“Como el medioambiente está interrelacionado a
la acción humana, la preservación de Valle Nuevo pasa por una comprensión de su
ubicación en el país de hoy y de los procesos que han llevado al
aprovechamiento de sus recursos. Debe ser una demanda del país que la acción
humana contribuya a la preservación del medio, que Valle Nuevo se constituya
ante todo en un productor garantizado de agua y aire puro, que sea en el
porvenir un sitio de una historia comprometida con la naturaleza”. Dr. Roberto
Cassá.
El Parque Nacional Dr. Juan Bautista Ramírez Rancie, conocido
anteriormente como Valle Nuevo comprende un área vasta e intrincada de la
geografía nacional. Sus límites tocan a las provincias de Azua, San José de
Ocoa, Monseñor Nouel y La Vega. Su declaratoria data del año 1996, cuando se
votó el Decreto 233/1996 y más tarde se reforzó con la Ley de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (64-2000) y la Ley 202-04 de Áreas Protegidas.
El Parte abarca un área aproximada de 900 Km2, distribuidos en las provincias de La Vega,
Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Azua. Sus límites están a 15 kilómetros de
la ciudad de Constanza. Alimenta a tres cuencas hidrográficas distintas, la del
Nizao, Yaque del Sur, Yuna, Grande, Cuevas, Blanco, Banilejo, Ocoa y Tireíto. El
Parque Nacional tiene a la carretera Gral. Antonio Duvergé como vía principal que
lo atraviesa de norte a sur.
Diario Libre reseña que los “Propietarios de terrenos en Valle Nuevo,
que dicen poseer unas 450,000 tareas, reiteraron que sólo tienen en producción
agrícola 250 tareas, equivalentes al 0.0001%. Esos propietarios son: Granja
Mora, presentada por Gregorio Mora, dueña de 24,000 tareas; Explotación
Maderera de Constanza, representada por Luis A. Mercado Aguayo, 250,000 tareas;
Sociedad Agrícola del Valle y Ganadera del Valle, representadas por José Delio
Guzmán y José Delio Ares Guzmán, 148,000 tareas, 150 están en producción y 5 mil
en un proyecto ecoturístico; Flores Purama, representada por Tomás Villamán,
150 tareas, 20 en producción de fresas orgánicas; Flores Antillanas,
representada por Miguel Crouch, 517 tareas, sólo 70 con fresas orgánicas”. (Diario Libre, 06/010/2017).
Históricamente las intrincadas cadenas montañosas y su hermoso valle
fueron surcados, primero por los aborígenes, luego por esclavos en busca de
libertad. Los monteros hicieron de la zona un lugar de caza de reses y cerdos
cimarrones. Luego, esas tierras fueron marcadas por las huellas de patriotas y
revolucionarios. Entre estos se destacan, el Dr. Hipólito Rodríguez (Polo), que
en 1963 se estableció en la zona con un foco guerrillero, como parte de la sublevación del Movimiento Revolucionario 14 de Junio contra el gobierno de El Triunvirato.
La zona sirvió de escenario de combate y entrenamiento de unidades y
grupos guerrilleros, así como para el entrenamiento de las fuerzas
antiguerrillas del Estado (Cazadores). En la zona de Arabia fue abatido, el joven
revolucionario Orlando Mazara en 1967 por fuerzas del gobierno del Dr. Joaquín
Balaguer Ricardo.
Sus tierras fueron regadas con la sangre, el sudor y la rebeldía del
Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, quien escogió la zona para instalar una
dotación guerrillera en 1973. Allí está sembrado su coraje tras caer prisionero
y herido. Fue fusilado junto a Geordano Lalane José y Alfredo Perez Vargas.
De los 8 hombres que acompañaron al Coronel de Abril, en su desembarco
por Playa Caracoles, el 02 de febrero de 1973, solo 3 sobrevivieron luego de
intensos combates y una férrea persecución. Se proponía derrocar al régimen
corrupto, represivo y entreguista impuesto por el neotrujillismo balaguerista
en sus primero 12 años (1966-1978). (Hamlet
Herman Pérez, Revista Caracoles).
A pesar de su importancia estratégica para el desarrollo nacional y su
alto valor como productor de agua en sus cuencas y microcuencas, ha sido
víctima de la explotación agropecuaria y forestal. Primero la extracción de
madera, especialmente de pino y sabina. A mediados del siglo pasado, se instaló
en toda la zona del Parque una serie de aserraderos que diezmó los bosques de
la zona. Esas eran acciones legales que datan de la Era de Trujillo, donde se
promovió esa práctica como negocio.
Recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente ha retomado el tema y ha
dispuesto, mediante resolución, un plazo hasta el 29 de enero del año en curso,
para que los productores y empresarios insertos en el área que comprende el Parque,
especialmente en Valle Nuevo salgan de la zona. Esta medida ha generado un
amplio debate, ya que productores y empresarios agrícolas tienen décadas
instalado y produciendo en esos territorios. Consideran que se deben concretar
acuerdos y arreglos con las autoridades donde se beneficien ambas partes.
Tanto los grandes propietarios como los medianos tienen largos años de
vida en la zona, y consideran que se han realizado esfuerzos para preservar la
zona. Se han hecho esfuerzos para solucionar la situación y lograr la salida de
la gente del Parque Nacional Dr. Juan B. Ramírez Rancier-Valle Nuevo. Hay
quienes afirman que hay gente que recibió millones como pago para que abandonen
la zona y el problema sigue ahí.
Se han desarrollado viarios planes de reforestación se han desarrollado, sobre todo en la
cuenca del Río Ocoa. El impacto de la acción humana ha sido tal, que ese
importante Río está prácticamente seco. No solo porque la deforestación ha
diezmado sus aguas, sino también, porque manantiales, arroyuelos y arroyos son canalizados
hacia fincas para el regadío de predios agrícolas y otras actividades
vinculadas a la agroforestería o la agropecuaria.
Esas acciones se han desarrollado al margen de la normativa vigente,
tanto las que declaran la zona de alto interés estratégicos y prohíben las
actividades que lesionen o impacten negativamente los ecosistemas de la zona,
como las regulaciones establecidas en la Ley General de Medio Ambiente y
Recursos Naturales. A raíz de la declaración del 2017 como el “Año Nacional del
Desarrollo Agroforestal”, el debate en torno al tema, adquiere mayor
relevancia.
Los asentamientos humanos empezaron a desarrollarse y con ellos el conuquismo
a pequeña escala. Más tarde, grandes terratenientes se instalaron en la zona e
iniciaron un proceso acelerado de agricultura intensiva. Ambas prácticas,
aceleraron el proceso de deforestación, cuyas huellas se evidencian con una
simple inspección empírica.
La crianza de ganado, es otra práctica que tiene marcada presencia zonas
que corresponden al Parque Nacional, la cubierta boscosa y contamina sus aguas.
Los incendios forestales, unas veces accidentales otras de manera intencional,
aportan su cuota de destrucción tanto a la flora y la fauna como a los
acuíferos que abundan en el área.
Esas prácticas se agravan por la falta de orientación de las autoridades,
así como por la inobservancia de la Ley 64-00 y su normativa complementaria.
Incide también, el interés de grandes productores de maximizar ganancias a
costa de la degradación medioambiental y contaminación de los recursos
naturales, especialmente del agua.
Ahora, que el Poder Ejecutivo ha declarado el 2017 como el “Año
Nacional del Desarrollo Agroforestal”, es oportuno recordar, la
importancia de esa zona como productora de agua tanto para las provincias que
conforman el Parque como para las que se benefician en recorrido de arroyos y
ríos que nacen en el mismo.
Proteger esas cuencas hidrográficas, más que un deber, es una obligación
del Estado. En lo que respecta, a San José de Ocoa tiene ya un serio problema
de escasez de agua, tanto para el consumo humano y animal como para la
producción agropecuaria e industrial.
La disposición de desalojar a quienes ocupan el vasto territorio que
conforma el Parque Nacional no es un capricho ni es el primer intento. Esta
vez, la acción es impostergable dado el alto impacto de la acción humana sobre
este hermosa e importante reserva. Hay quienes piensan que la zona se puede
proteger, mediante planes de manejo técnicamente gestionado pero las autoridades
insisten en la salida de quienes ellos llaman “ocupantes ilegales”.
Constancio Cassá, en su libro “Valle Nuevo. El Parque Juan B. Pérez
Rancier y su Altiplano”, señala que “Los esfuerzos gubernamentales para preservar los
bosques iniciaron en 1924, durante el gobierno de Horacio Vásquez, cuando los
doctores Juan B. Pérez Rancier y Miguel Canela Lázaro lograron la creación del
Vedado del Yaque, en la Cordillera Central, el cual prohibía y penalizaba la
tumba e incendio de árboles, arbustos y pastos, dentro de sus límites. En 1937
el gobierno de Trujillo promulgó la Ley núm. 1321 que ordenaba la siembra de
veinte arbolitos por cada árbol cortado, ley que no se cumplió cabalmente.
Agrega que en 1966, el entonces presidente Joaquín
Balaguer dispuso el cierre de los aserraderos mediante el Decreto número. 1377,
que fue ratificado por el oficio núm. 318 del mismo año. Ese decreto tampoco se
cumplió correctamente y en 1967 se promulgó la Ley núm. 211 que cerraba
oficialmente los ochenta y cuatro aserraderos que operaban en todo el país,
ubicados principalmente en Constanza, Jarabacoa, San José de Ocoa, Barahona,
Azua y San Juan de la Maguana. Desde entonces se han hecho otros esfuerzos, infructuosamente”.
Aclara “que la explotación maderera no siempre fue
clandestina ni de iniciativa privada. El propio Trujillo, al ver la
rentabilidad de su bien equipada empresa Aserraderos Santelises, C. por A., el
6 de noviembre de 1950 hizo promulgar una ley que obligaba al secado de la
madera. Así, quien no tenía horno debía pagar un impuesto adicional de RD$10.00
por cada millar de pies cuadrados de madera. Ese impuesto, y otros más
promulgados durante la dictadura, elevaron a RD$145.00 el precio del millar de
pies cuadrados de madera”.
Lógicamente, en las condiciones actuales de las rutas y dado el
deterioro que se observa en la zona el panorama deprime a quienes comprende el
valor de este pulmón ecológico. De ahí la necesidad de intervenir la zona con
planes de manejos y otras acciones que hagan efectivo el cumplimiento de la Ley
64-00 y la que creó el Parque Nacional.
Tal como propone Constancio Cassá, se debe “Promover excursiones ecológicas debidamente guiadas y controladas,
en las que se ponderen la flora, la fauna, el aire puro, la temperatura, las
montañas, el paisaje y los bosques de la zona. Los ingresos por dichas
excursiones podrían usarse para cubrir los gastos de regeneración y repoblación
del propio parque”. (Constancio Cassá,
“Valle Nuevo. El Parque Juan B. Pérez Rancier y su Altiplano” Archivo
General de la Nación (Vol. CLXIV), 2012)
Esto requiere mucha voluntad política por parte de las autoridades,
compresión por parte de las personas que han pernoctado por décadas en la zona
y compromiso de las organizaciones sociales y ecologistas en mantener los ojos
puestos en una zona de alto valor estratégico para la producción de agua del
país. Esas montañas son un tesoro que debe ser preservado y cuidado para
disfrute y provecho de las generaciones venideras.
Las huellas de la agricultura intensiva son evidentes y el impacto a los
recursos forestales, la fauna y los acuíferos de la zona deja claro, el precio
a pagar por la indiferencia de unos, la ignorancia de otros y la incapacidad de
las autoridades para diseñar e implantar estrategias que garanticen la salud de
ese importante ecosistema. El desarrollo de los pueblos tiene un costo pero la
sostenibilidad debe ser la barrera que marque el límite entre el interés
general y el colectivo.
Armonizar la relación de la gente con su entorno no es tarea fácil,
requiere esfuerzo, comprensión y compromiso de las partes involucradas. El
Estado y el liderazgo que lo gestionan deben garantizar la sostenibilidad del
desarrollo en zona de tanto valor ecológico como el Parque Nacional Dr.
Martínez Rancier y espacialmente la zona conocida como Valle Nuevo.
Cerrar los ojos no es opción, ser indiferente mucho menos. Ir tras la
preservación de la reserva implica, tomar en cuenta a la gente que está en la
zona y que de alguna manera deben ser retribuidas por el Estado. La normativa
establece procedimientos para superar cualquier escollo. Diálogo y compromiso
son las claves para lograr un entendimiento entre las partes.
Tomar conciencia de la importancia estratégica de la zona no es
suficiente. Es necesario trabajar para preservar ese pulmón y reservorio de
vida que es el Parque Nacional Dr. Juan B. Ramírez Rancier. Se debe evitar que
la politización del tema impida que se llegue a soluciones que ponga el riesgo
o desestabilice el ya deteriorado ecosistema de la zona.
Que se haga lo que haya que hacer para detener su deterioro, la
contaminación y el aniquilamiento de la zona. Que se establezcan las
previsiones para evitar que la acción humana haga de la zona un desierto. Que
las autoridades diseñen e implementen planes de desarrollo que permitan la
explotación ecoturísticas del lugar. Que se habilite carretera la Gral. Antonio
Duvergé para que haya mayor visibilidad de la zona.
Que no haya privilegios en las soluciones que se decidan y que el
espíritu de la Ley y el sentido de justicia prevalezcan. Que se creen las
condiciones para lograr que la producción de agua siga siendo el norte de la
preservación de la zona. Que se aplique el rigor científico y el marco
normativo que rige el uso del agua y las zonas que la producen ¡La suerte está echada!
No hay comentarios:
Publicar un comentario