Hay una enorme brecha entre los discursos y las prácticas de convivencia ciudadana. Traducido al mundo político este postulado adquiere ribetes preocupantes. Se ha afirmado, con razón que la política ha perdido su esencia. La impunidad y la falta de sanción social y moral contra quienes utilizan la actividad política para lucrarse, incentivan el fomento de prácticas corruptas en el accionar político.
Cuando nos referimos a la brecha ética, asociada a la práctica política nos afincamos en que la mayoría de los políticos, por no decir todos, conocen lo que es bueno y lo que es malo. Saben lo que deben y no deben hacer. Faltan a la ética y la moral con plena conciencia. Calculando los beneficios. Actuando muchas veces amparados en la defensa de los mismos valores que transgreden.
Se habla frecuentemente de una doble moral pero quienes faltan de forma conciente y calculada se exponen al descrédito ¿Cómo van a tener doble moral quienes transgreden las normas socialmente aceptadas como morales? Quienes asumen un comportamiento antiético, sencillamente no tienen ninguna moral. Constituyen una especie de analfabetos morales con serios trastornos de comportamientos. Concientes de los perjuicios que causan a la sociedad con sus actuaciones, se convierten en inmorales, pervertidos enfermizos e irresponsables, cuyo comportamiento debe ser sancionados socialmente. Se impone una aclaración sobre este aspecto tan enraizado en la cultura popular.
Para citar algún ejemplo que sea equivalente podemos citar el caso de los juristas. Es muy frecuente ver y escuchar a profesionales del derecho violentar deliberadamente las leyes. A estos le debe corresponder una pena doble por las faltas cometidas. Así las faltas éticas deben ser sancionadas ejemplarmente, dado el potencial destructivo que conllevan para la sociedad. Cuando estas faltas se dan a nivel político y se acompañan de la perniciosa impunidad que comúnmente se da en ese ámbito sus estragos son letales.
Los principios éticos y los valores morales no pueden ser utilizados como un traje, cuyo uso depende de las circunstancias y el contexto. Su práctica tiene que ser algo permanente. Una cuestión de principios. La falta de sanción social y moral generaliza la perversión de los valores éticos. Esa impunidad cuando alcanza la práctica política se convierte en una seria amenaza para la estabilidad del sistema y la democracia política.
La impunidad es una de las peores formas de corrupción y en la política se expresa a través de contubernios, trafico de influencias, complicidades y otras expresiones clientelistas que lesionan seriamente la estructura institucional de la sociedad. Quien propicia o defiende la impunidad se hace cómplice y responsable de sus efectos. Lo mismo vales para quien comete el delito o falta como para el que lo tolera o impide su sanción.
La onda expansiva de los comportamientos antitéticos y amorales, tienen que encontrar un repudio social masivo y contundente. La sociedad que no dispone de sistemas institucionales de consecuencias funcionales sólo le queda recurrir a la sanción social y moral. De otro modo, se corrompe a grado tal que puede caer en la anomia que destruya los fundamentos de la convivencia social.
Ética y práctica política tienen que funcionar en el mismo plano. La ética no sólo debe acompañar la práctica política sino que debe servir para controlarla. No hay ni puede haber razones que justifiquen la corrupción política imperante. Política bien ejercida refuerza los principios éticos y los valores morales. Fortalece la cultura cívica y rechaza la impunidad o cualquier tipo de privilegio.
Comprometerse a promover los principios éticos y los valores morales tiene necesaria e irremediablemente que prescindir de asumir los postulados éticos como un discurso. Tiene que asumirlos como una filosofía de vida que pueda servirle a los demás como un referente para su actuación. Como decía Emmanuel Kant: actúa de forma tal que tu comportamiento se convierta en legislación universal.
Fabián Díaz Casado.09 de diciembre de 2009.
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