“Seguid, jóvenes amigos, dulce esperanza de la patria mía, seguid con
tesón y ardor en la hermosa carrera que habéis emprendido y alcanzad la gloria
de dar cima a la grandiosa obra de nuestra regeneración política, de nuestra
independencia nacional, única garantía de las libertades patrias”. Juan
Pablo Duarte.
Sonó la clarinada juvenil y el mundo lo ha escuchado. Miles de jóvenes
se han levantado contra el modus operandi de la clase política dominicana, el
deterioro institucional, la corrupción y la falta de transparencia en la
gestión pública. Lo que se ha visto, es una acción que dista de la tradicional
forma de lucha social conocida en el país.
El 16 de febrero de 2020 quedará estampado en la memoria del pueblo
dominicano, especialmente, en la de la juventud progresista. El pueblo fue
llamado a elecciones para renovar el liderazgo directivo en los gobiernos
locales. El proceso inició y se perfilaba como exitosa.
En
un hecho sin precedentes, la Junta Central Electoral y el liderazgo político
suspendieron las elecciones municipales. Tras múltiples fallas del Sistema de
Voto Automatizado se produce la traumática y preocupante suspensión. Sectores
vinculados a la oposición han expresado su desconfianza con el Sistema de Voto
Automatizado desde las Elecciones Primarias Simultáneas del 6 de octubre de
2019.
A
esto se suma, la andanada de acusaciones contra la Junta Central Electoral, a
cuyos integrantes se le acusa de incapacidad y parcialización con el partido de
gobierno. A pesar de que la elección del Pleno de la JCE es realizada desde el
Congreso Nacional, donde hay representación de varias corrientes políticas.
Desacreditar un árbitro electoral genera desconfianza y crea las condiciones
para invalidar cualquier decisión que surja del mismo.
La
oposición política acusa el gobierno de haber fraguado un plan para abortar el
proceso. El gobierno negó las acusaciones, expresando que no hay razones
lógicas ni políticas para incurrir en una acción de esa envergadura. El Partido
de la Liberación Dominicana, habló de un sabotaje que provocó fallas en el
sistema que dio al traste con el proceso electoral.
La
población quedó en shock por el inusitado anuncio de la Junta Central
Electoral, dado que ya había sufragado una cantidad considerable de electores.
A pesar de las dificultades con el Sistema de Voto Automatizado la gente
intentaba votar. Cabe recordar que gran parte del país no usaba este sistema,
sino la tradicional boleta. Ahí, no hubo problemas que comprometieran la
transparencia y calidad del proceso comicial.
Esa
suspensión provocó un rechazo generalizado de sectores de oposición, candidatos
y líderes políticos y hacedores de opinión. Las discusiones giraban en torno a
las razones que provocó la suspensión de las elecciones municipales. Unos
hablan de posibles errores humanos, debido a incapacidad del personal de la
Junta Central Electoral, otros lo atribuyen a fallas técnicas del Sistema de
Voto Automatizado.
No
faltan quienes hablan de sabotajes, bloqueo de las elecciones y hasta de hackeo
del Sistema de Voto Automatizado. Sin importar las causas e intenciones, el
proceso fue abortado y las elecciones suspendida. Tras la crisis se abrió una
investigación donde fue apresado el técnico de la telefónica Claro-RD, y un coronel de la Policía Nacional al servicio de la
escolta del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno.
Entre
quejas, reclamos, conjeturas, especulaciones, descalificaciones, acusaciones y contra-acusaciones se han ido definiendo la agenda electoral y la ruta hacia el
15 de marzo, fecha establecida para la realización de las frustradas
elecciones. Sectores políticos acordaron la fecha con la JCE, así como la
posposición del frustrado proceso del 16 de febrero.
La
juventud dominicana pide respuestas de lo ocurrido a la Junta Central Electoral
y exigen que la clase política entienda que deben colocar los intereses del
país por encima de los caprichos e intereses de las élites privilegiadas.
Exigen que se gobierne con la gente, por la gente y para la gente. Entienden
que se ha vulnerado su derecho y atentado contras sus expectativas de cambio.
Miles
de jóvenes y no tan jóvenes se han concentrado durante 7 días en la Plaza de la
Bandera, frente la Junta Central Electoral. Líderes políticos y activistas
sociales levantan banderas y reclamando respeto, transparencia y compromiso electoral.
La
juventud ha desarrollado una intensa y loable jornada cívica para rechazar, lo que consideran, acciones que pervierten el orden institucional y erosionan la confianza en clase política y la Junta Central Electoral. El
liderazgo político ha sido advertido de que la acción colectiva será activada
ante los comportamientos abusivos de la clase política. Razones sobran para la
indignación.
Pedir
mejoras para superar las debilidades de democracia desde la democracia es una
acción necesaria y justa. La juventud
debe asumir la vanguardia de la lucha social, política y cívica. Estamos viendo
un despertar de la juventud y eso es un factor que debe alertar al liderazgo
progresista y revolucionario a buscar formas alternativas de comunicarse con
las masas. De no hacerlo, el rédito político de esas luchas pudiera ser
canalizadas por sectores conservadores y ultraconservadores.
Las
jornadas de protestas han incluido una crítica e intensa actividad en redes
social y medios de comunicación, así como, cacerolazos, manifestaciones
continuas en Plaza de la Bandera. La presión popular llevó al gobierno a buscar
apoyo de la Organización de Estado Americanos, OEA para que asuma la
investigación, por encima de las atribuciones de los Fiscales Electorales
establecidos en la Ley 15-19 de Régimen Electoral. ¿Qué puede hacer la desprestigiada y desvencijada OEA para esclarecer una
cuestión de política interna?
El
pueblo ha perdido la confianza en las instituciones y en el liderazgo político,
y eso son indicadores preocupantes. Preocupa porque la apuesta debe ser a
transformar el formalismo democrático electoral en una democracia funcional
socialista. Eso requiere transformar el sistema político e impulsar un proceso
de desarrollo y modernización político para crear una institucionalidad
funcional y transparente.
Los
costos de esta democracia son insostenibles bajo el esquema actual. El
frustrado proceso comicial costó más de 14 mil millones de peso. Una cifra
descomunal para una sociedad llena de carencias y necesidades. Es cara y
deficiente y contra eso se levantan los jóvenes y quienes le acompañan en su
justa y necesaria respuesta al abuso y el irrespeto contra la voluntad popular.
Tras
las frustradas elecciones del domingo 16 de febrero quedan pendiente preguntas estratégicas
y preocupantes, entre las que caben citar: ¿Quién
tenía capacidad técnica y razones políticas para boicotear el proceso comicial?
¿Cuál sector sale perjudicado y quién pudiera beneficiarse de tal boicot?
¿Quién o quiénes son los responsables de abortar el proceso electoral
municipal?
La
clarinada juvenil ha sonado con fuerza huracanada y ha despertado las
esperanzas en un cambio en la cultura política dominicana. En las diversas
pancartas se expresa rechazo a la corrupción, el caudillismo, el clientelismo y
el asistencialismo. Es una clarinada que coloca en perspectivas el activismo
social de la juventud que una de su pancarta afirma: “Se metieron con la generación
equivocada”.
¿A
quiénes se refieren? ¿Van contra todos? El curso de la historia dirá cómo
terminarán las apuestas de una generación que acciona en una coyuntura electoral
específica y sin un plan, que vaya más allá de las consignas y de las
expresiones de justa indignación por lo que entienden fue una especie de
intolerable estafa política.
La
perspectiva política queda marcada por la valerosa acción de la juventud que ha
roto el tradicional conformismo de la clase media. Ha dicho basta y echado a
andar. Han hecho sonar las alarmas de un sistema político que no resiste más
parches y ha advertido al liderazgo político que no tolerarán acciones
contrarias al marco normativo o que perturben el interés nacional.
Esa acción responsable de la juventud
dominicana en un contexto político complejo como el que se vive en el país. Los
resultados de la actual coyuntura electoral quedan condicionados por los
reclamos de transparencia y participación de la juventud progresista. ¿Cómo
aprovechar la indignación juvenil para replantear la estrategia progresistas y
revolucionarias?
La
activación de la acción colectiva por parte de movimientos sociales y la
juventud progresista debe servir para transformar y hacer avanzar el sistema
político, no para retroceder o neutralizar el desarrollo político. Las
movilizaciones no pueden ni deben ser una moda o una acción emocional, debe ser
una acción racional, planeada y coordinada.
La
coordinación del movimiento cívico juvenil ha rechazado participación del
liderazgo político tradicional en las manifestaciones y ha dejado ver su
descontento con las pretensiones de algunos de infiltrar las manifestaciones.
Esa perspectiva puede servir para medir el rechazo que tienen ciertos
liderazgos y plantea la necesidad de establecer perfiles políticos que generen
confianza.
Tras lo ocurrido el pasado 16 febrero quedan más preguntas que respuestas y seguramente habrá que esperar la evolución del las investigaciones. Investigarán y tal vez encuentre las causas de las fallas que provocaron el colapso del Sistema Automatizado de Votación, pero el daño al sistema político está hecho. Restaurar la confianza en la Junta Central Electoral constará mucho y realinear la institucionalidad política otro tanto.
Organizaciones
políticas, liderazgo, gobierno y Junta Central Electoral tienen la obligación
de parar la escalada en las crisis desatadas tras la suspensión de las
elecciones municipales. No llamen el lobo, porque puede llegar. Aclárense y
cuiden sus activos políticos. ¡No inventen señores, no inventen!
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