martes, 4 de octubre de 2016

LA UASD NECESITA DEFENSORES, NO DETRACTORES.

"El hombre es creación histórica, expresión de las relaciones entre la voluntad humana situada en la superestructura de una formación económico-social y la estructura económica de una sociedad. La escuela o, más genéricamente, la educación desempeña una función muy importante en esas relaciones al asegurar la transmisión del acervo cultural de una a otra generación ".Antonio Gramsci.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo es el espacio de incubación y cultivo de los talentos que surgen de las entrañas del pueblo, y de aquellos que atraídos por la mística académica usadidana deciden alimentarse de la Madre Nutricia en la Primada de América. Unos y otros encuentran en ella, la orientación, el amor y la formación que se requiere para adquirir un conocimiento aplicable a cualquier circunstancia y escenario.

La UASD es un patrimonio del pueblo dominicano. Un activo solidario, productivo, equitativo y útil a la sociedad. Es un espacio para ejercitar los saberes bajo la égida de los fundamentos de las ciencias para transformarlos en aprendizajes y enfoques críticos-reflexivos. Oportunidad y esperanza para los excluidos y marginados, porque encuentran en sus aulas los insumos que le permiten ejercitar y desarrollar las capacidades humanas, técnicas y científicas.

La Casa de Altos estudios es un puente seguro hacia el ascenso social. Una vez se adquiere una profesión o una especialidad se abren puertas y posibilidades para los hijos e hijas de agricultores, obreros, amas de casas, desempleados, madres solteras, militares, policías, guachimanes, lavanderas, billeteros, docentes, estudiantes, pescadores, pregoneros, ganaderos, chiriperos, colmaderos, coqueros, jornaleros, mecánicos, moto conchos, Etc.

También empresarios y profesionales de todas las áreas encuentran en la UASD un espacio para impulsar a sus vástagos hacia el porvenir. Estamos hablando de un lugar donde por derecho y obligación constitucional el gobierno debe enfocar su apoyo como forma de cumplir con la obligación constitucional de garantizar una educación pública de calidad. Eso culmina con la educación superior y la UASD es el espacio ideal para lograrlo.

“Se establece como principio en el financiamiento de la educación superior, la ciencia y la tecnología la participación del Estado y del sector privado. El Estado Dominicano tendrá la responsabilidad de financiar la educación superior pública y de contribuir al financiamiento de la privada. Además, de mejorar, flexibilizar y transformar la gestión de las instituciones de educación superior, la ciencia y la tecnología del país, mediante la adopción de políticas de financiamiento apropiadas que garanticen el acceso, la equidad y solidaridad en la distribución de los beneficios del Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología”. (Art. 90. Ley 139-01).

Se sabe que el Estado dominicano es un Estado Social Democrático y de Derecho, según establece la Constitución de la República. Eso implica que su fin es impulsar el desarrollo integral del pueblo dominicano. De ahí, que el apoyo a la educación y los esfuerzos por mejorarla pase de ser un voluntarismo a una cuestión de derecho.

El Estado y el gobierno dominicano hacen esfuerzos por mejorar la educación. Se asignó un 4% a la educación pública. Eso sin duda constituye un logro que redundará en beneficios para el país. De la buena gestión de esos recursos pueden salir varias cosas. Aumentará la cantidad de egresados y la demanda de educación pública superior. Mejora la calidad de los egresados y aumentará la motivación para emprender estudios superiores. La UASD debe prepararse para suplir la gran demanda que se avecina.

Esa avalancha de egresados requerirá espacios, condiciones, insumos y sobre todo un profesorado que le oriente. La UASD es la principal receptora. Ese incremento en la matrícula incrementa sus costos operativos y obliga al Estado a dotarla de los recursos que le permitan garantizar el derecho de la gente a una educación pública de calidad.

La Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología establece un 5% del PIB para la Universidad Autónoma de Santo Domingo y recibe menos del 2%. Eso implica un déficit significativo y se traduce en una serie de debilidades que mueven a preocupación a toda la familia uasdiana. De ahí que se haya articulado una lucha bajo la consigna “…lo justo para la UASD…”. Estos esfuerzos se combinan con un proceso de diálogo con representantes del gobierno central que debe incrementarse y fortalecerse.

“La inversión pública a ser ejecutada en el primer año de entrada en vigencia la presente ley no deberá ser inferior al cinco por ciento (5%) del Presupuesto de Ingresos y ley de Gastos Públicos asignado en la ley 5778, del 31 de diciembre de 1961, que declara la autonomía a la Universidad de Santo Domingo y que serán destinados a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y universidades públicas. Además deberán incluir las subvenciones asignadas a las demás instituciones de educación superior”. (Art. 91, Ley 139-01).

La UASD ha sido escenario de grandes luchas en reclamo de mayor asignación presupuestaria. El 5% es una consigna que debe ser transformada en una propuesta que se articule con la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12) y otros instrumentos y dispositivos que se impulsan desde el Estado para dotar al país de las capacidades que  potencien, propicien y sustenten el desarrollo integral.

"El Estado dedicará anualmente para el financiamiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo un subsidio que no será inferior al cinco por ciento del Presupuesto Nacional. Este subsidio será considerado como parte del patrimonio de la Universidad y solo ella tendrá derecho a administrarlo. También integrará a su patrimonio otros fondos que por cualesquiera otros medios que procure debidamente la Universidad". (Art. 3. Ley 5778 de 1962 que instituyó el Fuero Universitario).

Cómo se ve, la Ley 139-01 modificó esa Ley en lo que respecta al porcentaje que debiera asignarse a la Universidad Autónoma. De cualquier forma se debe trabajar en un proyecto de transformación y modernización de la academia, donde se establezca la forma de inversión de los recursos asignados. Es muy probable que la cifra requerida supere con mucho al 5% del PIB. Todo dependerá de cómo se distribuyan los recursos, los medios disponibles y los fines que se persigan en cada rublo, así como de los énfasis requeridos para hacer coincidir los planes y programas de la academia con la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

Esa inversión en la UASD debe ir acompañada de un compromiso por parte de la familia uasdiana de cuidar cada peso. Practicar y fomentar la transparencia, potenciando y garantizar la eficiencia. La UASD no es una empresa. Es un espacio donde el Estado cumple o intenta cumplir con su función. Unos y otros son responsables de que la Ley se cumpla y que el derecho se preserve y se ejerza.

La inversión en educación superior, especialmente en la UASD, es estratégica. Se traduce en resultados palpables que se evidencian en cada graduación. El impacto de un profesional en una familia tiene un valor extraordinario porque muchas veces abre la brecha para que los demás ingresen a los centros de estudio. Unos sirven de orientadores de sus familias y no pocos de sostén económico. Eso es innegable. Los aportes de la UASD son significativos.

Hay amenazas tanto externas como internas, a las se debe prestar atención para evitar que fuerzas opuestas a los intereses uasdianos, impongan su lógica perversa. Tanto el Estatuto Orgánico de la universidad, como el Código de Ética establecen los principios sobre los cuales opera la academia. Ahí están las bases de su transformación cumpliendo con su misión y su visión.

Echemos una mirada a la tabla de egresados en los últimos 4 años, tanto en grado como en posgrado y tendremos una idea de en qué se invierte del dinero que se asigna a la Alma Mater. Claro, hay muchas cosas por arreglar y escollos por superar pero la relación costo-beneficio justifica el incremento de los ingresos.

Un proceso de diálogo franco, sincero y productivo entre la UASD y el gobierno sería lo mejor que pudiera pasar a ambas partes. Dado que la academia es el espacio donde el gobierno deposita la responsabilidad de que los jóvenes dominicanos continúen su educación superior. Por tanto la apuesta es ganar-ganar y ganando ambos gana el país.

Se debe propiciar una alianza respetuosa y constructiva, basada en un compromiso entre las partes, colocando al estudiantado dominicano en el centro de sus acciones. Ningún Estado debiera propiciar la negación de un derecho y menos un derecho tan fundamental como el acceso a la educación pública superior. Un pueblo educado es una garantía y un indicador de progreso colectivo.

Conviene que la Universidad Autónoma de Santo Domingo muestre sus logros, infraestructura, matrícula activa y el potencial que tiene en cada región, especialmente a los legisladores. Con esa información, sumado a los planes estratégicos se coloca en mano de la ciudadanía la información que puede servir para elaborar argumentos razonados y opiniones bien fundamentadas. La información es clave y fundamental para la gestión del Siglo XXI.

La UASD es una escuela de liderazgo y un espacio para cultivar, ejercitar y potenciar las capacidades de la gente que decide estudiar allí. No discrimina por condición social, genero, credo o ideología política. Es la Primada de América. Valorarla, cuidarla y defender la es un deber ineludible. Las críticas son importantes y deben ser tomadas como alertas por la familia uasdiana, especialmente por su liderazgo directivo.

Transformar las consignas en propuestas es un reto para una entidad como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, máxime cuando se sabe que las mejoras en el sistema de educación pública, ubican a la UASD como la opción principal de quienes no pueden financiar la educación en un centro privado. Es tiempo de acción y decisión, no de lamentos ni sumisión.

La UASD necesita defensores, no detractores. Hay quienes le deben todo lo que son a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y aun así, se empeñan en detractarla. Ese es un acto de ingratitud y de indolencia. Familia uasdiana, amemos la UASD, críticamente pero amémosla, cuidémosla y preservémosla para que los hijos de nuestros hijos encuentren en ella un espacio mucho mejor del que nosotros recibimos. 

martes, 27 de septiembre de 2016

REFLEXIONES SOBRE LAS REFORMAS POLÍTICO-ELECTORALES EN REPÚBLICA DOMINICANA.

Las Reformas Políticas Electorales en la República Dominicana se puso de moda a finales de los años 90s y por alguna razón, el tema quedó relegado a cuestiones vinculadas a la reforma en Ley Electoral y un manoseada y manida propuesta de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que fue coordinado y diseñado por la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, COPRyME, creada en 1996.

Se inició un amplio proceso de conversatorios, consultas, seminarios, foros y mesas de trabajo que colocaron el tema en la agenda general de la Reforma y Modernización del Estado como un asunto estratégico. En el contexto internacional también, venía desarrollándose un proceso orientado superar el descrédito en el que habían caído los partidos y las instituciones políticas fundamentales.

Así, a partir de la Cumbre de las Américas de 1996, celebrada en Miami, Estados Unidos, se inician el proceso general de Reforma y Modernización del Estado en República Dominicana. Era parte de la estrategia política de las tendencias liberales y neoliberales que buscaban contrarrestar la ola revolucionaria que ya se veía venir en América Latina.

Tomando como punto de partida, la Reforma Constitucional de 1994 y aprovechando el escenario creado tras la crisis que siguió al cuestionado proceso electoral ese año, donde se produjo un fraude contra el Dr. José Francisco Peña Gómez y el PRD, tan comprometedor como el perpetrado  por el Dr. Joaquín Balaguer  en 1990 contra el PLD y el profesor Juan Bosch.

El Contexto político quedó condicionado por la reforma a la Constitución, ya que se incluyeron una serie de aspectos que afectaban el funcionamiento del sistema político. Cabe mencionar, la división de las elecciones y la creación de las circunscripciones electorales. Estos dos aspectos, cruciales para entonces, fueron aprovechados para montar el debate.

En 1997 se votó la Ley 275-97 como fruto de los compromisos asumidos por las partes en los diálogos postcrisis. Luego le han seguido varias leyes, incluida la que rige la cuota femenina. Claro, esa era una reforma para recoger las inquietudes de las fuerzas llamadas mayoritarias. El viejo modelo político de corte conservador había hecho los ajustes necesarios como para garantizar su recomposición.

Hubo tensiones fuertes y roces considerables entre las fuerzas progresistas y revolucionarias y las fuerzas liberales que impulsaban las modificaciones cosméticas a los subsistemas electoral y político. El proceso encontró apoyo de ciertos organismos internacionales como la OEA y el PNUD. Cada ente, estaba pendiente de que las cuestiones claves quedaran excluidas.

La Reforma Constitucional y la inclusión en la misma de dispositivos de control popular como la constituyente, el plebiscito y el referendo revocatorio quedaron en el tintero. Hubo varios proyectos de reforma constitucional pero ninguno fue tomado en cuenta. En 2002 se reformó la constitución solo para incluir la repostulación del entonces presidente Hipólito Mejía Domínguez. La reelección había sido abolida en 1994 por considerarse perniciosa para la estabilidad política y la gobernabilidad democrática.

Es 2010 cuando se abre una brecha para que la ciudadanía y sus organizaciones pongan en perspectivas sus aspiraciones de transformar el texto constitucional. El presidente Leonel Fernández, quien agotaba su tercer período de gobierno, llamó a una Consulta Popular y creó una comisión para que coordinara los trabajos de la misma.

El proceso fue amplio y diverso aunque hubo gente que se autoexcluyó. De las cientos de propuestas recogidas en cada tema, se incluyeron las que el grupo gobernante entendió prudente. Las quejas de quienes participaron no se hicieron esperar. Hay que recordar que la consulta no era vinculante y carecía de base normativa que lo sustentase.

No obstante, se avanzó y se colaron asuntos que podían ser considerados como progresistas, tal es el caso de la inclusión de las circunscripciones electoral. Un ensayo que pretendía acercar al representante a la demarcación y la gente que representa. Aun hoy, se espera que se concretice ese anhelo.

Respecto a la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas las discusiones han sido larga y tediosas. Se presentó la primera propuesta “consensuada” en 1999 por la COPRyME. Luego, con el cambio de gobierno de PLD a PRD, el proceso continuó pero el enfoque y los énfasis también cambiaron. Aquí se empezó a discutir la pertinencia o no de una Ley de Lemas paralelamente a la promoción y montaje de las Circunscripciones Electorales.

Técnicamente, la propuesta de Ley de Partidos estaba lista para ser presentada a las cámaras pero la falta de voluntad política impidió que se concretara. A juicio de muchos, esta Ley puede contribuir al adecentamiento de la práctica política, otros asumimos que esa acción debe complementarse con un cambio de actitud de la clase política frente a la POLÍTICA.

Se entiende que para transformar la cultura política requiere mucho mas que ajustes en el marco normativo. Implica un rediseño de la arquitectura institucional y organizativa tanto de las entidades rectoras como en las organizaciones políticas. Ser requiere entre otras cosas, un liderazgo comprometido con los valores morales y los principios éticos que rigen a los colectivos humanos.

De cualquier forma, la Ley que se apruebe debe incluir una categorización de los miembros, una definición de los derechos de los mismos y unos controles a quienes dirigen para que no abusen del poder delegado. Contendrá los dispositivos de vinculación de las organizaciones políticas con el Estado, así como las disposiciones referentes a la ética política y la formación y educación de los miembros.

El esfuerzo debe concluir, en una reforma y modernización de las entidades políticas, orientada al adecentamiento de la práctica política. La eficiencia del sistema político y el perfeccionamiento de la democracia funcional. Si no transforma el sistema y revaloriza la democracia de poco habrá servido tantos esfuerzos.

Hoy, en tiempos de las redes sociales y de un encarnizado cuestionamiento a la política, los políticos y los gobiernos, las organizaciones políticas son fundamentales e inherente al funcionamiento de la democracia. Los partidos políticos, como se ha dicho, son un instrumento que supera con mucho a las instancias que pretenden sustituirles desde los grupos de poder enquistados en el ámbito empresarial o grupos de sociedad civil.

Es cierto que hay mucho por superar pero de ahí a prescindir de los partidos como canalizadores de las expectativas populares y centros de gestión y distribución del poder político. Organizar y gestionar gobiernos o niveles de gobierno implica la elección de un funcionariado idóneo y comprometido. Los partidos deben aportar esos liderazgos y la normativa que surja debe reforzar esas prerrogativas.

La cuestión de fondo, es la reforma y modernización del Estado, pero las reformas políticas electorales son la sombrilla que debe dar cobijo ese esfuerzo. Si las reformas son políticas es a la clase política a quienes les toca liderar ese proceso. Toda acción de reforma del Estado implica una acción política. De ahí la complejidad del asunto y el interés de ciertos grupos de jugar al filibusterismo político con respecto al diseño de un marco normativo que se ajuste a las expectativas de la ciudadanía.

Negar la necesidad de transformación de los partidos políticas y de las entidades que los rigen o proponer su desaparición es algo riesgoso y poco práctico. La apuesta es construir una institucionalidad político-electoral que garantice la igualdad en el ejercicio de derechos políticos, así como un marco normativo que recoja las expectativas políticas del Siglo XXI.

El Siglo XX es historia y hay que entrar al nuevo escenario con instituciones políticas que den respuestas y cobijo al más amplio espectro de modalidades de participación, incluido los grupos que consideran obsoletos a las instituciones políticas. Los debates y los temas puesto en agenda dejan ver el gran reto que tienen la sociedad dominicana para encausar la práctica política por las sendas del decoro y la decencia.

Antes de proponer la desaparición de las organizaciones políticas se debe pensar en quienes ocuparían su espacio y los riesgos de una sociedad organizadas al margen de los partidos como entes de mediación. El reto es grande y los escollo también pero no se puede ceder en la lucha por la transformación de las instituciones heredades del Siglo XX.

El debate sobre la Ley de Partidos y Organizaciones Políticas debe ser abierto e inclusivo para que el producto sea flexible y útil. Quien se excluya, se expone a que le impongan una normativa y pierde la oportunidad de aportar a la construcción de un marco legal acorde con el interés colectivo, que es lo que debe primar. La democracia es diálogo y compromiso, nunca consenso como falsamente se cree. De ahí que que el disenso sea mas productivo en este tipo de discusiones.

Más y mejores partidos políticos debe ser la consigna de la sociedad. Compromiso, diálogo y búsqueda constante de legitimidad. Avanzar hacia una democracia dialógica con fuerte arraigo popular que facilite el avance hacia la sociedad que queremos y merecemos. Permitir a un grupito decidir por el colectivo, no ayuda a este elevado propósito. Al contrario, deslegitima el sistema y debilita las instituciones políticas. 

La transformación del formalismo democrático en democracia funcional es el horizonte que hay que mirar. Pensar en una socialización de la democracia que aumente su capacidad de gestión del complejo mundo en el que operan los sistemas políticos. Hay tantos escollos por superar como oportunidades por aprovechar. Hacer que la gente se reencuentre con la política es una cuestión estratégica para profundizar la cultura política.

El liderazgo debe entenderlo y asumirlo. Al margen de las críticas y los motivos que la generan los partidos son necesarios e insustituibles por el momento. De ahí la necesidad de trabajar por su desarrollo y consolidación. No se deben escatimar esfuerzos en la apuesta por dotar a la sociedad de una estructura jurídica que haga de los partidos y organizaciones políticas espacios de formación y educación de los hombres y mujeres que accionarán en la vida pública.

Hay razones para preocuparse pero no para alarmarse ya que las organizaciones políticas no tienen otra opción que no sea la transformarse. El futuro próximo deja abierta las puertas a la incursión de nuevas formas de participación política que debe ser contemplada. No es el fin de la historia ni lo será nunca. Los pueblos se renuevan y con ellos las formas de participar y accionar en política ¡El futuro es ahora!

miércoles, 13 de julio de 2016

LINEAS PARA EL REFORZAMIENTO DEL DEBATE POLÍTICO.

"En el complejo mundo político, como en la vida selvática, importa tanto la buena memoria del elefante líder como las habilidades de la manada para adaptarse y  sobrevivir". FDC/2016.

Se deben generar las condiciones para que el sistema político y sus componentes generen capacidades que le permitan organizar procesos electorales que sean confiables, ágiles, transparentes y los menos costosos posible. Esto pasa por establecimiento de mecanismos que hagan confiables e importantes cada una de las fases del proceso. Se debe partir de una buena selección de quienes se postulan. Las organizaciones políticas son y deben ser compromisarias en este esfuerzo.

Si las organizaciones políticas y su liderazgo insiste en desacreditar el sistema que le sirve de soporte y en el que anclan su accionar propician la corrosión de las bases institucionales de la débil democracia dominicana. Hay quienes detractan los partidos y agrupaciones políticas pero estos constituyen un elemento indispensable para los sistemas democráticos. 

Transformarlos y hacer de ellos espacio para el cultivo de ideas y el debate debiera ser una prioridad. Apostar a su debilitamiento, y peor aún, a su desaparición conmina a pensar en una democracia sin partidos. Hay debilidades y retrasos que deben ser superados pero la solución debe ser una respuesta en 3 niveles.

Para que la tecnología sea útil y aporten transparencia y agilidad, así como que contribuya al abaratamiento de los procesos electorales se deben crear las condiciones mínimas para garantizar su funcionamiento. Esto quedó evidenciado en las elecciones de mayo de 2016. Ojalá se aprenda la lección y se tomen los correctivos de lugar para evitar errores que generan tenciones y roces entre los actores del Sistema Político.

Aquí algunos elementos para enriquecer el impostergable debate que debe darse si se quieren superar una serie de rezagos que impiden el desarrollo político y la ciudadanización de la democracia funcional.

Reformar el Sistema Político-Electoral dominicano, mejorando y fortaleciendo su marco normativo, aprovechando el referente constitucional y ampliando las capacidades institucionales tanto de la Junta Central Electoral como del Tribunal Superior Electoral.

Modernizar el Sistema Político-Electoral, tanto desde la perspectiva de la gestión, como en los aspectos organizativos. Esto pasa por incorporación de herramientas y dispositivos tecnológicos que agilice, transparente el proceso de gestión y organización y que baje los costos operativos.

Es necesario establecer modalidades de voto electrónico, pasando por automatización del proceso de escrutinio votos, transmisión de resultados y la asignación de escaños. No se puede atribuir a la tecnología las fallas que origina la incapacidad del sistema para autogobernarse.

Establecer estrategias de captación de talentos y especialistas en área informática para crear un banco de conocimiento que den soporte a los sistemas informáticos. Las universidades e institutos pueden ser una buena cantera. Luego entrenar en uso u empoderamiento.

Es necesario trabajar en la definición, validación y aprobación de un método de conteo que haga más democrática la asignación de escaños. Se impone cambiar o adecuar el sistema utilizado que fue creado por el jurista belga Victord'Hondt en 1878.

Separar las elecciones en 3 niveles: presidencial, legislativa y municipal. Cada evento debe realizarse con una periodicidad de 2 años y en tiempos diferentes. El país debe avanzar hacia una modalidad de elecciones que acerque el cargo al entorno que representa.

Limitar la reelección a un período y nunca más para todos los cargos electos. Quien ocupe un cargo electivo solo tiene derecho a 2 períodos como máximo. Esto es válido para los niveles municipal, congresual y presidencial. Queda abierta la posibilidad de que se aspire a cualquier otro cargo bajo la misma lógica.

Se debe establecer el sistema de voto preferencial, tanto en el nivel municipal como en el congresual. Con esto se evitaría el arrastre, se rompe la tendencia a la reelección perpetua, se amplían las posibilidades de participación y se fomenta el cultivo del liderazgo local.

Establecer mecanismos institucionales que faciliten la depuración de los perfiles de candidaturas cuidando no lesionar el derecho a “elegir y ser elegido” que establece la Constitución de la República, (estableciendo una periodicidad de 6 meses antes de las elecciones).

Desarrollar las capacidades que permitan el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en todo el proceso de gestión política, tanto a lo interno de las organizaciones político-partidarias como de los entes que gestionan el proceso comicial.

Establecer reglas que permitan la depuración automática del subsistema de partidos para evitar la atomización del mismo. Una forma puede ser reglamentar que las alianzas y coaliciones se hagan en segunda vuelta para evitar que ciertos partidos se conviertan en trampolín o salva vida para ciertos grupos de interés que crean entidades a las que llamas partido político.

Evitar por todos los medios institucionales, que se vulnere el derecho de los miembros de las organizaciones políticas y fomentar las condiciones para que se respeten los procedimientos internos establecidos para la escogencias de precandidaturas.

Diseñar, reglamentar y aplicar dispositivos normativos para el financiamiento de las campañas políticas. Voltear la cara ante el triste espectáculo que hemos vivido es un acto irresponsable tanto para los partidos como para la sociedad.

Controlar y fijar límites al financiamiento privado, sea vía empresas o bien vía individual. Eso ayudaría cerrar el paso a la entrada de dinero sucio al Sistema Político y la compra de cargos.

Sancionar ejemplarmente el uso de los recursos del Estado, en todas sus expresiones en cualquier modalidad y nivel. Superar esa perversión, aplicando un régimen de consecuencias efectivo.

Fijar límites al gasto en campaña y establecer procedimientos funcionales para garantizar el acceso equitativo a los medios masivos de comunicación de todas las fuerzas políticas que tercien en una contienda por el poder.

Definir y tipificar categorías de Delitos Electorales y establecer las sanciones que desmotiven a su práctica e incentiven la sanción social y moral de esos delitos. Eso contribuye al adecentamiento de la práctica política e incentiva la participación de la gente.

Establecer procedimiento y requisitos para la inscripción y validación de candidaturas a cargos electivos. La Junta Central Electoral debe exigir que se presente la propuesta de gobierno al cargo al que se aspire, una declaración de no antecedentes penales, un perfil del postulante, una breve motivación y una declaración patrimonial.

Visualizar, socializar y trasparentar los procedimientos para incoar y canalizar quejas, reclamos e impugnación a los procesos, quiénes deben hacerlos y los tiempos establecidos.

Socializar los acuerdos previos que establecen los organismos electorales con los partidos participantes en las contiendas electorales y las consecuencias de sus incumplimientos. Con ejes transversales desde la ética, transparencia y la honestidad.

Establecer estrategias para ampliar la participación de la juventud y la mujer para liberar las energías y aprovechar el potencial transformador de esos sectores. Superar el perverso sistema de cuotas instituido.

Revisar las causas de la creciente abstención electoral y evitar por todos los medios institucionales que se imponga el “voto obligatorio”. No se puede endilgar al pueblo la incapacidad de las organizaciones políticas para encantar a la gente.

Promover la alfabetización política y la ciudadanización de la actividad política para contrarrestar la incursión y ascenso de sectores ajenos al interés nacional vía elección popular. Si la gente pierde el encanto en la política no participa y si no participa se estanca la democracia.

Establecer los procedimientos institucionales para garantizar que el derecho a elegir y ser elegido que tiene la ciudadanía prime por encima de cualquier otro interés o negociación partidaria.

La Reforma Política debe incluir la conformación de un congreso Unicameral. No es necesario que un país de 48 mil Km2 y menos de 10 millones de habitantes tenga un Congreso Bicameral con una matrícula que supera los 200 legisladores.

Diseñar y aplicar regímenes de consecuencias efectivos y funcionales tanto a las organizaciones políticas como quienes las integran. Los filtros institucionales deben incluir, entre otras cosas, el cumplimiento de la normativa y el apego a la ética como rasgo distintivo del quehacer político.

Las reformas política-electorales que se emprendan deben servir para avanzar en la transformación y fortalecimiento institucional del Estado dominicano. Esto implica una transformación del sistema, tanto desde la perspectiva normativa como operativa.

Hay que pensar seriamente en el establecimiento de la modalidad de Constituyente para para las reformas a la Carta Magna. Cerca de 40 Reformas Constitucionales no han sido suficiente para crear un Sistema Político que sirva de sustento institucional al desarrollo.

Sería importante definir y especificar las modalidades de voto, a saber, votos emitidos: voto válido, nulo, observado y voto en blanco. Incluir la opción de voto en blanco para quienes no están de acuerdo con la oferta electoral puede incrementar la participación y bajar la abstención. Actualmente se anula pero no debe ser. Hay que dar valor a esa expresión popular.

Se impone definir los fundamentos normativos del Juicio Político, así como las particularidades tanto del referendo y de las modalidades de plebiscito establecido en la Constitución.

Se deben establecer estrategias de socialización de los derechos civiles y políticos para avanzar en la construcción de una cultura política que de soporte al Sistema Político y refuerce los fundamentos del buen vivir.

¿Se conoce alguna experiencia de elección popular duradera e inclusiva fuera del Sistema de Partidos? ¿Se puede prescindir de los partidos políticos? ¿De qué forma se renovaría el liderazgo directivo del país si se prescinde de las organizaciones políticas? ¿Cómo hacer de la democracia representativa electoralista en un espacio funcional, participativo, útil y productivo? Aquí habrá, como en muchos casos, más preguntas que respuestas pero hay que abordarlas.

Es evidente que hay una largo camino por recorrer, escollos por superar y aspectos por mejorar para lograr una democracia que supere el formalismo democrático y genere las transformaciones sociales y políticas que necesita el país para colocarse en la línea del desarrollo inclusivo ¡Es tiempo de actuar!

LECCIONES DE LAS ELECCIONES 2016.

"Quienes por malicia, se empeñan en construir muros imaginarios para separar los caprichos de la razón, no impedirán el intenso resplandor de la verdad". FDC/2016.

La actividad política en República Dominicana ha fluctuado entre la esperanza, el avance, estancamiento y retroceso. Hay prácticas que se han hecho cultura y echado raíces en la psicología de la gente. Unas veces sirven para justificar actuaciones indecorosas otras para levantar banderas mesiánicas sostenidas por una masa amorfa de votantes que no valora el derecho a elegir y ser elegido.

Se pueden extraer varias lecciones de este capítulo. Una de ellas es que se debe transformar la estructura de poderes del Estado para incluir el Poder Electoral como forma de fortalecer las entidades reguladoras del sistema electoral. Ese proceso enseña que quienes se oponen la reelección presidencial apoyan y promueven la reelección en otros niveles. Esa contradicción evidente, obliga a los operarios del Sistema Político a calibrar los modelos propuestos y desarrollar métodos establezca reglas para todos los niveles.

Una forma a considerar sería que se permitan como máximos 2 períodos consecutivos para cada cargo electivos. Así se garantiza la movilidad y se activa la dinámica del Sistema Político y se incentiva el desarrollo del liderazgo. Otro aspecto que deja enseñanzas es el proceso de negociación de alianzas y acuerdos entre los partidos. Aquí la inobservancia a los procedimientos estipulados, tanto en los estatutos como en la Ley Electoral y su normativa complementaria.

Los procesos convencionales y asamblearios para seleccionar precandidaturas estuvieron plagado de irregularidades, muchas de las cuales generaron situaciones de violencia. Hubo muertos y heridos. Eso afecta al Sistema Político porque la gente se desinteresa y no participa en político. Ese espacio es ocupado por personas que reúnen los perfiles para ser candidato o candidatas a un cargo electivo. Eso debe ser superado.

Vale destacar la importancia de novedades como el voto en casa, orientado a facilitar el ejercicio del derecho a elegir a personas con dificultad para movilizarse por enfermedad o edad. Se llevó hasta sus hogares el colegio electoral. Otras innovaciones trascendentes son “Mi Primer Voto”, el Acompañamiento Escolar Electoral, Mesa Auxiliar para Personas con Discapacidad. 

La conversión de los cargos en mercancía afectó la participación de quienes no podía pagar las sumas impuestas para participar, abriendo la puerta a la entrada de dinero sucio. Eso se confirma con la denuncia del Unidad Contra el Lavado de Activo que afirmó que por lo menos 20 candidatos tenían que ser investigado. Eso llama a establecer controles y condiciones para la aceptación de precandidaturas.

Hay una creencia generalizada que tanto en las precampaña como en las campañas ganaron quienes disponían de mayores cantidades de recursos. Esto es marcado sobre todo, en los partidos mayoritarios. Hay quienes afirman “que las elecciones dominicanas se han vuelto un mercado donde gana el más dinero suelta”.

Queda evidenciada la necesidad de trabajar en la codificación y actualización del marco normativo que rige al Sistema Político-electoral. Se entiende que una Ley de Partido ayuda a superar y a ordenar a los entes políticos. Otros piensan que creando un Código Electoral, que recoja todo el dispositivo reglamentario del sistema daría la respuesta a las demandas del Sistema Político. Hay quienes entienden que el asunto requiere una transformación de la cultura política.

El acentuado y recurrente clientelismo, en sus versiones macro, meso y micro, permea el quehacer político en el país pervirtiendo y desvirtuando la práctica política. Históricamente, las fuerzas que han detentado el poder político o han tenido una posición de gobierno, imponen e incentivan prácticas que están más cerca del clientelismo que de un modelo institucionalizado de políticas públicas.

Ese y otros desafíos colocan al Sistema Político dominicana en desventaja con respecto a las aspiraciones de transformación e institucionalización de la democracia funcional. Eso no niega esfuerzos loables para superar esos males pero el impacto, hasta el momento, ha sido neutro. El mal se extiende y se acentúa generando desconfianza e incertidumbre entre quienes optan por servir a la sociedad desde la Política.

La larga y tortuosa campaña que concluye es rica en lecciones y enseñanzas. La competencia por los cargos electivos generó tensiones, roces y conflictos que bien merecen ser analizados para aprender las lecciones, tanto negativas como positivas. Los sistemas que descuidan la calidad del liderazgo que lo gestiona tienden a desaparecer. Cerrar el paso a quienes hacen de la política un negocio debiera ser una prioridad en República Dominicana.

La cantidad de problemas que se han generado durante el escrutinio obliga los actores políticos e institucionales a empeñarse a fondo para evitar fallas semejantes en proceso futuros. Es vergonzoso que en la época de la información y la comunicación y siendo el país uno de los privilegiados en este sentido no disponga de un sistema que impida los problemas que padecemos.

Hay quienes han hecho brillar su incapacidad para asimilar las derrotas y otros quienes empeñados, en defender sus “conquistas” hacen el ridículo. Esas muestras de inmadurez e insensatez política dejan mal parado a quienes aspirar a servirle al país desde una curul en el congreso, una alcaldía o una regiduría.

Incluir dispositivos automatizados de escrutinio evita problemas tan elementales como la distorsión o anulación de resultados. Se torna imperativo desarrollar las estrategias que eviten los traumas que se generan por no tomar medidas apropiadas y oportunas. Hay quienes reniegan o no aceptar esas modalidades pero la ecuanimidad debe imponerse al momento de tratar estos asuntos.

Claro, se deben prever todas medidas que garanticen la eficiencias de los sistemas informáticos y para esto es imprescindible la conformación de equipos humanos especializados en la materia. Se debe asegurar que la gente seleccionada para tales fines cuente con todos los apoyos logísticos para desarrollar un trabajo excelente. Quienes se comprometan deben saber la responsabilidad que asumen frente a la JCE y la sociedad.

Sea cual sea la salida que se escoja debe tomar en cuenta la participación de la sociedad y sus instituciones para enriquecer una normativa de tanta trascendencia como la rige el Sistema Político. Ya se han establecido las bases institucionales y se ha adelantado el debate. Queda pendiente retomar el debate e incluir a los entes que pueden aportar al rediseño de las bases institucionales de la democracia dominicana. 

lunes, 30 de noviembre de 2015

FUNDAMENTOS DE LA NORMATIVA DE FUNCIÓN PÚBLICA: TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS.

"La burocracia profesional es el fundamento esencial para el funcionamiento de los sistemas y procesos de gestión pública. Cada servidor es hacedor de eficiencia y sus actos son determinantes para el desarrollo de los pueblos".

La República Dominicana cuenta con una Ley de Función Pública desde el año 2008. En esa fecha se modificó la vieja norma 10-91 que instituyó  el Servicio Civil y la Carrera Administrativa en el Estado dominicano. Se esperaba que el nuevo instrumento normativo sirviera para superar las fallas y debilidades que presentaba. Eso se cumplió a medias.

La nueva Ley, también creó la Secretaría de Administración Pública, hoy elevada a Ministerio como órgano rector de la Función Pública en el país. A este organismo le corresponde organizar el sistema y diseñar los instrumentos para su adecuado funcionamiento. En algo se ha avanzado pero el trecho que falta hace pensar en una reforma de la Ley a la luz de la Constitución de la República votada en el 2010 y la normativa que la complementa.

Es evidente el impacto que tiene la nómina pública en el presupuesto de la nación y  el interés de los político por repartirla tipo botín. Cada cambio de gobierno trae una nueva camada de servidores públicos, por tanto se atrofia el desarrollo institucional  y se pervierten los sistemas establecidos en la normativa para el ingreso a la administración pública. En ese punto es poco lo que puede hacer el ministerio en un país donde el cumplimiento de norma es una materia pendiente.

Los cambios se deben orientar a la creación de mecanismos que dinamicen el desarrollo de la Función Pública y dentro de ella las cuestiones vinculadas al ingreso al Estado. Hoy los sistemas de carrera administrativa presentan serias debilidades y en vez correas de transmisión y canalización de energías son tuberías tapadas que impiden el flujo de los talentos que forja y forma la sociedad.

Una cuestión de primer orden en esta línea es la reglamentación de la desvinculación voluntaria de cualquier persona que preste sus servicios al Estado en una entidad pública, esté incluido o no en Sistema de Carrera. Hoy si usted renuncia pierde los derechos, según dice el MAP. Únicamente tiene derechos a recibir el pago por vacaciones y regalías. Eso evidentemente no se corresponde con un régimen moderno, sin importar el tiempo que haya laborado.

En tal sentido, se deben establecer mecanismos claros y expeditos para que se establezcan los procedimientos que garanticen el derecho de salir o entrar al Servicio Público de quien quiera hacerlo. Es un método perverso y negador de derecho, ya que obliga al servidor o servidora a permanecer en el puesto a disgusto.

Es sabido que en el Siglo XXI las emociones juegan un rol fundamental en el rendimiento de las instituciones y su buen manejo marca la diferencia entre  quienes triunfan o fracasan. En la gestión humana o gestión de talento humano esto es fundamental. Si se estropean los sentimientos y emociones o si son marginados no hay razón para permanecer en la misma y el sistema tiene que garantizar su salida con todos los derechos de un trabajador asalariado.

También es importante tomar en cuenta la inclusión de figuras como el acoso laboral, práctica muy acentuada en los espacios de gestión administrativa. Si el acoso sexual es perverso y execrable también lo es el acoso laboral como cualquier otro delito que tienda a denigrar y estropear la dignidad humana del funcionariado público.

Cuestiones básicas pero trascendentes que se deben valorar y justipreciar rondan en torno a los sistemas de ingreso. Se establece que es un derecho de todo ciudadano dominicano ingresar voluntariamente al servicio público y para ello tiene 3 puertas que son: el concurso, el contrato y el nombramiento. Veamos por separado cada una de estas vías.

El concurso es procedimiento más democrático y transparente para el ingreso al servicio público siempre y cuando se apliquen los criterios que instituye la Ley. Hay 2 modalidades básicas el concurso interno y el concurso externo dependiendo de la necesidad de la institución.

El concurso interno sirve de instrumento de promoción y es el primer escenario que tiene el gerente para llenar las vacantes que se presentan frecuentemente. Es una modalidad escasamente usada en la cultura gerencial, ya que el clientelismos aporta su cuota de perversión. Muchas veces aun existiendo el perfil en la institución por múltiples razones no se toma en cuenta y se prefiere a personas cuyas relaciones primarias se imponen al criterio técnico.

El concurso externo, por principio debe ser abierto a todo el público que cumpla con los perfiles requeridos. Además quienes entran por esta vía caen de inmediato en el Sistema de Carrera Administrativa. Eso es una ventaja tanto para quien ingresa como para el Estado. Llegado a este punto la cuestión es desarrollarse en el cargo y empezar a lidiar con las diatribas burocráticas que entretejen el servicio público.

Los contratos  en el sector públicos van desde las consultorías hasta contratos puntuales de servicios. Están determinados por la temporalidad, la especificidad del servicio a prestar y los montos a pagar. Estas modalidades son utilizadas muchas veces para saltar los procedimientos instituidos por la normativa.

Los nombramientos se han impuesto casi como norma en la Administración Pública dominicana, a pesar de que la normativa establece los casos en que se permite tal práctica. Eso hace que se retrase el proceso de institucionalización de la función pública y coloca al Ministerio de Administración Pública, MAP en una difícil posición para contrarrestar esta mala práctica, dado el matiz altamente político de la cuestión.

En cada cambio de autoridad, ya sea en el gobierno central o en el municipal, se pervierten los procedimientos y se imponen las relaciones partidarias, primarias de parentescos para acceder a un puesto en la función pública. Este ha sido un escollo difícil de superar.

Se sabe que la misma Ley deja un margen discrecional a quienes dirigen instituciones para el nombramiento del personal calificado como “de confianza” pero en la mayoría de los casos esto se extiende a un amplio campo. Los países que han logrado avances en materia de función pública reducen al mínimo esa prerrogativa. Aquí la cuestión es completamente distinta dada la debilidad del MAP para sancionar a quienes infligen la norma.

Las modalidades reconocidas por la Ley de Función Pública y el Ministerio de Administración Pública son el Servicio Civil y la Carrera Administrativa. Al primero entra el funcionariado que no ha sido incorporado al Sistema de Carrera. Aquí se ubica el grueso de los servidores públicos dominicanos. Razones diversas han impedido su formalización, entre ellas las prácticas clientelares que aún persisten en la Administración Pública Dominicana.

El Sistema de Carrera ha ido superando escollos y exhibe ciertos avances, modestos todavía pero significativos dado el referente que va sentando. Dentro de éste se han creado las denominadas Carreras Especiales para institucionalizar a instituciones que por sus características y funciones entienden que no caben en el Sistema General de Carrera. Tal es el caso de la Carrera Docente, Diplomática, Judicial y Militar.

La incorporación a la Carrera Administrativa es un proceso que requiere la creación de una plataforma que facilite el acceso al servicio público y dé un elevado nivel de compromiso entre los funcionarios que designa, norma o contrata para que respeten e implanten los Sistemas y Subsistemas de Recursos Humanos en los espacios que ellos gestionan.

Muchas de estas personas entran en la que la Ley denomina Servidores de Estatuto Simplificados y son candidatos a ingresar a la Carrera Administrativa, mediante los procesos de evaluación instituidos. En cualquier proceso de reclutamiento o selección éstos deben tomarse en cuenta para cubrir las vacantes que se presente en su ámbito laboral.

El Sistema de Gestión de Recursos Humanos para el sector público ha sido instituido por la Ley 41-08 pero al votarse una nueva Constitución que da rango constitucional a la Función Pública se abre la posibilidad de mejorar la Ley. Ajustar la normativa a la Constitución es también una oportunidad para mejorar la normativa y adecuarla a los requerimientos de las instituciones públicas.

Esa normativa ha sido afectada también por las Leyes 105-13 de Regulación Salarial para los Altos Cargos y la Orgánica de Administración Pública número 247-12. Ambos instrumentos complementan y refuerzas la gestión administrativa en el ámbito público. Armonizar todos esos instrumentos al nuevo marco constitucional colocaría al país en la ruta de cumplir con los postulados de la Ley 1-12 que instituye la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Ampliar las prerrogativas de los servidores públicos debe ser una prioridad para el Ministerio de Administración Pública ¿Sabía usted que no hay posibilidad de renuncia de un servidor público y que si lo hiciera pierde el tiempo, no tiene cómo reclamar sus prestaciones laborales? Esta forma esclaviza y obliga al funcionario público a permanecer en espacio con el que ya no se siente identificado, lo que merma su rendimiento.

Es urgente también que se tipifique el acoso laboral y se establezcan sanciones para los funcionarios que la cometan. Esta práctica es tan dañina y perversa como el acoso laboral por tanto debe ser castigada ejemplarmente. No existe en la normativa ninguna referencia a una mala práctica que es delito en muchos países, especialmente en Europa.

Es pertinente también, reflexionar en torno a las escalas salariales  y valorar su adecuación a las responsabilidades del cargo. De no corresponderse la paga con la función es difícil que el Estado capte y conserve los talentos que requiere para su adecuado funcionamiento. 

La Ley de Salarios recién aprobada establece unos umbrales poco realistas  que de aplicarse colocaría al país en la escala de los que peores salarios paga a sus servidores. Esa situación contradice las proclamadas intenciones de modernizar y eficientizar los servicios públicos que  ofrecen las instituciones públicas. Un funcionariado mal pagado rinde poco y es difícil que se comprometa con la visión y la misión de la institución a la que le sirve.

Como se ha visto, la normativa que rige la función requiere de una modificación urgente, que entre otras cosas incluya correctivos para las situaciones antes descritas. Estos ajustes deben reforzar las capacidades del Ministerio de Administración Pública, como ente rector del sistema, para sancionar y aplicar correctivos. La Constitución establece bases sólidas para la institucionalización y el desarrollo de un Sistema de Función Pública realista, racional, equitativo, eficiente y transparente.