INCIDENCIA DE LA CORRUPCIÓN EN LA POLÍTICA DOMINICANA.

“El Estado unitario es corruptor de nacimiento, todo Estado unitario, en cualquier tiempo, espacio y forma de gobierno, es siempre personal: el Estado es el jefe del Estado. Y como absorbe la iniciativa de los organismos provinciales y municipales, sustituye con la ley de su voluntad la autonomía de esas sociedades: de aquí la desorganización, y de ésta la corrupción”. Eugenio María de Hostos.

Los primeros 20 años del Siglo XXI se han caracterizado por una serie de actos de corrupción, algunos de los cuales han llegado a los tribunales de la República. Funcionarios y exfuncionarios han sido acusados y procesados por delitos contra el erario. Ese avieso accionar del liderazgo político y gente que entra a la política buscando beneficios lesiona la institucionalidad democrática.

Muchos actores del sector privado se asocian con políticos con funciones administrativas para negociar con el Estado al margen de la ley y atentar contra el erario. Robo, saqueo, malversación, cohecho, tráfico de influencia y corrupción generalizada constituyen la comidilla de medios de comunicación y redes sociales. En ese escenario acusación y contraacusación complementan el opaco accionar de gente, que, aun respetando la presunción de inocencia, se presumen culpables.

Tras los operativos realizados por la Procuraduría General de la República y el apresamiento de ciertos jorocones, miembros de organizaciones políticas han dejado ver su desacuerdo con la forma en que se desarrollan las investigaciones y acusaciones. Su sensibilidad choca con la permisividad y falta de probidad con que actuaron desde los cargos que ocuparon.

El sistema político dominicano está siendo impactado negativamente por una poderosa tormenta de corrupción, acompañada de rayos empresariales y centellas políticas. Las redes de complicidad que se tejen entre sectores privados para asaltar y controlar el poder político han facilitado la comisión de acciones criminales contra el erario.

Hablar de corrupción en la administración pública sin referirse a las complicidades entre estructuras política-partidaria y sectores empresariales vinculados a la política, es como intentar secar el océano con una toalla. Corruptores, corruptos, socios y cómplices accionan coordinadamente para generar espacios y condiciones propicias para el desarrollo de acciones dolosas.

Dentro de los diversos procesos abiertos por la Procuraduría General de la República, PGR, respecto a la corrupción administrativa salen a relucir vinculaciones directas entre políticos empresarios y empresarios políticos. Se habla de sumas astronómicas de dinero público robado, malversado y dispendiado, como si de patrimonio propio se tratara. 

Las operaciones AntiPulpo, Caracol, Coral, Medusa, Operación 13, Calamar, entre otras son muestra fehaciente del accionar perverso de grupos que van tras cargos públicos para lucrarse y aprovecharse para beneficiar a familiares, amigos y allegados. Los entramados en cada caso delatan la existencia de redes delictivas que desprestigian la política, dañan la institucionalidad democrática y destruye la confianza de la gente en las organizaciones políticas.

Los nombres de estas operaciones sugieren la participación de sectores vinculados a la justicia estadounidense ya que, en la cultura jurídica dominicana, no se aprecia la práctica de calificar sus operaciones con nombres sonoros. Independientemente de este aditivo, la lucha contra la impunidad es un reclamo de la sociedad dominicana.

Previo a las acciones mencionada anteriormente, se había generado una fuerte presión del Colectivo Marcha Verde, organizaciones sociales y gremios profesionales contra los acusados de aceptar soborno de la poderosa constructora brasileña ODEBRECH. El resultado de las pesquisas, pese al aparataje, terminó como una película mejicana: mucho humo y poco plomo.

El modus operandi de la justicia ha sido mediatizar los aparatosos operativos de detección de implicados en acciones ilícitas, especialmente cuando se trata de exfuncionarios o “personas de renombre”. Aunque criticado, el método ha cuidado las formalidades procedimentales establecidos para estos casos. Muchas figuras, que en su momento tuvieron un protagonismo público han caído como mangos maduros en tiempo de lluvia.

La dinámica procesal de la justicia genera tensiones y roces políticos. El morbo ha fijado la frase “dormir con ropas”, aduciendo que quienes tienen asuntos pendientes con la justicia o están en la picota pública, pueden ser apresado en cualquier momento. De hecho, muchos de los apresamientos se han producido a tempranas horas de la mañana cuando la mayoría encartados están en su cama.

Las modalidades de corrupción son diversas, pero los entornos corruptos se crean en bases a complicidades que incluyen sobornos, imposiciones, chantajes o asociaciones entre corruptos, corruptores, socios y cómplices, que accionan maliciosa y coordinadamente para alcanzar sus objetivos perversos. Las relaciones entre esos entes conforman la base de la impunidad.

Según la calificación dada por la Procuraduría General de la República a los expedientes que maneja, los delitos más comunes son: obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de crímenes contra el erario.

Al margen de los esfuerzos de las autoridades para romper el nido donde empollan corruptos, corruptores, cómplices y socios, la impunidad sigue siendo la norma en la lucha contra la corrupción por la eficiencias de las redes de complicidad que la sustentan. Tanto así, que se puede afirmar que la peor forma de corrupción es la impunidad, ya que la falta de sanción incentiva la comisión de acciones que dañan la institucionalidad democrática.

Mientras haya organizaciones políticas que funcionen como compraventas o mercados de pulga es difícil lograr avances en el necesario combate a la corrupción. Los partidos pueden hacer mucho más que la justicia en materia de prevención de la corrupción, pero ninguno asume ese rol. Urge accionar para fortalecer la institucionalidad partidaria, tomando como referencia los mandatos establecidos en el artículo 216 de la Constitución de la República y los postulados de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Las imágenes, tanto de operativos de captura como los conocimientos de las diversas medidas de coerción a los imputados por hechos de corrupción hablan bien de lo mal que estamos. Que sigan peleando los compadres para que se delaten los ahijados. El liderazgo político tiene que reivindicar su rol en la sociedad antes que el sistema explote y se rompan los diques de la institucionalidad democrática. Las primeras décadas del siglo 21 se caracterizan por la corrupción sistemática.

Dispositivos como la declaración patrimonial es piedra angular para la transparencia administrativa y la superación de la opacidad. El mecanismo instituido en artículo 146 de la Constitución Política de República Dominicana y en la Ley 311-14 de Declaración Patrimonial debe servir como herramienta de control. Que se apliquen las leyes rigurosamente para prevenir la corrupción y combatir la impunidad.

La Constitución de la República establece claramente la obligatoriedad de hacer Declaración Patrimonial y la Ley No. 311-14 instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos. El marco normativo de la transparencia es amplio y específico, solo falta que se aplique,

Visto lo anterior, hay que insistir en la necesidad de transformar el formalismo democrático electoralista que impera en el país en una democracia funcional de base popular. Intentar corregir las perversiones y vicios del modelo imperante judicializando la política o politizando la justicia es un salto al vacío.

Se requieren acciones que fundamenten una política de transparencia articulada, que incluya, rendición de cuantas periódicamente y auditada, libre acceso a la información pública, declaración patrimonial auditada, control sistemático de los conflictos de intereses y el control social; así como la aplicación continua y sistemática de los mecanismos de control externo e interno de la administración pública.

Las organizaciones políticas deben emplearse a fondo en la formación de su militancia y cuidar que una vez formados, cumplan con los requisitos de los cargos que pretenden ocupar. El perfil del funcionario debe estar legitimado socialmente y referenciado por principios éticos y valores morales que complementen su formación y vocación de servicio.

Además, es imperativo trabajar para superar el clientelismo, el transfuguismo, el mesianismo y el caudillismo político; así como superar el analfabetismo cívico, jurídico y político que exhiben actores que accionan en la política dominicana. Esas lacras neutralizan el desarrollo del sistema político dominicano e impiden la modernización política.

Eliminar la visión de que las nóminas públicas son una especie de “botín de guerra” o que son patrimonio de partidos y funcionarios. Respetar las normas y procedimientos que rigen la función y la administración pública es fundamental para transparentar el accionar de los funcionarios que asumen cargos y optan por cancelar, acosar y atropellar a servidores públicos para colocar acólitos que pocas veces cumplen los requisitos del cargo.

El acceso a la función pública está claramente definido en normativa y se fundamenta en el derecho que tienen los ciudadanos a optar por un cargo público. Entender que servir a la sociedad desde la administración pública es una oportunidad de aportar al desarrollo del país. Ninguno de los requisitos establecido en la Ley 41-08 de Función Pública o la Constitución de la República hace referencia a la militancia política como condición para acceder a cargos públicos.  

Quienes pretendan asumir la política como una fuente de enriquecimiento deben ser rechazados por la sociedad, pero para eso hay que redefinir la relación entre partidos, candidatos y electores. Es necesario romper las redes del clientelismo, contrarrestar las campañas anticipadas y sancionar a quienes aprovechan los cargos para impulsar candidaturas propias o de allegados.

Superar la discrecionalidad, el secretismo y la opacidad para prevenir la corrupción y combatir la impunidad es una tarea exigente, compleja y sistemática. Compleja porque afecta a toda la sociedad y sistemática porque debe combinar tanto medidas coercitivas como acciones de educación, formación y orientación cívica. Es exigente porque para lograr resultados positivos es necesario emplearse a fondo.

La historia de la lucha contra la impunidad en República Dominicana registra pocos avances en materia de sanciones sociales y legales, a pesar de que la normativa establece sanciones drásticas, incluida “la degradación cívica y la inhabilitación para ejercer cargos públicos”. Lo peor es que pareciera que no se aprenden las lecciones y las oleadas de corrupción se mueven al ritmo de la demagogia y el clientelismo.

Los funcionarios, del nivel que sean, tienen la obligación de someterse al régimen ético y disciplinario del servidor público, instituido en la normativa que rige la función pública. Que esto se cumpla es responsabilidad del liderazgo directivo y los entes que rigen la materia. De no hacerlo, deben asumir las consecuencias de sus actos frente a la sociedad.

Cuidar la democracia y vigilar la gestión de los recursos públicos es deber de la ciudadanía, pero cumplir normas y procedimientos es una obligación de quienes dirigen. Habrá transparencia en la administración pública cuando quienes dirijan o aspiran a dirigir, superen el feudalismo institucional, el secretismo, el secretismo, erradiquen la discrecionalidad y respeten la institucionalidad democrática.

La justicia no puede contraponerse a lo político, pero tampoco puede ni debe supeditar su accionar a los caprichos de quienes corrompidos pretenden corromperla para neutralizarla. Ambos componentes deben complementarse para prevenir la corrupción, combatir la impunidad, fortalecer la institucionalidad democrática y superando la opacidad.

Frei Betto, reconocido teólogo e investigador social brasileño caracteriza y tipifica al corrupto señalando que "El corrupto no sonríe, agrada; no saluda, extiende la mano; no elogia, inciensa; No posee valores, sólo saldo bancario. Se corrompe de tal modo que ya ni se da cuenta de que es corrupto. Se tiene por un negociante exitoso". https://rebelion.org/el-corruptometro/    

Quien corrompa o corrompa, se haga cómplice o socio de corruptos o corruptores debe encontrar sanciones ejemplares, devolver lo robado, ser inhabilitado para ejercer cargos públicos, pero sobre todo recibir todo el peso de la ley. El dinero que roba o malversa es dinero que debe ir a cubrir necesidades de la población, especialmente a los más vulnerables. Es un crimen, y como tal, no puede ni debe quedar impune.

Es necesario crear programas de sensibilización, formación y orientación cívica para contrarrestar los efectos perniciosos de la corrupción y generar capacidades que permitan prevenir la corrupción en todos los ámbitos de la sociedad. Centros educativos, redes sociales y medios de comunicación son espacios ideales para promover una cultura cívica que rechace el accionar de corruptos, corruptores, cómplices y socios.

Toca al Estado y a quienes dirigen eliminar los espacios donde nace, crece y se reproduce la corrupción. Es imperativo impulsar acciones que activen y hagan funcionar los mecanismos de control, ya sean políticos, sociales o institucionales. Cámara de Cuentas y Contraloría General de la República, junto a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la Cámara de Diputados y los Concejos de Regidores deben diseñar e implantar políticas que prevengan la corrupción e impongan la transparencia.

La corrupción no es propia de República Dominicana, ni exclusiva de la política. Este vicio no tiene ideología, credo o clase social. Surge y se desarrollo en todos los espacios de interacción, especialmente donde se maneja recursos, bienes o poder. Claro, en el sector público ha instituido sistemas de transparencia que incluyen códigos de ética y un amplio marco normativo. La cuestión es que esto queda en lo formal y el cumplimiento es muy bajo.

Impunidad y corrupción no se pueden tolerar en ninguna circunstancia dado el impacto que tienen en la calidad de vida de la gente y los males referentes que producen. El rechazo social es un buen antídoto para disuadir a quienes tienen esa perniciosa tendencia. Así lo hacen los países nórdicos, que no tienen tantas normas como hay aquí, pero los resultados son evidentes. Estos países tienen los más altos niveles de trasparencia y desarrollo del mundo. Entonces, aplicar las normas éticas, legales y sociales son la combinación para acabar con la impunidad y la corrupción.

En los procesos seguidos a funcionarios y exfuncionarios procesados o investigados se ido imponiendo la modalidad de "negociar". Lo peor con el dinero mal habido pagan abogados que le defiendan, casos que muchas veces parecen indefendibles y tras negociar con la PGR, devuelven parte de lo robado, al margen de lo establecido en el artículo 146 de la Constitución de la República que "proscribe cualquier modalidad de corrupción y manda a devolver lo robado entre otras penalidades". Negociar de esa forma implica delatar o vincular a otros en los casos que se conocen.

De alto interés para la zigzagueante democracia dominicana es la descripción de la relación entre empresarios políticos y políticos empresarios, establecer las causas, consecuencias, incidencia e impacto de la corrupción en la política dominicana, así como analizar el impacto de la corrupción en el sistema político dominicano y su incidencia en la cultura política.

Que en la búsqueda de los correctivos de este flagelo se incluyan límites al financiamiento privado a las campañas electorales y se establezcan reglas clara para los apoyos en especies que ofrecen ciertos sectores a candidaturas y partidos. La Junta Central Electoral y las organizaciones políticas son responsable de la gestión de los recursos y de la transparencia de los procesos comiciales. 

Establecer normas claras para la postulación de candidaturas y definir perfiles legitimados moral y socialmente es un paso importante para evitar la entrada de corruptos a la administración pública. Permitir que figuras con claros conflictos de intereses o cuestionado moralmente ocupen cargos públicos es colocar la "Espada de Damocles", sobre el sistema político.

Se sabe que el esquema operativo de las mafias políticas accionan conjuntamente con entidades privadas para corromper la institucionalidad pública. Independiente de la tipología de los delitos involucrados en acciones de corrupción, las prácticas corruptas aparecen en cualquier ámbito. De ahí la importancia de establecer regímenes de consecuencias eficientes y funcionales.

Las tecnologías de la información y la comunicación son aliados privilegiados en los esfuerzos por prevenir la corrupción y combatir la impunidad. En el país hay una tradición y hasta se habla de gobierno abierto. Se ha puesto mucha plata y quedó establecido en la Ley 200-04 un mandato que obliga a ir incorporando tecnología a los procesos de gestión para superar el secretismo, pero los resultados distan mucho de lo esperado. 

Instituir el reino de la transparencia y erradicar la corrupción en países con democracias de baja intensidad es un camino accidentado, largo y sinuoso. Revisar la eficiencia en la aplicación del amplio arsenal normativo que puede servir de fundamento a la trasparencia y actualizar los mecanismos de control social, es el punto de partida. Avanzar en esa dirección reclama coordinación, recursos, alianzas y compromisos. 

Sabiendo que la corrupción tiene profundas raíces, romper el círculo círculo vicioso hay que concluir que el mejor antídoto es la prevención y la sanción ejemplar cuando suceda, incluida la sanción moral. Evitar a toda costa, que quienes se corrompan encuentren reconocimiento en la sociedad o espacios para colocar sus bienes mal habidos. Combatir la impunidad e imponer la transparencia es tarea fundamental para desincentivar la comisión de acciones reñidas contra la moral y la normativa dentro de la administración pública.

Concluyo esta reflexión diciendo que en los países donde el liderazgo político, empresarial, religioso y social no cumple ni respeta las normativas, no hay institucionalidad que funcione. Por tanto, luchar contra la impunidad, implica trabajar para erradicar la discrecionalidad, superar el secretismo y la opacidad, así como transformar la institucionalidad democrática y ciudadanizar la política.