“La idea de
progreso en la modernidad supone que es posible y necesario romper con la
tradición para imponer un nuevo orden”. Karl
Popper
El transfuguismo político es
uno de los vicios o distorsiones de los modelos democráticos basados en el
formalismo electoralista. Es un mal que debilita e impide el desarrollo sistemas políticos.
Afecta directamente los procesos de modernización, fortalecimiento,
consolidación e institucionalización de los modelos democráticos funcionales.
En el país el transfuguismo se
ha convertido en una práctica perniciosa que impacta negativamente las bases
del sistema político, socavando los cimientos del débil entramado institucional
que le sirve de soporte. Negar esa realidad es como cerrar los ojos ante una
avalancha. La política y los políticos mismos muchas veces accionan en terreno
minado que puede convertirse en su propia sepultura y el transfuguismo es un
detonante a considerar.
Las razones que generan el
transfuguismo están asociados a prácticas clientelares arraigadas en los
sistemas políticos donde el intercambio de prebendas y favores se expresa en el
reparto de postulaciones a cargos electivos. Esa relación de intercambio no
busca una proximidad programática o ideológica sino la nominación a un
determinado cargo. Es una práctica que afecta al derecho de elegir y ser
elegido.
Al ejecutor, o ejecutora del
transfuguismo se le denomina tránsfuga, definido por la Real Academia de la
Lengua como “Persona que con un cargo
público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como
candidato o “Persona que pasa de una ideología o colectividad a otra”. La
práctica constata estas definiciones y agrega algunos aspectos que pueden considerarse razones de
transfuguismo como son el disgusto, la expulsión, la derrota en un certamen,
poder económico o prestigio social.
Se puede hablar, por lo menos,
de 2 modalidades de transfuguismo, el ejercido por desertores que dejan sus
partidos cuando no logran una postulación, por las razones que fueren y los que
habiendo sido electos por esa organización política, entran en contradicción
con esta, desertan y renuncian al cargo.
Ambas modalidades tienen en común el apego al cargo y la violación de
alguna norma, ya sea interna o externa.
El tránsfuga es la persona que
amparada en un supuesto prestigio social, político, económico o religioso se
considera imprescindible en el contexto político y entiende que el derecho a
ser elegido le viene dado por las condiciones antes descritas y no por la
pertenencia militante a una entidad o plataforma política. Se aprovecha de la
falta de normativa o cuando existe de la falta de aplicación de la misma para
imponerse como candidato al electorado ignorando los procedimientos normales
para la selección de candidaturas.
La situación a nivel municipal
también da sus matices y lleva su sello propio. Regidores y regidoras abandonan
a las fuerzas que los postularon y negocian con otra opositora, especialmente
cuando se producen los cambios de cabezas de concejos o se votan los
presupuestos. Es una de las tantas formas que asume el transfuguismo. Por eso,
hay quienes afirman que es una forma burda de traición política que debe ser
superada.
En la mayoría de los casos, se
generan tensiones y roces entre las tendencias políticas que afectan las
aspiraciones de personas y grupos. Impacta negativamente la democracia interna
y refuerza las prácticas clientelares. Al no existir mecanismos claros y
funcionales para resolver esos conflictos se producen las deserciones que dan origen
al transfuguismo.
Muchas veces, el origen del
transfuguismo reside en la indisciplina o en actos de rebeldía que al no ser
corregidos oportunamente terminan en rupturas. En otras ocasiones, la lógica
que se impone, está vinculada al tráfico de influencias. Queda siempre la duda
de a quién representa el tránsfuga o a nombre de quién ejerce el cargo en caso
de ser beneficiado con el voto popular.
En los últimos años, el
transfuguismo se ha convertido en una seria amenaza para la estabilidad de los
partidos y organizaciones política, pero también en una oportunidad para
quienes por diversas circunstancias quedan fuera de la gracia de las cúpulas
partidarias o pierden los certámenes internos que se realizan en algunas
fuerzas políticas. Pocas veces se había visto en el país una “zafra” de
tránsfugas de todas las tendencias y matices.
Es importante aclarar, que el
calificativo de tránsfuga aplica a toda persona que deja o es expulsada de las
organizaciones o partidos donde tiene militancia activa reconocida para aceptar
una nominación a cualquier cargo, poniendo en riesgo las aspiraciones de la
membresía de la organización receptora. El derecho a elegir debe fundamentarse
en la membresía militante o en el consenso partidario o social. Lo contrario pervierte,
corrompe y debilita el sistema de partido y lesiona la ética política.
Ser un tránsfuga no es ni debe ser un atributo digno de emular e incentivar. Es una práctica perversa que debe ser corregida y superada si se quiere fomentar y preservar la institucionalización de las organizaciones que sustentan el sistema político y transformar el formalismo democrático en una democracia funcional. Marginar o maltratar la militancia y la membresía de un partido incentiva las deserciones y desmotiva la incorporación a nuevos miembros.
Los partidos y organizaciones
políticas tienen que poner énfasis en el fortalecimiento de los fundamentos
doctrinales e ideológicos, el marco normativo tanto interno como externo,
reforzar las estructuras de las organizaciones y garantizar los derechos de los
miembros. Tanto los estatutos como las normativas que se adopten tienen que
dejar establecido los dispositivos que impidan el secuestro por cúpulas, grupos
de interés o tendencias de los partidos y organizaciones. Los ejemplos sobran
en el país del impacto negativos de las carencias antes señaladas.
Crear un ambiente para el desarrollo
e institucionalización de los mecanismos que privilegien la democracia interna
para impedir la perversión de las prácticas partidarias que ponen en riesgo a
todo el sistema político. Definir las categorías de miembro definiendo los
derechos y deberes de cada nivel. Así se evita confundir los derechos de un
miembro, militante o activista con el de un simpatizante o el de un elector.
Es necesario trabajar en la superación de los vicios, carencias y
debilidades que generanel transfuguismo en el país para avanzar hacia la
institucionalización del Sistema Político que como se ve está en franco declive,
perdiendo capacidad, legitimidad y de paso la confianza de la gente. Si
aferrarse a una precandidatura a sabiendas de que no se tienen asegurado el voto
de la militancia o el apoyo de las estructuras partidarias no es aconsejable ni
factible. Tampoco puede servir de justificación para desertar de un partido que
le postuló a un cargo.
Vista la gama de problema e inconvenientes que
genera el transfuguismo al sistema político y a la institucionalidad democrática es de rigor observar lo
siguiente:
Pensar en un sistema político
fortalecido e institucionalizado en República Dominicana es una quimera si no
se garantizan los derechos de quienes dan forma y soporte a los partidos y
organizaciones políticas.
Definir claramente los
derechos y deberes de miembros, militantes, activistas, simpatizantes y
electores cierra la brecha a los actos de marginación. Por lo tanto, estos
elementos refuerzan la disciplina partidaria y generan esperanza en la membresía.
Fortalecer la cultura de
militancia en base al respeto irrestricto a los instrumentos de gestión
partidaria que sustenten las decisiones de los cuadros directivos
debe constituir una prioridad si se quiere avanzar en la institucionalización y
modernización del sistema de partido en el país.
Trabajar en la creación de mecanismos
funcionales y procedimientos prácticos que impidan perversión de la normativa
que sustenta al partido u organización política debiera ser una prioridad para
la dirigencia de los partidos y organizaciones políticas. Entender que la
práctica y la cultura política muestran que no bastan los listados de buenas
intenciones colocados en las normativas, ni los gestos de buena voluntad o la
autoridad moral de algún miembro, militante o dirigente.
Otros
aspectos a considerar respecto al transfuguismo y cuya presencia mueve a la
reflexión pueden expresarse de la manera siguiente:
Considerar incluir al TRANSFUGUISMO como delito electoral y/o político, dado el alto impacto que tiene en el sistema político, especialmente en el debilitamiento de la institucionalidad de las organizaciones políticas. Claro, hay que tipificar y depurar los comportamientos, respetar la normativa interna y hacer valer los derechos de los miembros. Sólo entonces, procedería habilitar mecanismos de sanción pare este y otros vicios, incluido el clientelismo en sus diversas manifestaciones.
El calificativo de tránsfuga, ¿le queda igual al que se va por ambiciones personales que al que se va por maltrato y autoritarismo de la cúpula? Hay ejemplos de sobra para interpretar ambos comportamientos.
¿Por qué la gente se mueve de un partido a otro? Se sabe que muchas veces
lo que cuenta es lograr un puesto electivo o un cargo público ¿Hay dispositivo
normativos que sancionan el transfuguismo?
¿Será que hoy día hay pocas diferencias sustanciales entre las
organizaciones políticas? Se han quedado anquilosadas las estructuras
partidarias y ya no responden a las exigencias del Siglo XXI ¿Se adaptarán a
los cambios, se transformarán o perecerán?
¿Tiene algún significado la frecuencia? Es decir, el que vive moviéndose
de un partido a otro que el que después de muchos años en una organización
decide renunciar e integrarse en otra.
¿Se puede hablar de un transfuguismo colectivo? Es decir, de partidos
políticos. Hay partidos que en cada proceso eleccionario apoyan a un grupo
distintos, sin tomar en cuenta coincidencias programática o ideológicas.
Hay razones más que
suficientes para preocuparse, especialmente, para quienes consientes de la
importancia de los partidos políticos en el desarrollo e institucionalización
del sistema político y la transformación de la democracia formal en una
democracia funcional. Fortalecer la normativa, y aplicarla, puede ayudar pero
será la cultura política y el compromiso del liderazgo lo que finalmente hará
la diferencia. Cerrar los ojos y dejar que pase la tormenta no es una buena
elección. El desencanto, espoleado por la falta de garantías puede convertirse
en la piedra del molino que triture la semilla del cambio político.
En
conclusión, es tiempo reflexionar sobre los efectos del transfuguismo sobre el
sistema político dominicano y la calidad de la democracia. El contexto y la
coyuntura actual están plagados de casos que pueden servir de insumos para
evitar situaciones que comprometan el futuro de la política y la democracia
dominicana. De continuar por ese derrotero el futuro del sistema de partido en
República Dominicana pudiera colapsar totalmente.
Los cuadros directivos
debieran prescindir de las justificaciones que hacen tendencia mediática cuando
se producen violaciones a derechos o normas partidarias. Hay que cumplir y
hacer cumplir las normativas partidarias. Los problemas y desavenencias debieran
resolverse a lo interno de las organizaciones políticas y con los mecanismos
institucionales propios de esas organizaciones.
La dirigencia y el liderazgo
político-partidario deben comprometerse a trabajar y accionar en torno a
los aspectos antes planteados, aprovechando los fundamentos establecido en el artículo 216 de la Constitución de la
República. Allí se establecen los propósitos, fines y funciones de los partidos
y organizaciones políticas. De ahí deben salir los marcos institucionales que
pongan orden al espectro político e impida el accionar de quienes han hecho y
hacen del transfuguismo su modus operandi para lograr cargos que muchas veces
no merecen.
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