"Saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías". Confucio.El 2011 ha sido declarado como el “Año Nacional por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional”. Sus considerandos establecen las justificaciones que fundamentan la decisión del Poder Ejecutivo, partiendo del marco normativo. Se ponen los énfasis en los principios contemplados en la Constitución de la República para orientar la conducción de la administración pública.
El decreto presidencial 728-10 establece que “en el año 2011 todas las instituciones del Estado deben hacer un esfuerzo para que su gestión sea lo más transparente posible, como forma de que el pueblo dominicano conozca de las actividades que éstas desarrollan, y que de igual modo fortalezcan las instituciones democráticas”. Ojalá que este mandato sea asumido con el rigor que ameritan las circunstancias actuales.
Esa debe ser la orientación no sólo para el gobierno sino para toda la sociedad. Los líderes y dirigentes no son extraterrestres nacen y se desarrollan en el seno de la sociedad. Es importante, que aunque oficial como es la disposición, sirva de base a la necesario debate que debe darse sobre el futuro inmediato de la institucionalidad democrática en la República Dominicana.
Sin instituciones funcionales no hay transparencia y sin ésta se pierde la confianza, la legitimidad y la autoridad. El reto es transformar el formalismo democrático para fortalecer la institucionalidad, reforzando los principios éticos y los valores morales para plantar sobre ellos el edificio de la transparencia.
La denominación del año que se inicia sirve para profundizar en la reflexión sobre los efectos perversos que tiene la corrupción alimentada por la impunidad y la falta de transparencia. Se impone la formación y la educación en valores como norte del proceso de transformación cultural. Se requiere una revolución en la mentalidad de la gente, sobre todo de quienes están llamados a servir de guías en el largo camino hacia la institucionalización de democracia.
El Decreto 728-10 puede y debe servir para apoyar los procesos encaminados al establecimiento de una cultura de transparencia en la administración pública, fundamentada en profesionalización e institucionalización de la función pública, respetando siempre el régimen ético y disciplinario del servidor público. Sobre esos pilares se establecería el compromiso que haga viable el Estado Social y Democrático de Derecho, al crear las condiciones para el desarrollo de la democracia funcional, razonada y deliberativa.
Dicho mandato puede constituir el referente para que durante el presente año, se establezcan los mecanismos que hagan más funcionales los sistemas de control administrativo. Que el liderazgo político y el administrativo trabajen por la superación de los males que impiden el desarrollo institucional y el afianzamiento de cultura de transparencia.
Esta disposición presidencia constituye un empuje a las acciones que se ejecutan en el ámbito de la reforma y modernización del Estado. Sirve de marco referencial a los esfuerzos de las instituciones responsables de orientar e impulsar las políticas de transparencia para avanzar en las agendas de promoción, sensibilización, socialización, formación y capacitación de la normativa que la sustenta.
A la sociedad civil y a los medios de comunicación les corresponde trabajar para que se mantenga activo el reclamo por la transparencia y la exigencia de mejorar la institucionalidad. Unos y otros tienen el deber de servir de agentes forjadores de consensos para que prevalezca la transparencia por encima de las intenciones y caprichos de lideres y dirigentes políticos, sociales, religiosos, empresariales.
De igual forma a los activistas y animadores sociales les sirve para reforzar sus propuestas y fundamentar las acciones de formación que orientan en sus espacios respectivos. El sentido reclamo por mayor transparencia es compartido por todos los actores de la sociedad y hay conciencia de la necesidad de trabajar para logarla. Abarca tanto al sector público como al sector privado.
Esta normativa puede servir para muchas cosas o para muy pocas, todo depende del grado de compromiso de los responsables de garantizar el respeto a la ley y de apegarse a sus postulados. El texto constitucional recoge en su articulado una serie de categorías que pueden servir para avanzar en ese propósito, el resto depende de las prácticas cotidianas del funcionariado público y del liderazgo social.
Largo sería el listado, si decidiéramos enumerar las acciones que se pueden encaminar para hacer productivo el año que recién inicia pero con lo planteado es suficiente. Solo recordar que el tema ha estado siempre en la agenda nacional y de algún modo se ha trabajado en la búsqueda de soluciones, tanto en el fortalecimiento institucional como en el tema de transparencia.
Pasar de la palabra a los hechos sería lo ideal, pero esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. En la batalla por la transparencia hay que emplearse a fondo. Tanto gobernantes como gobernados tenemos la responsabilidad de trabajar para mejorar la institucionalidad para que ésta sirva de soporte y fundamento a la transparencia administrativa.
De manera que la situación no se resuelve por decreto y con leyes, solamente. Estos instrumentos ayudan, alivian pero no resuelven la problemática. Se requiere, entonces un cambio profundo de la mentalidad individual que transforme la conducta colectiva. Esto pasa por la búsqueda de formas distintas de reracionamiento. Formas y maneras de pensar, actuar y proceder que no se basen en el lucro y el clientelismo. Prácticas de convivencia ancladas en el buen vivir, no en el vivir bien.
Visto así, el Decreto en cuestión, es un apoyo positivo en la construcción de referentes que generen confianza y consensos beneficiosos para el gobierno y la sociedad. Aprovechar la oportunidad que éste ofrece es tarea de todos y todas los que de algún modo soñamos y creemos en un mundo donde la justicia social sea la norma y no la excepción.
Empujar los límites la opacidad e instaurar la cultura de transparencia es una tarea impostergable para la sociedad dominicana. De ahí la pertinencia de la declaración del 2011 como el “Año Nacional por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional”. Es propicia la ocasión para renovar el compromiso para concretar las aspiraciones de quienes luchan y reclaman mayor pulcritud en las actuaciones de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente de aquellos responsables de conducir los destinos nacionales.
3 de enero de 2011.
El decreto presidencial 728-10 establece que “en el año 2011 todas las instituciones del Estado deben hacer un esfuerzo para que su gestión sea lo más transparente posible, como forma de que el pueblo dominicano conozca de las actividades que éstas desarrollan, y que de igual modo fortalezcan las instituciones democráticas”. Ojalá que este mandato sea asumido con el rigor que ameritan las circunstancias actuales.
Esa debe ser la orientación no sólo para el gobierno sino para toda la sociedad. Los líderes y dirigentes no son extraterrestres nacen y se desarrollan en el seno de la sociedad. Es importante, que aunque oficial como es la disposición, sirva de base a la necesario debate que debe darse sobre el futuro inmediato de la institucionalidad democrática en la República Dominicana.
Sin instituciones funcionales no hay transparencia y sin ésta se pierde la confianza, la legitimidad y la autoridad. El reto es transformar el formalismo democrático para fortalecer la institucionalidad, reforzando los principios éticos y los valores morales para plantar sobre ellos el edificio de la transparencia.
La denominación del año que se inicia sirve para profundizar en la reflexión sobre los efectos perversos que tiene la corrupción alimentada por la impunidad y la falta de transparencia. Se impone la formación y la educación en valores como norte del proceso de transformación cultural. Se requiere una revolución en la mentalidad de la gente, sobre todo de quienes están llamados a servir de guías en el largo camino hacia la institucionalización de democracia.
El Decreto 728-10 puede y debe servir para apoyar los procesos encaminados al establecimiento de una cultura de transparencia en la administración pública, fundamentada en profesionalización e institucionalización de la función pública, respetando siempre el régimen ético y disciplinario del servidor público. Sobre esos pilares se establecería el compromiso que haga viable el Estado Social y Democrático de Derecho, al crear las condiciones para el desarrollo de la democracia funcional, razonada y deliberativa.
Dicho mandato puede constituir el referente para que durante el presente año, se establezcan los mecanismos que hagan más funcionales los sistemas de control administrativo. Que el liderazgo político y el administrativo trabajen por la superación de los males que impiden el desarrollo institucional y el afianzamiento de cultura de transparencia.
Esta disposición presidencia constituye un empuje a las acciones que se ejecutan en el ámbito de la reforma y modernización del Estado. Sirve de marco referencial a los esfuerzos de las instituciones responsables de orientar e impulsar las políticas de transparencia para avanzar en las agendas de promoción, sensibilización, socialización, formación y capacitación de la normativa que la sustenta.
A la sociedad civil y a los medios de comunicación les corresponde trabajar para que se mantenga activo el reclamo por la transparencia y la exigencia de mejorar la institucionalidad. Unos y otros tienen el deber de servir de agentes forjadores de consensos para que prevalezca la transparencia por encima de las intenciones y caprichos de lideres y dirigentes políticos, sociales, religiosos, empresariales.
De igual forma a los activistas y animadores sociales les sirve para reforzar sus propuestas y fundamentar las acciones de formación que orientan en sus espacios respectivos. El sentido reclamo por mayor transparencia es compartido por todos los actores de la sociedad y hay conciencia de la necesidad de trabajar para logarla. Abarca tanto al sector público como al sector privado.
Esta normativa puede servir para muchas cosas o para muy pocas, todo depende del grado de compromiso de los responsables de garantizar el respeto a la ley y de apegarse a sus postulados. El texto constitucional recoge en su articulado una serie de categorías que pueden servir para avanzar en ese propósito, el resto depende de las prácticas cotidianas del funcionariado público y del liderazgo social.
Largo sería el listado, si decidiéramos enumerar las acciones que se pueden encaminar para hacer productivo el año que recién inicia pero con lo planteado es suficiente. Solo recordar que el tema ha estado siempre en la agenda nacional y de algún modo se ha trabajado en la búsqueda de soluciones, tanto en el fortalecimiento institucional como en el tema de transparencia.
Pasar de la palabra a los hechos sería lo ideal, pero esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. En la batalla por la transparencia hay que emplearse a fondo. Tanto gobernantes como gobernados tenemos la responsabilidad de trabajar para mejorar la institucionalidad para que ésta sirva de soporte y fundamento a la transparencia administrativa.
De manera que la situación no se resuelve por decreto y con leyes, solamente. Estos instrumentos ayudan, alivian pero no resuelven la problemática. Se requiere, entonces un cambio profundo de la mentalidad individual que transforme la conducta colectiva. Esto pasa por la búsqueda de formas distintas de reracionamiento. Formas y maneras de pensar, actuar y proceder que no se basen en el lucro y el clientelismo. Prácticas de convivencia ancladas en el buen vivir, no en el vivir bien.
Visto así, el Decreto en cuestión, es un apoyo positivo en la construcción de referentes que generen confianza y consensos beneficiosos para el gobierno y la sociedad. Aprovechar la oportunidad que éste ofrece es tarea de todos y todas los que de algún modo soñamos y creemos en un mundo donde la justicia social sea la norma y no la excepción.
Empujar los límites la opacidad e instaurar la cultura de transparencia es una tarea impostergable para la sociedad dominicana. De ahí la pertinencia de la declaración del 2011 como el “Año Nacional por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional”. Es propicia la ocasión para renovar el compromiso para concretar las aspiraciones de quienes luchan y reclaman mayor pulcritud en las actuaciones de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente de aquellos responsables de conducir los destinos nacionales.
3 de enero de 2011.
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