"Para obtener respuestas correctas, hay que hacer preguntas objetivas a
La abrupta suspensión de las elecciones municipales del pasado domingo 16 de febrero de 2020, hecho sin precedentes en la historia política dominicana, ha desatado un torbellino de conjeturas y especulaciones. Hecho que amerita un análisis crítico, profundo y objetivo. Es una labor de buzo, no de surfista. Hay que ir a las profundidades del turbulento mar de la política vernácula para sacar las respuestas que expliquen lo sucedido.
Partiendo del hecho real e incuestionable de que hubo una conspiración y un sabotaje a las elecciones, quedan abierta las líneas de análisis sobre el espinoso tema que pone entredicho tanto la capacidad logística y operativa de la Junta Central Electoral como disposición de partidos, agrupaciones y movimientos políticos por cumplir con el mandato constitucional previsto en el artículo 216.
La suspensión de las elecciones ha generado una ola creciente de protestas, donde paradójicamente participan actores que están comprometidos con mantener la estabilidad del sistema político y evitar la alteración de la paz social. Ojalá fueran sinceras los pronunciamientos de quienes claman por transparencia sin haber saldados cuentas con el pueblo dominicano. La acción de grupos de jóvenes que exigen sanciones, transparencia y democracia es loable, pero deben cuidarse de quienes aprovechan para pescar en mar revuelto.
Es curioso ver a gente que vive de la política subsidiada por el Estado se ha puesto del lado del liderazgo juvenil y organizaciones sociales que han ido a Plaza de la Bandera a pedir la renuncia del Pleno de la Junta Central Electoral y sanción para los culpables. Con esa acción buscan alejarse de las complicidades y culpabilidades que pudieran tener.
A esas movilizaciones se suman dirigentes políticos de oposición que acusan al presidente de la República de ser el responsable del fracaso de las elecciones y de orquestar un fraude para favorecer a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Esos mismos dirigentes participaron en reunión maratónica con la JCE electoral y aceptaron la fecha propuesta por el ente rector del sistema político-Electoral para realizar elecciones el 15 de marzo. Nada claro por el momento. Mucha especulación y un panorama social permeado por las crecientes protestas que se escenifican en todas las partes del país.
El 27 febrero, Día de la Independencia Nacional, 13 organizaciones políticas realizaron un mitin que terminó en el Parque Independencia donde se leyó una propuesta reclamando diálogo y consenso para garantizar transparencia en las elecciones del 15 de marzo. Pareciera que las pretensiones de esos grupos es romper el orden institucional y generar un caos que de al traste con la frágil institucionalidad democrática.
Se ha dicho que las protestas, que iniciaron con decenas de jóvenes, que hoy son miles en la Plaza de la Bandera es apolítica y solo busca defender la democracia, exigiendo el respeto a la voluntad popular. Sin embargo, se ha visto a connotados dirigentes políticos arengando y apoyando el movimiento y es entendible, dado que el derecho a la protesta es un derecho fundamental.
Que sean espontáneas las manifestaciones de rechazo al Pleno de la Junta Central Electoral por los fracasos que se le atribuyen es normal pero no puede ser neutral. Es difícil imaginar una lucha política sin políticos dirigiendo. Las crecientes protestas que se extienden por todo el país tienen dirección e intenciones. Están ejerciendo un derecho fundamental, pero su liderazgo debe estar pendiente para evitar distorsiones.
Si se compara lo que se vive en República Dominicana, tras las fallidas elecciones, se pueden encontrar similitudes en los casos de Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Procesos saboteados que dan origen a protestas generalizadas, que muchas veces son financiadas y apoyadas por sectores que buscan imponer agendas o derribar gobiernos.
Sea lo que fuere, el domingo 16 de febrero, se interrumpió un proceso donde estaba en juego la renovación de los gobiernos locales. Fallas en el Sistema de Voto Automatizado provocaron una serie de inconvenientes que llevó a la Junta Central Electoral y al liderazgo político a suspender las elecciones a 4 horas de haber iniciado. Acusaciones de sabotaje, hackeo, intento de fraude, entre otras calificaciones matizan el discurso político tras el fiasco.
Un raudal de opiniones recorres las redes sociales y los medios de comunicación. Una protesta creciente y un llamado a nuevas elecciones mantienen en vilo a la sociedad dominicana. Sectores empresariales, religiosos y políticos llaman a la mesura y al respeto de la institucionalidad democrática y a los protocolos establecidos en el marco normativo.
Con la suspensión de las elecciones, el pueblo dominicano pierde la astronómica suma de 14 mil millones de pesos. Rearmarla pudiera costar un precio similar. Eso confirma, reflexiones hechas por este servidor, “que la democracia dominicana es cara y deficiente”. El financiamiento público de las organizaciones políticas reconocidas no puede ser echado al zafacón, debe traducirse en mejoras de la institucionalidad democrática.
Las protestas toman fuerza y definen su agenda. Gobierno, liderazgo y la Junta Central Electoral deben responder a quienes piden cuentas del frustrado proceso electoral del domingo. Tienen que evitar que se produzca un escalda que de al traste con la institucionalidad.
Algunas preguntas para colocar la crisis política en perspectivas.
• ¿Quiénes son los responsables intelectuales del boicot electoral y del hackeo del Sistema de Voto Automatizado?
• ¿Quiénes tienen capacidad técnica y razones políticas para abortar un proceso electoral?
• ¿A quién convenía la frustración del proceso comicial y cómo afecta a la democracia?
• ¿Investigarán a los cabezas de partido sobre lo acontecido el domingo pasado?
• ¿Cuáles son los sectores involucrados en las acciones delictivas que truncaron las aspiraciones de elegir del pueblo dominicano?
• ¿Cómo interpretar el silencio de la embajadora de los Estados Unidos en el país ante la crisis desatada tras la suspensión de las elecciones?
• ¿Qué harán la JCE y el liderazgo político para rescatar su mellada credibilidad y generar confianza tras la andanada de acusaciones que caen en su contra?
• ¿USA, OEA, USAID e IFES desconocían la logística del proceso y las supuestas debilidades del Sistema de Voto Automatizado?
Esta y otras preguntas quedan a espera de respuestas, dado el alto interés concitado en la población y la polarización que se evidencia. El gobierno tiene un reto de garantizar el derecho a la protesta y preservar el orden público. La Junta Central Electoral y las organizaciones políticas deben trabajar para que las elecciones pautadas para marzo y mayo transcurran dentro de los protocolos establecidos.
Apostar al caos social, al descrédito de las instituciones y a la desestabilización política es una apuesta que no conviene a las fuerzas políticas que fungen como accionistas del sistema electoral dominicano. Lo inteligente y sensato es trabajar para superar la crisis, evitando romper el orden institucional, salvo que no se entienda que “cuando se agravan las contradicciones de clases, se crean condiciones objetivas para la revolución”.
Partidos y candidatos deben ser prudente y gestionar las emociones apropiadamente. Tras las "fallas técnicas" generalizadas que colapsaron el sistema de voto automatizado y abortaron el proceso comicial, se observa como líderes de opinión, candidatos y dirigentes políticos hacen llamados temerarios a tomar las calles. Madurez, prudencia y sensatez deben pernear las línea operativas del liderazgo para crear institucionalidad.
A las fallas en el sistema automatizados de votación se suman a la falta de compromiso del liderazgo político para montar la transparencia e idoneidad del evento comicial. No cuidar las elecciones y apostar a su fracaso puede comprometer el futuro de la democracia.
Pareciera exagerado, pero hay indicios de que sectores están interesados en aplicar una estrategia de golpe suave. Desacreditar al árbitro electoral, activar la acción colectiva y desconocer resultados electorales para que se abra vía al intervencionismo. Como es sabido, USA, OEA, USAID e IFES están bailando en el lío electoral dominicano y su historial es conocido.
Concluyendo, tanto la Junta Central Electoral, como fuerzas políticas y su liderazgo deben estar del lado de las soluciones. Sembrar dudas, manipular y distorsionar no ayuda. El sufragio es un derecho fundamental: coartar, entorpecer, condicionar, comprar o vender voto es delito que debe ser sancionado.
Los grupos que exigen transparencia electoral, renuncia del Pleno de la Junta Central Electoral y elecciones libres y transparentes, deben incluir en su catálogo la rendición de cuenta de los partidos políticos. Pedir que expliquen en qué y cómo invierten los recursos que le asigna el Estado y reclamar compromiso y respeto a la institucionalidad y a las leyes.
El fiasco electoral del 16-F, tiene responsables y cómplices, claro que los hay, pero además de la Junta Central Electoral y quienes abortaron el proceso comicial, están las organizaciones políticas que son las beneficiarias de los jugosos beneficios que genera el gestionar una organización política reconocida. La democracia subsidiada por el Estado, vía organizaciones política se ha convertido en un rentable negocio.
La investigación debe establecer las responsabilidades para que se apliquen las sanciones que correspondan. El sabotaje, boicot o como se llame es un acto de terrorismo electoral bien orquestado y con propósitos claramente definidos. No es una falla técnica o un error humano. Es una acción pensada y planeada para que se de lo que se dio
Ningún país puede renunciar a su capacidad institucional para investigar infracciones, delitos o crímenes electorales. Llama la atención que el gobierno dominicano pide a la desacreditada Organización de Estados Americanos, OEA que investigue el boicot electoral del pasado 16 de febrero. Esa acción no está prevista en la normativa y por tanto es ilegal.
En el peor de los escenarios OEA, puede facilitar la mediación, nunca entrar a investigar suplantando las responsabilidades del Estado dominicano y sus instituciones. Las acciones del Ministerio de Colonia de los Estados Unidos son claras y comprometedoras. Su último zarpazo lo dio en Bolivia donde certificó el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. ¿Qué esperan de esta entelequia?
Apostar a que OEA haga una investigación seria sobre lo sucedido el domingo en el país es una utopía. OEA es una institución que tiene apuestas en esta partida y el desprestigio que ha acumulado a lo largo de su accidentada historia la descalifica para ser árbitro.
Se sabe que la historia electoral dominicana está plagada de "fraudes, errores humanos, fallas técnicas, inconsistencias y fallos históricos", por consiguiente, las fallas no son técnicas, ni exclusivas del voto automatizado. ¿Pretenden endosar a la tecnología la malicia o incompetencia de quienes la gestionan? No señores, no.
Al margen de cualquier especulación, manipulación o conjetura la investigación debe arrojar resultados convincentes y concretas. No se trata de un cumplido, sino de un esfuerzo por recuperar la deteriorada imagen de las organizaciones y el liderazgo político de un lado, y la Junta Central Electoral del otro.
La condenable acción de terrorismo electoral es una muestra de la necesidad de transformar la institucionalidad electoral, abriendo paso a un proceso de reforma que quiten el control de las organizaciones políticas a la Junta Central Electoral y las deje como lo que son, instituciones de derecho público, sujetas a normativas específicas.
La tradicional y conformista frase de que “el tiempo dirá” no aplica a la crisis que enfrentamos. Es un momento crucial para la historia política dominicana que debe ser abordado con la madurez que exigen las circunstancias. Se requiere que el liderazgo asuma su responsabilidad en esta situación y se comprometa a prevenir hechos que amenacen la transparencia e idoneidad de los procesos electorales.
Tras el fracaso de las elecciones municipales y la suspensión mismas, la Junta Central Electoral está obligada a aclarar lo sucedido. Investigarán y encontrarán justificaciones, culpables y excusas, pero se conspiró contra el proceso. Se apostó al descrédito de la Junta Central Electoral, JCE. El ente rector de los subsistemas de partidos y electoral, perdió la capacidad de gestionar el proceso desde que se impuso el transfuguismo. Quienes siembran vientos cosechan tempestades.
Organizaciones políticas, liderazgo, gobierno y JCE tienen la obligación de parar la escalada en las crisis desatadas tras la suspensión de las elecciones municipales. No llamen el lobo, porque puede llegar. Aclárense y cuiden sus activos políticos. ¡No inventen, señores, no invente!
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