LA GUERRILLA DE CAAMAÑO: 53 AÑOS DESPUES.

Nueve hombres y un objetivo: ser la vanguardia del pueblo para restaurar la democracia y defender la soberanía nacional. Pueblo que desconoce su historia, que no valora el sacrificio de sus héroes y heroínas pasa de ser ingrato a ser traidor.

Los pueblos que desconocen su historia, que no reconocen el sacrificio de sus héroes y heroínas pasan de ser ingratos a ser traidores. 

La conmemoración del 53 aniversario del desembarco de Playa Caracoles, encabezado por el expresidente constitucionalista Francisco Alberto Caamaño Deñó es una fecha propicia para reflexionar sobre la proeza del comandante Román y de quienes llamados por el deber y el amor a la patria le acompañaron en aquella acción de suprema rebeldía contra las injusticias que padecía su pueblo.

Eran tiempos difíciles, muy difíciles para el pueblo dominicano, especialmente para la vanguardia revolucionaria y las fuerzas progresistas, porque el balaguerato, continuador del trujillato reprimía, torturaba, mataba, desaparecía, encarcelaba y despertaba a quienes se oponían a la dictadura de los 12 Años. 

Contra esa bestialidad del balaguerato y sus socios estadounidenses se levantaron jóvenes valientes que cayeron en el intento por liberar al país. Eran tiempos de la mal llamada "Guerra Fría" y el país cursaba una transición confusa, que se quebró tras el Golpe de Estado al gobierno del Partido Revolucionario Dominicano aquí el fatídico 25 de septiembre de 1963.

Tras el golpe artero contra la naciente democracia perpetrada por cúpulas empresariales, políticas, militares y religiosas apoyadas por el gobierno estadounidense se inició el gobierno corrupto, entreguista y represivo de El Triunvirato hasta que el pueblo lo derrocó a finales de abril de 1965. Vino la guerra y tras ella la alevosa ocupación militar estadounidense. El pueblo, con Francisco Alberto Caamaño Deñó a la cabeza, escribió páginas gloriosas en las trincheras del honor defendiendo la soberanía, la constitucionalidad y la dignidad.

Pasada la Guerra Patria e impuesto el Dr.Joaquín Balaguer en la Presidencia de la República mediante un mamotreto electoral con el país invadido, en julio de 1966 iniciaron los tortuosos 12 Años de Balaguer, un gobierno represivo, intolerante, corrupto, entreguista y militarista que se extendió hasta 1978. 

El período de Los 12 Años de Balaguer, está marcado con sangre de los hombres y mujeres que defendieron la patria, especialmente a los que pertenecían organizaciones políticas revolucionarias o liberales. 

Contra los desmanes y el accionar criminal del gobierno balaguerista se organizó y ejecutó la llamada Guerrilla de Caamaño que llegó al país en febrero de 1973. Esa acción armada que pretendía ser la vanguardia de la lucha para derrocar a Balaguer e instaurar un gobierno revolucionario. 

Hay quienes afirman que aquella gesta heroica fue "La Última Esperanza Armada", pero la historia es terca y mucha termina de escribirse, máxime la de un pueblo valiente como el dominicano que ha sabido enfrentar y luchar contra varios imperios.

Que no se olvide el sacrificio y el ejemplo de quienes ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía y en las luchas por mantener encendida la llama de la libertad en las "Escarpadas Montañas de Quisqueya y en La Trinchera del Honor".

Un yate, nueve hombres, nueve nombres y un objetivo: ser la vanguardia armada del pueblo dominicano para restaurar la democracia de base popular, rescatar la dignidad del pueblo dominicano y defender la soberanía nacional. 

Que el tiempo y la manipulación no borren las huellas de los valientes que surcaron mares, calles y montañas sembrando las esperanzas y luchando por un mundo justo, solidario y equitativo. Mención espacial para el comandante Francisco Alberto Caamaño Deñó, Hamlet Hermann Pérez, Claudio Caamaño Grullón, Mario Nelson Galán Durán, Juan Ramón Payero Ulloa, Alfredo Pérez Vargas, Toribio Peña Jáquez, Ramón Euclides Holguín Marte y Heberto Giordano Lalane José.

¡Honrar, honra!

DÉFICIT DE AGRÓNOMO EN SAN JOSÉ DE OCOA.

Con frecuencia se escucha hablar de la importancia de la agropecuaria como base de la seguridad alimentaria y de la economía rural, pero poca gente entiende las dificultades que enfrentan los empresarios agrícolas, productores y comunitarios para producir vegetales, hortalizas, legumbres y frutales.

Productores consultados en comunidades rurales de San José de Ocoa coinciden en señalar la escasa asesoría que reciben de personal técnico del Ministerio de Agricultura. Ausencia que pone en riesgo sus inversiones, desmotiva a la gente e incentiva el abandono del campo.

Como productor de la zona he notado la ausencia de profesionales agropecuarios en los predios que cultivo donde hay una considerable cantidad de personas dedicadas a las actividades agropecuarias. Preocupado decidí buscar información con productores y personas vinculadas al sector. La respuesta preliminar me dejó frizado: El Ministerio de Agricultura tiene un acentuado déficit de profesionales para cubrir la demanda.

Según fuentes confiables, se requiere el nombramiento de más de 20 profesionales agropecuarios para cubrir las necesidades de los productores ocoeños. Imagine usted, una zona eminentemente agrícola sin personal que asesore, oriente y eduque a quienes producen alimentos y sostienen la economía. Ojalá que las autoridades tomen nota y nombren al personal que se requiere.

En San José de Ocoa, las actividades agrícolas, especialmente las de «cielo abierto» y aquellas que realizan pequeños productores, incluidas las prácticas de agricultura familiar se realizan con escasa o sin ninguna asesoría estatal. Es paradógico e inexplicable que un renglón tan importante no sea prioridad en las políticas de desarrollo.

Al acentuado déficit de personal calificado se suma la falta de financiamientos, infraestructura, el deterioro de los caminos, los elevados costos de los insumos, la escasez de mano de obra, la baja tecnificación y las distorsiones en la cadena de comercialización. Esos son problemas centrales, perturbadores y recurrentes. Eso sumado a otras carencias y la falta de liderazgo en ese sector, hace difícil mantener la gente en las zonas rurales.

Con ese cuadro desolador, producir es un acto heróico, costoso y riesgoso. La producción agropecuaria en general, y la agrícola en particular, requieren una atención especial y las políticas agropecuarias deben estar articuladas a los planes de desarrollo, pero cuesta que se entienda algo tan elemental. Si no se valora el aporte del campesinado y los productores que dedican su viva a producir alimentos cualquier discuso cae en la demagogia.

Apoyar la producción nacional no es una proclama, un eslogan o un decreto. Es ante todo, una política, y una decisión. Que no hablen de producción agrícola si no van a dar los apoyos que se requieren. Que sigan apoyando empresarios de invernaderos, pero que no se olviden de quienes estamos en otras modalidades.

Listar  las inciativas fallidas de la actual administración toma tiempo y exige mayor espacio. Por ahora dejo abierta la invitación para que se piense en la prodocción agrícola como un eje estratégico para el desarrollo inclusivo del país. Los importadores que hagan sus negocios, pero que las autoridades gestionen mejor la agropecuaria en general y la agricultura en particular.

Crear las capacidades que el campo necesita para dinamizar la producción, proteger el medio ambiente y los recursos naturales haciendo rentatambe y sostenible las actividades que realiza exige compromiso, recursos y políticas claras y articuladas. Formar profesionales agropecuarios y garantizar condiciones laborales y salariales dignas deben ser prioridades, tal como se instruyó en la abandonada Estrategía Nacional de Dessarrollo, instituida mediante Ley-1-12 en línea directa con la constitución de la República.

¡Que no digan, que hagan!

REORGANIZAR Y MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPETANDO LA INSITUCIONALIDAD.

El proceso de Reforma y Modernización del Estado en República Dominicana tuvo su momento cumbre en la última década del Siglo XX y en la primera del Siglo XXI. Así se observa en los Lineamientos y el Programa de Reforma y Modernización del Estado desarrollado por la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, trasformada posteriormente en Consejo Nacional de Reforma del Estado, a partir del 2002.

Los ejes principales se orientaron al fortalecimiento del sistema político-electoral, creación de mecanismos de participación ciudadana y la equidad de género, la lucha contra la corrupción, reforzamiento de la institucionalidad pública, reorganizar la arquitectura institucional, automatización de procesos, eficientizar la oferta de bienes y servicios, mejorar las prácticas gerenciales y agilizar trámites administrativos; así como fortalecer los procesos de descentralización de la administración pública y la búsqueda de mecanismos que propicien la transparencia y el combate a la corrupción.

Los avances quedaron plasmados en diversos documentos técnicos y normativos que sirvieron de sustento a una institucionalidad renovada impulsada por una dinámica política de corte neoliberal apuntalada por tendencias vinculadas al Neoinstitucionalismo y Nueva Gestión Pública. Ambos enfoques, aunque contradictorios, se complementan como tendencia. Los procesos de reforma compartían una agenda impulsada y apoyada por varios organismos internacionales y cubrieron a toda la región Latinocaribeña.

Reformas político-electorales e institucionales que, en su mayoría, quedaron truncas por los cambios de enfoque y las agendas priorizadas por los gobiernos que han dirigido el Estado durante los últimos 30 años. Modernizar, profesionalizar e institucionalizar la Administración Pública es fundamental para garantizar políticas públicas eficientes, pero se debe evitar la duplicidad, la dispersión de esfuerzos y dispendio de recursos.

El Estado en general y la administración pública en particular, experimentaron una transformación que removió los sistemas obsoletos e ineficientes. Empujados por la revolución tecnológica y de la transparencia, el debate en torno a la reforma logro involucrar a diversos sectores que aportaron su experiencia y expresaron sus expectativas en múltiples seminarios, conversatorios, congresos y charlas.

El Estado y la Administración Pública fueron impactados por esa dinámica. Y al calor de los debates, tanto legislativo como institucionales, se transformaron las Secretarias de Estado en Ministerios. Los cambios han ido acompañados de cambios en la organización territorial y del marco normativo que sirven de sostén a la arquitectura institucional existente.

En la mayoría de los ejes priorizados se avanzó significativamente. Se diseñaron estrategias para la capacitación del funcionariado público y la institucionalización de la función pública, se instalaron cientos de Oficinas de Acceso a la Información, tanto en los ayuntamientos como a nivel central, se encaminaron acción para fortalecimiento institucional y se habilitaron espacios para incorporar a la gente a la gestión municipal; así como la automatización de servicios y procesos administrativos. En el caso de los gobiernos locales, se potenció la creación de mecanismos de participación ciudadana para fortalecer la institucionalidad y transparentar la gestión municipal.

La historia del proceso de reforma y modernización del Estado es larga, accidentada y compleja, pero ha ido creando una dinámica donde participa una diversidad de actores que han dado forma a la institucionalidad que tenemos. Esas ganancias deben preservarse, mejorarse y profundizarse. De ahí la improcedencia de fusionar ministerios cuya misión está claramente establecida y legitimada con trabajos que recompensan la inversión que se hace en ellos.

La agenda de Reforma y Modernización del Estado, especialmente la efectuada, tras la eliminación del Consejo Nacional de Reforma del Estado en 2012, no satisface las expectativas de un Estado definido como “Social y Democrático de Derecho”, por lo que se requiere ajustes, pero no bajo la lógica que se ha propuesto.  Sumemos a eso, la falta de continuidad en las políticas de Estado, en materia de gestión pública. Queda pendiente la realización de un estudio sistemático de la vasta documentación que resume más de 30 años. Eso sería un esfuerzo colosal, riguroso y técnicamente exigente.

Actualmente, tras visiones gerencia listas y enfoques reduccionistas del Estado, se pretende revertir mucho de los avances alcanzados, algunos que ya son leyes que sirven de base a instituciones y a procesos consolidados. Tal es el caso de la pretendida integración del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo al Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Educación Superior Ciencias y Tecnología al Ministerio de Educación. Llama la atención que esos y otros cambios cuentan con la anuencia del Ministerio de Administración Pública que es producto del mismo proceso de transformación y adecuación de la administración pública.

El proceso de Reforma y Modernización del Estado exige un liderazgo visionario y bien formado, solvente moralmente y comprometido. Implica además, decisiones políticas, coordinación interinstitucional, recursos económicos, herramientas tecnológicas, capacidades profesionales y participación activa de la gente. Las acciones desarrolladas y las pretendidas fusiones distorsionan y debilitan la institucionalidad.

Desmantelar un ministerio solo se justifica, si la misión que se le asigna contraviene el marco normativo y misional que fundamentan la organización del Estado. En los casos referidos anteriormente no es así. cada ente tiene y cumple funciones y objetivos que están referenciados en la Estrategia Nacional de Desarrollo y las leyes que rigen a cada una de las dependencias involucradas.

De consumarse las acciones de fusión sugeridas por el MAP en el Programa de Reformas, estaríamos ante una reforma regresiva e improcedente cuyo impacto sería altamente perjudicial para la institucionalidad pública. Bien haría en invertir tiempo y recurso en reorganizar la administración pública, eliminando las instituciones que claramente interfieren en el ámbito de otras dependencias, a contrapelo de la Ley de Administración Pública y otras normas.

Aunque se quiera justificar como un esfuerzo para reducir gastos, reorganizar y eficientizar la gestión pública, las evidencias empíricas dejan ver la improcedencia de las acciones. Los Ministerios deben reformarse y actualizarse, pero si se quiere reducir costos deben empezar eliminando o fundiendo las instituciones que se solapan o interfieren con mandatos y misiones de otras.

Es improcedente e inoportuno, asociar las funciones del Ministerio de Planificación y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda. En términos prácticos, se está eliminando al ente responsable del diseño, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, entre otras funciones claves para garantizar la eficiencia del gasto público. Técnicamente improcedente y políticamente incorrecta, las acciones propuestas dejan en el aire gran parte de la agenda de reforma y modernización, colocando al país en la línea del retroceso institucional.

Los esfuerzos por eficientizar, reorganizar, desconcentrar, descentralizar, modernizar, transparentar e institucionalizar la administración y la función pública deben sustentarse técnicamente. Tiene que servir para agilizar los procesos y procedimientos instituidos, orientando esfuerzos y recursos para garantizar la calidad de los servicios públicos.

La Reforma y Modernización apunta a la transformación de la institucionalidad democrática y el fortalecimiento político. Esas corrientes reformistas pueden servir para mejorar algunos aspectos, pero lo ideal es impulsar procesos de transformación de la cultura política y la superación del analfabetismo cívico. Es la única forma de cualificar la representación política y la democracia, del nivel que sea.

La planificación y el seguimiento a las políticas públicas requiere una institución que centralice la validación técnica de los programas, proyectos, iniciativas y planes que ejecutan las instituciones públicas. Esa esa misión la desempeñó eficientemente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo hasta que a alguien se le ocurrió desmantelar esa entidad. 

RELACIONES DE ESTADO Vs RELACIONES DE GOBIERNO.

Las relaciones de Estado son las interacciones políticas, jurídicas y diplomáticas entre diferentes unidades estatales y con otros actores nacionales e internacionales. Se pueden clasificar en distintas categorías dependiendo del ámbito en el que se desarrollan. Son complejas y abarcan distintos niveles, desde la organización interna hasta su interacción con el mundo. Su estructura depende del sistema político, la estabilidad del gobierno y los intereses estratégicos de cada país.

Los Estados, como sujetos de derecho internacional establecen relaciones con sus pares; así como alianzas. Además, asumen compromisos que superar temporalidad de un gobierno y ejercen su diplomacia basada en los intereses del Estado, pero permeado por la ideología. De ahí que se pueda hablar de relaciones de Estado y relaciones de gobierno. Las reflexiones expuestas aquí, son una invitación para resignificar los fundamentos de ambas categorías.

Las relaciones exteriores son un pilar fundamental en el desarrollo y estabilidad de los países. La capacidad de un Estado para negociar, cooperar y defender sus intereses en el ámbito internacional determina su posicionamiento global. Con un mundo en constante transformación, los países deben adaptarse a nuevas dinámicas geopolíticas y fortalecer su diplomacia para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

La política exterior basada en el Estado es fundamental para garantizar estabilidad y previsibilidad en las relaciones internacionales. Sin embargo, la influencia de los gobiernos es inevitable y, en algunos casos, necesaria para responder a cambios globales. La clave está en encontrar un equilibrio entre la continuidad estatal y la flexibilidad gubernamental, asegurando que las decisiones en política exterior sean consistentes con los intereses nacionales a largo plazo.

Las Relaciones Exteriores de un país abarcan el conjunto de interacciones políticas, económicas, diplomáticas y culturales que mantiene con otros Estados y organismos internacionales. Estas relaciones son fundamentales para la seguridad nacional, el desarrollo económico y la proyección de la influencia geopolítica de una nación en el mundo.

Los fundamentos teóricos de la política exterior se basan en diversas corrientes de pensamiento dentro de las Relaciones Internacionales, la Diplomacia y la Ciencia Política. Si bien la política exterior basada en el Estado busca continuidad, los gobiernos pueden influir en su enfoque debido a la dinámica política interna. Todo depende si se asume, una relación de Estado o una relación de gobierno. La diplomacia se facilita cuando se priorizan las políticas de Estado en materia de relaciones internacionales.

Las Relaciones de Estado y las Relaciones de Gobierno son dos conceptos fundamentales en la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales que, aunque pueden parecer similares, tienen diferencias clave en su naturaleza, alcance y permanencia. Las Relaciones de Estado se refieren a los vínculos que un Estado establece tanto a nivel interno como externo para garantizar su funcionamiento, estabilidad y proyección internacional. Estas relaciones pueden analizarse desde diferentes enfoques, como el político, jurídico, económico y diplomático.

Las Relaciones de Estado y las Relaciones de Gobierno son dos niveles de interacción dentro de la política nacional e internacional. Mientras que las primeras son duraderas y estratégicas, las segundas son circunstanciales y responden a la administración de turno. Aunque los gobiernos pueden influir en las relaciones de Estado, no pueden modificarlas de manera unilateral sin consecuencias diplomáticas y legales.

Los avances de la Revolución Científico-Técnica y los temas de interés global, exigen coordinación, cooperación e integración. Es ahí, donde entran las visiones o enfoques sobre las relaciones exteriores. Las dimensiones y ámbitos de las relaciones internacionales son cada vez más diversas y complejas. La globalización y los cambios en el orden mundial han transformado la manera en que los Estados interactúan, requiriendo una constante adaptación en sus relaciones internas y externas.

Las Relaciones de Gobierno, en cambio, son las interacciones y políticas que establece un gobierno durante su mandato. Estas relaciones están determinadas por la ideología, los intereses y las prioridades de la administración gobernante y pueden cambiar con cada transición de poder. Las Relaciones de Estado hacen referencia a los vínculos, acuerdos e interacciones que se establecen entre los Estados como entidades soberanas. Estas relaciones son permanentes, estructurales y están por encima de los gobiernos de turno. Se basan en la continuidad institucional y jurídica del Estado.

Las relaciones de Estado son de carácter permanente, estructuradas. Se fundamentan en el derecho internacional y en principios constitucionales. La institucionalidad y la continuidad de la política exterior se planifican y definen a largo plazo y se ejecuta a través de la cancillería, embajadas y las organizaciones que interactúan o concurren en la arena internacional. Abarcan un amplio espectro de interacciones tanto a nivel interno como externo.

A diferencia de las relaciones de Estado, las relaciones de gobierno se caracterizan por la temporalidad donde predomina la visión ideológica del gobierno. Una administración decide romper relaciones con un país específico por razones ideológicas. Cuando se analiza la cuestión a la luz de la soberanía, toca a los Estados dar continuidad a la política exterior, independientemente de quien gobierne.

Claro, el gobierno pone el sello ideológico a sus políticas, pero en materia de política exterior deben prevalecer las políticas de Estado. Son muchos los países que durante la Guerra Fría asumieron alineamientos que le costó su soberanía y colocó a su población al borde de la ruina. En el Siglo XXI se pretende revivir esa perniciosa tendencia.

Ante el dilema de elegir entre relaciones de Estado y relaciones de gobierno para apuntalar la política exterior de un Estado, es preferible, recomendable y necesario escoger la primera, dada la sostenibilidad en el tempo, el fundamento normativo y fortaleza institucional.

En conclusión, las relaciones exteriores son un reflejo de la estrategia de cada país para insertarse en el mundo. Su éxito depende de la diplomacia, la cooperación y la capacidad de adaptarse a un entorno global dinámico. De ahí la importancia de privilegiar las relaciones de Estado, por encima de las relaciones de gobierno.

Las relaciones exteriores son el conjunto de políticas, estrategias y acciones que un Estado adopta para interactuar con otros actores del escenario internacional. Su análisis permite comprender cómo un Estado se organiza, interactúa con sus ciudadanos y se proyecta en el escenario internacional. La estabilidad y el desarrollo de un país dependen en gran medida de la eficacia de estas relaciones, su regulación institucional y la capacidad de adaptación a los cambios del contexto global.

En el siglo XXI, las relaciones internacionales están marcadas por la interdependencia, el multilateralismo, la polarización ideológica, la rivalidad entre grandes potencias y los desafíos globales que exigen respuestas coordinadas en materia de política exterior. Estudiar y entender las características de las relaciones exteriores es una cuestión estratégica en materia de política pública.

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES: UNA SENTENCIA AVENTURERA Y RIEZGOSA.

Las candidaturas independientes en República Dominicana han sido objeto de debate en el contexto de su sistema electoral, dominado por las organizaciones políticas reconocidas por la Junta Central Electoral. Aunque la Constitución permite la participación política independiente, el marco normativo, la cultura política y las prácticas electorales han dificultado su consolidación.

La cultura política de República Dominicana no asocia una candidatura independiente a la institucionalidad vigente. A eso se suma, que la arquitectura institucional del país, desde 1923, cuando se instituye la Junta Central Electoral, fue diseñada partiendo del supuesto, que la postulación de candidatos es atribución exclusiva de las organizaciones políticas legalmente habilitada para tales fines.

Recientemente, el Tribunal Constitucional, dispuso mediante la sentencia TC/0788/24, emitida el 27 de noviembre de 2024, la preservación del derecho de los ciudadanos a participar en la política sin necesidad de pertenecer a una organización política. La disposición del alto tribunal parte de un supuesto falso, dado que aquí no están en riesgo los derechos políticos ni se impide la participación a quienes tengan aspiraciones políticas. Los requisitos están normados y la postulación se efectúa a través de las organizaciones políticas. Militar, accionar y participar en política es una decisión que debe sustentarse en el interés colectivo.  

La sentencia TC/0788/24, elimina la hegemonía de postulación de las organizaciones políticas y abre una etapa de incertidumbres y contradicciones que obligan al sistema político electoral a buscar formas para dar cumplimiento al dispositivo de la sentencia, garantizando los derechos de las organizaciones políticas como mecanismos idóneos para accionar en política, participar en certámenes electorales y postular candidaturas. Según la Ley 33-18 que rige el funcionamiento de las organizaciones políticas y la 20-23 que instituye el Régimen Electoral Dominicano, toca la Junta Central Electoral crear las condiciones para cumplir el controversial mandato.

Extralimitado en sus funciones y legislando de oficio, el Tribunal Constitucional ha puesto en riesgo la institucionalidad política y la estabilidad de la democracia dominicana. Esta afirmación se sustenta en la incapacidad de la Junta Central Electoral para depurar las candidaturas propuestas; así como las bases para el financiamiento de las mismas y quienes la sustentan, lo que da paso a que se cuelen personas e intereses vinculadas al crimen organizado, el narcotráfico o delitos comunes.

Tradicionalmente, las propuestas de precandidaturas sean bajo la modalidad de primarias, sean abiertas o cerradas; o cualquiera otra de las formas instituidas en la norma ha producido crisis y un sinnúmero de situaciones que debilitan el sistema político. Así lo confirman la cantidad de sentencias emitidas por el Tribunal Superior Electoral y el propio Tribunal Constitucional tras su creación. Agregar candidaturas independientes, no sólo complejiza sistema de postulación, sino abre puertas a gente sin más compromiso que las ansias de poder. Las experiencias de ensayos similares en Latinoamérica no dejan dudas de la improcedencia de las mismas.

Una cosa es crear mecanismos institucionalizados para garantizar los derechos políticos; otra pervertir y debilitar el sistema político electoral. Las organizaciones políticas son la base de sistema y desde ahí se deben hacer los ajustes que procedan, incluido el perfeccionamiento de los mecanismos escogencia y postulación de candidaturas. Los excesos del Tribunal Constitucional perturban el sistema y lo han debilitado. No entro en detalles, pero las últimas sentencias emitidas por el alto tribunal respecto a las normas que rigen el sistema así lo confirman.

Pareciera que el Tribunal Constitucional se ha ensañado contra el sistema político, y eso afecta la institucionalidad política generando roces y tensiones entre poderes. Una instancia extrapoderes se acerca más a un sistema de monarquía constitucional que a un sistema democrático donde prima la división de poderes. El desarrollo del sistema político dominicano ha sido accidentado y tortuosa, pero esta última sentencia lo ha colocado al filo de la navaja como se dice popularmente.

El Estado dominicano se erige sobre el Poder Legislativo, Poder Judicial y el Poder Ejecutivo; las llamadas Altas Cortes serían poderes complementarios, que no deberían desconocer decisiones de otros poderes. De ahí que la función de entes como el Tribunal Constitucional debe limitarse al control previo de la constitucionalidad, no legislar como de hecho sucede. Trece jueces no pueden suplantar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a la vez. Eso denota una incapacidad manifiesta de ambos poderes y una supremacía intelectual de quienes integran el Tribunal Constitucional.

La actividad política exige institucionalidad, normas, militancia, formación, organización, liderazgo y compromiso. Las organizaciones políticas son los espacios en los que se cultivan y ejercitan quienes aspiran a servir a la sociedad desde la administración pública. La diversidad de entes políticos permite que todo el que aspire a un cargo encuentre un espacio para hacerlo. Quien, desde afuera, pretenda postular a un cargo, encontrará una muralla que impedirá su ascenso y le obligará a cerrar filas en las organizaciones existentes o a crear una estructura similar.

El Tribunal Constitucional, con su aviesa sentencia, pretende garantizar los derechos políticos de quienes no militan ni se organizan políticamente. Esta sentencia se justificara si existiera denegación de algún derecho político, pero no es el caso, aunque el accionante así lo considere. La constitucionalización de las organizaciones políticas está claramente establecida en el artículo 221 de la Carta Magna; así como la normativa que rige al sistema y en los pactos que han sido firmado por el Estado dominicano. Esa es la carta de ruta del sistema para hacer de la política una oportunidad para servir.

Parece que iluminados y sabelotodo que gestionan el Tribunal Constitucional desconocen o no reflexionaron sobre los fundamentos filosóficos de la participación política y evacuaron una sentencia que atenta contra el sistema de partidos. Las vías de y para la participación política están estructuradas en partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Quienes no quepan en esa clasificación, no están interesado en accionar desde el sistema. Participar en política es una decisión política y se debe canalizar por los canales habilitados para tales fines.

Es sabido que la democracia dominicana es cara, deficiente y coja que ha evolucionado sobre la base del caudillismo, el clientelismo, el mesianismo, el autoritarismo y la corrupción política. Esas falencias se agudizan por el acentuado analfabetismo cívico y político de la ciudadanía. Aun así, las organizaciones políticas son y seguirán siendo el espacio ideal para accionar y participar en política, aunque a sectores de la llamada sociedad civil o intereses foráneos conspiren contra ellas.

Claro, las reformas políticas electorales son proceso complejos y exigentes que requieren voluntad política, participación activa y compromiso cívico. Crear las condiciones para democratizar el sistema va mucho más allá del capricho de sectores o de intereses particulares. La participación electoral es fundamental, pero tiene que realizarse de forma tal, que no solo cumpla con las normas establecidas, sino que garantice que quienes pretendan asumir funciones públicas tengan solvencia moral probada, vocación de servicio, compromiso político, formación cívica y legitimidad social.

Que las organizaciones políticas tengan debilidades o que estén azotadas por una acentuada crisis de liderazgo, no es óbice para conspirar contra ellas, debilitarlas o intentar destruirla. La sentencia de marras abre una oportunidad para revisar el sistema político e intentar transformarlo, pero desde las organizaciones políticas y con amplia participación de quienes aspiran a transformar la democracia formal electoralista en democracia funcional de base popular.

La política, la democracia y la institucionalidad política del país tienen la responsabilidad de cualificar la calidad de la representación, pero eso no se logra debilitando el sistema ni socavando las bases que lo sostienen. Las candidaturas independientes son improcedentes, al menos, hasta que no se superen el clientelismo, el analfabetismo cívico y la indiferencia política que persiste en el país.

Las críticas a las organizaciones políticas, a la política, a la democracia y a la institucionalidad son tan conocida como los vicios que las generan, pero las alternativas de solución debe ser parte de un amplio debate que dé continuidad a los iniciados en la última década del siglo XX. No se puede borrar de un plumazo una atribución como la referida a la postulación sin un debate previo sobre el impacto de esas acciones. Aun precaria, la democracia dominicana ha ido superando escollo y resolviendo los retos que le han impuesto las circunstancias.

Es pertinente recordar, que contrario a la pretendida división de poderes planteada por el Barón de Montesquieu en el siglo XVIII, hoy, en pleno siglo XXI, esos poderes son complementarios, máxime en Estados unitarios como el nuestro. Reconciliar el constitucionalismo con la política tiene que partir de esas premisas y sustentarse en los valores predominantes en la cultura política de una sociedad.

Las democracias en transición como la dominicana deben encontrar en sus organizaciones políticas un punto de apoyo que catapulte la institucionalidad y apuntale el sistema político. Esto no se logra, incluyendo candidaturas independientes que pueden servir de pivotes para que corruptos, criminales, advenedizos, improvisados y oportunistas capturen la institucionalidad. Hay que transformar la institucionalidad política fortaleciendo las organizaciones políticas, y para lograrlo, hay que militar y participar en la dinámica política.

La diversidad de espacios de participación de y en la política, no solo es a través de la postulación de candidaturas, sino que hay diversos mecanismos de participación política instituidos tanto en la Constitución como en la normativa complementaria, pero se usan poco. Ni siquiera en los presupuestos participativos son utilizados adecuadamente. Menos aún, la participación en las secciones de los ayuntamientos. Entonces, la cuestión no es de espacios. Los espacios están ahí y toca a las organizaciones políticas y sociales incentivar la participación para cualificar la democracia.  

Si bien es cierto que el constitucionalismo moderno se ha erigido como una corriente altamente politizada y garantista en países con niveles de democracia consolidada, en el país, las acciones del Tribunal Constitucional han devenido en una tortuosa perturbación. En vez de desguazar la normativa, la acción del Tribunal debe ser preventiva; correctiva solo cuando no se puedan conciliar los intereses enfrentados. Ayudar al fortalecimiento de política con sus sentencias, no entrar en contradicción con la fundamentación política de la participación ciudadana.  

El debate razonado y documentado entre la judicialización de la política y politización de la justicia queda abierto y la sentencia comentada aquí puede ser el motor que mueva la pesada locomotora del sistema político electoral dominicano. La política se perfecciona con más y mejor política. Sin pretender ser exhaustivo he puesto aquí temas que exigen mayor profundidad, para hacer de la turbulencia una oportunidad para remontar vuelo y superar los vientos tormentosos.  

Es tiempo de que el Tribunal Constitucional desista de legislar y priorice el control previo de constitucionalidad para evitar fisuras en el sistema político que lo sostiene. La acción y los sujetos políticos están sujeto a las leyes que rigen al sistema. Los poderes complementarios deben trabajar por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y las organizaciones que le sirven de base. La sentencia en cuestión genera más problemas al sistema político de los que resuelve y puede tener un impacto negativo en la relación entre los poderes del Estado y en la propia imagen del Tribunal Constitucional.

LA PRETENDIDA FUSIÓN DEL MINERD Y EL MESCYT NO PROCEDE.

El Poder Ejecutivo ha propuesto una especie de reingeniería inversa de la administración pública, ya aunque la intención puede ser buena, la modalidad de fusión de instituciones claves es improcedente. Al margen de la intención o justificación de la propuesta, las circunstancias exigen que se profundice el debate para evitar retroceder. Las propuestas de fusiones involucran a los ministerios de educación y al de educación superior ciencia y tecnología, entre otras.

Independientemente del contexto y de los apoyos que pueda concitar la propuesta de ley que sustenta la fusión entre actores y legisladores vinculados al oficialismo, la fundamentación técnica de la iniciativa es injustificable e improcedente. Esto se evidencia con la renuncia de algunos funcionarios de otras entidades involucradas en procesos similares. La Reforma y Modernización del Estado produjo un cuerpo institucional que ha logrado avances significativos en el desarrollo institucional del sistema político que deben preservarse y consolidarse. 

Los esfuerzos por transformar y eficientizar la administración pública en los últimos 25 años establecieron hitos significativos, expresados en un marco normativo amplio, diverso, complejo y con fuerte referente constitucional instituido en 2010. Muchas de las normativas que debieron adaptarse, incluida la Ley 66-97, quedaron rezagados. Ahora se pretende empaquetar creando confusión  . De ahí la improcedencia de la propuesta de fundir el ente rector del Sistema Nacional de Educación Superior y el Ministerio de Educación.

Dada la importancia de la política educativa y la urgencia por transformarla, lo que procede es que el Ministerio de Educación y la Ley que lo crea entren en un proceso de reingeniería que incluya e involucre a todos los sectores que intervienen en el mismo. Las funciones misionales y el ámbito de acción de ambas instituciones son claras y cada una tiene legitimidad, tanto a nivel nacional como internacional.

La pretendida fusión no procede, es aviesa y obedece a etapas superadas de la imposición neoliberal que, apuesta por el achicamiento del Estado, privilegiando el sector privado y priorizando la desregulación. La calidad de los servicios públicos requiere de coordinación, recursos, liderazgo y transparencia, por lo que dar mayores responsabilidades al MINERD, debilita la política de educación superior, tanto en lo referente a la regulación del sistema como de los procesos de gestión. 

La evolución institucional del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, MESCyT, tiene una larga historia. Es producto del Proceso de Reforma y Modernización del Estado efectuado en el país a finales del siglo XX. Tras profundos debates, se logró crear la entidad que hoy lidera y regula las Instituciones de Educación Superior, IES; tanto a nivel público como en el sector privado.

Tanto la Ley 66-97 que crea MINERD como la 139-01 que instituye la MESCyT requieren ajustes que las adecúen al marco normativo que rige la administración y la función pública, incluida la Constitución de la República, pero eso no justifica que se atropelle la institucionalidad con una fusión que devuelva al sector educativo a la modalidad de gestión del siglo pasado. Independientemente de las razones políticas o los pactos inconfesos, la sensatez debe primar en el Congreso Nacional que sería el ente responsable de desvertebrar el sistema educativo dominicano, especialmente, en el nivel superior que sería el más perjudicado.

Las evidentes fallas del sistema educativo dominicano no se superan con la reconcentración de funciones. Superar esas falencias exige una transformación institucional que coloque la educación preuniversitaria en el lugar que le corresponde. Es el sector que tienen que regular las IES, definir la política de ciencia y tecnología del país y gestionar las alianzas internacionales en su ámbito. Esas funciones son exclusivas y deben seguir así. 

El Estado tienen la obligación de garantizar educación de calidad tanto a nivel preuniversitario, técnico o universitario, pero lo que se propone, no traerá soluciones sino mayor centralización y, por si fuera poco, una hiperburocratización. El solo hecho, de que en el país exista una considerable cantidad de personas iletradas es suficiente para evidenciar la necesidad de reorientación del MINERD, y eso, no se disminuye echándole más responsabilidad.

Sectores que se opusieron o no participaron en los debates, foros, talleres y seminarios que precedieron la transformación del Consejo Nacional de Educación Superior en la Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología, hoy Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, MESCyT son los que empujan la retrógrada e improcedente fusión. 

El poder ejecutivo debe retirar la propuesta de fusión, y las comisiones activadas para tal despropósito se deben reorientar a diseñar un proceso de reforma y modernización en ambas instituciones, que las coloque a la altura de las exigencias de la revolución científico-técnica que empuja la Inteligencia Artificial.

La educación preuniversitaria y la educación superior se complementan, pero cada una debe tener independencia en su campo de acción, si se quiere dar respuestas a las exigencias y desafíos de la sociedad de la información y el conocimiento. Claro, ambas instituciones deben entrar en sendos procesos de reforma y modernización para consolidar su liderazgo y superar las acentuadas debilidades que se evidencian en ambas instituciones. No es tiempo para inventar con áreas tan sensibles. Fusionar ambas entidades crea mas problemas que los que resuelva.

Para muestra cito lo propuesto en los 197 y 198 del Proyecto de Ley de Fusión: “En virtud de la presente ley el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología se fusiona con el Ministerio de Educación. El proceso de fusión se llevará a cabo de manera gradual para evitar disrupciones. Se conformará una comisión de transición, coordinada por el ministro de Administración Pública (MAP) y la Oficina de Reforma del Estado e integrada por representantes de ambos ministerios y expertos en gestión educativa a ser seleccionados por el Ministerio de Educación”, (Artículo 197.) y “La presente ley entrará en vigor a los trescientos sesenta (360) días de su promulgación y deroga la Ley General de Educación 66-97. (Artículo 198.)

La pretendida fusión con el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología implica un retroceso injustificable técnica y políticamente. Quienes lo propician ignoran el impacto de esa acción en la política educativa del país y aunque el análisis comparado de la propuesta con el Plan de Educación Horizonte 2024-2034 presenta un elevado porcentaje de coincidencias, la solución no es la fusión. No hay forma de gestionar eficientemente la política de educación superior del país desde el MINERD. ¡Las evidencias sobran!

LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN PERSPECTIVAS.

"He afirmado que en la República Dominicana tenemos tantas constituciones como reformas realizadas a ésta, o una sola Constitución que ha sido reformada en 38 oportunidades". Dr. Milton Ray Guevara, 2014

La Constitución Política es un documento de base jurídica que define los perfiles institucionales y establece los lineamientos normativos de la sociedad que la sustenta. En República Dominicana, el constitucionalismo formal inicia en 1844, específicamente el 6 de noviembre cuando se promulgó la primera Carta Magna que conoció el país. Lógicamente, ese documento tuvo como antecedentes el Manifiesto del 16 de enero del mismo año.

La primera reforma a la Ley de Leyes se produce en 1854 durante el gobierno del Gral. Pedro Santana, diez años después de la proclamación de la Independencia Nacional. Ahí inicia, una alocada carrera de reformas que aún no concluye. Cada gobierno, grupo o partido en el poder, quiere tener su propia Constitución. 

El país ha conocido ensayos de Asamblea Constituyente combinado con Asamblea Revisora hasta pasar por una “Consulta Popular”, que, aunque carente de base normativa, generó gran entusiasmo y realizó aportes significativos a la reforma constitucional del 2010. Sin importar la modalidad de reforma, el pueblo ha sido el gran ausente en la inmensa mayoría de proceso.

La Constitución Política de República Dominicana se ha modificado o reformado decenas de veces. La última se realizó en 2015 durante el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por el Lic. Danilo Medina Sánchez. Dicha reforma está precedida de otra gran reforma, la más completa en lo que va de siglo, realizada por el propio partido en 2010, encabezada por el Dr. Leonel Fernández Reyna.

Cada reforma constitucional, cerca de 40 hasta la fecha, generan tensas, complejas y amplias discusiones, en todos los ámbitos de la sociedad dominicana. La amalgama de temas asociados a los debates, siempre han incluido, de forma recurrente la insidiosa reelección presidencial. Tanto pesa ese tema, que se ha convertido en una especie de fantasma que acosa, de forma especial, a quienes están en la oposición política. Ver en https://www.tribunalconstitucional.gob.do/cec/publicaciones/la-constitucio-n-dominicana-y-sus-reformas-1844-2010/ 

El texto fundacional de 1844 recogió experiencias de la Constitución de Cádiz de 1812, la haitiana de 1801, la de Filadelfia de 1787 y la francesa de 1793, entre otras. De allá hasta la fecha, cada esfuerzo por reformar la Constitución Política del país expresa los intereses predominantes de las fuerzas hegemónicas. En esa tendencia se inscriben hasta los textos de mayor trascendencia.

Mención especial merecen las constituciones de 1857, 1963, 1994 y 2010. Esos textos, han sido considerado como los mas completos. Los mismos, uno más que otros, amplían los derechos fundamentales; así como aspectos concernientes a la organización del Estado. Mucha de las reformas trascendentes no ha sido aplicada, especialmente, lo referente a los derechos sociales.

El constitucionalismo dominicano ha sido impulsado por sectores que oscilan entre liberales y conservadores, salvo el caso de la Constitución de 1963 que recogió el Programa del Movimiento de Liberación Dominicana que sirvió de plataforma programática a los expedicionarios de 1959 y que planteaba una reforma constitucional vía constituyente, entre otras propuestas revolucionarias.

Tras ese largo recorrido del Siglo XX, saldado con más de 35 modificaciones constitucionales, permeadas por altibajos ideológicos e imposiciones imperialistas, llegamos al Siglo XXI con el sable reformista desenvainado y listo para atacar. Tanto el sector del gobierno como la oposición tensan la cuerda y empiezan a surgir contradicciones en el bloque de poder. Al margen, y ojalá que los sectores de izquierda asuman mayor protagonismo y se involucren críticamente al proceso.

Múltiples proyectos de reforma constitucional se han elaborado en el país, algunos muy costosos, especialmente los que han sido diseñado por expertos o comisiones de notables, incluso, algunos provenientes de universidades o productos de amplios debates como los que produjo la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, COPRyME en el primer gobierno de Partido de la Liberación Dominicana, PLD 1996-2000, y el producido por el Consejo Nacional de Reforma del Estado, CONARE, durante el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, PRD del 2000-2004. 

A dos años del gobierno encabezado por Hipólito Mejía inició aprestos para modificar la Constitución, en lo referente a la reelección presidencial para facilitar su repostulación para el período 2004-2008. Esa misma fuerza política fue incapaz de cambiar el texto constitucional balaguerista de 1966-1994, el más largo en la historia republicana. Ahora, al calor del reeleccionismo y aprovechando los proyectos avanzados por la COPRyME, impulsa desde su heredera, el CONARE, consultas e iniciativas tendentes a modificar la Carta Magna de 1994 para continuar ese derrotero hasta hoy.

La reelección o no reelección presidencial aparece siempre, como telón de fondo y elemento altisonante. De indefinida en tiempos del Dr. Joaquín Balaguer, pasó a permitirse en dos períodos y nunca más en 2010, bajo la segunda presidencia del Dr. Leonel Fernández. Esos esfuerzos fueron precedidos por un intenso trabajo técnico e ingentes esfuerzos intelectuales.

Es sabido, que la reforma constitucional de 2010 es una de las más completas que ha conocido República Dominicana. Claro, la mayoría de su articulado no solo es desconocido, sino que está pendiente de aplicación. Tal es el caso de los derechos sociales, culturales, medioambientales y políticos. La Carta Magna de 2010 establece modalidades de participación como el Plebiscito y el referéndum que mandan la creación de legislaciones específicas para regularlos, y 14 años después, no se ha cumplido esa disposición y esas figuras quedan como decoro en el texto constitucional.

El texto de 2010 fue modificado en 2015 para permitir la repostulación del presidente Lic. Danilo Medina Sánchez, del PLD. El mismo partido que incluye “dos períodos y nunca más”, lo elimina. Esa es una expresión clara, de la “arritmia histórica”, a que hizo referencia el líder fundador de esa organización política, el destacado escritor y estadista profesor Juan Emilio Bosch Gaviño. También es muestra de falta de coherencia e involución doctrinaria.

Con tres reformas en lo que va de siglo, ahora se abre la posibilidad de una nueva modificación constitucional impulsada desde el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, PRM. El presidente Luis Abinader es quien motiva y defiende la necesidad de reforma, incluso ha instruido a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para presentar una propuesta de Ley que declare la necesidad de modificación y los puntos en la que esta haría énfasis. La oposición política se muestra recelosa, especialmente, la que comparte el poder con el gobierno de turno. 

Una vez iniciado el debate, lo ideal es que se cree una comisión que articule a diversos sectores para, no solo estudiar la pertinencia, sino evaluar los asuntos pendientes de cumplimiento en el texto vigente. El evidente y preocupante desconocimiento e incumplimiento de postulados fundamental de la Constitución de la República es un escollo para quienes impulsan la reforma. Si no se ha cumplido con los mandatos constitucionales del texto vigente. ¿Por qué hablar de reformas y qué aspectos novedosos se pueden incluir? 

Ya que insisten en modificar la Constitución Política, el momento es propicio para hablar de cambios trascendentales en el sistema político-electoral dominicano, para adecuarlo a la exigencia de la sociedad del conocimiento y la información. Dejo aquí algunos ajustes pertinentes para iniciar el proceso de revisión, específicamente dentro del ámbito político-electoral.

1. Crear una comisión de reforma constitucional que realice un inventario de cumplimiento del texto actual y coordine la elaboración de unos lineamientos para guiar el que anticipa ser un largo y complejo proceso.

2. Diseñar e implantar un Plan Nacional de Alfabetización Cívica, poniendo énfasis en la socialización de constitución y la normativa complementaria que ponga en manos de la población los contenidos actuales y las propuestas de modificación vía Consulta Popular.Diseñar un Plan Nacional de Alfabetización Constitucional que ponga en manos de la población los contenidos actuales y las propuestas de modificación vía Consulta Popular.

3. Que los resultados de las acciones propuestas en los puntos precedentes se lleven al Consejo Económico y Social para afinar la propuesta que será sometida al Congreso Nacional, previa socialización con el liderazgo nacional.

4. Incorporar la modalidad de Asamblea Constituyente como mecanismo para reformar o modificar la Constitución de la República. Eso pondría freno a las pretensiones de quienes hacen del revisionismo constitucional un festín.

5. Un aspecto crucial dentro de las modificaciones necesarias en el ámbito político-electoral es la referente a la duración de los períodos electivos. Es urgente revisar la periodicidad de las elecciones, dado los altos costos de las campañas electorales, los altos niveles de abstención y la desestabilización que generan. Lo ideal es extender de 4 a 5 años los períodos para cada cargo y eliminar la perniciosa reelección. 

6. Incluir taxativamente, la prohibición de la reelección presidencial en todos los niveles de gobierno por más de 2 períodos. Quien cumpla un período en un cargo, que aspire a otro. Esto apunta a limitar el uso del poder y los recursos públicos para apuntalar candidaturas. 

7. Las reformas deben impactar al sistema de representación instituido, tanto en el Congreso Nacional como en los Ayuntamientos del país. Es tiempo de eliminar los privilegios a legisladores como barrilito, cofrecitos y otras prebendas ajenas a las funciones, ya que estas solo sirven para alimentar el clientelismo y otras formas de corrupción política.

8. Una cuestión fundamental es la de fortalecer los mecanismos existentes para que las autoridades electas o designadas cumplan y hagan cumplir la Constitución y las leyes. Aquí se impone hablar de la revocatoria del mandato y la inhabilitación para ejercer cargos públicos para quienes actúen al margen de lo establecido en la Carta Magna.

9. Respecto a las organizaciones políticas, cuyo referente constitucional se ubica en el artículo 216 del texto vigente, es de rigor hacer valer y ampliar las prerrogativas para fortalecer la democracia interna y superar el analfabetismo político.

10. De igual forma, se debe poner claro, que la educación cívica es una cuestión estratégica para el funcionamiento de la institucionalidad democrática y corresponde al Estado promoverla en todos los niveles del sistema educativo nacional. Además, deben tipificar y prohibir cualquier forma de acoso electoral.

11. Respecto al sufragio, debe mantenerse tal como se establecen en el artículo 208 de la Constitución vigente, “El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”. Por tanto, no procede ni es aceptable que se imponga la obligatoriedad del voto en un país donde la corrupción política y los elevados costos de las campañas políticas impiden la postulación de quienes, aun teniendo el perfil y la legitimidad para aspirar, carecen de recursos para costear una candidatura.

12. La reforma constitucional que se haga debe contemplar la revisión de representaciones legislativas nacional, territorial y la costosa e innecesaria representación en el Parlamento Latinoamericano. Incluso, se puede hablar de la creación de congreso unicameral.

13. Establecer lineamientos claros que fortalezcan la transparencia del sistema electoral dominicano, incluida la revisión del obsoleto  método D'Hondt para la asignación de escaños; así como mecanismo funcionales que obliguen a las organizaciones políticas a compensar a la ciudadanía con un comportamiento cónsono con los fines para los que fueron establecidas. 

14. Respecto al financiamiento público a las organizaciones políticas reconocidas y las campañas electorales, es imperativo que se democratice y se regule para evitar el ingreso de recursos provenientes del crimen organizado en la política.

15. La depuración de candidatos es otro asunto de vital trascendencia. Aunque constitucionalmente, cualquiera que puede aspirar a un cargo de elección popular, la Junta Central Electoral debe garantizar que quienes aspiran cuentan con el aval ético, la legitimación social y la solvencia moral que complementan los requisitos del cargo.

16. En una eventual reforma constitucional se debe condicionar la doble vuelta o balotaje a una diferencia menor al 10% entre la primera y segunda candidatura. Esto puede evitar gastos innecesarios y evitar negociaciones clientelares.

17. Crear mecanismos funcionales para contrarrestar los conflictos de intereses y las frecuentes duplicidades de funciones que se dan en la administración pública.

18. Respecto a la celebración de las elecciones se valorar la posibilidad de que se realicen un mismo día en todo el territorio nacional y en el exterior para aprovechar la logística. Los costos asociados a las mismas obligan repensar la modalidad actual.

19. Para que la reforma político-electoral sirva de referente y contribuya a resolver las falencias que afectan al sistema actual, es necesario que se codifique la normativa, que sea socializada y se respete la normativa que lo rige.

20. El texto resultante de una virtual reforma constitucional debe dejar claramente establecido mecanismo institucionales y normativos que permitan a la ciudadanía ejercer el sufragio de forma segura, fácil y rápida.

La cantidad de modificaciones y la experiencia acumulada durante 180 años de haberse proclamado la primera Constitución deben servir para evitar errores e inobservancias que pongan en riesgo los derechos y conquistas alcanzados hasta este momento. Las modificaciones, del tipo que sean, tienen que fortalecer la institucionalidad democrática y apuntalar el desarrollo integral de la sociedad dominicana.

Los aprestos para reformar la Constitución Política del país generan tensiones que colocan la cuestión en perspectiva, especialmente porque se pretende asociar la Reforma Constitucional a una Reforma Fiscal. Ambos esfuerzos, deben ser producto del mayor consenso político y social. Ya se están dando discusiones que dejan ver las tendencias discursivas sobre la próxima reforma constitucional.