sábado, 10 de diciembre de 2022

PECULIARIDADES DEL GOLPE DE ESTADO CONTRA PEDRO CASTILLO EN LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

"La manipulación, en la teoría de la acción antidialógica, como la conquista a que sirve, tiene que anestesiar a las masas con el objeto de que éstas no piensen". Paulo Freire.

Introducción.

La crisis política sistemática que vive la República del Perú es compleja. Tiene raíces profundas y antecedentes claramente definidos. Con seis presidentes en menos de una década, demuestran la incapacidad del liderazgo para establecer concesos mínimos que garanticen la gobernabilidad, la paz social y la estabilidad política.

Las tensiones políticas tienen como telón de fondo la corrupción y la impunidad, polarización política, choque de poderes, las pretensiones de grupos oligarcas de mantener el control de los hilos del poder, sumados al intervencionismo norteamericano. Esos elementos combinados, han impedido el funcionamiento de la institucionalidad y neutralizado el desarrollo político en la tierra de los Incas.

La accidentada política peruana, registra una serie de hechos que corroe las bases de la institucionalidad política. Estos hechos se potencian con la vocación golpista del Congreso Nacional y el Sistema Judicial, formado y adoctrinado por los Estados Unidos para impedir el surgimiento de un proyecto revolucionario que asuma la bandera de la transformación de la sociedad y recomponga las relaciones de poder.

Durante la Guerra Fría, el Perú, fue escenario de grandes luchas. Varios levantamientos guerrilleros se alzaron en armas contra el férreo control de las hegemonías oligarcas y reivindicar la lucha por la justicia social, la defensa de la soberanía nacional y el saqueo continuado de los recursos públicos. Mención especial para Sendero Luminoso, organización que asumió la vanguardia de la lucha armada y combatió por largo tiempo. Acusado de terrorismo, su liderazgo fue perseguido, asesinados, encarcelados, torturados o desaparecidos.

Antecedentes del Golpe de Estado.

El Golpe de Estado contra el profesor Pedro Castillo Terrones, quien asciende al gobierno representando a sectores populares y progresista, es un capítulo más dentro de la arrítmica democracia peruana. Donde el golpismo se hace doctrina y la desconfianza se hace cultura. Esas prácticas son comunes al accionar de las oligarquías y sus socios en Latinoamérica y El Caribe.

El profesor Castillo Terrones llega al gobierno cobijado por Perú Libre, que recoge anhelos de sectores excluidos y marginados del país. Desde su instalación hasta su caída la derecha peruana, apoyada por sectores de la prensa comprometidas con la defensa de intereses de sectores poderos, la cúpula militar, religiosa, empresarial y económica; junto al proyecto ultraconservador fujimorista que encabeza Keiko Fujimori se dedican a boicotear las iniciativas del gobierno en el Congreso Nacional, a perseguir judicialmente y a acosar al presidente.

Al llegar a la presidencia del Perú, el presidente Pedro Castillo Terrones encuentra un país polarizado políticamente, altamente endeudado, con altos niveles de pobreza, exclusión y desigualdad; así como persistentes modalidades de corrupción y una crisis política ascendente. Varios presidentes fueron destituidos por el Congreso Nacional, utilizando la figura de la vacancia en un accionar confuso, donde un poder del Estado se abroga el derecho de suplantar la voluntad popular expresada en procesos eleccionarios.

Utilizando la Constitución elaborada por las oligarquías con asesoría de poderes fácticos claramente identificados con sectores vinculada a las estrategias de dominación del imperialismo estadounidense, accionan supuestos mecanismo de control y con ellos destituyen a gobernantes democráticamente electos. Claro, esas categorías aplican a presidentes, no para otros sectores. Evidentemente que hay un choque de poderes donde el Poder Ejecutivo puede ser procesado por la justicia y destituido por el Congreso Nacional, pero el Ejecutivo no puede sancionar a otros poderes.

Esas particularidades hacen de la democracia peruana una especie de pantomima, dada la negativa de sectores cavernarios a modificar leyes retrógradas que privilegian sus intereses. Eso incluye, el rechazo a iniciativas impulsadas por el presidente Castillo Terrones para refundar el Estado peruano vía una Reforma Constitucional mediante una Asamblea Constituyente. Esas reformas políticas constituyeron la principal causa de la conspiración de esos sectores.

En el Plan de Gobierno de Perú Libre se explica que “La Constitución Política del Perú (CPP) de 1993 fue impuesta tras un golpe de Estado, promovido por el gran empresariado nacional y transnacional, concretizándose los objetivos del Consenso de Washington, que les permitió adecuar la administración estatal a sus intereses e instaurándose un nuevo modo de producción al país conocido como neoliberalismo”. https://elecciones.larepublica.pe/planes-de-gobiernos/pdf/peru-libre.pdf

Contexto Político.

El pueblo peruano ha ido buscando opciones políticas que enrumben el país hacia el desarrollo integral. En su afán por lograr su objetivo, ha participado en diversos y complejos procesos políticos, demostrando su vocación democrática. Esa actitud, contrasta con la visión del liderazgo que no ha sabido respetar la voluntad popular y desde el Congreso Nacional y el Poder Judicial se han sustituido varios gobiernos en los últimos 6 años.

Es así como fuerzas progresistas logran articular una propuesta política. Montados en Perú Libre, escogen a Pedro Castillo quien gana las elecciones en segunda vuelta y con un reducido margen. En medio de una crisis estructural, trata de impulsar procesos de cambios que son rechazados por los poderes fácticos. Acosado y acusado es derrocado. Su gobierno se juramentó en julio 2021 y fue depuesto diciembre 2022.

Las tensiones políticas, la falta de consenso político, la vocación golpista de la oligarquía y el interés de los Estados Unidos por evitar el ascenso de gobiernos progresistas condicionan el contexto político peruano. A eso se suma la dispersión del movimiento progresista.

Impedido de aplicar su plan de gobierno y debilitado orgánicamente, el gobierno de Pedro Castillo no resistió los embates de la oligarquía. Sucumbe ante el ataque de sectores que se dedicaron a conspirar contra el gobierno hasta derrocarlo.

El Golpe de Estado a Pedro Castillo empezó a gestarse desde antes de llegar al gobierno. La campaña electoral testimonia los prejuicios de la oligarquía peruana con respeto al progresismo. La conspiración permanente desde el Congreso Nacional, donde las fuerzas políticas representadas, cerraron filas contra el Ejecutivo peruano.

Presagiando el fracaso de la gestión y conscientes de las debilidades del proyecto Perú Libre. No reconocer al gobierno y deslegitimar al presidente fue asumido como línea política de la derecha peruana. De los intentos por quebrar el orden institucional y desconocer la voluntad popular pasaron al acoso mediático y a la persecución política.

Los golpes de Estado en América Latina y El Caribe tienen un patrón común: cuando liberales, progresistas y socialistas gobiernan, las oligarquías conservadoras conspiran derrocarlas. Las evidencias son contundentes. Hasta que no se asuma la transformación de las bases oligárquica y se genere compromiso democrático, el consenso político será una ficción. Se habla de a habilitar diálogos políticos y sociales, pero si las partes no se reconocen mutuamente no habrá consenso, y sin consensos mínimos la gobernabilidad se perturba y la institucionalidad democrática se neutraliza.

La escasa duración de los gobiernos que ha tenido el Perú en el Siglo XXI ha impedido la consolidación de la democracia y la superación de los males ancestrales que sufre ese gran país. La lista de presidentes procesados y destituidos sin haber completado el período para el que fueron electos incluye gobiernos de tendencia progresista como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y ahora Pedro Castillo Terrones.

La institucionalidad democrática y el sistema político peruano tendrá que encontrar formas para evitar un colapso total. De no hacerlo las masas populares, expoliadas e ignoradas entrarán en acción. Es la acción colectiva la que hace mover los cimientos de la sociedad política y empuja las transformaciones revolucionarias.

Plataforma Política de Perú Libre. 

Perú Libre fue la plataforma política desarrollada por fuerzas socialistas y progresistas para enfrentar y vencer apretadamente a la candidata de Fuerza Popular, a Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, quien venía de enfrentar un proceso judicial que la llevó a la cárcel. El fujimorismo en Perú se hizo doctrina y ha servido de soporte ideológico al conservadurismo y de punta de lanza para atacar al progresismo.

“Perú Libre es una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática. Para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría marxista y bajo su luz interpretar todos los fenómenos que ocurren en la sociedad mundial, continental y nacional, sus causas y efectos, y a partir de ese diagnóstico plantear criterios de solución que conlleven a la satisfacción de las mayorías. Asimismo, los postulados mariateguístas, son de vital importancia respecto de nuestra realidad nacional, latinoamericana e inclusive mundial”. https://elecciones.larepublica.pe/planes-de-gobiernos/pdf/peru-libre.pdf

La propuesta programática que asumió Pedro Castillo y Dina Boluarte como líderes de Perú Libre, incluyó proyectos, programas e iniciativas orientadas a enfrentar a la transformación del sistema educativo, el aparato productivo, nacionalización de los recursos naturales, revisión de la política exterior, exclusión social, pobreza y desigualdad. Para avanzar, se propone una Asamblea Constituyente para transformar las bases del Estado peruano.

El contraste entre las propuestas programáticas representadas por Perú Libre y Fuerza Popular queda de manifiesto en la conclusión del programa de gobierno, donde Keiko Sofía Fujimori Higuchi que: El Rescate y reconstrucción de nuestro país, puede y debe hacerse sin necesidad de grandes cambios constitucionales o refundaciones del país. El Perú tiene cimientos sólidos. Están en la Constitución de 1993. Algunos han intentado destruirlos, pero su solidez se los ha impedido. Es tiempo de reconstruir sobre dichos cimientos una sociedad donde se premie el esfuerzo, pero se reconozcan las diferencias; donde vivimos en armonía entre nosotros, pero también con nuestras comunidades y el ambiente; donde se promueva el crecimiento económico, pero se garantice la igualdad de oportunidades. Sólo así todos los peruanos sentiremos que tenemos la oportunidad de hacer realidad nuestros sueños de prosperidad”.

Queda claro, que Keiko Fujimori no pretendía cambiar al Perú, ni mucho menos propiciar una reforma constitucional, dado su compromiso con los sectores oligarcas. Tocaba a Perú Libre y a Pedro Castillo encaminar esfuerzos para trasformar el sistema político, empezando por la convocatoria de una Asamblea Constituyente que dote al país de un texto acorde con las aspiraciones de los sectores progresistas.

Tras un accidentado proceso electoral y con un reducido margen, Perú Libre se impone a Fuerza Popular. Pedro Castillo inicia en un gobierno en país fragmentado y con un Congreso Nacional dividido. Eso sumado, al rechazo de la oligarquía y sus medios impidieron la consolidación del gobierno.

Bajo un asedio feroz, el gobierno de Castillo intenta avanzar, pero la resistencia bestial de fuerzas oligarcas empujan hacia el abismo. Utilizando los medios para acosar, a la justicia para acusar y al Congreso Nacional para boicotear, la derecha impuso su agenda golpista.

El Rol de la Organización de Estados Americanos, OEA.

En la parte más crítica de las tensiones políticas, la Organización de Estados Americanos, OEA, envió una misión en octubre para mediar entre el gobierno peruano y la oposición. Recomendaron la apertura de un diálogo político, pero la oposición tenía claro su proyecto de vacar a Pedro Castillo, quebrar el gobierno de corte progresista e instaurar un títere que responda a sus intereses.

La confesa vocación golpista de la OEA, especialmente Luís Almagro, su secretario general. Conocida sus prácticas en esos casos, seguramente puso sus cartas. Eso se comprueba con el reconocimiento de la presidenta Dina Boluarte que sustituye a Castillo. Ella era la vicepresidenta del gobierno y negoció con sectores golpistas para ascender a la presidencia.

OEA fue a Perú a mediar entre oposición y gobierno, días después es depuesto Pedro Castillo. Así sucedió en Bolivia cuando se produjo el golpe contra Evo Morales. Oligarquía, cúpulas empresariales, religiosas y económicas impiden que se consoliden las propuestas progresistas.

En la resolución CP/RES. 1208 (2400/22), aprobada por el Consejo el 20 de octubre. En sus párrafos resolutivos, los Estados Miembros de la OEA deciden: Realizar un llamado a todos los actores para que sus acciones se enmarquen en el respeto al estado de derecho, reconociendo que el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana establece que “el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos”.

Tras esa visita escribí lo siguiente al presidente Castillo en su cuenta de Twitter: Cuídese de esa gente, porque "el lobo pierde el pelo, pero nunca las mañas". Refuerce las alianzas con los sectores populares y saque auditorías que evidencien los desmanes cometidos por quienes le precedieron. Rinda cuenta y articule alianzas políticas y sociales productivas.

Tensiones Ideológicas.

Hay quienes afirman que la lucha de clases no existe, sin embargo, las oligarquías y las burguesías latinoamericanas imponen a las clases populares sus modelos de dominación, tal como sucedió en la Guerra Fría. Que el trabajo se hay diversificado y la desindustrialización haya diezmado la lucha sindical, no quiere decir que el proletariado desapareció ni la “explotación del hombre por el hombre” tampoco.

La lucha de clases es realidad no ficción. Varían las expresiones, pero la escencia sigue siendo la misma. En Perú, esa lucha en entre élites, sectores medios y masas populares se expresa crudamente. Discriminación racial, exclusión social y marginación convergen en modelos que incrementan la pobreza y concentra las riquezas.

Las fuerzas progresistas no pueden limitarse a gestionar el modelo que heredan, donde oligarquía e imperialismo tienen sembrado sus intereses. Deben empeñarse a construir un contrapoder que le ayude a desarrollar su propuesta de trasformación de la sociedad. Llegar al gobierno exige conquistar el poder para avanzar en democracia, asumiendo la justicia social como bandera.

Los gobiernos socialistas, revolucionarios y progresistas deben empeñarse en construir un contrapoder para equilibrar la balanza y profundizar la democracia. El acoso a Pedro Castillo confirma que las derechas cuando no ganan arrebatan.

Las fuerzas reaccionarias no creen en democracia ni respetan institucionalidad que la sostiene. Conspiran abiertamente contra gobiernos electos y no aceptan el juego democrático. En el caso peruano, esa conspiración, asedio, acoso y descalificación contra el presidente Castillo se inició en la campaña política. Prejuicios raciales y discriminación social fueron armas para impedir el ascenso y consolidación del nuevo gobierno.

Choque de Poderes.

Crisis política y choque de poderes terminan en golpe de Estado. El golpismo continuado impuesto desde el ascenso de Pedro Castillo se consuma y los sectores reaccionarios logran su objetivo. La democracia peruana explota y el presidente termina preso.

Dina Ercilia Boluarte, ex vicepresidenta del Perú y ahora presidenta impuesta por el Congreso Nacional pide tregua política para instalar gobierno de "unidad nacional". ¿Le suena ese discurso? Boicotean los cambios legislativos que propuso Pedro Castillo y conspiran hasta destituirlo.

Las tensiones entre los poderes ejecutivos, judicial en el Perú contribuyen a la deslegitimación de la institucionalidad democrática. Que los presidentes sean acusados de corrupción, procesados y destituidos pudieran colocar al país como referente ético, pero la realidad es otra. De seguir así, pocos se expondrían aspirar a la Presidencia, sabiendo que quienes acusan, juzgan, enjuician y destituyen son producto de la misma institucionalidad política.

Las funciones de los Poderes del Estado deben complementarse en sus funciones. De ahí que habrá que resignificar la teoría de división de poderes, para establecer canales de relaciones sustentadas contrapesos funcionales. Si un poder se superpone a otro, la democracia no funciona. En Perú hay evidencias empíricas de que el choque ha neutralizado la institucionalidad democrática.

Las reformas políticas e institucionales deben romper los cercos normativos impuestos por los poderes fácticos, a través de los marcos normativos. Para transformar la institucionalidad y democratizarla hay que cambiar la base normativa que la sustenta. Además, se deben impulsar acciones que rompan la cultura golpista para evitar fricciones y choques entre los poderes del Estado.

Perspectiva Económica.

La República del Perú con unas riquezas naturales inmensas, donde operan empresas multinacionales que dejan pocos beneficios al país y a las que el gobierno progresista pedía cuentas, entendieron que debían quebrarlo. Economía y Política son aliadas para garantizar gobernabilidad, paz social y estabilidad política. La economía peruana en el gobierno de Pedro Castillo avanzaba y se consolidaba a pesar del boicot de muchas de sus iniciativas en el Congreso Nacional y el impacto de la Covid-19. Así se lee en la página del Banco Mundial.

“Los parámetros macroeconómicos fundamentales de Perú continúan siendo sólidos: una relación entre deuda pública y producto interno bruto (PIB) relativamente baja, reservas internacionales considerables y un banco central confiable. Se prevé que, a mediano plazo, la economía nacional crecerá ligeramente por debajo del ritmo del 3 % anterior a la pandemia, gracias al aumento de las exportaciones, mientras que la demanda interna se desacelerará en un contexto de escasa confianza de las empresas, un menor crecimiento de la cantidad de socios comerciales y cierta volatilidad de los precios de la energía. Se estima que la pobreza se mantendrá por encima de los niveles anteriores a la pandemia en los próximos dos años, como consecuencia de la caída de la calidad media del empleo”. https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview

Papel del Congreso Nacional.

El Congreso Nacional del Perú, junto a otros sectores golpistas, recurrieron a diversas argucias jurídicas para derrocar al presidente constitucional. Una de ellas es la prerrogativa denominada “vacancia por incapacidad moral permanente”, cuya interpretación se presta para suplantar rápidamente a un gobierno electo.

Si la democracia acepta que el Congreso Nacional suplante la voluntad popular de forma recurrente como ha sucedido en el Perú, las elecciones se convertirán en quimeras. El derecho a elegir y ser elegido debe acompañarse del deber de respetar esos derechos y las autoridades electas actuar apegadas a la institucionalidad y a la normativa, pero cuando la arbitrariedad se impone, el liderazgo político se predispone.

Las organizaciones políticas deben servir para formar y renovar los liderazgos; así como para canalizar las necesidades de la gente. Esas entidades definen perfiles de las candidaturas que postulan a diversos cargos, que una vez electos, pasan a representar el colectivo, ya sea desde el Congreso Nacional, Poder Ejecutivo o Gobiernos Locales.

En el caso peruano, el Congreso ha destituido a una serie de mandatarios, como si se tratara de una instancia neutral, no una entidad electa en elecciones populares como el Poder Ejecutivo. Aquí hay, cuando menos, un choque de poderes. Controlar, legislar y representar son funciones básicas de las Cámaras Legislativas, pero en Perú, esas funciones se relegan y se privilegian las acciones golpistas.

Si legislaran, trabajarían por la Reforma Constitucional, vía Asamblea Constituyente, como propuso el destituido Pedro Castillo. Si controlaran, se opondrían y sancionarían a quienes han sumido al país en la pobreza y la miseria, colocando la deuda externa en niveles imparables. En la representación incluirían a toda la población, no se colocarían al servicio de las élites y los intereses foráneos.

Papel del Poder Judicial.

El Poder Judicial, especialmente el Ministerio Público llega tan lejos en su afán por vacar al presidente que tras la imposibilidad de condena con los mecanismos nacionales recurre a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para acusar y acosar al presidente Pedro Castillo.

La judicialización de la política hace presencia e impone su lógica perversa, desvirtuando la institucionalidad democrática y desconociendo la voluntad popular. La utilización de las estructuras judiciales para perseguir políticamente a quienes impulsan y representan corrientes políticas e ideológicas de corte progresistas, socialistas o revolucionarias impiden el desarrollo político, destruyen las bases de la democracia e impiden su consolidación.

“Las investigaciones de la justicia contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, y su Gabinete quedaron cristalizadas el martes en una gravísima denuncia que repercute en los precarios equilibrios políticos del país andino. La Fiscalía de la Nación acusó al mandatario de encabezar una presunta “organización criminal” con el propósito de amañar contrataciones para obtener ganancias ilícitas. No es la primera vez que el maestro rural y sindicalista, que en 2021 ganó las elecciones con una promesa de cambio profundo que de momento no ha logrado cumplir, se ve envuelto en un escándalo”. https://elpais.com/opinion/2022-10-19/denuncia-contra-pedro-castillo.html#?rel=mas

Esta reseña del periódico El País, español al servicio de las oligarquías en el mundo, asociado al Grupo Prisa, deja claramente establecido las pretensiones del acoso judicial contra el presidente. El relato busca generar una tendencia mediática para reforzar las acusaciones diseñadas para minar la confianza en el gobierno. La complicidad de sectores golpistas se evidencia en el relato contra Castillo.

Asedio Congresual y Acoso Mediático.

El fujimorismo y la oligarquía no perdonaron que un profesor, sindicalista y rondero destronara a la representante del conservadurismo señora Keiko Fujimori. Al no poder imponerse en las urnas y habiendo fallado los intentos de fraudes, se dedicaron a deslegitimar, a conspirar públicamente y a torpedear los proyectos e iniciativas impulsadas por el sector progresistas.

Detienen a presidente del Perú, Pedro Castillo. No dejar gobernar al progresismo es la meta de las derechas golpistas y sus grupos de interés. Medios de comunicación, poder judicial y congreso. Quitan el gobierno de izquierda para echar a caminar su proyecto.

En América Latina, la historia de acoso y asedio mediático es larga. Tanto los medios tradicionales de comunicación como las redes sociales son utilizadas para montar campañas contra los sectores progresistas. Desprestigiar el liderazgo progresista para impedir su consolidación es el objetivo principal, pero la estrategia se orienta al reforzamiento de las bases de modelos excluyentes, como el neoliberal.

Golpe Congresual y Contragolpe del Poder Ejecutivo.

Calumniado y sin una base política sólida, Pedro Castillo se ve precisado a disolver el Congreso Nacional, consciente de la imposibilidad de impedir las pretensiones de los golpistas. El golpe continuado iniciado antes de la juramentación, bajo modalidades diversas. La derecha impuso su dinámica golpista para cerrar el paso del progresismo en Perú.

El presidente Pedro Castillo Terrones dispone disolver el Congreso Nacional e instalar un gobierno de excepción. Es un contragolpe al golpe continuado auspiciado por fuerzas reaccionarias desde el Congreso Nacional, el Poder Judicial, medios de comunicación y el Congreso. Ahora vienen lo gordo.

Empujan al pueblo peruano a un levantamiento popular. Suplantar la voluntad popular desde el Congreso Nacional y derrocar gobiernos no es ejercitar la democracia, es pervertir la democracia. Las oligarquías reflexionan o los pueblos las destronan. La olla no resiste más presión.

Disolver el Congreso no es Golpe de Estado, pero en la derecha peruana están empujando, desde hace años, a una crisis política que perturbe la institucionalidad democrática. Las tensiones acumuladas les permiten sus planes golpistas oligarcas.

Disolver el Congreso Nacional sin contar con fuerzas que ayuden a sostener el gobierno no sería la mejor decisión, pero Castillo fue empujado a tomar una medida que terminó mal, pero las fuerzas golpistas ya habían decidido destituirlo al precio que fuera.

El Congreso Peruano, con apoyo mínimo destituye un presidente electo constitucionalmente y nombra nueva presidenta. ¿El Congreso puede destituir al presidente de la República, pero este no puede disolver el Congreso? Son nudos que debe soltar la democracia peruana.

Tras el golpe de Estado, Keiko Fujimori felicitó a Dina Boluarte, evidenciando un trato de cúpulas. Comenté lo siguiente a @KeikoFujimori: “Claro que tiene que felicitarla, ha pasado ser parte del proyecto que usted defiende. ¿Cuánto durará? ¿Cuándo harán público el acuerdo para "ascenderla a presidenta"? ¡Diga! Recuerde que la democracia tiene como base al voto popular y cuando se vulnera, viene la reacción popular”.

El experto en inteligencia conceptual explica cómo se monta el Golpe  de Estado en el Perú y qué se hace para revertirlo ¿Pedro Castillo fue drogado, amenazado de muerte y obligado a leer un documento donde se anunciaba la disolución del Congreso Golpista? Dejo aquí el enlace donde se analizan aspectos trascendentes de la cuestión peruana y de Latinoamérica. sus conclusiones al respecto. https://www.youtube.com/watch?v=71mCBm6hj5w  

Papel de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

En un comunicado conjunto las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, insinúan neutralidad y apego al orden constitucional, pero es claro, que son y han sido siempre, parte de la estructura golpista, accionando conjuntamente con quienes rechazan los gobiernos progresistas. Esa es la tradición de las cúpulas militares y policiales formadas por Estados Unidos para garantizar sus intereses en la región.

En respuesta al comunicado insípido de @CCFFAA_PERU en su cuenta de Twitter le pregunté: ¿Ustedes están en contra o a favor del Golpe de Estado contra Pedro Castillo? ¿Ignoraban ustedes que contra el gobierno constitucional existía una conspiración permanente y un acoso continuo? ¡Si respetan la Constitución respalden al presidente constitucional! Los hechos posteriores confirman que ellos eran parte de la treta golpista.

Es sabido que fuerzas armadas y policía nacional obedecen a la oligarquía peruana y a los grupos de intereses ajenos al Estado peruano. Formadas, entrenadas y adoctrinadas por Estados Unidos o con dinero proveniente del exterior, a través de las diversas ONGs que operan en Perú, deciden aparentar una neutralidad que desdice su juramento de obedecer al poder civil legalmente constituido.

Tras la intentona golpista, queda evidenciado que para un proyecto progresista evolucione y se consolide tienen que crear un cuerpo de oficiales que entiendan y defiendan las iniciativas que impulsa el Poder Ejecutivo en bien del país. Es tradición en América Latina y El Caribe que las Fuerzas Armadas, Cuerpos Policiales y Equipos de Seguridad del Estado son objeto de adoctrinamiento por parte de Estados Unidos para obedezcan a sus intereses.

Impacto del Golpe de Estado en la Democracia Peruana.

La democracia peruana luce entrampada en sus propias redes. El diseño institucional tiene mecanismos como “vacancia por incapacidad moral”, o atribuciones de lo Consejo de Ministros, entre otros, requieren revisión urgente. Revisar sus funciones y pertinencia es fundamental si quisieran superar las crisis recurrentes institucionales y los choques entre los poderes del Estado.

Independientemente de las prerrogativas constitucionales que dan al Congreso Nacional la facultad de control a los demás poderes, en Perú, la sucesión presidencial no debe ser entorpecida, y menos, utilizando ese espacio para conspirar abiertamente contra el Poder Ejecutivo. La persecución judicial y el acoso mediático ahondan las contradicciones de la clase política peruana quiebran las bases de la institucionalidad democrática.

Desde el año 2000, cuando Alberto Fujimori salió del gobierno, todos los presidentes han sido procesados, apresados, algunos condenados, y hasta un caso de suicidio. Otros son obligados a renunciar. Gobernante de todas las corrientes, incluidos liberales, conservadores y progresistas pasan por el “cedazo moral” de la justicia y el congreso. Instituciones que tienen niveles bajísimos de confianza en la sociedad peruana.

El último presidente derrocado por las oligarquías y el imperialismo yanqui es Pedro Castillo. Profesor y sindicalista que fue postulado por Perú Libre, para impulsar la agenda progresista, fue discriminado, acosado, perseguido, y finalmente derrocado a 16 meses de haber sido juramentado. La derecha nunca aceptó ni reconoció su gobierno e hizo todo lo posible para derrocarlo, utilizando miles de excusas hasta lograr su objetivo.

El Perú, pasa de una crisis institucional caracterizada por un choque de poderes a una crisis política. Las repercusiones políticas de las acciones golpistas obligan a los sectores progresistas, socialistas y revolucionarios a revisar su accionar y a fortalecer sus alianzas. Eso incluye la definición de los perfiles de los liderazgos y la revisión del marco normativo que sustenta la institucionalidad que heredan.

Resistencia Popular y Unidad Progresista.

Imagen tomada de Telesur

La consumación del golpe de Estado a Pedro Castillo pone a prueba la resistencia popular del pueblo peruano y la vocación democrática de las fuerzas progresistas, socialistas y revolucionarias. La unidad estratégica y programática para contrarrestar y enfrentar los embates de la oligarquía es fundamental.

“Solo el pueblo salva al pueblo”, y las fuerzas populares del Perú tienen trayectoria de lucha y vasta experiencia. Ha padecido dictaduras, persecuciones y acosos, pero no se ha rendido. La tierra de los Incas, supo combatir la ocupación europea y a fuerza de voluntad se abrió paso en el convulso proceso independentista latinoamericano.

Proclamada la independencia nacional, las fuerzas progresistas, socialistas y revolucionarias, inician un largo camino hacia la consolidación del Estado y la defensa de la soberanía. Empujando el carro de la historia política supera el siglo XX y entra al Siglo XXI chocando con intereses foráneos y el entreguismo de la oligarquía.

Tras el golpe de Estado perpetrado por la oligarquía y sus socios, aprovechando una medida desesperada y poco aclarada donde el Presidente disolvió el Congreso Nacional y dispuso un gobierno de emergencia, asumen que ellos tienen razones, pero el Poder Ejecutivo no.

La conspiración oligarca estaba clara de que podía contar con el apoyo de la cúpula militar y policial; así como de los medios de comunicación para empujar la acción golpista desde un Congreso Nacional impopular, ilegítimo, conspirador y técnicamente disuelto.

Destituyen al Presidente Castillo, lo apresan acusado de rebelión y empiezan los arreglos para juramentar a quien fuera vicepresidenta la Dra. Dina Boluarte, previo acuerdo con sectores golpista, simulando respeto a la Constitución impuesta por el fujimorismo en 1993.

Se aprecia el choque de poderes, ya que Castillo Terrones puede ser acusado y apresado por “rebelión”, pero el Congreso Nacional no puede ser disuelto por boicotear, conspirar abierta y públicamente contra el Poder Ejecutivo. Algo anda mal en el sistema político peruano.

La treta golpista es clara, pública y continuada. Las masas populares empiezan a manifestarse en las calles y a exigir la libertad del expresidente Castillo, pero el objetivo de las fuerzas reaccionarias está consumado en la primera fase: sacar del poder a Pedro Castillo y desmontar el proyecto progresista impulsado por Perú Libre.

Ahora buscan legitimar su proyecto convocando a elecciones anticipadas, pero las fuerzas progresistas, socialistas y revolucionarias están consciente deben luchar y resistir para evitar que impongan su modelo. El escenario tiende complejizarse dada la dispersión del progresismo peruano.  

Es un montaje oligarca para tratar de blanquear el golpe de Estado alevoso y vil que operan en Perú con la complacencia de la exvicepresidenta, ahora presidenta títeres. Las fuerzas populares accionan, se activan y se articulan. Idéntico al golpe de Estado perpetrado en República Dominicana contra Juan Bosch en 1963.

De crisis institucional caracterizadas por choque de poderes, el Perú pasa a crisis política con movilización popular. Que liberen a Pedro Castillo y adelanten elecciones es lo mínimo. ¿Quiénes irían en esas elecciones? La unidad progresista, socialista y revolucionaria debe consolidarse y dar batalla por el respeto a la voluntad popular y por la injustica social.

Reflexiones Generales.

Si las fuerzas progresistas, socialistas y revolucionarias no se unen para impulsar proyectos y contrarrestar los embates de las oligarquías continuarán los golpes de Estado. Que intenten crear un Bloque Progresista Latinoamericano para profundizar las democracias.

Elaborar una estructura política y una plataforma programática de orientación y base socialista para transformar el modelo neoliberal. Defender a toda costa los derechos fundamentales y los recursos naturales. Estos elementos no están claro en Perú y eso facilita la conspiración continua de las oligarquías. Cambiar el modelo exige articulación, apoyos, alianzas, estrategias y visión.

Los poderes del Estado no pueden ser independiente y mucho menos contraponerse. Los poderes del Estado se complementan en sus funciones para hacer funcional a la democracia. Cuando se contraponen se neutralizan mutuamente y taponan la institucionalidad democrática.

Las fuerzas populares marginadas, explotadas, excluidas y vilipendiadas buscarán formas para expresar su descontento y espacios para ejercer sus derechos civiles y políticos. Es tarea del liderazgo progresista organizar, formar y conducir a las masas en su lucha contra las oligarquías y la alta burguesía.

Crear una estructura política solida que sirva de sostén a un proyecto progresista que defienda la soberanía y los recursos naturales y articular el poder popular para activar la acción colectiva son tareas impostergables para avanzar en los procesos de transformación de la democracia formal en democracia funcional inclusiva y de base popular.

Pedro Castillo Terrones, descuidó la unidad y no pudo articular con sectores estratégicos, como gremios profesionales, organizaciones indígenas, sindicatos e instituciones de base. La inclusión debe ser la característica de los procesos revolucionarios del siglo 21, ya que una revolución es incluyente o no es revolución. No depuró los cuadros militares que le acompañarían en el gobierno ni sancionó a los corruptos y le hicieron pagar el precio.

Con el pueblo en las calles, en Perú deben pedir el retorno del Presidente para que termine el período para el que fue electo y evitar que se imponga la oligarquía, ya que bloquean el ascenso al poder de fuerzas progresistas, socialistas o revolucionarias. Una forma remota, sería hacer una coalición monolítica.

La lucha de clases tiene expresiones distintas a épocas donde proletariado y burguesía rivalizaban. Hoy la oligarquía impone una pesada carga a los pueblos y empuja los límites de la desigualdad e incrementa la pobreza. El modelo imperante en Perú tiene características particulares, dada la composición de la sociedad. Los pueblos originarios, marginados y discriminados sufren los embates del neoliberalismo, la explotación indiscriminada de la minería y el entreguismo de la clase política.

Queda evidenciado, que, sin unidad revolucionaria, sin un liderazgo comprometido, sin un programa propio y una ideología definida, es imposible impulsar transformaciones revolucionarias. Organizar, motivar, formar y orientar a las masas son acciones que requieren coordinación y articulación. Es tiempo de replantear las relaciones con sectores que usan el progresismo como plataforma para reciclarse.

Una lección clara, es la necesidad de que los gobiernos progresistas, socialistas y revolucionarios fijen posiciones claras, respecto a los intentos desestabilizadores, el acoso mediático, el asedio congresual y judicial impulsados por sectores que se oponen a las transformaciones que impulsan. Desarrollar redes de solidaridad, integración y cooperación es fundamental para sustentar programas a favor de la justicia social y el desarrollo integral en Latinoamérica y El Caribe. 


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