El mapa político de América está repartido entre progresistas, socialistas
y derechistas, así se evidencia en los últimos procesos electorales donde la
división político-electoral es clara. Los casos de Colombia y Brasil ayudan
ilustrar esta tesis. Las derechas han perdido los ejecutivos, pero mantienen
congresos, gobernaciones y municipios.
Con medios, poder, recursos, dinero, mañas y pocos escrúpulos, las derechas
lucen envalentonadas y están retando a los gobiernos. Mientras progresistas y
socialistas intentan gobernar son acosadas y asediados por las derechas, tanto
en las calles como en medios de comunicación. Derrotados en las urnas, buscan
compensar con protestas en las calles, evidenciando que cuando no ganan,
arrebatan.
Aprovechando la polarización política, la resistencia de las élites a los
cambios y acompañadas por agresivas campañas de manipulación, las derechas
intentan imponer la anarquía en las calles para deslegitimar el accionar de
gobiernos progresistas. Responsables del incremento de la pobreza, la
desigualdad, la exclusión y la discriminación buscan distraer para evitar que
sus gestiones sean escrutadas.
Las fuerzas reaccionarias exigen a los gobiernos progresistas que resuelvan
en meses los problemas que ellos generaron por décadas de gobiernos
entreguistas, corruptos, represivos y clientelistas. Desde los congresos
boicotean las iniciativas impulsadas por gobiernos progresistas. Se dedican a
conspirar abierta y públicamente desde sus curules irrespetando la
institucionalidad democrática.
Los casos de la República del Perú y la República Plurinacional de Bolivia
son referentes de conspiración permanente, donde las derechas, utilizan su
poder para descalificar las ejecutorias de los gobiernos. Cuestionan hasta el
origen social o étnico de los gobernantes. Los pueblos son testigo de un
accionar perverso y antidemocrático, pero aprovechando sus recursos, relaciones
en poderes judiciales y legislativo accionan para incoar demandas a
funcionarios progresistas, incluidos presidentes electos en procesos claramente
democráticos, legítimos y legales.
Si las derechas no aceptan las reglas del juego democrático se abren
brechas en los sistemas políticos que pueden empujar a los pueblos a la
violencia. Recuérdese de que quienes se oponen a la revolución pacífica, hacen
inevitable la revolución violenta. La paz social y la estabilidad política se
fundamentan en el compromiso cívico, la participación, el autorreconocimiento,
la tolerancia y el respeto mutuo.
Ante ese escenario, las opciones de las
fuerzas progresistas, socialistas y revolucionarias deben dirigirse a crear
mecanismos y desarrollar alianzas para transformar el formalismo democrático
electoralista a democracia funcional de base popular. Ciudadanizar la política
y trabajar para superar el analfabetismo cívico y político que exhiben sectores
populares y burgueses. Fortalecer las relaciones con oficiales progresistas y
mandos medios de las fuerzas armadas como sostén del orden y la defensa de la
soberanía.
Conocer y cuidarse de los sectores que se alían buscando protección ante la
inminencia de una derrota electoral, porque "el lobo pierde el pelo,
pero nunca las mañas". Reforzar las alianzas estratégicas con los
sectores populares y sacar auditorías que evidencien los desmanes cometidos por
quienes le precedieron es una cuestión vital para los gobiernos progresistas.
No se puede propiciar el “borrón y cuenta nueva”, aunque
cueste y tome tiempo. Hasta ahora, los gobernantes de derecha salen de los
gobiernos cuestionados, pero no procesados por la justicia. Es un error que
deben superar los gobiernos progresistas. La impunidad no puede servir a
desfalcadores, represivos, corruptos y entreguistas como escudo, la ley debe
primar por encima de los prejuicios ideológicos.
Recolectar evidencias para procesar y condenar a quienes gestionan el
erario al margen de la normativa y pervirtiendo procesos y manipulando
procedimientos para robar o malversar recursos públicos es tarea de
contralorías y fiscalías. El control legal, político y social debe servir para
contrarrestar e impedir el saqueo de dineros y recursos públicos. Ardua e
impostergable tarea que debe asumir cualquier gobierno que se autodefina de
progresista.
Rendir cuentas de sus actos y ejecutorias. Articular alianzas políticas y
sociales productivas, sostenibles y pluralistas son tareas urgentes e
imprescindibles. Urge en caminar procesos de reformas de las estructuras
institucionales, modernización de las administraciones y funciones públicas
para avanzar hacia acciones más profundas orientadas a la transformación de las
estructuras de poder y a la creación de mecanismos y procedimientos que
faciliten la participación de la gente en los procesos de gestión.
Los gobiernos progresistas, socialistas y revolucionarios están compelidos
a dar respuestas a las necesidades más urgentes y generar confianza en las instituciones públicas, pero los altos niveles de
endeudamientos, las privatizaciones de empresas y servicios públicos realizadas
por sus antecesores impiden avanzar con la celeridad requerida. Realizar
diagnósticos, auditorías e investigaciones sobre lo que reciben es cuestión de
alta prioridad. Hay que informar a la población para que conozca el accionar de
las derechas en el gobierno.
Todo por y con el pueblo, sin el pueblo nada. Así funcionan las
democracias, aunque sean formales y de baja intensidad. Aprender de los errores
y socializar las buenas prácticas ayudan siempre. El Siglo XXI es el siglo de
la izquierda progresista, socialista y revolucionaria, pero deben ir creando
bases que sustenten su accionar en contextos cambiantes y coyunturas exigentes. Las experiencias y la memoria histórica son fuente de referencias para avanzar y corregir el rumbo.
América Latina está inmersa en una lucha política, ideológica y de clases
que desafían las capacidades institucionales heredades del neoliberalismo.
Superarlas y “dar el gran salto adelante”, implica fortalecer la
institucionalidad política y las organizaciones sociales. Los altos niveles de
pobreza y desigualdad perturban la gobernabilidad e imposibilitan la paz y la
estabilidad social.
Las instituciones de fe han entrado con fuerza a la política y el
progresismo debe reconquistar poder en ese ámbito. El arraigo del
cristianismo y la diversificación observada en los últimos tiempos obliga a
replantear las estrategias con respecto a esos grupos. Al margen de credos
e ideologías, la gente tiene necesidades y urgencias. Corresponde a los
liderazgos políticos canalizar demandas, buscar soluciones e impulsar el
desarrollo de los territorios.
La gente no come discursos ni quiere propaganda; la gente quiere
soluciones. No quiere justificaciones ni distracciones; quiere soluciones y
los sistemas políticos deben dar respuestas a las crecientes demandas que
reciben. Sabiendo que los recursos son escasos y las demandas son colosales
se impone priorizar en políticas inclusivas que contribuyan a superar los
rezagos del subdesarrollo.
Hacer frente a colosales catástrofes naturales, calentamiento global, creciente
pobreza, el intervencionismo estadounidense y los perturbadores niveles de endeudamiento;
así como la dependencia y la brecha tecnológica marcan las agendas del
progresismo. A esto se suma los efectos de la guerra híbrida que impulsas
sectores cavernarios, desafíos para preservar para los recursos naturales y
recuperar la capacidad reguladora de los estados.
Importantizar la nacionalización y gestión apropiada de los recursos
naturales para que los beneficios sirvan a los programas y proyectos de
desarrollo colectivo es una puerta para entrar a las sendas del desarrollo. Auditar
la deuda interna para aclarar cuánto y a quién le deben los Estados es clave.
Gobernar y gestionar a ciegas es imposible en tiempos de la sociedad de la
información y la comunicación, donde el dato juega un rol preponderante. Hay
que generar datos e informaciones relevantes y saber gestionarlos para tomar
decisiones bien fundamentadas. El dato es el mensaje.
Priorizar y democratizar la educación para hacer de ella un medio para
transformar las sociedades potenciando las capacidades creativas de la gente es
tarea indispensable. La educación libera cuando se orienta a privilegiar los
valores cívicos y a fortalecer la autoestima de la gente. Motivadas, formadas y
educadas las personas se empoderan de los procesos de transformación de las
sociedades donde viven.
Como se ve, los gobiernos progresistas tienen grandes desafíos para
profundizar la democracia latinoamericana e impregnar el sello de legitimidad
que requieren. Potenciar la integración regional y gestar alianzas a nivel
local darán ciertas ventajas. Convencer a la gente de que sus derechos se
reflejan en los hechos y realizaciones. Transformar y ciudadanizar la política
dará legitimidad, fuerzas, sostén y continuidad. ¡Avancemos!
No hay comentarios:
Publicar un comentario