martes, 27 de septiembre de 2016

REFLEXIONES SOBRE LAS REFORMAS POLÍTICO-ELECTORALES EN REPÚBLICA DOMINICANA.

Las Reformas Políticas Electorales en la República Dominicana se puso de moda a finales de los años 90s y por alguna razón, el tema quedó relegado a cuestiones vinculadas a la reforma en Ley Electoral y un manoseada y manida propuesta de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que fue coordinado y diseñado por la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, COPRyME, creada en 1996.

Se inició un amplio proceso de conversatorios, consultas, seminarios, foros y mesas de trabajo que colocaron el tema en la agenda general de la Reforma y Modernización del Estado como un asunto estratégico. En el contexto internacional también, venía desarrollándose un proceso orientado superar el descrédito en el que habían caído los partidos y las instituciones políticas fundamentales.

Así, a partir de la Cumbre de las Américas de 1996, celebrada en Miami, Estados Unidos, se inician el proceso general de Reforma y Modernización del Estado en República Dominicana. Era parte de la estrategia política de las tendencias liberales y neoliberales que buscaban contrarrestar la ola revolucionaria que ya se veía venir en América Latina.

Tomando como punto de partida, la Reforma Constitucional de 1994 y aprovechando el escenario creado tras la crisis que siguió al cuestionado proceso electoral ese año, donde se produjo un fraude contra el Dr. José Francisco Peña Gómez y el PRD, tan comprometedor como el perpetrado  por el Dr. Joaquín Balaguer  en 1990 contra el PLD y el profesor Juan Bosch.

El Contexto político quedó condicionado por la reforma a la Constitución, ya que se incluyeron una serie de aspectos que afectaban el funcionamiento del sistema político. Cabe mencionar, la división de las elecciones y la creación de las circunscripciones electorales. Estos dos aspectos, cruciales para entonces, fueron aprovechados para montar el debate.

En 1997 se votó la Ley 275-97 como fruto de los compromisos asumidos por las partes en los diálogos postcrisis. Luego le han seguido varias leyes, incluida la que rige la cuota femenina. Claro, esa era una reforma para recoger las inquietudes de las fuerzas llamadas mayoritarias. El viejo modelo político de corte conservador había hecho los ajustes necesarios como para garantizar su recomposición.

Hubo tensiones fuertes y roces considerables entre las fuerzas progresistas y revolucionarias y las fuerzas liberales que impulsaban las modificaciones cosméticas a los subsistemas electoral y político. El proceso encontró apoyo de ciertos organismos internacionales como la OEA y el PNUD. Cada ente, estaba pendiente de que las cuestiones claves quedaran excluidas.

La Reforma Constitucional y la inclusión en la misma de dispositivos de control popular como la constituyente, el plebiscito y el referendo revocatorio quedaron en el tintero. Hubo varios proyectos de reforma constitucional pero ninguno fue tomado en cuenta. En 2002 se reformó la constitución solo para incluir la repostulación del entonces presidente Hipólito Mejía Domínguez. La reelección había sido abolida en 1994 por considerarse perniciosa para la estabilidad política y la gobernabilidad democrática.

Es 2010 cuando se abre una brecha para que la ciudadanía y sus organizaciones pongan en perspectivas sus aspiraciones de transformar el texto constitucional. El presidente Leonel Fernández, quien agotaba su tercer período de gobierno, llamó a una Consulta Popular y creó una comisión para que coordinara los trabajos de la misma.

El proceso fue amplio y diverso aunque hubo gente que se autoexcluyó. De las cientos de propuestas recogidas en cada tema, se incluyeron las que el grupo gobernante entendió prudente. Las quejas de quienes participaron no se hicieron esperar. Hay que recordar que la consulta no era vinculante y carecía de base normativa que lo sustentase.

No obstante, se avanzó y se colaron asuntos que podían ser considerados como progresistas, tal es el caso de la inclusión de las circunscripciones electoral. Un ensayo que pretendía acercar al representante a la demarcación y la gente que representa. Aun hoy, se espera que se concretice ese anhelo.

Respecto a la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas las discusiones han sido larga y tediosas. Se presentó la primera propuesta “consensuada” en 1999 por la COPRyME. Luego, con el cambio de gobierno de PLD a PRD, el proceso continuó pero el enfoque y los énfasis también cambiaron. Aquí se empezó a discutir la pertinencia o no de una Ley de Lemas paralelamente a la promoción y montaje de las Circunscripciones Electorales.

Técnicamente, la propuesta de Ley de Partidos estaba lista para ser presentada a las cámaras pero la falta de voluntad política impidió que se concretara. A juicio de muchos, esta Ley puede contribuir al adecentamiento de la práctica política, otros asumimos que esa acción debe complementarse con un cambio de actitud de la clase política frente a la POLÍTICA.

Se entiende que para transformar la cultura política requiere mucho mas que ajustes en el marco normativo. Implica un rediseño de la arquitectura institucional y organizativa tanto de las entidades rectoras como en las organizaciones políticas. Ser requiere entre otras cosas, un liderazgo comprometido con los valores morales y los principios éticos que rigen a los colectivos humanos.

De cualquier forma, la Ley que se apruebe debe incluir una categorización de los miembros, una definición de los derechos de los mismos y unos controles a quienes dirigen para que no abusen del poder delegado. Contendrá los dispositivos de vinculación de las organizaciones políticas con el Estado, así como las disposiciones referentes a la ética política y la formación y educación de los miembros.

El esfuerzo debe concluir, en una reforma y modernización de las entidades políticas, orientada al adecentamiento de la práctica política. La eficiencia del sistema político y el perfeccionamiento de la democracia funcional. Si no transforma el sistema y revaloriza la democracia de poco habrá servido tantos esfuerzos.

Hoy, en tiempos de las redes sociales y de un encarnizado cuestionamiento a la política, los políticos y los gobiernos, las organizaciones políticas son fundamentales e inherente al funcionamiento de la democracia. Los partidos políticos, como se ha dicho, son un instrumento que supera con mucho a las instancias que pretenden sustituirles desde los grupos de poder enquistados en el ámbito empresarial o grupos de sociedad civil.

Es cierto que hay mucho por superar pero de ahí a prescindir de los partidos como canalizadores de las expectativas populares y centros de gestión y distribución del poder político. Organizar y gestionar gobiernos o niveles de gobierno implica la elección de un funcionariado idóneo y comprometido. Los partidos deben aportar esos liderazgos y la normativa que surja debe reforzar esas prerrogativas.

La cuestión de fondo, es la reforma y modernización del Estado, pero las reformas políticas electorales son la sombrilla que debe dar cobijo ese esfuerzo. Si las reformas son políticas es a la clase política a quienes les toca liderar ese proceso. Toda acción de reforma del Estado implica una acción política. De ahí la complejidad del asunto y el interés de ciertos grupos de jugar al filibusterismo político con respecto al diseño de un marco normativo que se ajuste a las expectativas de la ciudadanía.

Negar la necesidad de transformación de los partidos políticas y de las entidades que los rigen o proponer su desaparición es algo riesgoso y poco práctico. La apuesta es construir una institucionalidad político-electoral que garantice la igualdad en el ejercicio de derechos políticos, así como un marco normativo que recoja las expectativas políticas del Siglo XXI.

El Siglo XX es historia y hay que entrar al nuevo escenario con instituciones políticas que den respuestas y cobijo al más amplio espectro de modalidades de participación, incluido los grupos que consideran obsoletos a las instituciones políticas. Los debates y los temas puesto en agenda dejan ver el gran reto que tienen la sociedad dominicana para encausar la práctica política por las sendas del decoro y la decencia.

Antes de proponer la desaparición de las organizaciones políticas se debe pensar en quienes ocuparían su espacio y los riesgos de una sociedad organizadas al margen de los partidos como entes de mediación. El reto es grande y los escollo también pero no se puede ceder en la lucha por la transformación de las instituciones heredades del Siglo XX.

El debate sobre la Ley de Partidos y Organizaciones Políticas debe ser abierto e inclusivo para que el producto sea flexible y útil. Quien se excluya, se expone a que le impongan una normativa y pierde la oportunidad de aportar a la construcción de un marco legal acorde con el interés colectivo, que es lo que debe primar. La democracia es diálogo y compromiso, nunca consenso como falsamente se cree. De ahí que que el disenso sea mas productivo en este tipo de discusiones.

Más y mejores partidos políticos debe ser la consigna de la sociedad. Compromiso, diálogo y búsqueda constante de legitimidad. Avanzar hacia una democracia dialógica con fuerte arraigo popular que facilite el avance hacia la sociedad que queremos y merecemos. Permitir a un grupito decidir por el colectivo, no ayuda a este elevado propósito. Al contrario, deslegitima el sistema y debilita las instituciones políticas. 

La transformación del formalismo democrático en democracia funcional es el horizonte que hay que mirar. Pensar en una socialización de la democracia que aumente su capacidad de gestión del complejo mundo en el que operan los sistemas políticos. Hay tantos escollos por superar como oportunidades por aprovechar. Hacer que la gente se reencuentre con la política es una cuestión estratégica para profundizar la cultura política.

El liderazgo debe entenderlo y asumirlo. Al margen de las críticas y los motivos que la generan los partidos son necesarios e insustituibles por el momento. De ahí la necesidad de trabajar por su desarrollo y consolidación. No se deben escatimar esfuerzos en la apuesta por dotar a la sociedad de una estructura jurídica que haga de los partidos y organizaciones políticas espacios de formación y educación de los hombres y mujeres que accionarán en la vida pública.

Hay razones para preocuparse pero no para alarmarse ya que las organizaciones políticas no tienen otra opción que no sea la transformarse. El futuro próximo deja abierta las puertas a la incursión de nuevas formas de participación política que debe ser contemplada. No es el fin de la historia ni lo será nunca. Los pueblos se renuevan y con ellos las formas de participar y accionar en política ¡El futuro es ahora!

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