"Un comerciante compró un colmado que había sido exitoso durante 25 años, pero de la noche a la mañana, se vino abajo. El nuevo dueño dejo al mismo personal y al ser preguntado sobre el por qué no hizo cambios dijo: ellos saben por qué quebró y sabrán recuperarlo".
El desarrollo del sistema político dominicano ha tenido una accidentada historia que inicia con la fundación de la República en 1844 y llega hasta nuestros días. Las características de cada período histórico están definidas por las fuerzas políticas, económicas y sociales que detentan el poder.
Cada período de la historia política marca al sistema con el sello de la ideología y los intereses predominantes. Caudillismo, clientelismo patrimonialismo, asistencialismo, dictaduras y mesianismo son parte del mosaico de los “ismos” que han marcado la práctica política en el país.
La democracia dominicana puede ser tipificada como cara y deficiente. Hay estudios que avalan este enunciado y eso puede atribuirse a las debilidades institucionales del sistema político, a la falta de compromiso del liderazgo, a la inobservancia de la ética política, la falta de respuestas a los problemas del desarrollo integral, a los rezagos en materia de desarrollo y modernización política.
Reflexionar y analizar las causas que impiden el desarrollo político, la institucionalización y la modernización del sistema es fundamental para establecer relaciones entre la eficacia y la eficiencia del sistema político. Hay falencias como la impunidad, la corrupción y la complicidad que han ido corroyendo las bases de la confianza en el liderazgo político y eso impacta la calidad de la democracia.
El Sistema Político es la expresión organizada de las interrelaciones políticas que fundamentan la interacción entre los entes del Estado. Está conformado por un conjunto de subsistemas sustentan la estructura organizativa de la institucionalidad política. En el interactúan, aunque condicionada por el medioambiente, las entradas (apoyos, insumos, demandas), las salidas (decisiones, acciones o soluciones).
El fundamento teórico del Sistema Político está asociado a categorías perfectamente identificables como el Desarrollo Político. Éste a su vez, tiene como soporte a la Institucionalidad y Modernización Política. Esa combinación lleva implícita un complejo entramado conceptual que requiere aclaraciones puntuales en cada uno de esos aspectos.
Según David Easton, en un sistema político interactúan entradas que pueden ser apoyos, demandas o insumos y salidas que son los resultados, soluciones o respuestas. Caracterizar cada uno de los elementos que conforman el sistema político dominicano ayuda a entender la baja eficiencia del sistema político y la falta de confianza en el mismo. La relación entre las demandas que recibe el sistema político, y las respuestas no se corresponde y eso se complica cuando el ambiente es impactado por la acción colectiva.
Si como ha dicho Helio Jaguaribe, el Desarrollo Político es igual a Institucionalidad Política más Modernización Política, es conveniente explicar los niveles y grados que legitiman un sistema político. Pretender la perfección en los sistemas políticos puede conllevar a la demagogia, pero hay que aspirar a lograr niveles óptimos en cada uno de los componentes.
En la historia política dominicana se evidencian serios rezagos en materia de desarrollo del sistema. En el accidentado relieve político dominicano cohabitan diversas expresiones políticas que muestran niveles distintos de desarrollo institucional. Usted puede encontrar avances en algunos de los subsistemas, como el electoral o el normativo, pero en sentido general, las debilidades supuran a las fortalezas.
Hablar de la Institucionalidad Política en República Dominicana es tan complejo, como referirse a Modernización Política, ya que ambas categorías muestran marcadas inconsistencias y son frágiles. Los esfuerzos para conducir a la democracia dominicana a un desarrollo político han sido perturbadoramente lentos y accidentados. Se ha ido avanzando, pero al ritmo de los vaivenes políticos típicos de lo que el profesor Juan Bosch definió como “arritmia histórica” que permea la historia y la cultura política dominicana.
Las reformas político-electorales realizadas hasta la fecha pueden servir para fortalecer las bases del sistema político, pero hay que implementar los dispositivos instituidos para probar su eficiencia y realizar los ajustes que se requieran. Las modificaciones efectuadas a la Constitución de la República, cerca de 40, muestran ciertos avances y la creación de instancias como el Tribunal Superior Electoral junto a la constitucionalización de las organizaciones políticas apuntan al fortalecimiento del sistema político, pero no es suficiente. Falta compromiso, rigor en la aplicación y respeto a la institucionalidad.
Esa perspectiva se complementa con promulgación de las leyes de partidos y de régimen electoral aprobadas recientemente. Son aspectos destacables que pueden encuadrar los anhelos de quienes aspiran a la trasformación del sistema político dominicano. Para concretar esas aspiraciones se requiere que el subsistema electoral y el de partidos funcione y esa es la responsabilidad del liderazgo político.
Los eventos electorales celebrados en 2020 dejaron ver profundos y preocupantes huecos en el funcionamiento del sistema político dominicano. Tan grave fue el asunto, que fue necesario posponer unos comicios poco después de haber iniciado, bajo el alegato de “fallas técnicas” en el voto automatizado que se implementó. Las tensiones y protestas estuvieron a punto de escalar a una crisis política. Se pudo evitar con un proceso de diálogo usando la plataforma del Consejo Económico y Social.
Los acontecimientos posteriores a ese hecho, que estuvo precedido por falla similares en las Elecciones Primarias Simultáneas celebradas a finales de 2019, parecieron superarse en las elecciones del 15 de marzo de 2020. Hubo informes pocos creíbles de la Organización de Estados Americanos, pero las causas profundas de esos males siguen latentes y se activarán tan pronto sean tocados. Evitar situaciones similares a las ocurridas es tarea del liderazgo político y las instituciones que gestionan al sistema.
Se evitó lo peor, pero el mal que alimenta el síndrome del fraude persiste y espera por un abordaje ético para restaurar la credibilidad de la Junta Central Electoral, seriamente afectada con las fallas del subsistema electoral y el malogrado proceso comicial de febrero 2020. Esos hechos evidencian las debilidades de la Junta Central Electoral como ente rector del subsistema electoral y de partidos.
El liderazgo político tiene un gran reto y una alta responsabilidad para impulsar el desarrollo, institucionalización y modernización del sistema político dominicano. Son accionistas y beneficiarios de un sistema político, donde las organizaciones políticas son financiadas fundamentalmente con dinero público. Eso les obliga a rendir cuentas y apostar a la transparencia.
Muchas cuestiones exigen atención para hacer del sistema político dominicano y de los subsistemas que lo componen instrumentos que ayuden a transformar el formalismo electoral en democracia funcional. Sancionar los delitos electorales es fundamental para avanzar en materia de institucionalidad democrática.
El ejercicio de los derechos civiles y políticos son fundamentales para que un sistema político funcione armónicamente. Si el derecho a elegir y ser elegido es vulnerado la confianza en las instituciones se pierde. Sin instituciones es imposible hablar de sistema y menos aún de democracia funcional. Es así como el gobierno y la sociedad deben apostar a robustecer el sistema político-electoral, eliminando los parásitos que los debilitan y menguan la confianza de la gente en la Política.
Cuestiones vinculadas a la falta de controles en el financiamiento privado a partidos y candidatos hasta el elevado costo de las campañas y precampañas requieren soluciones urgentes. Un mercado electoral donde se impone quien tenga más plata y menos escrúpulos se traduce en un espacio propicio para violentar el derecho a elegir y ser elegido.
Informes de organismos internacionales como OEA y PNUD llaman la atención sobre las fallas que impiden la consolidación de la democracia dominicana. A eso se suma la altísima abstención que se apreció en los procesos electorales citados anteriormente. Cerca de un 45% de la población se abstuvo de participar en el certamen. Eso puede ser muestra de hastío, desencanto o desconfianza en el sistema, sus beneficiarios y quienes lo gestionan.
El sistema político dominicano debe superar grandes retos para ganarse la confianza de la población y cumplir con las expectativas de la gente. Ya sonó la clarinada en febrero pasado y es el preludio de lo que pudiera venir si no se toman los correctivos a tiempo. De no haber reajustes el sistema social, que refuerce los fundamentos del sistema político, el pueblo dominicano seguirá padeciendo las consecuencias de la falta de institucionalidad y la anomia que se observa.
No basta con que la Constitución Política del país, establezca en su artículo siete que “República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho”. Es necesario que ese enunciado teórico sea respaldado con hechos concretos que se expresen en la mejora de las condiciones de vida de la gente. Hoy, más que nunca, se requiere que sociedad, Estado, gobierno e instituciones se articulen en un sistema que pueda dar las respuestas que se esperan de una democracia bien entendida.
Es imperativo avanzar en la ciudadanización de la política para superar el analfabetismo cívico y analfabetismo político, activando los mecanismos de formación política promoviendo una cultura política fundamentadas en virtudes cívicas, principios éticos y valores morales. Cabe aclarar, que tanto el analfabetismo político como el analfabetismo cívico no tienen que ver con niveles educativos. Hay gente que le falta estudio, pero le sobre honestidad, mientras hay otras a las que les sobran títulos y les falta dignidad.
A continuación, cito algunas urgencias que requieren y convocan a la reflexión de quienes aspiran a vivir en una sociedad regida por un sistema político que sirva de base de una democracia funcional donde primen la justicia social y el compromiso ético. Una sociedad donde la solidaridad, la cooperación y la honestidad sean norma, no excepciones:
1. Sancionar los delitos electorales que cometan tanto los partidos como sus miembros, activando los mecanismos de control instituidos para tales fines y sumando el control social.
2. Exigir mayor transparencia a las organizaciones políticas en la selección de quienes se postulan a cargos públicos y sanear las postulaciones antes de aceptar la propuesta candidatura.
3. Controlar el financiamiento privado o eliminar el financiamiento público, dado los altos niveles de discrecionalidad con que se maneja esa parte para evitar que la corrupción y otros delitos financien e impongan candidatos.
4. Responsabilizar a las organizaciones políticas del cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley 15-19 de Régimen Electoral durante los procesos comiciales. El liderazgo político debe ser el más preocupado por el creciente deterioro y la falta de confianza de la gente en el sistema político.
5. Promover un Código Político-Electoral que sea fruto de una profunda transformación de la institucionalidad democrática que garantice transparencia y genere confianza entre los entes que interactúan con el sistema político.
6. Crear mecanismos funcionales que cierren el paso al transfuguismo y a la compraventa de cargos. Quien sale, negocia, es expulsado o renuncia de un partido pierde el cargo y los derechos que de él se derivan.
7. Prohibir que una autoridad electa renuncie de un cargo para ocupar otra posición en el Estado. Evitar que se irrespete el voto popular abandonando el cargo para el que fue elegida. Es una práctica que pervierte la institucionalidad política y debilita la democracia.
8. Establecer incompatibilidades entre un cargo público y una función en el partido. Que se exija renuncia previa en cualquiera de los casos. Los males generados por la permisividad de los partidos y la Junta Central Electoral. Cuando la cúpula partidaria pasa a ser gobierno, y con su poder neutralizar los mecanismos del partido.
9. Exigir el cumplimiento de la capacitación política establecida en la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Que se retengan los fondos a las entidades que no cumplan. Estas leyes no son las deseadas, pero pueden servir para crear las bases de un debate que ayude a mejorarlas.
10. Sustituir el Sistema D'Hondt para la asignación de escaños. Es un método controversial y obsoleto que genera distorsiones y no garantiza transparencia ni justicia.
11. Trabajar para superar las debilidades y prejuicios que impiden la incorporación plena de herramientas tecnológicas a los procesos electorales. Desmitificar los prejuicios sobre el voto automatizado, voto electrónico y voto por Internet.
12. Insistir en el compromiso del liderazgo nacional con la ética política, el fortalecimiento, institucionalización y transparencia de la democracia dominicana.
13. Ciudadanizar la política para superar el analfabetismo cívico y analfabetismo político activando los mecanismos de formación política y promoviendo cultura política fundamentadas en virtudes cívicas, principios éticos y valores morales.
