POSPOSICIÓN y CRISIS TRAS FALLIDAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 16-F-2020.

"Para obtener respuestas correctas, hay que hacer preguntas objetivas a

protagonistas concretos. Tras el boicot electoral de F16-2020, hay respuestas que no se obtendrán porque no se están haciendo las preguntas correctas a la gente indicada". 

La abrupta suspensión de las elecciones municipales del pasado domingo 16 de febrero de 2020, hecho sin precedentes en la historia política dominicana, ha desatado un torbellino de conjeturas y especulaciones. Hecho que amerita un análisis crítico, profundo y objetivo. Es una labor de buzo, no de surfista. Hay que ir a las profundidades del turbulento mar de la política vernácula para sacar las respuestas que expliquen lo sucedido. 

Partiendo del hecho real e incuestionable de que hubo una conspiración y un sabotaje a las elecciones, quedan abierta las líneas de análisis sobre el espinoso tema que pone entredicho tanto la capacidad logística y operativa de la Junta Central Electoral como disposición de partidos, agrupaciones y movimientos políticos por cumplir con el mandato constitucional previsto en el artículo 216.

La suspensión de las elecciones ha generado una ola creciente de protestas, donde paradójicamente participan actores que están comprometidos con mantener la estabilidad del sistema político y evitar la alteración de la paz social. Ojalá fueran sinceras los pronunciamientos de quienes claman por transparencia sin haber saldados cuentas con el pueblo dominicano. La acción de grupos de jóvenes que exigen sanciones, transparencia y democracia es loable, pero deben cuidarse de quienes aprovechan para pescar en mar revuelto.

Es curioso ver a gente que vive de la política subsidiada por el Estado se ha puesto del lado del liderazgo juvenil y organizaciones sociales que han ido a Plaza de la Bandera a pedir la renuncia del Pleno de la Junta Central Electoral y sanción para los culpables. Con esa acción buscan alejarse de las complicidades y culpabilidades que pudieran tener.

A esas movilizaciones se suman dirigentes políticos de oposición que acusan al presidente de la República de ser el responsable del fracaso de las elecciones y de orquestar un fraude para favorecer a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Esos mismos dirigentes participaron en reunión maratónica con la JCE electoral y aceptaron la fecha propuesta por el ente rector del sistema político-Electoral para realizar elecciones el 15 de marzo. Nada claro por el momento. Mucha especulación y un panorama social permeado por las crecientes protestas que se escenifican en todas las partes del país. 

El 27 febrero, Día de la Independencia Nacional, 13 organizaciones políticas realizaron un mitin que terminó en el Parque Independencia donde se leyó una propuesta reclamando diálogo y consenso para garantizar transparencia en las elecciones del 15 de marzo. Pareciera que las pretensiones de esos grupos es romper el orden institucional y generar un caos que de al traste con la frágil institucionalidad democrática.

Se ha dicho que las protestas, que iniciaron con decenas de jóvenes, que hoy son miles en la Plaza de la Bandera es apolítica y solo busca defender la democracia, exigiendo el respeto a la voluntad popular. Sin embargo, se ha visto a connotados dirigentes políticos arengando y apoyando el movimiento y es entendible, dado que el derecho a la protesta es un derecho fundamental.

Que sean espontáneas las manifestaciones de rechazo al Pleno de la Junta Central Electoral por los fracasos que se le atribuyen es normal pero no puede ser neutral. Es difícil imaginar una lucha política sin políticos dirigiendo. Las crecientes protestas que se extienden por todo el país tienen dirección e intenciones. Están ejerciendo un derecho fundamental, pero su liderazgo debe estar pendiente para evitar distorsiones.

Si se compara lo que se vive en República Dominicana, tras las fallidas elecciones, se pueden encontrar similitudes en los casos de Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Procesos saboteados que dan origen a protestas generalizadas, que muchas veces son financiadas y apoyadas por sectores que buscan imponer agendas o derribar gobiernos. 

Sea lo que fuere, el domingo 16 de febrero, se interrumpió un proceso donde estaba en juego la renovación de los gobiernos locales. Fallas en el Sistema de Voto Automatizado provocaron una serie de inconvenientes que llevó a la Junta Central Electoral y al liderazgo político a suspender las elecciones a 4 horas de haber iniciado. Acusaciones de sabotaje, hackeo, intento de fraude, entre otras calificaciones matizan el discurso político tras el fiasco.

Un raudal de opiniones recorres las redes sociales y los medios de comunicación. Una protesta creciente y un llamado a nuevas elecciones mantienen en vilo a la sociedad dominicana. Sectores empresariales, religiosos y políticos llaman a la mesura y al respeto de la institucionalidad democrática y a los protocolos establecidos en el marco normativo. 

Con la suspensión de las elecciones, el pueblo dominicano pierde la astronómica suma de 14 mil millones de pesos. Rearmarla pudiera costar un precio similar. Eso confirma, reflexiones hechas por este servidor, “que la democracia dominicana es cara y deficiente”. El financiamiento público de las organizaciones políticas reconocidas no puede ser echado al zafacón, debe traducirse en mejoras de la institucionalidad democrática.

Las protestas toman fuerza y definen su agenda. Gobierno, liderazgo y la Junta Central Electoral deben responder a quienes piden cuentas del frustrado proceso electoral del domingo. Tienen que evitar que se produzca un escalda que de al traste con la institucionalidad. 

Algunas preguntas para colocar la crisis política en perspectivas.

• ¿Quiénes son los responsables intelectuales del boicot electoral y del hackeo del Sistema de Voto Automatizado?

• ¿Quiénes tienen capacidad técnica y razones políticas para abortar un proceso electoral?

• ¿A quién convenía la frustración del proceso comicial y cómo afecta a la democracia?

• ¿Investigarán a los cabezas de partido sobre lo acontecido el domingo pasado?

• ¿Cuáles son los sectores involucrados en las acciones delictivas que truncaron las aspiraciones de elegir del pueblo dominicano?

• ¿Cómo interpretar el silencio de la embajadora de los Estados Unidos en el país ante la crisis desatada tras la suspensión de las elecciones?

• ¿Qué harán la JCE y el liderazgo político para rescatar su mellada credibilidad y generar confianza tras la andanada de acusaciones que caen en su contra?

• ¿USA, OEA, USAID e IFES desconocían la logística del proceso y las supuestas debilidades del Sistema de Voto Automatizado?

Esta y otras preguntas quedan a espera de respuestas, dado el alto interés concitado en la población y la polarización que se evidencia. El gobierno tiene un reto de garantizar el derecho a la protesta y preservar el orden público. La Junta Central Electoral y las organizaciones políticas deben trabajar para que las elecciones pautadas para marzo y mayo transcurran dentro de los protocolos establecidos.

Apostar al caos social, al descrédito de las instituciones y a la desestabilización política es una apuesta que no conviene a las fuerzas políticas que fungen como accionistas del sistema electoral dominicano. Lo inteligente y sensato es trabajar para superar la crisis, evitando romper el orden institucional, salvo que no se entienda que “cuando se agravan las contradicciones de clases, se crean condiciones objetivas para la revolución”.

Partidos y candidatos deben ser prudente y gestionar las emociones apropiadamente. Tras las "fallas técnicas" generalizadas que colapsaron el sistema  de voto automatizado y abortaron el proceso comicial, se observa como líderes de opinión, candidatos y dirigentes políticos hacen llamados temerarios a tomar las calles. Madurez, prudencia y sensatez deben pernear las línea operativas del liderazgo para crear institucionalidad.

A las fallas en el sistema automatizados de votación se suman a la falta de compromiso del liderazgo político para montar la transparencia e idoneidad del evento comicial. No cuidar las elecciones y apostar a su fracaso puede comprometer el futuro de la democracia.

Pareciera exagerado, pero hay indicios de que sectores están interesados en aplicar una estrategia de golpe suave. Desacreditar al árbitro electoral, activar la acción colectiva y desconocer resultados electorales para que se abra vía al intervencionismo. Como es sabido, USA, OEA, USAID e IFES están bailando en el lío electoral dominicano y su historial es conocido.

Concluyendo, tanto la Junta Central Electoral, como fuerzas políticas y su liderazgo deben estar del lado de las soluciones. Sembrar dudas, manipular y distorsionar no ayuda. El sufragio es un derecho fundamental: coartar, entorpecer, condicionar, comprar o vender voto es delito que debe ser sancionado.

Los grupos que exigen transparencia electoral, renuncia del Pleno de la Junta Central Electoral y elecciones libres y transparentes, deben incluir en su catálogo la rendición de cuenta de los partidos políticos. Pedir que expliquen en qué y cómo invierten los recursos que le asigna el Estado y reclamar compromiso y respeto a la institucionalidad y a las leyes.

El fiasco electoral del 16-F, tiene responsables y cómplices, claro que los hay, pero además de la Junta Central Electoral y quienes abortaron el proceso comicial, están las organizaciones políticas que son las beneficiarias de los jugosos beneficios que genera el gestionar una organización política reconocida. La democracia subsidiada por el Estado, vía organizaciones política se ha convertido en un rentable negocio.

La investigación debe establecer las responsabilidades para que se apliquen las sanciones que correspondan. El sabotaje, boicot o como se llame es un acto de terrorismo electoral bien orquestado y con propósitos claramente definidos. No es una falla técnica o un error humano. Es una acción pensada y planeada para que se de lo que se dio

Ningún país puede renunciar a su capacidad institucional para investigar infracciones, delitos o crímenes electorales. Llama la atención que el gobierno dominicano pide a la desacreditada Organización de Estados Americanos, OEA que investigue el boicot electoral del pasado 16 de febrero. Esa acción no está prevista en la normativa y por tanto es ilegal. 

En el peor de los escenarios OEA, puede facilitar la mediación, nunca entrar a investigar suplantando las responsabilidades del Estado dominicano y sus instituciones. Las acciones del Ministerio de Colonia de los Estados Unidos son claras y comprometedoras. Su último zarpazo lo dio en Bolivia donde certificó el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. ¿Qué esperan de esta entelequia?

Apostar a que OEA haga una investigación seria sobre lo sucedido el domingo en el país es una utopía. OEA es una institución que tiene apuestas en esta partida y el desprestigio que ha acumulado a lo largo de su accidentada historia la descalifica para ser árbitro.

Se sabe que la historia electoral dominicana está plagada de "fraudes, errores humanos, fallas técnicas, inconsistencias y fallos históricos", por consiguiente, las fallas no son técnicas, ni exclusivas del voto automatizado. ¿Pretenden endosar a la tecnología la malicia o incompetencia de quienes la gestionan? No señores, no.

Al margen de cualquier especulación, manipulación o conjetura la investigación debe arrojar resultados convincentes y concretas. No se trata de un cumplido, sino de un esfuerzo por recuperar la deteriorada imagen de las organizaciones y el liderazgo político de un lado, y la Junta Central Electoral del otro.

La condenable acción de terrorismo electoral es una muestra de la necesidad de transformar la institucionalidad electoral, abriendo paso a un proceso de reforma que quiten el control de las organizaciones políticas a la Junta Central Electoral y las deje como lo que son, instituciones de derecho público, sujetas a normativas específicas.

La tradicional y conformista frase de que “el tiempo dirá” no aplica a la crisis que enfrentamos. Es un momento crucial para la historia política dominicana que debe ser abordado con la madurez que exigen las circunstancias. Se requiere que el liderazgo asuma su responsabilidad en esta situación y se comprometa a prevenir hechos que amenacen la transparencia e idoneidad de los procesos electorales.

Tras el fracaso de las elecciones municipales y la suspensión mismas, la Junta Central Electoral está obligada a aclarar lo sucedido. Investigarán y encontrarán justificaciones, culpables y excusas, pero se conspiró contra el proceso. Se apostó al descrédito de la Junta Central Electoral, JCE. El ente rector de los subsistemas de partidos y electoral, perdió la capacidad de gestionar el proceso desde que se impuso el transfuguismo. Quienes siembran vientos cosechan tempestades. 

Organizaciones políticas, liderazgo, gobierno y JCE tienen la obligación de parar la escalada en las crisis desatadas tras la suspensión de las elecciones municipales. No llamen el lobo, porque puede llegar. Aclárense y cuiden sus activos políticos. ¡No inventen, señores, no invente!

CLARINADA JUVENIL, PERSPECTIVA POLÍTICA y COYUNTURA ELECTORAL 2020.

 “Seguid, jóvenes amigos, dulce esperanza de la patria mía, seguid con tesón y ardor en la hermosa carrera que habéis emprendido y alcanzad la gloria de dar cima a la grandiosa obra de nuestra regeneración política, de nuestra independencia nacional, única garantía de las libertades patrias”. Juan Pablo Duarte.

Sonó la clarinada juvenil y el mundo lo ha escuchado. Miles de jóvenes se han levantado contra el modus operandi de la clase política dominicana, el deterioro institucional, la corrupción y la falta de transparencia en la gestión pública. Lo que se ha visto, es una acción que dista de la tradicional forma de lucha social conocida en el país.

El 16 de febrero de 2020 quedará estampado en la memoria del pueblo dominicano, especialmente, en la de la juventud progresista. El pueblo fue llamado a elecciones para renovar el liderazgo directivo en los gobiernos locales. El proceso inició y se perfilaba como exitosa.

En un hecho sin precedentes, la Junta Central Electoral y el liderazgo político suspendieron las elecciones municipales. Tras múltiples fallas del Sistema de Voto Automatizado se produce la traumática y preocupante suspensión. Sectores vinculados a la oposición han expresado su desconfianza con el Sistema de Voto Automatizado desde las Elecciones Primarias Simultáneas del 6 de octubre de 2019.

A esto se suma, la andanada de acusaciones contra la Junta Central Electoral, a cuyos integrantes se le acusa de incapacidad y parcialización con el partido de gobierno. A pesar de que la elección del Pleno de la JCE es realizada desde el Congreso Nacional, donde hay representación de varias corrientes políticas. Desacreditar un árbitro electoral genera desconfianza y crea las condiciones para invalidar cualquier decisión que surja del mismo.

La oposición política acusa el gobierno de haber fraguado un plan para abortar el proceso. El gobierno negó las acusaciones, expresando que no hay razones lógicas ni políticas para incurrir en una acción de esa envergadura. El Partido de la Liberación Dominicana, habló de un sabotaje que provocó fallas en el sistema que dio al traste con el proceso electoral.

La población quedó en shock por el inusitado anuncio de la Junta Central Electoral, dado que ya había sufragado una cantidad considerable de electores. A pesar de las dificultades con el Sistema de Voto Automatizado la gente intentaba votar. Cabe recordar que gran parte del país no usaba este sistema, sino la tradicional boleta. Ahí, no hubo problemas que comprometieran la transparencia y calidad del proceso comicial.

Esa suspensión provocó un rechazo generalizado de sectores de oposición, candidatos y líderes políticos y hacedores de opinión. Las discusiones giraban en torno a las razones que provocó la suspensión de las elecciones municipales. Unos hablan de posibles errores humanos, debido a incapacidad del personal de la Junta Central Electoral, otros lo atribuyen a fallas técnicas del Sistema de Voto Automatizado.

No faltan quienes hablan de sabotajes, bloqueo de las elecciones y hasta de hackeo del Sistema de Voto Automatizado. Sin importar las causas e intenciones, el proceso fue abortado y las elecciones suspendida. Tras la crisis se abrió una investigación donde fue apresado el técnico de la telefónica Claro-RD, y un coronel de la Policía Nacional al servicio de la escolta del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno.

Entre quejas, reclamos, conjeturas, especulaciones, descalificaciones, acusaciones y contra-acusaciones se han ido definiendo la agenda electoral y la ruta hacia el 15 de marzo, fecha establecida para la realización de las frustradas elecciones. Sectores políticos acordaron la fecha con la JCE, así como la posposición del frustrado proceso del 16 de febrero.

La juventud dominicana pide respuestas de lo ocurrido a la Junta Central Electoral y exigen que la clase política entienda que deben colocar los intereses del país por encima de los caprichos e intereses de las élites privilegiadas. Exigen que se gobierne con la gente, por la gente y para la gente. Entienden que se ha vulnerado su derecho y atentado contras sus expectativas de cambio.

Miles de jóvenes y no tan jóvenes se han concentrado durante 7 días en la Plaza de la Bandera, frente la Junta Central Electoral. Líderes políticos y activistas sociales levantan banderas y reclamando respeto, transparencia y compromiso electoral.

La juventud ha desarrollado una intensa y loable jornada cívica para rechazar, lo que consideran, acciones que pervierten el orden institucional y erosionan la confianza en clase política y la Junta Central Electoral. El liderazgo político ha sido advertido de que la acción colectiva será activada ante los comportamientos abusivos de la clase política. Razones sobran para la indignación.

 Pedir mejoras para superar las debilidades de democracia desde la democracia es una acción necesaria y justa.  La juventud debe asumir la vanguardia de la lucha social, política y cívica. Estamos viendo un despertar de la juventud y eso es un factor que debe alertar al liderazgo progresista y revolucionario a buscar formas alternativas de comunicarse con las masas. De no hacerlo, el rédito político de esas luchas pudiera ser canalizadas por sectores conservadores y ultraconservadores.

Las jornadas de protestas han incluido una crítica e intensa actividad en redes social y medios de comunicación, así como, cacerolazos, manifestaciones continuas en Plaza de la Bandera. La presión popular llevó al gobierno a buscar apoyo de la Organización de Estado Americanos, OEA para que asuma la investigación, por encima de las atribuciones de los Fiscales Electorales establecidos en la Ley 15-19 de Régimen Electoral. ¿Qué puede hacer la desprestigiada y desvencijada OEA para esclarecer una cuestión de política interna?

El pueblo ha perdido la confianza en las instituciones y en el liderazgo político, y eso son indicadores preocupantes. Preocupa porque la apuesta debe ser a transformar el formalismo democrático electoral en una democracia funcional socialista. Eso requiere transformar el sistema político e impulsar un proceso de desarrollo y modernización político para crear una institucionalidad funcional y transparente.

Los costos de esta democracia son insostenibles bajo el esquema actual. El frustrado proceso comicial costó más de 14 mil millones de peso. Una cifra descomunal para una sociedad llena de carencias y necesidades. Es cara y deficiente y contra eso se levantan los jóvenes y quienes le acompañan en su justa y necesaria respuesta al abuso y el irrespeto contra la voluntad popular.

Tras las frustradas elecciones del domingo 16 de febrero quedan pendiente preguntas estratégicas y preocupantes, entre las que caben citar: ¿Quién tenía capacidad técnica y razones políticas para boicotear el proceso comicial? ¿Cuál sector sale perjudicado y quién pudiera beneficiarse de tal boicot? ¿Quién o quiénes son los responsables de abortar el proceso electoral municipal?

La clarinada juvenil ha sonado con fuerza huracanada y ha despertado las esperanzas en un cambio en la cultura política dominicana. En las diversas pancartas se expresa rechazo a la corrupción, el caudillismo, el clientelismo y el asistencialismo. Es una clarinada que coloca en perspectivas el activismo social de la juventud que una de su pancarta afirma: “Se metieron con la generación equivocada”.

¿A quiénes se refieren? ¿Van contra todos? El curso de la historia dirá cómo terminarán las apuestas de una generación que acciona en una coyuntura electoral específica y sin un plan, que vaya más allá de las consignas y de las expresiones de justa indignación por lo que entienden fue una especie de intolerable estafa política.

La perspectiva política queda marcada por la valerosa acción de la juventud que ha roto el tradicional conformismo de la clase media. Ha dicho basta y echado a andar. Han hecho sonar las alarmas de un sistema político que no resiste más parches y ha advertido al liderazgo político que no tolerarán acciones contrarias al marco normativo o que perturben el interés nacional.

Esa acción responsable de la juventud dominicana en un contexto político complejo como el que se vive en el país. Los resultados de la actual coyuntura electoral quedan condicionados por los reclamos de transparencia y participación de la juventud progresista. ¿Cómo aprovechar la indignación juvenil para replantear la estrategia progresistas y revolucionarias?

La activación de la acción colectiva por parte de movimientos sociales y la juventud progresista debe servir para transformar y hacer avanzar el sistema político, no para retroceder o neutralizar el desarrollo político. Las movilizaciones no pueden ni deben ser una moda o una acción emocional, debe ser una acción racional, planeada y coordinada.

La coordinación del movimiento cívico juvenil ha rechazado participación del liderazgo político tradicional en las manifestaciones y ha dejado ver su descontento con las pretensiones de algunos de infiltrar las manifestaciones. Esa perspectiva puede servir para medir el rechazo que tienen ciertos liderazgos y plantea la necesidad de establecer perfiles políticos que generen confianza.

Tras lo ocurrido el pasado 16 febrero quedan más preguntas que respuestas y seguramente habrá que esperar la evolución del las investigaciones. Investigarán y tal vez encuentre las causas de las fallas que provocaron el colapso del Sistema Automatizado de Votación, pero el daño al sistema político está hecho. Restaurar la confianza en la Junta Central Electoral constará mucho y realinear la institucionalidad política otro tanto.

Organizaciones políticas, liderazgo, gobierno y Junta Central Electoral tienen la obligación de parar la escalada en las crisis desatadas tras la suspensión de las elecciones municipales. No llamen el lobo, porque puede llegar. Aclárense y cuiden sus activos políticos. ¡No inventen señores, no inventen!