La
primera década del presente siglo, encontró al país inmerso en un amplio debate
en materia de reforma y modernización del Estado. Los ayuntamientos entraron al
escenario con una amplia agenda orientada al fortalecimiento institucional y la
función pública municipal. Participación, descentralización, delegación,
desconcentración y coordinación fueron términos que coparon la atención de
técnicos y consultores.
Las
instituciones vinculadas a los procesos de reforma y modernización municipal, como
la Liga Municipal Dominicana, el Consejo Nacional de Reforma del Estado y
posteriormente la Federación de Municipios tomaron la vanguardia. Se realizaron
cientos de conversatorios, debates y seminarios en la búsqueda de soluciones a
la problemática municipal. Los mayores encuentros se centraron en el cambio de
la normativa y se logró consensuar lo que hoy es la Ley 176-07 y su normativa
complementaria.
Los
asuntos municipales vinculados a autonomía, descentralización, transparencia y participación
municipal ocupó por buen tiempo en quehacer de autoridades y munícipes. Al
ritmo de los debates, se sumó un proceso de atomización del territorio y se
crearon cientos de nuevas demarcaciones que exigían mayores presupuestos y
burocracia especializada.
Una de los resultados de ese proceso fue la inclusión de mecanismos de participación en los gobiernos locales. Así entra el Presupuesto Participativo en República Dominicana, aprovechando los resultados exitosos logrados por el Partido de los Trabajadores en Porto Alegre en Brasil. Se vota la Ley 170-07 y posteriormente se incluyen en la Constitución de la República. Desde entonces se ha ido desarrollando en los municipios, pero alejado de los propósitos y disposiciones normativas.
No
se respeta ni se cumplen la Constitución de la República, mucho menos la Ley
176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios, la Ley 170-07de Presupuesto
Participativo. Como estas leyes hay otras tantas que no se cumplen, incluida la
Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información y la 496-08 de Planificación e
Inversión Pública.
Lo
política mal entendida afianza el patrimonialismo, propicio clientelismo y
neutraliza el desarrollo. Cambiar ese modelo es un gran desafío. Hasta que la
gente no supere el analfabetismo y el fanatismo político, se impondrá el
nepotismo y el asistencialismo como norma.
Municipios
y Ayuntamientos tienen enormes retos. Desde los tiempos de la colonia española
hasta hoy, siguen siendo espacios importantes de socialización y debate, pero
la corrupción y la falta de transparencia impiden su consolidación institucional.
Largos debates y una vasta normativa debieran dar experiencias y garantías para
una gestión local eficiente, pero falta mucho trecho por recorrer.
Fortalecer
el liderazgo local y politizar la ciudadanía para que se incorpore a las
organizaciones comunitarias, secuestradas, manipuladas y corporativizadas es
fundamental, si se aspira a impulsar procesos de desarrollo local, tomando como
plataforma operativa los consejos de desarrollo. Los diseños están, faltan
quien los asuma e impulse las acciones que hagan de los ayuntamientos entes
confiables, funcionales y transparentes.
Otro
escollo a superar está referido al acentuado analfabetismo cívico que exhibe la
gente en los territorios y la falta de visión de quienes hacen de la política
su medio de vida. Esto sumado a la falta de orientación y la manipulación que
hacen las autoridades para evitar rendir cuentas a la población alejan a la
gente.
Orientar,
informar, formar y educar a la gente para que ejerza sus derechos y cumpla sus
deberes es un imperativo categórico, pero esta perspectiva, es solapada por el
clientelismo y el asistencialismo imperante. Aunque parezca utópico, la gestión
participativa municipal es un anhelo acariciado por el liderazgo social para
fortalecer y transparentar los gobiernos municipales e impulsar el desarrollo
local.
Transformar
y trasparentar la gestión municipal es imposible si la gente no exige y
participa. Los municipios son espacios gestionados por los ayuntamientos, pero
éstos tienen la responsabilidad, los mandatos normativos para delegar o coordinar
con otras entidades para suplir los servicios y bienes que requiere para
desarrollarse equitativa e integralmente.
Para avanzar es necesario exigir el cumplimiento de las normativas vigentes, desarrollar mecanismos alternativos de participación, desarrollar mecanismos funcionales de transparencia y rendición de cuentas, romper el cerco clientelista e impulsar la conformación de los Consejos de Desarrollo Municipal como espacios de articulación intersectorial para el diseño e implantación de los Planes de Desarrollo.
Con la gente todo, sin la gente nada. Así funciona la democracia, pero para avanzar se requiere un liderazgo político y social sano, comprometido, honesto, capacitado y trabajador. Ejercer los mecanismos de participación social en los municipios contribuye a la cohesión territorial y fortalece la gestión local.
Los
funcionarios no son dueño de los presupuestos ni las instituciones que
gestionan, el dueño es el pueblo, por tanto, cuando una autoridad ejecuta una
obra o aplica soluciones no está actuando por él, sino por mandato de la ley
que le rige. Pretender confundir a la población tiene elevados costos políticos dado los avances de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente las redes sociales. Distraerse con las redes es un error, ignorarlas es un suicidio.
Las
organizaciones sociales y comunitarias; así como los gremios profesionales
pueden servir de contrapesos al liderazgo político y ayudar, tanto en el
diseño, implantación, evaluación y seguimiento de las obras e iniciativas que
ejecuta el ayuntamiento, incluida las aprobada con PPM.
El
Presupuesto Participativo Municipal es una potente herramienta para impulsar
políticas públicas de desarrollo local que den respuestas a las diversas
problemáticas que padecen los municipios dominicanos, pero hay que pasar del dicho
al hecho. Mucho se ha escrito y dicho, pero los frutos siguen siendo escasos.
Si fuera la autoridad ejecutiva de un municipio y consultara a la gente sobre obras necesarias en la demarcación y escogieran: galleras, canchas, bancas, pley, iglesias, bibliotecas, funerarias, plazas, luces, vertederos, semáforos, parques, bacheos de calle, aceras y contenes ¿Qué priorizaría? Esos y otros asuntos hacen parte de los asuntos que entran en los PPM.
La normativa manda a las alcaldías municipales y a los concejos de regidores a propiciar espacios y mecanismos para implantar los PPM, pero no se ha avanzado lo suficiente como para descansar. Hay que insistir y trabajar para desarrollar capacidades y mecanismos que ayuden a evaluar y medir el impacto, los avances y desafíos de los presupuestos participativos en el país.
Referendo,
plebiscitos e iniciativa normativa municipal, junto al presupuestos
participativo municipal alcanzaron rango constitucional a partir de 2010, pero
todavía no se ha desarrollado mecanismo y procedimientos para su
implementación. Solo el último ha ido avanzando y superando escollo. Esta
reflexión se orienta a reivindicar la importancia de este mecanismo para
fortalecer la institucionalidad y la gestión local.
Concluyo invitándole a tomar parte y a participar en las secciones de su ayuntamiento, en a
las Asambleas de los Presupuestos Participativos Municipales e incorporándose a
los mecanismos de participación. Infórmese, exija y participe. Hágase un
munícipe activo, comprometido y productivo.
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