MIGRACIÓN y SOBERANÍA.

“Se considerara pasible del delito de tráfico ilícito de migrantes el que promueva, induzca, constriña, financie, transporte por vía terrestre, marítima o aérea o colabore de cualquier forma en la entrada o salida ilícita de personas al país, sea como destino u origen, o como transito a otro país, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio, para sí u otros”. Artículo 2,  Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

La República Dominicana es un país libre, independiente y soberano en pleno uso de sus derechos y facultades para fijar y establecer las políticas que faciliten la organización y gobernanza de la sociedad. Renunciar a esa condición implicaría desconocer y menospreciar el sacrificio de quienes han dado su vida en la construcción de la institucionalidad democrática que hoy disfrutamos. Una democracia; débil, formal, siempre mejorable que ha permitido ir consolidando un sentido de pertenencia e identidad con valores que van más allá de la manipulación mediática y política.

Actualmente se debate en todos los ámbitos de la vida nacional la sentencia 168-2013 del Tribunal Constitucional, evacuada tomando como base una instancia que elevó una ciudadana de origen haitiano, quien había elevado un recurso de amparo hecha por Juliana Deguis Pierre para que la Junta Central Electoral, responsable del registro civil, expidiera el carnet de identidad que le había estado negando desde 2007. La sentencia ha destapado una olla de grillos y despertado a ángeles y demonios. Uno y otros deben entender que el Estado debe aplicar las políticas de regulación migratorias y defender la soberanía nacional.

El tema ha servido para que sectores pro y antihaitiano se atrincheren en sus respectivas posiciones. Unos alegan que atenta contra los derechos de nacionalidad adquiridos por nacimiento; otros la defienden y dicen que es necesaria, apropiada y oportuna para resolver los problemas de quienes viven o han adquirido la nacionalidad dominicana de forma irregular. No pocos insisten en reavivar discusiones pendientes sobre la cuestión migratoria, especialmente frente al tema haitiano y fronterizo. El resultado estas discusiones, no debe ser otro que el establecimiento e implantación de una política de regulación que evite problemas mayores en el futuro.

Desde hace un buen tiempo y por diversos casos, el país se ha visto acosado por sectores, que pretendiendo defender derecho adquiridos de ciudadanos nacidos en este territorio dominicano olvidan o ignoran la obligación constitucional de luchar y defender la soberanía del Estado dominicano. A éstos se han unido organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Estos últimos financian y patrocinan campañas de descréditos contra el país, cuando debieran premiarle por la hospitalidad que ofrece a nacionales de otros países y la solidaridad probada con nuestros vecinos.

Tan lejos ha llegado el asunto que en la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y del Caribe organizado por la CEPAL, que se realizó en el país la semana pasada inaugurada  por el Presidente de la República, mujeres que participaban en el evento y que cuestionan la referida sentencia la emprendieron contra el mandatario. Se sabe que esta es una decisión del Tribunal Constitucional y que está fuera del ámbito del Poder Ejecutivo. Aunque la acción se enmarca en el derecho a disentir que le asiste a los grupos organizados y ciudadanos particulares, el escenario no era el más apropiado.

La República Dominicana ha sido, es y seguirá siendo un país altamente solidario, tolerante y hospitalario. Regatear estas cualidades y esgrimir caprichos con tendencias racistas o xenófobas supera el imaginario inteligente de los buenos y verdaderos dominicanos. Cada nación se constituye en Estado, compuesto por un territorio, una cultura común, un gobierno legítimo, una lengua, un sentido de pertenencia y una institucionalidad específica.

Según reseña del periódico el país el mundo de España el 17 de octubre, la Comunidad del Caribe (Caricom) emitió un comunicado en el que señala que la decisión adoptada por el Supremo dominicano “es contraria a los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha llamado repetidamente a República Dominicana a tomar medidas que garanticen el derecho a la nacionalidad y adoptar leyes sobre inmigración y prácticas acordes con lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos”.

Señala, la citada fuente que la primera ministra de Trinidad y Tobago y presidenta pro tempore del bloque, calificó la decisión del tribunal como un acto discriminatorio y llamó a los países que integran la comunidad a tomar parte activa en este debate, “dentro de un contexto en el que República Dominicana busca integrarse a la organización”. Al menos dos de los 15 países que hacen parte de la Caricom, Guyana y San Vicente y las Granadinas, ya han fijado una posición de rechazo a la sentencia que, no se descarta, podría afectar el ingreso de los dominicanos como miembros plenos del grupo.

Se cuestiona que la sentencia de la Corte Constitucional abarque un período tan amplio. Entre otras cosas se establece que se revisará el estatus legal de las personas que nacieron en el país desde 1929 hasta la fecha y cuyos progenitores eran indocumentados. Es evidente que en esta parte se violentó el principio de retroactividad de las leyes. Lo ideal y legal es que dicha revisión se haga a partir del 2010 cuando se incluye en el textos constitucional los postulados que han servido de base a la Sentencia del Tribunal Constitucional. Pero el Plan de Regulación que se propone debe dar respuesta a los problemas que se presente en cualquier período.

La intención de regular ha sido objeto de encendidos debates en el país tras la modificación de la Ley de Migración y sus reglamentos y el establecimiento del Consejo Nacional de Migración. La cuestión se ha centralizado en los nacionales de ascendencia haitiana que han nacido en el país, ya que la sentencia es sobre un caso específico de una joven. Se recuerda que la Junta Central Electoral sacó en el año 2007 una resolución que condicionaba la entrega de documentos de identidad y electoral a presentación de documentos que probaran su condición de inmigrante legal en el país.

Los alegatos giran en torno a los descendientes de los ciudadanos haitianos y de otras nacionalidades establecidos en el país a partir de 1929. Se dice que son dominicanos y dominicanas por haber nacido, crecido y vivido en suelo dominicano. Ahí está el nudo del asunto y es donde habrá que iniciar la búsqueda de una vía de solución al asunto sin renunciar al derecho del Estado y al mandato constitucional de regular la presencia de nacionales de otros países en el territorio nacional.

Unos hablan de una sentencia del mismo tribunal que revise y anule la parte conflictiva del problema, otros propugnan por una Ley de Amnistía Migratoria que resuelva el problema. No pocos, incluidos organismos internacionales propugnan por una salida extraterritorial y que una Corte obligue al Estado dominicano a reconocer la nacionalidad de quienes han nacido y vivido en el territorio de manera irregular. Otros se inclinan por la dotación de un carnet de extranjeros como establece la normativa de migración.

La Constitución dominicana recoge en el artículo 110, el principio de retroactividad y establece que “la ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir". No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación”.

Falta sin embargo, que los grupos en pugnas y el Estado mismo facilite espacios de discusión para buscar solución concertada a la delicada cuestión. Esas soluciones deben servir para resolver las cuestiones que afectan a todos los que habiendo nacido y vivido en el país carecen de la documentación que los acredita como dominicanos, si es que le corresponde tal condición.

Un caso aislado ha levantado un torbellino que debe servir para barrer los prejuicios, mitos y caprichos que pesan sobre el tema, especialmente cuando se trata de las relaciones dominico-haitianas. Las discusiones sobre la sentencia debe servir para que las autoridades dominicanas para establecer políticas migratorias claras y efectivas.

Muchos estados y Haití se incluye, establecer en sus textos constitucionales que los descendientes conservan la nacionalidad de sus progenitores y no contemplan la doble nacionalidad. Ese es otra conflicto que debe ser zanjado entre los Estados involucrados a través de negociaciones diplomáticas donde se aclaren y se establezcan políticas migratorias que viabilicen soluciones y no que generen conflictos que den pie a manipulaciones de grupos que defienden intereses no confesos.

La República Dominicana y Haití son dos Estados que comparten una misma isla pero que tienen particularidades claramente diferenciadas. Haití invadido por fuerzas de la ONU y con una institucionalidad débil, elevadísimos niveles de pobreza y una clase política que dista mucho de la ideal. Resolver los problemas interestatales en la isla es una cuestión de los Estados que la comparten. Las intervenciones foráneas deben ser para aportar soluciones, no para imponer condiciones.

La fragilidad de la frontera dominico-haitiana es tal que se hace permeable como cedazo y por ella se cuelan muchas cosas. Hay mafias que trafican con personas, que contrabandean de todo; y hay también un pueblo que busca salir de esa penosa situación. Controlar el flujo de ciudadanos entre ambos países es fundamental y pasa por un diálogo de alto nivel donde se establezcan las responsabilidades de cada una de las partes. Igualmente se deben elaborar planes comunes para desarrollar la marginada línea fronteriza para facilitar la convivencia pacíficas entre los habitantes de uno y otro Estado.

Es importante que más allá de la Sentencia del Tribunal Constitucional se piense en el diseño e implementación de una política migratoria para el país que coloque a la República Dominicana a la altura de las expectativas del Siglo XXI. Las relaciones exteriores y la diplomacia debe contribuir a mejorar las relaciones del país con otras naciones y promover los valores sustentan los principios soberanía nacional.

El Consejo Nacional de Migración debe emplearse a fondo para resolver cualquier situación en ese ámbito. Los temas y cuestiones migratorias son espinosos y delicados pero hay que enfrentarlos con coraje, decisión y sin prejuicios, respetando siempre los derechos humanos y la tranquilidad de los migrantes. Las instituciones involucradas tienen que orientar sus esfuerzos hacia la solución del problema no ha debatir acusaciones y contraacusaciones racistas. La gente se mueve constantemente de un país a otro y esa movilidad debe estar regulada para evitar roces entre los estados.

La cuestionada decisión del Tribunal Constitucional establece una revisión de los casos de personas registradas irregularmente desde 1929 y un Plan de Regularización, sin importar si son asiáticos, europeos, africanos, americanos, caribeños, dominicanos o haitianos. Ese inventario encomendado a la Junta Central Electoral ha encontrado el rechazo, sin embargo evidencia un marcado descuido que por décadas ha primado sobre el tema que nos ocupa y plantea la necesidad de ordenar y regular el estatus de quienes conviven en el espacio territorial dominicano, respetando los derechos adquiridos por quienes resulten afectados con las acciones que se implanten.

Si se considera que hubo excesos que se corrijan, pero es impostergable que se establezcan y se implanten políticas claras en este tema para el bien y tranquilidad de quienes se interesan por compartir pacífica y ordenadamente con el pueblo dominicano. Eso evitaría ilícitos tan perverso como la trata de personas que sostenidamente ha ido creciendo.

La normativa migratoria facilita y abre posibilidades reales para el establecimiento de políticas de Estado claras, precisas y concisas que nos eviten casos como los que han provocado las discusiones recientes. En el caso específico de los haitianos, hay sectores que no solo trafican con ellos sino que los explotan inmisericordemente. Regular eso, implica que los sectores que traen al país y contratan a trabajadores de esa nación cumplan con la normativa vigente para el beneficio de ambas partes.

Los problemas de la índole que sean, se resuelven enfrentándolos y abriendo espacios de diálogos responsables que generen compromisos de las partes para solucionarlos. En cuestiones migratorias esto es fundamental. A medida que unos Estados se rezagan y otros se adelantan la gente busca vías de escape y eso genera presiones que obligan a regular y a establecer normas claras en materia. La normativa, los tratados y los diálogos son las únicas vías para superar cualquier situación que contravenga el interés de las partes en un conflicto.

El país no es ni puede ser ajeno a las tendencias migratorias de la sociedad moderna y tiene que prepararse para lidiar con cuestiones que parecían triviales antes pero que hoy son fundamentales. La gente sale del campo a la ciudad; y, de las ciudades, muchos parten a otros países buscando oportunidades para desarrollarse, es natural. Es un ciclo normal que debe encontrar orden y seguridad para que el migrante no sea maltratado, engañado o explotado.