martes, 25 de febrero de 2014

PERSPECTIVA PROGRESISTA Y COYUNTURA ELECTORAL.

La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Eduardo Galeano.

Las fuerzas políticas progresistas y revolucionarias de la República Dominicana experimentan un marcado rezago político con respecto al resto del continente. Los autodenominados grupos y organizaciones alternativas no han podido consolidar una plataforma política que se corresponda con las expectativas de las masas populares. 

En varias oportunidades se han iniciado procesos de concertación orientados hacia la articulación de un Frente Político, pero el intento ha sido ahogado, en unos casos por las pretensiones personalistas, y en otros por incapacidad de los grupos para ponerse de acuerdo en una línea común.

Sirva como muestra los intentos unitarios de la década de los 90s donde se llegó incluso a postular a la presidencia de la República, un sacerdote encabezando  una alianza de parte de los grupos progresistas.

En esa ocasión como en otras anteriores, una parte de la izquierda se quedó en expectativa e incluso llamó a la abstención electoral. Esa tendencia ha seguido hasta llegar al momento actual pasando por varias experiencias fallidas.

La más reciente, es la de las elecciones presidenciales del  2012 con las candidaturas del Dr. Julián Serrulle por el Frente Amplio, el Dr. Max Puig por la Alianza por la Democracia y el Dr. Guillermo Moreno por Alianza País. Ninguna de las 3 propuestas concitó el apoyo de la población ¿Por qué no conformaron una plataforma política unitaria?

Ahora se ha iniciado un proceso semejante, ya hay varias cabezas de grupos, por un lado está el Frente Amplio que ya ha proclamado a Lic. Fidel Santana como su candidato presidencial. El Dr. Moreno también está accionando, igual que la Alianza por la Democracia. Pareciera que están aplicando el mismo manual y que no asimilan las enseñanzas de la historia política dominicana.

Ahora se suma al sancocho político otro ingrediente, el de la llamada Convergencia donde un grupo de personalidades se ha nucleado y han propuesto un Frente Opositor. La cuestión es que éste grupo coincide con sectores disidentes del Partido Revolucionario Dominicano que se han incorporado al mismo ¿A quién postularían y qué significa esto para los intentos de conformación de un bloque progresista de corte revolucionario?

Es evidente que hay una diversidad de fuerzas dispersas que bien pudieran presentar una propuesta política alternativa, pero lo que no se ve claro es el perfil del candidato y la propuesta programática que le sustente. Eso implica un desafío y un reto enorme que requiere entrega,  compromiso, convicción y perseverancia para alcanzar algún grado de éxito.

Lo primero es que hay que evitar que oportunistas pervertidos políticamente, provenientes de fuerzas comprometidas con el pasado, se apoderen de un intento tan necesario como el de constituir una oposición con vocación de poder y políticamente comprometida con la transformación de las sociedad dominicana. 

El control y conducción del proceso debe estar en manos de personas con ideales revolucionarios claros y bien definidos, no por oportunistas y aventureros. Cualquier intento que no cuente con una plataforma claramente diferenciada corre el riesgo de fracasar  y con ellos debilitar las aspiraciones de un cambio real en la sociedad dominicana.

Un aspecto clave es definir claramente las responsabilidades de los actores que accionan a lo interno de las fuerzas progresistas para poder concretar un acuerdo político. Pensar en propuestas alternativas electoralistas choca con la experiencia de países como Brasil, Méjico, Chile, Uruguay, Etc.

El coyunturalismo electoral puede servir para dejar ver la necesidad de una opción política diferente, no sólo en la forma sino en la práctica y en la orientación. Los esfuerzos deben orientarse hacia la construcción de un espacio político sano, pluralista, claramente revolucionario. Es la única forma de diferenciarse de las prácticas políticas tradicionales que han imperado en el país.

Hay fuerzas políticas que no tienen nada que mostrar y deben ser superadas, si se quiere aportar al desarrollo e institucionalización política del país. Otros tendrán que entender que las candidaturas no son el gobierno y que éste se constituye cuando se gana la elección. Solo superando estas prerrogativas se puede abrir una brecha hacia el poder de las fuerzas progresistas y revolucionarias.

Actualmente hay una oportunidad para diferenciar las tendencias que operan en el progresismo, delimitar y establecer espacios que sirvan de soporte a una propuesta política progresista de corte revolucionario. Se ha iniciado el trabajo pero pareciera que es la impulsa una fiebre electoralista, marcadamente coyuntural de cara al 2016.

Los escollos son muchos y diversos, pero la estrategia tiene que ser clara para que la táctica sirva a los propósitos de la unidad revolucionaria que sustente candidaturas en todos los espacios. Candidatas y candidatos comprometidos, visionarios y formados, no advenedizos ni oportunistas. Oportunidades hay, saber aprovecharlas, es el reto.

Es necesario construir espacios políticos que generen confianza en la población, aprovechando el potencial de la juventud, las mujeres y la experiencia acumulada a lo largo de la lucha por conquistar espacios de poder. Es momento de trabajar coordinadamente para superar las lacras divisionistas que tanto han costado al país. Pensar que esta es una carrera de resistencia, no de velocidad.

La izquierda revolucionaria y las fuerzas progresistas no pueden negociar ni desesperadas y desorientadas, tienen que enfocarse y fundamentar su estrategia en la consolidación de una propuesta política integradora y pluralista que recoja lo mejor de esas fuerzas. 

Armar una estrategia que le permita sortear con éxitos los difíciles escollos que le impone este sistema electoral y traspasar las fronteras del oposicionismo improductivo. Sólo así conquistará, poco a poco, las fuerzas que permitirán acceder al poder.

jueves, 20 de febrero de 2014

¿CÓMO EDUCAR EN EL SIGLO XXI?

En la escuela de hoy, es preferible enseñar a pensar antes que enseñar a aprender; y si no se puede, hay que aprender enseñando para descubrir y cultivar el pensamiento crítico. 

La sociedad del Siglo XXI se torna cada vez más compleja y difícil de gestionar dada la diversidad de factores que se combinan en su conformación. Uno de estos y tal vez el más importante está referido a la forma de descubrir, educar, cultivar y gestionar las capacidades, habilidades y talentos que se generan el contexto de de la sociedad de la información y el conocimiento.

La educación es, en ese contexto, la unidad de medida para analizar las tendencias que guiarán el desarrollo del mundo postmoderno.  También es el principal medio para superar la ignorancia inducida que padecen las clases menos favorecidas del mundo. Es por tantos, la mejor forma de potenciar la creatividad y la inteligencia humana. Es el camino seguro para llegar a los lugares ignotos donde reside la innovación. 

La escuela es el espacio privilegiado donde desarrollan las capacidades, habilidades y aptitudes que utilizará el educando en su vida adulta. Es también el ambiente donde se cultivan los valores y principios que adornarán a los hombres y mujeres que asumirán el relevo generacional en el proceso dinámico de la evolución social. 

Es el lugar por excelencia para recrear, desarrollar y socializar los saberes y experiencias previas de los educando. Es como un jardín donde se cultivan las flores que luego adornarán el entorno societal. Un entorno de intercambio, cooperación y solidaridad.

Es una oportunidad para reforzar el civismo, el patriotismo, los lazos y el sentido de pertenencia. Un espacio para contar las historias que dan forma a nuestras tradiciones culturales  y folklóricas. 

La escuela es un ente vivo y dinámico, no es ni puede ser una especie de cadena de montaje que funciones automáticamente, tiene que ser dirigida y gestionada. Este modelo, propio de la primera revolución industrial ha sido rebasado por los avances y adelantos de la sociedad de la información y el conocimiento. 

Esas características que reducían al ser humano a un operario donde pensar era privilegio de quienes ostentaban el poder, han sido superados. Hoy la escuela produce hombres y mujeres con capacidad y disposición para pensar y analizar críticamente su entorno y transformarlo. Esa debe ser la función de la escuela con las de la familia para apoyarlas en la ardua labor de forjar el espíritu crítico y la creatividad que debe caracterizar al nuevo sujeto social.

Hay formas y enfoques para abordar este tema, pero sólo nos interesa colocar la cuestión en perspectiva y abrir un espacio para reflexionar sobre la educación como instrumento para la transformación social y como herramienta para pulir los perfiles de la nueva ciudadanía. Es una miradita de reojo a los aspectos fundamentales que son o parecen interesantes para una reflexión crítica sobre el asunto que nos ocupa.

El diseño de las políticas educativas es un componente fundamental para lograr el éxito de los programas y planes de clase. Este diseño se hace al margen de los actores que los aplican dada la cultura gerencial que se dan los Estados. Es conveniente que los actores responsable de gestar, implantar y gestionar el sistema educativo estén integrados pero también los beneficiarios potenciales o aliados del sistema.

Siendo así, es clave que la escuela como comunidad participe en ese proceso, integrando al mismo a toda la familia educativa. Gestar instancias que faciliten la inclusión aumentaría el compromiso de los entes involucrado y esto termina impactando en la calidad de la educación. Concebir un sistema educativo dinámico con capacidad de autoevaluarse e implantar soluciones a las dificultades que identifique sigue siendo un anhelo y desafío.

Llegado a este punto y consciente de su importancia hay que entrar en los componentes de esta política para ver su articulación y su complementariedad. Es ahí donde residen las posibilidades de fortalecer y reorientar las políticas educativas y el sistema mismo aprovechado las oportunidades, neutralizando las amenazas y superando las debilidades.

Ningún sistema es perfecto, pero siempre hay que aspirar al mejor posible. Esto es innegociable cuando de educación se trata. Los pilares fundamentales del sistema educativo descansan sobre el magisterio, la escuela, comunidad, los programas, el currículum y se complementan con la planificación, gestión, la docencia, la supervisión y la evaluación. Contextualizar y ubicar el eje de análisis los componentes constituyen un importante escollo para plantear opciones de mejora.

En cada uno de ellos participan e interactúan, los hacedores de políticas educativas, los gerentes, los docentes, los supervisores; así como las organizaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, los sindicatos, los técnicos y los prestadores privados de servicios educativos, entre otros.

El Siglo XXI desafía los corroídos paradigmas de organización social y empuja a los hacedores de políticas y al liderazgo a cambiar continuamente para mejorar lo que hacen. Es como una especie de fuego cruzado que impacta en las agrietadas paredes de la escuela finisecular para sacar de su escondrijo la creatividad y la innovación. Descargará sobre la escuela todo su poderío de fuego para espantar el fantasma del tradicionalismo educativo y abrirse paso hace al cambio y a la mejora continua.

Actualmente, la escuela y la educación misma, son impactadas por esa tendencia transformadora revolucionaria y  debe prepararse para responder a esos desafíos. Debe adecuarse a las exigencias y necesidades de una población que es bombardeada continuamente a través de los medios de comunicación, especialmente las redes sociales.




martes, 31 de diciembre de 2013

2014 AÑO DE LA SUPERACIÓN DEL ANALFABETISMO.


"El mundo exige resultados. No le cuentes a otros tus dolores del parto.  Muéstrale al niño”. Indira Gandhi
La República Dominicana se ha impuesto la tarea de completar la alfabetización de la población en el año 2014. Para cumplir con esta magna tarea se han desplegado un conjunto de acciones articuladas a la estrategia Quisqueya Aprende Contigo que sustenta el Plan Nacional de Alfabetización, iniciado el 7 de enero del 2012, ejecutado bajo la coordinación de la Junta Nacional de Alfabetización (JNA), encabezada por el Presidente de la República.
 
Para operativizar el Plan se creó un Equipo Técnico Nacional integrado por la Dirección General de Programas Especiales, adscrita al Ministerio de Presidencia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación fundamentalmente. Este equipo diseñó y presentó una propuesta a la JNA y una vez aprobada se inició la conformación de las estructuras provinciales y municipales que sostendrían dicho Plan.
 
Concomitantemente con esa tarea se inició la conformación de los Núcleos de Aprendizaje, así como la selección del personal de apoyo al Plan (alfabetizadoras/es, animadoras/es y coordinadoras/es). La articulación y participación activa de las organizaciones e instituciones que operan en los territorios ha sido clave para el éxito del Plan. Los resultados evidencian que cuando se quiere, se puede.
 
Se crearon las Juntas de Alfabetización, una por cada provincia o municipio y en los distritos municipales cuyas características exigieran una estructura. En la provincia coordina el Senador y en los municipios los Alcaldes Municipales. Para el Distrito Nacional se hizo una estructura especial dada las particularidades de esta demarcación territorial. Estas articulaciones han dado el resultado esperado y se avanza hacia la meta.
 
Hay que recordar que Quisqueya Aprende Contigo” es parte de una estrategia  de desarrollo integral denominada Quisqueya sin Miseria”, compuesta además por Quisqueya Empieza Contigo y Quisqueya somos Todos. Superar el analfabetismo y lograr que la gente continúe preparándose para la vida es una gran tarea.
 
Atender las necesidades de los niños menores de 5 años que carecen de condiciones para desarrollarse tiene un alto valor para el futuro del país. Igual importancia reviste trabajar para implementar una estrategia integral de desarrollo local, colocando en el mapa de política e intervención pública territorios y demarcaciones que hasta ahora habían sido marginadas de la acción de las autoridades.
 
Con estas acciones de política se pretende superar rezagos en materia de educativa atención a la primera infancia y en todo el ámbito del desarrollo local para mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable del país y crear capacidades ciudadanas que les permitan salir de la pobreza que le agobia. Cerca de un millón de compatriotas estaban privados del derecho a la educación, pero ya un gran número de ellos ha salido de esa penosa situación y expresan su alegría en cada acto de certificación que organizan las juntas provinciales y municipales.
 
Ahora se ha declarado el 2014 como el “Año Nacional de la Superación del Analfabetismo” como forma de dar mayor empuje e importancia a la cuestión. Es una oportunidad para que los sectores se integren y se fortalezcan las alianzas ya concertadas. Habrá que redoblar los esfuerzos pero sin duda la meta será cumplida en el plazo previsto. El decreto 375-13 emitido por el Poder Ejecutivo es un reconocimiento a esos logros y llama a la acción colectiva para dejar al país libre de analfabetismo en el 2014.
 
Ya se tienen resultados concretos y se cuenta que más de medio millón de personas ya están organizadas en los núcleos de aprendizaje y de éstos, más de la mitad ha completado la primera fase del Plan. Esto es un logro indiscutible dado la longeva lucha contra este reducto del colonialismo esclavista que mantiene postrado en la ignorancia a más de un millón de dominicanos y dominicanas.
 
Como bien dijo Indira Gandhi: "El mundo exige resultados. No le cuentes a otros tus dolores del parto.  Muéstrale al niño”. Una vez superados los escollos y dificultades ya se ven los resultados del esfuerzo de quienes han asumido la responsabilidad contribuir con su esfuerzo a superar el analfabetismo en el país y continuar empujando para que quienes se alfabeticen sigan estudiando hasta liberarse de las ataduras de la ignorancia.
 
Se sabe que los rezagos sociales de los pueblos se agravan cuando sus niveles educativos son bajos, de mala calidad y desvinculados del interés nacional. Eso afecta la capacidad crítica de la población que se coloca por debajo de los niveles necesarios para garantizar la participación activa de la población en los espacios que habilita la democracia funcional. Construir capacidades ciudadanas en la gente que sirvan de sustento y soporte a la democracia es y debe ser la prioridad.
 
Queda tiempo y espacio para que las organizaciones, que por alguna razón no se han integrado al Plan de Alfabetización se integren y hagan sus aportes a esta noble causa. Es una buena forma de entrar a la historia y compartir el gozo de quienes miran la luz por primera vez cuando aprenden a escribir, leer, sumar, restar, multiplicar. Estas son acciones que seguramente contribuirán a la formación de un nuevo sujeto ciudadano más crítico, solidario y comprometido con su país.
 
¡Enhorabuena, bienvenida la declaración del 2014 como el Año de la Superación del Analfabetismo! Lo que pareció y se asumió como una tarea imposible e inalcanzable por muchos años, se está haciendo posible gracias al trabajo coordinado, el apoyo y voluntad de las autoridades, del liderazgo social y del Presidente de la República.

jueves, 7 de noviembre de 2013

¡ENHORABUENA!

El desarrollo integral de los pueblos es un derecho irrenunciable que compromete a quienes aspiran a vivir en un mundo donde la justicia social sea norma y no excepción”.
Con gran regocijo ha recibido la provincia de San José de Ocoa la inclusión en el Presupuesto de los recursos para la conclusión de los trabajos de la Carretera Ocoa-Piedra Blanca. Es una vieja aspiración de los ocoeños y ocoeñas que se concluya dicha viía que se ha iniciado en varias ocaciones y que hora, parece que la cuestión va en serio.

Esta es solo una pequeña victoria en una larga batalla para lograr que nuestra provincia sea colocada en la agenda de desarrollo del gobierno central. La lucha sostenida y la insistencia permanente de la comunidad ocoeña, durante muchos años,  se ha ido cristalizado poco a poco. Los aportes del Estado dominicano empiezan a llegar a una comunidad altamente productiva y de un interés ecológico estratégico para el país.

Se ha escuchado el clamor de la comunidad ocoeña, especialmente del empresariado agrícola, las organizaciones sociales comunitarias, así como de las autoridades municipales. Rancho Arriba y sus habitantes exigieron el derecho a recibir en servicio parte de lo que pagan en impuesto y lo han logrado.

Hoy celebramos esa pequeña victoria pero no podemos sentarnos a disfrutarla porque hay otros frentes que atender. Al concluir la referida obra las comunidades ocoeñas irán saliendo del círculo vicioso en que cada temporada ciclónica se aíslas numerosas comunidades y la provincia misma. No obstante, quedan muchas tareas pendientes en materia vial.

Los escollos para superar los rezagos históricos son tan grandes que requieren un esfuerzo inmenso para articular una verdadera agenda de desarrollo de la provincia. Las autoridades, tanto del nivel central como en el municipal debieran concentrar la atención en las necesidades de la población, no desde una perspectiva clientelista sino desde una perspectiva integral y sistemática.

Hay que trabajar por el fortalecimiento del Capital Social, por el diseño de políticas públicas de desarrollo, inclusivas e integrales, así como en la institucionalización en la provincia. Hay que trabajar para que los Planes de Desarrollo sean diseñados e implantados con y para la gente. Promover la autogestión y el asociativismo cooperativa puede forjar un tipo de economía solidaria que genere empleos y desarrolle capacidades competivas.

Las vías de acceso a las comunidades rurales son un verdadero desastre. Caminar por nuestras montañas y ver a la gente trabajar motiva y estimula  pero al escuchar sus ruegos y no poder complacerle llega la congoja y la frustración. Es una dura y triste realidad la que se vive en nuestras comunidades, no es una exageración, es como he dicho, una muestra del abandono y la desidia de las autoridades.

Zonas productoras de café pero acosadas por la falta de mantenimiento, la  barroa y la roya que han dispuesto de las plantaciones y merman la producción, ante la indiferencia e incapacidad de las autoridades de agricultura. La gente sufre, se empobrece más de lo que es, vende sus tierritas y finalmente emigra. Abandonan los campos y pasan a los centros urbanos engrosando los cinturones de miseria o aceptando trabajos para los que no están preparados. Cantidades de hombres jóvenes se integran al riesgoso y digno trabajo del motoconcho.

Que se diseñen políticas que no sean confundidas o vendidas como favores políticas de las autoridades que están obligadas a servir a la ciudadanía. En fin, hay que seguir hasta superar la pobreza, la exclusión y la miseria que arropa a nuestra gente. La indiferencia y la indolencia es inhumana, antiética e intolorable.

No hay que ser ducho en desarrollo para reconocer las carencias y males que afectan a nuestra provincia. Están a la vista de todos y todas, especialmente quienes aspiran a vivir en una sociedad donde la justicia social sea regla y no excepción. Hemos ido paso a paso pero falta mucho terreno para llegar a la meta.

La falta de empleo, la debacle de la agricultura de pequeña escala, el deterioro de los recursos naturales, la urbanización caótica, la falta de oportunidades para la población económicamente activa, entre otros males espolian el brioso caballo en el que cabalga la intrigante exclusión social. La concentración de las tierras productivas es parte fundamental de la agenda que se debe abordar.

Tenemos que enfrentar muchos desafíos y problemas diversos para concluir los sueños de los hijos e hijas de San José de Ocoa que han dejado lo mejor de sus vidas tras la búsqueda del sueño anhelado. Los caminos redentores abiertos por Los Casado Villar, desconocidos por las nuevas generaciones, esperan ser transitados  para plantar en nuestras comunidades la semilla del desarrollo y la solidaridad.

No es eso solamente, como dijo Pedro Mir. Como el país hay males que obedecen a lógicas inexplicables que deben ser enfrentados con coraje y decisión.  Es por eso que por obtener un pequeño logro la gente se regocija y lo expresa efusivamente. No obstante, esta es una responsabilidad de las autoridades electas o designadas. Para eso se le paga para que sirvan y cumplan con las funciones que corresponden a su cargo.

Conjunta y paralelamente con todo lo anterior hay que trabajar en el reforzamiento de las capacidades ciudadanas para agregar valor a la participación social. También hay que ir avanzando hacia la construcción de un liderazgo social y político que se aleje del clientelismo que fundamente su accionar y concentre su acción en el desarrollo integral de la provincia 13-30.

Agradecer es un noble gesto de humildad que engrandece a quienes la práctica.  Festejar por la batalla ganada es un buen punto de partida pero sólo eso, un punto de partida. Es la unidad y el compromiso de la gente con el futuro de su tierra lo que  marcará la diferencia entre los pueblos que entran a la historia del progreso y los quedarán fuera de ella.

San José de Ocoa se ha ganado y se gana todo lo que el gobierno y el Estado puedan darle porque siempre lo paga con creces. Así que, caminando se llega y si nos juntamos en el camino seguramente la llegada será feliz y placentero. Por eso merece la pena celebrar y estar vigilantes para que se ejecute lo presupuestado tal y como mandan las circunstancias.

lunes, 21 de octubre de 2013

MIGRACIÓN y SOBERANÍA.

“Se considerara pasible del delito de tráfico ilícito de migrantes el que promueva, induzca, constriña, financie, transporte por vía terrestre, marítima o aérea o colabore de cualquier forma en la entrada o salida ilícita de personas al país, sea como destino u origen, o como transito a otro país, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio, para sí u otros”. Artículo 2,  Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
 
La República Dominicana es un país libre, independiente y soberano en pleno uso de sus derechos y facultades para fijar y establecer las políticas que faciliten la organización y gobernanza de la sociedad. Renunciar a esa condición implicaría desconocer y menospreciar el sacrificio de quienes han dado su vida en la construcción de la institucionalidad democrática que hoy disfrutamos. Una democracia; débil, formal, siempre mejorable que ha permitido ir consolidando un sentido de pertenencia e identidad con valores que van más allá de la manipulación mediática y política.
 
Actualmente se debate en todos los ámbitos de la vida nacional la sentencia 168-2013 del Tribunal Constitucional, evacuada tomando como base una instancia que elevó una ciudadana de origen haitiana, quien había elevado un recurso de amparo hecha por Juliana Deguis Pierre para que la Junta Central Electoral, responsable del registro civil, expidiera el carnet de identidad que le había estado negando desde 2007. La sentencia ha destapado una olla de grillos y despertado a ángeles y demonios. Uno y otros deben entender que el Estado debe aplicar las políticas de regulación migratorias y defender la soberanía nacional.
 
El tema ha servido para que sectores pro y antihaitiano se atrincheren en sus respectivas posiciones. Unos alegan que atenta contra los derechos de nacionalidad adquiridos por nacimiento, otros la defienden y dicen que es necesaria, apropiada y oportuna para resolver los problemas de quienes viven o han adquirido la nacionalidad dominicana de forma irregular. No pocos insisten en reavivar discusiones pendientes sobre la cuestión migratoria, especialmente frente al tema haitiano y fronterizo. El resultado no debe ser otro que el establecimiento e implantación de una política de regulación que evite problemas mayores en el futuro.
 
Desde hace un buen tiempo y por diversos casos, el país se ha visto acosado por sectores, que pretendiendo defender derecho adquiridos de ciudadanos nacidos en este territorio dominicano olvidan o ignoran la obligación constitucional de luchar y defender la soberanía del Estado dominicano. A éstos se han unido organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Estos últimos financian y patrocinan campañas de descréditos contra el país, cuando debieran premiarle por la hospitalidad que ofrece a nacionales de otros países y la solidaridad probada con nuestros vecinos.
 
Tan lejos ha llegado el asunto que en la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y del Caribe, organizado por la CEPAL que se realizó en el país la semana pasada inaugurada  por el Presidente de la República, mujeres que participaban en el evento y que cuestionan la referida sentencia la emprendieron contra el mandatario. Se sabe que esta es una decisión del Tribunal Constitucional y que está fuera del ámbito del Poder Ejecutivo. Aunque la acción se enmarca en el derecho a disentir que le asiste a los grupos organizados y ciudadanos particulares, el escenario no era más el apropiado.
 
La República Dominicana ha sido, es y seguirá siendo un país altamente solidario, tolerante y hospitalario. Regatear estas cualidades y esgrimir caprichos con tendencias racistas o xenófobas supera el imaginario inteligente de los buenos y verdaderos dominicanos. Cada nación se constituye en Estado, compuesto por un territorio, una cultura común, una lengua, un sentido de pertenencia y una estacionalidad específica.
 
Según reseña del periódico el país el mundo de España el 17 de octubre, la Comunidad del Caribe (Caricom) emitió un comunicado en el que señala que la decisión adoptada por el Supremo dominicano “es contraria a los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha llamado repetidamente a República Dominicana a tomar medidas que garanticen el derecho a la nacionalidad y adoptar leyes sobre inmigración y prácticas acordes con lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos”.
 
Señala, la citada fuente que la primera ministra de Trinidad y Tobago y presidenta pro tempore del bloque, calificó la decisión del tribunal como un acto discriminatorio y llamó a los países que integran la comunidad a tomar parte activa en este debate, “dentro de un contexto en el que República Dominicana busca integrarse a la organización”. Al menos dos de los 15 países que hacen parte de la Caricom, Guyana y San Vicente y las Granadinas, ya han fijado una posición de rechazo a la sentencia que, no se descarta, podría afectar el ingreso de los dominicanos como miembros plenos del grupo.
 
Se cuestiona que la sentencia de la Corte Constitucional abarque un periodo tan amplio. Entre otras cosas se establece que se revisará el estatus legal de las personas que nacieron en el país desde 1929 hasta la fecha y cuyos progenitores eran indocumentados. Es evidente que en esta parte se violentó el principio de irretroactividad de las leyes. Lo ideal y legal es que dicha revisión se haga a partir del 2010 cuando se incluye en el textos constitucional los postulados que han servido de base a la Sentencia del Tribunal Constitucional. Pero el Plan de Regulación que se propone debe dar respuesta a los problemas que se presente en cualquier período.
 
La intención de regular ha sido objeto de encendidos debates en el país tras la modificación de la Ley de Migración y sus reglamentos y el establecimiento del Consejo Nacional de Migración. La cuestión se ha centralizado en los nacionales de ascendencia haitiana que han nacido en el país, ya que la sentencia es sobre un caso específico de una joven. Se recuerda que la Junta Central Electoral sacó en el año 2007 una resolución que condicionaba la entrega de documentos de identidad y electoral a presentación de documentos que probaran su condición de inmigrante legal en el país.
 
Los alegatos giran en torno a los descendientes de los ciudadanos haitianos y de otras nacionalidades establecidos en el país a partir de 1929. Se dice que son dominicanos y dominicanas por haber nacido, crecido y vivido en suelo dominicano. Ahí está el nudo del asunto y es donde habrá que iniciar la búsqueda de una vía de solución al asunto sin renunciar al derecho del Estado y al mandato constitucional de regular la presencia de nacionales de otros países en el territorio nacional.
 
Unos hablan de una sentencia del mismo tribunal que revise y anule la parte conflictiva del asunto, otros propugnan por una Ley de Amnistía Migratoria que resuelva el problema. No pocos, incluidos organismos internacionales propugnan por una salida extraterritorial y que una Corte obligue al Estado dominicano a reconocer la nacionalidad de quienes han nacido y vivido en el territorio de manera irregular. Otros se inclinan por la dotación de un carnet de extranjeros como establece la normativa de migración.
 
La Constitución dominicana recoge en el artículo 110, el principio de irretroactividad y establece que “la ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación”.
 
Falta sin embargo, que los grupos en pugnas y el Estado mismo facilite espacios de discusión  para buscar solución concertada al delicado asunto. Esas soluciones deben servir para resolver las cuestiones que afectan a todos los que habiendo nacido y vivido en el país carecen de la documentación que los acredita como dominicanos, si es que le corresponde tal condición.
 
Un caso aislado ha levantado un torbellino que debe servir para barrer los prejuicios, mitos y caprichos que pesan sobre el tema, especialmente cuando se trata de las relaciones dominico-haitianas. Las discusiones sobre la sentencia debe servir para que las autoridades dominicanas para establecer políticas claras migratorias claras.
 
Muchos estados y Haití se incluye, establecer en sus textos constitucionales que los descendientes conservan la nacionalidad de sus progenitores y no contemplan la doble nacionalidad. Ese es otra conflicto que debe ser zanjado entre los Estados involucrados a través de negociaciones diplomáticas donde se aclaren y se establezcan políticas migratorias que viabilicen soluciones y no que generen conflictos que den pie a manipulaciones de grupos que defienden intereses no confesos.
 
La República Dominicana y Haití son dos Estados que comparten una misma isla pero que tienen particularidades claramente diferenciadas. Haití invadido por fuerzas de la ONU y con una institucionalidad débil, unos elevadísimos niveles de pobreza y una clase política que dista mucho de la ideal. Resolver los problemas interestatales en la isla es una cuestión de los Estados que la comparten. Las intervenciones foráneas deben ser para aportar soluciones, no para imponer condiciones.
 
La fragilidad de la frontera dominico-haitiana es tal que se hace permeable como cedazo y por ella se cuelan muchas cosas. Hay mafias que trafican con personas, que contrabandean de todo; y hay también un pueblo que busca salir de esa penosa situación. Controlar el flujo de ciudadanos entre ambos países es fundamental y pasa por un diálogo de alto nivel donde se establezcan las responsabilidades de cada una de las partes. Igualmente se deben elaborar planes comunes para desarrollar la marginada línea fronteriza que faciliten la armonía entre los habitantes de uno y otro Estado.
 
Es importante que más allá de la Sentencia del Tribunal Constitucional se piense en el diseño e implementación de una política migratoria para el país que coloque a la República Dominicana a la altura de las expectativas del Siglo XXI. Las relaciones exteriores y la diplomacia tiene debe contribuir a mejorar las relaciones del país con otras naciones y promover los valores sustentan los principios soberanía nacional.
 
El Consejo Nacional de Migración debe emplearse a fondo para resolver cualquier situación en ese ámbito. Los temas y cuestiones migratorias son espinosos y delicados pero hay que enfrentarlos con coraje, decisión y sin prejuicios, respetando siempre los derechos humanos y la tranquilidad de los migrantes. Las instituciones involucradas tienen que orientar sus esfuerzos hacia la solución del problema no ha debatir acusaciones y contraacusaciones racistas. La gente se mueve constantemente de un país a otro y esa movilidad debe estar regulada para evitar roces entre los estados.
 
La cuestionada decisión del Tribunal Constitucional establece una revisión de los casos de personas registradas irregularmente desde 1929 y un Plan de Regularización, sin importar si son asiáticos, europeos, africanos, americanos, caribeños, dominicanos o haitianos. Ese inventario encomendado a la Junta Central Electoral ha encontrado el rechazo, sin embargo, es una evidencia del descuido que por décadas ha primado sobre el tema que nos ocupa y plantea la necesidad de ordenar y regular el estatus de quienes conviven en el espacio territorial dominicano, respetando los derechos adquiridos por quienes resulten afectados con las acciones que se implanten.
 
Si se considera que hubo excesos que se corrijan, pero es impostergable que se establezcan y se implanten políticas claras en este tema para el bien y tranquilidad de quienes se interesan por compartir pacifica y ordenadamente con el pueblo dominicano. Eso evitaría ilícitos tan perverso como la trata de personas que sostenidamente ha ido creciendo.
 
La normativa migratoria facilita y abre posibilidades reales para el establecimiento de políticas de Estado claras, precisas y concisas que nos eviten casos como los que han provocado las discusiones recientes. En el caso específico de los haitianos, hay sectores que no solo trafican con ellos sino que los explotan inmisericordemente. Regular eso, implica que los sectores que traen al país y contratan a trabajadores de esa nación cumplan con la normativa vigente para el beneficio de ambas partes.
 
Los problemas de la índole que sean, se resuelven enfrentándolos y abriendo espacios de diálogos responsables que generen compromisos de las partes para solucionarlos. En cuestiones migratorias esto es fundamental. A medida que unos Estados se rezagan y otros se adelantan la gente busca vías de escape y eso genera presiones que obligan a regular y a establecer normas claras en materia. La normativa, los tratados y los diálogos son las únicas vías para superar cualquier situación que contravenga el interés de las partes en un conflicto.
 
El país no es ni puede ser ajeno a las tendencias migratorias de la sociedad moderna y tiene que prepararse para lidiar con cuestiones que parecían triviales antes pero que hoy son fundamentales. La gente sale del campo a la ciudad y de las ciudades, muchos parten a otros países buscando oportunidades para desarrollarse, es natural. Es un ciclo normal que debe encontrar orden y seguridad para que el migrante no sea maltratado, engañado o explotado.

miércoles, 16 de octubre de 2013

CUANDO SE QUIERE, SE PUEDE

La provincia de San José de Ocoa ha padecido de una acentuada marginación y muchas veces ha sido excluida de las políticas de desarrollo que impulsan las instancias del Estado. Eso ha empezado a cambiar pero aún quedan grandes escollos por superar. Uno de los más urgentes es la conclusión de los trabajos de construcción y reparación de las vías de acceso, que ya se ha iniciado.

Recientemente hubo un encendido debate sobre la construcción de la Carretera Cibao-Sur pasando por la provincia. Se esgrimieron argumentos a favor y en contra, la posibilidad se esfumó o se postergó y con ella las esperanzas de los pobladores ocoeños de ver concretado su sueño. Una luz se encendió luego cuando se anunció la reconstrucción de un tramo de la vía.

Vinieron los reclamos de las organizaciones ocoeñas y se procedió a buscar fórmulas para reparar la maltrecha vía que va desde el Cruce de Ocoa hasta Piedra Blanca, en la provincia Monseñor Nouel. El primer tramo ya está en fase de conclusión pero este sólo llega hasta el municipio capital de provincia. Las autoridades y organizaciones de la provincia dan seguridad de que la obra se completará antes de concluir la gestión de Danilo Medina.

El tema adquiere ribetes de preocupación porque aunque se trabaja aceleradamente en la vía antes mencionada y el Puente sobre el río Ocoa y existe un campamento en el Distrito Municipal de Nizao-Las Auyamas, en el presupuesto Ley de Gastos para el 2014 no figura ninguna partida asignada para esa obra. Esto ha provocado que organizaciones sociales y las autoridades, se movilicen y desarrollen diversas actividades con el objetivo de que se escuchen sus reclamos.

En un Estado Social y Democrático de Derecho las necesidades de la gente son la prioridad. Hay que colocar a las personas en el centro de acción de las políticas públicas. Incentivar el sentido de pertenencia en las comunidades dominicanas debiera ser parte integral de las políticas de desarrollo. Lograr ese objetivo pasa porque en las zonas rurales y semiurbana existan las estructuras que faciliten el acceso a los servicios públicos.

La gente es principal activo que tienen los pueblos, de eso no hay ninguna duda. Las políticas deben ir orientadas a superar los rezagos de la población y a construir capacidades ciudadanas que potencien el desarrollo de los pueblos, preservando para el porvenir los recursos estratégicos que le sirven de motor.

Luego viene lo material y con ella la estructura productiva y de servicio. La institucionalidad ocoeña siempre ha sido débil a pesar del empeño y laboriosidad de sus habitantes. Son debilidades y carencias que afectan, tanto al nivel del gobierno central como al gobierno municipal. Es tiempo de avanzar hacia una estructura institucional que se corresponda con las expectativas de la gente.

Ocoa es una provincia altamente productiva, con clima envidiable, un rico legado cultural e histórico, y una población hospitalaria sumada a elevado potencial ecoturístico importante merece vías de accesos que se correspondan con esas características. Los niveles de deterioro y abandono que se observan en la actualidad alarman y mueven a preocupación.

La provincia produce de todo, especialmente hortalizas, frutales, café, miel, madera y ganado. Es también, un importante reservorio de agua que requiere ser valorado en su justa dimensión. Sus montañas conservan una invaluable reserva forestal importante que amerita protección y manejo. Es un pueblo que crece sostenidamente y se desarrolla pero necesita que sus vías de acceso y sus caminos rurales sean reparados. Debe ser una responsabilidad compartida y coordinada entre el gobierno central y los ayuntamientos.

Las comunidades ocoeñas se vacían aceleradamente. Los productores rurales venden sus tierritas “a precio de vacas muertas” y emigran. Muchas escuelas han sido cerradas. La gente no encuentra condiciones para desarrollar su potencial productivo. Esto tiene consecuencias devastadores en la producción de alimentos, en el hábitat suburbana y  en las ciudades.

El estado precario de las vías de comunicación con otros pueblos impide a la provincia desarrollar todo su potencial. Esto se agrava por el abandono de los caminos rurales que dificulta y encarece, no sólo el acceso a las hermosas montañas ocoeñas sino también el costo del transporte hacia y desde esos lugares. Transportar la producción de esas zonas es una verdadera odisea siendo el productor quien lleva la peor parte.
 
¿Qué hace un hombre con tierra en la ciudad? Esta pregunta que hace buen tiempo plasmó Manuel Jiménez en unas de sus canciones, es difícil de responder pero preocupa enormemente. Los esfuerzos de las autoridades, organizaciones y comunitarios deben orientar hacia la sostenibilidad ecológica de la gente en sus territorios, ya que es mucho lo que se puede obtener. Para ello se requiere compromiso y apoyo de las instituciones que trabajan y promueven el desarrollo integral de los pueblos. 

Las necesidades de la provincia no se limitan a vías de acceso; también hay problemas serios de desempleo, déficit institucional, delincuencia, deforestación y debilidad de la estructura organizativa pero transitar cómodos y seguros por nuestras tierras gratificará a tanto a la creciente población ocoeña como a quienes nos visitan.

Las oficinas policiales y militares requieren intervención. Se necesitan espacios adecuados y seguros para las prácticas deportivas. Se trabaja en algunas aéreas pero falta articulación compromiso y coordinación. Los servicios de energía eléctrica y agua potable siguen siendo asuntos de cuidados, a pesar de los esfuerzos realizados en esos ejes.

Concretar y considerar políticas integrales efectivas de desarrollo local requieren grandes esfuerzos y no pocos recursos. De ahí que  se imponga el diseño de Planes Estratégicos de Desarrollo debidamente socializados que sirvan de eje articulador a las acciones que se pacten. Estos planes deben priorizar las acciones que superen el asistencialismo clientelista e instituyan políticas coherentes con las necesidades de los territorios.

La participación social informada es fundamental para lograr ese objetivo. De poco sirve organizar a la gente para manipularlos o neutralizar cualquier acción transformadora. La democracia requiere contrapesos y la gente de San José de Ocoa lo sabe. La manipulación pudo ser útil en los siglos pasados, pero hoy, su eficacia es efímera porque el flujo de información se ha “democratizado” por el fuerte impacto de las redes sociales.

El cuadro antes descrito sirve para sustentar el justo reclamo que hemos emprendido para hacernos visibles, exigiendo que el Estado devuelva en bienes y servicios lo que pagamos en impuestos. Completar el Corredor Ecológico Padre Luís Quín es un buen empuje al desarrollo de la provincia y gran alivio para su gente.

El programa de asfaltado, así como la construcción de aceras y contenes es una muestra clara de que cuando el gobierno se une a los ayuntamientos, coordinando y complementando sus ejecutorias las intervenciones son más efectivas y se aprovechan mejor los recursos.

Esas alianzas y esas articulaciones deben ser replicadas en toda la estructura institucional de la provincia, para que los recursos que se inviertan contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la gente y se impulse el desarrollo de esa importante y acogedora provincia. No es un regalo que estamos pidiendo, es lo que nos toca que estamos exigiendo, en proporción a lo que aportamos al PIB.

Señores autoridades, dispongan las partidas que se requieran para concretar la obra e incentivar el empleo en San José de Ocoa ¡Cuando se quiere, se puede! De eso no hay ninguna duda. Confiamos que se completará la carretera Cruce de Ocoa - Piedra Blancas y que se prestará atención especial a la Carretera Ocoa – Constanza para facilitar la movilidad y garantizar los derechos de nuestra gente y en las comunidades rurales trabajará en la reparación de las vías internas.

Los habitantes de San José de Ocoa necesitamos apoyo para desarrollarnos y vías adecuadas para continuar aportando al desarrollo del país. Esperamos que el Señor Presidente de la República sea receptivo ante estos reclamos e interceda para que se tomen las medidas que coloquen a San José de Ocoa en la agenda de prioridades del Superior Gobierno.