"En los países donde el liderazgo político se coloca por encima de la normativa y los protocolos, no hay árbitro válido ni institución que funcione". FDC/2020
El próximo domingo 15 de marzo República Dominicana
vuelve a las urnas para elegir a las autoridades municipales, luego de un
intento frustrados el pasado 16 de febrero. Las organizaciones políticas y la
Junta Central Electoral, JCE, están compelidas a realizar un proceso comicial
con transparencia y legitimidad.
Hay muchas preguntas y pocas respuestas sobre las
causas que provocaron el aborto electoral antes mencionado que ha sembrado
dudas sobre las capacidades de la Junta Central Electoral para organizar
elecciones. Conjeturas, especulaciones y desinformación atormentan el
imaginario colectivo.
Protestas multitudinarias, cacerolazos, acusaciones
y contraacusaciones han marcado la agenda durante un mes. Las organizaciones
políticas de oposición acusan al gobierno y a la JCE, pero éstos niegan
responsabilidad. Los pedidos de transparencia electoral, sanción para los culpables del boicot y renuncia del Pleno de la JCE matiza el tenso ambiente político que precede las elecciones municipales del 15 de marzo.
Las tensiones suben. Partidos y JCE electoral
acuerdan pedir a organizaciones externas como OEA, IFES, UNIORES y otras para
que investigue las causas que provocaron las "fallas o errores" en el
Sistema Automatizado de Votación. Los resultados de las indagaciones perderá vigencia, ya que las elecciones preceden la entrega de resultados. Esas entidades son acusadas de intervencionistas y cuestionado su historial en procesos similares.
Tras una intensa presión de organizaciones sociales
y políticas, se activa una mesa de diálogo político promovidos por el CONEP y
otras entidades pertenecientes a los "poderes fácticos". De inmediato
aparecen críticas y especulaciones en torno a la iniciativa.
Activan y convocan un diálogo en el Consejo
Económico y Social, creado mediante Ley 142-15. Grupos políticos y dirigentes
cuestionan la legitimidad del mismo y se niegan a participar. Convocan un
diálogo paralelo donde participan jóvenes promotores de las jornadas de
protestas y reconocidos opositores al gobierno.
La negativa de agrupaciones como Fuerza del Pueblo
y expresidente Dr. Leonel Fernández, presagia el fracaso de las
conversaciones. Las críticas del Dr. Fernández llaman la atención,
ya que en sus gobiernos propició, el Diálogo Nacional, la Consulta Ciudadana
por la Descentralización y la Consulta Ciudadana para la Reforma Constitucional.
De cualquier forma, un diálogo político en medio de
una campaña electoral es difícil que prospere y esto se explica por los altos
niveles de tensión y polarización políticas entre el gobierno y la oposición. Un
diálogo debe producir compromisos y para el caso, el compromiso debe centrarse
en el cumplimiento de los marcos normativos y los protocolos electorales.
Consensuar es difícil, pero en escenarios como el
que vivimos es casi imposible, a pesar de los pronunciamientos mediáticos de
"buena voluntad". El país está a la expectativa y espera que la
alta inversión que hace el Estado en el financiamiento a las organizaciones políticas
y en el montaje de las elecciones sea recompensado con el respeto a la voluntad
popular expresada en las urnas.
Muchos de los dialogantes no reconocen autoridad a la JCE,
no respetan normativa electoral ni creen en la institucionalidad democrática. De ahí el presagio
pesimista de que los procesos diálogos que desarrollan están condenados al fracaso. El diálogo es necesario pero luce inoportuno, dado los niveles de tensión política generada tras la suspensión de las elecciones del pasado 16 de febrero.
En una sociedad donde el liderazgo se considera por
encima de la institucionalidad y de las leyes no habrá árbitro válido. Aun así,
hay que insistir en la búsqueda de respuesta a lo sucedido en febrero 16 y
trabajar para que el 15 de marzo haya elecciones libres, trasparentes y
diáfanas.
Es de rigor recordar que la Junta Central Electoral
es el ente responsable de organizar, arbitrar y gestionar los procesos
electorales en República Dominicana, tal y como manda la Constitución Política
y la normativa político-electoral. Cualquier acción contraria o intento de
suplantación, pervierte la normativa, debilitada la institucionalidad y
corrompe la democracia.
Dicho lo anterior, queda claro que tanto las
organizaciones políticas como la Junta Central Electoral tienen la obligación
de garantizar un proceso electoral que devuelva la confianza de la gente en las
elecciones, el liderazgo político. La JCE es producto de los consensos entre
actores políticos y sociales que interactúan en el sistema político, por tanto,
el reto es corregir el rumbo.
Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos
deben colocarse del lado de las soluciones y cooperar con la Junta Central
Electoral en el montaje de los procesos comiciales. El sistema político y sus
actores están inmerso en una aguda crisis de confianza. Apostar al fracaso de
las Junta Central Electoral, boicoteando las elecciones del 15 de marzo es un suicidio
y ellos lo saben.
Para lograr el éxito esperado por la población
dominicana, la Junta y los partidos deben tomar medidas drásticas y firmes para
evitar la repetición de hechos que pongan en riesgo los resultados del
certamen. El cumplimiento de la normativa los protocolos son electorales
ayudará a reducir la desconfianza y minimizar los atentados contra el proceso.
Como los tropezones hacen levantar los pies, es
necesario puntualizar algunas sugerencias para evitar que se repitan
situaciones que comprometan la calidad, organización y transparencia del proceso
comicial del 15 de marzo:
1. Desarme de activistas, simpatizantes y
militantes, proclives a perturbar y generar situaciones que alteren el orden
establecido en los protocolos instituidos para los procesos comiciales.
2. Responsabilizar al liderazgo local de las
organizaciones políticas y a los equipos de campaña de los candidatos del
control de la militancia.
3. Impedir, a toda costa, la comisión de delitos
electorales especialmente, el reparto de dinero en las terminales de autobuses, compra de votos, chantaje, intimidación o cualquier intento de coartar el derecho al
voto.
4. Comprometer al liderazgo político nacional a
respetar los resultados electorales y la voluntad popular expresadas en las
urnas.
5. Coordinar con las direcciones nacionales de los
partidos el control de armas de fuego y de bebidas alcohólicas.
6. Las organizaciones políticas y los candidatos
deben facilitar el trabajo de la Policía Electoral en los recintos de
votación.
7. Impedir la aglomeración de personas en los
centros de votación y/o en sus proximidades para evitar roces entre militantes.
8. Evitar que dirigentes, candidatos, militantes, activistas
y simpatizantes perturben el trabajó de los centros de votación.
9. Instruir a los presidentes de mesas electorales
para tomar las decisiones que entiendan pertinentes, para garantizar la
transparencia del proceso eleccionario, aplicando los protocolos y normativas
electorales.
10. La Junta Central Electoral debe aplicar las
normativas y protocolos establecidos para los procesos electorales y las
organizaciones políticas deben comprometerse a respaldar su trabajo y a
reconocer los resultados.
Este decálogo no es exclusivo ni excluyente, pero
puede contribuir a la reflexión sobre los compromisos del liderazgo político y
la Junta Central Electoral en las elecciones del 15 de marzo. La intención es
que las partes involucradas en el proceso comicial den al país las garantías de
que la voluntad popular será respetada.
El montaje de las elecciones es un reto para la institucionalidad político
electoral que pone a prueba, una vez más, las capacidades gerenciales del
liderazgo político y al Pleno de la Junta Central Electoral. La JCE tiene la obligación
de hacer cumplir el mandato constitucional de “organizar y dirigir las
asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de
participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes”.
