jueves, 12 de enero de 2017

SALVEMOS EL PARQUE DR. JUAN BAUTISTA RAMÍREZ RANCIER Y LA RIQUEZA ECOLÓGICA QUE ALBERGA.

“Como el medioambiente está interrelacionado a la acción humana, la preservación de Valle Nuevo pasa por una comprensión de su ubicación en el país de hoy y de los procesos que han llevado al aprovechamiento de sus recursos. Debe ser una demanda del país que la acción humana contribuya a la preservación del medio, que Valle Nuevo se constituya ante todo en un productor garantizado de agua y aire puro, que sea en el porvenir un sitio de una historia comprometida con la naturaleza”. Dr. Roberto Cassá.

El Parque Nacional Dr. Juan Bautista Ramírez Rancie, conocido anteriormente como Valle Nuevo comprende un área vasta e intrincada de la geografía nacional. Sus límites tocan a las provincias de Azua, San José de Ocoa, Monseñor Nouel y La Vega. Su declaratoria data del año 1996, cuando se votó el Decreto 233/1996 y más tarde se reforzó con la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-2000) y la Ley 202-04 de Áreas Protegidas. 

El Parte abarca un área aproximada de 900 Km2,  distribuidos en las provincias de La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Azua. Sus límites están a 15 kilómetros de la ciudad de Constanza. Alimenta a tres cuencas hidrográficas distintas, la del Nizao, Yaque del Sur, Yuna, Grande, Cuevas, Blanco, Banilejo, Ocoa y Tireíto. El Parque Nacional tiene a la carretera Gral. Antonio Duvergé como vía principal que lo atraviesa de norte a sur.

Diario Libre reseña que los “Propietarios de terrenos en Valle Nuevo, que dicen poseer unas 450,000 tareas, reiteraron que sólo tienen en producción agrícola 250 tareas, equivalentes al 0.0001%. Esos propietarios son: Granja Mora, presentada por Gregorio Mora, dueña de 24,000 tareas; Explotación Maderera de Constanza, representada por Luis A. Mercado Aguayo, 250,000 tareas; Sociedad Agrícola del Valle y Ganadera del Valle, representadas por José Delio Guzmán y José Delio Ares Guzmán, 148,000 tareas, 150 están en producción y 5 mil en un proyecto ecoturístico; Flores Purama, representada por Tomás Villamán, 150 tareas, 20 en producción de fresas orgánicas; Flores Antillanas, representada por Miguel Crouch, 517 tareas, sólo 70 con fresas orgánicas”. (Diario Libre, 06/010/2017).

Históricamente las intrincadas cadenas montañosas y su hermoso valle fueron surcados, primero por los aborígenes, luego por esclavos en busca de libertad. Los monteros hicieron de la zona un lugar de caza de reses y cerdos cimarrones. Luego, esas tierras fueron marcadas por las huellas de patriotas y revolucionarios. Entre estos se destacan, el Dr. Hipólito Rodríguez (Polo), que en 1963 se estableció en la zona con un foco guerrillero, como parte de la sublevación del Movimiento Revolucionario 14 de Junio contra el gobierno de El Triunvirato.

La zona sirvió de escenario de combate y entrenamiento de unidades y grupos guerrilleros, así como para el entrenamiento de las fuerzas antiguerrillas del Estado (Cazadores). En la zona de Arabia fue abatido, el joven revolucionario Orlando Mazara en 1967 por fuerzas del gobierno del Dr. Joaquín Balaguer Ricardo.

Sus tierras fueron regadas con la sangre, el sudor y la rebeldía del Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, quien escogió la zona para instalar una dotación guerrillera en 1973. Allí está sembrado su coraje tras caer prisionero y herido. Fue fusilado junto a Geordano Lalane José y Alfredo Perez Vargas.

De los 8 hombres que acompañaron al Coronel de Abril, en su desembarco por Playa Caracoles, el 02 de febrero de 1973, solo 3 sobrevivieron luego de intensos combates y una férrea persecución. Se proponía derrocar al régimen corrupto, represivo y entreguista impuesto por el neotrujillismo balaguerista en sus primero 12 años (1966-1978). (Hamlet Herman Pérez, Revista Caracoles).

A pesar de su importancia estratégica para el desarrollo nacional y su alto valor como productor de agua en sus cuencas y microcuencas, ha sido víctima de la explotación agropecuaria y forestal. Primero la extracción de madera, especialmente de pino y sabina. A mediados del siglo pasado, se instaló en toda la zona del Parque una serie de aserraderos que diezmó los bosques de la zona. Esas eran acciones legales que datan de la Era de Trujillo, donde se promovió esa práctica como negocio.

Recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente ha retomado el tema y ha dispuesto, mediante resolución, un plazo hasta el 29 de enero del año en curso, para que los productores y empresarios insertos en el área que comprende el Parque, especialmente en Valle Nuevo salgan de la zona. Esta medida ha generado un amplio debate, ya que productores y empresarios agrícolas tienen décadas instalado y produciendo en esos territorios. Consideran que se deben concretar acuerdos y arreglos con las autoridades donde se beneficien ambas partes.

Tanto los grandes propietarios como los medianos tienen largos años de vida en la zona, y consideran que se han realizado esfuerzos para preservar la zona. Se han hecho esfuerzos para solucionar la situación y lograr la salida de la gente del Parque Nacional Dr. Juan B. Ramírez Rancier-Valle Nuevo. Hay quienes afirman que hay gente que recibió millones como pago para que abandonen la zona y el problema sigue ahí.

Se han desarrollado viarios planes de reforestación se han desarrollado, sobre todo en la cuenca del Río Ocoa. El impacto de la acción humana ha sido tal, que ese importante Río está prácticamente seco. No solo porque la deforestación ha diezmado sus aguas, sino también, porque manantiales, arroyuelos y arroyos son canalizados hacia fincas para el regadío de predios agrícolas y otras actividades vinculadas a la agroforestería o la agropecuaria.

Esas acciones se han desarrollado al margen de la normativa vigente, tanto las que declaran la zona de alto interés estratégicos y prohíben las actividades que lesionen o impacten negativamente los ecosistemas de la zona, como las regulaciones establecidas en la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A raíz de la declaración del 2017 como el “Año Nacional del Desarrollo Agroforestal”, el debate en torno al tema, adquiere mayor relevancia.

Los asentamientos humanos empezaron a desarrollarse y con ellos el conuquismo a pequeña escala. Más tarde, grandes terratenientes se instalaron en la zona e iniciaron un proceso acelerado de agricultura intensiva. Ambas prácticas, aceleraron el proceso de deforestación, cuyas huellas se evidencian con una simple inspección empírica.

La crianza de ganado, es otra práctica que tiene marcada presencia zonas que corresponden al Parque Nacional, la cubierta boscosa y contamina sus aguas. Los incendios forestales, unas veces accidentales otras de manera intencional, aportan su cuota de destrucción tanto a la flora y la fauna como a los acuíferos que abundan en el área.

Esas prácticas se agravan por la falta de orientación de las autoridades, así como por la inobservancia de la Ley 64-00 y su normativa complementaria. Incide también, el interés de grandes productores de maximizar ganancias a costa de la degradación medioambiental y contaminación de los recursos naturales, especialmente del agua.

Ahora, que el Poder Ejecutivo ha declarado el 2017 como el “Año Nacional del Desarrollo Agroforestal”, es oportuno recordar, la importancia de esa zona como productora de agua tanto para las provincias que conforman el Parque como para las que se benefician en recorrido de arroyos y ríos que nacen en el mismo.

Proteger esas cuencas hidrográficas, más que un deber, es una obligación del Estado. En lo que respecta, a San José de Ocoa tiene ya un serio problema de escasez de agua, tanto para el consumo humano y animal como para la producción agropecuaria e industrial.

La disposición de desalojar a quienes ocupan el vasto territorio que conforma el Parque Nacional no es un capricho ni es el primer intento. Esta vez, la acción es impostergable dado el alto impacto de la acción humana sobre este hermosa e importante reserva. Hay quienes piensan que la zona se puede proteger, mediante planes de manejo técnicamente gestionado pero las autoridades insisten en la salida de quienes ellos llaman “ocupantes ilegales”.

Constancio Cassá, en su libro Valle Nuevo. El Parque Juan B. Pérez Rancier y su Altiplano”, señala queLos esfuerzos gubernamentales para preservar los bosques iniciaron en 1924, durante el gobierno de Horacio Vásquez, cuando los doctores Juan B. Pérez Rancier y Miguel Canela Lázaro lograron la creación del Vedado del Yaque, en la Cordillera Central, el cual prohibía y penalizaba la tumba e incendio de árboles, arbustos y pastos, dentro de sus límites. En 1937 el gobierno de Trujillo promulgó la Ley núm. 1321 que ordenaba la siembra de veinte arbolitos por cada árbol cortado, ley que no se cumplió cabalmente.

Agrega que en 1966, el entonces presidente Joaquín Balaguer dispuso el cierre de los aserraderos mediante el Decreto número. 1377, que fue ratificado por el oficio núm. 318 del mismo año. Ese decreto tampoco se cumplió correctamente y en 1967 se promulgó la Ley núm. 211 que cerraba oficialmente los ochenta y cuatro aserraderos que operaban en todo el país, ubicados principalmente en Constanza, Jarabacoa, San José de Ocoa, Barahona, Azua y San Juan de la Maguana. Desde entonces se han hecho otros esfuerzos, infructuosamente”.

Aclara “que la explotación maderera no siempre fue clandestina ni de iniciativa privada. El propio Trujillo, al ver la rentabilidad de su bien equipada empresa Aserraderos Santelises, C. por A., el 6 de noviembre de 1950 hizo promulgar una ley que obligaba al secado de la madera. Así, quien no tenía horno debía pagar un impuesto adicional de RD$10.00 por cada millar de pies cuadrados de madera. Ese impuesto, y otros más promulgados durante la dictadura, elevaron a RD$145.00 el precio del millar de pies cuadrados de madera”.

Lógicamente, en las condiciones actuales de las rutas y dado el deterioro que se observa en la zona el panorama deprime a quienes comprende el valor de este pulmón ecológico. De ahí la necesidad de intervenir la zona con planes de manejos y otras acciones que hagan efectivo el cumplimiento de la Ley 64-00 y la que creó el Parque Nacional.

Tal como propone Constancio Cassá, se debe Promover excursiones ecológicas debidamente guiadas y controladas, en las que se ponderen la flora, la fauna, el aire puro, la temperatura, las montañas, el paisaje y los bosques de la zona. Los ingresos por dichas excursiones podrían usarse para cubrir los gastos de regeneración y repoblación del propio parque”. (Constancio Cassá, Valle Nuevo. El Parque Juan B. Pérez Rancier y su Altiplano” Archivo General de la Nación (Vol. CLXIV), 2012)

Esto requiere mucha voluntad política por parte de las autoridades, compresión por parte de las personas que han pernoctado por décadas en la zona y compromiso de las organizaciones sociales y ecologistas en mantener los ojos puestos en una zona de alto valor estratégico para la producción de agua del país. Esas montañas son un tesoro que debe ser preservado y cuidado para disfrute y provecho de las generaciones venideras.

Las huellas de la agricultura intensiva son evidentes y el impacto a los recursos forestales, la fauna y los acuíferos de la zona deja claro, el precio a pagar por la indiferencia de unos, la ignorancia de otros y la incapacidad de las autoridades para diseñar e implantar estrategias que garanticen la salud de ese importante ecosistema. El desarrollo de los pueblos tiene un costo pero la sostenibilidad debe ser la barrera que marque el límite entre el interés general y el colectivo.

Armonizar la relación de la gente con su entorno no es tarea fácil, requiere esfuerzo, comprensión y compromiso de las partes involucradas. El Estado y el liderazgo que lo gestionan deben garantizar la sostenibilidad del desarrollo en zona de tanto valor ecológico como el Parque Nacional Dr. Martínez Rancier y espacialmente la zona conocida como Valle Nuevo.

Cerrar los ojos no es opción, ser indiferente mucho menos. Ir tras la preservación de la reserva implica, tomar en cuenta a la gente que está en la zona y que de alguna manera deben ser retribuidas por el Estado. La normativa establece procedimientos para superar cualquier escollo. Diálogo y compromiso son las claves para lograr un entendimiento entre las partes.

Ignorar los postulados normativos que deben sustentar el desarrollo de un país trae consecuencias como éstas. Una vez, se decide encarar la problemática se debe tomar en cuenta, que por encima de cualquier cosa está la gente y sus derechos. Eso no quiere decir que las instituciones rectoras y gestoras de los recursos naturales carezcan de medios o de poder legal para incoar cualquier acción. Todo lo contrario.

Tomar conciencia de la importancia estratégica de la zona no es suficiente. Es necesario trabajar para preservar ese pulmón y reservorio de vida que es el Parque Nacional Dr. Juan B. Ramírez Rancier. Se debe evitar que la politización del tema impida que se llegue a soluciones que ponga el riesgo o desestabilice el ya deteriorado ecosistema de la zona.

Que se haga lo que haya que hacer para detener su deterioro, la contaminación y el aniquilamiento de la zona. Que se establezcan las previsiones para evitar que la acción humana haga de la zona un desierto. Que las autoridades diseñen e implementen planes de desarrollo que permitan la explotación ecoturísticas del lugar. Que se habilite carretera la Gral. Antonio Duvergé para que haya mayor visibilidad de la zona.

Que no haya privilegios en las soluciones que se decidan y que el espíritu de la Ley y el sentido de justicia prevalezcan. Que se creen las condiciones para lograr que la producción de agua siga siendo el norte de la preservación de la zona. Que se aplique el rigor científico y el marco normativo que rige el uso del agua y las zonas que la producen ¡La suerte está echada!

viernes, 16 de diciembre de 2016

TRADICIONES CULTURALES OCOEÑAS (COPLILLAS NAVIDEÑAS).

San José de Ocoa tiene fama de ser un pueblo rebelde, alegre, hospitalario, estudioso y trabajador. Esto lo expresa con salves, otras con merengues, y no pocas veces, en coplillas y plenas. Cada manifestación cultural tiene su espacio y su contexto. Así es la historia que viene a mis recuerdos y se la cuento de inmediato.

Tan común como las serenatas, eran los aguinaldos que en el mes de diciembre y enero, especialmente entre el día de Noche Buena y el Día de Reyes cuando se escuchaban los versos copleros en las madrugadas. Unas veces se acompañaban con tambora, güira y acordeón otras veces se hacían a ritmo de guitarra. En otras cosas simplemente a pleno pulmón y a capela.

La mecánica del aguinaldo consistía en organizar un recorrido coplero por las casas en las comunidades rurales, donde se pedía, a ritmo de coplas, pollo, ron, dinero y otros ingredientes para concluir la parranda en un locrio en una casa previamente seleccionada por el grupo. Era una diversión sana y de mucho valor sentimental.

“Antes de la pascua/es que hemos venido/perdonen señores/si le hemos ofendido”. Como se puede apreciar había una intención de pedir permiso y excusarse por cualquier molestia que pudiera causarle. Recordemos que estos cantos se hacían generalmente, bien entrada la noche. La idea era amanecer con la parranda que a veces terminaba en una fiesta colectiva.

Había cantos para todo tipo de situación y circunstancias. Se le cantaba a la mujer, al caballero de la casa o en alusión a las fiestas navideñas. Si usted era un tacaño, le tenían la suya y decía así: “…esta casa tiene/la puerta de alambre y quien vive adentro es un muerto de hambre”. Se insistía: “ya está amaneciendo ya casi es de día y lo que queremos es ver la luz prendía. Si no se levanta y abre la puerta les estaremos cantando hasta que amanezca”.

Si se quería algar a la señora de la casa se cantaba así: “La señora de esta casa cuando está durmiendo parece una rosa cuando se está abriendo”. Con esos versos se buscaba ablandar a la doña para que soltara los chelitos, las viandas o que prestaran atención.

A los señores también se le cantaba con gracia, estima y respeto para evitar que se indispusiera. “Esta casa tiene la puertas de acero y quien vive en ella es un caballero”. Esta copla bien cantada era impactante y casi siempre surtía su efecto: el señor daba su anuencia o soltaba los chelitos.

“Aguinaldo pido y no es por interés/con una gallina me conformaré”. La señora conmovida, motivada y emocionada por los cantos, convencía al marido de la conveniencia de levantarse y organizar una comilona, tipo locrio. Ahí cuajaba el asunto y la rumba tomaba un giro familiar y de camaradería. Unos iban cocinando, otros bailaban y los copleros seguían en su faena hasta el amanecer, repitiendo: “Amigo Fabián/yo se lo decía/ que esta parrandita/ yo se la traía”.

Diciembre era un mes de fiesta, gozo y solidaridad. Se organizaban los famosos bailes de “gaviados o de brindis”. Se hacía una comida abundante y una suculenta cena y después “fiesta y mañana gallo”. Recuerdo allá por los años 80s, cuando a los lejos, los cantos, merengues y coplas rompían el silencio de la noche y agudizaban los sentidos para adivinar quienes eran los copleros.

Recordemos que en los centros urbanos de Sabana Larga y San José de Ocoa, así como en otras zonas rurales también se hacían estas veladas copleras, aunque con diversos matices y tonadas. Hubo y hay copleros famosos. Son dignos cantores populares. El tiempo ha ido borrando esas tradiciones hermosas. De ahí la motivación para esta reflexión.

Eran los tiempos donde el peso de las tradiciones imponía su lógica y la gente “bajaba para los días” como solía decirse en tiempos de fiestas patronales. Se ahorraba algunos pesos para comprar ropas, dulces y algunas bebidas. Cerdos, pollos y pavos ponían la carne y las cenas se daban a lo grande y en un ambiente de solidaridad, “quien tenía repartía”.

Las coplas navideñas junto a las salve ocoeña, que se canta en las “nochevelas”, así como los chuines que se cantaban en los convites son parte de un rico legado cultural que tenemos como pueblo y que marcaron las vidas de nuestra gente. Conocerlos, estudiarlos y recrearlos debiera ser una función de la gente que trabaja en la promoción del turismo.

martes, 4 de octubre de 2016

LA UASD NECESITA DEFENSORES, NO DETRACTORES.

"El hombre es creación histórica, expresión de las relaciones entre la voluntad humana situada en la superestructura de una formación económico-social y la estructura económica de una sociedad. La escuela o, más genéricamente, la educación desempeña una función muy importante en esas relaciones al asegurar la transmisión del acervo cultural de una a otra generación ".Antonio Gramsci.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo es el espacio de incubación y cultivo de los talentos que surgen de las entrañas del pueblo, y de aquellos que atraídos por la mística académica usadidana deciden alimentarse de la Madre Nutricia en la Primada de América. Unos y otros encuentran en ella, la orientación, el amor y la formación que se requiere para adquirir un conocimiento aplicable a cualquier circunstancia y escenario.

La UASD es un patrimonio del pueblo dominicano. Un activo solidario, productivo, equitativo y útil a la sociedad. Es un espacio para ejercitar los saberes bajo la égida de los fundamentos de las ciencias para transformarlos en aprendizajes y enfoques críticos-reflexivos. Oportunidad y esperanza para los excluidos y marginados, porque encuentran en sus aulas los insumos que le permiten ejercitar y desarrollar las capacidades humanas, técnicas y científicas.

La Casa de Altos estudios es un puente seguro hacia el ascenso social. Una vez se adquiere una profesión o una especialidad se abren puertas y posibilidades para los hijos e hijas de agricultores, obreros, amas de casas, desempleados, madres solteras, militares, policías, guachimanes, lavanderas, billeteros, docentes, estudiantes, pescadores, pregoneros, ganaderos, chiriperos, colmaderos, coqueros, jornaleros, mecánicos, moto conchos, Etc.

También empresarios y profesionales de todas las áreas encuentran en la UASD un espacio para impulsar a sus vástagos hacia el porvenir. Estamos hablando de un lugar donde por derecho y obligación constitucional el gobierno debe enfocar su apoyo como forma de cumplir con la obligación constitucional de garantizar una educación pública de calidad. Eso culmina con la educación superior y la UASD es el espacio ideal para lograrlo.

“Se establece como principio en el financiamiento de la educación superior, la ciencia y la tecnología la participación del Estado y del sector privado. El Estado Dominicano tendrá la responsabilidad de financiar la educación superior pública y de contribuir al financiamiento de la privada. Además, de mejorar, flexibilizar y transformar la gestión de las instituciones de educación superior, la ciencia y la tecnología del país, mediante la adopción de políticas de financiamiento apropiadas que garanticen el acceso, la equidad y solidaridad en la distribución de los beneficios del Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología”. (Art. 90. Ley 139-01).

Se sabe que el Estado dominicano es un Estado Social Democrático y de Derecho, según establece la Constitución de la República. Eso implica que su fin es impulsar el desarrollo integral del pueblo dominicano. De ahí, que el apoyo a la educación y los esfuerzos por mejorarla pase de ser un voluntarismo a una cuestión de derecho.

El Estado y el gobierno dominicano hacen esfuerzos por mejorar la educación. Se asignó un 4% a la educación pública. Eso sin duda constituye un logro que redundará en beneficios para el país. De la buena gestión de esos recursos pueden salir varias cosas. Aumentará la cantidad de egresados y la demanda de educación pública superior. Mejora la calidad de los egresados y aumentará la motivación para emprender estudios superiores. La UASD debe prepararse para suplir la gran demanda que se avecina.

Esa avalancha de egresados requerirá espacios, condiciones, insumos y sobre todo un profesorado que le oriente. La UASD es la principal receptora. Ese incremento en la matrícula incrementa sus costos operativos y obliga al Estado a dotarla de los recursos que le permitan garantizar el derecho de la gente a una educación pública de calidad.

La Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología establece un 5% del PIB para la Universidad Autónoma de Santo Domingo y recibe menos del 2%. Eso implica un déficit significativo y se traduce en una serie de debilidades que mueven a preocupación a toda la familia uasdiana. De ahí que se haya articulado una lucha bajo la consigna “…lo justo para la UASD…”. Estos esfuerzos se combinan con un proceso de diálogo con representantes del gobierno central que debe incrementarse y fortalecerse.

“La inversión pública a ser ejecutada en el primer año de entrada en vigencia la presente ley no deberá ser inferior al cinco por ciento (5%) del Presupuesto de Ingresos y ley de Gastos Públicos asignado en la ley 5778, del 31 de diciembre de 1961, que declara la autonomía a la Universidad de Santo Domingo y que serán destinados a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y universidades públicas. Además deberán incluir las subvenciones asignadas a las demás instituciones de educación superior”. (Art. 91, Ley 139-01).

La UASD ha sido escenario de grandes luchas en reclamo de mayor asignación presupuestaria. El 5% es una consigna que debe ser transformada en una propuesta que se articule con la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12) y otros instrumentos y dispositivos que se impulsan desde el Estado para dotar al país de las capacidades que  potencien, propicien y sustenten el desarrollo integral.

"El Estado dedicará anualmente para el financiamiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo un subsidio que no será inferior al cinco por ciento del Presupuesto Nacional. Este subsidio será considerado como parte del patrimonio de la Universidad y solo ella tendrá derecho a administrarlo. También integrará a su patrimonio otros fondos que por cualesquiera otros medios que procure debidamente la Universidad". (Art. 3. Ley 5778 de 1962 que instituyó el Fuero Universitario).

Cómo se ve, la Ley 139-01 modificó esa Ley en lo que respecta al porcentaje que debiera asignarse a la Universidad Autónoma. De cualquier forma se debe trabajar en un proyecto de transformación y modernización de la academia, donde se establezca la forma de inversión de los recursos asignados. Es muy probable que la cifra requerida supere con mucho al 5% del PIB. Todo dependerá de cómo se distribuyan los recursos, los medios disponibles y los fines que se persigan en cada rublo, así como de los énfasis requeridos para hacer coincidir los planes y programas de la academia con la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

Esa inversión en la UASD debe ir acompañada de un compromiso por parte de la familia uasdiana de cuidar cada peso. Practicar y fomentar la transparencia, potenciando y garantizar la eficiencia. La UASD no es una empresa. Es un espacio donde el Estado cumple o intenta cumplir con su función. Unos y otros son responsables de que la Ley se cumpla y que el derecho se preserve y se ejerza.

La inversión en educación superior, especialmente en la UASD, es estratégica. Se traduce en resultados palpables que se evidencian en cada graduación. El impacto de un profesional en una familia tiene un valor extraordinario porque muchas veces abre la brecha para que los demás ingresen a los centros de estudio. Unos sirven de orientadores de sus familias y no pocos de sostén económico. Eso es innegable. Los aportes de la UASD son significativos.

Hay amenazas tanto externas como internas, a las se debe prestar atención para evitar que fuerzas opuestas a los intereses uasdianos, impongan su lógica perversa. Tanto el Estatuto Orgánico de la universidad, como el Código de Ética establecen los principios sobre los cuales opera la academia. Ahí están las bases de su transformación cumpliendo con su misión y su visión.

Echemos una mirada a la tabla de egresados en los últimos 4 años, tanto en grado como en posgrado y tendremos una idea de en qué se invierte del dinero que se asigna a la Alma Mater. Claro, hay muchas cosas por arreglar y escollos por superar pero la relación costo-beneficio justifica el incremento de los ingresos.

Un proceso de diálogo franco, sincero y productivo entre la UASD y el gobierno sería lo mejor que pudiera pasar a ambas partes. Dado que la academia es el espacio donde el gobierno deposita la responsabilidad de que los jóvenes dominicanos continúen su educación superior. Por tanto la apuesta es ganar-ganar y ganando ambos gana el país.

Se debe propiciar una alianza respetuosa y constructiva, basada en un compromiso entre las partes, colocando al estudiantado dominicano en el centro de sus acciones. Ningún Estado debiera propiciar la negación de un derecho y menos un derecho tan fundamental como el acceso a la educación pública superior. Un pueblo educado es una garantía y un indicador de progreso colectivo.

Conviene que la Universidad Autónoma de Santo Domingo muestre sus logros, infraestructura, matrícula activa y el potencial que tiene en cada región, especialmente a los legisladores. Con esa información, sumado a los planes estratégicos se coloca en mano de la ciudadanía la información que puede servir para elaborar argumentos razonados y opiniones bien fundamentadas. La información es clave y fundamental para la gestión del Siglo XXI.

La UASD es una escuela de liderazgo y un espacio para cultivar, ejercitar y potenciar las capacidades de la gente que decide estudiar allí. No discrimina por condición social, genero, credo o ideología política. Es la Primada de América. Valorarla, cuidarla y defender la es un deber ineludible. Las críticas son importantes y deben ser tomadas como alertas por la familia uasdiana, especialmente por su liderazgo directivo.

Transformar las consignas en propuestas es un reto para una entidad como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, máxime cuando se sabe que las mejoras en el sistema de educación pública, ubican a la UASD como la opción principal de quienes no pueden financiar la educación en un centro privado. Es tiempo de acción y decisión, no de lamentos ni sumisión.

La UASD necesita defensores, no detractores. Hay quienes le deben todo lo que son a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y aun así, se empeñan en detractarla. Ese es un acto de ingratitud y de indolencia. Familia uasdiana, amemos la UASD, críticamente pero amémosla, cuidémosla y preservémosla para que los hijos de nuestros hijos encuentren en ella un espacio mucho mejor del que nosotros recibimos. 

martes, 27 de septiembre de 2016

REFLEXIONES SOBRE LAS REFORMAS POLÍTICO-ELECTORALES EN REPÚBLICA DOMINICANA.

Las Reformas Políticas Electorales en la República Dominicana se puso de moda a finales de los años 90s y por alguna razón, el tema quedó relegado a cuestiones vinculadas a la reforma en Ley Electoral y un manoseada y manida propuesta de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que fue coordinado y diseñado por la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, COPRyME, creada en 1996.

Se inició un amplio proceso de conversatorios, consultas, seminarios, foros y mesas de trabajo que colocaron el tema en la agenda general de la Reforma y Modernización del Estado como un asunto estratégico. En el contexto internacional también, venía desarrollándose un proceso orientado superar el descrédito en el que habían caído los partidos y las instituciones políticas fundamentales.

Así, a partir de la Cumbre de las Américas de 1996, celebrada en Miami, Estados Unidos, se inician el proceso general de Reforma y Modernización del Estado en República Dominicana. Era parte de la estrategia política de las tendencias liberales y neoliberales que buscaban contrarrestar la ola revolucionaria que ya se veía venir en América Latina.

Tomando como punto de partida, la Reforma Constitucional de 1994 y aprovechando el escenario creado tras la crisis que siguió al cuestionado proceso electoral ese año, donde se produjo un fraude contra el Dr. José Francisco Peña Gómez y el PRD, tan comprometedor como el perpetrado  por el Dr. Joaquín Balaguer  en 1990 contra el PLD y el profesor Juan Bosch.

El Contexto político quedó condicionado por la reforma a la Constitución, ya que se incluyeron una serie de aspectos que afectaban el funcionamiento del sistema político. Cabe mencionar, la división de las elecciones y la creación de las circunscripciones electorales. Estos dos aspectos, cruciales para entonces, fueron aprovechados para montar el debate.

En 1997 se votó la Ley 275-97 como fruto de los compromisos asumidos por las partes en los diálogos postcrisis. Luego le han seguido varias leyes, incluida la que rige la cuota femenina. Claro, esa era una reforma para recoger las inquietudes de las fuerzas llamadas mayoritarias. El viejo modelo político de corte conservador había hecho los ajustes necesarios como para garantizar su recomposición.

Hubo tensiones fuertes y roces considerables entre las fuerzas progresistas y revolucionarias y las fuerzas liberales que impulsaban las modificaciones cosméticas a los subsistemas electoral y político. El proceso encontró apoyo de ciertos organismos internacionales como la OEA y el PNUD. Cada ente, estaba pendiente de que las cuestiones claves quedaran excluidas.

La Reforma Constitucional y la inclusión en la misma de dispositivos de control popular como la constituyente, el plebiscito y el referendo revocatorio quedaron en el tintero. Hubo varios proyectos de reforma constitucional pero ninguno fue tomado en cuenta. En 2002 se reformó la constitución solo para incluir la repostulación del entonces presidente Hipólito Mejía Domínguez. La reelección había sido abolida en 1994 por considerarse perniciosa para la estabilidad política y la gobernabilidad democrática.

Es 2010 cuando se abre una brecha para que la ciudadanía y sus organizaciones pongan en perspectivas sus aspiraciones de transformar el texto constitucional. El presidente Leonel Fernández, quien agotaba su tercer período de gobierno, llamó a una Consulta Popular y creó una comisión para que coordinara los trabajos de la misma.

El proceso fue amplio y diverso aunque hubo gente que se autoexcluyó. De las cientos de propuestas recogidas en cada tema, se incluyeron las que el grupo gobernante entendió prudente. Las quejas de quienes participaron no se hicieron esperar. Hay que recordar que la consulta no era vinculante y carecía de base normativa que lo sustentase.

No obstante, se avanzó y se colaron asuntos que podían ser considerados como progresistas, tal es el caso de la inclusión de las circunscripciones electoral. Un ensayo que pretendía acercar al representante a la demarcación y la gente que representa. Aun hoy, se espera que se concretice ese anhelo.

Respecto a la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas las discusiones han sido larga y tediosas. Se presentó la primera propuesta “consensuada” en 1999 por la COPRyME. Luego, con el cambio de gobierno de PLD a PRD, el proceso continuó pero el enfoque y los énfasis también cambiaron. Aquí se empezó a discutir la pertinencia o no de una Ley de Lemas paralelamente a la promoción y montaje de las Circunscripciones Electorales.

Técnicamente, la propuesta de Ley de Partidos estaba lista para ser presentada a las cámaras pero la falta de voluntad política impidió que se concretara. A juicio de muchos, esta Ley puede contribuir al adecentamiento de la práctica política, otros asumimos que esa acción debe complementarse con un cambio de actitud de la clase política frente a la POLÍTICA.

Se entiende que para transformar la cultura política requiere mucho mas que ajustes en el marco normativo. Implica un rediseño de la arquitectura institucional y organizativa tanto de las entidades rectoras como en las organizaciones políticas. Ser requiere entre otras cosas, un liderazgo comprometido con los valores morales y los principios éticos que rigen a los colectivos humanos.

De cualquier forma, la Ley que se apruebe debe incluir una categorización de los miembros, una definición de los derechos de los mismos y unos controles a quienes dirigen para que no abusen del poder delegado. Contendrá los dispositivos de vinculación de las organizaciones políticas con el Estado, así como las disposiciones referentes a la ética política y la formación y educación de los miembros.

El esfuerzo debe concluir, en una reforma y modernización de las entidades políticas, orientada al adecentamiento de la práctica política. La eficiencia del sistema político y el perfeccionamiento de la democracia funcional. Si no transforma el sistema y revaloriza la democracia de poco habrá servido tantos esfuerzos.

Hoy, en tiempos de las redes sociales y de un encarnizado cuestionamiento a la política, los políticos y los gobiernos, las organizaciones políticas son fundamentales e inherente al funcionamiento de la democracia. Los partidos políticos, como se ha dicho, son un instrumento que supera con mucho a las instancias que pretenden sustituirles desde los grupos de poder enquistados en el ámbito empresarial o grupos de sociedad civil.

Es cierto que hay mucho por superar pero de ahí a prescindir de los partidos como canalizadores de las expectativas populares y centros de gestión y distribución del poder político. Organizar y gestionar gobiernos o niveles de gobierno implica la elección de un funcionariado idóneo y comprometido. Los partidos deben aportar esos liderazgos y la normativa que surja debe reforzar esas prerrogativas.

La cuestión de fondo, es la reforma y modernización del Estado, pero las reformas políticas electorales son la sombrilla que debe dar cobijo ese esfuerzo. Si las reformas son políticas es a la clase política a quienes les toca liderar ese proceso. Toda acción de reforma del Estado implica una acción política. De ahí la complejidad del asunto y el interés de ciertos grupos de jugar al filibusterismo político con respecto al diseño de un marco normativo que se ajuste a las expectativas de la ciudadanía.

Negar la necesidad de transformación de los partidos políticas y de las entidades que los rigen o proponer su desaparición es algo riesgoso y poco práctico. La apuesta es construir una institucionalidad político-electoral que garantice la igualdad en el ejercicio de derechos políticos, así como un marco normativo que recoja las expectativas políticas del Siglo XXI.

El Siglo XX es historia y hay que entrar al nuevo escenario con instituciones políticas que den respuestas y cobijo al más amplio espectro de modalidades de participación, incluido los grupos que consideran obsoletos a las instituciones políticas. Los debates y los temas puesto en agenda dejan ver el gran reto que tienen la sociedad dominicana para encausar la práctica política por las sendas del decoro y la decencia.

Antes de proponer la desaparición de las organizaciones políticas se debe pensar en quienes ocuparían su espacio y los riesgos de una sociedad organizadas al margen de los partidos como entes de mediación. El reto es grande y los escollo también pero no se puede ceder en la lucha por la transformación de las instituciones heredades del Siglo XX.

El debate sobre la Ley de Partidos y Organizaciones Políticas debe ser abierto e inclusivo para que el producto sea flexible y útil. Quien se excluya, se expone a que le impongan una normativa y pierde la oportunidad de aportar a la construcción de un marco legal acorde con el interés colectivo, que es lo que debe primar. La democracia es diálogo y compromiso, nunca consenso como falsamente se cree. De ahí que que el disenso sea mas productivo en este tipo de discusiones.

Más y mejores partidos políticos debe ser la consigna de la sociedad. Compromiso, diálogo y búsqueda constante de legitimidad. Avanzar hacia una democracia dialógica con fuerte arraigo popular que facilite el avance hacia la sociedad que queremos y merecemos. Permitir a un grupito decidir por el colectivo, no ayuda a este elevado propósito. Al contrario, deslegitima el sistema y debilita las instituciones políticas. 

La transformación del formalismo democrático en democracia funcional es el horizonte que hay que mirar. Pensar en una socialización de la democracia que aumente su capacidad de gestión del complejo mundo en el que operan los sistemas políticos. Hay tantos escollos por superar como oportunidades por aprovechar. Hacer que la gente se reencuentre con la política es una cuestión estratégica para profundizar la cultura política.

El liderazgo debe entenderlo y asumirlo. Al margen de las críticas y los motivos que la generan los partidos son necesarios e insustituibles por el momento. De ahí la necesidad de trabajar por su desarrollo y consolidación. No se deben escatimar esfuerzos en la apuesta por dotar a la sociedad de una estructura jurídica que haga de los partidos y organizaciones políticas espacios de formación y educación de los hombres y mujeres que accionarán en la vida pública.

Hay razones para preocuparse pero no para alarmarse ya que las organizaciones políticas no tienen otra opción que no sea la transformarse. El futuro próximo deja abierta las puertas a la incursión de nuevas formas de participación política que debe ser contemplada. No es el fin de la historia ni lo será nunca. Los pueblos se renuevan y con ellos las formas de participar y accionar en política ¡El futuro es ahora!

miércoles, 13 de julio de 2016

LINEAS PARA EL REFORZAMIENTO DEL DEBATE POLÍTICO.

"En el complejo mundo político, como en la vida selvática, importa tanto la buena memoria del elefante líder como las habilidades de la manada para adaptarse y  sobrevivir". FDC/2016.

Se deben generar las condiciones para que el sistema político y sus componentes generen capacidades que le permitan organizar procesos electorales que sean confiables, ágiles, transparentes y los menos costosos posible. Esto pasa por establecimiento de mecanismos que hagan confiables e importantes cada una de las fases del proceso. Se debe partir de una buena selección de quienes se postulan. Las organizaciones políticas son y deben ser compromisarias en este esfuerzo.

Si las organizaciones políticas y su liderazgo insiste en desacreditar el sistema que le sirve de soporte y en el que anclan su accionar propician la corrosión de las bases institucionales de la débil democracia dominicana. Hay quienes detractan los partidos y agrupaciones políticas pero estos constituyen un elemento indispensable para los sistemas democráticos. 

Transformarlos y hacer de ellos espacio para el cultivo de ideas y el debate debiera ser una prioridad. Apostar a su debilitamiento, y peor aún, a su desaparición conmina a pensar en una democracia sin partidos. Hay debilidades y retrasos que deben ser superados pero la solución debe ser una respuesta en 3 niveles.

Para que la tecnología sea útil y aporten transparencia y agilidad, así como que contribuya al abaratamiento de los procesos electorales se deben crear las condiciones mínimas para garantizar su funcionamiento. Esto quedó evidenciado en las elecciones de mayo de 2016. Ojalá se aprenda la lección y se tomen los correctivos de lugar para evitar errores que generan tenciones y roces entre los actores del Sistema Político.

Aquí algunos elementos para enriquecer el impostergable debate que debe darse si se quieren superar una serie de rezagos que impiden el desarrollo político y la ciudadanización de la democracia funcional.

Reformar el Sistema Político-Electoral dominicano, mejorando y fortaleciendo su marco normativo, aprovechando el referente constitucional y ampliando las capacidades institucionales tanto de la Junta Central Electoral como del Tribunal Superior Electoral.

Modernizar el Sistema Político-Electoral, tanto desde la perspectiva de la gestión, como en los aspectos organizativos. Esto pasa por incorporación de herramientas y dispositivos tecnológicos que agilice, transparente el proceso de gestión y organización y que baje los costos operativos.

Es necesario establecer modalidades de voto electrónico, pasando por automatización del proceso de escrutinio votos, transmisión de resultados y la asignación de escaños. No se puede atribuir a la tecnología las fallas que origina la incapacidad del sistema para autogobernarse.

Establecer estrategias de captación de talentos y especialistas en área informática para crear un banco de conocimiento que den soporte a los sistemas informáticos. Las universidades e institutos pueden ser una buena cantera. Luego entrenar en uso u empoderamiento.

Es necesario trabajar en la definición, validación y aprobación de un método de conteo que haga más democrática la asignación de escaños. Se impone cambiar o adecuar el sistema utilizado que fue creado por el jurista belga Victord'Hondt en 1878.

Separar las elecciones en 3 niveles: presidencial, legislativa y municipal. Cada evento debe realizarse con una periodicidad de 2 años y en tiempos diferentes. El país debe avanzar hacia una modalidad de elecciones que acerque el cargo al entorno que representa.

Limitar la reelección a un período y nunca más para todos los cargos electos. Quien ocupe un cargo electivo solo tiene derecho a 2 períodos como máximo. Esto es válido para los niveles municipal, congresual y presidencial. Queda abierta la posibilidad de que se aspire a cualquier otro cargo bajo la misma lógica.

Se debe establecer el sistema de voto preferencial, tanto en el nivel municipal como en el congresual. Con esto se evitaría el arrastre, se rompe la tendencia a la reelección perpetua, se amplían las posibilidades de participación y se fomenta el cultivo del liderazgo local.

Establecer mecanismos institucionales que faciliten la depuración de los perfiles de candidaturas cuidando no lesionar el derecho a “elegir y ser elegido” que establece la Constitución de la República, (estableciendo una periodicidad de 6 meses antes de las elecciones).

Desarrollar las capacidades que permitan el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en todo el proceso de gestión política, tanto a lo interno de las organizaciones político-partidarias como de los entes que gestionan el proceso comicial.

Establecer reglas que permitan la depuración automática del subsistema de partidos para evitar la atomización del mismo. Una forma puede ser reglamentar que las alianzas y coaliciones se hagan en segunda vuelta para evitar que ciertos partidos se conviertan en trampolín o salva vida para ciertos grupos de interés que crean entidades a las que llamas partido político.

Evitar por todos los medios institucionales, que se vulnere el derecho de los miembros de las organizaciones políticas y fomentar las condiciones para que se respeten los procedimientos internos establecidos para la escogencias de precandidaturas.

Diseñar, reglamentar y aplicar dispositivos normativos para el financiamiento de las campañas políticas. Voltear la cara ante el triste espectáculo que hemos vivido es un acto irresponsable tanto para los partidos como para la sociedad.

Controlar y fijar límites al financiamiento privado, sea vía empresas o bien vía individual. Eso ayudaría cerrar el paso a la entrada de dinero sucio al Sistema Político y la compra de cargos.

Sancionar ejemplarmente el uso de los recursos del Estado, en todas sus expresiones en cualquier modalidad y nivel. Superar esa perversión, aplicando un régimen de consecuencias efectivo.

Fijar límites al gasto en campaña y establecer procedimientos funcionales para garantizar el acceso equitativo a los medios masivos de comunicación de todas las fuerzas políticas que tercien en una contienda por el poder.

Definir y tipificar categorías de Delitos Electorales y establecer las sanciones que desmotiven a su práctica e incentiven la sanción social y moral de esos delitos. Eso contribuye al adecentamiento de la práctica política e incentiva la participación de la gente.

Establecer procedimiento y requisitos para la inscripción y validación de candidaturas a cargos electivos. La Junta Central Electoral debe exigir que se presente la propuesta de gobierno al cargo al que se aspire, una declaración de no antecedentes penales, un perfil del postulante, una breve motivación y una declaración patrimonial.

Visualizar, socializar y trasparentar los procedimientos para incoar y canalizar quejas, reclamos e impugnación a los procesos, quiénes deben hacerlos y los tiempos establecidos.

Socializar los acuerdos previos que establecen los organismos electorales con los partidos participantes en las contiendas electorales y las consecuencias de sus incumplimientos. Con ejes transversales desde la ética, transparencia y la honestidad.

Establecer estrategias para ampliar la participación de la juventud y la mujer para liberar las energías y aprovechar el potencial transformador de esos sectores. Superar el perverso sistema de cuotas instituido.

Revisar las causas de la creciente abstención electoral y evitar por todos los medios institucionales que se imponga el “voto obligatorio”. No se puede endilgar al pueblo la incapacidad de las organizaciones políticas para encantar a la gente.

Promover la alfabetización política y la ciudadanización de la actividad política para contrarrestar la incursión y ascenso de sectores ajenos al interés nacional vía elección popular. Si la gente pierde el encanto en la política no participa y si no participa se estanca la democracia.

Establecer los procedimientos institucionales para garantizar que el derecho a elegir y ser elegido que tiene la ciudadanía prime por encima de cualquier otro interés o negociación partidaria.

La Reforma Política debe incluir la conformación de un congreso Unicameral. No es necesario que un país de 48 mil Km2 y menos de 10 millones de habitantes tenga un Congreso Bicameral con una matrícula que supera los 200 legisladores.

Diseñar y aplicar regímenes de consecuencias efectivos y funcionales tanto a las organizaciones políticas como quienes las integran. Los filtros institucionales deben incluir, entre otras cosas, el cumplimiento de la normativa y el apego a la ética como rasgo distintivo del quehacer político.

Las reformas política-electorales que se emprendan deben servir para avanzar en la transformación y fortalecimiento institucional del Estado dominicano. Esto implica una transformación del sistema, tanto desde la perspectiva normativa como operativa.

Hay que pensar seriamente en el establecimiento de la modalidad de Constituyente para para las reformas a la Carta Magna. Cerca de 40 Reformas Constitucionales no han sido suficiente para crear un Sistema Político que sirva de sustento institucional al desarrollo.

Sería importante definir y especificar las modalidades de voto, a saber, votos emitidos: voto válido, nulo, observado y voto en blanco. Incluir la opción de voto en blanco para quienes no están de acuerdo con la oferta electoral puede incrementar la participación y bajar la abstención. Actualmente se anula pero no debe ser. Hay que dar valor a esa expresión popular.

Se impone definir los fundamentos normativos del Juicio Político, así como las particularidades tanto del referendo y de las modalidades de plebiscito establecido en la Constitución.

Se deben establecer estrategias de socialización de los derechos civiles y políticos para avanzar en la construcción de una cultura política que de soporte al Sistema Político y refuerce los fundamentos del buen vivir.

¿Se conoce alguna experiencia de elección popular duradera e inclusiva fuera del Sistema de Partidos? ¿Se puede prescindir de los partidos políticos? ¿De qué forma se renovaría el liderazgo directivo del país si se prescinde de las organizaciones políticas? ¿Cómo hacer de la democracia representativa electoralista en un espacio funcional, participativo, útil y productivo? Aquí habrá, como en muchos casos, más preguntas que respuestas pero hay que abordarlas.

Es evidente que hay una largo camino por recorrer, escollos por superar y aspectos por mejorar para lograr una democracia que supere el formalismo democrático y genere las transformaciones sociales y políticas que necesita el país para colocarse en la línea del desarrollo inclusivo ¡Es tiempo de actuar!