martes, 10 de febrero de 2015

REPOSTULACIÓN, REELECCIÓN y CONTINUISMO EN REPÚBLICA DOMINICANA.

"Las democracias son frágiles, viven de conflictos, pero éstos las pueden sumergir. La democracia aún no está generalizada en todo el planeta que incluye dictaduras y residuos del totalitarismo del siglo XX o gérmenes de nuevos totalitarismos. Ella seguirá amenazada en el siglo XXI; además, las democracias existentes no es que no se hayan logrado sino que están incompletas o inacabadas". Edgar Morín.

En la evolución del sistema político y la democracia dominicana se hizo costumbre que las autoridades electas, intenten perpetuarse en sus cargos aprovechando las debilidades de la institucionalidad democrática y los juegos de los sectores de poder que dominan el espectro electoral. Eso se traduce en un frenético afán por repostular y repostularse a cargos que solo duran cuatro años.

Es harto sabido que en el país se realizan elecciones cada cuarto años y que eso está refrendado por la Constitución de la República. De igual forma, la Carta Magna establece, no solo la forma de elección sino también el período que debe durar el mandato que otorga el soberano pueblo, a través del voto. A pesar de la claridad del enunciado que prohíbe la repostulación en períodos consecutivos, las aspiraciones continuistas rompen la armonía y perturban el escenario político.

Hay cargos, como el de presidente y vicepresidente donde se prohíbe la repostulación en períodos consecutivos. Sin embargo, se permite que los demás cargos se repostulen y reelijan continua y permanentemente. Este desbalance para cargos electivos y regidos bajo el mismo cuerpo normativo debe equilibrarse. Eso evitaría el "secuestro" de los cargos y el estancamiento del desarrollo del liderazgo político, tanto a nivel nacional como a nivel local. 

Los afanes de extender mandatos se inició desde la fundación de la República y aún hoy persiste. Esto obliga a buscar una salida definitiva al complejo asunto de la repostulación. Se han propuesto modalidades que van desde un período y nunca más, dos períodos y nunca más hasta los períodos de 4 años intercalados. Hasta hoy ninguna de esas fórmulas, han resuelto el problema. Eso obliga a explorar otras modalidades.

Se debe pensar en establecer una modalidad que abarque a todo el espectro de cargos electivos, incluidos lógicamente a la presidencia y vicepresidencia de la República. Aunque los debates se quedan en este nivel, dadas las características del sistema político dominicano, no se puede perder de vista los demás niveles.

Miles de regidurías, cientos de alcaldías y direcciones de distritos municipales con sus suplentes son electas para el ámbito municipal. De igual forma, se eligen las diputaciones (provinciales, nacionales y de ultramar) bajo el mismo esquema. Aquí se incluyen las representaciones en el PARLACEM y el PARLATINO. Juntos suman más de 200 cargos electos. 

De igual forma se eligen 32 senadores, uno por cada provincia y 1 por el Distrito Nacional. Esa cantidad de cargos electivos y la posibilidad de seleccionarlos vía voto popular es una muestra de fortaleza del Sistema Político. Sin embargo, la perpetuación de una persona en un cargo sin límite de tiempo, tanto en el nivel congresual como en el municipal contradice esa fortaleza, ya que no se corresponde con los postulados constitucionales que otorgan a cada persona el derecho a elegir y ser elegida. 

Vista las dificultades de la clase política dominicana para ponerse de acuerdo en la adecuación del marco normativo que rige al sistema político, especialmente en materia política y electoral. Diversos sectores de la sociedad han apostado a la modernización y al fortalecimiento de los entes reguladores del sistema político pero la incertidumbre creada por los aprestos reeleccionistas, tensan la cuerda y encrespa el escenario político.

Tensiones y juegos de intereses han frisado una propuesta de Ley de Partidos y Organizaciones Políticas por más de 15 años. Igual suerte corre una propuesta de modificación a la Ley Electoral. Con ambos instrumentos se pretenden enderezar el rumbo y evitar la contaminación del Sistema Político Dominicano.

Es en ese contexto que el tema de la reelección, va y viene como un fantasma que no respeta normas ni compromisos. Quienes están en la oposición se oponen y una vez llegan al poder inician los aprestos para imponer sus afanes continuistas. Para impulsar sus pretensiones se amparan en grupos de apoyo, movimientos externos y personeros que se han especializado en esas lides.

No importa que la Constitución de la República prohíba la repostulación o que una autoridad electa empeñe su palabra de "no repostulación" en períodos consecutivos. Se recurre a cualquier argumento para justificar los aprestos reeleccionistas. Los argumentos van desde la predestinación y el mesianismo hasta la justificación del clientelismo como práctica política. Corregir esas distorsiones debiera ser una responsabilidad de quienes operan el sistema político pero no la asumen.

Esas prácticas debilitan, no solo la credibilidad de la clase política, sino también a la modalidad de democracia que funciona en el país. Es un lastre que perturba tanto a la oposición como a las tendencias partidarias que se reparten el poder. Superarlas definitivamente, sería un gran alivio para toda la sociedad.

Hay países que han instituido este sistema de elección basados en períodos de 6, 5 o 4 años; un período, 2 períodos consecutivo o indefinidos. Algunos países han superado el debate entre reeleccionistas y antireleccionistas, no restringiendo sino ampliando los espacios de participación. Otros tantos han instituido modalidades de repostulación indefinida y han hecho de la continuidad un credo, basado en la tesis de que el pueblo es soberano y quien mando.

Escoger entre una modalidad y otra es una tarea difícil, independientemente de la ideología que sustente el sistema, pasa por el establecimiento de reglas claras, cambios en la cultura política y un compromiso entre los entes políticos y sociales. La apuesta debe corresponderse con la función de la política y de las instituciones políticas como canales y brazo ejecutor de las aspiraciones de los colectivos políticos.

Cualquiera de las modalidades que se escoja debe reflejarse en incremento y cualificación de la participación y la confianza de la gente en su sistema político. Esa es muestra de que una estructura dinámica como las instancias políticas requieren ajustes constantes para adecuarlos a los contextos y realidades que impone la dinámica política.

Visto a groso modo, los aspectos antes citados, parece haber llegado la hora de impulsar una reforma constitucional, que entre otras cosas resuelva de una vez y para siempre el espinoso tema de la reelección. Insistir en resolver el complejo juego de poder por la vía constitucional implica un gran compromiso con el futuro del país.

Si se decide emprender una reforma constitucional la misma debe incluir la modalidad Constituyente para futuras modificaciones a la Carta Magna, así como ampliar a 5 años los períodos con opción a segundo mandato. Con eso se eliminaría la excusa de congresistas, alcaldes y regidores que se eternizan en los cargos. Respecto a la presidencia y vicepresidencia elimina las acentuadas pretensiones continuistas que predominan en la cultura política nacional.

Se debe aprovechar la oportunidad para incluir el Referéndum Revocatorio para sustituir a quienes no cumplan o violente el pacto con el electorado. Se debe dar uniformidad y mandar a incluir en la Ley o Código Electoral, estableciendo elección para un período con opción a un segundo para cada cargo.

Esto resolvería la distorsión y evitaría que una personas se entronice una regiduría, alcaldía, diputación o senaduría. Pondría fin a los aprestos de repostulación indefinida que asoman tan pronto y como se juramentan en los cargo. Así se fortalecen los liderazgos, se incentiva y se democratiza la participación política, se neutraliza la compra de cargos y se fortalece el sistema político.

Accionar en esa dirección fortalecería la institucionalidad democrática, mejoraría la calidad del liderazgo político y ampliaría las bases de la democracia y se fomenta la participación política. Ese debe ser el objetivo final de cualquier acción que implique una reforma constitucional. Lo contrario sería una aventura egoísta que profundizaría la desconfianza que se tiene en los políticos y la democracia dominicana.

martes, 13 de enero de 2015

CHARLIE HEBDO: ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN y LA ÉTICA PROFESIONAL.

"No me gusta la palabra tolerancia, pero no encuentro otra mejor. El amor empuja a tener, hacia la fe de los demás, el mismo respeto que se tiene por la propia". Mahatma Gandhi.

A raíz del atentado "terrorista" contra las oficinas del controvertido medio "Charlie Hebdo" y que cobró la vida de más de una docena de personas, ha salido a relucir con mucha fuerza un sentido antiislámico que puede ser aprovechado para cebarse contra quienes profesan la Religión Islámica. Es un indicador preocupante que requiere un abordaje desde la perspectiva ética y crítica.

El semanario satírico, en cuyas caricaturas se traspasaban los límites de la ética, la moral y la prudencia había sido atacado en 2011 por el contenido ofensivo de sus caricaturas. Si reprochable es el ataque, reprochable también es la provocación. No se pueden ofender a un colectivo sin esperar una respuesta proporcional a la ofensa.

Otros hablarán de la intolerancia religiosa o fundamentalismo religioso. Lo cierto es que el mundo conoce las reglas del ejercicio profesional en medios de comunicación, así como los valores que rigen a los colectivos humanos. Es precisamente, la transgresión de un valor tan preciado como es la creencia en un líder o institución espiritual la que ha originado la tragedia que motiva estas reflexiones.

Unos dirán que hacen uso de la libertad de expresión y que tienen derecho a publicar lo que entiendan publicable, y tienen razón, siempre y cuando respeten los sistemas de valores socialmente aceptados, así como los marcos normativos que rigen las sociedad donde opera el medio. Toda libertad tiene unos límites social y normativamente establecido. Todo derecho tienen un deber como contraparte.

La cuestión aquí es que la práctica periodística tiene reglas y normas dentro de las cuales se deben enmarcar los contendidos. Es preocupante como la manipulación ha sacado de contexto el hecho abominable, aprovechándolo para montar una campaña en contra de los defensores del Islam y de la simbología que acompaña a esta milenaria religión.

Las manifestaciones de protestas que se han dado en todo el mundo, incluida aquellas donde se ha visto participar a personeros comprometidos con la intolerancia política y el terrorismo de Estado, deja que pensar. Se ve a connotados genocidas haciéndose pasar por defensores de unos derechos que ellos niegan constantemente.

Los conflictos religiosos siempre han generado tendencias violentas, de ahí la prudencia que debe prevalecer en el manejo de esas cuestiones por parte de quienes tienen el privilegio de operar un medio de comunicación. Hay que apegarse a la verdad e ir tras los elementos positivos si se quiere promover el cultivo de la tolerancia, el respeto y el compromiso.

No puede quedar espacio para la duda, los medios, quienes los operan y los gestionan tienen que saber y cultivar la verdad. No deben propiciar campañas que ofendan y minimicen las creencias de grupos, no importa la denominación política o religiosa. Hay autoridades que han declarado que su país está en guerra contra, el yihadismo, el fundamentalismo islámico y el terrorismo. Eso evidentemente, ha sido avivado por las insidiosas caricaturas de Charlie Hebdo y el tratamiento que han dado la mayoría de los medios.

La ética llama a la razón y a al buen juicio para evitar hechos tan lamentables como los que presenciamos la pasada semana. Ella es el arma que, acompañada de una dosis de sentido común nos puede ayudar a ir construyendo un mundo donde el respeto, la tolerancia y el compromiso sean normas y no excepciones. Por eso es tan importante reflexionar sobre el impacto de los contenidos en la psiquis colectiva.

Los profesionales y cualquier persona que tenga a su cargo la responsabilidad de comunicar ideas tiene que saber que el poder de la palabra tiene un alto potencial transformador pero cuando la manipulación maliciosa se impone se pervierte. La sociedad de la información y la comunicación impone retos que hay que asumir. Armonizar la libertad de expresión con la ética profesional es un "imperativo categórico". 

Tómese el doloroso hecho acaecido en Francia contra Charlie Hebdo para reflexionar sobre los valores y principios que rigen la comunicación y evítese que quienes animan y promuevan acciones reñidas con esos principios se aprovechen e impongan el terror. También hay que rechazar y combatir el terrorismo mediático y aquí la ética es y debe ser el antídoto.

Apueste a la ética, al buen juicio y al sentido común. Sea crítico y responsable. Haga de la comunicación y de los medios una oportunidad para promover los buenos ejemplos. Combata el fundamentalismo con el pluralismo. Sea prudente y respete los sistemas de creencias aunque no esté de acuerdo. Use la palabras y las ideas con sentido crítico-propositivo. Propicie la construcción, no destrucción. No incentive, ni incite a la violencia. ¡Cultivemos la tolerancia, el compromiso y el respeto!

lunes, 29 de diciembre de 2014

SAN JOSÉ DE OCOA EN PERSPECTIVAS.

¡San José de Ocoa tiene que dar muestras contundentes del orgullo, solidaridad y capacidad de trabajo que exhibe su gente!

La República Dominicana ha ido cambiando aceleradamente, movido por el desarrollo científico-técnico de los últimos 25 años, especialmente en el sector servicio, con énfasis en la telecomunicaciones y la provincia de San José de Ocoa no es ni puede ser la excepción, a pesar de las falencias y rezagos que se aprecian.

El impacto del modernismo se aprecia tímidamente en ya que no se ha traducido en la superación de los problemas de marginalidad y exclusión social que caracterizó a la sociedad dominicana de finales de Siglo XX. Claro, el pueblo no es el mismo de antes y tiene amplias oportunidades de afianzarse como potencia turística y productiva. Lógicamente, eso depende de la capacidad de su liderazgo para asumir los retos e imponerse a los desafíos del Siglo XXI.

De lo que fue una pujante economía rural basada en la producción de café, papas y hortalizas hemos pasado al cultivo bajo ambientes controlados (invernadero), una modalidad altamente rentable pero inalcanzable para los pequeños y medianos productores. Se requiere un equilibrio entre ambas modalidades para evitar el ensanchamiento de la pobreza.

El expolio continuo de la pobreza y la exclusión social, sumado al deterioro de las condiciones de vida en las zonas rurales, empujan la emigración a los centros urbanos, impactando fuertemente en la calidad de los servicios y aumentando la vulnerabilidad en las zonas periféricas. La gente sufre y se deprime por falta de oportunidades para echar a caminar sus sueños y explotar sus capacidades.

Causas diversas explican y fundamentan esa realidad y obligan al liderazgo, político, social, religioso y cultural a buscar estrategias de desarrollo integral que se traduzcan en una estrategia articulada e inclusiva. Superar esos rezagos implica una esfuerzo coordinado y un compromiso sustentado en la participación de la gente en los espacios de toma de decisiones.

San José de Ocoa necesita con urgencia recomponer su entramado institucional para enfrentar el deterioro progresivo de los recursos naturales, el desempleo, el incremento de la delincuencia, el abandono del campo, la baja calidad de los servicios, la violencia, la inseguridad ciudadana, la degradación moral y cívica, así como la debilidad institucional y el debilitamiento del capital social.

Basta mirar los cauces ruinosos de los ríos Ocoa y Nizao para tener una muestra de la magnitud del reto en materia medioambiental que tiene la provincia. En menos de 30 años, esas preciadas fuentes de riquezas y belleza natural han sido degradadas a su mínima expresión. Tanto las causas como los causantes son conocidos. Preocupa la falta de políticas de protección a los afluentes que nutren esos ríos. Ser indiferentes, ante esta triste realidad y ver como desaparecen las aguas no hace cómplices de este crimen atroz.

Conformarse con los escasos avances que se aprecian en materia tecnológica, urbanística, transporte o telecomunicaciones y no mirar el abismo que nos espera no se corresponde con las expectativas de un pueblo que siempre aspira a más. Hay superar los escollos y plantear las perspectivas de cara a los retos que se encaran.

Habrá que superar muchas debilidades, incluyendo al clientelismo y el paternalismo para imponerse a los retos y desafíos que exigen las circunstancias, así como para instaurar una cultura política basada en respeto a la dignidad de la gente y que potencie las capacidades creativas de la comunidad ocoeña, tanto dentro como fuera de la provincia.

No basta con discursos politiqueros y de autobombo, cuando la realidad deja ver los andrajos y jirones desgastados que ha dejado la rutina politiquera. Dicho con la expresión del pueblo: "tamo hecho leña y recomendao pa carbón; tamo hecho tiras". ¡San José de Ocoa tiene que dar muestras contundentes del orgullo, solidaridad y capacidad de trabajo que exhibe su gente!

Es tiempo de repensar las prácticas políticas y culturales que han traído los males anteriormente descritos. Cómo enfrentarlo debiera ser la prioridad, tanto de las autoridades como del resto del liderazgo. No hay espacio para excusas y no actuar; tampoco para la indiferencia y la politiquería barata ¡Es tiempo de actuar crítica y positivamente a favor del desarrollo integral de la gran familia ocoeña!

miércoles, 19 de noviembre de 2014

¿POPULISMO?

El populismo es un epíteto despectivo que le han colocado los teóricos  e intelectuales derechistas, conservadores y ortodoxos a la práctica política impuestas por el SOCIALISMO DEL SIGLO XXI, caracterizado por volcar todos sus esfuerzos y recursos a la superación de la exclusión, la marginalidad y la desigualdad que ha caracterizado a los gobiernos de tendencia derechista y liberal.

Las políticas articuladas en programas, proyectos e iniciativas que superan el inmediatismo y se convierten en políticas de Estado no pueden asumirse como populistas. Esa es una de las principales diferencias entre una política de gobiernos y una política de Estado. Esos esfuerzos se complementan con acciones ciudadanas articuladas y coordinada que se traducen en esfuerzos colectivos de transformación social.

El interés de descalificar los esfuerzos de los gobiernos socialistas y revolucionarios se expresa hoy con virulencia y saña perversa. Eso incluye, la adjetivación de las políticas que diseñan y gestionan los gobiernos progresistas. Así como tildan de terroristas, a quienes antes llamaban comunistas o le acusan de estar vinculados al narcotráfico; así hoy se empeñan en llamar populismo a las políticas de inclusión social y lucha contra la pobreza que ejecutan los gobiernos.

Los teóricos e intelectuales que sirven de soporte ideológico y operativo al consrvadurismo neoliberal que sumieron en la miseria a los pueblos del mundo, especialmente a los latinoamericanos se empeñan en desacreditar y etiquetar con epítetos descalificatorios, cualquier acción de política que contravenga sus postulados.

La idea es comparar estas políticas con las ejecutorias de gobiernos corruptos como el de Domingo Perón, en Argentina. Perón encabezó una dictadura disfrazada, surgida al margen de la voluntad popular. No es lo mismo ni es igual. Aunque este gobierno llegó a tener amplia base popular sus ejecutorias si eran populistas y clientelares porque no contaban con la participación colectivas y carecía de orientación ideológica. Su sustento era el carisma de Eva y Domingo Perón.

Aunque teóricos destacados como Ernesto Laclau se han empeñado en teorizar sobre la cuestión del "POPULISMO", defendiendo la legitimidad del concepto y vinculándolo al quehacer revolucionario de los gobiernos socialistas, lo cierto es que en el fondo se trata de un concepto peyorativo impuesto por el conservadurismo, el liberalismo y el neoliberalismo político.

Laclau, en La Razón Populista, publicado en 2005 aporta un caudal de ideas para interpretar el concepto, asociándolo siempre a los esfuerzos inclusivos de las políticas públicas socialista. Eso no quita que a pesar de la autoridad del autor antes citado, su bagaje teórico y su compromiso con el socialismo marxista, dejemos de lado la discusión.

Es inaceptable que se asuma la bifurcación como POPULISMO de izquierda y POPULISMO de derecha. Explicar esto no es tan complejo si se miran los resultados de las acciones de 500 años de saqueo y opresión de conservadores y liberales en América Latina versus los últimos 25 años de incidencia de los gobiernos de tendencia socialistas y arraigo popular. El concepto se ajusta a la partidocracia tradicional que clavó sus garras en las entrañas del sistema político latinoamericano.

Para Horacio Cerutti Guldberg  el POPULISMO es un término resbaladizo, polisémico, poco claro, confuso, porque se refiere a un porque se refiere a un fenómeno no bien delimitado ni fácilmente delimitable, enigmático, con muchos elementos convergentes y difíciles de discriminar fenómeno no bien delimitado ni fácilmente delimitable, enigmático, con muchos elementos convergentes y difíciles de discriminar.

La historia de América Latina, escrita con sangre, no miente y deja claro que los "ISMOS" son manejados por la derecha para descalificar a la izquierda. Hablo de izquierda y derecha en sentido estricto, sin tocar los matices para ilustrar las dos grandes tendencias que han predominado en América y el mundo contemporáneo.

La derecha, conservadora o liberal sembró de dictaduras a todo el continente y reprimió con saña cualquier intento popular por escapar de las garras del monstruo del terrorismo de Estado. Ejemplos sobran en el Siglo XX; dictaduras por doquier y democracias caricaturescas al servicio de las oligarquías y el imperialismo yanqui.

No hay, ni puede haber, un populismo de izquierda y un populismo de derecha. Es parte de la manipulación para imponer etiquetas que no se corresponden con los esfuerzos por superar la desigualdad, la exclusión y la marginalidad de los sectores populares, reivindicando el rol del Estado en la redistribución de los recursos que produce.

 Lo que sí se ve claro es interés de las clases dominantes de colocar una etiqueta despectiva a las políticas progresistas de los gobiernos que defienden el Socialismo del Siglo XXI. Eso se entiende, solo si se analiza el acelerado proceso de desplazamiento de las fuerzas derechistas por los movimientos progresistas.

Para las fuerzas progresistas en general y para la izquierda revolucionaria en particular, el calificativo de "populista" solo es aceptable si se asume partiendo de la raíz de la palabra. Asumiendo que vincula las acciones y ejecuciones de los gobiernos al beneficio del pueblo. De otro modo es una forma inaceptable de encasillar y descalificar un esfuerzo, que con sus errores y aciertos se ha ganado el respaldo popular.

Es indudable, que los esfuerzos por etiquetar de "populistas" las políticas de transformación social, políticas y económica que se desarrollan en América Latina desvirtúa  su esencia. La idea es equipar el conchoprimismo político, clientelizado y corrupto impuesto a la región a lo largo de más de un Siglo. Los resultados y el afianzamiento de la institucionalidad democrática con participación popular es el mejor testimonio de lo que decimos ¡No es lo mismo, ni es igual! 

martes, 30 de septiembre de 2014

GESTIÓN PÚBLICA Y MANIPULACIÓN POLÍTICA.

¡Servir es una vocación; servir bien es un deber del servidor  público!

La gestión pública es y debe ser un eje profesionalizado, especializada, esencial, transparente y eficiente. Si se quiere apuntalar las políticas que  se ejecutan desde Estado en cualquiera de sus niveles de gobierno. 

Esto implica superar una serie de prácticas distorsionadas que se asemejan más a un voluntarismo personalista que al cumplimiento de las responsabilidades de un funcionario público en una institución estatal.

Es frecuente observar como funcionarios y gerentes públicos utilizan las funciones que desempeñan en una ente público para promover aspiraciones ulteriores, sin que ningún organismo de control ni fiscalización. Personalizan tanto la gestión que pareciera un voluntariado y no el desempeño de una función pública para la que se le paga un salario a nombre del erario.

Esas prácticas pervierten y distorsionan la esencia de la institucionalidad democrática y colocan al Estado y a sus instituciones en la senda del clientelismo, basado en el aprovechamiento de los cargos con fines particulares, violando el artículo 146 de la Constitución de la República. No es una práctica nueva, lo nuevo pudiera ser, que se institucionalice en pleno Siglo XXI.

Basta echar una mirada a las obras que se realizan, tanto en el ámbito municipal como en el provincial para “descubrir” la bondad, solidaridad y vocación de servicio de muchos funcionarios, ya sean electos o designados. Esa lógica personalista obedece a tiempos superados y no a la sociedad de la información y el conocimiento.

Es el culto a la personalidad expresado en acciones que quebrantan la normativa que rige la administración y la función pública. Utilizar fondos públicos para comprar voluntades y manipular conciencias, habla muy mal de cualquier funcionario, máxime si se ha comprobado que usa el cargo para promover candidaturas a otras posiciones.

¿Cómo superarlo?

Superar esta vieja y perversa práctica de gestionar la cosa pública requerirá seguramente, más que sanciones ejemplarizadoras, una alta dosis de comprensión del rol del funcionariado público. Se requiere que quienes tienen y asumen funciones públicas entiendan que deben servirle al pueblo y no a intereses ajenos a la escencia de sus funciones.

Aplicar los mecanismos de control establecido puede ser un buen paso. Hay formas y mecanismos institucionales para controlar la gestión pública pero la debilidad institucional y el clientelismo se asocian para conspirar contra la eficiencia de esos sistemas.

Es tiempo de que la clase política piense en el altísimo compromiso que se asume cuando se acepta servir desde un puesto público. Adecentar e institucionalizar la democracia dominicana pasa por el cedazo político, para que solo pasen, quienes dan muestra de compromiso ético, sustentando en valores morales y cívicos probados.

Ese es el mejor antídoto para contrarrestar, no solo ese personalismo enfermizo o endiosamiento que deja ver gran parte del funcionariado, sino también contra los manejos indebidos de los fondos públicos y las “indelicadezas” practicadas en la gestión pública.

La democracia dominicana necesita más y mejores gerentes pero sobre todo una clase política que rinda culto a la ética, el compromiso y al cumplimiento de las normas instituida. Avanzar en esa dirección implica por tanto trabajar en la elevación de la conciencia colectiva para rechace las manipulaciones y denuncien las prácticas reñidas con los aspectos antes mencionados.

La gestión pública es fundamental para que las políticas públicas sean eficientes, eficaces y transparentes. Profesionalizarla, institucionalizarla y dotarla de la fortaleza necesaria es parte de un esfuerzo inconcluso que habrá que reforzar para transformar el formalismo democrático en una democracia funcional.

El sistema político dominicano ha ido avanzando, sin superar una serie de prácticas que en poco ayudan a la institucionalidad. Cabe citar el culto a la personalidad, el caudillismo, el caciquismo y el endiosamiento o predestinación de quienes se sienten imprescindibles.

Son esos vicios y prácticas que ubican la cuestión pública dominicana en un estadio que no se corresponde con las expectativas del pueblo dominicano; y se expresa en el debilitamiento, no sólo de la institucionalidad política, sino también en la calidad de la gestión pública.

Para transformar la institucionalidad pública  y evitar manipulaciones distorsionantes no basta con dotarla de un marco normativo o de unos sistemas rígidos de gestión. Es necesario ante todo trabajar la parte blanda del sistema, entiéndase la gente que lo opera. Ellos y ellas hacen las instituciones y definen su quehacer. Por tanto, pueden transformarlo si se le crean las condiciones para hacerlo.

No todo se ha perdido, mientras hay quienes se empeñan en pervertir las prácticas gerenciales, hay otros que se empeñan en trazar las pautas con su ejemplo y compromiso. En estos últimos  y la actitud que asuman frente a las acciones del resto, está la esperanza para superar el atraso y los vicios que debilitan la institucionalidad democrática en el país.

viernes, 15 de agosto de 2014

ALIANZAS, PACTOS, ACUERDOS y AMARRES EN LOS GOBIERNOS LOCALES.

"El mandato de los miembros de los ayuntamientos, sea cual fuere la fecha de su elección, termina el 16 de agosto del año en el que se celebren las elecciones municipales ordinarias.". Art. 50 Ley 176-07 
La República Dominicana ha ido evolucionando y reformando muchos aspectos pero en materia política hay serios rezagos. Estos se expresan en cada intento por elegir cargos o renovar instancias políticas, sean internamente en las instituciones políticas o en organizaciones gremiales o profesionales. Pocos proceso de elección o renovación transcurren sin incidentes en el país, provocando el debilitamiento de la institucionalidad democrática y minando la confianza de la gente en la clase política y las instituciones públicas.

La selección de los bufetes directivos en el ayuntamiento cada 16 de agosto se convierte en un mar de especulaciones. Hay toda una historia negativa de procesos donde las acusaciones enturbian los resultados de los proceso, dando paso a conflictos y desavenencias que muchas veces se convierten en conflictos e incidentes que ponen en riesgo hasta la seguridad personal de quienes participan en los certámenes. Nadie quiere perder y para evitarlo recurren a cualquier subterfugio, incluida la perversión o distorsión de la norma. 

Grandes esfuerzos se han realizado en el país para modernizar e institucionalizar la gestión pública municipal. Existe un cuerpo normativo, que bien aplicado puede contribuir a fortalecer las capacidades de las entidades edilicias. Estos avances no han sido interpretados, asumidos ni ejecutado adecuadamente por las autoridades que han sido premiadas con el voto popular.

Los intereses que confluyen en los partidos políticos y las luchas de tendencias a lo interno de los mismos provocan distorsiones que se expresan en las entidades que dirigen. Muchas veces el manejo de conflictos no es gestionado adecuadamente y devienen en problemas graves. Para resolverlos se ensayan una diversidad de vías para resolverlos, unas institucionales y otras al margen de las normativas vigentes.

Los pactos, acuerdos y alianzas son instrumentos, legales, legítimos e importantes para establecer las bases de sustentación a la gobernabilidad democrática, siempre y cuando vayan acorde con la normativa vigente. Frecuentemente se recurre a ellos para resolver problemas institucionales. Otras tantas son sustituidas por “amarres o acuerdos de aposentos” neutralizando el desenvolvimiento institucional y el curso normal de los procesos democráticos.

Estos amarres extrainstitucionales en nada ayudan al desarrollo e institucionalización de los gobiernos locales y mucho menos a la democracia dominicana. Nuevamente surgen expectativas e interrogantes sobre la conformación de los bufetes directivos en los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales. Eso surge frecuentemente para esta época y la forma de efectuarlas incluye varias modalidades, algunos institucionales y otros al margen de la institucionalidad.

Para superar esas debilidades y distorsiones; y de paso reducir la posibilidad de que sucedan incidentes y tragedias en los actos de cambio de bufetes se han ideado fórmulas. Esos amarres distan mucho de las soluciones institucionales establecidas en los cuerpos normativos que fundamentan la organización y funcionamiento de esas instancias.

Entre esas malas prácticas se destacan los amarres amañados entre tendencias o fuerzas políticas para autoprotegerse y encubrirse. Casi siempre se hacen al margen de las leyes y de los procedimientos democráticos. Es legítimo que se establezcan acuerdos pero estos deben cumplir con los procedimientos normativos y garantizar la independencia de los regidores y regidoras que conforman el cuerpo legislativo municipal.

Dada esas debilidades institucionales, la falta de transparencia y la incapacidad de los partidos y agrupaciones políticas que tienen representación en los Ayuntamientos y distritos municipales del país se han inventado una fórmula antidemocrática para evitar conflictos potenciales en la escogencia de los bufetes directivos de las Salas Capitulares. Esto lesiona la autonomía de las autoridades electas para decidir libremente en su rol de órgano de fiscalización interna.

Una vez se aproxima el 16 de agosto, fecha en que se hacen los cambios de directivos en las Salas Capitulares empieza la incertidumbre. Los partidos que han postulado a esas autoridades asumen que la democracia no funciona en esos espacios y que ellos tienen que asumir la decisión para guiar la elección de los bufetes. Eso sustituye a los procedimientos normativos y lesiona la esencia de la democracia al impedir la expresión de los regidores y regidoras.

Esto ha distorsionado la esencia de la debilitada democracia municipal y ha provocado que los “acuerdos, amarres y pactos” se hagan al margen del mandato de la Ley 176-07 que establece los procedimientos para renovar los mandos en los Cabildos. Esto da paso al afianzamiento del clientelismo y deja muy mal parada a la democracia dominicana. Superarlos se convierte en grandes desafíos para  que el sistema político dominicano pueda desarrollarse y modernizarse.

Es tiempo de que los Partidos y Agrupaciones Políticas entiendan y respeten las reglas básicas de la democracia, incluyendo el respeto a la institucionalidad, que aunque débiles funcionan en los municipios y distritos municipales del país. Cientos de instancias donde interaccionan ejecutivos y legisladores municipales entran en un proceso de ajustes tras la elección de sus bufetes directivos. De ahí la importancia del asunto.

De poco sirve que nos embarquemos en la creación de normativas vanguardistas cuando la clase política impone sus propias reglas. Esas prácticas pervierten la democracia y debilitan la institucionalidad. Dada esas distorsiones debilitan la labor de control que deben ejercer los legisladores municipales en cada cabildo. Esos entes de control quedan neutralizados para actuar cuando los amarres se imponen.

Los controles de la gestión municipal, especialmente el control político debe ser ejercido por las salas capitulares; y con los amarres de los cambios de directivos esa función queda trunca. Esto, sumado a las dificultades para ejercer el control social establecido en la constitución y las leyes del país deja mal parado al sistema político. 

La legitimidad que da el voto de los ciudadanos y ciudadanas a las autoridades municipales electas  para que trabajen por el desarrollo de sus demarcaciones y les representen, no debe ser vulnerada e irrespetada. Eso pasa por establecer políticas públicas que le beneficien pero también defender  los intereses colectivos en esas instancias.

De continuar estas prácticas perversas, el futuro de la democracia dominicana se torna incierto y la hace poco confiable para encausar las necesidades colectivas. Corresponde a las instituciones políticas y los mecanismos de gestión del sistema político ejercer el control para poner orden en este asunto.

No es sano para el sistema político democrático asumir como normal prácticas que carecen de fundamento jurídico. Lo mínimo que se puede pedir a las autoridades de elección popular es que cumplan con la institucionalidad y el ordenamiento jurídico vigente. No se puede esperar resultados positivos de un proceso de elección de las Salas Capitulares basado en amarres partidarios extrainstitucionales.

La legislación, incluida la Constitución de la República establecen las funciones de cada ente dentro de los Ayuntamientos y Distritos Municipales. La cuestión se complica cuando se obvian esos procedimientos y se pervierten los canales normales e institucionales de renovación de los cuerpos directivos. Más de 500 años de municipalismo en el país no han enseñado mucho a la clase política.

Evitar que cualquier pacto o arreglo en el ámbito local lesione o neutralicen las funciones de Las Salas Capitulares, especialmente en su función de control de los procesos de gestión y ejecución presupuestaria, así como las acciones de contrapeso al Ejecutivo Municipal o Alcalde, constituye  un gran retos para la institucionalidad democrática y el sistema político.

Decirlo es fácil pero trabajar para que se supere esas distorsiones del sistema político dominico es necesario una transformación de la Cultura Política sustentada en prácticas transparentes de control y auditoria social. Es tiempo de que la modernización y el desarrollo político dejen ver sus avances y que la clase política asuma como norma el respeto a la institucionalidad.

Tanto los partidos y agrupaciones políticas que postulan las candidaturas como los entes que los regulan deben hacer su parte para evitar que se cuelen personas que no cumplan con los preceptos normativos para su nominación. La ciudadanía que vota o elige debe cuidarse también, al momento de elegir para descartar a las candidaturas que no reúnen los requisitos mínimos para representarle digna y decorosamente cada 4 años.

martes, 17 de junio de 2014

QUISQUEYA APRENDE CONTIGO SE MOVILIZA PARA QUE NADIE SE QUEDE FUERA DEL PLAN DE ALFABETIZACIÓN.


El 7 de enero del año 2013 se inició oficialmente el Plan Nacional de Alfabetización, bajo el slogan “QUISQUEYA APRENDE CONTIGO”. Desde entonces, se ha generado una dinámica que ha movilizado e involucrado a la sociedad dominicana en este gran proyecto. Todo el que ha querido integrarse y aportar sus experiencias y capacidades ha encontrado el espacio y la oportunidad para hacerlo.

La República Dominicana tiene una tasa de analfabetismo por encima del 12 por ciento, es decir cerca de 1 millón de personas, según el Censo Nacional del año 2010. Superar ese problema, heredado del Siglo XX se ha convertido en todo un desafío para la sociedad dominicana. De ahí el apoyo que ha concitado “QUISQUEYA APRENDE CONTIGO”.

El Plan Nacional de Alfabetización avanza sostenidamente hacia la superación del analfabetismo en la República Dominicana. Cientos de Juntas de Alfabetización fueron conformadas, para dar sostenibilidad al Plan y motivar la integración de la gente, aprovechando las capacidades de las organizaciones sociales y las instituciones en cada territorio.

Las Juntas de Alfabetización, tanto a nivel provincial como a nivel municipal, es una estructura plural, que incorpora a las organizaciones e instituciones que operan en cada territorio. Estas estructuras son dirigidas por las senadurías en las provincias y por las Alcaldías Municipales en cada municipio o distrito municipal. La secretaría de las mismas está a cargo de las Direcciones Regionales y Distritales del Ministerio de Educación.

Esas coordinaciones, bajo la orientación de la Junta Nacional de Alfabetización y gerenciado por el Equipo Técnico Nacional han desarrollado un vasto y significativo proceso de ubicación y registro de personas iletradas para la conformación de los Núcleos de Aprendizaje. El resultado, tal y como fue previsto, ha sido la disminución del analfabetismo en el país y el avance continúa.

Las personas se organizan en Núcleos de Aprendizaje, un espacio de intercambio de experiencias y una vía para compartir los contenidos de los materiales que sirven de base a la persona que alfabetiza. Más de 50 mil se han constituido hasta la fecha y los resultados obtenidos prueban la eficiencia tanto de la metodología como de las técnicas y estrategias implantadas.

Se recuerda que el 2014 ha sido declarado por el Poder Ejecutivo como AÑO DE LA SUPERACIÓN DEL ANALFABETISMO con el objetivo de concentrar los esfuerzos en esa alta y noble tarea. Pocas veces se había visto en el país una iniciativa que lograra tanto consenso como el Plan Nacional de Alfabetización. Ha sido considerado como la iniciativa de mayor trascendencia que se ha ejecutado en el país en los últimos años.

El énfasis puesto en el derecho a la educación y la inclusión social ha provocado que amplios sectores de la población y de la cooperación internacional vuelquen sus esperanzas en éxito de este Plan como forma de abrir brecha en la lucha contra la pobreza y los males que ella genera. Los resultados colocarán al país en la lista de las naciones que han superado este penoso y vergonzante freno para el desarrollo del país.

La movilización social generada y el dinamismo del plan han creado las condiciones para impulsar otras acciones que completan la Estrategia QUISQUEYA SIN MISERIA, que se traducen en apoyo a la Primera Infancia y la promoción del Desarrollo Local Integral. Con estas acciones se pretende avanzar en la lucha contra la pobreza en el país.

No es tiempo de cantar victoria pero los avances y logros obtenidos entusiasman e invitan a continuar accionando hasta lograr la meta programada. Superar el analfabetismo en el país es un paso trascendental para la reivindicación del derecho a la educación y la creación de capacidades ciudadanas que devuelvan la esperanza a miles y miles de personas.

Al momento de hacer una mirada crítica del proceso se deben colocar en el centro del análisis la exclusión a que se exponen las personas que carecen de educación y la marginalidad en la que viven. Avanzar en la construcción de capacidades ciudadanas fundamentadas en la creatividad y el pensamiento crítico pasa por la erradicación del analfabetismo y el acoplamiento de las políticas educativas con las necesidades de la gente.

Ojalá que la experiencia de la dinámica movilización social generada en torno al Plan de Alfabetización QUISQUEYA APRENDE CONTIGO” sirva para empujar la acción colectiva en aras de la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Ese es el anhelo de quienes aspiran a vivir en un mundo donde la justicia social sea la norma y no la excepción.