CORRUPCIÓN, POLÍTICA E IMPUNIDAD.

"Hay gente que adora la plata, se mete en la política, si adora tanto la plata que se meta en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera, no es pecado, pero la política es para servirle a la gente. A la alta política le interesa ese cariño de la gente, algo que se transmite, que no tiene precio y que no se compra en el supermercado". José (Pepe) Mujica.

Para abordar este binomio hay que contextualizar los aspectos que relacionan ambos conceptos. La Política como ciencia del gobierno, el poder, el Estado y de las relaciones de los sistemas políticos y sociales acciona en contextos donde la transparencia es una condición para que gobernantes y gobernados reciban servicios y bienes de calidad, con eficiencia y equidad.

Entre ambos conceptos se da una relación como la imagen que se proyecta en un espejo claro y limpio. La política es la imagen y el espejo la transparencia: si el espejo se opaca la imagen asume esa características y se distorsiona. Para que la política salga bien en la imagen tienen darse esas condiciones.

Si se pervierten los controles institucionales y se neutralizan los mecanismos de sanción de los actos de corrupción y malversación se abona el terreno de la impunidad prospere. No se puede confundir el concepto con el significado. Las interrelaciones políticas y las redes de impunidad son mucho más compleja de los que parecen.

De ahí que para abarcar el amplio campo de acción impunidad en los entornos político se requiera que las acciones correctivas se orienten hacia las causas que genera ese mal y no solamente a las consecuencias. Esto pasa por la destrucción o neutralización de las redes de complicidad que anidan en los entornos políticos. Se debe accionar sobre los ámbitos que favorecen el desarrollo de prácticas perversas.

Se sabe que esas acciones encuentran su complemento en las complicidades que funcionan en los contextos políticos y sociales, asociadas casi siempre, a intereses que superan la capacidad jurídica o institucional para los problemas que refuerzan los pilares de la corrupción y los mantos de impunidad que la cubren en la mayoría de los casos.

Hablar de impunidad y corrupción se ha convertido en la matriz de opinión predominante en República Dominicana en los primeros años del Siglo XXI. Es una tendencia donde confluyen corruptos y corruptores oponiéndose, de forma coyuntural contra las aberraciones que cometen entes políticos de variadas orientaciones ideológicas contra el erario. A continuación, hago una serie de sugerencias en interés de aportar elementos a la reflexión sobre el tema de la impunidad y la Política, poniendo énfasis en las formas como la primera impacta a la segunda.

Hablar de impunidad es hablar de falta de voluntad para enfrentarla e incapacidad institucional para corregir los delitos y distorsiones que afectan los procesos de gestión de las políticas públicas. Sobran los ejemplos de acciones poco efectivas y expedientes estructurados de forma tal que impidan su defensa en los tribunales de la república. Ese ha sido parte del problema pero no es todo. El trabajo es mucho y los retos son diversos, complejos.

Por tanto, se impone que tanto el abordaje como las acciones que se diseñen y apliquen para corregir las distorsiones en los mecanismos de sanción a la corrupción para evitar la impunidad, y por tanto, la contaminación y el descrédito de las prácticas políticas requieren acciones que viabilicen encuentros entre lo político, lo jurídico y los institucionales.

No es ni pretende ser una receta, tampoco cubrir todos los ámbitos de acción de la impunidad dada la diversidad de elementos que se combinan en el mismo. Se pretende únicamente, colocar el tema en una perspectiva analítica amplia que permita pensar en opciones operativas de políticas integrales para superar este mal que correo los cimientos de la confianza en los sistemas políticos y en la Política misma.

Es necesario desarrollar políticas de transparencias integrales, que incluyan tanto el tema de las sanciones jurídicas como las sanciones sociales y morales. Esas políticas pueden servir para remover el sustrato fangoso de la impunidad. Sin sanciones jurídicas y rechazo social a la corrupción, es imposible pensar en una sociedad donde la transparencia, tanto en la Política como en la gestión sea norma y no excepción.

Trabajar en la creación de espacios en las organizaciones políticas y sociales para analizar las diversas formas que asume la impunidad en los entornos donde se gestionan las políticas públicas. Trabajar en la transformación de la Política y fomentando los valores que hace de esta ciencia un instrumento al servicio de los intereses colectivos de los pueblos.

Hay que aclarar y caracterizar la cuestión evitando confundir los conceptos con las definiciones para tener posibilidades de articular acción y establecer políticas que sean efectivas que eliminen el incentivo para la comisión de actos de corrupción. Dejar claro que se entiende por impunidad, qué elementos las definen, el entorno que la favorece, los pilares que la sustentan y los correctivos para superarla.

Es conveniente pensar en un enfoque interdisciplinario del asunto para abordar las cuestiones fundamentales del problema. Mención especial para la cultura política y la cultura gerencial en cada ámbito. No se trata solo de hablar del asunto si no repensar las estrategias de lucha contra la impunidad y prevención de la corrupción.

Los aspectos claves de la gerencia social no deben quedar al margen. Tanto los tomadores de decisiones como los que asumen funciones públicas en los estamentos de control (judiciales, políticos, sociales o gerenciales) salen de la sociedad y es allí donde hay que formarlos para que adquieran las habilidades que luego perfeccionará en los centros de enseñanzas.

La desconfianza en las organizaciones políticas, en los políticos y en la Política misma, coloca a la sociedad del Siglo XXI en un punto de quiebre, especialmente en el país donde la corrupción, la impunidad y la complicidad han echado raíces profundas y gruesas.  Política e impunidad es una combinación que requiere un cambio de enfoque dado los efectos negativos de la segunda sobre la primera.

Hay que recordar que la corrupción tiene múltiples dimensiones y la impunidad como consecuencia de la falta de sanción pervierte la práctica política y abre espacios a sectores vinculados al narcotráfico, el lavado, la trata, el contrabando, entre otros. Ya hay experiencias y tendencias preocupantes que deben colocar a la autoridad electoral y judicial en alerta para evitar la entrada de estas lacras a la política ¡Es un reto, un desafío y un imperativo ético!

Pretender cosechar resultados diferentes aplicando instrumentos jurídicos que de poco han servido es una quimera. Hay que ir por las raíces del mal. Solo así se puede parar el progresivo deterioro de la institucionalidad política y el estancamiento de los sistemas políticos. Recetas habrán muchas pero su efectividad depende de la institucionalidad administrativa, de la fortaleza de los sistemas de justicia y de las capacidades de los mecanismos de control.

Los costos de la impunidad son cuantiosos y su impacto en el entramado político es devastador. Por eso las acciones que se emprendan deben involucrar a la mayor cantidad de entes. Nadie debe permanecer indiferente ante este flagelo porque todos son afectados de algún modo. Corruptos y corruptores deben pagar por sus faltas y si no pagan jurídicamente deben recibir el rechazo social como pena.

Pasar de las lamentaciones a las acciones y de la teatralidad al mundo real es un imperativo. Las acciones contra la impunidad y la corrupción deben incluir a todas las modalidades y prácticas. Solo así se puede aspirar a un adecentamiento de la Política como de las prácticas políticas. Crear una nueva cultura que rechace y apueste a la transparencia.

Es necesario superar las debilidades institucionales y culturales para hacer frente a la impunidad a la complicidad y la corrupción, en los contextos en que se produce y bajo la modalidad que sea. No puede ni debe ser un asunto de moda; tiene que ser una acción sistemática donde los mecanismos de control y el ordenamiento jurídico sirvan de apoyo a las acciones que debe ejercer la sociedad y sus instituciones. La cuestión, insisto, debe ser contra corruptos y corruptores. No deben existir corruptos preferidos ¡Es tiempo de actuar!

Finalmente hay que evitar a toda costa que se tengan a corruptos preferidos o elementos que podido enfrentar la impunidad y no lo han hecho asumiendo posturas protagónicas en ese ámbito. Eso debilita la acción colectiva a favor de las políticas de transparencias. Superar los errores cometidos y ampliar las bases del debate seguramente facilitará las respuestas de los instrumentos de control en los entornos.