MIGRACIÓN y SOBERANÍA.

“Se considerara pasible del delito de tráfico ilícito de migrantes el que promueva, induzca, constriña, financie, transporte por vía terrestre, marítima o aérea o colabore de cualquier forma en la entrada o salida ilícita de personas al país, sea como destino u origen, o como transito a otro país, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio, para sí u otros”. Artículo 2,  Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

La República Dominicana es un país libre, independiente y soberano en pleno uso de sus derechos y facultades para fijar y establecer las políticas que faciliten la organización y gobernanza de la sociedad. Renunciar a esa condición implicaría desconocer y menospreciar el sacrificio de quienes han dado su vida en la construcción de la institucionalidad democrática que hoy disfrutamos. Una democracia; débil, formal, siempre mejorable que ha permitido ir consolidando un sentido de pertenencia e identidad con valores que van más allá de la manipulación mediática y política.

Actualmente se debate en todos los ámbitos de la vida nacional la sentencia 168-2013 del Tribunal Constitucional, evacuada tomando como base una instancia que elevó una ciudadana de origen haitiano, quien había elevado un recurso de amparo hecha por Juliana Deguis Pierre para que la Junta Central Electoral, responsable del registro civil, expidiera el carnet de identidad que le había estado negando desde 2007. La sentencia ha destapado una olla de grillos y despertado a ángeles y demonios. Uno y otros deben entender que el Estado debe aplicar las políticas de regulación migratorias y defender la soberanía nacional.

El tema ha servido para que sectores pro y antihaitiano se atrincheren en sus respectivas posiciones. Unos alegan que atenta contra los derechos de nacionalidad adquiridos por nacimiento; otros la defienden y dicen que es necesaria, apropiada y oportuna para resolver los problemas de quienes viven o han adquirido la nacionalidad dominicana de forma irregular. No pocos insisten en reavivar discusiones pendientes sobre la cuestión migratoria, especialmente frente al tema haitiano y fronterizo. El resultado estas discusiones, no debe ser otro que el establecimiento e implantación de una política de regulación que evite problemas mayores en el futuro.

Desde hace un buen tiempo y por diversos casos, el país se ha visto acosado por sectores, que pretendiendo defender derecho adquiridos de ciudadanos nacidos en este territorio dominicano olvidan o ignoran la obligación constitucional de luchar y defender la soberanía del Estado dominicano. A éstos se han unido organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Estos últimos financian y patrocinan campañas de descréditos contra el país, cuando debieran premiarle por la hospitalidad que ofrece a nacionales de otros países y la solidaridad probada con nuestros vecinos.

Tan lejos ha llegado el asunto que en la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y del Caribe organizado por la CEPAL, que se realizó en el país la semana pasada inaugurada  por el Presidente de la República, mujeres que participaban en el evento y que cuestionan la referida sentencia la emprendieron contra el mandatario. Se sabe que esta es una decisión del Tribunal Constitucional y que está fuera del ámbito del Poder Ejecutivo. Aunque la acción se enmarca en el derecho a disentir que le asiste a los grupos organizados y ciudadanos particulares, el escenario no era el más apropiado.

La República Dominicana ha sido, es y seguirá siendo un país altamente solidario, tolerante y hospitalario. Regatear estas cualidades y esgrimir caprichos con tendencias racistas o xenófobas supera el imaginario inteligente de los buenos y verdaderos dominicanos. Cada nación se constituye en Estado, compuesto por un territorio, una cultura común, un gobierno legítimo, una lengua, un sentido de pertenencia y una institucionalidad específica.

Según reseña del periódico el país el mundo de España el 17 de octubre, la Comunidad del Caribe (Caricom) emitió un comunicado en el que señala que la decisión adoptada por el Supremo dominicano “es contraria a los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha llamado repetidamente a República Dominicana a tomar medidas que garanticen el derecho a la nacionalidad y adoptar leyes sobre inmigración y prácticas acordes con lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos”.

Señala, la citada fuente que la primera ministra de Trinidad y Tobago y presidenta pro tempore del bloque, calificó la decisión del tribunal como un acto discriminatorio y llamó a los países que integran la comunidad a tomar parte activa en este debate, “dentro de un contexto en el que República Dominicana busca integrarse a la organización”. Al menos dos de los 15 países que hacen parte de la Caricom, Guyana y San Vicente y las Granadinas, ya han fijado una posición de rechazo a la sentencia que, no se descarta, podría afectar el ingreso de los dominicanos como miembros plenos del grupo.

Se cuestiona que la sentencia de la Corte Constitucional abarque un período tan amplio. Entre otras cosas se establece que se revisará el estatus legal de las personas que nacieron en el país desde 1929 hasta la fecha y cuyos progenitores eran indocumentados. Es evidente que en esta parte se violentó el principio de retroactividad de las leyes. Lo ideal y legal es que dicha revisión se haga a partir del 2010 cuando se incluye en el textos constitucional los postulados que han servido de base a la Sentencia del Tribunal Constitucional. Pero el Plan de Regulación que se propone debe dar respuesta a los problemas que se presente en cualquier período.

La intención de regular ha sido objeto de encendidos debates en el país tras la modificación de la Ley de Migración y sus reglamentos y el establecimiento del Consejo Nacional de Migración. La cuestión se ha centralizado en los nacionales de ascendencia haitiana que han nacido en el país, ya que la sentencia es sobre un caso específico de una joven. Se recuerda que la Junta Central Electoral sacó en el año 2007 una resolución que condicionaba la entrega de documentos de identidad y electoral a presentación de documentos que probaran su condición de inmigrante legal en el país.

Los alegatos giran en torno a los descendientes de los ciudadanos haitianos y de otras nacionalidades establecidos en el país a partir de 1929. Se dice que son dominicanos y dominicanas por haber nacido, crecido y vivido en suelo dominicano. Ahí está el nudo del asunto y es donde habrá que iniciar la búsqueda de una vía de solución al asunto sin renunciar al derecho del Estado y al mandato constitucional de regular la presencia de nacionales de otros países en el territorio nacional.

Unos hablan de una sentencia del mismo tribunal que revise y anule la parte conflictiva del problema, otros propugnan por una Ley de Amnistía Migratoria que resuelva el problema. No pocos, incluidos organismos internacionales propugnan por una salida extraterritorial y que una Corte obligue al Estado dominicano a reconocer la nacionalidad de quienes han nacido y vivido en el territorio de manera irregular. Otros se inclinan por la dotación de un carnet de extranjeros como establece la normativa de migración.

La Constitución dominicana recoge en el artículo 110, el principio de retroactividad y establece que “la ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir". No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación”.

Falta sin embargo, que los grupos en pugnas y el Estado mismo facilite espacios de discusión para buscar solución concertada a la delicada cuestión. Esas soluciones deben servir para resolver las cuestiones que afectan a todos los que habiendo nacido y vivido en el país carecen de la documentación que los acredita como dominicanos, si es que le corresponde tal condición.

Un caso aislado ha levantado un torbellino que debe servir para barrer los prejuicios, mitos y caprichos que pesan sobre el tema, especialmente cuando se trata de las relaciones dominico-haitianas. Las discusiones sobre la sentencia debe servir para que las autoridades dominicanas para establecer políticas migratorias claras y efectivas.

Muchos estados y Haití se incluye, establecer en sus textos constitucionales que los descendientes conservan la nacionalidad de sus progenitores y no contemplan la doble nacionalidad. Ese es otra conflicto que debe ser zanjado entre los Estados involucrados a través de negociaciones diplomáticas donde se aclaren y se establezcan políticas migratorias que viabilicen soluciones y no que generen conflictos que den pie a manipulaciones de grupos que defienden intereses no confesos.

La República Dominicana y Haití son dos Estados que comparten una misma isla pero que tienen particularidades claramente diferenciadas. Haití invadido por fuerzas de la ONU y con una institucionalidad débil, elevadísimos niveles de pobreza y una clase política que dista mucho de la ideal. Resolver los problemas interestatales en la isla es una cuestión de los Estados que la comparten. Las intervenciones foráneas deben ser para aportar soluciones, no para imponer condiciones.

La fragilidad de la frontera dominico-haitiana es tal que se hace permeable como cedazo y por ella se cuelan muchas cosas. Hay mafias que trafican con personas, que contrabandean de todo; y hay también un pueblo que busca salir de esa penosa situación. Controlar el flujo de ciudadanos entre ambos países es fundamental y pasa por un diálogo de alto nivel donde se establezcan las responsabilidades de cada una de las partes. Igualmente se deben elaborar planes comunes para desarrollar la marginada línea fronteriza para facilitar la convivencia pacíficas entre los habitantes de uno y otro Estado.

Es importante que más allá de la Sentencia del Tribunal Constitucional se piense en el diseño e implementación de una política migratoria para el país que coloque a la República Dominicana a la altura de las expectativas del Siglo XXI. Las relaciones exteriores y la diplomacia debe contribuir a mejorar las relaciones del país con otras naciones y promover los valores sustentan los principios soberanía nacional.

El Consejo Nacional de Migración debe emplearse a fondo para resolver cualquier situación en ese ámbito. Los temas y cuestiones migratorias son espinosos y delicados pero hay que enfrentarlos con coraje, decisión y sin prejuicios, respetando siempre los derechos humanos y la tranquilidad de los migrantes. Las instituciones involucradas tienen que orientar sus esfuerzos hacia la solución del problema no ha debatir acusaciones y contraacusaciones racistas. La gente se mueve constantemente de un país a otro y esa movilidad debe estar regulada para evitar roces entre los estados.

La cuestionada decisión del Tribunal Constitucional establece una revisión de los casos de personas registradas irregularmente desde 1929 y un Plan de Regularización, sin importar si son asiáticos, europeos, africanos, americanos, caribeños, dominicanos o haitianos. Ese inventario encomendado a la Junta Central Electoral ha encontrado el rechazo, sin embargo evidencia un marcado descuido que por décadas ha primado sobre el tema que nos ocupa y plantea la necesidad de ordenar y regular el estatus de quienes conviven en el espacio territorial dominicano, respetando los derechos adquiridos por quienes resulten afectados con las acciones que se implanten.

Si se considera que hubo excesos que se corrijan, pero es impostergable que se establezcan y se implanten políticas claras en este tema para el bien y tranquilidad de quienes se interesan por compartir pacífica y ordenadamente con el pueblo dominicano. Eso evitaría ilícitos tan perverso como la trata de personas que sostenidamente ha ido creciendo.

La normativa migratoria facilita y abre posibilidades reales para el establecimiento de políticas de Estado claras, precisas y concisas que nos eviten casos como los que han provocado las discusiones recientes. En el caso específico de los haitianos, hay sectores que no solo trafican con ellos sino que los explotan inmisericordemente. Regular eso, implica que los sectores que traen al país y contratan a trabajadores de esa nación cumplan con la normativa vigente para el beneficio de ambas partes.

Los problemas de la índole que sean, se resuelven enfrentándolos y abriendo espacios de diálogos responsables que generen compromisos de las partes para solucionarlos. En cuestiones migratorias esto es fundamental. A medida que unos Estados se rezagan y otros se adelantan la gente busca vías de escape y eso genera presiones que obligan a regular y a establecer normas claras en materia. La normativa, los tratados y los diálogos son las únicas vías para superar cualquier situación que contravenga el interés de las partes en un conflicto.

El país no es ni puede ser ajeno a las tendencias migratorias de la sociedad moderna y tiene que prepararse para lidiar con cuestiones que parecían triviales antes pero que hoy son fundamentales. La gente sale del campo a la ciudad; y, de las ciudades, muchos parten a otros países buscando oportunidades para desarrollarse, es natural. Es un ciclo normal que debe encontrar orden y seguridad para que el migrante no sea maltratado, engañado o explotado.

CUANDO SE QUIERE, SE PUEDE

No es ético negar el derecho que tiene la gente a vivir, desarrollarse y vivir en los territorios que le vieron nacer. Es obligatorio para el Estado crear la infraestructura básica que le permita a la gente crear las riquezas que le permitan ser feliz.

La provincia de San José de Ocoa ha padecido de una acentuada marginación y muchas veces ha sido excluida de las políticas de desarrollo que impulsan las instancias del Estado. Eso ha empezado a cambiar pero aún quedan grandes escollos por superar. Uno de los más urgentes es la conclusión de los trabajos de construcción y reparación de las vías de acceso, que ya se ha iniciado.

Recientemente hubo un encendido debate sobre la construcción de la Carretera Cibao-Sur pasando por la provincia. Se esgrimieron argumentos a favor y en contra, la posibilidad se esfumó o se postergó y con ella las esperanzas de los pobladores ocoeños de ver concretado su sueño. Una luz se encendió luego cuando se anunció la reconstrucción de un tramo de la vía.

Vinieron los reclamos de las organizaciones ocoeñas y se procedió a buscar fórmulas para reparar la maltrecha vía que va desde el Cruce de Ocoa hasta Piedra Blanca, en la provincia Monseñor Nouel. El primer tramo ya está en fase de conclusión pero este sólo llega hasta el municipio capital de provincia. Las autoridades y organizaciones de la provincia dan seguridad de que la obra se completará antes de concluir la gestión de Danilo Medina.

El tema adquiere ribetes de preocupación porque aunque se trabaja aceleradamente en la vía antes mencionada y el Puente sobre el río Ocoa y existe un campamento en el Distrito Municipal de Nizao-Las Auyamas, en el presupuesto Ley de Gastos para el 2014 no figura ninguna partida asignada para esa obra. Esto ha provocado que organizaciones sociales y las autoridades, se movilicen y desarrollen diversas actividades con el objetivo de que se escuchen sus reclamos.

En un Estado Social y Democrático de Derecho las necesidades de la gente son la prioridad. Hay que colocar a las personas en el centro de acción de las políticas públicas. Incentivar el sentido de pertenencia en las comunidades dominicanas debiera ser parte integral de las políticas de desarrollo. Lograr ese objetivo pasa porque en las zonas rurales y semiurbana existan las estructuras que faciliten el acceso a los servicios públicos.

La gente es principal activo que tienen los pueblos, de eso no hay ninguna duda. Las políticas deben ir orientadas a superar los rezagos de la población y a construir capacidades ciudadanas que potencien el desarrollo de los pueblos, preservando para el porvenir los recursos estratégicos que le sirven de motor.

Luego viene lo material y con ella la estructura productiva y de servicio. La institucionalidad ocoeña siempre ha sido débil a pesar del empeño y laboriosidad de sus habitantes. Son debilidades y carencias que afectan, tanto al nivel del gobierno central como al gobierno municipal. Es tiempo de avanzar hacia una estructura institucional que se corresponda con las expectativas de la gente.

Ocoa es una provincia altamente productiva, con clima envidiable, un rico legado cultural e histórico, y una población hospitalaria sumada a elevado potencial ecoturístico importante merece vías de accesos que se correspondan con esas características. Los niveles de deterioro y abandono que se observan en la actualidad alarman y mueven a preocupación.

La provincia produce de todo, especialmente hortalizas, frutales, café, miel, madera y ganado. Es también, un importante reservorio de agua que requiere ser valorado en su justa dimensión. Sus montañas conservan una invaluable reserva forestal importante que amerita protección y manejo. Es un pueblo que crece sostenidamente y se desarrolla pero necesita que sus vías de acceso y sus caminos rurales sean reparados. Debe ser una responsabilidad compartida y coordinada entre el gobierno central y los ayuntamientos.

Las comunidades ocoeñas se vacían aceleradamente. Los productores rurales venden sus tierritas “a precio de vacas muertas” y emigran. Muchas escuelas han sido cerradas. La gente no encuentra condiciones para desarrollar su potencial productivo. Esto tiene consecuencias devastadores en la producción de alimentos, en el hábitat suburbana y  en las ciudades.

El estado precario de las vías de comunicación con otros pueblos impide a la provincia desarrollar todo su potencial. Esto se agrava por el abandono de los caminos rurales que dificulta y encarece, no sólo el acceso a las hermosas montañas ocoeñas sino también el costo del transporte hacia y desde esos lugares. Transportar la producción de esas zonas es una verdadera odisea siendo el productor quien lleva la peor parte.

 

¿Qué hace un hombre con tierra en la ciudad? Esta pregunta que hace buen tiempo plasmó Manuel Jiménez en unas de sus canciones, es difícil de responder pero preocupa enormemente. Los esfuerzos de las autoridades, organizaciones y comunitarios deben orientar hacia la sostenibilidad ecológica de la gente en sus territorios, ya que es mucho lo que se puede obtener. Para ello se requiere compromiso y apoyo de las instituciones que trabajan y promueven el desarrollo integral de los pueblos. 

Las necesidades de la provincia no se limitan a vías de acceso; también hay problemas serios de desempleo, déficit institucional, delincuencia, deforestación y debilidad de la estructura organizativa pero transitar cómodos y seguros por nuestras tierras gratificará a tanto a la creciente población ocoeña como a quienes nos visitan.

Las oficinas policiales y militares requieren intervención. Se necesitan espacios adecuados y seguros para las prácticas deportivas. Se trabaja en algunas aéreas pero falta articulación compromiso y coordinación. Los servicios de energía eléctrica y agua potable siguen siendo asuntos de cuidados, a pesar de los esfuerzos realizados en esos ejes.

Concretar y considerar políticas integrales efectivas de desarrollo local requieren grandes esfuerzos y no pocos recursos. De ahí que  se imponga el diseño de Planes Estratégicos de Desarrollo debidamente socializados que sirvan de eje articulador a las acciones que se pacten. Estos planes deben priorizar las acciones que superen el asistencialismo clientelista e instituyan políticas coherentes con las necesidades de los territorios.

La participación social informada es fundamental para lograr ese objetivo. De poco sirve organizar a la gente para manipularlos o neutralizar cualquier acción transformadora. La democracia requiere contrapesos y la gente de San José de Ocoa lo sabe. La manipulación pudo ser útil en los siglos pasados, pero hoy, su eficacia es efímera porque el flujo de información se ha “democratizado” por el fuerte impacto de las redes sociales.

El cuadro antes descrito sirve para sustentar el justo reclamo que hemos emprendido para hacernos visibles, exigiendo que el Estado devuelva en bienes y servicios lo que pagamos en impuestos. Completar el Corredor Ecológico Padre Luís Quín es un buen empuje al desarrollo de la provincia y gran alivio para su gente.

El programa de asfaltado, así como la construcción de aceras y contenes es una muestra clara de que cuando el gobierno se une a los ayuntamientos, coordinando y complementando sus ejecutorias las intervenciones son más efectivas y se aprovechan mejor los recursos.

Esas alianzas y esas articulaciones deben ser replicadas en toda la estructura institucional de la provincia, para que los recursos que se inviertan contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la gente y se impulse el desarrollo de esa importante y acogedora provincia. No es un regalo que estamos pidiendo, es lo que nos toca que estamos exigiendo, en proporción a lo que aportamos al PIB.

Señores autoridades, dispongan las partidas que se requieran para concretar la obra e incentivar el empleo en San José de Ocoa ¡Cuando se quiere, se puede! De eso no hay ninguna duda. Confiamos que se completará la carretera Cruce de Ocoa - Piedra Blancas y que se prestará atención especial a la Carretera Ocoa – Constanza para facilitar la movilidad y garantizar los derechos de nuestra gente y en las comunidades rurales trabajará en la reparación de las vías internas.

Los habitantes de San José de Ocoa necesitamos apoyo para desarrollarnos y vías adecuadas para continuar aportando al desarrollo del país. Esperamos que el Señor Presidente de la República sea receptivo ante estos reclamos e interceda para que se tomen las medidas que coloquen a San José de Ocoa en la agenda de prioridades del Superior Gobierno.

COLMADEROS, DELÍVERYS Y RIESGOS LABORALES.

La sociedad dominicana ha ido evolucionando y con ella la forma de adquirir los productos que consumimos. De la pulpería, ventorrillo o almacén hemos pasado a los colmados y colmadones con servicio a domicilio. Ese servicio establecido por los dueños y administradores de colmados en la capital que es realizado por jóvenes que generalmente provienen desde el interior del país, con bajos niveles educativos, con altos niveles de pobreza en su entorno familiar y expoliados por el desempleo. Vienen buscando una oportunidad para lograr sus sueños.

Es tal la vulnerabilidad de este importante sector que trabajan sin poner ninguna condición. Las condiciones las fija el patrón, muchas veces al margen de la normativa laboral. Realizan diversos trabajos dentro y fuera de la “bodega” o colmado. Unos, los más hábiles e instruidos los hacen “jefecitos” y  los incorporan a la gestión del negocio. Surten, acompañan en los inventarios, hacen de cajeros y asignan tareas al resto del personal.

Los colmaderos y deliverys, son esos muchachos y jóvenes que a cualquier hora están prestos a llevar un servicio a nuestros hogares. Esos jóvenes y otros ya no solo dejan parte de su vida útil para engrosar las arcas de los dueños sino también que exponen su vida constantemente. No faltan quienes de a poco y aprovechando cualquier oportunidad se asocian con el dueño o reciben alguna ayuda familiar y se hace dueños de sus propios negocios. Estos son los menos, la regla es que terminen exprimidos y convertidos en bagazo. Ellos están en todos los barrios y en todas las ciudades. Se le ve en su motorcito surcando las calles, detrás de los mostradores o frente a las cajas cobrando.

Dentro de este esquema: dueño, administrador, dependiente y delivery se establece una línea jerárquica tácita, no escrita pero que funciona. Es un sistema que hace caminar el negocio. Cada uno tiene sus funciones y éstas marcan las escalas salariales y los beneficios que reciben. En este ámbito los riesgos son permanentes y constantes. Se accidentan mientras hacen servicios de deliverys, los atracan y muchas veces son acusados de delitos que no cometen cuando no quieren pagarle sus prestaciones. Es todo un drama humano el que hay detrás de estos humildes servidores.

Paco, un fornido banilejo de 27 años, empleado de un colmado en el Distrito Nacional, quien lleva servicios a domicilio cuenta que el realizar ese servicio, no lo exonera de las demás actividades dentro y fuera del recinto comercial. Señala que los horarios sobrepasan la media noche y que no recibe beneficios por trabajo realizado fuera de los horarios. Esa información es confirmada por Julián, un ocoeño de 40 años que funge como administrador. Este último dice que trabajando en colmado ha criado y educado a sus dos hijos y envía unos chelitos mensuales a sus padres.

Ambos coinciden en señalar los riesgos a los que se exponen tanto dentro como fuera del negocio, ya que son frecuentes los atracos y asaltos. Esto los mantiene siempre a la expectativa pero dicen: “nosotros no le paramos a eso, uno se acostumbra a bregar con el tigueraje; tenemos familias a que mantener en nuestros pueblos.  Esas son las razones que nos obligan a dar la pelea en la capital, los empleos en los pueblos son escasos, tú lo sabes”.

Paco y Julián como otros tantos, se dedicaban a la agricultura en sus pueblos y practicaban beisbol y otros deportes, concluyeron el bachillerato pero no tenían recursos para continuar sus estudios universitarios y optaron por emplearse de colmaderos. Reflexionan y dicen que hoy Paco, que es bueno en números, fuera ingeniero y Julián tal vez un Administrador de Empresas, que era y es su pasión. Ninguno de los dos pierde las esperanzas de lograr sus sueños pero reconocen que su trabajo limita sus posibilidades.

Paco dejó a su mujer con un niño en casa de sus padres, dice que así se ahorra el pago de alquileres, y de paso, beneficia a su familia ya que son gente pobre. Es el mayor de 5 hermanos y es el único que trabaja y lleva algo a la casa. Su padre Ramón, dejó el campo y ahora trabajo de motoconcho en el pueblo y su madre Josefa se dedica a lavar y a planchar por paga. Arturo el hermano que le sigue ya ha entrado a la universidad y depende de su apoyo para estudiar. El resto sigue estudiando, como pueden, gracias a lo que él envía mensualmente. Está feliz de poder contribuir para que sus hermanos menores estudien y sigue dispuesto a trabajar para que logren sus metas, “mi familia es pobre pero honrada y trabajadora”, dice.

La falta de orientación y disposición los mantiene en una condición de semi-esclavitud donde no pueden estudiar para superar su condición. Aparece uno que otro patrón que apoya a un joven inquieto, permitiendo que se prepare en alguna área técnica o yendo a los centros de enseñanzas formales. Este derecho humano convertido en privilegio de unos pocos debiera ser la norma pero la carencia de contratos formales entre empleado y empleador deja fuera cualquier reclamo.

Trabajar es un derecho fundamental que asiste a todo ciudadano con capacidad para desempeñarlo. En República Dominicana, este derecho está garantizado constitucionalmente y se rige por un conjunto de normativas entre las que se destaca el Código Laboral y la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Desde esa perspectiva, es alentador mirar el asunto, la cuestión es cuando vamos a la práctica y nos encontramos con las violaciones e incumplimiento de esas leyes y sus complementos.

Como derecho y deber, el trabajo debe ser realizado en ambiente lo más seguro posible y la paga debe ser proporcional al riesgo de la actividad que se realiza. Es un abuso de quienes emplean a jóvenes en sus negocios y no los proveen siquiera de un seguro de salud, además de que violentan las leyes y las sanciones, cuando aparecen son muy tímidas. Eso tiene que encontrar un espacio de reflexión entre los empleadores para que los muchachos trabajen contentos y sus negocios prosperen.

Con frecuencia, estos muchachos pierden la vida en el desempeño de sus funciones o quedan lisiados, cuando esto sucede, los gastos y  la carga es para su empobrecida familia. Muertes por accidente, asaltos, atracos, incendios y otros accidentes son frecuentes. También son víctimas de calumnias tanto por parte de clientes como de sus patronos. Muchas veces estas acusaciones se usan como argumentos para negarle sus prestaciones laborales.

Las familias deben preocuparse por saber dónde y en qué condiciones trabajan sus miembros cuando salen de sus pueblos. Se sabe que la desesperación por la falta de empleo los lleva aceptar la primera oferta que reciben, generalmente de algún amigo que salió primero, y ya está “establecido”. Otros entran a trabajar con familiares y allí la explotación es tan cruel como en los casos de particulares. Duermen en los colmados haciendo de seguridad, lo que implica un ahorro para el dueño.

Los colmaderos y deliverys tienen que ser tratados con respeto, consideración y admiración no sólo por sus empleadores y familiares sino también por las autoridades de los pueblos a los que pertenecen. También las familias que reciben y se benefician de sus servicios deben verlos como seres humanos que hacen de tripas corazón para ganarse dignamente el sustento propio y el de sus familiares ¿Qué cuesta brindarle un saludo, un cafecito o darle las gracias a quienes corren el riesgo por nosotros en las calles para llevarnos los medicamentos, el pan, las provisiones y hasta las bebidas?

La informalidad, la falta de supervisión oficial y el desorden en las relaciones laborales no son exclusiva de este sector, también las sufren quienes prestan sus servicio en bancas de apuestas,  los empacadores de supermercados, guachimanes, cobradores de guaguas, servicios domésticos y otros empleados, por tanto, es un tema que requiere atención. Humanizar las condiciones de trabajo de cualquier obrero engrandece al patrón y eleva la autoestima del empleado y el rendimiento es mayor.

Recientemente, un colmado se incendió en la madrugada y 3 empleados murieron. Según se comenta no pudieron salir y se asfixiaron. Se dice que muchos dueños hacen que éstos cierren por fuera y a sus empleados encerrados como cerdos. Al producirse cualquier emergencia no pueden salir ¡Eso es inhumano, ilegal e indigno! Las autoridades deben investigar y establecer responsabilidades para prevenir este tipo de hechos. Minimizar el riesgo, cumplir la normativa y orientar a sus empleados es una responsabilidad del empleador.

Si su empleado está sano, come bien y a tiempo; si duerme cómodo y seguro estará en mejores condiciones de trabajar y producir. Prueben señores empleadores y verán la diferencia en sus negocios. Hagan que sus empleados se sientan orgullosos de ustedes, sean sus amigos; denle confianza, oportunidades condiciones para desarrollar sus capacidades y verán que en vez de maldiciones, malquerencias, rabietas y demandas cuando salen le agradecerán por haberle empleado.