DEFICIENCIAS DEL SISTEMA POLÍTICO ELECTORAL DOMINICANO.

“La ignorancia genera confianza más frecuentemente que el conocimiento. Son los que saben poco, y no los que saben más, quienes afirman tan positivamente que este o aquel problema nunca será resuelto por la ciencia.” C. Darwin

El sistema político-electoral dominicano constituye un verdadero dolor de cabeza para quienes apuestan por la construcción de una democracia justa, duradera e inclusiva, legitimada por los usos y costumbres de la gente que deben ser el fundamento de toda legislación que rige el funcionamiento armónico de la sociedad.

Para tener una idea mas o menos clara de los tropiezos que ha impedido el desarrollo del Sistema Político-Electoral en la República Dominicano es necesario tomar en cuenta las características de la práctica política en el país, sobre todo aquellas relacionadas con la cultura política y el analfabetismo político mostrado por la mayoría de los actores que conforma dicho Sistema.

El problema tiene como telón de fondo las debilidades del ordenamiento jurídico, partiendo de la Constitución de la República y pasando por las leyes adjetivas hasta llegar a los pilares mismos del sistema democrático. Hay que democratizar a la Junta Central Electoral y promover una ciudadanización de la política para tener más y mejor democracia.

Hay que mirar con cierto grado de preocupación el debilitado proceso de ciudadanización y despolitización del pueblo dominicano, ya que el mismo explica en cierto modo mucha de las falencias presentes en el sistema institucional del país porque es de su seno de donde provienen los sujetos que luego conforma los partidos políticos y el cuerpo administrativo del Estado.

Así las cosas y aunque parezca contradictorio hay una relación directamente proporcional entre el escaso desarrollo político y la pobreza del ordenamiento político-electoral dominicano, léase clientelización e impunidad son los factores que reproducen la corrupción en sus diversas modalidades. Los fundamentos y esfuerzos deben orientarse hacia el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y a la modernización de las instancias llamadas a dar forma a la institucionalidad democrática. Estos esfuerzos deben complementarse con el desarrollo de una cultura cívica democrática.

Para tapar un agujero en el techo primero hay que descubrirlo, extrapolando, es necesario tapar el gran hueco jurídico que afecta al sistema completo pero es en la Junta Central Electoral donde confluyen originando situaciones que ponen en riesgo no sólo la menguada credibilidad del organismo de comicios sino a la democracia misma.

Para corregir estas debilidades y las que pudieran presentarse en el futuro hay empezar por la forma de elección de los jueces de la institución y entrarle al mito de que el organismo debe conformarse con abogados, ya que se sabe que la función principal de la entidad es la de salvaguarda del sistema político electoral, incluyendo la certificación de las autoridades electas.

Hay que democratizar a la Junta para darle mayor autonomía en el manejo de las cuestiones que conciernen. Es necesario evitar los conflictos internos por tanto hay que reorganizar la actual estructura y transformarla en verdadero tribunal electoral, evitando lógicamente que sus integrantes se consideren que están por encima del Estado y de la Sociedad.

Este asunto pasa necesariamente por una Reforma Constitucional y por la creación de Código Electoral que incluya un efectivo sistema de responsabilidades para los jueces y funcionarios que tomen parte interesada en conflictos ajenos a sus funciones.

Se hace necesaria y urgente la búsqueda del consenso para la aprobación de una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, debidamente validada, que regule a los entes fundamentales del sistema democrático y los responsables de impulsar los procesos de transformación de la sociedad.

Fabián Díaz Casado.
Distrito Nacional, Santo Domingo.
28/03/08