lunes, 30 de octubre de 2017

EL DEBATE POLÍTICO-ELECTORAL: MUCHO MÁS QUE PRIMARIAS.

“Tanto la oposición progresista como la revolucionaria está distraída, mientras las derechas les arman la jugadota para las elecciones el 2020”. FDC/2017.

Los partidos y agrupaciones políticas son instituciones de filiación voluntaria cuyas funciones están establecidas por la Constitución de la República, La Ley Electoral, y los Estatutos Internos. Aunque la organización es libre, la Ley Electoral señala las características que deben asumir los partidos para ser reconocidos por el organismo regulador.

El artículo 4 de la Ley 175-97 establece las condiciones para el reconocimiento y señala que: “Podrá ser reconocida como partido político toda agrupación de ciudadanos que se organice de conformidad con las disposiciones de la Constitución y las leyes, con el fin primordial de participar en la elección de ciudadanos aptos para los cargos públicos y de propender a la realización de programas trazados conforme a su ideología particular, con el objetivo de alcanzar los puestos electivos del Estado”.

Como puede apreciarse claramente no es un voluntarismo someter las actuaciones de partidos y agrupaciones al escrutinio de la Ley, alineando así los estatutos a las prerrogativas normativas generales, y especialmente a la Constitución de la República. En el caso dominicano, la constitucionalización de los partidos políticos obliga a una reestructuración de la normativa complementaria para adecuarla. 

Los esfuerzos para concretar y acoplar el marco constitucional a la normativa que rige al sistema político-electoral ha sido objeto de un largo debate, que hoy gira en torno a unas propuestas de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. El tema llama a reflexionar sobre el contenido,  urgencia y pertinencia de una normativa específica para regular la gestión interna de los partidos políticos.

El sistema de partidos del país tiene casi 100 años regido por la normativa electoral. Desde 1987 se está hablando de la necesidad de una Ley de Partidos y hasta hoy no se tiene. ¿Es urgente? ¿Qué aportaría? ¿Cuáles aspectos regularía? ¿Se ha reflexionado sobre el tenue límite entre la materia estrictamente electoral, la contenciosa y la partidaria propiamente dicha? ¿Es preferible un Código Electoral? Estas y otras preguntas debieran ser respondidas antes de aprobar una normativa con tal trascendencia.

Hay interés en imponer una sola modalidad para las elecciones internas de los partidos y se debate entre primarias abiertas y cerradas ¿Cómo se explica esta obsesión? ¿Dónde quedan las demás modalidades? Se sabe que las Asambleas de Delegados, las Convenciones y hasta las Encuestas han servido para escoger y validar candidaturas.

¿Cómo evitar contradicciones y solapamiento entre la normativa electoral, la eventual ley de partidos y las normas estatutarias? Concentrarse en los aspectos jurídicos de la Ley es importante pero si se marginan las cuestiones gerenciales y también los aspectos puramente políticos, con esto se corre el riesgo de concentrar el control de los partidos en la Junta Central Electoral.

Otro riesgo latente, es el que pudiera presentarse si se sobre-regula y se cae en el facilismo de colocar en la Ley las cuestiones que deben ser objeto de la normativa interna. La organización en partidos políticos es voluntaria y la gente rechaza los excesos de control. Militar es una decisión que implica un alto compromiso político con su país, para unos, es una cuestión de vocación y para otros, es de principios. Algunos simplemente la usan como trampolín para lograr ascenso social y objetivos particulares. Unos y otros deben encontrar espacio para ejercitar sus ideas y cultivar sus capacidades.

Si la Ley de Partidos y Agrupaciones políticas que se discute no sirve para garantizar los derechos de los miembros militantes de los partidos el esfuerzo queda trunco. Por tanto, quienes insisten en defender la regulación de una actividad voluntaria deben pensar en formas efectivas y flexibles para evitar la desarticulación de las organizaciones político-partidaria.

Los derechos de los miembros deben ser preservados y privilegiados por encima de cualquier capricho o coyuntura politiquera. Se legisla para el bien del ente regulado y para el futuro de la nación, no para la satisfacción de intereses particulares ¿Qué motivación tendría una persona para participar en un grupo o institución donde no se respetan sus derechos ni se valoran sus capacidades?

Los partidos están acosados por una crisis de confianza que se ahonda por la incapacidad probada de esas entidades para autorregularse. Ignorar esta realidad es un craso error al momento de regular una actividad voluntaria ¿Se pretende retener a la gente en base a demagogia o se aspira a tener sujetos críticos, éticos y comprometidos?

Organizarse en partidos es un derecho pero no es obligatorio. Debe existir un incentivo y una motivación específica. De ahí la importancia de ampliar el debate sobre la urgencia y pertinencia de una normativa que irá a regir a las organizaciones políticas del Siglo XXI. La democracia formal está en crisis porque su base que son los partidos ha descuidado la formación y se han desviado de la ética y del compromiso con la sociedad.

Centrar el debate en las modalidades de elección y marginar temas de tanta trascendencia como los perfiles de la membresía y el compromiso de esas entidades con la sociedad, agravaría la crisis que padece el sistema de partidos en República Dominicana. Las cuestiones medulares del sistema de partidos deben ser tratadas a profundidad con todos los entes que serían impactados con la normativa.

Otras cuestiones que deben establecer los lineamientos versan sobre las formas de alianzas, coaliciones y acuerdos donde se sacrifican los derechos de los miembros para privilegiar los del partido. Esa situación genera transfuguismo y afecta la transparencia con que deben gestionarse los partidos. Violentar los derechos de la membresía partidaria es colocar a la gente entre la disyuntiva de militar o no militar. Eso pone en riesgo la estabilidad del sistema político y la democracia.

Los aspectos regulatorios de los partidos deben seguir en manos de la Junta Central Electoral pero la parte de organización y gestión interna es un asunto que puede ser incluido en una eventual Ley de partido o simplemente quedar como materia estatutaria. Politólogos y juristas deben hacer coincidir los postulados normativos con los aspectos políticos orientados al fortalecimiento de las instituciones que sustentan la institucionalidad democrática. Las organizaciones políticas son clave para renovar el liderazgo directivo de la sociedad.

Esta reflexión está orientada a ubicar cada aspecto en su contexto. Así lo jurídico es jurídico; lo político es político y lo estatutario es estatutario. Tanto el Congreso Nacional como los partidos políticos, junto a los grupos de interés que trabajan el asunto deben priorizar y aclarar el ámbito y los alcances de dicha norma. Considerar la regulación de los partidos políticos, más allá de lo que establece la normativa vigente es un compromiso y una oportunidad.

Que se esté de acuerdo con una u otra modalidad de elección interna es una cosa, que se cierren a una sola y se obligue a todas las fuerzas políticas a asumir la misma modalidad es otra. Eso puede llevar a quienes insisten en esa lógica a “meterse en camisas de once varas”. Las regulaciones vigentes han traído el modelo político y democrático hasta aquí y se requerirá un esfuerzo para reencontrar a la gente con la Política. Si los postulados en los que se fundamenta la Ley sirve a ese propósito, será de gran utilidad, de lo contrario será una de tantas leyes que nacerá vieja e inútil.

Delimitado y establecido el área y campo de acción de una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que se complemente con el sistema electoral para fortalecer e institucionalizar la democracia funcional es el reto. Garantizar la participación, reforzar la cultura política, ciudadanizar la política, mejorar la regulación y apuntalar la transparencia es hoy un reto fundamental para el sistema político y electoral. El asunto es mucho más abarcador que una simple primaria o convención.

De poco sirve pasarse una vida discutiendo una Ley, si la misma no contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad política, propicia la modernización e impulsa el desarrollo político. De ahí la importancia de la formación y capacitación de la membresía y los simpatizantes de los partidos. La alfabetización política es clave cuando se apuesta al adecentamiento de la práctica política.

Transformar el formalismo democrático electoralista en una democracia funcional requiere de sujetos políticos comprometidos con la superación de vicios tan acentuados como el clientelismo, el caudillismo, transfuguismo, la corrupción y la impunidad. Conseguir esos perfiles exige un trabajo organizativo constante y una formación continua, tanto de la militancia como de la dirigencia partidaria. 

Aunque cueste retrasar la aprobación de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas el Congreso Nacional tiene la obligación de abrir un debate donde participe la mayor cantidad de actores. No es sano, política ni jurídicamente, colocar la “espada de Damocles” sobre las generaciones que nos sucederán. Es tiempo de reflexionar más allá de una simple modalidad de elección de candidaturas o elecciones internas.

Los modelos de partidos que tenemos hoy, de no adecuar su comportamiento a los requerimientos del Siglo XXI, desaparecerán. Nuevas formas de organización y participación política surgirán y el país debe darse una normativa donde quepa una diversidad de sujetos políticos. Pensar en un modelo de partido y en un sistema que los gestiones es un desafío. El cambio es constante y la organización societal es dinámica ¿Por qué cerrar los ojos ante un mundo que se transforma?

La Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas debe servir de sombrilla a cualquier modelo de organización que surja de la organización voluntaria de la gente. La doctrina, la ideología o los propósitos de los partidos son una prerrogativa de la membresía que lo conforma. Eso es lo que los une y les lleva a desarrollar un sentido de pertenencia y compromiso. Lo demás queda para quienes hacen de la política un negocio.

Si los partidos no mejoran su imagen y se institucionalizan; la democracia que sustentarán se deteriorará y abrirá paso a formas de gobiernos que no siempre favorecen la participación política. De ahí la importancia de cuidar a los partidos y organizaciones y trabajar para su desarrollo e institucionalización. Los esfuerzos por establecer un marco normativo deben llevar a un aumento de la transparencia y generar confianza en el sistema de partidos.

Se impone superar las diatribas y caprichos que mantienen enclaustrado el debate en el Congreso Nacional. Las cúpulas partidarias, especialmente de los llamados partidos mayoritarios deben esforzarse por democratizar el debate sobre la Ley de Partidos y Agrupaciones para fortalecer democracia interna y reforzar la institucionalidad democrática.

Que se consulte en las bases, para recoger y documentar el sentir de las mismas. Que se aproveche el debate para renovar el compromiso ético e incentivar la participación. Participar en la toma de decisiones también es un derecho de la militancia partidaria ¿Por qué negarle el derecho a participar? ¿Tienen las cúpulas la “verdad absoluta” o la “última palabra” sobre el asunto? Activar los mecanismos internos de participación renueva el sentido de pertenencia y aumenta las capacidades del debate.

Este no es un tema para políticos, opinólogos, politiqueros o sabelotodo, es ante todo, un tema que atañe a la militancia partidaria y al liderazgo político. Claro, nunca es malo que especialistas en Ciencias Políticas, juristas, sociólogos, periodistas, filósofos o cualquier otro cientista social entre al debate para aportar los insumos teóricos que faciliten la comprensión del tema y aclaren conceptos sobre las cuestiones que así lo ameriten.

Malo sería, que por torpeza, prisa o malicia se perviertan los contenidos y se enrede conceptualmente al pueblo haciéndole pasar “gatos por liebre”. Papel especial en este debate, es el que deben jugar la juventud y las mujeres militantes. Siendo mayoría, tendrán que lidiar con un marco normativo que pudiera lesionar principios y derechos fundamentales consagrados tanto en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos como en la Constitución de la República.

¡Que se democratice y se profundice el debate! ¡Es tiempo de transformar el formalismo democrático en democracia funcional! ¡El formalismo normativo ayuda pero no es la panacea! ¡Transformar la cultura política para superar clientelismo caudillezco!

jueves, 19 de octubre de 2017

NORMATIVA POLÍTICO-ELECTORAL: ¿CONFUSIONES, MANIPULACIÓN O IGNORANCIA?

“Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo”. Instituto Nacional Electoral de Méjico.

El prolongado debate sobre la normativa que deber regir el funcionamiento de los partidos políticos en el país, ha creado confusión conceptual y ha enredado los contenidos que deben plasmarse en la misma. A pesar del tiempo y la cantidad de información generada  por más de 20 años, cuestiones de sentido común, se confunden, se ignoran o se manipulan.

Es común leer, ver y escuchar a opinólogos, politiqueros y políticos confundir cuestiones que son propias de la Ley Electoral con aspectos que debieran ser incluidos en una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. Pareciera exagerado pero hay distorsión conceptual en los debates ¿Hay algún interés en que sea así? ¿Qué implicaciones tendría a futuro?

Todo lo concerniente a la regulación de las campañas políticas, incluida las diversas formas y fuentes para el financiamiento de campañas, validación y aprobación de candidaturas, certificación de autoridades, la organización y supervisión de los procesos electorales y  son asunto que son y deben ser regido por la normativa electoral. Esas funciones están reservadas tanto a la Junta Central Electoral como al Tribunal Superior Electoral.

La Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas debiera definir los aspectos organizativos y de gestión política con el objetivo de garantizar el funcionamiento institucional de esas entidades y preservar los derechos de los miembros y garantizar la democracia interna. Cuidar los aspectos disciplinarios y apostar por la incorporación de procedimientos administrativos que hagan de las organizaciones políticas entidades confiables, transparencias y funcionales.

A la normativa electoral le corresponde regular al sistema electoral dominicano, así como supervisar el accionar de las organizaciones políticas. En cambió, una eventual Ley de Partidos correspondería intervenir del lado del sistema político y sus relaciones con el resto del sistema social. Aunque se complementan difieren, tanto la misión como en la función. Pareciera, que hay grupos de interés que prefieren hacerse locos antes que entrar a explicar la fundamentación teórico-operativa de la cuestión. 

Delimitar esas funciones es clave para evitar que la excesiva regulación, que impida o bloquee el ingreso de la gente al sistema político. El ordenamiento jurídico debe respetar el espacio de acción. Deber regularse pero de forma flexible. De ahí que mucha gente prefiera un código electoral que recoja, en un solo cuerpo, todo el instrumental normativo que debe regir tanto al sistema electoral como al sistema de partidos.

Los Partidos y Agrupaciones Políticas son sujetos que deben probar su capacidad de autogestión y eso implica que pueden establecer perfiles para su militancia, definir su doctrina, su simbología; así como códigos, ordenanzas, resoluciones y circulares que faciliten la gestión. Esos instrumentos deben corresponderse y complementarse con la normativa electoral, nunca contradecirlos.

Mezclar aspectos que son propios y esenciales de la normativa electoral.  Confundirlos genera tensiones entre partidos y agrupaciones políticas, por un lado y la Junta Central Electoral por el otro. Desvirtuar y retorcer para confundir o manipular a los sectores que serán impactados por los efectos de la normativa político-electoral genera roces entre los actores del sistema político.

La Constitución dominicana es clara. Establece en su artículo 216, los fundamentos que deben servir de base a la organización de los partidos políticos. A continuación copio el texto completo del referido artículo para ilustrar y reforzar los planteamientos de esta reflexión:

“La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley. Sus fines esenciales son:

1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia; 2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular y; 3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana.

Se legisla para el futuro y eso obliga a clarificar los aspectos conceptuales que deben ser regidos por cada normativa. La Constitución de la República establece en su artículo 216 los fundamentos y las funciones de los partidos y agrupaciones políticas. La Ley Electoral 275-27 y la Le 11-29 que crea y rige el Tribunal Superior Electoral, así como su normativa complementaria, marcan los límites funcionales entre regulados (Partidos y Agrupaciones Políticas) y los reguladores (Tribunal Superior y Junta Central Electoral).

El Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas define el objeto de la siguiente manera:La presente Ley regula el ejercicio del derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a organizar partidos y agrupaciones políticas o formar parte de ellos, y establece las normas que regirán la constitución y reconocimiento, organización, autorización, funcionamiento, participación en procesos electorales, vigilancia y sanciones de los partidos y agrupaciones políticas”.

Como puede apreciarse, no es complejo entender que en los debates y discusiones escenificadas por años, falta aterrizar la normativa al contexto en el que nacen, se desarrollan, evolucionan, crecen y mueren las entidades políticas. Otro asunto que se debe ser claramente delimitado es el que tienen que ver con las normativas internas. Evitar roces innecesarios entre las normas internas, la normativa electoral y una ley de partidos fortalece, tanto al sistema político-electoral como a la institucionalidad democrática.

Asegurar funcionamiento del sistema electoral y los procesos asociados a éste, son fundamentales para apuntalar el desarrollo político, modernizando el sistema político y fortaleciendo la institucionalidad política, así como para transformar el formalismo democrático en democracia funcional. Los partidos y agrupaciones políticos son el instrumento de soporte a ese esfuerzo. De ahí la importancia y necesidad de hacer normativa clara, transparente, útil y flexible.

En cualquier caso, la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que se apruebe debe servir para fortalecer la democracia interna, los derechos de los miembros, la transparencia de los procesos internos, así como para gestionar las relaciones internas de esas entidades. Los partidos son entidades que sirven de soporte a la democracia funcional y eso les obliga a mejorar continuamente sus prácticas y a definir perfiles éticos para su militancia.

miércoles, 18 de octubre de 2017

LOS CASADO VILLAR: UNA FAMILIA REVOLUCIONARIA.


"El pueblo que desconoce su historia, que ignora las hazañas y sacrificios de sus hijos e hijas o es indiferente al legado que ha heredado, pasa de ser traidor a convertirse en vasallo". FDC/2017.

Los Casado Villar son una digna muestra de honestidad, coraje, coherencia, solidaridad, compromiso y rebeldía. Integrada por mujeres y hombres cuyo accionar en la vida, es digno de imitar. Conocedores de las limitaciones propias de las zonas rurales, impuesto por la dictadura de Trujillo y aguijoneados por la espina revolucionaria. La familia no era ajena a los acontecimientos políticos ni al momento histórico que vivía el país, tras el ajusticiamiento del tirano en 1961.


Los Casado Villar eran amantes de la libertad y de la justicia como afirma Braulio Torres, amigo de la familia, en su obra “Cautivo de mi Verdad”.  Durante la Guerra de Abril de 1965 el padre se traslada acompañado de Manuel Emilio y Manfredo a “Las Trincheras del Honor” a defender la soberanía y reclamar la vuelta a la constitucionalidad. Se integran a las unidades de combate y reciben el bautizo como combatientes. El resto de familia había quedado en de San José de Ocoa.

La familia, integrada por 7 mujeres y 6 hombres, conoce la represión trujillista, del triunvirato y los tenebrosos “Doce Años de Balaguer”. Períodos caracterizados por la represión despiadada, la intolerancia política, la falta de libertad y el terror político. También fueron tiempos de luchas, de heroísmo y sacrificios para el pueblo dominicano, especialmente para las fuerzas progresistas y revolucionarias. Eran tiempos de lucha por la tierra, la libertad y la justicia social. La oligarquía y los terratenientes expoliaban a la población con sus políticas excluyentes y esclavistas. En las zonas rurales la vida era llevadera pero difícil. Se era jornalero, peón, mayordomo, terrateniente o comerciante.

En ese ambiente forjan los valores y principios que adornan a Manuel Emilio. Lidia, Gloria, Altagracia, Manfredo, Julio César, Dinorah, Magnolia, Olga, Roberto, Argentina, Milcíades y Marino Casado Villar. Se sabe que para entonces las familias campesinas eran numerosas y todos se integraban a la búsqueda del sustento diario realizando diversas actividades vinculadas al quehacer campesino. Así es y ha sido la vida en las comunidades rurales dominicanas.

Escasa infraestructura que le permita a las familias de disfrutar de un mínimo de comunidad en sus tierras. Eso había que conquistarlo, incluida la tierra para trabajarla y obtener el sustento diario. Trabajar a medias o la cuarta era una ley que habían impuesto los dueños de tierra. Esto junto a los bajos salarios por el jornal y los horarios de 6 a 6 acentuaba la explotación del hombre por el hombre. Ese era un contexto donde el caldo de la rebeldía revolucionaria se calentaba continuamente. Don Porfirio y su familia padecía en carne propia esa cruda realidad y no estaban dispuestos a permanecer en ese estado de miseria e indignidad.

Reiteramos que Los Casado Villar crecieron en plena Era de Trujillo, época en que el miedo y la ignorancia alimentaban los mitos creado por el sátrapa. Estas condiciones no le impidieron a esta familia integrarse a la resistencia y una vez descabezado el régimen. Desde las filas perredeístas aportaron su cuota de sacrificio para llevar a Juan Bosch al poder en las elecciones de 1962. Bosch representaba las esperanzas que el pueblo esperaba para salir de la pobreza y la ignorancia. Malogrado el proyecto político tras el Golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 la alternativa era radicalizar la lucha en todos los planos.

Participación en la Guerra de Abril de 1965.

Los acontecimientos que siguieron el Golpe de Estado, incluido el levantamiento guerrillero que encabezó Manolo Tabares Justo marcaban el rumbo de la acción revolucionaria para enfrentar al Triunvirato. Luchando y defendiendo el derecho de los campesinos a trabajar la tierra en las zonas rurales de San José de Ocoa, llega hasta Los Casado Villar la Noticia del levantamiento popular del 24 de Abril de 1965. Había iniciado la Guerra de Abril y el deber llamaba a la acción de los buenos hijos de Quisqueya. Defender la soberanía y reclamar el retorno a la constitucionalidad.

El pueblo dominicano perdió el miedo y se colocaba a la vanguardia e iniciaba la lucha popular. Se habían roto las cadenas que aprisionaban las fuerzas liberadoras. Sueltas las amarras la barca de la historia había iniciado su marcha de dignidad y decoro. Esa máquina ya no se detenía ante nada; ni siquiera frente a los aviones, barcos, tanques, granadas, metrallas y bazucas del imperialismo yanqui.

Los Casado Villar acudieron a la cita con la historia. Probaron el recio material del que estaban hecho: coraje, honestidad, compromiso y rebeldía. Participaron desde el Comando Brasil y desempeñaron un digno papel para orgullo de la tierra que los vio crecer. El hecho de haber tomado la decisión de integrarse la Guerra de Abril denota claramente la convicción libertaria y el compromiso de esta familia para con la libertad y la justicia.

Ellos no ignoraban los riesgos que corrían quienes se adentraban en los combates, sin embargo no vacilaron, colocándose así a la altura de las exigencias de aquel momento. Se colocaron del lado correcto de la causa que defendían y no cejaron ante la embestida del enemigo. Tampoco transgredieron sus principios y dieron muestras de honestidad en las responsabilidades asignadas por el mando constitucionalista. Eso es mérito suficiente para reconocer en esos rudos campesinos su condición de revolucionarios soñadores con un futuro digno para sus pueblos y familias.

Unos años después de haber concluido la contienda bélica de Abril Porfirio Casado, el padre de Manfredo y Manuel vuelve a la Comunidad de Los Martínez en las montañas de Ocoa, donde habían desarrollado una ardua lucha por la recuperación de unos terrenos que alegadamente le pertenecían a la Familia Solano. Ahí se instaló, una especie de laboratorio social para la resistencia y la lucha armada. Muchos revolucionarios pasaron por allá, entre los que se destacan Rafael –Fafa- Tavera y Maximiliano Gómez entre otros.

Hay que recordar que en San José de Ocoa se instaló el Primer Comité del Partido Revolucionario Dominicano, tras el retorno de sus dirigentes al país en 1961 y que varias acciones guerrilleras anidaron en sus montañas. Esta es una muestra de la madurez política de los ocoeños y de su compromiso con la naciente democracia. Varios miembros de la familia Casado Villar se enrolaron en esta organización política, mucho antes de iniciar las luchas clandestinas en las montañas.

Tierra de Libertad.

San José de Ocoa es conocida como tierra de libertad, de gente laboriosa, luchadora y rebelde. Los acontecimientos desarrollados en su suelo así lo atestiguan. La vida de los ocoeños transcurre en las tranquilas y productivas tierras donde organizan su vida y su participación en la vida productiva del país.

La comunidad de Los Martínez se constituyó en el periodo de 1967 a 1972, en una verdadera base revolucionaria constituida por campesinos de la zona que bajo el liderazgo de Manfredo, sostuvieron una intensa lucha  que le costó cárcel, torturas, persecución y muerte a muchos de ellos. Eran tiempos en que los “sectores incontrolables” hacían estragos en el movimiento social y político progresista. Varios dirigentes cayeron en ese tiempo asesinados por los esbirros balagueristas.

San José de Ocoa tiene el honor de haber acogido en sus montañas a grandes luchadores por la libertad y la justicia social. La lista la encabeza el bizarro coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, herido y fusilado junto a otros compañeros el 16 de febrero de 1973. Otro titán caído en nuestro suelo es el Dr. Hipólito Rodríguez en noviembre de 1963. Polo era parte de la insurrección que trepó a las “Escarpadas Montañas de Quisqueya”, encabezada por el Dr. Manuel Aurelio Tabares Justo, líder máximo del Movimiento Revolucionario 14 de Junio (1J4).

Para contar solo entre los grandes, agregamos a la lista el ametrallamiento que le cegó la vida a Orlando Mazara en 1967 en Arabia, próximo a la Horma. Mazara desarrollaba un trabajo político con los campesinos de esa zona. Muchos hijos de Ocoa también fueron víctimas de persecución, tortura y muerte, incluido Manfredo y Milcíades Casado Villar. Esos son los hechos que constituyen la historia reciente de nuestra tierra.

La intensidad del fervor revolucionario en nuestro suelo alcanzó su punto más alto en aquella lucha por instaurar allí un foco guerrillero, bajo el mando de los Casado Villar, quienes habían dado muestra en las montañas de un férreo temple revolucionario. Se hicieron intentos pero las circunstancias propias de la Guerra Fría y las luchas internas en los grupos revolucionarios impidieron que se consolidaran las alianzas y se concretaran las acciones planeadas.

Es en esas pródigas montañas donde el ejemplo de rebeldía, honestidad, coraje, decoro y compromiso de la familia Casado Villar y quienes les acompañaron en su justa lucha por la tierra encontró cobijo. Poco a poco se irá construyendo la historia para que las generaciones presentes y futuras entiendan y valoren mejor el gesto de sus compueblanos y reivindiquen con orgullo su digno ejemplo.

La comunidad de los Martínez es un testimonio vivo de lo que puede lograr un pueblo cuando decide defender sus derechos. Esto a pesar de las labores de contrainsurgencia desarrolladas allí. Tras la llegada del PRD al poder en 1978 y luego de haber bajado la tensión contra Los Casado Villar se han desarrollado acciones en la zona aparentemente ingenua pero claramente orientada a evitar que se contagie el ejemplo.

Siendo campesinos y humildes como eran, colocaron las banderas de la dignidad y el decoro en lo más alto de las montañas que les vieron crecer. Allá están, invisibles para quienes no toleran la bravura y rebeldía de aquella gran familia pero a la vista de quienes aspiran a vivir en mundo donde la justicia social sea la norma y no la excepción.

La familia Casado Villar ha dejado plasmada en las páginas de la historia su compromiso con la justicia social y férrea vocación libertaria. La dejó estampada con la sangre de 2 de sus vástagos, luego de haber dejado su juventud y la tranquilidad de los acogedores campos ocoeños para salir tras el sueño revolucionario.

Primero fue la lucha por la tierra, aquí participa toda la familia y obtienen logros significativos. Conquistas que aún hoy se evidencian en la comunidad de los Martínez, en San José de Ocoa, a inicio de los años 60s, tras el ajusticiamiento del tirano Trujillo. Luego viene la lucha política y ahí se les ve del lado de las fuerzas populares que gestionaba el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, que lideraba para entonces el profesor Juan Bosch.

El proceso electoral que organiza en 1962 trae al poder al PRD que impulsa un proceso social donde la reforma agraria era una cuestión estratégica para impulsar el desarrollo del país y la reivindicación de los derechos fundamentales. Los Casado Villar, identificados con esos postulados y conscientes del apego de los terratenientes a los predios que dicen poseer se preparan para la batalla en los campos.

Instalado el gobierno de Bosch, las fuerzas reaccionarias se organizan para conspirar y logran derrocar el gobierno popular y democrático. En sólo 7 meses el pueblo conoció la diferencia entre la dictadura y la incipiente democracia.  Tras el golpe se conformó un gobierno provisorio al que se denominó Triunvirato. Un gobierno de facto, represor, intolerante, corrupto y entreguista.

La respuesta popular y revolucionaria no se hizo esperar. En noviembre de 1963 el 14 de Junio organiza varios focos guerrilleros y sube a “Las Escarpadas Montañas de Quisqueya” para combatir los intereses de la oligarquía de imponer su lógica represiva. En San José de Ocoa, específicamente en la sección de la Horma se instaló el Dr. Hipólito Rodríguez comandando la acción guerrillera en esa zona.

Militarmente los catorcistas y los  focos guerrilleros que ellos instalaron fueron derrotados pero su intrépida acción radicalizó las posiciones revolucionarias. Esa acción agudiza las contradicciones y polariza la lucha. Se van creando las condiciones para el levantamiento popular del 24 de abril de 1965 que dio paso a la Revolución de Abril y que luego se transformó en Guerra Patria, tras la invasión norteamericana.  Allí dijeron presente Porfirio Casado González, Manfredo y Manuel Casado Villar.

Manfredo Casado Villar.

La montaña es su protectora, cómplice y le sirve de refugio. Manfredo pone en práctica la experiencia adquirida en la Guerra y su vastísimo conocimiento de las montañas ocoeñas, reforzada por las vivencias junto a sus hermanos en los campamentos clandestinos en Maniel Lorenzo, Los Martínez y otras zonas de la intrincada topografía ocoeña.

La clandestinidad organizada en las montañas despierta el interés de los grupos políticos de izquierdas que operaban en el país. Las montañas ocoeñas es una zona apetecida para el desarrollo actividades guerrilleras y revolucionarias. Su relieve montañoso,  accidentado, con abundante agua y variada producción agrícola aviva esas apetencias.

Al año de concluir la Guerra de Abril de 1965, Manfredo y su familia vuelven a sus quehaceres en las zonas rurales de San José de Ocoa, retomando sus luchas por la tierra, la libertad y la justicia. Manfredo y Manuel fogueados en los combates y las luchas que se libraron en aquellos días de gloria, rebeldía y coraje, incorporan esa experiencia y organizan mejor sus actividades. Ocupan tierras y tras esas acciones viene la represión balaguerista.

La historia registra actividades y acciones en esa zona que van desde los alzamientos esclavos de los manieles pasando por las acciones del general Antonio Duvergé en la Batalla del Memiso. Se incluye también, las acciones de revolucionarios como Polo Rodríguez y Orlando Mazara. El coronel Caamaño, Presidente de la República durante la Guerra de Abril y su guerrilla en 1973 encontró allí espacio para cubrirse. También ellas le sirvieron de tumba por un buen tiempo.

Tras los intentos fallidos de articular y desarrollar una estrategia de lucha clandestina consistente y articulada entre los grupos de izquierdas de entonces, especialmente el PCD y Los Casado Villar se opta por sacar a los hermanos de las montañas, unos para recibir tratamientos médicos otros para reforzar su capacidades y habilidades en la lucha guerrillera. Los Casados no estuvieron organizados en los grupos de izquierda, se nuclearon desde muy jóvenes en las filas perredeístas.

Cuentan los campesinos, algunos compañeros de lucha que las montañas ocoeñas eran un hervidero de soldado, chivatos e intrigas. Refieren que hasta se instaló cuartel con una numerosa dotación militar en Las Caobas con el único fin de combatir y vigilar las acciones de los campesinos encabezados por Manfredo Casado Villar. Esta es una muestra de la magnitud de las acciones que desarrollaban los campesinos y de los logros que obtenía. Eran tiempos difíciles para el movimiento revolucionarios. Muchos de ellos fueron fusilados, otros encarcelados y una gran cantidad fue forzada a exiliarse. Manfredo Casado fue uno de ellos.

Salida al Exilio.

La vida clandestina de Manfredo Casado Villar en la zona de San Francisco de Macorís se hizo cada vez más difícil y no le quedó otra opción que la de asilarse en una embajada. Esta vez le tocó a la Embajada de Méjico en el país. Es allí donde conoce a Claudio Caamaño, quien también se asiló tras la caída y fusilamiento del Coronel Caamaño en 1973.

El ingresó a la sede diplomática en 1972, permaneciendo en ella hasta 1973. Allí lo sorprenden el Desembarco de Playas Caracoles y las acciones posteriores, que dieron al traste con la vida de Caamaño y varios de los expedicionarios que le acompañaron. Hasta esa legación diplomática llegó Claudio Caamaño Grullón sobreviviente de la epopeya de Caracoles. Ahí inició la amistad que llevó a estos veteranos de la Guerra de Abril a planificar las acciones conjuntas que los trajo al país 1975, empuñando nuevamente el fusil redentor de la dignidad mancillada por el balaguerato.

Claudio salió al exilio pero a Manfredo se le negaba la salida, bajo el alegato de que había cometido un delito y estaba condenado. Ese era el discurso del canciller dominicano Víctor Gómez Bergés.  Opinaba “que este era un caso complejo, Casado Villar tiene un prontuario delictivo que los descalifica para el asilo”. Era parte de la estrategia para mantener al revolucionario en el país y luego aplicar la receta que habían acordado con los yanquis tras la desocupación del país en 1965.

La estadía en la embajada mejicana se extendió y sobrevivía gracias al apoyo de su familia,  y algunos amigos de partido especialmente de su hermana Dinorah Casado Villar, quien se las ingeniaba para llevarle alimentos y ropa limpia. La embajada también protegió al revolucionario protegiéndolo de la ferocidad de las hordas balagueristas.

Consciente de los riesgos que corría en territorio dominicano y viendo la negativa de Balaguer de dar el Salvo Conducto, Manfredo tomó como rehén a un hijo menor de Espartaco García Estrada, embajador de México en el país para forzar a una negociación que facilitara su salida al exterior. Un cuarto le servía de refugio en la sede diplomática. Con ese nuevo ingrediente se crea una comisión y se seleccionan 6 países, entre los que se encontraba Francia como posible destino del rebelde guerrillero. 

Don Rafael Herrera encabezó la comisión para negociar una salida con el guerrillero asilado. En esas circunstancias el Presidente Balaguer se ve obligado a otorgar el Salvo Conducto. Se acordó con Manfredo su salida a Francia, acompañado del Periodista Radhamés Gómez Pepín.

Se hicieron los arreglos para la salida que preveía una escala en Aeropuerto de Barajas en España. Partieron del aeropuerto Internacional de las Américas rumbo a su destino. Hubo interrogatorios en España pero al llegar a Francia, Manfredo fue apresado por los Servicios de Inteligencia. Sospechaban que Gómez Pepín era rehén. Finalmente se resolvió el impase y quedaron libres.

La estadía de Manfredo Casado Villar en Francia fue breve.  De las intrincadas montañas ocoeñas el líder había pasado a la Capital de Las Luces en pleno centro de Europa, en el apogeo de la Guerra Fría. Su amigo Claudio Caamaño, a quien había conocido durante su estadía en la embajada mejicana hizo gestiones para trasladarlo a Cuba. Se concretó el ingreso a Cuba y una vez allí se integró al grupo que se entrenaba en la isla. Completada la preparación militar y política se organiza el retorno al país.

Claudio Caamaño, Carlos Toribio Peña Jáquez están listos para partir a Quisqueya. De los planes, apoyos, económicos, políticos y sociales, así como del resto del contingente se sabe muy poco pero la decisión del regreso a la Patria amada había sido concertada. Salen de Cuba, llegan a las Costas Dominicana y de inmediato se internan a las montañas rumbo a San José de Ocoa donde suponían quedaba alguna base política o algún nivel de conciencia social creado tras los años de lucha de los hermanos Casado Villar.

Regreso a Quisqueya.

Es a Manfredo a quien le tocó acompañar a Toribio Peña Jáquez y al veterano y abnegado Claudio Caamaño Grullón, veterano de La Guerra de Abril y sobreviviente de la Expedición de Caracoles en 1973. El plan guerrillero o la estrategia que traían se desconocen a plenitud, pero enfrentar la dictadura de Balaguer era la razón fundamental.

Llegaron al país en 1975, se internaron en las montañas pero la acción no cuajó. Esta sería la última acción que desarrollarían, Los Casado Villar para recomponer sus fuerzas y encaminar acciones concluyentes contra el balaguerato.

Los planes de lucha, la estrategia guerrillera y las alianzas potenciales que viabilizarían el accionar en las montañas no se ha sido clarificado aún. Se supone que existía alguna base en las montañas que apoyaría y daría soporte a los 3 guerrilleros. Se internan en las montañas con la intención de operar desde las zonas donde Manfredo y sus hermanos habían accionado años antes pero evidentemente que las condiciones objetivas y subjetivas habían cambiado.

El fracaso de la Expedición de Caracoles y el fusilamiento del Coronel Caamaño en las montañas ocoeñas estaba fresco en la memoria del pueblo dominicano, y muy especialmente en los servicios de seguridad del Estado. Recientemente había sido asesinado el destacado periodista y dirigente revolucionario Luis Orlando Martínez Howley.

La estrategia de descabezamiento del liderazgo revolucionario implantado por Balaguer y la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA, había diezmado las filas progresistas y revolucionarias. El estilo despótico heredado del trujillismo se imponía a base de represión, terror, soborno y chantaje.

La estrategia represiva incluía, persecución, cárcel, acoso, desaparición, secuestro, tortura y muerte a toda persona vinculada a las fuerzas progresistas, pero con énfasis especial en los miembros de la izquierda revolucionaria que habían participado en la Guerra de Abril de 1965.

En ese contexto y bajo esas circunstancias se produce la llegada al país de los revolucionarios. El rumor de su presencia se regó como pólvora y se acentuó la represión, especialmente en San José de Ocoa de donde era originario Casado Villar. Los principales dirigentes políticos fueron  víctimas de acoso otros apresados y perseguido. La presencia de los revolucionarios en la zona era un hecho.

Captura y Fusilamiento.

Se cuenta que durante su marcha por las montañas ocoeñas, Manfredo Casado Villar sufre un accidente donde se rompe una o varias costillas. Esta condición impide su marcha por las accidentadas colinas que conforman las zonas montañosas de Los Martínez. Se ve obligado a trasladarse a Fundación en Baní donde residía una de sus hermanas. Curarse y recuperarse era prioritario en estos momentos. Gente del PRD hizo arreglos para trasladarlo a Santo Domingo a recibir tratamiento especializado.

Se hicieron los arreglos y la noche del 8 de octubre de 1975 salen de Baní con destino a la Capital. Manfredo venía en un carro acompañado por su hermano Milcíades Casado Villar y dos dirigentes choferiles: José Antonio Polanco Beato y Francisco Antonio Estrella. Se dice que Pablo Rafael Casimiro Castro hizo arreglos para que el general Neit Rafael Nivar Seijas, jefe de la Policía Nacional para entonces se “anotara” el mérito de haber apresado al líder rebelde. Si fue así, este acto vil de traición eliminó la última acción armada emprendida contra la dictadura de Balaguer.

En el trayecto son interceptados por las fuerzas de seguridad del Estado, en las proximidades del Puente Lucas Díaz, hieren a Manfredo, lo apresan y los trasladan a la fortaleza de San Cristóbal. Una vez allí, los torturan y posteriormente los fusilan. Todos los cuerpos son entregado  sus familiares, menos el de Manfredo Casado Villar, cuyo paradero se desconoce 38 años después de su trágico final.

Al cumplirse 42 años del apresamiento y ejecución de Manfredo Casado Villar y su hermano Milcíades es de justicia reconocer el gran sacrificio que hizo esta familia por redimir el derecho de los excluidos a vivir dignamente. Razones y excusas habrán para no actuar, ni reivindicar su memoria, pero la senda trazada por los hermanos Casado Villar se enmarca en la línea del decoro y la dignidad.

La de Los Casado Villar, es una historia llena de heroísmo, coraje, rebeldía y sacrificio que algún día habrá que completar. Reivindicar su memoria y rescatar del olvido el accionar de aquellos titanes de las luchas campesinas en San José de Ocoa es un acto de justicia. Trabajar por la ubicación y recuperación de los resto del bravo guerrillero ocoeño es un deber y un compromiso al que no se puede renunciar.

San José de Ocoa tiene el mérito histórico de haber albergado en sus montañas a numerosos y valientes revolucionarios. También aportó su cuota a la causa liberadora del pueblo dominicano, tanto durante la independencia como en la guerra restauradora. Manfredo Casado Villar, representa a esa pléyade de luchadores revolucionarios para orgullo y satisfacción de sus compueblanos. Su pensamiento progresista y su origen humilde se combinan con la honestidad y el compromiso para hacer de este hombre un ser excepcional cuyo ejemplo es digno de imitar.

El sacrificio de la familia Casado Villar es inmenso y el pueblo dominicano y muy especialmente San José de Ocoa está en deuda con ellos. Sus descendientes y amigos tienen la obligación de contribuir al rescate de ese legado glorioso. Estos titanes de la dignidad marcaron su huella rebelde en las sendas de la esperanza.

Anhelar que se reivindique su memoria y que se concreten sus sueños libertarios hará que Manfredo y Milcíades se sientan orgullosos del pueblo que defendieron. Hay que colocar a los hombres en el sitial que la historia reserva para ellos. Manfredo Casado Villar cayó defendiendo el derecho del hombre a trabajar la tierra y a vivir con dignidad y libertad.

Combatió en la Guerra de Abril para exigir el retorno de la constitucionalidad y combatió contra el yanqui invasor en 1965. Organizó y lideró las luchas por el rescate y la dignidad del campesinado ocoeño. Combatió la dictadura balaguerista hasta su muerte. Si honrar honra, honremos con orgullo la memoria de Manfredo Casado Villar.

jueves, 5 de octubre de 2017

LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA ENCRUCIJADA: ¿PRIMARIAS ABIERTAS O CERRADAS?

“Hay que procurar celosamente la educación cívica y política que en nuestros días es particularmente necesaria... a fin de que todos los ciudadanos puedan desempeñar su misión en la vida de la comunidad política. Los que son, o pueden llegar a ser, capaces de ejercer un arte tan difícil, pero a la vez tan noble, cual es la política prepárense para ella  no rehúsen dedicarse a la misma dejando el propio interés y las ventajas materiales. Luchen contra la injusticia y la opresión, contra la intolerancia y el absolutismo, sea de un hombre o de un partido, obren con integridad y prudencia, y conságrense al servicio de todos con sinceridad y rectitud, más aún, con amor y fortaleza política.” José Martí.

El sistema de partidos políticos de República Dominicana está en una encrucijada que pudiera marcar su punto de quiebre, dado el alto grado de atomización y clientelización al que se ha llegado. En medio de la crisis de confianza y la debilidad institucional que les afecta, le ha llegado como un torbellino de gases de efecto invernadero, la prueba de someterse a su propia legalidad. Se le está exigiendo desde todos los ámbitos de la sociedad que garanticen procesos eleccionarios internos democráticos, transparentes, participativos y garantista de los derechos de los miembros.

Las constantes tensiones, roces, críticas y reclamos no deben ni pueden ser ignorados por el liderazgo político y social. Por más de 20 años han tratado de producir una normativa específica que sirva de sustento al funcionamiento de los partidos políticos. Hasta el momento, no han podido consensuar dicho instrumento. De ahí, los cuestionamientos a estas instituciones que de momento, son las bases de los sistemas políticos y la debilitada institucionalidad democrática, ya que permiten renovar periódicamente los cuadros directivos de la sociedad.

No obstante, y vista esa importante función, las contradicciones entre las cúpulas partidarias ha impedido que se logre un marco normativo adecuado a los requerimientos. Actualmente, hay reclamos e inconformidad por parte sectores, sociales, económico y políticos propiamente dicho, por la constante violación, tanto de la normativa electoral, como de la normativa estatutaria por parte de quienes gestionan los partidos políticos. Eso debiera ser suficiente como para preocupar a quienes hacen de la política su modus vivendi. Es tiempo de reivindicar el derecho de los miembros de las organizaciones políticas, adoptando las primarias cerradas como vía para la selección de candidaturas.

Exponerse a procesos de escrutinio interno debiera ser una cuestión rutinaria para la membresía de cualquier organización, y muy especialmente de los partidos y agrupaciones políticas. No obstante, la falta de compromiso del liderazgo político, sumado a las debilidades de la institucionalidad del sistema político-electoral En esas condiciones elegir y ser elegido se ha convertido en una quimera. Es en ese ámbito donde mayores retos y escollos se aprecian. Es tiempo de que la normativa se corresponda con la práctica y la cultura política.

Para superar los rezagos del sistema político-electoral dominicano se debe trabajar en el reforzamiento y adecuación normativa tanto de la Junta Central Electoral, así como impulsar procesos de formación política dentro de las estructuras partidarias. Ciudadanizar la política, haciendo que la gente se empodere y vaya a la política a servir no ha servirse. El liderazgo político tiene la responsabilidad de servir de eje al desarrollo político, económico y social. De Ahí la pertinencia de esta reflexión.

En la canasta de opciones para elegir a los candidatos y candidatas que representen a los partidos en los procesos comiciales se asumen cuando menos, dos modalidades: una cerrada y la otra abierta. Ambas han sido probadas. La primera es garantista y la segunda populista. La Junta Central Electoral debe jugar su rol de ente regulador y de gestión del sistema política. Explicamos algunas particularidades sobre el particular.

Quienes objetan las primarias abiertas, la asocian a la debilidad del sistema de partidos para autogestionarse, preparar un padrón electoral, montar un proceso comicial que legitime y reivindique el respeto a elegir y ser elegido. La selección de candidaturas se convierte en una fuente generadora de conflictos que socaban las bases que sustentan las democracias. Esa modalidad es usada en varios países sin mayores tropiezos pero aquí, su éxito está por verse.

Respecto, a las primarias cerradas, es necesario aclarar, que obliga a los partidos a tener registro de su membresía asentado en un padrón propio reconocido y validado por la JCE. Los miembros de los partidos pueden ser: militantes, circulistas, burócratas y directivos. Estos tienen voz y voto en las asambleas partidarias, así como en otros espacios donde tenga incidencia la entidad política. Esto es propio de los partidos de cuadros o los de notables, aunque encajan bien en los partidos de masas si las reglas son claras.

Las condiciones antes mencionadas el derecho a elegir y ser elegido, así como el sentido de pertenencia. Asumen responsabilidades que dan forma y vida a la estructura partidaria. Se identifican con la ideología, la doctrina y la línea programática. Pagan cuotas y representan al partido en los espacios que se requiera. Su relación con el partido está definida y regulada por la normativa interna que rige a esas entidades, especialmente en los estatutos y los códigos de ética. De ahí la importancia de garantizarle sus derechos para poder exigir que cumplan sus deberes.

Los partidos políticos en República Dominicana, junto al sistema electoral, vienen tropezando legal y conceptualmente con la normativa vigente y eso ha condicionado el desarrollo político, entorpecido la modernización, retrasados los procesos  de institucionalización política. Esas debieran ser razones suficientes para buscar soluciones duraderas a las debilidades antes mencionadas. Un sistema de partidos robusto favorece la transformación del formalismo democrático en democracia funcional.

Aunque pareciera que el sistema pluripartidista con base constitucional es ventajoso y  garantiza la participación política pero la falta de reglas claras, sumado a las prácticas clientelistas y conductas paternalistas asociadas al mesianismo caudillezco que opera en el país neutraliza esa ventaja. Tanto la normativa electoral como los estatutos establecen las bases para que se den procesos eleccionarios, mínimamente legítimos, participativos y transparentes.

Independientemente de las modalidades y formalidades del sistema de partidos, se debe trabajar para montar sus procesos de elecciones internas asumiendo los siguientes parámetros: las primarias cerradas, con padrones propios auditados y validados; en días separados y supervisadas por la Junta Central Electoral. Es así como se generan compromisos en base al respeto de los derechos y deberes de membresía partidaria.

Ir a primarias cerradas, reduce las posibilidades de que los mercaderes de la política activen el mercado de compra y venta en que se han convertido los procesos eleccionarios en el país. De igual forma, impide que el sistema político se contamine con dineros provenientes de fuentes dudosas. Así mismo, se obliga a candidatos y candidatas a probar sus capacidades de liderazgos en el terreno. Eso evitaría también, que se impongan los favoritos de las cúpulas partidarias y por si fuera poco, se cualifica la democracia y se incentiva la alfabetización política.

Elegir y ser elegibles para cargos de elección popular, es un mandato constitucional. Esa es la base que debe preservarse en los partidos políticos si se quiere que funcionen como instituciones orientadas al bien común. ¿Qué sentido tiene militar en una organización política si los cargos electivos se escogen al margen de los derechos de los miembros? Quienes temen a las primarias cerradas debieran entender que la motivación para participar en un partido reside en la posibilidad de escalar en la organización, tanto a nivel interno como externo. ¿Cómo garantizar esos derechos y generar compromisos de sostenibilidad al partido? Puede haber otras modalidades de elección interna, pero las primarias cerradas constituyen la opción más realista, práctica, justa y transparente.

Los Partidos y Agrupaciones Políticas de República Dominicana deben reforzar sus estrategias y empujar hacia las primarias cerradas, reducir los costos y la extensión de las campañas electorales; así como fortalecer las estructuras partidarias, reforzar la cultura cívica. La cualificación de la dirigencia partidaria es otro compromiso facilita la gestión partidaria y la organización de certámenes electorales a la altura de las exigencias del Siglo XXI. Eso dinamiza la política, genera sentido de pertenencia, activa las emociones, motiva la participación de la gente y fortalece la cultura política.

La política no puede ser un negocio, un espacio perverso, una actividad negadora de derechos o una burda mercancía. Debe convertirse en una actividad que conquiste el interés de la gente que tiene vocación de servicio, compromiso social e interés por la superación de los problemas que mantienen al país en la línea del subdesarrollo. Un espacio para forjar los liderazgos que requiere la sociedad. Recordemos la sentencia del patricio Juan Pablo Duarte: “La Política no es una especulación; es la Ciencia más pura, y digna, después de la Filosofía de ocupar las inteligencias nobles”. He ahí la esencia de la Política.

Privilegiar la elección de gente comprometida con la ética, la doctrina y la ideología partidaria da una orientación a los procesos políticos. Es garantía para establecer la diferencia entre quienes apuestan por modelos socialistas, progresistas, liberales o conservadores. Esas propuestas llegan al electorado y diversifica las opciones. Permitir que simpatizantes y electores voten en los procesos internos de los partidos pone en riesgo la transparencia y legitimidad del proceso y lesiona seriamente el derecho reservado para la membresía del partido.

Los enfoques de políticas públicas y los énfasis en la implantación de estrategias de gobierno, junto al activo moral que debe exhibir cada persona, condiciona el éxito o el fracaso de la gestión política y eso se agrava si no se hace un proceso de elección interna legal, transparente, participativo y legítimo. Hay suficiente evidencia de conflictos generados en procesos internos mal gestionados, incluidas acciones violentas que cuestan vidas y minan la confianza de la gente en la política. Las funciones básicas de los partidos políticos tienen su base constitucional en el artículo 216 y la normativa complementaria debe anclarse en ese puerto.

Para lograr resultados positivos en política hay que privilegiar la escogencia las mejores personas que militan en los partidos y agrupaciones políticas; defender los derechos de los miembros, así como trabajar para la transformación de la cultura cívica y la mejora continua de la práctica política. Los esfuerzos del liderazgo deben ir en esa dirección. Propiciar espacios donde se ejerciten y se cultiven los liderazgos es clave para el desarrollo político y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Las formas de elección internas deben servir de incentivo a la participación.

El sistema político dominicano, especialmente los partidos políticos tienen un gran desafío para satisfacer las expectativas, no solo de su militancia sino también de la población en general. Acosados por el clientelismo, el nepotismo y otros vicios que menguan la confianza de la gente en la política, el liderazgo, la democracia formal y las capacidades de los partidos para canalizar las demandas colectivas. Los procesos de primaria mueven intereses y sentimiento. Canalizar adecuadamente los flujos emocionales facilita el compromiso de la gente con la organización política. Garantizar derecho incentiva a la gente a organizarse, foguearse, y pulirse políticamente. Las primarias cerradas cumplen ese alto propósito.

Elevar la participación, generar confianza y compromiso son clave para la estabilidad y desarrollo de los partidos y organizaciones políticas. Deben servir de instrumentos para canalizar las demandas de la gente, así como de escuela de liderazgo. Instituir modalidades de elección interna es fundamental. Primarias cerradas bien auditadas. Las demás modalidades, marginan y lesionan los derechos de los miembros. Con Ley de Partidos o sin ella, las primarias cerradas constituyen la fórmula salvadora para el sistema de partidos en República Dominicana.