Las Reformas Políticas
Electorales en la República Dominicana se puso de moda a finales de los años
90s y por alguna razón, el tema quedó relegado a cuestiones vinculadas a la
reforma en Ley Electoral y un manoseada y manida propuesta de Ley de Partidos y
Agrupaciones Políticas que fue coordinado y diseñado por la Comisión de Reforma
y Modernización del Estado, COPRyME, creada en 1996.
Se inició un amplio proceso de
conversatorios, consultas, seminarios, foros y mesas de trabajo que colocaron
el tema en la agenda general de la Reforma y Modernización del Estado como un
asunto estratégico. En el contexto internacional también, venía desarrollándose
un proceso orientado superar el descrédito en el que habían caído los partidos
y las instituciones políticas fundamentales.
Así, a partir de la Cumbre de
las Américas de 1996, celebrada en Miami, Estados Unidos, se inician el proceso
general de Reforma y Modernización del Estado en República Dominicana. Era
parte de la estrategia política de las tendencias liberales y neoliberales que
buscaban contrarrestar la ola revolucionaria que ya se veía venir en América
Latina.
Tomando como punto de partida,
la Reforma Constitucional de 1994 y aprovechando el escenario creado tras la
crisis que siguió al cuestionado proceso electoral ese año, donde se produjo un
fraude contra el Dr. José Francisco Peña Gómez y el PRD, tan comprometedor como
el perpetrado por el Dr. Joaquín Balaguer en 1990 contra el PLD y el profesor Juan Bosch.
El Contexto político quedó
condicionado por la reforma a la Constitución, ya que se incluyeron una serie
de aspectos que afectaban el funcionamiento del sistema político. Cabe
mencionar, la división de las elecciones y la creación de las circunscripciones
electorales. Estos dos aspectos, cruciales para entonces, fueron aprovechados
para montar el debate.
En 1997 se votó la Ley 275-97
como fruto de los compromisos asumidos por las partes en los diálogos
postcrisis. Luego le han seguido varias leyes, incluida la que rige la cuota femenina. Claro, esa era una reforma para recoger las inquietudes de las
fuerzas llamadas mayoritarias. El viejo modelo político de corte conservador
había hecho los ajustes necesarios como para garantizar su recomposición.
Hubo tensiones fuertes y roces
considerables entre las fuerzas progresistas y revolucionarias y las fuerzas
liberales que impulsaban las modificaciones cosméticas a los subsistemas
electoral y político. El proceso encontró apoyo de ciertos organismos
internacionales como la OEA y el PNUD. Cada ente, estaba pendiente de que las
cuestiones claves quedaran excluidas.
La Reforma Constitucional y la
inclusión en la misma de dispositivos de control popular como la constituyente,
el plebiscito y el referendo revocatorio quedaron en el tintero. Hubo varios
proyectos de reforma constitucional pero ninguno fue tomado en cuenta. En 2002
se reformó la constitución solo para incluir la repostulación del entonces
presidente Hipólito Mejía Domínguez. La reelección había sido abolida en 1994
por considerarse perniciosa para la estabilidad política y la gobernabilidad
democrática.
Es 2010 cuando se abre una
brecha para que la ciudadanía y sus organizaciones pongan en perspectivas sus
aspiraciones de transformar el texto constitucional. El presidente Leonel
Fernández, quien agotaba su tercer período de gobierno, llamó a una Consulta
Popular y creó una comisión para que coordinara los trabajos de la misma.
El proceso fue amplio y diverso aunque hubo
gente que se autoexcluyó. De las cientos de propuestas recogidas en cada tema,
se incluyeron las que el grupo gobernante entendió prudente. Las quejas de
quienes participaron no se hicieron esperar. Hay que recordar que la consulta
no era vinculante y carecía de base normativa que lo sustentase.
No obstante, se avanzó y se
colaron asuntos que podían ser considerados como progresistas, tal es el caso
de la inclusión de las circunscripciones electoral. Un ensayo que pretendía
acercar al representante a la demarcación y la gente que representa. Aun hoy,
se espera que se concretice ese anhelo.
Respecto a la Ley de Partidos
y Agrupaciones Políticas las discusiones han sido larga y tediosas. Se presentó
la primera propuesta “consensuada” en 1999 por la COPRyME.
Luego, con el cambio de gobierno de PLD a PRD, el proceso continuó pero el
enfoque y los énfasis también cambiaron. Aquí se empezó a discutir la
pertinencia o no de una Ley de Lemas paralelamente a la promoción y montaje de
las Circunscripciones Electorales.
Técnicamente, la propuesta de
Ley de Partidos estaba lista para ser presentada a las cámaras pero la falta de
voluntad política impidió que se concretara. A juicio de muchos, esta Ley puede
contribuir al adecentamiento de la práctica política, otros asumimos que esa acción debe
complementarse con un cambio de actitud de la clase política frente a la
POLÍTICA.
Se entiende que para
transformar la cultura política requiere mucho mas que ajustes en el marco
normativo. Implica un rediseño de la arquitectura institucional y organizativa
tanto de las entidades rectoras como en las organizaciones políticas. Ser requiere
entre otras cosas, un liderazgo comprometido con los valores morales y los
principios éticos que rigen a los colectivos humanos.
De cualquier forma, la Ley que
se apruebe debe incluir una categorización de los miembros, una definición de
los derechos de los mismos y unos controles a quienes dirigen para que no
abusen del poder delegado. Contendrá los dispositivos de vinculación de las
organizaciones políticas con el Estado, así como las disposiciones referentes a
la ética política y la formación y educación de los miembros.
El esfuerzo debe concluir, en
una reforma y modernización de las entidades políticas, orientada al
adecentamiento de la práctica política. La eficiencia del sistema político y el
perfeccionamiento de la democracia funcional. Si no transforma el sistema y
revaloriza la democracia de poco habrá servido tantos esfuerzos.
Hoy, en tiempos de las redes
sociales y de un encarnizado cuestionamiento a la política, los políticos y los
gobiernos, las organizaciones políticas son fundamentales e inherente al
funcionamiento de la democracia. Los partidos políticos, como se ha dicho, son
un instrumento que supera con mucho a las instancias que pretenden sustituirles
desde los grupos de poder enquistados en el ámbito empresarial o grupos de
sociedad civil.
Es cierto que hay mucho por
superar pero de ahí a prescindir de los partidos como canalizadores de las
expectativas populares y centros de gestión y distribución del poder político.
Organizar y gestionar gobiernos o niveles de gobierno implica la elección de un
funcionariado idóneo y comprometido. Los partidos deben aportar esos liderazgos
y la normativa que surja debe reforzar esas prerrogativas.
La cuestión de fondo, es la reforma y modernización del Estado, pero las reformas políticas electorales son la sombrilla que debe dar cobijo ese esfuerzo. Si las reformas son políticas es a la clase política a quienes les toca liderar ese proceso. Toda acción de reforma del Estado implica una acción política. De ahí la complejidad del asunto y el interés de ciertos grupos de jugar al filibusterismo político con respecto al diseño de un marco normativo que se ajuste a las expectativas de la ciudadanía.
La cuestión de fondo, es la reforma y modernización del Estado, pero las reformas políticas electorales son la sombrilla que debe dar cobijo ese esfuerzo. Si las reformas son políticas es a la clase política a quienes les toca liderar ese proceso. Toda acción de reforma del Estado implica una acción política. De ahí la complejidad del asunto y el interés de ciertos grupos de jugar al filibusterismo político con respecto al diseño de un marco normativo que se ajuste a las expectativas de la ciudadanía.
Negar la necesidad de
transformación de los partidos políticas y de las entidades que los rigen o
proponer su desaparición es algo riesgoso y poco práctico. La apuesta es
construir una institucionalidad político-electoral que garantice la igualdad en
el ejercicio de derechos políticos, así como un marco normativo que recoja las
expectativas políticas del Siglo XXI.
El Siglo XX es historia y hay
que entrar al nuevo escenario con instituciones políticas que den respuestas y
cobijo al más amplio espectro de modalidades de participación, incluido los
grupos que consideran obsoletos a las instituciones políticas. Los debates y los temas puesto en agenda dejan ver el gran reto que tienen la sociedad dominicana para encausar la práctica política por las sendas del decoro y la decencia.
Antes de proponer la
desaparición de las organizaciones políticas se debe pensar en quienes ocuparían su
espacio y los riesgos de una sociedad organizadas al margen de los partidos
como entes de mediación. El reto es grande y los escollo también pero no se
puede ceder en la lucha por la transformación de las instituciones heredades
del Siglo XX.
El debate sobre la Ley de
Partidos y Organizaciones Políticas debe ser abierto e inclusivo para que el
producto sea flexible y útil. Quien se excluya, se expone a que le impongan una
normativa y pierde la oportunidad de aportar a la construcción de un marco
legal acorde con el interés colectivo, que es lo que debe primar. La democracia es diálogo y compromiso, nunca consenso como falsamente se cree. De ahí que que el disenso sea mas productivo en este tipo de discusiones.
Más y mejores
partidos políticos debe ser la consigna de la sociedad. Compromiso, diálogo y búsqueda constante de legitimidad. Avanzar hacia una democracia dialógica con fuerte arraigo popular que facilite el avance hacia la sociedad que queremos y merecemos. Permitir a un grupito decidir por el colectivo, no ayuda a este elevado propósito. Al contrario, deslegitima el sistema y debilita las instituciones políticas.
La transformación del formalismo democrático en democracia funcional es el horizonte que hay que mirar. Pensar en una socialización de la democracia que aumente su capacidad de gestión del complejo mundo en el que operan los sistemas políticos. Hay tantos escollos por superar como oportunidades por aprovechar. Hacer que la gente se reencuentre con la política es una cuestión estratégica para profundizar la cultura política.
El liderazgo debe
entenderlo y asumirlo. Al margen de las críticas y los motivos que la generan
los partidos son necesarios e insustituibles por el momento. De ahí la
necesidad de trabajar por su desarrollo y consolidación. No se deben escatimar esfuerzos en la apuesta por dotar a la sociedad de una estructura jurídica que haga de los partidos y organizaciones políticas espacios de formación y educación de los hombres y mujeres que accionarán en la vida pública.
Hay razones para preocuparse pero no para alarmarse ya que las organizaciones políticas no tienen otra opción que no sea la transformarse. El futuro próximo deja abierta las puertas a la incursión de nuevas formas de participación política que debe ser contemplada. No es el fin de la historia ni lo será nunca. Los pueblos se renuevan y con ellos las formas de participar y accionar en política ¡El futuro es ahora!
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