“Mientras
no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos
dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones”. Juan Pablo
Duarte.
El domingo 22 de enero
del año en curso es una fecha memorable para la democracia dominicana. Esto se
debe a que intelectuales, organizaciones sociales, instituciones de fe y partidos
políticos de oposición organizaron la “Marcha
Verde por el Fin de la Impunidad” y la erradicación de la corrupción con un
éxito indiscutible en términos de cantidad.
La actividad que inició
a las 10 de la mañana, en la intercepción de las avenidas 27 de febrero y
Máximo Gómez del Distrito Nacional, recorrió parte de la Calle Dr. Delgado,
Méjico hasta tomar la 30 de Marzo para llegar al Parque Independencia pasado el
mediodía. Las redes sociales sirvieron como plataforma para la difusión y
masificación de la convocatoria, conjuntamente con la prensa, la radio y la televisión.
La convocatoria de la
marcha involucró a diversas entidades y organizaciones entre las que se
destacan: Foro Ciudadano, el Centro Juan XXIII, Poder Ciudadano, Somos Pueblo,
Comisión Nacional de Derechos Humanos, Centro Bonó, Federación Nacional de
Trabajadores Independientes de la Construcción (Fenticon), Bloque Popular y Participación Ciudadana. Además, el
Movimiento de Trabajadores Independientes, Movimiento de Mujeres Trabajadoras,
Los Cañeros, Comité Codiano, Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte,
Peregrinos de Moca, FEFLAS, FAPROUASD, La Multitud, Frente Universitario
Renovador y Grupo Milenio Verde, entre otros.
El llamado concitó el
apoyo de amplios sectores, incluida las principales fuerzas políticas de
oposición política quienes ejerciendo un derecho fundamental salieron a las
calles. Se destacan el Partido Reformista Social Cristiano, el Partido
Revolucionario Moderno, Frente Amplio, Alianza País, Onda Democrática, PCT,
MIUCA, FALPO, Movimiento Patria para Todos, Fuerza de la Revolución, Movimiento
Rebelde, entre otros. Delegaciones del interior del país se dieron cita y en el
exterior también hubo marchas, tal es el caso de New York y otras ciudades.
Como se ve, hubo un apoyo amplio y diverso.
El contexto de la marcha-protesta se advirtió al
funcionariado sobre el impacto que produce la corrupción y perversión de la
administración pública. Se llama la atención por la falta de sanciones a los
delitos contra erario, especialmente la sustracción de fondos públicos. También
se reclaman sanciones a corruptos y corruptores, así como la creación de
comisiones de seguimiento para evitar la impunidad y prevenir la corrupción.
Tomando el Fin
de la Impunidad como consigna predominante plasmada en diversas
modalidades de pancartas y partiendo del escándalo generado por las tratativas
perversas de ODEBRECHT, empresa constructora brasileña que ejecutó proyectos
multimillonarios en varios países de América Latina el pueblo y sus
organizaciones salieron a las calles a reclamar sanciones y explicaciones. Esa
La empresa admitió haber sobornado a funcionarios, ignorando las normativas que
rigen las negociaciones del Estado con empresas y particulares.
En el caso dominicano,
la empresa reconoce que pagó 92 millones de dólares como soborno pero no dice
quién o quienes recibieron el dinero, monto que a juicio de muchos, es ínfima
comparada con la magnitud de los contratos obtenidos. Aunque la Procuraduría
General de la República anunció a un acuerdo donde los directivos de ODEBRECHT
se comprometen a devolver el doble de la cifra referida al soborno, hay
reclamos para que se apliquen las penalidades contempladas en la normativa que
sanciona el delito de soborno (sobornante
y sobornados).
El país cuenta con una
normativa amplia que regula las compras y contrataciones públicas, así como
otra específica que regula las negociaciones del Estado con empresas nacionales
e internacionales. Ambas normativas, establecen procedimientos orientados a
garantizar la transparencia. De igual modo establecen las sanciones para casos
de inobservancia.
Nos referimos
específicamente, a la Constitución de la República, a la Ley No. 340-06 sobre
Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y la Ley
448-06 Sobre Soborno en El Comercio e Inversión, así como las sanciones
establecidas en el Código Civil. Estos instrumentos han sido violados por la
ODEBRECHT y sobre esa base se exige que el Estado imponga las sanciones que
correspondan, tanto a la sobornante como a los sobornados.
El escándalo, ha sido
de tal magnitud, que la empresa ha devuelto recursos en Perú, Panamá, Ecuador y
Brasil donde tiene su sede. No basta con que pague al Estado, lo estipulado en
la normativa, sino que se esclarezcan las responsabilidades de ambas partes,
que se sancionen y se tomen las previsiones para que no vuelvan a repetirse.
Tanto la impunidad como
la corrupción tienen un largo historial en el país y este parece haber llegado
a su clímax. Eso explica la respuesta masiva al llamado cívico-político y el
encono de la gente con la falta de sanción a los delitos cometidos contra el
erario. Hay expedientes, que por una razón u otra quedan engavetados y los
culpable exonerados y motivados para continuar con la práctica perversa de
corromper y pervertir la administración pública.
No es una modalidad
nueva ni exclusiva de ODEBRECHT y eso
pone en alerta a quienes apuestan por la transparencia en la gestión pública y
la prevención de la corrupción administrativa. De ahí que la marcha verde haya
concitado un apoyo inusitado, superando las expectativas de los convocantes.
La pregunta ahora es
qué hacer tras el éxito indiscutible de la Marcha
Verde por el Fin de la Impunidad, es evidente que se requieren acciones que
hagan de la transparencia administrativa una regla que se aplique en todos los
ámbitos de la vida democrática. Que la impunidad sea erradicada del imaginario
colectivo requiere que se construyan redes que generen confianza entre la
justicia y la sociedad.
¿Es posible erradicar
la corrupción?
Las respuestas a esta pregunta son relativas. La corrupción en mayor o menor
grado convive con la gente e interactúa en sus entornos sociales, religiosos,
políticos y gerenciales. De ahí la dificultad para erradicarlo pero se puede
prevenir. Lo que no debe existir es un sistema judicial que permita e incentive
comportamientos indecorosos en ninguno de los ámbitos antes mencionados y mucho
menos que haga de la aplicación de las normativas un uso discrecional y
excepcional.
Generar confianza y
sacar del imaginario colectivo, la idea de que la gestión privada es
transparente y que en la gestión de lo público, la opacidad es regla, pasa por la
instauración de una nueva cultura cívica, anclada sobre principios éticos y
valores morales acorde con las funciones de cada gerente público o privado.
La marcha verde contra
la impunidad, es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos de la
democracia dominicana de cara al Siglo XXI. No se puede pretender que se trata
de sustituir un gobierno por otro. Se trata en cambio, de generar las
condiciones para el adecentamiento de la práctica y la cultura política. Esta
es una función del liderazgo Social, empresarial, religioso y político.
Los cambios no serán
productos de las acciones enmascaradas de grupos oligárquicos sino de la acción
de las masas dirigidas y orientadas por proyectos que coloquen a la gente en el
centro de las políticas pública y le hagan partícipe de los procesos de
transformación que requiere el país.
Las famosas “revoluciones
de colores” o la “primavera árabe” sirvieron para
acelerar el proceso de recomposición de los fundamentos del capitalismo
depredador y el afianzamiento de sectores reaccionarios en la conducción de los
procesos. Fueron revoluciones mostrencas, acciones de masas que pudieron ser
aprovechadas para transformar sus sociedades pero el liderazgo no entendió el proceso
y terminó favoreciendo a las fuerzas conservadoras y esto se debe evitar.
La democracia
dominicana requiere ajustes con urgencia pero estos deben ir acompañados de la
construcción de un frente antioligárquico que concite el apoyo de los sectores
menos favorecidos con el modelo económico y político implementado en los
últimos 30 años. La lucha de clases no ha concluido, solo asume, nuevas formas,
características y expresiones.
El capitalismo
depredador y sus modelos excluyentes tienden a colectivizar la pobreza y a privatizar
las riquezas. De ahí que la lucha por mayor equidad, inclusión, compromiso y
justicia social sea una necesidad para mejorar la calidad de la democracia en
el país. Eso pasa por transformar la democracia formal en una democracia
funcional. Es decir, transformar la democracia liberal burguesa en democracia socialista revolucionaria.
Se debe avanzar a una
democracia funcional que reivindique la política, defienda lo público, que
coloque a la gente en el centro de su accionar y transforme la cultura cívica
en acciones a favor del compromiso social. Que haga de esta un instrumento para
viabilizar el desarrollo integral de la sociedad dominicana, que motive y
genere confianza y canalice las esperanzas.
Se impone por tanto,
una agenda postmarcha, que incluya la depuración de los actores convocantes y
participantes, así como el diseño de una estrategia de lucha política y social
que refuerce los valores cívicos con la democracia funcional y los principios
éticos con la gestión pública.
Hay que superar el
dicho popular de “juntos pero no rebrujados”. Eso no ayuda ni motiva, ya que no
se pueden tener corruptos preferidos cuando de sancionar la corrupción se
trata. La inobservancia a la norma es tan mala como la aplicación antojadiza y
selectiva de la misma. La Ley debe aplicarse a todos por igual, sin distinción
de ningún tipo.
No existe un recetario
para avanzar en el la lucha contra la impunidad pero reforzar la cultura
política y los valores cívicos, sumados a la aplicación de marcos normativos
justos y equitativos contribuye a mejorar la calidad de la democracia y puede
restaurar la confianza de la gente en la política y quienes la ejercen.
La marcha es una de las
acciones colectivas mejor articulada, más pluralista y concurrida realizada en
el país en los últimos años. Su cobertura tanto a nivel de redes sociales como
de la prensa tradicional así lo evidencia. Su impacto ha despertado en la gente
un interés cuestionador de amplios sectores de la sociedad dominicana.
La “Marcha Verde” por el Fin de la Impunidad” fue un
ejercicio de un derecho fundamental,
anclado el ámbito democrático que habla bien del grado de madurez que ha ido
alcanzando la democracia dominicana pero falta mucho camino para que el
desarrollo político, la modernización y la institucionalidad política se
instauren como regla y no como excepciones. De ahí la importancia de trabajar
para construir un contrapoder que contribuya y acelere el proceso de
transformación del formalismo democrático en democracia funcional.
Tras el éxito de la
marcha por el Fin de la Impunidad se impone una reflexión político-social
y la depuración de los entes involucrado, separando a quienes buscan escudarse
en esas marchas. No puede ni debe haber corruptos o corruptores preferidos. Eso
deslegitima, pervierte y confunde.
Se deben definir las
agendas de lucha y clarificar los liderazgos así como la habilitación de
espacios de diálogos para evitar la cualquierización de las luchas sociales
para que las acciones colectivas sirvan para fortalecer la cultura cívica,
transformar la cultura política, activar los mecanismos que sustentan las
políticas de transparencias del Estado y fortalecer los fundamentos de la
institucionalidad democrática. Hacia allá deben ir las próximas acciones.
