viernes, 1 de mayo de 2015

CONTEXTO HISTÓRICO DE LA REELECCIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.

"Las leyes deben servir para organizar y gobernar a los pueblos, no para someterlos, manipularlos y humillarlos".

El manoseado tema de la repostulación y la reelección ha sido una cuestión recurrente y sistemática en la historia política de la República Dominicana. Desde la instalación del primer gobierno constitucional, encabezado por el general Pedro Santana, a partir del 6 de noviembre de 1844 hasta la fecha. Siempre surgen las pretensiones releccionistas entre los sectores de poder o del gobierno, apuntalados por postulados justificativos. 

La tradición política de la República Dominicana asume el tema de la reelección como un distintivo característico, propio de sistemas políticos débiles en términos normativos, institucionales y culturales. Un liderazgo que asume al continuismo, caudillismo, mesianismo y al prebendalismo como las justificaciones básicas de su accionar en política. Superar ese proceder ha constado toda la historia republicana y aún no se vislumbra un horizonte favorable para lograrlo.

Esas tendencias han llevado al país a realizar cerca de 40 revisiones constitucionales, muchas de la cuales han sido única y exclusivamente para incluir la repostulación del Presidente de la República o extender su mandato. Esto genera de inmediato matrices de opinión que dividen las opiniones entre quienes apoyan el reeleccionismo y quienes se oponen al mismo. Esos debates son recurrentes y perturbadores para la población que se coloca en el centro como la salchicha del sándwich.
  
Pocos presidentes, se han resistido a la tentación de oponerse a esta práctica, claro hay quienes han intentado poner fin al asunto pero no lo han logrado. Las razones que han impedido superar esos escollos se expresan en varias dimensiones. Se puede hablar de la dimensión política, la dimensión cultural, la dimensión normativa y la dimensión institucional. Cada dimensión contiene una amalgama de aspectos que vistos desde el ámbito de las Ciencias Políticas requieren una caracterización para ubicar la línea que ha seguido el asunto en el país.

Cuando se ubica la cuestión en la dimensión política hay que hablar, no sólo de los aspectos vinculados a las organizaciones políticas si no que también, los aspectos relacionados con el liderazgo político, la cultura y la institucionalidad política. Todo esto junto da forma y características a los sistemas políticos que se gestan en las sociedades para gestionar el complejo de relaciones que se expresan en la organización del Estado y del gobierno que lo gestiona.

La dimensión cultural, expresada como la posibilidad de la ciudadanía de incidir en los espacios de interlocución que hacen gobernable a una sociedad, incluye además de la cultura política, la cultura de participación y las capacidades de las organizaciones sociales para servir de contrapeso en las sociedades democráticas. Eso implica que las líneas de abordaje para este aspecto tienen que ser visto desde una perspectiva integral para minimizar los sesgos que neutralicen la acción colectiva.

La cultura es fundamental para desarrollo y afianzamientos de los sistemas políticos que aspiran a transformar el formalismo democrático electoralista en un sistema funcional, abierto, plural y participativo. Por esa senda están los desencuentros con las tendencias que auspician e impulsan el reeleccionismo sin más pretensiones que la perpetuación en el poder de grupos cuyos propósitos no obedecen a un plan de desarrollo económico, político, cultural y social de transformación de la sociedad.

La dimensión normativa y la institucional se combinan para dar forma a la estructura formal y operativa del sistema político. Es en ese contexto donde se deben instituir los protocolos y controles para impedir la perversión de los procedimientos o la burla de los controles establecidos. Los contrapesos de la democracia están referenciados y condicionados por estas dos dimensiones. De ahí el interés de mirar esos aspectos al momento de tratar un tema tan complejo como el que nos ocupa.

Cuando el reeleccionismo o el continuismo se imponen como patrón de comportamiento político y el sistema político y social no está en capacidad de gestionar adecuadamente las tensiones y roces que se generan vienen las crisis y de éstas salen los arreglos de grupos. Esos arreglos, en la mayoría de los casos, desconocen el marco normativo o lo pervierten. Ese modelo se va haciendo ingobernable y se deslegitima en la práctica.

Pese a los problemas que tradicionalmente ha traído para el país, se insiste en la cuestión. Pueden ubicarse tanto en el plano político como en la las debilidades institucionales que ha propiciado la cultura paternalista y clientelista que ha imperado en el país. Así ha sido el formalismo democrático que ha ido conformándose en el país. Un formalismo cuyos resultados se expresan en un estancamiento del desarrollo político y un debilitamiento de la institucionalidad política. 

Ambos aspectos debieran llamar a la reflexión de los operarios del sistema dado los riesgos implícitos en los mismos. Un sistema débil y con un marco normativo que no se aplica, sumado a una práctica política basada en conveniencias personales o grupales, no en el fundamento de las normas socialmente aceptadas, queda indefenso ante los embates de los caprichos. 

Visto lo anterior, procede aclarar que la posibilidad de que una autoridad pueda repostularse no quiere decir que se reelija, solo tiene la opción, la decisión depende de los electores y la capacidad del liderazgo para encausar las aspiraciones colectivas. También de la flexibilidad del marco normativo que rige la cuestión electoral y de las capacidades institucionales del sistema. 

Es necesario explicar que la reelección como categoría política no es mala, siempre y cuando, el sistema político y la normativa, estén diseñados para que ésta no se convierta en un recurso para perpetuarse en el poder y pervertir el orden institucional. La experiencia acumulada a lo largo de la historia debiera servir para ampliar las discusiones sobre el asunto.

Hay que pensar en la posibilidad de asumir un modelo que tenga como referente la posibilidad de elegir la o el Presidente de la República por períodos de 5 años con opción a un segundo mandato consecutivo y nunca más. Esta posibilidad es la que mejor se ajusta al sistema político y electoral dominicano dada las debilidades y falencias referidas en este texto. Repostulación o reelección no es ni puede ser cuestión de voluntarismos sino de institucionalidad y de madurez política de los entes políticos, el liderazgo y de la sociedad.

¿Qué implica para un país cuya práctica política riñe con las normas establecidas entrar en una discusión sobre las ventajas o desventajas de la repostulación presidencial en períodos consecutivos? ¿Cómo evitar que los mecanismos institucionales sean rebasados por las apetencias personales y los caprichos de grupos de intereses anclados en el poder? ¿Habrá posibilidades de gestionar adecuadamente los niveles de tensiones y conflictividad que generan los debates en torno al espinoso tema?

Para la República Dominicana, la cuestión de la repostulación y posibilidad de reelección a cargos electivos consecutivos, tras haber cumplido el primer mandato ha generado siempre, opiniones encontradas. Sin embargo, la cuestión ha quedado solo en el nivel presidencial, dejando a su libre albedrío los niveles provinciales y municipales. Eso ha permitido que personas elegidas en esos niveles agoten varios períodos.

Esa permisividad del sistema ha provocado una especie de “secuestro de esas curules”, neutralizando el desarrollo del liderazgo emergente. Es un tema de reflexión que debe ser asumido como prioridad para evitar que las oligarquías políticas locales impidan el desarrollo del sistema político y la democracia misma, con las consecuencias desmotivadoras y el estancamiento tales circunstancias están provocando.

Lo sensato es, que no solo se hable de repostulación y reelección en el nivel presidencial sino que la discusión abarque también a los niveles provinciales y municipales. Trabajar en propuestas que den respuestas sostenibles a la problemática planteada es una cuestión impostergable si se quieren evitar males mayores.

Se deben establecer reglas y procedimientos que hagan de la política una práctica atractiva para quienes tiene que aportar no para quienes tienen que buscar. El grupismo o las tendencias que se gestan en el interior de las organizaciones políticas deben ser controladas para garantizar el funcionamiento de la democracia interna y evitar los privilegios en los procesos de selección de candidaturas. Evitar que los partidos y agrupaciones sean espacios tipo compraventa o un simple mercado donde todo tiene un precio.

Es necesario, superar los vicios que ha padecido la zigzagueante democracia dominicana estableciendo mecanismos transparentes para que los procesos electorales se ajusten a las normas establecidas. Esto incluye, que los períodos sean de 5 años cada cargo y en el congreso y los municipios se dé un escalonamiento a partir de una primera elección en la forma siguiente. 

Si usted ha sido electo para Director de Junta de Distrito Municipal y cumplió su período normal y si fue reelecto en el período siguiente, debe aspirar a cualquier otro cargo en el espectro político dependiendo de sus expectativas y posibilidades, no perpetuarse en ese cargo ¡Hacer carrera política y gerencial en el ámbito de su preferencia!

Preparar al sistema político para que responda a las necesidades de generaciones cuyo fuerte no es la militancia política basada en ideología, sino más bien en intereses donde es difícil gestionar los disensos requiere inteligencia, reglas y compromisos. Esta debiera ser la discusión principal y no concentrar el debate en la posibilidad de reformar la Constitución para rehabilitar la reelección presidencial. Cuidar el sistema político y la democracia para que no se debiliten los fundamentos que la sustentan.

A pesar de los esfuerzos que se han realizado en el país y pese a que la materia constitucional ha sido ampliamente trabaja queda mucho trecho por recorrer para alcanzar un instrumento jurídico que no esté sujeto a los vaivenes de los vientos y mareas que alborotan el paisaje político dominicano. Los roces que generan las tensiones reeleccionistas crean incertidumbre y choques. Aprovecharlos para avanzar en la superación de las debilidades es de alto interés para la sociedad dominicana. 

Avanzar en la reestructuración del sistema electoral y en la institucionalización del sistema político es clave. Emprender requiere apertura y disposición para que el proceso sea provechoso. Asumir la indiferencia y pensar que todo seguirá igual es desaprovechar el tiempo y poner en riesgo la posibilidad de transformación del formalismo democrático en un instrumento al servicio de los intereses colectivo de la sociedad dominicana, no de los grupos que la controlan.

lunes, 20 de abril de 2015

CORRUPCIÓN, POLÍTICA E IMPUNIDAD.

"Hay gente que adora la plata, se mete en la política, si adora tanto la plata que se meta en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera, no es pecado, pero la política es para servirle a la gente. A la alta política le interesa ese cariño de la gente, algo que se transmite, que no tiene precio y que no se compra en el supermercado". José (Pepe) Mujica.

Para abordar este binomio hay que contextualizar los aspectos que relacionan ambos conceptos. La Política como ciencia del gobierno, el poder, el Estado y de las relaciones de los sistemas políticos y sociales acciona en contextos donde la transparencia es una condición para que gobernantes y gobernados reciban servicios y bienes de calidad, con eficiencia y equidad.

Entre ambos conceptos se da una relación como la imagen que se proyecta en un espejo claro y limpio. La política es la imagen y el espejo la transparencia: si el espejo se opaca la imagen asume esa características y se distorsiona. Para que la política salga bien en la imagen tienen darse esas condiciones.

Si se pervierten los controles institucionales y se neutralizan los mecanismos de sanción de los actos de corrupción y malversación se abona el terreno de la impunidad prospere. No se puede confundir el concepto con el significado. Las interrelaciones políticas y las redes de impunidad son mucho más compleja de los que parecen.

De ahí que para abarcar el amplio campo de acción impunidad en los entornos político se requiera que las acciones correctivas se orienten hacia las causas que genera ese mal y no solamente a las consecuencias. Esto pasa por la destrucción o neutralización de las redes de complicidad que anidan en los entornos políticos. Se debe accionar sobre los ámbitos que favorecen el desarrollo de prácticas perversas.

Se sabe que esas acciones encuentran su complemento en las complicidades que funcionan en los contextos políticos y sociales, asociadas casi siempre, a intereses que superan la capacidad jurídica o institucional para los problemas que refuerzan los pilares de la corrupción y los mantos de impunidad que la cubren en la mayoría de los casos.

Hablar de impunidad y corrupción se ha convertido en la matriz de opinión predominante en República Dominicana en los primeros años del Siglo XXI. Es una tendencia donde confluyen corruptos y corruptores oponiéndose, de forma coyuntural contra las aberraciones que cometen entes políticos de variadas orientaciones ideológicas contra el erario. A continuación, hago una serie de sugerencias en interés de aportar elementos a la reflexión sobre el tema de la impunidad y la Política, poniendo énfasis en las formas como la primera impacta a la segunda.

Hablar de impunidad es hablar de falta de voluntad para enfrentarla e incapacidad institucional para corregir los delitos y distorsiones que afectan los procesos de gestión de las políticas públicas. Sobran los ejemplos de acciones poco efectivas y expedientes estructurados de forma tal que impidan su defensa en los tribunales de la república. Ese ha sido parte del problema pero no es todo. El trabajo es mucho y los retos son diversos, complejos.

Por tanto, se impone que tanto el abordaje como las acciones que se diseñen y apliquen para corregir las distorsiones en los mecanismos de sanción a la corrupción para evitar la impunidad, y por tanto, la contaminación y el descrédito de las prácticas políticas requieren acciones que viabilicen encuentros entre lo político, lo jurídico y los institucionales.

No es ni pretende ser una receta, tampoco cubrir todos los ámbitos de acción de la impunidad dada la diversidad de elementos que se combinan en el mismo. Se pretende únicamente, colocar el tema en una perspectiva analítica amplia que permita pensar en opciones operativas de políticas integrales para superar este mal que correo los cimientos de la confianza en los sistemas políticos y en la Política misma.

Es necesario desarrollar políticas de transparencias integrales, que incluyan tanto el tema de las sanciones jurídicas como las sanciones sociales y morales. Esas políticas pueden servir para remover el sustrato fangoso de la impunidad. Sin sanciones jurídicas y rechazo social a la corrupción, es imposible pensar en una sociedad donde la transparencia, tanto en la Política como en la gestión sea norma y no excepción.

Trabajar en la creación de espacios en las organizaciones políticas y sociales para analizar las diversas formas que asume la impunidad en los entornos donde se gestionan las políticas públicas. Trabajar en la transformación de la Política y fomentando los valores que hace de esta ciencia un instrumento al servicio de los intereses colectivos de los pueblos.

Hay que aclarar y caracterizar la cuestión evitando confundir los conceptos con las definiciones para tener posibilidades de articular acción y establecer políticas que sean efectivas que eliminen el incentivo para la comisión de actos de corrupción. Dejar claro que se entiende por impunidad, qué elementos las definen, el entorno que la favorece, los pilares que la sustentan y los correctivos para superarla.

Es conveniente pensar en un enfoque interdisciplinario del asunto para abordar las cuestiones fundamentales del problema. Mención especial para la cultura política y la cultura gerencial en cada ámbito. No se trata solo de hablar del asunto si no repensar las estrategias de lucha contra la impunidad y prevención de la corrupción.

Los aspectos claves de la gerencia social no deben quedar al margen. Tanto los tomadores de decisiones como los que asumen funciones públicas en los estamentos de control (judiciales, políticos, sociales o gerenciales) salen de la sociedad y es allí donde hay que formarlos para que adquieran las habilidades que luego perfeccionará en los centros de enseñanzas.

La desconfianza en las organizaciones políticas, en los políticos y en la Política misma, coloca a la sociedad del Siglo XXI en un punto de quiebre, especialmente en el país donde la corrupción, la impunidad y la complicidad han echado raíces profundas y gruesas.  Política e impunidad es una combinación que requiere un cambio de enfoque dado los efectos negativos de la segunda sobre la primera.

Hay que recordar que la corrupción tiene múltiples dimensiones y la impunidad como consecuencia de la falta de sanción pervierte la práctica política y abre espacios a sectores vinculados al narcotráfico, el lavado, la trata, el contrabando, entre otros. Ya hay experiencias y tendencias preocupantes que deben colocar a la autoridad electoral y judicial en alerta para evitar la entrada de estas lacras a la política ¡Es un reto, un desafío y un imperativo ético!

Pretender cosechar resultados diferentes aplicando instrumentos jurídicos que de poco han servido es una quimera. Hay que ir por las raíces del mal. Solo así se puede parar el progresivo deterioro de la institucionalidad política y el estancamiento de los sistemas políticos. Recetas habrán muchas pero su efectividad depende de la institucionalidad administrativa, de la fortaleza de los sistemas de justicia y de las capacidades de los mecanismos de control.

Los costos de la impunidad son cuantiosos y su impacto en el entramado político es devastador. Por eso las acciones que se emprendan deben involucrar a la mayor cantidad de entes. Nadie debe permanecer indiferente ante este flagelo porque todos son afectados de algún modo. Corruptos y corruptores deben pagar por sus faltas y si no pagan jurídicamente deben recibir el rechazo social como pena.

Pasar de las lamentaciones a las acciones y de la teatralidad al mundo real es un imperativo. Las acciones contra la impunidad y la corrupción deben incluir a todas las modalidades y prácticas. Solo así se puede aspirar a un adecentamiento de la Política como de las prácticas políticas. Crear una nueva cultura que rechace y apueste a la transparencia.

Es necesario superar las debilidades institucionales y culturales para hacer frente a la impunidad a la complicidad y la corrupción, en los contextos en que se produce y bajo la modalidad que sea. No puede ni debe ser un asunto de moda; tiene que ser una acción sistemática donde los mecanismos de control y el ordenamiento jurídico sirva de apoyo a las acciones que debe ejercer la sociedad y sus instituciones. La cuestión, insisto, debe ser contra corruptos y corruptores. No deben existir corruptos preferidos ¡Es tiempo de actuar!

Finalmente hay que evitar a toda costa que se tengan a corruptos preferidos o elementos que podido enfrentar la impunidad y no lo han hecho asumiendo posturas protagónicas en ese ámbito. Eso debilita la acción colectiva a favor de las políticas de transparencias. Superar los errores cometidos y ampliar las bases del debate seguramente facilitará las respuestas de los instrumentos de control en los entornos.

domingo, 19 de abril de 2015

AGUA POTABLE ¿MERCANCÍA O DERECHO?

"(...) La escasez de agua contribuye a las condiciones de extrema pobreza, provocando privaciones sociales e impidiendo el desarrollo, creando tensiones en regiones conflictivas. Con demasiada frecuencia, donde hace falta agua, encontramos armas. [...] Todavía hay suficiente agua para todos nosotros, pero solo si la mantenemos limpia, la usamos prudentemente y la compartimos equitativamente". Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU.

El agua es el principal elemento para la existencia y desarrollo de la vida. Es un recurso valioso, imprescindible pero finito y no renovable. Eso obliga a la gente a depender del suministro de este recurso para suplir las necesidades que le permiten sobrevivir como especie. Vivir sin agua o sujeto a las reglas del mercado para adquirirla es una violación fragrante al derecho a la vida y los principios elementales que rigen a los pueblos.

Según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 40 por ciento de la población del planeta sufre escasez de agua, una proporción que aumentará hasta dos tercios de población para 2050, se señala en el documento. Es una cifra astronómica que se incremente cada día, ya que la demanda de agua es inversamente proporcional a la oferta disponible. La desertificación avanza, reforzados por los efectos del cambio climático.

La humanidad ha visto la desaparición de miles de lagos, lagunas, ríos, arroyos y manantiales. Ese proceso de desertificación se acelera, ante la mirada indiferente de gobiernos y organismo internacionales que dicen mucho pero hacen poco para palear o superar el grave problema.  Esperar cambios favorables sin actuar consciente y responsablemente sin actuar para provocarlos es impensable.

“Cerca de 1.200 millones de personas, casi una quinta parte de la población mundial, vive en áreas de escasez física de agua, mientras que 500 millones se aproximan a esta situación. Otros 1.600 millones, alrededor de un cuarto de la población mundial, se enfrentan a situaciones de escasez económica de agua, donde los países carecen de la infraestructura necesaria para transportar el agua desde ríos y acuíferos”, dice la ONU.

Este preámbulo sirve para contextualizar los aspectos generales de este problema en el mundo y de paso llamar la atención por la falta de acción y compromiso con el Medio Ambiente y la ineficiencia de las políticas de protección de los Recursos Naturales, especialmente el agua y la cubierta boscosa que la protege. Pegar gritos a las nubes no provocará lluvias pero seguramente permitirá remover el manto de la indiferencia.

Garantizar el acceso a fuentes acuíferas de calidad y evitar que los mercaderes, tutumpotes, terratenientes y oligarcas se apoderen de las aguas es una responsabilidad directa del Estado y sus instituciones. A juzgar por las evidencias y las realidades que se observan queda un largo trecho por recorrer para que los gobiernos y tomadores de decisiones comprendan que la Política es para servir y no para servirse.

Llegará el día en que los pueblos elegirán gobiernos que les representen, defiendan los recursos naturales, garantices la provisión de servicios de calidad con equidad y transparencia. Solo bajo un esquema de responsabilidad y compromiso se puede crear las condiciones para romper con los modelos económicos y políticos que generar pobreza, exclusión y marginalidad.

Hay leyes, pactos internacionales, acuerdos y protocolos que han pretendido colocar el tema de la crisis del agua en un plano visible. El país lleva varios años discutiendo el tema de la regulación, se han presentado varios anteproyectos sin que hasta el momento se hayan concretado esos esfuerzos. Las tendencias privatizadoras han impuesto su lógica retrasado su aprobación.

Los resultados hablan por sí solo: cada vez hay menos agua, está más contaminada y el precio en el mercado avanza en una alocada carrera que nadie sabe adónde llevará a los pueblos. Esto tiene como telón de fondo la ineficiencia de las políticas aplicadas y la desregulación del sector, sumado a la debilidad institucional y la falta de acción colectiva de los pueblos.

En República Dominicana la situación es desesperante. El modelo económico ha permitido que un alto número de hogares carezcan de servicio de agua, aun en zonas que producen abundante agua. Pagar el servicio no es garantía de agua en la casa. Por tanto, los registros basado en la disponibilidad de grifos en las casas vía contratos con las prestadores de servicios como el Instituto Nacional de Aguas Potable (INAPA), entre otros, no reflejan la realidad. Es una cuestión de estadísticas porque en realidad el servicio de agua en el territorio nacional es costoso y precario, a pesar de algunos esfuerzos que se han hecho.

Ante esta realidad se requiere un abordaje amplio de la cuestión que incluya, los temas de regulación, control, producción, procesamiento, gestión y servicio de agua potable. Esperar resultados buscando las causas de los problemas en los acueductos o en las márgenes de los ríos no sirve de mucho. Es necesario e importante pero hay que ir a las montañas donde nacen los manantiales, arroyos y arroyuelos que nutren esas fuentes.

Mirar los cauces de los ríos dominicanos, especialmente en el Sur del país genera pánico. El impacto de la acción humana expresado en la deforestación y la extracción de agregados ha hecho de estas fuentes de vida un espantoso desierto. Exigir responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan ante este ecocidio es un imperativo ético impostergable.

El impacto de la escasez de agua es demoledor, primordialmente en los sectores más empobrecidos. Las enfermedades vinculadas a la calidad o la disponibilidad de agua potable y las deficiencias en los sistemas de saneamiento de las aguas servida amenazan seriamente la vida en la tierra. Cambiar prácticas de usos de suelo y proteger la cubierta boscosa para hacer que el mundo sea habitable ética y ecológimente es una responsabilidad que debe ser asumida con la seriedad que el momento amerita.

Ir a las cuencas y microcuencas; evaluar el estado de situación y preparar un inventario lo más completo posible para usar esas informaciones en el diseño de políticas de intervención que detengan la catástrofe que se vislumbra sería más que cualquier cosa un acto de justicia con la naturaleza. Trabajar en el reforzamiento de la responsabilidad en cuanto a los usos puede servir para ir creando lo que se ha denominado como una cultura del agua.

Es la acción humana la que ha provocado, con su actitud depredadora e irresponsable, la penosa situación que viven varias provincias del país. Eso no puede ni debe continuar. Se requieren acciones urgentes que viabilicen soluciones integrales y sostenibles. Es necesario que se prioricen las inversiones, poniendo énfasis en la protección y renovación de las cuencas y microcuencas; así como evitar la contaminación y extracción desproporcionada de las aguas subterráneas.

Gobernantes y gobernados deben asumir la responsabilidad que les corresponde. El gobierno definiendo políticas claras y transparentes que paren el deterioro progresivo de los acuíferos; bien sea legislando o interviniendo. Evitar la privatización y estableciendo reglas claras que complementen la normativa vigente.

Hay que anotar que la normativa ayuda, sí es buen y adecuada pero no resuelve el problema. Más que de leyes este es un tema de cultura de uso del agua y falta de autoridad. Se requiere involucrar a la gente en la solución del problema tanto en la protección como en la gestión del denominado “oro azul”.

Gestionar adecuadamente la poca agua dulce queda implica accionar colectivamente, asumir los compromisos, hacer las inversiones que correspondan y pagar por los servicios ambientales a quienes dedique esfuerzos a la protección de los acuíferos. No es posible que los beneficios se centren en quienes comercializan con el agua dejando sin tomar en cuenta a quienes cuidan y protegen las montañas.

¿Agua para quienes puedan pagarla? ¿No es el acceso a agua potable un derecho humano fundamental? ¿Qué harán los liderazgos locales? ¿Qué hará el Estado y las instituciones públicas? ¿Actuarán los gobiernos locales? ¿Qué hará empresariado? ¿Qué hará la humanidad ante esta seria amenaza? ¿Cuáles son las acciones que se encaminan para enfrentar el problema? ¿Permitirán que las aguas sigan yendo a las fincas en vez de a los acueductos? ¿Cómo reaccionará la gente cuando el hambre y la sed amenazan con extinguirla? ¿Quién paga los daños al medio ambiente y paga por el saqueo de los recursos naturales? ¿Ha renunciado el Estado al mandato establecido en la Constitución dominicana y la Ley 64-00?

En conclusión, el agua como recurso finito, tiene que ser protegido y manejado como una cuestión de seguridad nacional, ya que las crisis generan conflictos y la lucha por agua es una cuestión de vida o muerte. Tanto la protección, como la regulación son responsabilidad exclusiva del Estado. De igual modo, la garantía del derecho a agua potable, como derecho humano también le compete; así como también controlar y regular el creciente mercado que se desarrolla en torno al tema.


El agua es una cuestión de derecho, no es ni debe ser un lujo o un privilegio para quienes puedan pagarlo. La crisis de agua que vive el mundo de hoy y especialmente la República Dominicana debe mover a un debate amplio y responsable que supere la politiquería. Es tiempo de actuar articulada e integralmente y el Estado debe crear las condiciones para ese diálogo produzca las soluciones que se requieren.

domingo, 12 de abril de 2015

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.

En la historia de la humanidad, la producción de alimentos ha sido siempre una prioridad asociada a la supervivencia de las especies que de ella dependen. Los diversos estadíos registran suficiente información para sostener esta tesis que se complejiza con el incremento de la producción.

Hay quienes como Alvin y Heidy Tofller reconocen en lo que denominan Revolución Agrícola el primer paso hacia la transformación de la sociedad y la sostenibilidad de la alimentación humana. Hoy otras tendencias coinciden con estos planteamientos en el contexto de las estrategias que buscan garantizar la seguridad alimentaria de la humanidad.

Esos elementos, que hacen depender la vida de la producción de alimentos se han convertido en tema de debates tanto en los foros internacionales patrocinados por la FAO y otros organismos. Eso hace de la producción agropecuaria en general y de la agrícola en particular un negocio. En él entran asuntos vinculados a los costos y a los medios de producción, así como los aspectos relacionados con el mercado y la comercialización.

Por el lado de los costos hay que hablar de los rubros necesarios para garantizar que el producto salga con un mínimo de calidad. Es destacable el costo de los insumos e implementos agrícolas, así como las maquinarias utilizadas. A esto se suman los aspectos referidos la conservación y almacenamiento del producto previa comercialización para garantizar la inocuidad. Es todo un proceso, complejo y costoso.

En lo referente a los medios de producción, hay que hacer énfasis en la tierra, la mano de obra, la tecnología y la infraestructura. En la agricultura tradicional o de subsistencia el proceso es menos exigente. Cuando se pasa a una producción mecanizada y tecnificada el costo se eleva, colocando al empresario agrícola en la necesidad de financiar los altos costos para compensar sus esfuerzos.

Todo lo anterior sirve para introducir la difícil situación que vive el empresariado agrícola dominicano y especialmente el que se dedica a la producción de vegetales y frutales a raíz de la “aparición de la llamada Mosca del Pacífico”. Esa situación empuja a la quiebra a un alto número de estos productores luego que los mercados, especialmente el de los Estados Unidos objetara el producto alegando deficiencias en la calidad.

Al disponer de un mercado restringido a nivel internacional y de un mercado interno débil, reducido y especulador se han visto precisados a botar parte de su producción. Esto es insólito en un país donde mucha gente pasa hambre y consume productos de mala calidad.

Lógicamente, no se puede culpar a los productores de la situación pero sí a quienes tienen la responsabilidad de garantizar que ese importantísimo renglón de la economía disponga de las garantías que lo hagan rentable y sostenible. El Estado debe asumir la protección de quienes se dedican a una labor de tanta trascendencia como la producción de alimentos, en un área tan frágil como la agropecuaria.

La falta de estrategias y planes de comercialización alternativas han impedido la colocación de los productos en el mercados por fallas en la cadena de comercialización. Es tiempo entonces de abocarse a buscar soluciones duraderas y beneficiosas tanto para los productores como para los consumidores.

A continuación sugiero algunos puntos que pueden servir para una discusión amplia de las cuestiones anteriormente planteadas. No es ni pretende ser una receta pero en estos tiempos de globalización de la información y la comunicación ningún sector está exento de su impacto.

Es necesario reforzar las estrategias de planificación de siembra en base a las ofertas y posibilidades de colocación de la producción en los mercados.

Anticiparse a las contingencias, aprovechando el asesoramiento público y privado, así como la experiencia acumulada, tanto en el área de la producción como en materia de comercialización.

Se impone también la diversificación de los mercados y la búsqueda de las vías que faciliten la colocación oportuna de los productos en el mercado.

Ir a los lugares donde los costos de transporte y embalaje no se traguen el esfuerzo del productor, aprovechando los mercados más cercanos.

Mejorar los estándares de calidad tanto para los productos destinados al mercado internacional como el que se distribuye en los mercados nacional y locales.

Fortalecer la cadena de comercialización para minimizar el impacto de la intermediación. Se sabe que la intermediación se lleva la gran tajada perjudicando a productores y consumidores.

Reforzar la organización de los productores, creando espacios asesorados de orientación que coloquen las informaciones confiables y oportunas sobre el sector en manos del productor.

Establecer espacios refrigerados para el almacenamiento de los productos que por alguna razón no se puedan colocar en el mercado. Así se evitan pérdidas, se garantiza la calidad del producto y se aprovechan mejor las oportunidades de negocio.

Pensar a la industrialización de los productos agropecuarios y muy especialmente los productos agrícolas es otro punto de vital importancia. Agregar valor, industrializando puede ser un buen negocio.

Reforzar los instrumentos de aseguramiento de la producción, especialmente aquella que se realiza bajo ambientes controlados lleva tranquilidad al productor y fortalece al sector.

Establecer programas de capacitación para productores y el personal de apoyo que se dedica a la producción, es una inversión no un gasto.

La creación de cooperativas que incluya a las personas que participan en todo el proceso de producción puede servir para gestionar mejor las capacidades y los recursos.

Establecer centros de acopio en lugares estratégicos, especialmente cerca de puertos y aeropuertos o puntos de ventas debidamente acreditados e identificados.

Modernizar e institucionalizar tanto la cadena productiva como la cadena de comercialización, aprovechando las tecnologías de la información desde donde se promuevan los catálogos con los productos y las características de los mismos.

Es sabido el aporte del sector agropecuario al Producto Interno Bruto y dentro de este el sector agrícola tiene mención de honor, especialmente después de la instalación de millones de metros de invernaderos en todo el territorio nacional. Es un sector al que hay que cuidar, proteger y fortalecer. Gestionados integralmente pueden ser y de hecho son, una excelente fuente de ingreso y de fomento de empleo para el país.

Las grandes pérdidas que padece el sector agropecuario tanto del lado de la producción de vegetales como de frutales deben llevar a los sectores involucrados a la búsqueda de soluciones duraderas e institucionalizadas. El país no puede darse el lujo de ver con indiferencia la quiebra acelerada a la que se dirigen los productores nacionales.

Anticiparse a las contingencias en el ámbito productivo y comercial, implica un esfuerzo tanto del productores organizados como de las instancias estatales vinculadas a la agropecuaria y especialmente en la producción agrícola bajo la modalidad de invernaderos y la producción de frutales.

Aprovechar los  tropiezos para explorar nuevas oportunidades; áreas de mejoras que les prevengan de eventos similares ayuda y tranquiliza. Espero que estos aspectos sean contextualizados y discutidos en los escenarios que correspondan ¡Es mi humilde aporte, por el bien de la producción nacional y de la seguridad alimentaria!

martes, 10 de febrero de 2015

REPOSTULACIÓN, REELECCIÓN y CONTINUISMO EN REPÚBLICA DOMINICANA.

"Las democracias son frágiles, viven de conflictos, pero éstos las pueden sumergir. La democracia aún no está generalizada en todo el planeta que incluye dictaduras y residuos del totalitarismo del siglo XX o gérmenes de nuevos totalitarismos. Ella seguirá amenazada en el siglo XXI; además, las democracias existentes no es que no se hayan logrado sino que están incompletas o inacabadas". Edgar Morín.

En la evolución del sistema político y la democracia dominicana se hizo costumbre que las autoridades electas, intenten perpetuarse en sus cargos aprovechando las debilidades de la institucionalidad democrática y los juegos de los sectores de poder que dominan el espectro electoral. Eso se traduce en un frenético afán por repostular y repostularse a cargos que solo duran cuatro años.

Es harto sabido que en el país se realizan elecciones cada cuarto años y que eso está refrendado por la Constitución de la República. De igual forma, la Carta Magna establece, no solo la forma de elección sino también el período que debe durar el mandato que otorga el soberano pueblo, a través del voto. A pesar de la claridad del enunciado que prohíbe la repostulación en períodos consecutivos, las aspiraciones continuistas rompen la armonía y perturban el escenario político.

Hay cargos, como el de presidente y vicepresidente donde se prohíbe la repostulación en períodos consecutivos. Sin embargo, se permite que los demás cargos se repostulen y reelijan continua y permanentemente. Este desbalance para cargos electivos y regidos bajo el mismo cuerpo normativo debe equilibrarse. Eso evitaría el "secuestro" de los cargos y el estancamiento del desarrollo del liderazgo político, tanto a nivel nacional como a nivel local. 

Los afanes de extender mandatos se inició desde la fundación de la República y aún hoy persisten. Esto obliga a buscar una salida definitiva al complejo asunto de la repostulación. Se han propuesto modalidades que van desde un período y nunca más, dos períodos y nunca más hasta los períodos de 4 años intercalados. Hasta hoy ninguna de esas fórmulas, han resuelto el problema. Eso obliga a explorar otras modalidades.

Se debe pensar en establecer una modalidad que abarque a todo el espectro de cargos electivos, incluidos lógicamente a la presidencia y vicepresidencia de la República. Aunque los debates se quedan en este nivel, dadas las características del sistema político dominicano, no se puede perder de vista los demás niveles.

Miles de regidurías, cientos de alcaldías y direcciones de distritos municipales con sus suplentes son electas para el ámbito municipal. De igual forma, se eligen las diputaciones (provinciales, nacionales y de ultramar) bajo el mismo esquema. Aquí se incluyen las representaciones en el PARLACEM y el PARLATINO. Juntos suman más de 200 cargos electos. 

De igual forma se eligen 32 senadores, uno por cada provincia y 1 por el Distrito Nacional. Esa cantidad de cargos electivos y la posibilidad de seleccionarlos vía voto popular es una muestra de fortaleza del Sistema Político. Sin embargo, la perpetuación de una persona en un cargo sin límite de tiempo, tanto en el nivel congresual como en el municipal contradice esa fortaleza, ya que no se corresponde con los postulados constitucionales que otorgan a cada persona el derecho a elegir y ser elegida. 

Vista las dificultades de la clase política dominicana para ponerse de acuerdo en la adecuación del marco normativo que rige al sistema político, especialmente en materia política y electoral. Diversos sectores de la sociedad han apostado a la modernización y al fortalecimiento de los entes reguladores del sistema político pero la incertidumbre creada por los aprestos reeleccionistas, tensan la cuerda y encrespa el escenario político.

Tensiones y juegos de intereses han frisado una propuesta de Ley de Partidos y Organizaciones Políticas por más de 15 años. Igual suerte corre una propuesta de modificación a la Ley Electoral. Con ambos instrumentos se pretenden enderezar el rumbo y evitar la contaminación del Sistema Político Dominicano.

Es en ese contexto que el tema de la reelección, va y viene como un fantasma que no respeta normas ni compromisos. Quienes están en la oposición se oponen y una vez llegan al poder inician los aprestos para imponer sus afanes continuistas. Para impulsar sus pretensiones se amparan en grupos de apoyo, movimientos externos y personeros que se han especializado en esas lides.

No importa que la Constitución de la República prohíba la repostulación o que una autoridad electa empeñe su palabra de "no repostulación" en períodos consecutivos. Se recurre a cualquier argumento para justificar los aprestos reeleccionistas. Los argumentos van desde la predestinación y el mesianismo hasta la justificación del clientelismo como práctica política. Corregir esas distorsiones debiera ser una responsabilidad de quienes operan el sistema político pero no la asumen.

Esas prácticas debilitan, no solo la credibilidad de la clase política, sino también a la modalidad de democracia que funciona en el país. Es un lastre que perturba tanto a la oposición como a las tendencias partidarias que se reparten el poder. Superarlas definitivamente, sería un gran alivio para toda la sociedad.

Hay países que han instituido este sistema de elección basados en períodos de 6, 5 o 4 años; un período, 2 períodos consecutivo o indefinidos. Algunos países han superado el debate entre reeleccionistas y antireleccionistas, no restringiendo sino ampliando los espacios de participación. Otros tantos han instituido modalidades de repostulación indefinida y han hecho de la continuidad un credo, basado en la tesis de que el pueblo es soberano y quien mando.

Escoger entre una modalidad y otra es una tarea difícil, independientemente de la ideología que sustente el sistema, pasa por el establecimiento de reglas claras, cambios en la cultura política y un compromiso entre los entes políticos y sociales. La apuesta debe corresponderse con la función de la política y de las instituciones políticas como canales y brazo ejecutor de las aspiraciones de los colectivos políticos.

Cualquiera de las modalidades que se escoja debe reflejarse en incremento y cualificación de la participación y la confianza de la gente en su sistema político. Esa es muestra de que una estructura dinámica como las instancias políticas requieren ajustes constantes para adecuarlos a los contextos y realidades que impone la dinámica política.

Visto a groso modo, los aspectos antes citados, parece haber llegado la hora de impulsar una reforma constitucional, que entre otras cosas resuelva de una vez y para siempre el espinoso tema de la reelección. Insistir en resolver el complejo juego de poder por la vía constitucional implica un gran compromiso con el futuro del país.

Si se decide emprender una reforma constitucional la misma debe incluir la modalidad Constituyente para futuras modificaciones a la Carta Magna, así como ampliar a 5 años los períodos con opción a segundo mandato. Con eso se eliminaría la excusa de congresistas, alcaldes y regidores que se eternizan en los cargos. Respecto a la presidencia y vicepresidencia elimina las acentuadas pretensiones continuistas que predominan en la cultura política nacional.

Se debe aprovechar la oportunidad para incluir el Referéndum Revocatorio para sustituir a quienes no cumplan o violente el pacto con el electorado. Se debe dar uniformidad y mandar a incluir en la Ley o Código Electoral, estableciendo elección para un período con opción a un segundo para cada cargo.

Esto resolvería la distorsión y evitaría que una personas se entronice una regiduría, alcaldía, diputación o senaduría. Pondría fin a los aprestos de repostulación indefinida que asoman tan pronto y como se juramentan en los cargo. Así se fortalecen los liderazgos, se incentiva y se democratiza la participación política, se neutraliza la compra de cargos y se fortalece el sistema político.

Accionar en esa dirección fortalecería la institucionalidad democrática, mejoraría la calidad del liderazgo político y ampliaría las bases de la democracia y se fomenta la participación política. Ese debe ser el objetivo final de cualquier acción que implique una reforma constitucional. Lo contrario sería una aventura egoísta que profundizaría la desconfianza que se tiene en los políticos y la democracia dominicana.

martes, 13 de enero de 2015

CHARLIE HEBDO: ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN y LA ÉTICA PROFESIONAL.

"No me gusta la palabra tolerancia, pero no encuentro otra mejor. El amor empuja a tener, hacia la fe de los demás, el mismo respeto que se tiene por la propia". Mahatma Gandhi.

A raíz del atentado "terrorista" contra las oficinas del controvertido medio "Charlie Hebdo" y que cobró la vida de más de una docena de personas, ha salido a relucir con mucha fuerza un sentido antiislámico que puede ser aprovechado para cebarse contra quienes profesan la Religión Islámica. Es un indicador preocupante que requiere un abordaje desde la perspectiva ética y crítica.

El semanario satírico, en cuyas caricaturas se traspasaban los límites de la ética, la moral y la prudencia había sido atacado en 2011 por el contenido ofensivo de sus caricaturas. Si reprochable es el ataque, reprochable también es la provocación. No se pueden ofender a un colectivo sin esperar una respuesta proporcional a la ofensa.

Otros hablarán de la intolerancia religiosa o fundamentalismo religioso. Lo cierto es que el mundo conoce las reglas del ejercicio profesional en medios de comunicación, así como los valores que rigen a los colectivos humanos. Es precisamente, la transgresión de un valor tan preciado como es la creencia en un líder o institución espiritual la que ha originado la tragedia que motiva estas reflexiones.

Unos dirán que hacen uso de la libertad de expresión y que tienen derecho a publicar lo que entiendan publicable, y tienen razón, siempre y cuando respeten los sistemas de valores socialmente aceptados, así como los marcos normativos que rigen las sociedad donde opera el medio. Toda libertad tiene unos límites social y normativamente establecido. Todo derecho tienen un deber como contraparte.

La cuestión aquí es que la práctica periodística tiene reglas y normas dentro de las cuales se deben enmarcar los contendidos. Es preocupante como la manipulación ha sacado de contexto el hecho abominable, aprovechándolo para montar una campaña en contra de los defensores del Islam y de la simbología que acompaña a esta milenaria religión.

Las manifestaciones de protestas que se han dado en todo el mundo, incluida aquellas donde se ha visto participar a personeros comprometidos con la intolerancia política y el terrorismo de Estado, deja que pensar. Se ve a connotados genocidas haciéndose pasar por defensores de unos derechos que ellos niegan constantemente.

Los conflictos religiosos siempre han generado tendencias violentas, de ahí la prudencia que debe prevalecer en el manejo de esas cuestiones por parte de quienes tienen el privilegio de operar un medio de comunicación. Hay que apegarse a la verdad e ir tras los elementos positivos si se quiere promover el cultivo de la tolerancia, el respeto y el compromiso.

No puede quedar espacio para la duda, los medios, quienes los operan y los gestionan tienen que saber y cultivar la verdad. No deben propiciar campañas que ofendan y minimicen las creencias de grupos, no importa la denominación política o religiosa. Hay autoridades que han declarado que su país está en guerra contra, el yihadismo, el fundamentalismo islámico y el terrorismo. Eso evidentemente, ha sido avivado por las insidiosas caricaturas de Charlie Hebdo y el tratamiento que han dado la mayoría de los medios.

La ética llama a la razón y a al buen juicio para evitar hechos tan lamentables como los que presenciamos la pasada semana. Ella es el arma que, acompañada de una dosis de sentido común nos puede ayudar a ir construyendo un mundo donde el respeto, la tolerancia y el compromiso sean normas y no excepciones. Por eso es tan importante reflexionar sobre el impacto de los contenidos en la psiquis colectiva.

Los profesionales y cualquier persona que tenga a su cargo la responsabilidad de comunicar ideas tiene que saber que el poder de la palabra tiene un alto potencial transformador pero cuando la manipulación maliciosa se impone se pervierte. La sociedad de la información y la comunicación impone retos que hay que asumir. Armonizar la libertad de expresión con la ética profesional es un "imperativo categórico". 

Tómese el doloroso hecho acaecido en Francia contra Charlie Hebdo para reflexionar sobre los valores y principios que rigen la comunicación y evítese que quienes animan y promuevan acciones reñidas con esos principios se aprovechen e impongan el terror. También hay que rechazar y combatir el terrorismo mediático y aquí la ética es y debe ser el antídoto.

Apueste a la ética, al buen juicio y al sentido común. Sea crítico y responsable. Haga de la comunicación y de los medios una oportunidad para promover los buenos ejemplos. Combata el fundamentalismo con el pluralismo. Sea prudente y respete los sistemas de creencias aunque no esté de acuerdo. Use la palabras y las ideas con sentido crítico-propositivo. Propicie la construcción, no destrucción. No incentive, ni incite a la violencia. ¡Cultivemos la tolerancia, el compromiso y el respeto!

lunes, 29 de diciembre de 2014

SAN JOSÉ DE OCOA EN PERSPECTIVAS.

¡San José de Ocoa tiene que dar muestras contundentes del orgullo, solidaridad y capacidad de trabajo que exhibe su gente!

La República Dominicana ha ido cambiando aceleradamente, movido por el desarrollo científico-técnico de los últimos 25 años, especialmente en el sector servicio, con énfasis en la telecomunicaciones y la provincia de San José de Ocoa no es ni puede ser la excepción, a pesar de las falencias y rezagos que se aprecian.

El impacto del modernismo se aprecia tímidamente en ya que no se ha traducido en la superación de los problemas de marginalidad y exclusión social que caracterizó a la sociedad dominicana de finales de Siglo XX. Claro, el pueblo no es el mismo de antes y tiene amplias oportunidades de afianzarse como potencia turística y productiva. Lógicamente, eso depende de la capacidad de su liderazgo para asumir los retos e imponerse a los desafíos del Siglo XXI.

De lo que fue una pujante economía rural basada en la producción de café, papas y hortalizas hemos pasado al cultivo bajo ambientes controlados (invernadero), una modalidad altamente rentable pero inalcanzable para los pequeños y medianos productores. Se requiere un equilibrio entre ambas modalidades para evitar el ensanchamiento de la pobreza.

El expolio continuo de la pobreza y la exclusión social, sumado al deterioro de las condiciones de vida en las zonas rurales, empujan la emigración a los centros urbanos, impactando fuertemente en la calidad de los servicios y aumentando la vulnerabilidad en las zonas periféricas. La gente sufre y se deprime por falta de oportunidades para echar a caminar sus sueños y explotar sus capacidades.

Causas diversas explican y fundamentan esa realidad y obligan al liderazgo, político, social, religioso y cultural a buscar estrategias de desarrollo integral que se traduzcan en una estrategia articulada e inclusiva. Superar esos rezagos implica una esfuerzo coordinado y un compromiso sustentado en la participación de la gente en los espacios de toma de decisiones.

San José de Ocoa necesita con urgencia recomponer su entramado institucional para enfrentar el deterioro progresivo de los recursos naturales, el desempleo, el incremento de la delincuencia, el abandono del campo, la baja calidad de los servicios, la violencia, la inseguridad ciudadana, la degradación moral y cívica, así como la debilidad institucional y el debilitamiento del capital social.

Basta mirar los cauces ruinosos de los ríos Ocoa y Nizao para tener una muestra de la magnitud del reto en materia medioambiental que tiene la provincia. En menos de 30 años, esas preciadas fuentes de riquezas y belleza natural han sido degradadas a su mínima expresión. Tanto las causas como los causantes son conocidos. Preocupa la falta de políticas de protección a los afluentes que nutren esos ríos. Ser indiferentes, ante esta triste realidad y ver como desaparecen las aguas no hace cómplices de este crimen atroz.

Conformarse con los escasos avances que se aprecian en materia tecnológica, urbanística, transporte o telecomunicaciones y no mirar el abismo que nos espera no se corresponde con las expectativas de un pueblo que siempre aspira a más. Hay superar los escollos y plantear las perspectivas de cara a los retos que se encaran.

Habrá que superar muchas debilidades, incluyendo al clientelismo y el paternalismo para imponerse a los retos y desafíos que exigen las circunstancias, así como para instaurar una cultura política basada en respeto a la dignidad de la gente y que potencie las capacidades creativas de la comunidad ocoeña, tanto dentro como fuera de la provincia.

No basta con discursos politiqueros y de autobombo, cuando la realidad deja ver los andrajos y jirones desgastados que ha dejado la rutina politiquera. Dicho con la expresión del pueblo: "tamo hecho leña y recomendao pa carbón; tamo hecho tiras". ¡San José de Ocoa tiene que dar muestras contundentes del orgullo, solidaridad y capacidad de trabajo que exhibe su gente!

Es tiempo de repensar las prácticas políticas y culturales que han traído los males anteriormente descritos. Cómo enfrentarlo debiera ser la prioridad, tanto de las autoridades como del resto del liderazgo. No hay espacio para excusas y no actuar; tampoco para la indiferencia y la politiquería barata ¡Es tiempo de actuar crítica y positivamente a favor del desarrollo integral de la gran familia ocoeña!