"La urgencia ambiental no declarada que vive el país es coyuntural pero el daño ambiental es difícil de revertir. Cuestión de ciencia, conciencia y responsabilidad; tema de información, educación y orientación. Medio Ambiente debe activar políticas de prevención de depredación".
El impacto demoledor de la acción humana sobre el medioambiente y los recursos naturales pone en riesgo la existencia humana. Eso se ha dicho y lo saben los cientistas y quienes sin serlo, vivieron en medio de ríos caudalosos y arroyos rebozados de agua cristalina. Mares limpios; lagos y lagunas donde bullía la vida.
Hoy solo quedan los relatos de un retrato imaginario de lo que fue una zona donde el agua corría libremente por cañadas, arroyuelos, arroyos y ríos, ya que gente irresponsable que depredan los bosques; así como políticas medioambientales acomodadas a los intereses de los grandes grupos económicos, sumado al aumento creciente de la población dejan una marca evidente que se expresa en montañas peladas,suelos erosionados, ríos arruinados y arroyos seco.
Es un proceso largo que se ha acelerado con la incursión de empresarios agropecuario con poder y dinero. Esos que están por encima de la ley y del bien común. El país paga un alto precio por el desarrollo de proyectos de desarrollo que no tomas en cuenta la sostenible ambiental o la desidia de quienes tienen que aplicar la Ley.
Los ecologistas, comunicadores, comunitarios y líderes sociales conocen el historial de los depredadores del patio y los foráneos pero las autoridades prefieren reaccionar a los cuestionamientos de la sociedad y no se empeña en anticipar políticas preventivas que pongan controles a las acciones irresponsables de grupos o individuos que desarrollan actividades que ponen en riesgo la estabilidad medioambiental.
El modelo de desarrollo vigente ha tenido un alto impacto en el medioambiente y los recursos naturales. Lo menos que se puede pedir es una revisión de la política de sustituir bosques por aguacates, café o cítricos. La flora y la fauna están heridas y las aguas escasas y contaminadas. Permanecer indiferente ante esta preocupante situación traerá graves problemas a las futuras generaciones.
Los mandatos están previstos en Constitución de la República en sus artículos 14 y 67; junto a lo establecido en la Ley 64-00, la Ley 176-07 y la Ley de Áreas, Protegidas, entre otros. Las normas son necesarias y deben ser aplicadas. De hecho los dispositivos normativos sobre recursos naturales y medioambiente pueden servir para montar una estrategia que armonice el modelo de desarrollo con la sostenibilidad ambiental.
Diseñar políticas basadas en la sostenibilidad ambiental e imponer el cumplimiento de la normativa vigente. Valorar las políticas de gestión de agua y respetar las cuencas de los acuíferos para evitar la aniquilación total de cañadas, arroyos y ríos.
Para contrarrestar la embestida empresarial que pone en riesgo la estabilidad y sostenibilidad ambiental debe generarse una coordinación que oriente la acción y pare la depredación. Crear mecanismos y dispositivos institucionales que faciliten la interlocución entre los sectores productivos y los entes reguladores para garantizar que la normativa se cumpla.
El artículo 67 de la Constitución de la República Dominicana plantea claramente los deberes del Estado respecto a la protección del medioambiente y los recursos naturales. Estipula lo siguiente: "Constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones".
El numeral 5 del referido artículo es concluyente al respecto y señala: "Los poderes públicos prevendrán y controlarán los factores de deterioro ambiental, impondrán las sanciones legales, la responsabilidad objetiva por daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales y exigirán su reparación. Asimismo, cooperarán con otras naciones en la protección de los ecosistemas a lo largo de la frontera marítima y terrestre".
Esa estructura de coordinación debe integrarse con autoridades, los propios empresarios, gremios profesionales; así como organizaciones ecológicas y asociaciones comunitarias. Producir preservando y cuidando la madre tierra es una obligación.
El agua está descrita como patrimonio nacional y así se contempló en el artículo 15.- de la Constitución de la República votada en 2015. "El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación".
Es una cuestión de ciencia, conciencia y responsabilidad pero también es un tema de educación y orientación. La urgencia ambiental es coyuntural pero el daño ambiental es permanente y difícil de revertir. Medio Ambiente debe activar sus políticas de prevención para evitar la depredación y el uso irresponsable de los recursos naturales.
Como puede apreciarse, en las normativas referidas en esta reflexión y otras que las complementan solo falta pasar del papel a la práctica. Habrá que avanzar en la Ley de Aguas y en la de Ordenamiento Territorial pero el marco normativo existente facilita el diseño de políticas medioambientales y de recursos naturales que garanticen el futuro de las próximas generaciones.
El reto está ahí y la conciencia será la aliada que complemente la normativa para crear los cimientos de una cultura ecológica que sustente el modelo de desarrollo implantado en el país. El cambio implica compromiso y el compromiso debe ser con la vida en todas sus formas.
La tierra es como se sabe, la casa de todos. Cuidarla es una obligación para las autoridades y un deber para la ciudadanía. Salvemos lo poco que nos queda y honremos el porvenir con acciones a favor del medio ambiente y los recursos naturales.
Como dijo Juan Pablo Duarte: "Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos." Aun estamos a tiempo para poner frenos al carro de la depredación y avanzar a una sociedad donde la justicia social sea norma y no excepción.
