"Son patrimonio de la Nación los recursos naturales no renovables que se encuentren en el territorio y en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional, los recursos genéticos, la biodiversidad y el espectro radioeléctrico. Constitución de República Dominicana, Art. 14.
La República Dominicana atraviesa por
una emergencia ambiental no declarada que se traduce en una aguda escasez de
agua agravada por la persistente sequía que afecta al país. La falta de políticas claras y de compromisos concretos sumados a las
complicidades políticas impiden la aplicación de las normas que rigen la
cuestión medioambiental colocando al país en una situación difícil.
El proceso de Reforma y Modernización
del Estado, iniciado en los años 90s del pasado siglo marcó un camino que
parecía promisorio cuando se instituyó la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales mediante Ley 64-00, donde quedaron plasmadas las regulaciones
y especificaciones que deben regir las políticas medioambientales. Los avances
normativos contrastan con el deterioro que se observa.
La Ley General de Medio Ambiente y
Recursos Naturales establece, entre otras cosas, los usos del agua, priorizando
la satisfacción de las necesidades humanas. Crea las bases para una normativa
de ordenamiento territorial que defina la vocación de los suelos y marca una
clasificación en: de vocación agrícola, forestal, urbanística y minera. En 20 años no hay avances en esa materia.
En la Reforma Constitucional votada
en 2010 se reforzaron los fundamentos que pueden servir de base a una
renovación de las políticas medioambientales y de gestión de los recursos
naturales en el país. Específicamente en los artículos 14 al 17 y 62 donde se tratan
aspectos puntuales de las líneas de acción.
"El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación". Constitución de la República, Art. 15.
La Ley 1-12 que instituye la
Estrategia Nacional de Desarrollo prioriza el tema medioambiental y de gestión
de agua. La cuestión es que esas acciones no salen de los papeles porque
quienes están llamados a implementar esas normativas se ven acosados por el
clientelismo y la corrupción. Las urgencias son urgencias pero las políticas
dan sentido de continuidad y permanencia.
Otras normativas especifican y complementan
la necesidad de ordenar la gestión de los recursos naturales y elaborar
políticas que garanticen el uso responsable de los recursos naturales para
fundamentar el desarrollo sostenible. Políticas amigables que hagan del respeto
a la Madre Tierra una cultura y de la preservación un deber.
A ese arsenal normativo se une la que
rige las áreas protegidas en el país. Como se puede apreciar, la normativa es
abundante y lo que se impone es probar su eficiencia y complementar con una Ley
de Aguas que ponga un pare al acelerado proceso de privatización de los acuíferos.
El deterioro de las cuencas hidrográficas y la degradación de los ríos; así como las diversas formas de contaminación ambiental es un proceso largo que se ha
acelerado con la incursión de empresarios agropecuarios con poder y dinero.
Esos que se consideran por encima de las normativas y que no valoran ni siquiera las grandes inversiones que realizan en zonas de clara vocación forestal o productoras de agua. Es ahí donde debe entrar el Estado para garantizar la protección y cumplir con el mandato constitucional previsto en el artículo 67.
Lo que se debe revisar es la política
de sustituir bosque por aguacates, café o cítrico. La flora y la fauna están
heridas y las aguas en estado grave. Valorar las políticas de gestión de agua y
respetar las cuencas de los acuíferos para evitar la aniquilación total de
cañadas, arroyos y ríos.
Para contrarrestar la embestida
empresarial debe generarse una coordinación que oriente la acción y pare la
depredación. Esa estructura de coordinación debe integrarse con autoridades,
los propios empresarios, gremios profesionales; así como organizaciones y
comunitarias. Producir preservando y cuidando la madre tierra es una
obligación.
Es una cuestión de ciencia,
conciencia y responsabilidad pero también es un tema de información, educación
y orientación. El país es parte de una región sometida a un acelerado proceso
de desertificación como parte de las acciones irresponsable de los gestores de
un modelo económico que privilegia el interés individual por encima de los intereses
colectivos.
La urgencia ambiental es coyuntural
pero el daño ambiental es permanente y difícil de revertir. Medio Ambiente debe
activar su política de prevención para evitar la depredación y el uso
irresponsable de los recursos naturales.
Los desafíos para garantizar una
gestión eficiente de los recursos naturales y la protección adecuada del
medioambiente son grandes y requieren un abordaje integral y con la
participación de la gente. No es ni puede ser tarea exclusiva de las
autoridades pero sí es su obligación aplicar las normativas para prevenir la
contaminación de los suelos, la deforestación, la caza indiscriminada y depredación
de los ríos.
Los ciclos de lluvias varían y con ellos
llegan las sequías que año tras año afectan a gran parte del territorio
nacional generando pérdidas significativas en la agropecuaria y perturbaciones
a la población. El agua que es un derecho fundamental, se ha convertido en una
mercancía y eso complejiza el asunto. La sequía agudiza la crisis de agua pero
el problema es multicausal y requiere acciones coordinadas e integrales.
Es tiempo de retomar la agenda
ecológica desde una perspectiva ideológica que resignifique lo público y haga
conciencia del valor estratégico de los recursos naturales. Las políticas
neoliberales olvidan la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo y ponen
énfasis en las ganancias individuales. Redefinir el horizonte medioambiental implica
reinventar las instancias organizativas para impulsar agendas realistas de
defensa de los recursos naturales.
Propuestas:
En definitiva se requiere establecer
políticas preventivas y de gestión a ser implementada en el territorio nacional
priorizando la orientación y la educación de la gente.
Sancionar drásticamente a quienes
propicien, permitan o ejecuten atentados contra el medioambiente y los recursos
naturales; así como para quienes entorpezcan la aplicación de la ley,
aprovechando el poder económico o influencias políticas.
Controlar la emisión de permisos y
concesiones para extraer materiales y otros agregados dado el alto impacto que
tienen en la corteza terrestre las actividades mineras.
Exigir a las empresas de extracción
minera que establezcan política que garanticen la superación de los pasivos
ambientales y minimicen el impacto de la minería. El empresariado debe ser
parte de las soluciones, ya que son beneficiarios directos de las riquezas
nacionales.
Reforzar las jornadas de
reforestación incorporando a los estudiantes, especialmente aquellos que tienen
que cumplir labor social. Son prácticas que pueden servir para apuntalar los
programas oficiales o empresariales.
Crear comités ambientales escolares
en todo el país para forjar una masa crítica consciente de sus responsabilidades
frente al entorno y generar capacidades propositivas que ayuden definir
políticas coherentes con las necesidades de las comunidades.
Evaluar el impacto de las políticas
ambientales aplicado en el país en los últimos 20 años, partiendo de la
normativa vigente y los convenios internacionales para establecer un inventario
realista y útil.
Habilitar mesas de seguimiento a la
implantación de las políticas medioambientales donde participen autoridades,
organizaciones sociales, medios de comunicación y organismos responsables de
velar por el cumplimiento de las normas.
Diseñar campañas de orientación,
información y comunicación que sirvan de base a los programas de prevención que
se impulsan desde los entes rectores. Orientar, informar y educar es clave para
generar compromisos y empoderar a los actores.
Crear mecanismo de coordinación interinstitucional
que evalúan las políticas de sustitución de bosques para plantar aguacates,
cítricos, café otros productos de alto
impacto al medioambiente.
Retomar el proceso de discusión sobre
Ley de Ordenamiento Territorial iniciado a finales del Siglo XX hasta lograr
una normativa que ponga orden al desorden territorial que vive el país.
Establecer políticas claras de
gestión de los acuíferos aplicando rigurosamente el marco normativo, evitando
la privatización e imponiendo las prioridades establecida por la Constitución
de la República y la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Implementar programas de educación
ambiental tal y como establecen los marcos normativos en todos los niveles de
la educación para ir empoderando a las generaciones futuras sobre el impacto de
la acción humana sobre los recursos naturales y el medioambiente.
Impulsar campañas de orientación y
educación sobre uso responsable de fertilizantes y agroquímicos para evitar la
contaminación de las aguas, la degradación del suelo y contaminación del aire.
Apoyar a las organizaciones ecológicas
para incrementar sus capacidades operativas en su accionar de prevención y orientación
de la población. Se pueden generar líneas de investigación que apuntales las
políticas de prevención generando información relevante sobre los tópicos
medioambientales.
Masificar las campañas de orientación
sobre el impacto del cambio climático y promover acciones para mitigar sus
efectos. A grandes males, grandes remedios. Para un problema mundial que
impacta lo nacional hacer conciencia es prioritario.
Orientar a la gente para que enfrente
la política de la obsolescencia programada y empiecen a aplicar las 3-R:
reducir, reutilizar y reciclar. El consumismo genera un impacto que debe ser
contrarrestado con orientación y educación.
Incentivar en las organizaciones
empresariales la creación de equipos que puedan impulsar acciones concretas y
coordinadas de responsabilidad social empresarial, canalizando los apoyos a las
áreas vinculadas a la protección del medioambiente y los recursos naturales.
Es tiempo de accionar y de
reflexionar sobre el impacto de la acción humana sobre el medioambiente y los
recursos naturales. El futuro exige que preservemos en el presente. No hacerlo
es una irracionalidad que pone en riesgo la paz social y la vida sobre el
planeta.
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