El proceso de Reforma
y Modernización del Estado en República Dominicana tuvo su momento cumbre en la
última década del Siglo XX y en la primera del Siglo XXI. Así se observa en los
Lineamientos y el Programa de Reforma y Modernización del Estado desarrollado
por la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, trasformada
posteriormente en Consejo Nacional de Reforma del Estado, a partir del 2002.
Los ejes principales
se orientaron al fortalecimiento del sistema político-electoral, creación de
mecanismos de participación ciudadana y la equidad de género, la lucha contra
la corrupción, reforzamiento de la institucionalidad pública, reorganizar la
arquitectura institucional, automatización de procesos, eficientizar la oferta
de bienes y servicios, mejorar las prácticas gerenciales y agilizar trámites
administrativos; así como fortalecer los procesos de descentralización de la
administración pública y la búsqueda de mecanismos que propicien la
transparencia y el combate a la corrupción.
Los avances quedaron
plasmados en diversos documentos técnicos y normativos que sirvieron de
sustento a una institucionalidad renovada impulsada por una dinámica política
de corte neoliberal apuntalada por tendencias vinculadas al
Neoinstitucionalismo y Nueva Gestión Pública. Ambos enfoques, aunque
contradictorios, se complementan como tendencia. Los procesos de reforma compartían
una agenda impulsada y apoyada por varios organismos internacionales y
cubrieron a toda la región Latinocaribeña.
Reformas político-electorales
e institucionales que, en su mayoría, quedaron truncas por los cambios de
enfoque y las agendas priorizadas por los gobiernos que han dirigido el Estado
durante los últimos 30 años. Modernizar, profesionalizar e institucionalizar la
Administración Pública es fundamental para garantizar políticas públicas
eficientes, pero se debe evitar la duplicidad, la dispersión de esfuerzos y
dispendio de recursos.
El Estado en general
y la administración pública en particular, experimentaron una transformación
que removió los sistemas obsoletos e ineficientes. Empujados por la revolución
tecnológica y de la transparencia, el debate en torno a la reforma logro
involucrar a diversos sectores que aportaron su experiencia y expresaron sus
expectativas en múltiples seminarios, conversatorios, congresos y charlas.
El Estado y la
Administración Pública fueron impactados por esa dinámica. Y al calor de los
debates, tanto legislativo como institucionales, se transformaron las Secretarias de Estado en Ministerios. Los cambios han ido acompañados de
cambios en la organización territorial y del marco normativo que sirven de
sostén a la arquitectura institucional existente.
En la mayoría de los
ejes priorizados se avanzó significativamente. Se diseñaron estrategias para la
capacitación del funcionariado público y la institucionalización de la función
pública, se instalaron cientos de Oficinas de Acceso a la Información, tanto en
los ayuntamientos como a nivel central, se encaminaron acción para fortalecimiento
institucional y se habilitaron espacios para incorporar a la gente a la gestión
municipal; así como la automatización de servicios y procesos administrativos.
En el caso de los gobiernos locales, se potenció la creación de mecanismos de
participación ciudadana para fortalecer la institucionalidad y transparentar la
gestión municipal.
La historia del
proceso de reforma y modernización del Estado es larga, accidentada y compleja,
pero ha ido creando una dinámica donde participa una diversidad de actores que
han dado forma a la institucionalidad que tenemos. Esas ganancias deben
preservarse, mejorarse y profundizarse. De ahí la improcedencia de fusionar
ministerios cuya misión está claramente establecida y legitimada con trabajos
que recompensan la inversión que se hace en ellos.
La agenda de Reforma
y Modernización del Estado, especialmente la efectuada, tras la eliminación del
Consejo Nacional de Reforma del Estado en 2012, no satisface las expectativas
de un Estado definido como “Social y Democrático de Derecho”, por lo que se
requiere ajustes, pero no bajo la lógica que se ha propuesto. Sumemos a eso, la falta de continuidad en las
políticas de Estado, en materia de gestión pública. Queda pendiente la
realización de un estudio sistemático de la vasta documentación que resume más
de 30 años. Eso sería un esfuerzo colosal, riguroso y técnicamente exigente.
Actualmente, tras
visiones gerencia listas y enfoques reduccionistas del Estado, se pretende
revertir mucho de los avances alcanzados, algunos que ya son leyes que sirven
de base a instituciones y a procesos consolidados. Tal es el caso de la
pretendida integración del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
al Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Educación Superior Ciencias y
Tecnología al Ministerio de Educación. Llama la atención que esos y otros
cambios cuentan con la anuencia del Ministerio de Administración Pública que es
producto del mismo proceso de transformación y adecuación de la administración
pública.
El proceso de Reforma
y Modernización del Estado exige un liderazgo visionario y bien formado,
solvente moralmente y comprometido. Implica además, decisiones políticas,
coordinación interinstitucional, recursos económicos, herramientas tecnológicas,
capacidades profesionales y participación activa de la gente. Las acciones
desarrolladas y las pretendidas fusiones distorsionan y debilitan la
institucionalidad.
Desmantelar un
ministerio solo se justifica, si la misión que se le asigna contraviene el
marco normativo y misional que fundamentan la organización del Estado. En los
casos referidos anteriormente no es así. cada ente tiene y cumple funciones y
objetivos que están referenciados en la Estrategia Nacional de Desarrollo y las
leyes que rigen a cada una de las dependencias involucradas.
De consumarse las
acciones de fusión sugeridas por el MAP en el Programa de Reformas, estaríamos
ante una reforma regresiva e improcedente cuyo impacto sería altamente
perjudicial para la institucionalidad pública. Bien haría en invertir tiempo y
recurso en reorganizar la administración pública, eliminando las instituciones
que claramente interfieren en el ámbito de otras dependencias, a contrapelo de
la Ley de Administración Pública y otras normas.
Aunque se quiera
justificar como un esfuerzo para reducir gastos, reorganizar y eficientizar la
gestión pública, las evidencias empíricas dejan ver la improcedencia de las
acciones. Los Ministerios deben reformarse y actualizarse, pero si se quiere
reducir costos deben empezar eliminando o fundiendo las instituciones que se
solapan o interfieren con mandatos y misiones de otras.
Es improcedente e
inoportuno, asociar las funciones del Ministerio de Planificación y Desarrollo
con el Ministerio de Hacienda. En términos prácticos, se está eliminando al
ente responsable del diseño, evaluación y seguimiento de las políticas
públicas, entre otras funciones claves para garantizar la eficiencia del gasto
público. Técnicamente improcedente y políticamente incorrecta, las acciones
propuestas dejan en el aire gran parte de la agenda de reforma y modernización,
colocando al país en la línea del retroceso institucional.
Los esfuerzos por eficientizar,
reorganizar, desconcentrar, descentralizar, modernizar, transparentar e
institucionalizar la administración y la función pública deben sustentarse
técnicamente. Tiene que servir para agilizar los procesos y procedimientos
instituidos, orientando esfuerzos y recursos para garantizar la calidad de los
servicios públicos.
La Reforma y
Modernización apunta a la transformación de la institucionalidad democrática y el
fortalecimiento político. Esas corrientes reformistas pueden servir para mejorar
algunos aspectos, pero lo ideal es impulsar procesos de transformación de la
cultura política y la superación del analfabetismo cívico. Es la única forma de
cualificar la representación política y la democracia, del nivel que sea.
La planificación y el
seguimiento a las políticas públicas requiere una institución que centralice la
validación técnica de los programas, proyectos, iniciativas y planes que
ejecutan las instituciones públicas. Esa esa misión la desempeñó eficientemente
el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo hasta que a alguien se le
ocurrió desmantelar esa entidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario