miércoles, 22 de marzo de 2017

ELECCIONES EN LA FED: IMPORTANCIA Y PERSPECTIVAS.

“Me gustan los estudiantes. Porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina. Sabiéndose que es afrecho”. Violeta Parra.

La Federación de Estudiantes Dominicanos, FED, fundada en 1961 tras el fervor democrático que se inició con el ajusticiamiento del sátrapa Rafael Leónidas Trujillo ha sido una trinchera de lucha revolucionario, un espacio de socialización ideológica y una escuela activa de liderazgo. Entidad cuya esencia es defender los intereses del estudiantado y el derecho a la educación pública de calidad y con equidad para toda la población.

La FED, sostenidas en las asociaciones pueblos y de carrera que accionan en la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene su propio sistema de gestión, así como su estructura organizativa, sistema de gestión, elección  basada en un régimen estatutario donde se establecen las responsabilidades de cada una de las estructurase que la integran. Es un ente llamado a funcionar de forma independiente pero articulado a la misión de la UASD.

Anclada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, pero llamada a representar los intereses del estudiantado universitario dominicano ha estado presente en diversos escenarios de lucha política y social. Recordar las batallas contra El Triunvirato y Los 12 Años de Balaguer hace temblar de orgullo a quienes armados de coraje desafiaron la bestialidad del neotrujillismo y el imperialismo yanqui.

Otras veces se le ha visto luchar por los derechos humanos, la democratización de la educación; otras reclamar mayor presupuesto para la educación pública, especialmente a la educación superior pública. En cada escenario de lucha confluyen diversas fuerzas y orientaciones políticas. Luchas encarnizadas contra la represión, la intolerancia política y la solidad internacional son solo muestra del quehacer de la FED.

Unas veces se impone la ideología revolucionaria y progresista, gestora de cambios y transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales, que marcan las pautas de las luchas juveniles y estudiantiles. Orientar y servir de canal para la rebeldía de la juventud estudiosa es una responsabilidad a la que la FED debe dedicar fuerzas y recursos.

En ocasiones, se sienten los vientos privatizadores que atizan las políticas neoliberales y se entra en una fase de conformismo conservador, donde prima la ideología de fuerzas liberales con tendencia conservadoras que entran en contradicción abierta con las expectativas de gente que exige espacio para extender sus alas y volar libremente por el mundo del aprendizaje liberador.

La amplia historia de lucha de la Federación de Estudiantes Dominicanos, FED es larga y su legado indiscutible. No han podido destruirla aunque intentos no han faltado. Hay momentos en que parece que las fuerzas opuestas imponen su lógica pero ahí vienen las respuestas, decididas y contundentes de la masa estudiantil.

Recordar a líderes estudiantiles como Sagrario Ercida Díaz, Amín Abel Hasbún, Flavio Suero, Nicolás Valerio por solo citar una muestra deja claro el compromiso de la FED con la defensa de la educación, la democracia y la solidaridad. La UASD es el centro de mayor tradición de lucha social y política por la defensa de los derechos fundamentales, de la educación pública democrática y de calidad para los hijos e hijas de quienes escogen a La Primada de América para cultivar sus saberes.

“Me gustan los estudiantes. Porque son la levadura. Del pan que saldrá del horno.  Con toda su sabrosura”. Violeta Parra.

A pesar de su importancia, el liderazgo estudiantil ha ido perdiendo espacio en toda la sociedad y la FED no es la excepción. La partidocracia y la politiquería han hecho estragos notorios y preocupantes que deben ser revertidos. Eso ha hecho que la representación estudiantil en los espacio de cogobierno en la UASD, bajara de un 33% a un 5% y no ha faltado quien ha propuesto eliminarla. Eso es gravísimo, sobre todo en una academia que promueve la participación y fomenta la democracia.

Cada elección de las representaciones estudiantiles y de la Federación de Estudiantes trae consigo una serie de propuestas que retratan los retos y desafíos del gremio estudiantil, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la educación pública superior. Esas necesidades, articuladas en un discurso académico-político genera expectativas en la familia estudiantil que pone en manos de la sus compañeros la responsabilidad de su representación y el trabajo de velar por sus intereses.

La Comisión Central Electoral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la responsable de guiar el proceso electoral de la FED. Eso coloca en manos de la academia la conducción de un complejo proceso que desarrolla tanto en la sede como en los recintos, centros y sub-centros. Eso da garantía y seguridad a quienes se postulan a los diversos cargos y niveles.

Esta vez se escogerán además de la Directiva de la FED, a los delegados de los Consejos Técnicos de Facultades así como los miembros al Consejo Universitario. Todo el proceso se rige por el Reglamento Electoral y es supervisado por la Comisión Central Electoral que es el organismo que gestiona el proceso.

Es un ejercicio político de alto interés cívico, donde se ponen a prueba las capacidades de conformación de agenda, diseño de programa y oferta política, compromiso ético, negociación programática, gestión de procesos eleccionarios, articulación de campañas electorales y tolerancia del liderazgo estudiantil. Es una oportunidad para ejercer los derechos a elegir y ser elegido en un ámbito típicamente estudiantil.

En los últimos años, hubo momentos donde la institucionalidad de la Federación de Estudiantes Dominicana quedó afectada por el retraso en la celebración de elecciones y por prácticas reñidas con las normas que rigen tanto a la UASD como a la FED. Esa situación obliga a retomar el compromiso ética para aumentar la legitimación del combativo gremio estudiantil.

Trabajar para superar cualquier escollo que impida el aprovechamiento de este importante espacio es responsabilidad de toda la familia estudiantil, bajo el ojo del profesorado uasdiano. No es cualquier cosa, es un instrumento de cambio donde se ejercitan las ideas y los liderazgos de los futuros profesionales. Es un privilegio de la UASD y una conquista de la juventud en luchas que costó vidas, sangre y sacrificio.

Hoy más que nunca se requiere de un movimiento estudiantil robusto que oriente a la juventud y canalice las energías de una juventud ávida de conocimiento que reclama respeto y exige comprensión. Se joven es una etapa de efervescencia emocional y de búsqueda de respuestas a una infinidad de situaciones, donde cuentan mucho los espacios abiertos de ejercicio cívico y político.

Es en ese contexto, donde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aporta y la Federación de Estudiantes Dominicanos pone su parte. De ahí la importancia de hacer del actual proceso electoral una oportunidad para relanzar el movimiento estudiantil y fortalecer a la FED como espacio de ejercicio democrático para el cultivo de los liderazgos que requiere la sociedad del Siglo XXI.

Los discursos y consignas deben orientarse a la superación de los problemas que afecta al gremio estudiantil, colocando al estudiantado y a la UASD por encima de caprichos e intereses partidarios. La Federación de Estudiantes Dominicano debe retomar las sendas del compromiso ético y es responsabilidad de quienes salgan electos preservarla y desarrollarla. Es un espacio de participación democrática que debe ser cuidado.

martes, 21 de febrero de 2017

LA UASD: MÁS ALLÁ DEL SANEAMIENTO.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo es una institución de educación superior, que a pesar de ser la Primada de América, cuenta con más prestigio que recursos económicos para hacer valer su bien ganado nombre”. FDC/2017.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, es la academia más vieja y democrática del nuevo mundo. Fundada en 1538, mediante Bula Papal  In Apostolatus culmine ha sido, es y será un centro de vida espiritual y un espacio abierto, democrático y público para el cultivo de saberes y producción de conocimientos.

Es un patrimonio del pueblo dominicano, fruto de largas luchas, que va rumbo a 500 años, en cuyo seno se han forjado los sueños de miles de hombres y mujeres que han dado grandes beneficios al país. De ahí la obligación de defenderlo, cuidarlo y amarla críticamente. Ser uasdiano es un gran mérito, tanto como ser dominicano o dominicana. Es un sentimiento que compromete moralmente e inspira respeto.

Es la primera opción y a veces la única, cuando dominicanos y dominicanas buscan espacio para llevar a sus hijos e hijas a cultivarse intelectual, científica y socialmente. En sus aulas, la UASD, acoge a quienes optan por desarrollar sus capacidades en un ambiente crítico y creativo. Es una escuela de liderazgo integral, donde la juventud dominicana se forma y forja los principios y valores que le regirán en el futuro.

Tanto en su misión como en su visión se recogen los aspectos fundamentales sobre los que deben regirse todos los miembros de la familia uasdiana. Tiene principios claramente establecido y acciona en base a 3 ejes básicos: la docencia, la investigación y la extensión. Articulada así, los planes estratégicos y las prácticas gerenciales deben colocar al estudiantado en el centro de su accionar, ya que es el componente esencial y la razón de ser de la UASD.

Muchas veces se asume que la UASD, es una universidad para pobres y eso es una vulgar falacia, asociada a prejuicios y complejos de superioridad de las clases dominante. La Primada de América es abierta y ella acuden quienes saben diferenciar una empresa de un centro educativo comprometido con la justicia social, con la igualdad, la equidad, lo tolerancia y el fomento del pensamiento crítico.

Ese perfil de institución pública, autónoma y democrática hace que la UASD choque con intereses creados o pretensiones encubiertas de grupos interesados en dañar o menguar la imagen bien ganada de la universidad estatal. Eso obliga a las autoridades que dirigen o gestionan la academia a mantener activa una línea de defensa que se refuerza con los innegables resultados que se exhiben en cada graduación, sea ésta de grado o de posgrado.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo es una institución de educación superior, que a pesar de ser la Primada de América, cuenta con más prestigio y legitimidad que recursos para hacer valer su buen nombre. Eso debiera llenar de orgullo, no sólo al gobierno y al país; sino también, a la familia uasdiana, integrada por centenares de egresados y estudiantes; miles de docentes, activos, jubilados y pensionados, así como miles de servidores públicos aportan a la sociedad desde la Primada de América.

Cabe recordar, que la UASD, es una red compleja compuesta por una sede central y 18 entidades menores, categorizadas como recintos, centros y subcentros diseminados por todo el país. Tiene una estructura de gobierno centralizado pero con direcciones en cada una de las entidades antes mencionadas. Esto la acerca a un modelo de gestión desconcentrado y en algunos casos, delegado. Esto solo para dejar en perspectiva, la complejidad gerencial.

Recientemente, "el rector destacó entre los aportes de la UASD a la sociedad dominicana la entrega al mercado laboral de más de 100 mil graduandos desde el año 1961; más de 12,000 egresados por año, en el grado y postgrado. De 2014 al 2016 se han graduado unos 6,700 especialistas. Solo en el 2016 fueron investidos 10,362, siendo el 75.2 por ciento mujeres y el 24.8% hombres".

Cíclicamente, como es de esperarse en una institución donde confluyen tantos intereses, surgen reclamos, tensiones y roces que ponen a prueba los fundamentos institucionales y las capacidades del liderazgo uasdiano. Hay veces que se llega a la irracionalidad, se superan los muros de la prudencia y se colocan en riesgo los intereses de la familia universitaria. Unas veces por incomprensión de los sectores internos otras por la intransigencia y negativa del gobierno a darle el presupuesto que requiere la academia para funcionar adecuadamente.

El gobierno alega que hay dispendio, baja calidad del gasto y falta de transparencia. Esto es reciprocado por grupos de interés que operan al interno de la UASD. Unos y otros reclaman SANEAMIENTO, mientras que las autoridades reclamas que se asigne el 5% del Presupuesto Nacional, a pesar de la Ley 139-01 que rige la educación superior en el país modifica, en esa parte a la Ley 5778 de Autonomía de la UASD.

Como puede apreciarse, tanto una consigna como la otra deben ser transformadas en propuestas concretas, ejecutables y útiles a los procesos de gestión y toma de decisiones. Esto es válido tanto para el gobierno central como para las autoridades académicas. Propuestas ha habido, pero su ejecución ha sido baja. De ahí la necesidad de avanzar en el proceso de fortalecimiento institucional y el saneamiento para lograr mayor financia cimiento.

Saneamiento, es mayor transparencia y mejor calidad del gasto. Eso implica, que se deben sanear las finanzas, reforzar los controles internos, transparentar los procesos de compras y priorizar las inversiones de los escasos recursos que recibe la academia. Muchos son los temas y ejes que entran o deben entrar en un proceso de saneamiento, en el buen sentido de la palabra. Se pueden ver en dos ámbitos: a nivel interno y a nivel externo.

A lo interno, hay que hablar de formas para mejorar la calidad del gasto, que implica revisar las áreas básicas como nóminas, servicios, mantenimiento, seguridad, transporte, infraestructura, capacitación y plataforma tecnológica. Estos puntos adquieren una connotación de trascendencia, ya que la UASD tiene sus propios controles y una estructura de cogobierno donde interactúan representaciones de todos los sectores que hacen vida en la academia. Es el Consejo Universitario, órgano responsable de dirigir la UASD y se rige por un Estatuto Orgánico aprobado por el Cláustro Mayor.

El Consejo Universitario, es una especie de Poder Ejecutivo, dirigido por el Rector Magnífico y tiene una dinámica operativa basada en la democracia participativa y el pluralismo. En el confluyen las fuerzas e intereses que accionan en la Universidad. Legitima y valida los procesos y decisiones que emanan de los diversos organismos que conforman las redes de gestión de la entidad.

Visto así, los procesos deben alinearse y traducirse en programas que serán ejecutados por esas entidades. Esos programas deben contar con los recursos que garanticen su ejecución y hagan posible el cumplimiento de las metas y objetivos planteados sin importar si corresponden a la docencia, a la extensión o la investigación.

Sanear la UASD, implica también, lograr que la ética y el compromiso sean los rasgos distintivo de la cultura uasdiana y la transparencia el sello de calidad de las prácticas gerenciales. Por tanto, ir tras los méritos ganados a lo largo de la historia y aprovechando las experiencias acumuladas para contrarrestar la malicia y la perversión, es una senda angosta, que se traduce en vía para alcanzar la anhelada confianza de la sociedad en la Primada de América.

Evitar que las campañas internas para la elección de autoridades de la UASD sean financiadas por grupos externos a cambio de cuotas de poder. La Comisión Electoral de la UASD debe asumir esa parte para sanear el financiamiento y superar los compromisos que genera. Los concursos de oposición y el ascenso meritocrático deben imponerse tal cual manda la normativa.

Se sabe que en cada proceso electoral de la UASD se generan unas alianzas motivadas muchas veces, no en acciones programáticas sino más bien; y casi siempre, por intereses ajenos a la misión y visión. Se sabe que el financiamiento compromete y genera gratitudes que se traduce en clientelismo y distorsiones que pervierten los procesos de reclutamiento y selección con base a los criterios científicos de la gestión de talento humano.

Sanear y cuidar son verbos que implican acción, que bien gestionada debe impactar positivamente en la calidad de los procesos de gestión que auspicia la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Trasformar las consignas en propuestas y echar a volar las ideas transformadoras para que se alimente con el oxígeno de principios éticos y valores morales que pauten el porvenir y haga del Alma Máter el referente gerencial que anhela y merece el pueblo dominicano.

Saneamiento, no es una tarea específica ni es un fin en sí mismo, es un proceso complejo y continuo que debe llevar al fortalecimiento institucional, la modernización y reforma de la UASD. Este esfuerzo debe transformar la academia y convertirla no en un reflejo del desorden que prima en otros espacios, sino en un referente para el resto del Estado y de la Administración Pública.

Lo anterior no es un sueño, es una utopía tras la cual deben ir quienes aspiran a vivir en una sociedad con justicia social, solidaridad, equidad, tolerancia y compromiso cívico. La UASD es el espacio ideal para cultivo de las capacidades que pongan al país en esa dirección. De ahí que su accionar deba ser ejemplar, basado siempre en la necesidad de garantizar el derecho a la educación de quienes escogen sus aulas para desarrollar y fortalecer sus capacidades intelectuales y científicas.

Crear espacios para la creciente demanda de aulas y servicios en la Primada de América es un desafío y una responsabilidad compartida entre sus autoridades y el gobierno central ¿Adónde irían los egresados del sistema educativo dominicano que no pueden comprar la educación? Sólo en el Semestre 2017-10 se han inscrito unos 17 mil 500 estudiantes. Proyectando esta cifra tendremos ideas de la magnitud de lo que viene.

Se habla de que hay un déficit de 3 mil docentes, de miles de asientos y centenares aulas para descongestionar lo que hoy tenemos. Imagine usted, cómo garantizamos servicios educativos de calidad a una juventud que quiere estudiar y no cuenta con los recursos o simplemente opta por la UASD. Es un reto y el gobierno debe saberlo.

Con un presupuesto anual de 7,128 millones de pesos, es difícil suplir la creciente demanda de servicios académicos que requiere la sociedad. De ahí que el déficit recurrente supere los 30 millones de pesos mensuales. Gestionar en esas condiciones es un desafío para las autoridades y un reto para los docentes. De ahí la vigencia de la consigna “lo justo para la UASD”.

A pesar de existir un Plan Decenal de Educación Superior 2008-18, un Pacto Educativo del 2016 y una Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), acuerdos, pactos y convenios internacionales para mejorar la inversión y transformar la educación superior, en la práctica, la inversión sigue siendo baja y la calidad una materia pendiente. Para el caso de la UASD, la inversión es menos del 2 % del Presupuesto Nacional.

La UASD fundamenta sus reclamos en los postulados de la Ley 5778, del 26 de octubre de 1961, la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue dotada de autonomía funcional, organizacional y presupuestaria. En el artículo 3 de dicha ley se establece que el Estado dedicará anualmente para su financiamiento un subsidio que no será inferior al 5% del presupuesto nacional. En el 2010, se votó la Ley 139-01 que crea la MESCyT y rige la Educación Superior en el país modificó ligeramente el porcentaje a entregar pero ni siquiera eso se ejecuta.
Conscientes, de la realidad antes descrita y movidos por la preservación de ese patrimonio, la familia uasdiana asume el compromiso ético de avanzar en el proceso de saneamiento y para ello cuenta con el apoyo de amplios sectores de la vida nacional que aman y respetan a la Primada de América. Acceder a la educación pública de calidad es un derecho y un deber del Estado garantizarlo.

No será fácil romper el cerco que le han impuesto pero con inteligencia, disposición, compromiso, cooperación, colaboración, participación y buena voluntad los uasdianos y uasdianas se empeñan en superar los escollos y colocarse a la altura de las expectativas de la sociedad dominicana. Sectores académicos, estudiantiles, empleados y egresados se constituyen en la piedra angular de este proceso y debe ser entendido así, tanto por las autoridades de la UASD como del gobierno central.

La familia uasdiana espera que la sensatez y el buen juicio primen en el proceso de saneamiento que está en marcha pero sobre todo, que se preserven las conquistas logradas y que imponga el respeto al Estatuto Orgánico y el Código de Ética que rigen el funcionamiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Es tiempo de que la UASD demuestre a la sociedad y al gobierno que sus logros, aun con los magros recursos que recibe del Presupuesto Nacional se corresponden con prácticas apegadas a la ética y la transparencia. Saneada administrativamente, fortalecida institucionalmente y con mayor presupuesto; la familia universitaria sabrá compensar, con creces, a la sociedad, especialmente a quienes escogen sus aulas para formarse y cultivar sus saberes.

Casi 500 años forjando y cultivando pensamiento crítico para plantar en la sociedad dominicana las bases de una nueva cultura cívica, política y gerencial. Siendo la institución más vieja del nuevo mundo debe ser un referente de orden, organización, calidad y transparencia. Un ejemplo a seguir por el resto de las instituciones. No puede ser un reflejo de las debilidades institucionales y los vicios gerenciales. Debe ser, ante todo un referente.

La UASD avanza a paso firme hacia el V Centenario (1538-2038) con energías y esperanzas renovadas; comprometida con su misión, visión y valores, optimista y elevada conciencia de su responsabilidad social. Contra vientos y mareas hacia la consolidación institucional, la eficiencia, la calidad y la transparencia ¡Mayor presupuesto, mayor transparencia y mayor compromiso ético! 

miércoles, 25 de enero de 2017

MARCHA VERDE POR EL FIN DE LA IMPUNIDAD Y LOS DESAFÍOS DEMOCRACIA DOMINICANA.

“Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones”. Juan Pablo Duarte.

El domingo 22 de enero del año en curso es una fecha memorable para la democracia dominicana. Esto se debe a que intelectuales, organizaciones sociales, instituciones de fe y partidos políticos de oposición organizaron la “Marcha Verde por el Fin de la Impunidad” y la erradicación de la corrupción con un éxito indiscutible en términos de cantidad.

La actividad que inició a las 10 de la mañana, en la intercepción de las avenidas 27 de febrero y Máximo Gómez del Distrito Nacional, recorrió parte de la Calle Dr. Delgado, Méjico hasta tomar la 30 de Marzo para llegar al Parque Independencia pasado el mediodía. Las redes sociales sirvieron como plataforma para la difusión y masificación de la convocatoria, conjuntamente con la prensa, la radio y la televisión.

La convocatoria de la marcha involucró a diversas entidades y organizaciones entre las que se destacan: Foro Ciudadano, el Centro Juan XXIII, Poder Ciudadano, Somos Pueblo, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Centro Bonó, Federación Nacional de Trabajadores Independientes de la Construcción (Fenticon), Bloque Popular y Participación Ciudadana. Además, el Movimiento de Trabajadores Independientes, Movimiento de Mujeres Trabajadoras, Los Cañeros, Comité Codiano, Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, Peregrinos de Moca, FEFLAS, FAPROUASD, La Multitud, Frente Universitario Renovador y Grupo Milenio Verde, entre otros.

El llamado concitó el apoyo de amplios sectores, incluida las principales fuerzas políticas de oposición política quienes ejerciendo un derecho fundamental salieron a las calles. Se destacan el Partido Reformista Social Cristiano, el Partido Revolucionario Moderno, Frente Amplio, Alianza País, Onda Democrática, PCT, MIUCA, FALPO, Movimiento Patria para Todos, Fuerza de la Revolución, Movimiento Rebelde, entre otros. Delegaciones del interior del país se dieron cita y en el exterior también hubo marchas, tal es el caso de New York y otras ciudades. Como se ve, hubo un apoyo amplio y diverso.

El contexto de la marcha-protesta se advirtió al funcionariado sobre el impacto que produce la corrupción y perversión de la administración pública. Se llama la atención por la falta de sanciones a los delitos contra erario, especialmente la sustracción de fondos públicos. También se reclaman sanciones a corruptos y corruptores, así como la creación de comisiones de seguimiento para evitar la impunidad y prevenir la corrupción.

Tomando el Fin de la Impunidad como consigna predominante plasmada en diversas modalidades de pancartas y partiendo del escándalo generado por las tratativas perversas de ODEBRECHT, empresa constructora brasileña que ejecutó proyectos multimillonarios en varios países de América Latina el pueblo y sus organizaciones salieron a las calles a reclamar sanciones y explicaciones. Esa La empresa admitió haber sobornado a funcionarios, ignorando las normativas que rigen las negociaciones del Estado con empresas y particulares.

En el caso dominicano, la empresa reconoce que pagó 92 millones de dólares como soborno pero no dice quién o quienes recibieron el dinero, monto que a juicio de muchos, es ínfima comparada con la magnitud de los contratos obtenidos. Aunque la Procuraduría General de la República anunció a un acuerdo donde los directivos de ODEBRECHT se comprometen a devolver el doble de la cifra referida al soborno, hay reclamos para que se apliquen las penalidades contempladas en la normativa que sanciona el delito de soborno (sobornante y sobornados).

El país cuenta con una normativa amplia que regula las compras y contrataciones públicas, así como otra específica que regula las negociaciones del Estado con empresas nacionales e internacionales. Ambas normativas, establecen procedimientos orientados a garantizar la transparencia. De igual modo establecen las sanciones para casos de inobservancia.

Nos referimos específicamente, a la Constitución de la República, a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y la Ley 448-06 Sobre Soborno en El Comercio e Inversión, así como las sanciones establecidas en el Código Civil. Estos instrumentos han sido violados por la ODEBRECHT y sobre esa base se exige que el Estado imponga las sanciones que correspondan, tanto a la sobornante como a los sobornados.

El escándalo, ha sido de tal magnitud, que la empresa ha devuelto recursos en Perú, Panamá, Ecuador y Brasil donde tiene su sede. No basta con que pague al Estado, lo estipulado en la normativa, sino que se esclarezcan las responsabilidades de ambas partes, que se sancionen y se tomen las previsiones para que no vuelvan a repetirse.

Tanto la impunidad como la corrupción tienen un largo historial en el país y este parece haber llegado a su clímax. Eso explica la respuesta masiva al llamado cívico-político y el encono de la gente con la falta de sanción a los delitos cometidos contra el erario. Hay expedientes, que por una razón u otra quedan engavetados y los culpable exonerados y motivados para continuar con la práctica perversa de corromper y pervertir la administración pública.

No es una modalidad nueva ni exclusiva de ODEBRECHT y eso pone en alerta a quienes apuestan por la transparencia en la gestión pública y la prevención de la corrupción administrativa. De ahí que la marcha verde haya concitado un apoyo inusitado, superando las expectativas de los convocantes.


La convocatoria fue un éxito, tanto en términos organizativos como de asistencia, salvo la participación de gente que debiera estar rindiendo cuentas por faltas cometidas en gestiones en las que tuvieron participación. Gente que ha dejado mucho que desear en términos de transparencia quiso escudarse en la marcha y exigir lo que no cumplió cuanto le tocó gestionar fondos públicos. Propiciaron o fueron parte de gestiones indecorosas, y sin embargo, tienen el tupé de exigir transparencia.

La pregunta ahora es qué hacer tras el éxito indiscutible de la Marcha Verde por el Fin de la Impunidad, es evidente que se requieren acciones que hagan de la transparencia administrativa una regla que se aplique en todos los ámbitos de la vida democrática. Que la impunidad sea erradicada del imaginario colectivo requiere que se construyan redes que generen confianza entre la justicia y la sociedad.

¿Es posible erradicar la corrupción? Las respuestas a esta pregunta son relativas. La corrupción en mayor o menor grado convive con la gente e interactúa en sus entornos sociales, religiosos, políticos y gerenciales. De ahí la dificultad para erradicarlo pero se puede prevenir. Lo que no debe existir es un sistema judicial que permita e incentive comportamientos indecorosos en ninguno de los ámbitos antes mencionados y mucho menos que haga de la aplicación de las normativas un uso discrecional y excepcional.

Generar confianza y sacar del imaginario colectivo, la idea de que la gestión privada es transparente y que en la gestión de lo público, la opacidad es regla, pasa por la instauración de una nueva cultura cívica, anclada sobre principios éticos y valores morales acorde con las funciones de cada gerente público o privado.

La marcha verde contra la impunidad, es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos de la democracia dominicana de cara al Siglo XXI. No se puede pretender que se trata de sustituir un gobierno por otro. Se trata en cambio, de generar las condiciones para el adecentamiento de la práctica y la cultura política. Esta es una función del liderazgo Social, empresarial, religioso y político.

Los cambios no serán productos de las acciones enmascaradas de grupos oligárquicos sino de la acción de las masas dirigidas y orientadas por proyectos que coloquen a la gente en el centro de las políticas pública y le hagan partícipe de los procesos de transformación que requiere el país.

Las famosas “revoluciones de colores” o la “primavera árabe” sirvieron para acelerar el proceso de recomposición de los fundamentos del capitalismo depredador y el afianzamiento de sectores reaccionarios en la conducción de los procesos. Fueron revoluciones mostrencas, acciones de masas que pudieron ser aprovechadas para transformar sus sociedades pero el liderazgo no entendió el proceso y terminó favoreciendo a las fuerzas conservadoras y esto se debe evitar.

La democracia dominicana requiere ajustes con urgencia pero estos deben ir acompañados de la construcción de un frente antioligárquico que concite el apoyo de los sectores menos favorecidos con el modelo económico y político implementado en los últimos 30 años. La lucha de clases no ha concluido, solo asume, nuevas formas, características y expresiones.

El capitalismo depredador y sus modelos excluyentes tienden a colectivizar la pobreza y a privatizar las riquezas. De ahí que la lucha por mayor equidad, inclusión, compromiso y justicia social sea una necesidad para mejorar la calidad de la democracia en el país. Eso pasa por transformar la democracia formal en una democracia funcional.

Se debe avanzar a una democracia funcional que reivindique la política, defienda lo público, que coloque a la gente en el centro de su accionar y transforme la cultura cívica en acciones a favor del compromiso social. Que haga de esta un instrumento para viabilizar el desarrollo integral de la sociedad dominicana, que motive y genere confianza y canalice las esperanzas.

Se impone por tanto, una agenda postmarcha, que incluya la depuración de los actores convocantes y participantes, así como el diseño de una estrategia de lucha política y social que refuerce los valores cívicos con la democracia funcional y los principios éticos con la gestión pública.

Hay que superar el dicho popular de “juntos pero no rebrujados”. Eso no ayuda ni motiva, ya que no se pueden tener corruptos preferidos cuando de sancionar la corrupción se trata. La inobservancia a la norma es tan mala como la aplicación antojadiza y selectiva de la misma. La Ley debe aplicarse a todos por igual, sin distinción de ningún tipo.

No existe un recetario para avanzar en el la lucha contra la impunidad pero reforzar la cultura política y los valores cívicos, sumados a la aplicación de marcos normativos justos y equitativos contribuye a mejorar la calidad de la democracia y puede restaurar la confianza de la gente en la política y quienes la ejercen.

La marcha es una de las acciones colectivas mejor articulada, más pluralista y concurrida realizada en el país en los últimos años. Su cobertura tanto a nivel de redes sociales como de la prensa tradicional así lo evidencia. Su impacto ha despertado en la gente un interés cuestionador de amplios sectores de la sociedad dominicana.

La Marcha Verde” por el Fin de la Impunidad” fue un ejercicio  de un derecho fundamental, anclado el ámbito democrático que habla bien del grado de madurez que ha ido alcanzando la democracia dominicana pero falta mucho camino para que el desarrollo político, la modernización y la institucionalidad política se instauren como regla y no como excepciones. De ahí la importancia de trabajar para construir un contrapoder que contribuya y acelere el proceso de transformación del formalismo democrático en democracia funcional.

Tras el éxito de la marcha por el Fin de la Impunidad se impone una reflexión político-social y la depuración de los entes involucrado, separando a quienes buscan escudarse en esas marchas. No puede ni debe haber corruptos o corruptores preferidos. Eso deslegitima, pervierte y confunde.

Se deben definir las agendas de lucha y clarificar los liderazgos así como la habilitación de espacios de diálogos para evitar la cualquierización de las luchas sociales para que las acciones colectivas sirvan para fortalecer la cultura cívica, transformar la cultura política, activar los mecanismos que sustentan las políticas de transparencias del Estado y fortalecer los fundamentos de la institucionalidad democrática. Hacia allá deben ir las próximas acciones.

jueves, 12 de enero de 2017

SALVEMOS EL PARQUE DR. JUAN BAUTISTA RAMÍREZ RANCIER Y LA RIQUEZA ECOLÓGICA QUE ALBERGA.

“Como el medioambiente está interrelacionado a la acción humana, la preservación de Valle Nuevo pasa por una comprensión de su ubicación en el país de hoy y de los procesos que han llevado al aprovechamiento de sus recursos. Debe ser una demanda del país que la acción humana contribuya a la preservación del medio, que Valle Nuevo se constituya ante todo en un productor garantizado de agua y aire puro, que sea en el porvenir un sitio de una historia comprometida con la naturaleza”. Dr. Roberto Cassá.

El Parque Nacional Dr. Juan Bautista Ramírez Rancie, conocido anteriormente como Valle Nuevo comprende un área vasta e intrincada de la geografía nacional. Sus límites tocan a las provincias de Azua, San José de Ocoa, Monseñor Nouel y La Vega. Su declaratoria data del año 1996, cuando se votó el Decreto 233/1996 y más tarde se reforzó con la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-2000) y la Ley 202-04 de Áreas Protegidas. 

El Parte abarca un área aproximada de 900 Km2,  distribuidos en las provincias de La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Azua. Sus límites están a 15 kilómetros de la ciudad de Constanza. Alimenta a tres cuencas hidrográficas distintas, la del Nizao, Yaque del Sur, Yuna, Grande, Cuevas, Blanco, Banilejo, Ocoa y Tireíto. El Parque Nacional tiene a la carretera Gral. Antonio Duvergé como vía principal que lo atraviesa de norte a sur.

Diario Libre reseña que los “Propietarios de terrenos en Valle Nuevo, que dicen poseer unas 450,000 tareas, reiteraron que sólo tienen en producción agrícola 250 tareas, equivalentes al 0.0001%. Esos propietarios son: Granja Mora, presentada por Gregorio Mora, dueña de 24,000 tareas; Explotación Maderera de Constanza, representada por Luis A. Mercado Aguayo, 250,000 tareas; Sociedad Agrícola del Valle y Ganadera del Valle, representadas por José Delio Guzmán y José Delio Ares Guzmán, 148,000 tareas, 150 están en producción y 5 mil en un proyecto ecoturístico; Flores Purama, representada por Tomás Villamán, 150 tareas, 20 en producción de fresas orgánicas; Flores Antillanas, representada por Miguel Crouch, 517 tareas, sólo 70 con fresas orgánicas”. (Diario Libre, 06/010/2017).

Históricamente las intrincadas cadenas montañosas y su hermoso valle fueron surcados, primero por los aborígenes, luego por esclavos en busca de libertad. Los monteros hicieron de la zona un lugar de caza de reses y cerdos cimarrones. Luego, esas tierras fueron marcadas por las huellas de patriotas y revolucionarios. Entre estos se destacan, el Dr. Hipólito Rodríguez (Polo), que en 1963 se estableció en la zona con un foco guerrillero, como parte de la sublevación del Movimiento Revolucionario 14 de Junio contra el gobierno de El Triunvirato.

La zona sirvió de escenario de combate y entrenamiento de unidades y grupos guerrilleros, así como para el entrenamiento de las fuerzas antiguerrillas del Estado (Cazadores). En la zona de Arabia fue abatido, el joven revolucionario Orlando Mazara en 1967 por fuerzas del gobierno del Dr. Joaquín Balaguer Ricardo.

Sus tierras fueron regadas con la sangre, el sudor y la rebeldía del Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, quien escogió la zona para instalar una dotación guerrillera en 1973. Allí está sembrado su coraje tras caer prisionero y herido. Fue fusilado junto a Geordano Lalane José y Alfredo Perez Vargas.

De los 8 hombres que acompañaron al Coronel de Abril, en su desembarco por Playa Caracoles, el 02 de febrero de 1973, solo 3 sobrevivieron luego de intensos combates y una férrea persecución. Se proponía derrocar al régimen corrupto, represivo y entreguista impuesto por el neotrujillismo balaguerista en sus primero 12 años (1966-1978). (Hamlet Herman Pérez, Revista Caracoles).

A pesar de su importancia estratégica para el desarrollo nacional y su alto valor como productor de agua en sus cuencas y microcuencas, ha sido víctima de la explotación agropecuaria y forestal. Primero la extracción de madera, especialmente de pino y sabina. A mediados del siglo pasado, se instaló en toda la zona del Parque una serie de aserraderos que diezmó los bosques de la zona. Esas eran acciones legales que datan de la Era de Trujillo, donde se promovió esa práctica como negocio.

Recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente ha retomado el tema y ha dispuesto, mediante resolución, un plazo hasta el 29 de enero del año en curso, para que los productores y empresarios insertos en el área que comprende el Parque, especialmente en Valle Nuevo salgan de la zona. Esta medida ha generado un amplio debate, ya que productores y empresarios agrícolas tienen décadas instalado y produciendo en esos territorios. Consideran que se deben concretar acuerdos y arreglos con las autoridades donde se beneficien ambas partes.

Tanto los grandes propietarios como los medianos tienen largos años de vida en la zona, y consideran que se han realizado esfuerzos para preservar la zona. Se han hecho esfuerzos para solucionar la situación y lograr la salida de la gente del Parque Nacional Dr. Juan B. Ramírez Rancier-Valle Nuevo. Hay quienes afirman que hay gente que recibió millones como pago para que abandonen la zona y el problema sigue ahí.

Se han desarrollado viarios planes de reforestación se han desarrollado, sobre todo en la cuenca del Río Ocoa. El impacto de la acción humana ha sido tal, que ese importante Río está prácticamente seco. No solo porque la deforestación ha diezmado sus aguas, sino también, porque manantiales, arroyuelos y arroyos son canalizados hacia fincas para el regadío de predios agrícolas y otras actividades vinculadas a la agroforestería o la agropecuaria.

Esas acciones se han desarrollado al margen de la normativa vigente, tanto las que declaran la zona de alto interés estratégicos y prohíben las actividades que lesionen o impacten negativamente los ecosistemas de la zona, como las regulaciones establecidas en la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A raíz de la declaración del 2017 como el “Año Nacional del Desarrollo Agroforestal”, el debate en torno al tema, adquiere mayor relevancia.

Los asentamientos humanos empezaron a desarrollarse y con ellos el conuquismo a pequeña escala. Más tarde, grandes terratenientes se instalaron en la zona e iniciaron un proceso acelerado de agricultura intensiva. Ambas prácticas, aceleraron el proceso de deforestación, cuyas huellas se evidencian con una simple inspección empírica.

La crianza de ganado, es otra práctica que tiene marcada presencia zonas que corresponden al Parque Nacional, la cubierta boscosa y contamina sus aguas. Los incendios forestales, unas veces accidentales otras de manera intencional, aportan su cuota de destrucción tanto a la flora y la fauna como a los acuíferos que abundan en el área.

Esas prácticas se agravan por la falta de orientación de las autoridades, así como por la inobservancia de la Ley 64-00 y su normativa complementaria. Incide también, el interés de grandes productores de maximizar ganancias a costa de la degradación medioambiental y contaminación de los recursos naturales, especialmente del agua.

Ahora, que el Poder Ejecutivo ha declarado el 2017 como el “Año Nacional del Desarrollo Agroforestal”, es oportuno recordar, la importancia de esa zona como productora de agua tanto para las provincias que conforman el Parque como para las que se benefician en recorrido de arroyos y ríos que nacen en el mismo.

Proteger esas cuencas hidrográficas, más que un deber, es una obligación del Estado. En lo que respecta, a San José de Ocoa tiene ya un serio problema de escasez de agua, tanto para el consumo humano y animal como para la producción agropecuaria e industrial.

La disposición de desalojar a quienes ocupan el vasto territorio que conforma el Parque Nacional no es un capricho ni es el primer intento. Esta vez, la acción es impostergable dado el alto impacto de la acción humana sobre este hermosa e importante reserva. Hay quienes piensan que la zona se puede proteger, mediante planes de manejo técnicamente gestionado pero las autoridades insisten en la salida de quienes ellos llaman “ocupantes ilegales”.

Constancio Cassá, en su libro Valle Nuevo. El Parque Juan B. Pérez Rancier y su Altiplano”, señala queLos esfuerzos gubernamentales para preservar los bosques iniciaron en 1924, durante el gobierno de Horacio Vásquez, cuando los doctores Juan B. Pérez Rancier y Miguel Canela Lázaro lograron la creación del Vedado del Yaque, en la Cordillera Central, el cual prohibía y penalizaba la tumba e incendio de árboles, arbustos y pastos, dentro de sus límites. En 1937 el gobierno de Trujillo promulgó la Ley núm. 1321 que ordenaba la siembra de veinte arbolitos por cada árbol cortado, ley que no se cumplió cabalmente.

Agrega que en 1966, el entonces presidente Joaquín Balaguer dispuso el cierre de los aserraderos mediante el Decreto número. 1377, que fue ratificado por el oficio núm. 318 del mismo año. Ese decreto tampoco se cumplió correctamente y en 1967 se promulgó la Ley núm. 211 que cerraba oficialmente los ochenta y cuatro aserraderos que operaban en todo el país, ubicados principalmente en Constanza, Jarabacoa, San José de Ocoa, Barahona, Azua y San Juan de la Maguana. Desde entonces se han hecho otros esfuerzos, infructuosamente”.

Aclara “que la explotación maderera no siempre fue clandestina ni de iniciativa privada. El propio Trujillo, al ver la rentabilidad de su bien equipada empresa Aserraderos Santelises, C. por A., el 6 de noviembre de 1950 hizo promulgar una ley que obligaba al secado de la madera. Así, quien no tenía horno debía pagar un impuesto adicional de RD$10.00 por cada millar de pies cuadrados de madera. Ese impuesto, y otros más promulgados durante la dictadura, elevaron a RD$145.00 el precio del millar de pies cuadrados de madera”.

Lógicamente, en las condiciones actuales de las rutas y dado el deterioro que se observa en la zona el panorama deprime a quienes comprende el valor de este pulmón ecológico. De ahí la necesidad de intervenir la zona con planes de manejos y otras acciones que hagan efectivo el cumplimiento de la Ley 64-00 y la que creó el Parque Nacional.

Tal como propone Constancio Cassá, se debe Promover excursiones ecológicas debidamente guiadas y controladas, en las que se ponderen la flora, la fauna, el aire puro, la temperatura, las montañas, el paisaje y los bosques de la zona. Los ingresos por dichas excursiones podrían usarse para cubrir los gastos de regeneración y repoblación del propio parque”. (Constancio Cassá, Valle Nuevo. El Parque Juan B. Pérez Rancier y su Altiplano” Archivo General de la Nación (Vol. CLXIV), 2012)

Esto requiere mucha voluntad política por parte de las autoridades, compresión por parte de las personas que han pernoctado por décadas en la zona y compromiso de las organizaciones sociales y ecologistas en mantener los ojos puestos en una zona de alto valor estratégico para la producción de agua del país. Esas montañas son un tesoro que debe ser preservado y cuidado para disfrute y provecho de las generaciones venideras.

Las huellas de la agricultura intensiva son evidentes y el impacto a los recursos forestales, la fauna y los acuíferos de la zona deja claro, el precio a pagar por la indiferencia de unos, la ignorancia de otros y la incapacidad de las autoridades para diseñar e implantar estrategias que garanticen la salud de ese importante ecosistema. El desarrollo de los pueblos tiene un costo pero la sostenibilidad debe ser la barrera que marque el límite entre el interés general y el colectivo.

Armonizar la relación de la gente con su entorno no es tarea fácil, requiere esfuerzo, comprensión y compromiso de las partes involucradas. El Estado y el liderazgo que lo gestionan deben garantizar la sostenibilidad del desarrollo en zona de tanto valor ecológico como el Parque Nacional Dr. Martínez Rancier y espacialmente la zona conocida como Valle Nuevo.

Cerrar los ojos no es opción, ser indiferente mucho menos. Ir tras la preservación de la reserva implica, tomar en cuenta a la gente que está en la zona y que de alguna manera deben ser retribuidas por el Estado. La normativa establece procedimientos para superar cualquier escollo. Diálogo y compromiso son las claves para lograr un entendimiento entre las partes.

Ignorar los postulados normativos que deben sustentar el desarrollo de un país trae consecuencias como éstas. Una vez, se decide encarar la problemática se debe tomar en cuenta, que por encima de cualquier cosa está la gente y sus derechos. Eso no quiere decir que las instituciones rectoras y gestoras de los recursos naturales carezcan de medios o de poder legal para incoar cualquier acción. Todo lo contrario.

Tomar conciencia de la importancia estratégica de la zona no es suficiente. Es necesario trabajar para preservar ese pulmón y reservorio de vida que es el Parque Nacional Dr. Juan B. Ramírez Rancier. Se debe evitar que la politización del tema impida que se llegue a soluciones que ponga el riesgo o desestabilice el ya deteriorado ecosistema de la zona.

Que se haga lo que haya que hacer para detener su deterioro, la contaminación y el aniquilamiento de la zona. Que se establezcan las previsiones para evitar que la acción humana haga de la zona un desierto. Que las autoridades diseñen e implementen planes de desarrollo que permitan la explotación ecoturísticas del lugar. Que se habilite carretera la Gral. Antonio Duvergé para que haya mayor visibilidad de la zona.

Que no haya privilegios en las soluciones que se decidan y que el espíritu de la Ley y el sentido de justicia prevalezcan. Que se creen las condiciones para lograr que la producción de agua siga siendo el norte de la preservación de la zona. Que se aplique el rigor científico y el marco normativo que rige el uso del agua y las zonas que la producen ¡La suerte está echada!