"(...) La escasez de agua contribuye
a las condiciones de extrema pobreza, provocando privaciones sociales e
impidiendo el desarrollo, creando tensiones en regiones conflictivas. Con
demasiada frecuencia, donde hace falta agua, encontramos armas. [...] Todavía
hay suficiente agua para todos nosotros, pero solo si la mantenemos limpia, la
usamos prudentemente y la compartimos equitativamente". Ban Ki-moon, Secretario General de
la ONU.
El agua es el principal elemento para la existencia y desarrollo de la
vida. Es un recurso valioso, imprescindible pero finito y no renovable. Eso
obliga a la gente a depender del suministro de este recurso para suplir las
necesidades que le permiten sobrevivir como especie. Vivir sin agua o sujeto a
las reglas del mercado para adquirirla es una violación fragrante al derecho a
la vida y los principios elementales que rigen a los pueblos.
Según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), el 40 por ciento de la población del planeta sufre escasez de agua, una
proporción que aumentará hasta dos tercios de población para 2050, se señala en
el documento. Es una cifra astronómica que se incremente cada día, ya que la
demanda de agua es inversamente proporcional a la oferta disponible. La
desertificación avanza, reforzados por los efectos del cambio climático.
La humanidad ha visto la desaparición de miles de lagos, lagunas, ríos,
arroyos y manantiales. Ese proceso de desertificación se acelera, ante la
mirada indiferente de gobiernos y organismo internacionales que dicen mucho
pero hacen poco para palear o superar el grave problema. Esperar cambios favorables sin actuar consciente y
responsablemente sin actuar para provocarlos es impensable.
“Cerca de 1.200 millones de personas, casi una quinta parte de
la población mundial, vive en áreas de escasez física de agua, mientras que 500
millones se aproximan a esta situación. Otros 1.600 millones, alrededor de un
cuarto de la población mundial, se enfrentan a situaciones de escasez económica
de agua, donde los países carecen de la infraestructura necesaria para
transportar el agua desde ríos y acuíferos”, dice la ONU.
Este preámbulo sirve para contextualizar los aspectos generales de este
problema en el mundo y de paso llamar la atención por la falta de acción y
compromiso con el Medio Ambiente y la ineficiencia de las políticas de
protección de los Recursos Naturales, especialmente el agua y la cubierta
boscosa que la protege. Pegar gritos a las nubes no provocará lluvias pero
seguramente permitirá remover el manto de la indiferencia.
Garantizar el acceso a fuentes acuíferas de calidad y evitar que los
mercaderes, tutumpotes, terratenientes y oligarcas se apoderen de las aguas es
una responsabilidad directa del Estado y sus instituciones. A juzgar por las
evidencias y las realidades que se observan queda un largo trecho por recorrer
para que los gobiernos y tomadores de decisiones comprendan que la Política es
para servir y no para servirse.
Llegará el día en que los pueblos elegirán gobiernos que les
representen, defiendan los recursos naturales, garantices la provisión de
servicios de calidad con equidad y transparencia. Solo bajo un esquema de
responsabilidad y compromiso se puede crear las condiciones para romper con los
modelos económicos y políticos que generar pobreza, exclusión y marginalidad.
Hay leyes, pactos internacionales, acuerdos y protocolos que han
pretendido colocar el tema de la crisis del agua en un plano visible. El país
lleva varios años discutiendo el tema de la regulación, se han presentado
varios anteproyectos sin que hasta el momento se hayan concretado esos
esfuerzos. Las tendencias privatizadoras han impuesto su lógica retrasado su
aprobación.
Los resultados hablan por sí solo: cada
vez hay menos agua, está más contaminada y el precio en el mercado avanza en
una alocada carrera que nadie sabe adónde llevará a los pueblos. Esto tiene
como telón de fondo la ineficiencia de las políticas aplicadas y la
desregulación del sector, sumado a la debilidad institucional y la falta de
acción colectiva de los pueblos.
En República Dominicana la situación es desesperante. El modelo
económico ha permitido que un alto número de hogares carezcan de servicio de
agua, aun en zonas que producen abundante agua. Pagar el servicio no es
garantía de agua en la casa. Por tanto, los registros basado en la
disponibilidad de grifos en las casas vía contratos con las prestadores de
servicios como el Instituto Nacional de Aguas Potable (INAPA), entre otros, no
reflejan la realidad. Es una cuestión de estadísticas porque en realidad el
servicio de agua en el territorio nacional es costoso y precario, a pesar de
algunos esfuerzos que se han hecho.
Ante esta realidad se requiere un abordaje amplio de la cuestión que
incluya, los temas de regulación, control, producción, procesamiento, gestión y
servicio de agua potable. Esperar resultados buscando las causas de los
problemas en los acueductos o en las márgenes de los ríos no sirve de mucho. Es
necesario e importante pero hay que ir a las montañas donde nacen los
manantiales, arroyos y arroyuelos que nutren esas fuentes.
Mirar los cauces de los ríos dominicanos, especialmente en el Sur del
país genera pánico. El impacto de la acción humana expresado en la
deforestación y la extracción de agregados ha hecho de estas fuentes de vida un
espantoso desierto. Exigir responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan
ante este ecocidio es un imperativo ético impostergable.
El impacto de la escasez de agua es demoledor, primordialmente en los
sectores más empobrecidos. Las enfermedades vinculadas a la calidad o la
disponibilidad de agua potable y las deficiencias en los sistemas de
saneamiento de las aguas servida amenazan seriamente la vida en la tierra.
Cambiar prácticas de usos de suelo y proteger la cubierta boscosa para hacer
que el mundo sea habitable ética y ecológimente es una responsabilidad que debe
ser asumida con la seriedad que el momento amerita.
Es la acción humana la que ha provocado, con su actitud depredadora e
irresponsable, la penosa situación que viven varias provincias del país. Eso no
puede ni debe continuar. Se requieren acciones urgentes que viabilicen
soluciones integrales y sostenibles. Es necesario que se prioricen las
inversiones, poniendo énfasis en la protección y renovación de las cuencas y
microcuencas; así como evitar la contaminación y extracción desproporcionada de
las aguas subterráneas.
Gobernantes y gobernados deben asumir la responsabilidad que les
corresponde. El gobierno definiendo políticas claras y transparentes que paren el
deterioro progresivo de los acuíferos; bien sea legislando o interviniendo.
Evitar la privatización y estableciendo reglas claras que complementen la
normativa vigente.
Hay que anotar que la normativa ayuda, sí es buen y adecuada pero no
resuelve el problema. Más que de leyes este es un tema de cultura de uso del
agua y falta de autoridad. Se requiere involucrar a la gente en la solución del
problema tanto en la protección como en la gestión del denominado “oro azul”.
Gestionar adecuadamente la poca agua dulce queda implica accionar
colectivamente, asumir los compromisos, hacer las inversiones que correspondan
y pagar por los servicios ambientales a quienes dedique esfuerzos a la
protección de los acuíferos. No es posible que los beneficios se centren en
quienes comercializan con el agua dejando sin tomar en cuenta a quienes cuidan
y protegen las montañas.
¿Agua para quienes puedan pagarla? ¿No es el acceso
a agua potable un derecho humano fundamental? ¿Qué harán los liderazgos locales?
¿Qué hará el Estado y las instituciones públicas? ¿Actuarán los gobiernos
locales? ¿Qué hará empresariado? ¿Qué hará la humanidad ante esta seria
amenaza? ¿Cuáles son las acciones que se encaminan para enfrentar el problema?
¿Permitirán que las aguas sigan yendo a las fincas en vez de a los acueductos?
¿Cómo reaccionará la gente cuando el hambre y la sed amenazan con extinguirla?
¿Quién paga los daños al medio ambiente y paga por el saqueo de los recursos
naturales? ¿Ha renunciado el Estado al mandato establecido en la Constitución dominicana
y la Ley 64-00?
En conclusión, el agua como recurso finito, tiene que ser protegido y
manejado como una cuestión de seguridad nacional, ya que las crisis generan
conflictos y la lucha por agua es una cuestión de vida o muerte. Tanto la
protección, como la regulación son responsabilidad exclusiva del Estado. De
igual modo, la garantía del derecho a agua potable, como derecho humano también
le compete; así como también controlar y regular el creciente mercado que se
desarrolla en torno al tema.
El agua es una cuestión de derecho, no es ni debe ser un lujo o un
privilegio para quienes puedan pagarlo. La crisis de agua que vive el mundo de
hoy y especialmente la República Dominicana debe mover a un debate amplio y
responsable que supere la politiquería. Es tiempo de actuar articulada e
integralmente y el Estado debe crear las condiciones para ese diálogo produzca
las soluciones que se requieren.
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Este es un artículo muy valioso, que ojalá llegara a muchos lectores en este mundo inconsciente
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