Introducción.
La Junta Central Electoral concluye con
éxitos la última fase de un largo, costoso, complejo y exigente proceso
electoral. En febrero del año en curso se desarrollaron las elecciones
municipales, caracterizadas por una baja participación, compra de votos,
transfuguismo y el reclamo constante de la oposición sobre el uso de recursos
públicos para favorecer a candidatos oficialistas.
Una vez concluida las elecciones
municipales el proselitismo continuó su galopante carrera hacia las
presidenciales y congresuales pautadas para el 19 de mayo. Una intensa y cara
campaña electoral fue la antesala de la cita. Cientos de postulantes para un
número reducido de cargos. A todo ritmo, se montó el proceso y los resultados
favorecieron al Partido Revolucionario Moderno, PRM.
Tras concluir el proceso electoral,
queda servida la mesa para iniciar debates, reflexiones y análisis sobre los
retos de la democracia dominicana y del gobierno del Partido Revolucionario
Moderno, PRM, encabezado por Lic. Luis Abinader.
El PRM ha obtenido un triunfo
convincente, costoso y comprometedor. Tras el logro electoral viene el reto de
reinventar el gobierno y lograr eficiencia en las acciones que emprenda.
La parte de la oposición derechista que
se nucleó en RescateRD no logró los resultados esperados por sus integrantes.
Muchas de las entidades partidarias quedarían fuera del registro electoral al
no lograr el porcentaje mínimo requerido para mantener su registro.
Las fuerzas progresistas, quedaron
reducida a la mínima expresión al participar divididas en un contexto que
exigía unidad programática. Una vez más, pierden la oportunidad de avanzar en
su lucha por conquistar el poder.
La abstención continúa su crecimiento
sostenido amenaza la legitimidad de la democracia y la institucionalidad
política. La tendencia ascendente debe mover la acción para superar el
analfabetismo cívico y político.
La Junta Central Electoral pasó la
prueba al realizar un proceso exitoso y organizado, aunque con algunos reclamos
en un ambiente caracterizado por la polarización entre veteranos políticos,
incluidos un expresidente de la República y el presidente actual.
Cabe destacar el rol determinante y protagónico
de la mujer en la organización del proceso comicial. La presencia activa en la
organización de las elecciones, especialmente en mesas y colegios fue
significativamente superior al de los varones.
Las organizaciones políticas tienen la impronta de rendir cuentas, cumplir la normativa político-electoral, reorientar sus estrategias políticas, formar su militancia, superar el transfuguismo y combatir el caudillismo mesiánico.
Contexto.
El contexto internacional,
caracterizados por conflictos armados, las tensiones ideológicas, el declive de
la hegemonía estadounidense, el afianzamiento del policentrismo, crisis
económica, el avance meteórico de la inteligencia artificial y los efectos del
cambio climático obliga a los Estados a reorientar sus estrategias productivas,
diversificar los mercados condicionan y a concertar la agenda política. Pero en
el país la trivialidad se impuso como rasgos distintivos de un proceso
electoral que fluctuó entre el continuismo de unos y el retorno de otros.
La evolución de la política dominicana
tiene en el sufragio universal un referente accidentado. Desde la fundación de
la República hasta nuestros días, diversas modalidades de elección se han
ensayado. El modelo actual, asume el cuestionado, desfasado y antidemocrático método
D’Hondt para la distribución de escaños. Las constantes quejas de
quienes pierden curules por las imperfecciones de dicho método obligan a la
Junta Central Electoral y a las Organizaciones Políticas a buscar alternativas más
funcionales, justas y democráticas.
Con un antecedente como las frustradas
elecciones municipales del 2020 y una accidentada precampaña, la incertidumbre medraba
en los entornos partidarios y aumentaba la desconfianza en las capacidades
institucionales de la Junta Central Electoral para organizar y arbitrar las
elecciones de febrero y mayo del año en curso. No obstante, esas aprensiones, la
realidad es que la entidad de comicios logró cumplir su misión.
Las elecciones que finalizan serán
recordadas como una de las mejores organizadas de la historia política
dominicana. No solo son históricas por el triunfo arrollador del Partido
Revolucionario Moderno, PRM, sino también por el reconocimiento rápido de la
victoria de quienes le adversaron. Esa muestra de madurez del liderazgo
político puede convertir en un faro de luz para iluminar el tránsito de la
democracia formal electoralista a la democracia funcional de base popular.
Junta Central Electoral.
La Junta Central Electoral concluye con
éxitos la última fase de un largo, costoso, complejo y exigente proceso
electoral. En febrero del año en curso se desarrollaron las elecciones
municipales, caracterizadas por una baja participación y el reclamo constante
de la oposición sobre el uso de recursos públicos para favorecer a candidatos
oficialistas.
Aunque la Junta Central Electoral pasó
la prueba al realizar un proceso exitoso y organizado, con mínimos de reclamos
en un ambiente caracterizado por la polarización entre expresidentes, no pudo
impedir que se postularan candidatos señalado por “prácticas indecorosas”.
Depurar la oferta electoral que presentan los partidos es una labor fundamental
para cualificar la representación política.
Tal como afirma el periódico El Nacional
en su editorial titulado “Gala Democrática”, “La Junta Central Electoral
(JCE) cumplió cabalmente su misión de organizar y realizar comicios íntegros y
confiables, que en términos de planificación superan con creces los celebrados
en el pasado, aun cuando afloren quejas sobre irregularidades o fallas, la
mayoría atribuidas al gobierno y a partidos”. https://elnacional.com.do/gala-democratica/
A pesar de los esfuerzos del ente rector
del subsistema electoral dominicano, la postulación de candidaturas cuya
legitimidad fue cuestionada generó tensiones y roces entre el ente comicial y
las organizaciones políticas. A esto se suma, los aspectos vinculados a las
cuotas de juventud y de la mujer, así como las dificultades para controlar el
uso de recursos públicos y de otras índoles en el proceso comicial.
La Junta Central Electoral desplegó una
intensa campañas de orientación y motivación del voto, tanto dentro como fuera
del país. No obstante, a esos esfuerzos, la abstención electoral continúa
creciendo y esta vez superó el 45 por ciento del
padrón, evidenciando el desencanto de la gente con el sistema imperante.
En cuanto a la logística operativa, la
Junta Central Electoral y las organizaciones políticas lograron montar un
proceso comicial que superó, en cierto modo, las fallas que se dieron durante
las elecciones municipales del 18 de febrero. Claro, quedan grandes huecos por
llenar para que los procesos comiciales se consoliden como mecanismos legítimos
para renovar la dirección política del país.
Hay que destacar el papel protagónico y
el intenso trabajo de la mujer durante el proceso electoral. La matrícula de
los colegios electorales era predominantemente femenina. En las delegaciones
partidarias también fue notoria la participación de la mujer. Eso contrasta con
el regateo de los partidos para cumplir la cuota asignada por la ley 20-23 de Régimen
Electoral y la 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que,
aunque inconstitucional, establece un mínimo de cargos, pero en la mayoría de
las veces, se colocan en posiciones de relleno.
A pesar de la rapidez con los perdedores
reconocieron los resultados y admitieron su derrota, del evidente éxito en
montaje de los comicios, queda rendijas que dejan ver grandes desafíos, tanto
para la Junta Central Electoral como para el liderazgo político. Uno de ellos
es la persistencia de acciones que pueden ser tipificadas como acoso electoral,
ya que las mismas van dirigida a perturbar el libre ejercicio del derecho al
voto. Otro hueco, es la facilidad conque ingresan a los registros de candidatos
personas que tienen cuentas pendientes con la justicia o la sociedad.
Huelga decir, que para lograr que la
institucionalidad electoral se fortalezca se requiere el compromiso de quienes
la gestionan. Robustecer al ente responsable de organizar, gestionar y arbitrar
los procesos electoral es una condición para el desarrollo, modernización e
institucionalización del sistema político-electoral dominicano. Una democracia
de ciudadano exige que los entes responsables de aplicar la normativa electoral
sanciones drásticamente a quienes cometen delitos electorales o incumplen la
normativa que rige al sistema.
Organizaciones Políticas.
Las Organizaciones Políticas son las
protagonistas de los procesos electorales que se realizan regularmente en
República Dominicana. Con sus debilidades y fortalezas navegan en el convulso
mar de un proselitismo de base clientelar, donde postulantes se disputan la
voluntad de una masa electoral caracterizada por un acentuado y creciente analfabetismo
cívico y político.
Aunque la normativa político-electoral
es amplia y diversa, con una sólida base constitucional, las organizaciones
políticas, especialmente las que tienen reconocimiento electoral, obvian mucho
de los procedimientos instituidos y pervierte la escogencia de candidaturas o
permiten que se “cuele gente”, que tiene deudas pendientes con la justicia o es
señalado por el rumor público. Toca a la Junta Central Electoral y a las
organizaciones políticas presentar ofertas validadas legalmente y legitimadas socialmente.
En el pasado certamen, a pesar de que
las propuestas programáticas de las organizaciones políticas fueron puestas en
línea por la Junta Central Electoral en este enlace, https://elecciones2024.jce.gob.do/planes-de-gobierno, poca gente se
molestó en analizar y comparar los temas planteados, ni siquiera los postulantes
a ocupar cargos dominaba las mismas. Eso es muestra de un folklorismo político
que dista mucho de una democracia funcional de base popular.
Las fuerzas derechistas dividida en dos
bloques; uno encabezado por el partido Revolucionario Moderno, PRM, integrado
por más de 20 partidos, agrupaciones y movimientos; el otro, nucleado en el
bloque RescateRD, compuesto por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, el
Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo. En ese mismo eje
ideológico participaron Generación de Servidores del pastor evangélico Carlos
Peña y Roque Espaillat de Partido Esperanza Democrática.
La coalición liderada por el presidente Luís
Rodolfo Abinader Corona hizo una “barrida”, ratificando la fuerza del
partido en el gobierno. El preludio de ese triunfo inició en febrero pasado
cuando el PRM se impuso en las elecciones municipales, conquistando la mayoría
de los cargos en municipios y distritos municipales, tal y como se lee en el
siguiente enlace: https://elecciones2024.jce.gob.do/municipales
En el Bloque Progresista participaron
Patria para Todos y Todas, liderado por el Dr. Fulgencio Severino, Frente
Amplio, presidido por la profesora María Teresa Cabrera, y Virginia Antares del
Partido Opción Democrática. Al participar dividido, el porcentaje alcanzado es
pírrico. Una vez más se pierde la oportunidad de “abrir las puertas de la
esperanza” y transformar el formalismo democrático electoralista en una
democracia funcional de base popular.
Excusas y pretextos habrán, pero la
realidad es que las fuerzas progresistas no han podido articular una alianza
alternativa con vocación de poder que canalice las expectativas de los sectores
progresistas, socialistas y revolucionarias. A partir de ahora, tendrán que
reorientar las estrategias e iniciar un proceso de reinvención que le permita
superar los escollos de un sistema clientelar y caudillistas, donde los
elevados niveles de analfabetismos cívico y político se combina con una cultura
política donde la gente razona poco al momento de elegir.
Como evidencian los resultados oficiales
del proceso comicial, la debacle del Partido de la Liberación Dominicana, PLD,
y el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, empuja a esas entidades a la
desaparición. En el caso del PRD, apenas consiguió dos legisladores. Estas
bajas contrastan con el ascenso del Partido Fuerza del Pueblo y la
consolidación del Partido Revolucionario Moderno, PRM como fuerza hegemónica en
el subsistema de partidos de República Dominicana.
Tras la conclusión de la zafra
electoral, cabe preguntar ¿estamos ante una democracia de partidos o de
ciudadanos? La pregunta puede tener muchas respuestas, pero la realidad
es que la democracia dominicana, a pesar de la cantidad de partidos reconocidos
existente, no supera el formalismo electoralista. No solo es coja, dado los
bajos niveles de participación de la gente, sino que es deficiente y muy
costosa. Eso obliga a pensar en profundizar las reformas político-electoral
para avanzar en el camino hacia una democracia de ciudadanos, no de partidos.
Una democracia funcional de base popular que cumplan con los fines que
sustentan este sistema político.
El Padrón Electoral.
Para las elecciones del 18 de mayo se
convocó a las urnas a 8,105,153 ciudadanos en capacidad de elegir. Esta cifra
incluyó a los 870,000 empadronados en el exterior. Sobre esa línea de base, se
montó un proceso electoral en el que participaron mas de 30 organizaciones
políticas. Algunas fueron en alianzas o coaliciones otras tantas fueron solas.
Contrario a lo que se espera de un sistema político superpoblado, donde la
Junta Central Electoral desplegó una intensa campaña de promoción del voto, la
abstención se colocó en su máximo histórico.
El padrón electoral es un requisito
indispensable para la realización de procesos electorales en cualquier parte
del mundo. En el país, se ha ido consolidando este instrumento, a partir de
mejoras significativas en la gestión de los actos de la vida civil. Antes, las
debilidades en el padrón se prestaron para la comisión de “fraudes colosales”
en detrimento de la democracia y de la institucionalidad electoral. Quedan
fallas, pero gracias a la automatización de la base de datos es más difícil
pervertir los procesos comiciales.
Aunque persisten ciertas rémoras del
pasado, como la dislocación de votantes y otras prácticas perniciosas, el
saneamiento del padrón y la inclusión de fotografías de las personas ayuda a
descubrir las marrullas de quienes intentan pervertir y corromper resultados. A
esto se suma, la acción activa que desempeña el Tribunal Superior Electoral
para enmendar las distorsiones que perjudican derechos políticos. Esta entidad,
ha desarrollado una labor encomiable para resolver conflictos internos en la
lucha de postulantes o el reclamo de partidos por fallas cometidas tanto por la
Junta Central Electoral como por el liderazgo que acciona desde las
organizaciones políticas.
Fortalecer el padrón electoral y ampliar
su línea de base, incluyendo a militares y policías es un viejo anhelo de
quienes integran esos cuerpos ejerzan de manera efectiva su derecho a elegir.
Las experiencias existentes en la región Latinocaribeña pueden servir de
referentes. El caso de la República Bolivariana de Venezuela es uno entre
muchos, donde se ha logrado garantizar el voto de los cuerpos castrenses. El
país está en capacidad de implementarlo sin mayores riesgos, solo falta
voluntad política para realizar los cambios normativos que se requieran. Si el
voto es universal, no hay razones para negar que los hombres y mujeres de
uniforme se les prohíba a ejercerlo.
Campaña Electoral.
Las campañas electorales en República
Dominicana son continuas y muy costosas, a pesar de que la normativa
político-electoral establece plazos para el inicio y conclusión de las mismas.
La que concluye no fue excepción. El país se vio arropado por una larga y
ostentosa campaña que evidencia falta de control del gasto en ese rubro y alerta
sobre la necesidad de trasparentar el financiamiento electoral.
Además de las tradicionales vallas, las titubeantes
encuestas, los mano a mano, las caravanas y las concentraciones, esta vez, el
encendido protagonismo de las redes sociales y plataformas digitales mantuvo en
vilo a la población. Independientemente de las modalidades utilizadas, la
personalización de las candidaturas y la mercantilización de las diversas
opciones no lograron encantar a los desencantado con una práctica política
clientelar y corrupta que harta y aleja a personas que defienden el voto
razonado como forma de cualificar la representación.
Una novedad, bien valorada por la
población, fueron los debates organizados por entidades empresariales, así como
la presentación de propuestas en medios de comunicación. Todo eso, contribuye a
visibilizar las ofertas y a contrastar los enfoques ideológicos de cada uno de
los postulantes. Estas prácticas deben perfeccionarse, oficializarse y extenderse
a todos los niveles.
La automatización del voto facilitó el
escrutinio y permitió que la población conociera los resultados en tiempo récord
para el país. Eso puede ser un indicador de avance, aunque queda mucho trecho
para acercarse a países que han logrado un proceso con altísimos niveles de
transparencia gracias a la tecnificación de los procesos comiciales.
Durante la recién pasada campaña
electoral, primó el ruido por encima del contenido. La saturación de afiches en
las calles competía con las promociones en medios de comunicación y redes
sociales. Las propuestas de los diversos candidatos carecían de realismo y
muchas no se ajustaban ni a las funciones del cargo ni a las misiones
institucionales.
La evidente debilidad de la Junta
Central Electoral para fiscalizar los recursos que gastan los partidos,
especialmente los de procedencia privada, hacen del sistema un espacio donde la
opacidad y el secretismo compiten y se imponen a la pretendida y necesaria
transparencia demandable a un sistema financiado con dinero público. La
experiencia acumulada y las recomendaciones de observadores deben servir para
superar las imperfecciones del sistema político-electoral dominicano.
La Agenda Propuesta.
La Constitución de la República dispone
la elaboración de un Plan Plurianual del Sector Público y una Estrategia
Nacional de Desarrollo aprobado mediante la Ley 1-12 que establece los ejes sobre
los cuales se deben elaborar las propuestas de los candidatos, pero la mayoría
de quienes aspiran a cargos electivos desconocen ésta y otras leyes. Los
programas aceptados por la Junta Central Electoral debieran estar alineados con
estos instrumentos.
Las propuestas de candidatos y partidos
giraron entorno a temas recurrentes como corrupción, reforma fiscal,
inseguridad, turismo, políticas sociales, migración, desempleos, formación
tecnológica y educación, entre otros. Los debates, reflexiones y análisis sobre
los temas claves ni los esfuerzos por encantar a los electores no lograron
bajar el recurrente abstencionismo de casi la mitad de la población votante.
Tanto el oficialismo como la oposición centraron
sus ofertas en aspectos medulares del país, pero tocaron tímidamente asuntos
estratégicos como soberanía alimentaria, la galopante deuda externa, los altos
costos de producción, el aumento constante en la tasa del dólar, el deterioro
de los servicios públicos, la degradación medioambiental y el acentuado estrés
hídrico.
Buena parte de los contenidos propuestos
por partidos y candidatos tienen severos sesgos institucionales y en algunos
casos chocan con la normativa que rige la institucionalidad política. El
desconocimiento de las funciones del cargo dejó camino franco a la especulación,
diatribas y descalificaciones entre los contendientes. A esto se suma, el
creciente desinterés de una parte de la población en la cuestión política y el pronunciado
analfabetismo cívico que exhibe gran parte de la población.
Las propuestas partidarias deben alinearse
con los mandatos instituidos por la normativa que rige la planificación e
inversión pública. Hacer del presupuesto nacional un instrumento de desarrollo,
como establece la normativa que lo rige, exige que cada institución disponga de
planes estratégicos y operativos que recojan las demandas y trabaje para dar
respuestas a las mismas.
En la campaña electoral hubo mucho discurso,
pero poco contenido. Los temas estratégicos, incluido los que están asociado a
la Agenda 20-30 pactada en Naciones Unidas, quedaron al margen de las
discusiones. Eso demuestra el contraste entre quienes aspiran a que las
políticas públicas se impongan al asistencialismo clientelar que promueven los
gobiernos.
Definir la agenda y priorizar las
acciones en base a las necesidades más urgente de la población y la
disponibilidad de recursos, aumentan la credibilidad de una oferta electoral
con respecto a otra. Un plan de gobierno bien estructurado y realista genera
expectativas, aumentan la eficiencia, potencia la transparencia y contribuye
fortalecer la institucionalidad democrática.
Relación Resultados vs Encuestas.
El uso de encuestas, sondeos y técnicas
científicas de medición son recursos que usados responsablemente brindan datos
e informaciones que facilitan la toma de decisiones, tanto para la ciudadanía
como para las organizaciones políticas. Tradicionalmente, las encuestas para
medir simpatías o preferencias políticas ayudan a partidos y candidatos a
gestionar sus expectativas de éxito o fracaso en los certámenes electorales.
Claro, también contribuyen a la polarización política de la sociedad.
En República Dominicana interactúan
varias empresas dedicadas a vender servicios a diversas franquicias
partidarias. Aunque son regulada por la Ley 20-23, pero muchas veces se saltan
la red normativa generando incertidumbres entre el electorado. Su rol es
brindar información para la toma de decisión, pero en la mayoría de los casos, mueven
sus resultados para crear falsas expectativas.
Cabe destacar, que, durante los últimos
procesos electorales, muchas firmas encuestadoras han mejorado sus técnicas y
han estado muy cerca de los resultados. Habrá que exigir que las informaciones
que producen las encuestadoras y los medios asociados a su divulgación sirvan
al electorado para tomar decisiones respecto a las candidaturas propuestas, no
para confundirla.
Firmas prestigiosas encuestadoras, como
Gallup Dominicana, Research Group, Centro Económico del Cibao (CEC), Latin
Insights, Mark Penn, Newlink Research, entres otras, han prestado servicios a
candidatos y partidos en el país. Una más que otras han estado en el rango
acertado con respecto a los resultados electorales. https://eldia.com.do/encuestas-acertaron-con-proyectado-en-campana/.
Independientemente de la certeza de una encuesta,
la calidad de los datos que produce y la fiabilidad de las informaciones que
genera, colocan a la firma encuestadora en un lugar de preferencia o rechazo. Manipular
y retorcer datos para imponer matrices favorables a quienes contratan sus
servicios es una tentación que encuentra la repulsa de un “enjambre de expertos”
que accionan desde las redes sociales y medios comunicación adverso a los
intereses defendidos por las encuestadoras.
De su lado, la Junta Central Electoral,
dispuso normas para la divulgación de resultados y advirtió sobre las
denominadas “encuestas a boca de urna” https://elecciones2024.jce.gob.do/sala-de-prensa/nota-aclaratoria-sobre-las-encuestas-a-boca-de-urna.
Tradicionalmente, partidos, candidatos y organizaciones de sociedad civil
utilizan este mecanismo para levantar información que contribuyan a la transparencia
del proceso comicial. Claro, solo el ente de comicios está autorizado a informar
sobre los resultados. Por eso llama a respetar la normativa y a evitar
filtraciones que perturben la tranquilidad de la gente.
Textualmente estableció que “La Junta
Central Electoral (JCE), en base a lo establecido en la Ley No. 20-23, Orgánica
de Régimen Electoral, en su artículo 216, párrafos II y III, referente a que
las firmas encuestadoras debidamente certificadas, podrán realizar encuestas o
sondeos a boca de urna, siempre que las mismas sean depositadas en la Junta
Central Electoral en sobres cerrados y sellados o lacrados, y hayan cumplido
con los requisitos exigidos por la Junta Central Electoral, cuyos resultados no
podrán ser divulgados. De igual forma, expresa que las encuestas o sondeos a
boca de urna deberán realizarse de manera tal que no violen ni vulneren el
derecho y el deber, relativo al secreto del voto establecido en esta ley”.
Los datos que ofrecen las encuestas siempre
tendrán detractores y defensores, dada las complejidades de los procesos
comiciales y la polarización que generalmente aflora durante los tiempos de
campaña. Durante el proceso recién concluido, las encuestas tuvieron un
acentuado protagonismo y sustentaron mucho de los debates y análisis políticos
que se suscitaron en el transcurso de la larga y costosa campaña electoral.
Participación y Civismo.
La participación de la gente en procesos
electorales es un requisito fundamental para el funcionamiento de la
democracia, independientemente del nivel, dimensión o grado de la misma. Pero
para que sea efectiva, tiene que reunir algunas características o condiciones
como la disponibilidad de información, la habilitación de espacios plurales, la
eliminación de barreras, la formación cívica y la existencia de objetivos
claros, entre otras.
En el caso específico de la participación
política, es importante que la gente entienda que cuando participa activamente
en proceso políticos desarrolla sus habilidades de liderazgo y contribuye al
desarrollo de la sociedad. Aunque en República Dominicana, el voto popular es
la forma tradicional de participar, el ordenamiento jurídico establece diversos
mecanismos que se pueden activar en coyunturas y para cuestiones específicas.
La participación en los procesos
eleccionarios ha ido decreciendo en el país. En las últimas elecciones la
abstención se colocó por encima del 45 por ciento, marcando un récord en la historia
electoral dominicana. Las causas de ese desencanto fluctúan entre el
analfabetismo cívico, la indiferencia, el desencanto y el rechazo a las malas
prácticas de las organizaciones políticas. La situación tiende a agravarse, ya
que a pesar de la cantidad de ofertas electorales, la polarización política
entre las fuerzas hegemónicas se imponen.
Vicios como el transfuguismo, el
clientelismo, el asistencialismo y el caudillismo mesiánico se unen a otras
expresiones de corrupción políticas como la presencia de gente vinculadas o
apadrinadas por el crimen organizado en la boleta electoral. Otros aspectos a considerar
son los elevados costos de las campañas electorales, el transfuguismo, la
violación sistemática a las normas electorales, la inobservancia de las reglas
estatutarias y las dificultades para conquistar una candidatura en cualquiera
de las organizaciones políticas deja fuera a gente con el perfil idóneo para
optar por un cargo de elección popular.
Transformar el formalismo democrático
electoralista en una democracia funcional de base popular exige una
participación activa e informada de la gente. Un electorado empoderado es menos
manipulable y ejerce un voto responsable. Lógicamente, a las organizaciones
políticas tradicionales no les conviene que la gente piense y razone su voto.
Dado que la esencia de la democracia es
la participación activa e informada en igualdad de derecho, es indispensable
que los procesos electorales se desarrollen ambiente de respeto, tolerancia,
legal, organizado y equidad. Un ambiente donde la ética política sean reglas no
excepciones. Claro, bajo el esquema actual es imposible competir con el raudal
de dinero que mueven sectores interesados en controlar el poder para defender
intereses particulares.
Lo ideal es que las organizaciones
políticas concurrentes en un proceso comicial encuentren a una ciudadanía formada
cívica y políticamente, en capacidad de contrastar las propuestas que presentan
se disputan el favor de su voto. Lamentablemente, el país no ha logrado
instituir la formación política que mandan las normas, y muchas veces, el
desconocimiento de los propios postulantes compite con el desinterés en la
Política de amplios sectores de la población.
Urge que organizaciones políticas, Junta
Central Electoral y la llamada sociedad civil articulen una estrategia de
formación cívica destinado a la ciudadanía y programas de educación política
para quienes aspiren a cargos electivos. Esas tareas son impostergables,
especialmente en una sociedad que dispone de una variedad de medios para
informarse y donde la inteligencia artificial hace galas de su potencial
transformador.
Los entes involucrados tienen la
responsabilidad de trabajar articuladamente para superar las debilidades que
desmotivan a la gente y a buscar formas para incrementar la participación
activa e informada de la gente en los procesos electorales. Enseñar a elegir,
consciente del valor de las decisiones que toma, es una forma de ejercer la
ciudadanía activa.
Otra oportunidad para motivar a la gente
es habilitando y activando los mecanismos dispuestos por las leyes vigente como
los presupuestos participativos municipales, la iniciativa participativa
popular, el plebiscito y el referendo, entre otros. Lograr una participación
activa, fortalece la institucionalidad democrática, legitima la autoridad
política y genera un efecto contagio.
Proceso de Votación.
Para llegar al proceso de votación se
requiere, entre otras cosas, conformar las asambleas electorales, organizar los
colegios y las mesas electorales; así como capacitar al personal que los
gestiona. A esto se suma, la disposición de los recursos tecnológicos,
materiales e insumos que se requieran.
Una vez establecida esa logística y diseñado
el protocolo de seguridad necesario para garantizar el orden y el desarrollo
armónico del proceso comicial, resta esperar la hora pautada para que la gente
se presente a ejercer el derecho al voto. El personal de la Junta Central
Electoral debe garantizar la logística y la información que requieran los
equipos y estar pendiente a cualquier detalle.
A pesar de la persistencia de prácticas
reñidas con los protocolos establecidos por la Junta Central Electoral, el
proceso se desarrolló con normalidad. Salvo incidentes aislados, prácticas que pueden
ser tipificadas como acoso electoral y la perniciosa insistencia
de activistas políticos por condicionar el voto de la gente, ya sea ofreciendo
dinero o promesas de favores, los delitos electorales fueron pocos con relación
a otros procesos.
La implementación del voto asistido, el
voto en casa y el voto penitenciario aportó una experiencia que seguramente
servirá de referente para futuros certámenes. Las facilidades motivan al
votante y eso se refleja en un incremento de la participación electoral. Esa
tendencia debe continuar hasta lograr que el voto electrónico encuentre su
punto de eficiencia y confiabilidad idóneo para su consolidación como medio de
votación.
A partir de lo vivido, se impone una
evaluación del proceso para detectar fallas e identificar posibles áreas de
mejora. Dentro de los recintos se debe crear condiciones para facilitar el voto
a las personas mayores de 65 años o aquellas que tengan alguna condición de
salud. Fue notorio en algunos recintos la presencia de personas con las
características antes descrita, reclamando facilidades para ejercer su voto.
En sentido general, la organización del
proceso comicial cumplió con los estándares mínimos requeridos. La tranquilidad
primó en la mayoría de los lugares y los partidos se acogieron al mandato de
las autoridades, en el sentido de evitar la presencia de activista en el
entorno de los colegios electorales. Esta vez se colocaron a una distancia
prudente del centro de votación. Independientemente de esto, se debe eliminar
esa práctica de propaganda indirecta para evitar choques entre bandos
partidarios o promotores de candidatos.
Evolución de la Abstención.
Los niveles de participación electoral
en República Dominicana se han ido reduciendo sostenida y periódicamente. Desde
el 2000 hasta la fecha, las estadísticas muestran la tendencia ascendente. Tanto
en elecciones municipales como en presidenciales y congresuales, los niveles de
abstención se incrementan. De seguir ese derrotero, la democracia verá
erosionado uno de los pilares que la sustentan: la concurrencia de la gente a
los procesos de elección.
La abstención electoral está definida
como la negación de una persona a ejercer su derecho a elegir. Las causas
varían y oscilan entre el desencanto, la indiferencia y el rechazo a las
ofertas electorales. En otras épocas, fuerzas de izquierda llamaban a la
abstención para expresar su inconformidad con el sistema político existente.
Hoy las causas son otras.
El padrón de electores concurrentes que
sirvió de base a las elecciones recién concluida superó los 8 millones de
personas habilitadas para votar. Sin embargo, más del 45 por ciento se abstuvo
de participar. Esto evidencia el desencanto de una parte significativa de la
población votante con los perfiles propuestos de unos y la desidia e
indiferencia de otros. Al margen del acentuado analfabetismo cívico y político
hay síntomas de estrés en el sistema político electoral dominicano que invitan
a la reflexión.
Proceso de Escrutinio y Asignación de
Escaños.
La incorporación de tecnología a los
procesos electorales en el país se ha demonizado y mucha gente desconfía de su
eficacia. Fallidos intentos por instituir el voto electrónico han alimentado
las dudas de actores claves del sistema político dominicano. Aducen que esa
modalidad facilita la comisión de acciones dolosas, especialmente durante el
proceso de escrutinio. Claro, esas percepciones tienen raíces en el fantasma
del fraude, que siempre exhibe su peor cara durante los comicios.
No obstante, la automatización de los
procesos comiciales en América Latina y El Caribe se va imponiendo. Aunque la
modalidad de voto electrónico no ha sido incorporada, la mayoría de los
procesos se ha automatizado, dotando al sistema de mayor capacidad de
respuesta. El escaneo de actas y la transmisión de datos en tiempo real se ido
imponiendo como norma en cada proceso facilitando el escrutinio.
Donde mayores retos aparecen en es la
asignación de escaños, especialmente, cuando se trata del voto preferencial en
circunscripciones plurinominales. Fuertes críticas al obsoleto y
antidemocrático método D’Hondt establecido en el artículo 4 de la
Ley 157-13 que instituye la forma en que se determinan los escaños a
diputados/as, regidores y vocales.
Los reclamos de candidatos que alegan
haber quedado fuera, a pesar de haber acumulado una cantidad considerable de
votos obliga a revisar la ley y a buscar instrumentos más prácticos, actualizados
y democráticos. Al margen de eso, los insultantes costos de las campañas
electorales incrementan los reclamos de quienes no alcanzan la cantidad de
votos suficientes para obtener una curul en el Congreso Nacional o un escaño en
el Concejo de Regidores.
Independientemente de la metodología que
se escoja para la asignación de los escaños, la proporcionalidad debe
privilegiar la transparencia como forma de cualificar la representación
política. Quienes tengan cuentas pendientes con la sociedad o la justicia no
deben ocupar cargos, independientemente, del consagrado derecho a la presunción
de inocencia o el sacrosanto derecho a elegir y ser elegido. Lo formal, no
siempre es legítimo y en la política la legitimidad, apuntala la legalidad.
La asignación de los escaños en nivel
congresual ha sido certificada en varias resoluciones de la Junta Central
Electoral. Tanto las diputaciones nacionales como los diputados al Parlamento
Latinoamericano, PARLACEN, tienen un procedimiento complejo y poco transparente
para su asignación, no así las de ultramar, ya que como las tradicionales, se
realizan por circunscripciones como se puede constatar en el siguiente enlace: https://jce.gob.do/resoluciones-comunicados-avisos
Resultados Electorales.
Los resultados de las elecciones
municipales del 18 de febrero y las del 19 de mayo de 2024 puso a prueba la
consistencia de las alianzas opositoras al gobierno y las fuerzas dispersas que
lo adversan. Unas y otras recibieron una contundente derrota en procesos
electorales caracterizados por el transfuguismo, la compra de votos, así como al
reparto de prebendas y promesas.
El periódico Diario Libre reseña que: “El Partido Revolucionario Moderno
(PRM) logró en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales el
mayor éxito electoral de su corta historia y consiguió el poder suficiente para
gobernar y crear leyes sin necesitar el apoyo de la oposición. Además
de la victoria de Luis Abinader, el PRM se alzó con una
mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados suficiente
para aprobar leyes orgánicas y ordinarias, y para modificar la Constitución sin
requerir votos de otros partidos. Las leyes orgánicas y las reformas
constitucionales requieren de 127 votos de diputados, y
el PRM obtuvo 146. Las ordinarias precisan solo de 95. Abinader consiguió
la reelección para un segundo y último mandato con 2,507,297 votos, para un
57.44 %. Dejó en segundo lugar a Leonel Fernández, con 1,259,427 votos, lo que
representa el 28.85 % de los sufragios”. https://www.diariolibre.com/politica/partidos/2024/05/26/cuanto-poder-obtuvo-el-prm-en-las-elecciones-2024/2734734
El triunfo convincente, costoso y
comprometedor del Partido Revolucionario Moderno, obliga a una reinvención de
las fuerzas alternativas y del propio conservadurismo. El partido en el
gobierno tiene la impronta de hacer un uso responsable del poder delegado,
mantener la unidad que lo sostenga en el poder, combatir la corrupción y
fortalecer la institucionalidad democrática para apuntalar la gobernabilidad.
No es la primera vez que una coalición
política controla todos los niveles de gobierno. Para hablar solo de los casos
más recientes y del Siglo XXI, recordemos los casos del Partido Revolucionario
Dominicana con el Ing. Hipólito Mejía en 2000-2004 como el Partido de la
Liberación Dominicana liderado por el Dr. Leonel Fernández durante el cuatrienio
2008-2012. Tras esos triunfos “arrolladores”, vino la debacle. Es la lección
que deben mirar las actuales autoridades.
Observación Electoral.
En República Dominicana, los procesos
electorales son visto con interés por diversos sectores de la comunidad
internacional, así como por la sociedad en sentido general. Unos y otros activan
equipos que recorren mesas y colegios para verificar el desarrollo del proceso
comicial. Incluso, en el caso de Participación Ciudadana, entidad que se define
como no partidista, realiza una observación en tres niveles: antes, durante y
después.
La participación de observadores
electorales se ha convertido en un requisito indispensable para la
transparencia de los procesos comiciales. En República Dominicana se hace tanto
por organizaciones locales como por organismos internacionales. Es un sistema
de veeduría bien visto y aceptado por todos los contendores.
Desde hace buen tiempo, Participación
Ciudadana hace observación y presenta informes que permiten contrastar la
versión oficial con la percepción y la observación de la población. En las
elecciones pasadas fue notoria la participación de grupos de jóvenes del
colectivo “Guardianes de la Democracia”. Tanto una entidad como la otra
realizan su labor en coordinación con la Junta Central Electoral y con
consentimiento de las organizaciones políticas.
A pesar de su mala reputación y sus
deudas pendientes con el país, la Organización de Estados Americanos, OEA, es
otra entidad que usualmente realiza labores de observación. Crea una Comisión
de Observación Electoral para evaluar el montaje, desarrollo y conclusión del
proceso comicial. Al concluir, emite un informe que describe diversas
situaciones observadas y realiza recomendaciones y sugerencias concretas sobre
los aspectos más relevantes.
En su informe la OEA establece que, “Aunque
persisten desafíos de cara a futuros comicios, incluyendo flagelos
estructurales como la compra de votos, la Misión constató mejoras
significativas en el desarrollo de las elecciones del domingo 19 de mayo.
La institucionalidad electoral del país ha salido fortalecida y, con ello, la
democracia dominicana”. Ver informe en el siguiente enlace https://www.oas.org/fpdb/press/INFORME-PRELIMINAR---OEA-saluda-mejora-sustancial-en-el-proceso-y-la-institucionalidad-electoral-en-Republica-Dominicana.pdf
Además, partidos y candidatos invitan a
personalidades o fundaciones que coinciden con su línea de pensamiento para que
sean testigos de su participación en el mismo. La Junta Central Electoral hace
lo propio con organizaciones afines y algunas embajadas también se incorporan a
las labores de veeduría electoral. Unos y otros contribuyen al fortalecimiento
del sistema político electoral dominicano.
Tanto observadores nacionales como
internacionales coinciden en la necesidad de modernizar los sistemas de
votación, respetar los marcos normativos, sancionar el transfuguismo y eliminar
la compra de votos. Esas son tareas que el liderazgo político, la Junta Central
Electoral y las organizaciones de la llamada sociedad civil que acciona en el
ámbito político deben enfrentar hasta superarlos. A menos, que no quieran que
esos males, agraven el descrédito en la política y deslegitimen, más de lo que
ya está, el formalismo democrático.
Conclusiones.
A modo de conclusión y al margen de los
resultados conocidos, cabe destacar el civismo de la gente que concurrieron al
proceso recién finalizado y los esfuerzos de la Junta Central Electoral por
montar un certamen a la altura de las exigencias. No obstante, el liderazgo
político, especialmente el de las fuerzas principales, crearon un ambiente
caracterizado por el acoso electoral. Compra de cédulas, promesas y otras
prácticas que ponían en riesgo las condiciones para ejercer un sufragio libre,
secreto e individual.
Las elecciones en República Dominicana son
una especie de zafra donde los operarios del sistema, entiéndase organizaciones
políticas, empresariado y Junta Central Electoral se empeñan por organizar lo
que ellos llaman “fiesta de la democracia”, un eufemismo que se ha tornado en
slogan. Lo cierto es, que las redes clientelares se activan para mover
maquinarias partidarias o de grupos de interés que interactúan con el sistema
político-electoral.
Independientemente del derecho a elegir
y ser elegido, se debe eliminar el reeleccionismo en todos los niveles de
gobierno, estableciendo dos periodos consecutivos en cada cargo. Quien logre
una reelección inmediata, debe aspirar a otro cargo en los períodos siguientes.
El caciquismo es un vicio, que junto al caudillismo impide el desarrollo de
líderes emergentes en cada una de las demarcaciones o circunscripciones del
país.
La automatización de los procesos de
escrutinio, la implantación del voto asistido y el voto penitenciario son
prácticas que facilitan el ejercicio del derecho al voto, pero hay muchos aspectos
que deben mejorar. Con la experiencia adquirida y realizada las evaluaciones
correspondientes, se augura un futuro promisorio para estas modalidades.
Superar el analfabetismo cívico y
político es una forma de cualificar la calidad de la representación. Los
liderazgos se forjan en la sociedad y de ahí salen al ruedo político. Si están
formados y educados, serán mas conscientes y responsables de la responsabilidad
que asumen.
Los elevados costos de las campañas
electorales, el transfuguismo, el clientelismo, el caudillismo mesiánico, la
corrupción política generalizada y la incapacidad de la Junta Central Electoral
para depurar las candidaturas propuestas por las organizaciones políticas
desmotiva a gente con vocación de servicio, solvencia moral probada y
legitimidad social a participar en la actividad política. Eso es una seria
amenaza a la institucionalidad democrática.
Es necesario que se analice el sistema
de doble vuelta para ganar la presidencia y la vicepresidencia de la República.
Se hace necesario modificar la normativa que establece el 50% más 1 voto y
condicionar, a que sólo haya ballotage si el partido o coalición
ganadora no alcanza a superar la segunda por más de 10 por ciento. Logrado ese
cambio, se reducirá automáticamente la cantidad de los llamados partidos
minoritarios, sin lesionar los derechos políticos de ninguna persona u
organización. Así nos acercaríamos a una democracia de ciudadanos, no de
partidos.
Transformar la democracia formal
electoralista en democracia funcional de base popular, no puede ser solo una
utopía, sino un anhelo al que no podemos renunciar, especialmente quienes
aspiramos a vivir en un mundo donde la trasparencia, el compromiso ético, la
legitimidad social y la solvencia moral probada sean los tributos que adornen a
quienes nos representen en la administración pública. Máxime aquellos que son
electos por voto popular.
Dado que la esencia de la democracia es
la participación activa e informada en igualdad de derecho, es indispensable
que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de respeto,
institucionalidad, tolerancia, legalidad, organización y equidad. Un ambiente
donde la ética política sea reglas no excepciones. Claro, bajo el esquema
actual es imposible competir con el raudal de dinero que mueven sectores
interesados en controlar el poder para defender intereses particulares.
Dado los elevados costos de los procesos
electorales en el país, la Junta Central Electoral y el liderazgo político
tienen que trabajar para superar las debilidades del sistema político-electoral
dominicano. La prolongada historia electoral es una fuente inagotable de
experiencia que deben ser revisadas para incorporar y mejorar los aciertos y
corregir los errores.
Una democracia no se transforma, ni un
sistema político se desarrolla si el liderazgo no cambia su conducta frente a
las malas prácticas y asumen el compromiso de cualificar la representación
política en los distintos niveles de gobierno. La ciudadanía está reclamando,
vía abstención y otras modalidades de rechazo no cuantificadas como el voto en
blanco o el rayado intencional de boletas, que los políticos se reencuentren
con la ética política.
Transformar la democracia formal
electoralista en democracia funcional de base popular, no puede ser solo una
utopía, sino un anhelo al que no podemos renunciar, especialmente quienes
aspiramos a vivir en un mundo donde la trasparencia, el compromiso ético, la
legitimidad social y la solvencia moral probada sean los tributos que adornen a
quienes nos representen en la administración pública. Máxime aquellos que son
electos por voto popular.
Una democracia de ciudadano exige que el ente responsable de aplicar la normativa electoral sancione drásticamente a quienes cometen delitos electorales o incumplen la normativa que rige al sistema. Aplicar la degradación cívica e inhabilitar a quienes cometan delitos electorales puede contribuir a la prevención de los mismos. La impunidad ante las faltas cometidas en un proceso comicial incentiva su proliferación. Quien delinca que page, no importa el rango, cargo o relación con el Estado. La trasparencia debe imponerse a la impunidad, el secretismo y la opacidad.
Es tiempo de exigir mayor responsabilidad a quienes han hecho de la política su modus vivendi. Las diversas franquicias partidarias deben cuidar el negocio que les mantiene en la palestra. La vida de un político debe ser tan clara como el agua potable. En la sociedad de la información y la comunicación, hacer política es un gran compromiso.
