jueves, 28 de febrero de 2019

VENEZUELA EN LA MIRA IMPERIALISTA.


"Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad".  Simón Bolívar.

Los últimos 10 años del siglo pasado forjaron un liderazgo que  revivió la esperanza en la superación del anquilosado y corrupto modelo capitalista neoliberal. Esa cosecha empezó a dar frutos cuando a partir del año 2000 ascienden al poder gobiernos de corte progresista.

En 1999 gana la presidencia de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías, quien había participado en un levantamiento militar el 4 de febrero de 1992. Tras esta acción fue apresado y liberado 2 años después. Fortalecido en su liderazgo, entra con fuerza a la arena electoral con el MR-200, que luego se transforma en una maquinaria invencible que derrotó a las fuerzas oligarcas e impuso una agenda que contemplaba entre otras cosas la refundación del Estado venezolano, dotándolo de un nuevo marco constitucional, vía Asamblea Constituyente.

Aunque Hugo Chávez llegó al poder utilizando el mismo sistema electoral utilizado por las derechas. La oposición política le declaró la guerra y nunca reconoció méritos al gobierno bolivariano. A tal punto llegaron las tensiones que en el año 2002, es oligarquía golpista, asociada al poder intervencionista de Estados Unidos. Tras secuestrar al presidente Chávez, instalaron a Pedro Carmona, un presidente títeres que fue reconocido por los socios de USA en OEA.

De inmediato se activaron las fuerzas populares de Venezuela y salieron a reclamar el retorno de su presidente. Enfrentando una férrea y perversa campaña de desinformación, que entre otras cosas, afirmaba que Chávez había renunciado, pasaron a la acción para restaurar a Chávez y echar a los golpistas usurpadores.
El bravo pueblo,  unido a la oficialidad joven, devolvió Hugo Chávez al poder. Los sucesos de abril del año 2002 ahondaron las contradicciones entre las fuerzas del socialismo bolivariano y el conservadurismo proimperialista. La tendencia golpista se mantiene activa desde entonces.

Nunca han reconocido a los gobiernos bolivarianos ni la institucionalidad democrática propiciada por éste, incluyendo una refundación del Estado Venezolano, vía Asamblea Constituyente que amplio las bases del sistema político y fortaleció la democracia creando nuevos mecanismos de participación y representación popular. 

Tras la intentona de 2002, Chávez y su equipo plantearon el modelo de Socialismo Bolivariano o Socialismo del Siglo XXI e inician un proceso de reconstrucción del poder desde abajo, desde el centro del pueblo, creando comunas y otras entidades de representación popular en barrios y parroquias.

Los logros son evidentes. Cabe destacar la superación del analfabetismo, recuperar y nacionalizar la industria petrolera, democratizar y mejorar la calidad de la educación, establecer políticas de inclusión social y desarrollar una vasta agenda de integración. Además, se adecenta la administración pública y se recompone el modelo productivo.

Venezuela entra en una fase de transformación en correspondencia con los proyectos de otros gobiernos progresistas de la región. Cuba, Nicaragua, Brasil, Argentina, Bolivia, Honduras, Paraguay y Uruguay avanzaban en la consolidación de un modelo político de orientaciones progresistas unos y los emblemas revolucionarios del Siglo XX.

Veinte años de gobierno bolivariano, más de 20 procesos electorales con uno de los sistemas mejor valorado del mundo. Cabe recordar que en 2003 Jimmy Carter dijo que era el mejor sistema electoral del mundo. Aun así, una buena parte de la oposición, se niega a aceptar las reglas del juego democrático y ha escogido la violencia golpista para buscar el poder.

El recelo de Estados Unidos con respecto a los citados avances; así como los sistemas de alianzas gestado por el movimiento progresista y revolucionario creció y buscó alianzas con sectores oligarcas de la región. La idea era salir de los gobiernos incómodos para USA, utilizando para ellos todos los medios que fueran necesario, incluidos mecanismos de guerra híbridas u aplicando el “Manual de Golpe Suave” elaborada por Gene Sharp.

A 20 años del ascenso de Chávez, y con Nicolás Maduro como presidente  de la República Bolivariana de Venezuela, el panorama ha dado un giro dramático, tras el hecho insólito de un diputado, salido del mismo proceso comicial efectuado el 20 de mayo de 2018 se ha proclamado “presidente”, desconociendo el gobierno legítimo y legal de Nicolás Maduro.

Juan Guidó, quien dice representar a la oposición se autoproclama presidente y de inmediato es reconocido por el gobierno de Estados Unidos y sus socios en OEA y la UE. Violentando todas las normas del derecho internacional y la diplomacia, EE.UU. que mantenía un acoso continuo al gobierno bolivariano, intensificó su ofensiva e impuso un embargo económico que incluye la congelación de activos, boicot comercial y descaradamente se ha apropiado de la empresa CITGO propiedad de la Estatal Petrolera de Venezuela (PEDEVESA).

Tras el reconocimiento de Juan. Guaidó como "presidente interino de Venezuela" por el eje golpista que encabeza Estados Unidos junto al Grupo de Lima se abre un nuevo capítulo en la forma de ascender al poder mediante el desconocimiento de gobiernos desafecto a ciertos grupos de intereses.  Ya verán las consecuencias si se concreta esta nueva modalidad de golpe de Estado. El futuro de la democracia formal electoralista es incierto.

La República Bolivariana de Venezuela ha desarrollado una institucionalidad política y un sistema electoral que ha sido elogiado por connotadas figuras de la política internacional como el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, quien en 2003 lo describe como el mejor sistema electoral del mundo. Con ese sistema se han montado 25 procesos comiciales de los cuales la oposición sensata y responsable ha ganado solo dos.

A pesar de los avances e institucionalización del sistema político venezolano y las victorias convincentes del socialismo bolivariano, la oposición, sobre todo la más radical no acepta ni respeta resultados. Han adoptado la línea de la confrontación callejera para enfrentar el proyecto bolivariano. El protagonismo lo han asumido Enrique Capriles, Leopoldo López, Liliam Tintori, Julio Borges, Corina Machado y Ramón Ramos Allup y su último producto, que es Juan Guidó, entre otros.

Tras una serie de procesos electorales Juan Guaidó, diputado escogido en las elecciones de 2015, desconoce los resultados al gobierno de Nicolás Maduro se autoproclama en enero pasado como “presidente interino”, en franca violación a la Constitución Bolivariana. Guaidó un “presidente probeta”, echo en laboratorios de la CIA y el Mossad para dar continuidad al plan golpista de la oposición violenta de Venezuela.

Al coro golpista se ha unido Luís Almagro y un grupo de presidentes de corte conservador autodenominado como “Grupo de Lima”. Haciendo línea con el gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump han impuesto una serie de medidas para acorralar y asfixiar al gobierno bolivariano. Tan lejos han llegado que el Consejo de OEA sacó una resolución que desconoce las elecciones, llama a nuevas elecciones  e declara ilegítimo al gobierno constitucional de Venezuela. Una acción nunca vista en la historia política latinoamericana.

Una nota a destacar, es el papel desempeñado por la Asamblea Nacional electa en 2015 que adoptó como línea de trabajo el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro, violando la Constitución y el orden democrático establecido. Basado en la supuesta ilegitimidad del gobierno, activaron mecanismo de lucha callejera conocidas en Venezuela como Guarimbas. Con esas acciones, apuntalado con una estrategia mediática apoyada por USA pretendían lograr el derrocamiento del gobierno.

La respuesta del gobierno fue activar el mecanismo de Asamblea Constituyente, tal y como establece la Constitución Bolivariana de 1999. El objetivo era estabilizar el sistema político y garantizar la paz en el país. Esa Asamblea Constituyente convoca a elecciones y sale ganador Nicolás Maduro Moros con más de 5 millones de votos. En las elecciones participaron 4 candidatos.

La Asamblea Nacional, declarada en desacato por la Sala Constitucional, ente responsable de velar por el cumplimiento de la Constitución; al usurpar funciones cae en la ilegalidad. Es el cuadro que se pinta y que agudiza las contradicciones entre grupos de oposición, dado que la mayoría no está de acuerdo con los métodos de la oposición violenta.

Esa oposición sensata y responsable es la que debe asumir las riendas del liderazgo para preparar un proyecto político que le permita avanzar hacia el poder y cohabitar con el gobierno bolivariano para garantizar gobernabilidad y proteger la soberanía. Redefinir eses escenario y echar a caminar las capacidades de las derechas liberales. Separarse de la facción violenta y golpista ayudaría a la oposición liberal a retomar la senda de la razón.

Si la oposición política no se compromete a respetar la institucionalidad y el mecanismo democráticos de renovación de liderazgos mediante procesos electorales y si carece de estructura política, plataforma programática, doctrina definida y compromiso, difícilmente encuentre el camino hacia el poder.

Oponerse al proyecto bolivariano, implica tener una propuesta alternativa y es evidente que la oposición no ha sido capaz de crear un programa político que supere al proyecto bolivariano. La confrontación no es la opción que dará estabilidad y legitimidad a la derecha; sea esta, liberal, radical o moderada.

Del lado del gobierno bolivariano, las opciones son claras: profundizar las políticas de inclusión social, mejorar el modelo productivo, ampliar las bases del socialismo bolivariano, consolidar las transformaciones en la educación, fortalecer los vínculos con el movimiento popular y reforzar las alianzas a nivel internacional.

El momento actual exige establecer una ruta para caminar hacia la paz y la estabilidad en la región. Desmontar la matriz mediática desestabilizadora, romper el cerco diplomático y superar el bloqueo económico requiere acciones puntuales que involucran a otros gobiernos progresistas. La arremetida de la derecha se contrarresta con la unidad y la solidaridad de quienes defienden la paz en el mundo.

El empuje imperialista obliga a establecer alianzas para enfrentar el bloque hegemónico y reforzar la estrategia diplomática. Los mecanismo de guerra híbrida aplicada en Venezuela y la cruzada contra el socialismo anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump obliga al progresismo y al movimiento revolucionario a replantear la estrategia de vinculación con los movimientos sociales.

El gobierno norteamericano ha asumido el tema de Venezuela como un señuelo para imponer sus caprichos en la región y el socialismo como bandera para apuntalar el proyecto reeleccionista de Donald Trump. Sus halcones, gásteres y chacales están operando abiertamente en Latinoamérica en complicidad con gobiernos como el de Colombia, Brasil, Argentina, Chile y todo autodenominado “Grupo de Lima”.

Hay que aclarar que el Grupo de Lima carece de base jurídica y de reconocimiento internacional. Opera desde lo interior de OEA y cuenta con el apoyo incondicional del gobierno de Estados Unidos. Está integrado por gobiernos de derecha y ultraderecha que se oponen abiertamente a los proyectos progresistas y revolucionarios de América Latina y El Caribe.

De tener éxito, con el ensayo golpista en Venezuela, entraríamos en una fase de confrontación ideológica a imagen y semejanza de la Guerra Fría. El discurso de odio y despreció del gobierno USA, la complicidad de gobiernos conservadores y las matrices mediáticas de desinformación promovida por las grandes cadenas noticiosas, junto al activismo en redes sociales de grupos radicales incentivan las acciones de los grupos violentos auspiciados por la oposición.

A todo lo antes mencionado, hay que agregar la crítica situación económica que padece Estados Unidos y las dificultades que ha tenido su ejército en Oriente Medio. Eso implica, un retorno del imperialismo a Latinoamérica. Dada la conocida visión que tiene USA y el mdus operandi con respeto a América Latina y El Caribe se espera un incremento en las tensiones.

La remilitarización Norteamericana de América Latina y El Caribe, el ascenso político del conservadurismo, el repliegue de las fuerzas progresistas y revolucionarias, la incursión de movimientos políticos de corte religioso junto a las dificultades económicas plantean un reto para el liderazgo latinoamericano. Un tenso y complejo panorama que exige mucho más energías y recursos que los pueda disponer el progresismo y el movimiento revolucionario. De ahí la importancia de cohabitación y la unidad de las fuerzas políticas que apuestan a la paz, la solidaridad y el desarrollo integral de los pueblos.

Un escenario de guerra latente con Estados Unidos es promovido abiertamente por sectores, intolerantes, antidemocráticos, ultraconservadores y contrarrevolucionarios. Desmontar esas pretensiones es una tarea colosal que pasa por la superación del fanatismo y el analfabetismo político impuesta a la región vía los productos culturales promovidos desde USA, tanto a través de los medios, las redes sociales como por vías de los modelos educativos.

Lo ideal y deseable sería que Estados Unidos asuma una línea de política exterior basada en el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Una política que ponga en centro el interés colectivo de los pueblos latinoamericanos y caribeños, no el interés particular de USA. Claro, eso pasa por la transformación de Estados Unidos en un Estado que actúe en igualdad de condiciones con los demás Estados. Un Estado que supere la vocación guerrerista e injerencista y asuma la cooperación el respeto y la solidaridad como eje central de su política exterior.

La historia del Siglo XX deja pocos espacios para esperar un cambio en la visión de Estados Unidos en América Latina y El Caribe. Recordemos la cantidad de golpes de Estado, invasiones, sabotajes, apoyo a dictaduras, acciones terroristas, acoso, asesinato, represión saqueo, en fin abusos de todos tipos. Esperar cambios en un país pentagonizada y de vocación imperialista es una utopía pero no se puede perder la esperanza en la capacidad de los pueblos para reinventar sus sistemas políticos y superar las visiones retrógradas de sus gobiernos.

Ojalá el pueblo norteamericano se tomar la molestia abrir los baúles de la historias para sacar de allí las enseñanzas que le ayuden a entender la historia de luto, terror, saqueo y muerte cometidos en su nombre por los gobiernos norteamericanos a lo largo de la historia. Desde la doctrina del Destino Manifiesto hasta hoy, la historia de USA en América ha estado marcada por una visión colonialista, a tal grado, que han etiquetado a la América Morena como su “patio trasero”.

Si el pueblo norteamericano que es quien paga impuestos para financiar las operaciones militares que ejecutan sus gobiernos y aporta los hombres y mujeres que implantan las mismas, no se levanta y levanta la bandera de la paz queda como cómplice de tales atrocidades. Es tiempo de que el pueblo USA haga su parte y ponga orden a sus gobernantes.

No es posible que sea el pentágono y los servicios secretos quienes gestionen la soberanía. Esa es una atribución exclusiva de los pueblos que se ejerce y se defiende. No actuar les compromete con las acciones guerreristas e injerencistas que ejecutan los gobiernos de Estados Unidos. El voto es un recursos y las elecciones un mecanismo que le permite avanzar pero deben trasformar el modelo político para abrir brecha en el camino en el rediseño del modelo político que les oprime.

Estamos en una fase crítica, dado que USA insiste en imponer por la fuerza un modelo contrario a las aspiraciones de los pueblos latinoamericano. Ahora es Venezuela, a quienes le han aplicado una estrategia de “Guerra Híbrida” que ha colocado al país al borde de una guerra abierta con USA.

Esperemos que no pero las condiciones están dadas para una confrontación bélica de consecuencias impredecible. Las pretensiones del gobierno norteamericano son claras y han sido promovidas por personeros como Eliot Abram, John Bolton, Mike Pompeo, Mike Pence, Marcos Rubio entre otros.

Contra el gobierno bolivariano se han probado todos los recursos del golpismo que auspicia Estados Unidos. Solo les queda la agresión directa vía una intervención armada. Usaron el bloqueo económico, la manipulación mediática, la deslegitimación del gobierno bolivariano, el cerco diplomático, desestabilización política, guerra psicológica y acoso mediático. Han llamado abiertamente al golpe de Estado.

Llama la atención como gobiernos latinoamericanos se han plegado a la propaganda guerrerista de Estados Unidos. Tal es el caso del gobierno de Colombia, que ha prestado su territorio para la instalación de bases militares de USA. Algunos dicen que por lo menos 9 bases militares se han instalado en territorio colombiano. Colombia tiene más de 50 años de guerra interna, con altísimos índices de violencia social y política, narcoparamilitarismo, movimientos guerrilleras activas, proceso de paz empantanado, desigualdad, pobreza, exclusión social, entre otros males.

Esa es la Colombia que hay que reencausar y las acciones entreguista de su presidente Iván Duque no se orientan en esa dirección. Al contrario, al plegarse a las políticas agresivas del imperialismo se colocan en la línea de la confrontación. Que Colombia sirva de plataforma para atacar a Venezuela que protege, da alimentos, espacio, seguridad, cobijo y protección a millones de ciudadanos de Colombia es algo incomprensible e intolerable.

Pocas veces se ha visto en la historia que presidentes de otros países pidan abiertamente la destitución de un gobierno electo por voto popular. Ese ha sido el camino que ha escogido el autodenominado Grupo de Lima. De las tensiones y roces diplomáticos han pasado a la intervención abierta y directa. Violentan olímpicamente el tratado internacional y principios que rigen el derecho internacional.

 Las acciones golpistas han incluido conciertos y una caravana que pretendía introducir en Venezuela un supuesto cargamento con ayuda humanitaria. Venezuela no pidió ayuda ni está dispuesta a aceptarla. Estas acciones tienen que ser coordinada con los organismos internacionales a solicitud del gobierno del país destino. 

La respuesta mundial a la política intervencionista e injerencista de Estados Unidos y sus socios ha sido unánime. El contundente rechazo a las acciones desestabilizadoras auspiciada por USA y sus socios deja claro que el mundo no tolerará acciones que traigan a América y El Caribe el tenebroso panorama que han vivido recientemente Siria, Yemen, Palestina, Libia, Irak y Afganistán.

Juan Guaidó, el “presidente probeta” se ha colocado del lado equivocado de la historia y pasará a la historia como villano. Al desconocer el gobierno y el orden institucional se coloca al margen de la ley. Procede que la justicia venezolana lo declare prófugo y emita una orden captura internacional. Usurpa el poder, llama a la guerra e insiste en pedir una intervención internacional. Bien puede ser acusado de alta traición a la patria.

Ante el cuadro descrito, se ha evidenciado la funcionabilidad del mecanismo y dispositivos que sustentan las bases del derecho internacional. Entidades como la Organización de los Estados Americanos, OEA, la Unión Europea, UE; y, hasta la Organización de las Naciones Unidas, ONU ha visto impotente como se estrujan los principios que la sustentan.

El mundo ha optado por el multilateralismo pero Estados Unidos se resiste a aceptar su papel de potencia en declive. El auge de China y los evidentes avances de la Federación Rusa ha obligado a USA replantear su estrategia geopolítica y eso explica, en parte, su vuelvo violento hacia América Latina tomando a Venezuela como señuelo. Inmerso en una guerra económica con el gigante asiático y altamente endeudado, se convierte en una especie de bestia herida que da los últimos zarpazos antes de morir.

Así de complejo es el escenario actual. Lo de Venezuela es solo una muestra de lo que veremos si Estados Unidos no da un giro político que reencause a esa gran nación por las sendas de la justicia social. Anima ver que ya se habla abiertamente de socialismo aunque las intenciones sean etiquetar la propuesta que encabeza el veterano senador demócrata Bernie Sanders.

En Venezuela debe darse un proceso de diálogo franco, abierto y comprometido donde la oposición sensata entienda que la democracia se basa en reglas que sirven de soporte a un pacto social donde los poderes públicos se convierten en garante de los derechos civiles y políticos. Esos diálogos deben producir un autoreconocimiento de las partes. Las facciones violentas de la oposición deben deponer su actitud golpista y someterse al orden constitucional.

Lograr la paz y la estabilidad en Venezuela, implica derrotar la matriz mediática que incita a la violencia y la intolerancia de la oligarquía golpista que promueve odio entre los pueblos. El dialogo es el camino y la paz es fin. Rechazar la violencia y respetar la institucionalidad para construir un pacto social basado en la ética política y la cohabitación ideológica.

Las pretensiones de los Estados Unidos son claras: sacar del poder al socialismo bolivariano para apuntalar su proyecto neocolonialista en América. Apoderarse del petróleo venezolano y otros recursos naturales, incluido metales que son claves en la industria militar y determinante para la deteriorada economía USA. La respuesta debe ser la unidad contra la embestida neconservadora del capitalismo depredador.


DE LA DEMOCRACIA FORMAL ELECTORALISTA A LA DEMOCRACIA FUNCIONAL SOCIALISTA.

"La política no es una especulación; es la Ciencia más pura y la más digna, después de la Filosofía, de ocupar las inteligencias nobles”. Juan Pablo Duarte.

La democracia, ya sea como modelo ideal o sistema político no se puede desarrollar sin el concurso de una ciudadanía políticamente alfabetizada, activa y responsable. Para transformar el formalismo democrático en democracia funcional es necesario una repolitización de la ciudadanía para que asuma sus deberes y exija sus derechos. Fortalecer la cultura política y el civismo para incidir en los procesos políticos es una tarea que exige compromiso, dedicación, confianza, formación, educación y referencias creíbles.

Los partidos, las agrupaciones políticas y movimientos políticos continúan siendo la principal vía de canalización de las demandas políticas, económicas, sociales o culturales; compartiendo ese rol con las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, a pesar de la alta participación electoral de los dominicanos en las elecciones, hay un ejercicio poco razonado del voto. Los efectos del clientelismo y la mercantilización de la actividad política se evidencian y se renuevan en cada proceso electoral.

La apuesta de los mercaderes de conciencias, que promueven y ejecutan acciones clientelares, es hacer de la pobreza y las carencias colectivas el insumo básico para su accionar en política, haciendo ver este vicio como una virtud que sólo ellos pueden ejercer. Ignoran los procesos de cambios institucionales, el sistema político social y la sociedad imponiendo su perversa lógica mercantilista.

El siglo XXI debe ser aprovechado para dar el salto que coloque a la República Dominicana en la senda del desarrollo integral. No es posible desenvolverse en la actualidad con los mismos métodos del siglo pasado. La luz tiene que llegar a la mente de los hombres y mujeres que dirigen las instituciones del país para superar las debilidades propias de los sistemas clientelistas.

El sistema democrático actual luce atrapado en los vicios del formalismo democrático, incluido el clientelismo político, como rasgo distintivo de la cultura política dominicana. La democracia formal se estanca y queda como una fachada en la que se escudan politiqueros y traficantes de promesas envueltas en prácticas clientelares y el asistencialismo. Se observan algunos visos de desarrollo e institucionalización, pero distan mucho de las aspiraciones colectivas.

La corrupción política, la iniquidad y la exclusión sólo se podrán superar cuando los intereses políticos y sociales converjan en pactos que sean respaldados por un orden institucional, democrático y participativo de los actores políticos, económicos, sociales y culturales. Contra esto debe imponerse la virtud del buen vivir expresado a través de la vocación de servicio colocando a la gente en el centro de su accionar ¡Vivir para servir, servir para vivir!

Actualmente, la política está amenazada por las tendencias que apuestan a su deslegitimación. Para reforzar esa matriz, sectores interesado, neutralizan los mecanismos de control político para tras la debacle, operar instrumentos jurídicos que ponen en riesgo los derechos civiles y política. Esa judicialización de la política ha dejado huellas negativas en varios países, especialmente en aquellos donde gobiernos progresistas dieron pasos para restaurar la política y colocarla al servicio de la gente.

A los vicios tradicionales de la democracia formal electoralistas se suman el chantaje, soborno, cohecho, nepotismo, tráfico de influencias, complicidad general e impunidad que son lacras que corroen los cimientos de la convivencia social y en política, destruyen la capacidad y confianza de las organizaciones políticas para canalizar las inquietudes y demandas de la sociedad. Grande es el reto pero hay que afrontarlo con carácter y decisión.

Es a las organizaciones políticas y a los grupos de presión a quienes les corresponde dar el primer paso, ya que se han abrogado el derecho de representación de los intereses colectivos. De lo contrario, la ciudadanía accionará para transformar esas debilidades estructurales en fortalezas. Estos vicios no son exclusivos ni creación de la República Dominicana, se repite en todos los modelos formales de democracias.

Los efectos perversos de las relaciones clientelares, junto a la despolitización social tienen que ser enfrentados con acciones concretas para contrarrestar sus efectos. La responsabilidad fundamental les corresponde al liderazgo político y al liderazgo social, propiciando un nuevo orden institucional sustentado en un pacto social alternativo, apoyados en la cultura cívica transformadora, dialogante, propositiva y progresista.

Politizar la ciudadanía ciudadanizando la política debe ser la estrategia para neutralizar y superar las prácticas clientelares, el presidencialismo ancestral y humillante. Es un gran reto, pero vale la pena asumirlo. Ignorar el problema no es la salida. Hay que enfrentarlo o de lo contrario el Estado y la sociedad se enfrentan a situaciones de extremo riesgo toda vez que la laxitud de los controles partidarios y electorales permita la entrada de recursos provenientes del crimen organizado, incluido el narcotráfico.

Para contrarrestar esa tendencia pervertida de ver la práctica política y la Política misma, como una transacción comercial es necesario elevar la capacidad política de la ciudadanía y fomentar el pensamiento crítico para transformar la democracia formal en una democracia funcional. La cuestión es clara, para mejorar la calidad de la democracia lo que se requiere es más y mejor política.

En el caso dominicano, los niveles de desarrollo político debieran servir para sostener la institucionalidad que exige una democracia funcional y empujar hacia la necesaria modernización política requerida para fortalecer el sistema político dominicano. Se ha avanzado lentamente, pero se avanza, falta sin embargo, un enorme trecho para superar la desconfianza de la ciudadanía en la clase política y dar paso a la eficiencia institucionalizada del modelo democrático adoptado por la sociedad en su dinámica de desarrollo.

El costo de la democracia debe corresponderse con resultados positivos, obtenidos mediante un proceso de socialización de las soluciones planteadas a las necesidades de desarrollo de la sociedad y a las expectativas de la gente. La democracia dominicana es cara y poco eficiente. Para cambiarla se requiere el concurso de los actores sociales y políticos que inciden en la vida política.

Reforzar la capacidad del contrapeso social de la democracia es una cuestión indispensable para avanzar. El desinterés en las cuestiones políticas no ayuda a construir ciudadanía ni permite el fortalecimiento e institucionalización de la democracia. Ciudadanizar la política sería un antídoto a los vicios que afectan al el sistema político, a la democracia, a los poderes del Estado y a la sociedad en sentido general.

El capitalismo depredador y sus modelos excluyentes tienden a colectivizar la pobreza y a privatizar las riquezas. De ahí que la lucha por mayor equidad, inclusión, compromiso y justicia social sea una necesidad para mejorar la calidad de la democracia en el país. Eso pasa por transformar la democracia formal en una democracia funcional. Es decir, transformar la democracia liberal burguesa en democracia socialista revolucionaria.