya raíz hay que extirpar para evitar su propagación.

Individuos con esos “atributos patógenos” requieren un tratamiento especial en la sociedad. Tienen que someterse a un proceso de humanización que no se resuelve con un ruego al Santísimo, un resguardo o una unción. Es una persona enferma que no conoce la dignidad y el decoro, carece de sentido del deber, ignora el respeto a los demás. La tolerancia es un bicho extraño en su catálogo.

Es alguien a quien hay que neutralizar, ya por las buenas, ya por las malas. O se somete a los principios básicos de convivencia o se someterá al rigor de la justicia y la ley. La sanción para los forajidos tiene que ser ejemplarizadora para mandar un mensaje claro que desaliente a quienes pretendan imponer sus miserias como norma.

Se sabe que las sociedades están llenas de estos especímenes. Que se enquistan en cualquier espacio donde la vigilancia social, moral y legal es débil, complaciente o no existe. Las sociedades van creando su propio sistema de filtros institucionales pero de vez en cuando hay que limpiarlos para que funcionen adecuadamente.

Prevenir a los pueblos de los riesgos que implican el afianzamiento de prácticas societales pervertidas es un deber de los hombres de bien. Es oportuno aclarar que estos desheredados de la virtud están descalificados para ejercer cualquier función directiva, ya sea en el sector público o el sector privado. Es que ciertamente son un peligro del que hay cuidarse siempre.

Un forma de neutralizar el veneno que desprenden esos seres que aunque humanos no han superado el salvajismo es fortaleciendo los principios éticos y valores morales que sustentan el buen vivir. El activismo social debe orientarse a la construcción de una sociedad de bien donde la justicia sea la norma y no la excepción. La animación social contribuye a desalentar las malas prácticas en la convivencia de los pueblos.

Ojalá que reforcemos nuestras estrategias para cerrar las puertas apadrinan y patrocinan y defiende normas de convivencia amparadas en el lucro a cualquier precio, en la ignorancia, en el miedo o el terror que imprimen con sus actos bochornosos, e indeseables.

Hay que reformar la conciencia para transformar la sociedad del Siglo XXI. Hay que luchar contra las lacras heredadas del pasado para construir espacios de convivencia sana, democráticos, pluralistas, democráticos, seguros y confiables. Es tiempo de actuar no de contemplar. Accionar los resortes de la indiferencia para saltar sobre las barreras del individualismo, del pesimismo y la y la ignorancia.

La miseria humana da para mucho pero la voluntad férrea y decida de la gente de bien ha sido y es capaz de derrotarla, incluso antes de que clave sus garras venenosas en cuerpo social. Los vicios, los avaros y marrulleros acechan pero el muro de contención conformado por la dignidad y el decoro le dificulta su caprichosa tarea.

Reorientar el rumbo se impone como un imperativo para llegar a puerto seguro. Decir haciendo, educar con el ejemplo, destacar y premiar las acciones dignas de imitar. Retribuir a quienes se mantienen firme en la búsqueda de la felicidad general y la justicia social es una loable acción.

Reinvidicar los referentes morales de la dominicanidad y trabajar sin descanso por útil, sano y provechoso es parte de los desafíos que encaran la sociedades actuales. Para sacar buenas calificaciones se requiere más y mejor educación, formación, compromiso, vocación y trabajo. Cerrarles el paso al mal a cualquier precio.

Dar la cara, poner el hombro, tomarse de la mano y unir las fuerzas sanas y progresistas es el antídoto contra la desgracia. Salir del anonimato y asumir el rol que le corresponde, participar en los espacio de tomas de decisiones, postularse a los cargos electivos, asumir responsabilidades y luchar por el bienestar colectivo es la ruta del progreso y la prosperidad.