EL DEBATE POLÍTICO-ELECTORAL: MUCHO MÁS QUE PRIMARIAS.

“Tanto la oposición progresista como la revolucionaria está distraída, mientras las derechas les arman la jugadota para las elecciones el 2020”. FDC/2017.

Los partidos y agrupaciones políticas son instituciones de filiación voluntaria cuyas funciones están establecidas por la Constitución de la República, La Ley Electoral, y los Estatutos Internos. Aunque la organización es libre, la Ley Electoral señala las características que deben asumir los partidos para ser reconocidos por el organismo regulador.

El artículo 4 de la Ley 275-97 establece las condiciones para el reconocimiento y señala que: “Podrá ser reconocida como partido político toda agrupación de ciudadanos que se organice de conformidad con las disposiciones de la Constitución y las leyes, con el fin primordial de participar en la elección de ciudadanos aptos para los cargos públicos y de propender a la realización de programas trazados conforme a su ideología particular, con el objetivo de alcanzar los puestos electivos del Estado”.

Como puede apreciarse claramente no es un voluntarismo someter las actuaciones de partidos y agrupaciones al escrutinio de la Ley, alineando así los estatutos a las prerrogativas normativas generales, y especialmente a la Constitución de la República. En el caso dominicano, la constitucionalización de los partidos políticos obliga a una reestructuración de la normativa complementaria para adecuarla. 

Los esfuerzos para concretar y acoplar el marco constitucional a la normativa que rige al sistema político-electoral ha sido objeto de un largo debate, que hoy gira en torno a unas propuestas de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. El tema llama a reflexionar sobre el contenido,  urgencia y pertinencia de una normativa específica para regular la gestión interna de los partidos políticos.

El sistema de partidos del país tiene casi 100 años regido por la normativa electoral. Desde 1987 se está hablando de la necesidad de una Ley de Partidos y hasta hoy no se tiene. ¿Es urgente? ¿Qué aportaría? ¿Cuáles aspectos regularía? ¿Se ha reflexionado sobre el tenue límite entre la materia estrictamente electoral, la contenciosa y la partidaria propiamente dicha? ¿Es preferible un Código Electoral? Estas y otras preguntas debieran ser respondidas antes de aprobar una normativa con tal trascendencia.

Hay interés en imponer una sola modalidad para las elecciones internas de los partidos y se debate entre primarias abiertas y cerradas ¿Cómo se explica esta obsesión? ¿Dónde quedan las demás modalidades? Se sabe que las Asambleas de Delegados, las Convenciones y hasta las Encuestas han servido para escoger y validar candidaturas.

¿Cómo evitar contradicciones y solapamiento entre la normativa electoral, la eventual ley de partidos y las normas estatutarias? Concentrarse en los aspectos jurídicos de la Ley es importante pero si se marginan las cuestiones gerenciales y también los aspectos puramente políticos, con esto se corre el riesgo de concentrar el control de los partidos en la Junta Central Electoral.

Otro riesgo latente, es el que pudiera presentarse si se sobre-regula y se cae en el facilismo de colocar en la Ley las cuestiones que deben ser objeto de la normativa interna. La organización en partidos políticos es voluntaria y la gente rechaza los excesos de control. Militar es una decisión que implica un alto compromiso político con su país, para unos, es una cuestión de vocación y para otros, es de principios. Algunos simplemente la usan como trampolín para lograr ascenso social y objetivos particulares. Unos y otros deben encontrar espacio para ejercitar sus ideas y cultivar sus capacidades.

Si la Ley de Partidos y Agrupaciones políticas que se discute no sirve para garantizar los derechos de los miembros militantes de los partidos el esfuerzo queda trunco. Por tanto, quienes insisten en defender la regulación de una actividad voluntaria deben pensar en formas efectivas y flexibles para evitar la desarticulación de las organizaciones político-partidaria.

Los derechos de los miembros deben ser preservados y privilegiados por encima de cualquier capricho o coyuntura politiquera. Se legisla para el bien del ente regulado y para el futuro de la nación, no para la satisfacción de intereses particulares ¿Qué motivación tendría una persona para participar en un grupo o institución donde no se respetan sus derechos ni se valoran sus capacidades?

Los partidos están acosados por una crisis de confianza que se ahonda por la incapacidad probada de esas entidades para autorregularse. Ignorar esta realidad es un craso error al momento de regular una actividad voluntaria ¿Se pretende retener a la gente en base a demagogia o se aspira a tener sujetos críticos, éticos y comprometidos?

Organizarse en partidos es un derecho pero no es obligatorio. Debe existir un incentivo y una motivación específica. De ahí la importancia de ampliar el debate sobre la urgencia y pertinencia de una normativa que irá a regir a las organizaciones políticas del Siglo XXI. La democracia formal está en crisis porque su base que son los partidos ha descuidado la formación y se han desviado de la ética y del compromiso con la sociedad.

Centrar el debate en las modalidades de elección y marginar temas de tanta trascendencia como los perfiles de la membresía y el compromiso de esas entidades con la sociedad, agravaría la crisis que padece el sistema de partidos en República Dominicana. Las cuestiones medulares del sistema de partidos deben ser tratadas a profundidad con todos los entes que serían impactados con la normativa.

Otras cuestiones que deben establecer los lineamientos versan sobre las formas de alianzas, coaliciones y acuerdos donde se sacrifican los derechos de los miembros para privilegiar los del partido. Esa situación genera transfuguismo y afecta la transparencia con que deben gestionarse los partidos. Violentar los derechos de la membresía partidaria es colocar a la gente entre la disyuntiva de militar o no militar. Eso pone en riesgo la estabilidad del sistema político y la democracia.

Los aspectos regulatorios de los partidos deben seguir en mano de la Junta Central Electoral pero la parte de organización y gestión interna es un asunto que puede ser incluido en una eventual Ley de partido o simplemente quedar como materia estatutaria. Politólogos y juristas deben hacer coincidir los postulados normativos con los aspectos políticos orientados al fortalecimiento de las instituciones que sustentan la institucionalidad democrática. Las organizaciones políticas son clave para renovar el liderazgo directivo de la sociedad.

Esta reflexión está orientada a ubicar cada aspecto en su contexto. Así lo jurídico es jurídico; lo político es político y lo estatutario es estatutario. Tanto el Congreso Nacional como los partidos políticos, junto a los grupos de interés que trabajan el asunto deben priorizar y aclarar el ámbito y los alcances de dicha norma. Considerar la regulación de los partidos políticos, más allá de lo que establece la normativa vigente es un compromiso y una oportunidad.

Que se esté de acuerdo con una u otra modalidad de elección interna es una cosa, que se cierren a una sola y se obligue a todas las fuerzas políticas a asumir la misma modalidad es otra. Eso puede llevar a quienes insisten en esa lógica a “meterse en camisas de once varas”. Las regulaciones vigentes han traído el modelo político y democrático hasta aquí y se requerirá un esfuerzo para reencontrar a la gente con la Política. Si los postulados en los que se fundamenta la Ley sirve a ese propósito, será de gran utilidad, de lo contrario será una de tantas leyes que nacerá vieja e inútil.

Delimitado y establecido el área y campo de acción de una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que se complemente con el sistema electoral para fortalecer e institucionalizar la democracia funcional es el reto. Garantizar la participación, reforzar la cultura política, ciudadanizar la política, mejorar la regulación y apuntalar la transparencia es hoy un reto fundamental para el sistema político y electoral. El asunto es mucho más abarcador que una simple primaria o convención.

De poco sirve pasarse una vida discutiendo una Ley, si la misma no contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad política, propicia la modernización e impulsa el desarrollo político. De ahí la importancia de la formación y capacitación de la membresía y los simpatizantes de los partidos. La alfabetización política es clave cuando se apuesta al adecentamiento de la práctica política.

Transformar el formalismo democrático electoralista en una democracia funcional requiere de sujetos políticos comprometidos con la superación de vicios tan acentuados como el clientelismo, el caudillismo, transfuguismo, la corrupción y la impunidad. Conseguir esos perfiles exige un trabajo organizativo constante y una formación continua, tanto de la militancia como de la dirigencia partidaria. 

Aunque cueste retrasar la aprobación de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas el Congreso Nacional tiene la obligación de abrir un debate donde participe la mayor cantidad de actores. No es sano, política ni jurídicamente, colocar la “espada de Damocles” sobre las generaciones que nos sucederán. Es tiempo de reflexionar más allá de una simple modalidad de elección de candidaturas o elecciones internas.

Los modelos de partidos que tenemos hoy, de no adecuar su comportamiento a los requerimientos del Siglo XXI, desaparecerán. Nuevas formas de organización y participación política surgirán y el país debe darse una normativa donde quepa una diversidad de sujetos políticos. Pensar en un modelo de partido y en un sistema que los gestiones es un desafío. El cambio es constante y la organización societal es dinámica ¿Por qué cerrar los ojos ante un mundo que se transforma?

La Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas debe servir de sombrilla a cualquier modelo de organización que surja de la organización voluntaria de la gente. La doctrina, la ideología o los propósitos de los partidos son una prerrogativa de la membresía que lo conforma. Eso es lo que los une y les lleva a desarrollar un sentido de pertenencia y compromiso. Lo demás queda para quienes hacen de la política un negocio.

Si los partidos no mejoran su imagen y se institucionalizan; la democracia que sustentarán se deteriorará y abrirá paso a formas de gobiernos que no siempre favorecen la participación política. De ahí la importancia de cuidar a los partidos y organizaciones y trabajar para su desarrollo e institucionalización. Los esfuerzos por establecer un marco normativo deben llevar a un aumento de la transparencia y generar confianza en el sistema de partidos.

Se impone superar las diatribas y caprichos que mantienen enclaustrado el debate en el Congreso Nacional. Las cúpulas partidarias, especialmente de los llamados partidos mayoritarios deben esforzarse por democratizar el debate sobre la Ley de Partidos y Agrupaciones para fortalecer democracia interna y reforzar la institucionalidad democrática.

Que se consulte en las bases, para recoger y documentar el sentir de las mismas. Que se aproveche el debate para renovar el compromiso ético e incentivar la participación. Participar en la toma de decisiones también es un derecho de la militancia partidaria ¿Por qué negarle el derecho a participar? ¿Tienen las cúpulas la “verdad absoluta” o la “última palabra” sobre el asunto? Activar los mecanismos internos de participación renueva el sentido de pertenencia y aumenta las capacidades del debate.

Este no es un tema para políticos, opinólogos, politiqueros o sabelotodo, es ante todo, un tema que atañe a la militancia partidaria y al liderazgo político. Claro, nunca es malo que especialistas en Ciencias Políticas, juristas, sociólogos, periodistas, filósofos o cualquier otro cientista social entre al debate para aportar los insumos teóricos que faciliten la comprensión del tema y aclaren conceptos sobre las cuestiones que así lo ameriten.

Malo sería, que por torpeza, prisa o malicia se perviertan los contenidos y se enrede conceptualmente al pueblo haciéndole pasar “gatos por liebre”. Papel especial en este debate, es el que deben jugar la juventud y las mujeres militantes. Siendo mayoría, tendrán que lidiar con un marco normativo que pudiera lesionar principios y derechos fundamentales consagrados tanto en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos como en la Constitución de la República.

¡Que se democratice y se profundice el debate! ¡Es tiempo de transformar el formalismo democrático en democracia funcional! ¡El formalismo normativo ayuda pero no es la panacea, ya que la judicialización de la política pervierte y limita la acción política! ¡Transformar la cultura política para superar clientelismo caudillezco!