viernes, 14 de junio de 2024

LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN PERSPECTIVAS.

"He afirmado que en la República Dominicana tenemos tantas constituciones como reformas realizadas a ésta, o una sola Constitución que ha sido reformada en 38 oportunidades". Dr. Milton Ray Guevara, 2014

La Constitución Política es un documento de base jurídica que define los perfiles institucionales y establece los lineamientos normativos de la sociedad que la sustenta. En República Dominicana, el constitucionalismo formal inicia en 1844, específicamente el 6 de noviembre cuando se promulgó la primera Carta Magna que conoció el país. Lógicamente, ese documento tuvo como antecedentes el Manifiesto del 16 de enero del mismo año.

La primera reforma a la Ley de Leyes se produce en 1854 durante el gobierno del Gral. Pedro Santana, diez años después de la proclamación de la Independencia Nacional. Ahí inicia, una alocada carrera de reformas que aún no concluye. Cada gobierno, grupo o partido en el poder, quiere tener su propia Constitución. 

El país ha conocido ensayos de Asamblea Constituyente combinado con Asamblea Revisora hasta pasar por una “Consulta Popular”, que, aunque carente de base normativa, generó gran entusiasmo y realizó aportes significativos a la reforma constitucional del 2010. Sin importar la modalidad de reforma, el pueblo ha sido el gran ausente en la inmensa mayoría de proceso.

La Constitución Política de República Dominicana se ha modificado o reformado decenas de veces. La última se realizó en 2015 durante el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por el Lic. Danilo Medina Sánchez. Dicha reforma está precedida de otra gran reforma, la más completa en lo que va de siglo, realizada por el propio partido en 2010, encabezada por el Dr. Leonel Fernández Reyna.

Cada reforma constitucional, cerca de 40 hasta la fecha, generan tensas, complejas y amplias discusiones, en todos los ámbitos de la sociedad dominicana. La amalgama de temas asociados a los debates, siempre han incluido, de forma recurrente la insidiosa reelección presidencial. Tanto pesa ese tema, que se ha convertido en una especie de fantasma que acosa, de forma especial, a quienes están en la oposición política. Ver en https://www.tribunalconstitucional.gob.do/cec/publicaciones/la-constitucio-n-dominicana-y-sus-reformas-1844-2010/ 

El texto fundacional de 1844 recogió experiencias de la Constitución de Cádiz de 1812, la haitiana de 1801, la de Filadelfia de 1787 y la francesa de 1793, entre otras. De allá hasta la fecha, cada esfuerzo por reformar la Constitución Política del país expresa los intereses predominantes de las fuerzas hegemónicas. En esa tendencia se inscriben hasta los textos de mayor trascendencia.

Mención especial merecen las constituciones de 1857, 1963, 1994 y 2010. Esos textos, han sido considerado como los mas completos. Los mismos, uno más que otros, amplían los derechos fundamentales; así como aspectos concernientes a la organización del Estado. Mucha de las reformas trascendentes no ha sido aplicada, especialmente, lo referente a los derechos sociales.

El constitucionalismo dominicano ha sido impulsado por sectores que oscilan entre liberales y conservadores, salvo el caso de la Constitución de 1963 que recogió el Programa del Movimiento de Liberación Dominicana que sirvió de plataforma programática a los expedicionarios de 1959 y que planteaba una reforma constitucional vía constituyente, entre otras propuestas revolucionarias.

Tras ese largo recorrido del Siglo XX, saldado con más de 35 modificaciones constitucionales, permeadas por altibajos ideológicos e imposiciones imperialistas, llegamos al Siglo XXI con el sable reformista desenvainado y listo para atacar. Tanto el sector del gobierno como la oposición tensan la cuerda y empiezan a surgir contradicciones en el bloque de poder. Al margen, y ojalá que los sectores de izquierda asuman mayor protagonismo y se involucren críticamente al proceso.

Múltiples proyectos de reforma constitucional se han elaborado en el país, algunos muy costosos, especialmente los que han sido diseñado por expertos o comisiones de notables, incluso, algunos provenientes de universidades o productos de amplios debates como los que produjo la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, COPRyME en el primer gobierno de Partido de la Liberación Dominicana, PLD 1996-2000, y el producido por el Consejo Nacional de Reforma del Estado, CONARE, durante el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, PRD del 2000-2004. 

A dos años del gobierno encabezado por Hipólito Mejía inició aprestos para modificar la Constitución, en lo referente a la reelección presidencial para facilitar su repostulación para el período 2004-2008. Esa misma fuerza política fue incapaz de cambiar el texto constitucional balaguerista de 1966-1994, el más largo en la historia republicana. Ahora, al calor del reeleccionismo y aprovechando los proyectos avanzados por la COPRyME, impulsa desde su heredera, el CONARE, consultas e iniciativas tendentes a modificar la Carta Magna de 1994 para continuar ese derrotero hasta hoy.

La reelección o no reelección presidencial aparece siempre, como telón de fondo y elemento altisonante. De indefinida en tiempos del Dr. Joaquín Balaguer, pasó a permitirse en dos períodos y nunca más en 2010, bajo la segunda presidencia del Dr. Leonel Fernández. Esos esfuerzos fueron precedidos por un intenso trabajo técnico e ingentes esfuerzos intelectuales.

Es sabido, que la reforma constitucional de 2010 es una de las más completas que ha conocido República Dominicana. Claro, la mayoría de su articulado no solo es desconocido, sino que está pendiente de aplicación. Tal es el caso de los derechos sociales, culturales, medioambientales y políticos. La Carta Magna de 2010 establece modalidades de participación como el Plebiscito y el referéndum que mandan la creación de legislaciones específicas para regularlos, y 14 años después, no se ha cumplido esa disposición y esas figuras quedan como decoro en el texto constitucional.

El texto de 2010 fue modificado en 2015 para permitir la repostulación del presidente Lic. Danilo Medina Sánchez, del PLD. El mismo partido que incluye “dos períodos y nunca más”, lo elimina. Esa es una expresión clara, de la “arritmia histórica”, a que hizo referencia el líder fundador de esa organización política, el destacado escritor y estadista profesor Juan Emilio Bosch Gaviño. También es muestra de falta de coherencia e involución doctrinaria.

Con tres reformas en lo que va de siglo, ahora se abre la posibilidad de una nueva modificación constitucional impulsada desde el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, PRM. El presidente Luis Abinader es quien motiva y defiende la necesidad de reforma, incluso ha instruido a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para presentar una propuesta de Ley que declare la necesidad de modificación y los puntos en la que esta haría énfasis. La oposición política se muestra recelosa, especialmente, la que comparte el poder con el gobierno de turno. 

Una vez iniciado el debate, lo ideal es que se cree una comisión que articule a diversos sectores para, no solo estudiar la pertinencia, sino evaluar los asuntos pendientes de cumplimiento en el texto vigente. El evidente y preocupante desconocimiento e incumplimiento de postulados fundamental de la Constitución de la República es un escollo para quienes impulsan la reforma. Si no se ha cumplido con los mandatos constitucionales del texto vigente. ¿Por qué hablar de reformas y qué aspectos novedosos se pueden incluir? 

Ya que insisten en modificar la Constitución Política, el momento es propicio para hablar de cambios trascendentales en el sistema político-electoral dominicano, para adecuarlo a la exigencia de la sociedad del conocimiento y la información. Dejo aquí algunos ajustes pertinentes para iniciar el proceso de revisión, específicamente dentro del ámbito político-electoral.

1. Crear una comisión de reforma constitucional que realice un inventario de cumplimiento del texto actual y coordine la elaboración de unos lineamientos para guiar el que anticipa ser un largo y complejo proceso.

2. Diseñar e implantar un Plan Nacional de Alfabetización Cívica, poniendo énfasis en la socialización de constitución y la normativa complementaria que ponga en manos de la población los contenidos actuales y las propuestas de modificación vía Consulta Popular.Diseñar un Plan Nacional de Alfabetización Constitucional que ponga en manos de la población los contenidos actuales y las propuestas de modificación vía Consulta Popular.

3. Que los resultados de las acciones propuestas en los puntos precedentes se lleven al Consejo Económico y Social para afinar la propuesta que será sometida al Congreso Nacional, previa socialización con el liderazgo nacional.

4. Incorporar la modalidad de Asamblea Constituyente como mecanismo para reformar o modificar la Constitución de la República. Eso pondría freno a las pretensiones de quienes hacen del revisionismo constitucional un festín.

5. Un aspecto crucial dentro de las modificaciones necesarias en el ámbito político-electoral es la referente a la duración de los períodos electivos. Es urgente revisar la periodicidad de las elecciones, dado los altos costos de las campañas electorales, los altos niveles de abstención y la desestabilización que generan. Lo ideal es extender de 4 a 5 años los períodos para cada cargo y eliminar la perniciosa reelección. 

6. Incluir taxativamente, la prohibición de la reelección presidencial en todos los niveles de gobierno por más de 2 períodos. Quien cumpla un período en un cargo, que aspire a otro. Esto apunta a limitar el uso del poder y los recursos públicos para apuntalar candidaturas. 

7. Las reformas deben impactar al sistema de representación instituido, tanto en el Congreso Nacional como en los Ayuntamientos del país. Es tiempo de eliminar los privilegios a legisladores como barrilito, cofrecitos y otras prebendas ajenas a las funciones, ya que estas solo sirven para alimentar el clientelismo y otras formas de corrupción política.

8. Una cuestión fundamental es la de fortalecer los mecanismos existentes para que las autoridades electas o designadas cumplan y hagan cumplir la Constitución y las leyes. Aquí se impone hablar de la revocatoria del mandato y la inhabilitación para ejercer cargos públicos para quienes actúen al margen de lo establecido en la Carta Magna.

9. Respecto a las organizaciones políticas, cuyo referente constitucional se ubica en el artículo 216 del texto vigente, es de rigor hacer valer y ampliar las prerrogativas para fortalecer la democracia interna y superar el analfabetismo político.

10. De igual forma, se debe poner claro, que la educación cívica es una cuestión estratégica para el funcionamiento de la institucionalidad democrática y corresponde al Estado promoverla en todos los niveles del sistema educativo nacional. Además, deben tipificar y prohibir cualquier forma de acoso electoral.

11. Respecto al sufragio, debe mantenerse tal como se establecen en el artículo 208 de la Constitución vigente, “El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”. Por tanto, no procede ni es aceptable que se imponga la obligatoriedad del voto en un país donde la corrupción política y los elevados costos de las campañas políticas impiden la postulación de quienes, aun teniendo el perfil y la legitimidad para aspirar, carecen de recursos para costear una candidatura.

12. La reforma constitucional que se haga debe contemplar la revisión de representaciones legislativas nacional, territorial y la costosa e innecesaria representación en el Parlamento Latinoamericano. Incluso, se puede hablar de la creación de congreso unicameral.

13. Establecer lineamientos claros que fortalezcan la transparencia del sistema electoral dominicano, incluida la revisión del obsoleto  método D'Hondt para la asignación de escaños; así como mecanismo funcionales que obliguen a las organizaciones políticas a compensar a la ciudadanía con un comportamiento cónsono con los fines para los que fueron establecidas. 

14. Respecto al financiamiento público a las organizaciones políticas reconocidas y las campañas electorales, es imperativo que se democratice y se regule para evitar el ingreso de recursos provenientes del crimen organizado en la política.

15. La depuración de candidatos es otro asunto de vital trascendencia. Aunque constitucionalmente, cualquiera que puede aspirar a un cargo de elección popular, la Junta Central Electoral debe garantizar que quienes aspiran cuentan con el aval ético, la legitimación social y la solvencia moral que complementan los requisitos del cargo.

16. En una eventual reforma constitucional se debe condicionar la doble vuelta o balotaje a una diferencia menor al 10% entre la primera y segunda candidatura. Esto puede evitar gastos innecesarios y evitar negociaciones clientelares.

17. Crear mecanismos funcionales para contrarrestar los conflictos de intereses y las frecuentes duplicidades de funciones que se dan en la administración pública.

18. Respecto a la celebración de las elecciones se valorar la posibilidad de que se realicen un mismo día en todo el territorio nacional y en el exterior para aprovechar la logística. Los costos asociados a las mismas obligan repensar la modalidad actual.

19. Para que la reforma político-electoral sirva de referente y contribuya a resolver las falencias que afectan al sistema actual, es necesario que se codifique la normativa, que sea socializada y se respete la normativa que lo rige.

20. El texto resultante de una virtual reforma constitucional debe dejar claramente establecido mecanismo institucionales y normativos que permitan a la ciudadanía ejercer el sufragio de forma segura, fácil y rápida.

La cantidad de modificaciones y la experiencia acumulada durante 180 años de haberse proclamado la primera Constitución deben servir para evitar errores e inobservancias que pongan en riesgo los derechos y conquistas alcanzados hasta este momento. Las modificaciones, del tipo que sean, tienen que fortalecer la institucionalidad democrática y apuntalar el desarrollo integral de la sociedad dominicana.

Los aprestos para reformar la Constitución Política del país generan tensiones que colocan la cuestión en perspectiva, especialmente porque se pretende asociar la Reforma Constitucional a una Reforma Fiscal. Ambos esfuerzos, deben ser producto del mayor consenso político y social. Ya se están dando discusiones que dejan ver las tendencias discursivas sobre la próxima reforma constitucional.

martes, 4 de junio de 2024

SUFRAGIO VOLUNTARIO SIEMPRE, VOTO OBLIGATORIO NUNCA.

“Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones”. Juan Pablo Duarte.

El crecimiento sostenido de la abstención electoral en República Dominicana ha disparado las alarmas de sectores vinculados al quehacer político. En el l último proceso comicial celebrado el 19 de mayo 2024, la abstención superó el 45 por ciento, la más alta en la historia electoral del país, abriendo un debate extemporáneo sobre la pertinencia o no de hacer obligatorio el voto, sin profundizar en las causas que provoca el desencanto con la política y el sistema que la sostiene.

Con respecto al ejercicio del sufragio, la Constitución Política de República Dominicana establece en su artículo 208 que, “Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”.  Especifica su párrafo único que “No tienen derecho al sufragio los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ni quienes hayan perdido los derechos de ciudadanía o se encuentren suspendidos en tales derechos”.

La abstención electoral tiene raíces profundas que incluyen, corrupción política generalizada, elevados niveles de analfabetismo cívico, descontento, desmotivación, indiferencia y rechazo al accionar del liderazgo político en un momento determinado. Pero, además, pude ser interpretado como forma de desobediencia cívica ante modelos políticos corrompidos, clientelares, caudillistas y asistencialistas.

El abstencionismo electoral, el voto en blanco o el rayado intencional de boletas pueden convertirse en opciones para romper el cerco que imponen las cúpulas partidarias a la población y rechazar las diversas formas de acoso electoral que se evidencian en el país. En otras épocas, el país vivió momentos de terrorismo de Estado, represión e intolerancia política que impedía el libre ejercicio del sufragio. Como respuesta, las fuerzas progresistas, socialistas y revolucionarias llamaban a la abstención electoral como forma de protesta contra el sistema impuesto.

Durante los gobiernos autoritarios y dictatoriales de Los Trujillo y su heredero el Dr. Joaquín Balaguer, el voto servía para muy poco. Hoy el abstencionismo tiene otros matices. La gente no solo se abstiene de votar, sino de postularse a cargos electivos dado los elevados gastos de las campañas electorales, la incapacidad de la Junta Central Electoral, la falta de compromiso del liderazgo social y la corrupción política. Gente honesta, bien formada, con vocación de servicio y regios principios éticos se aleja de la política dejando camino libre a los mercaderes e improvisados.

Como señala Rodrigo Borja Cavallo, “El sufragio obligatorio, en el orden práctico, es una escuela de educación cívica para los ciudadanos, que se ven precisados a preocuparse de los asuntos públicos. Busca además asegurar la legitimidad de los gobernantes amenazada por el indiferentismo electoral y evitar que los partidos políticos pequeños, sin opción de éxito, apuesten a la abstención electoral, conspiren contra la democracia política y se apropien de los inevitables índices de deserción como si fueran respuestas a sus consignas”.

Partiendo de esa premisa y viendo modelos donde votar es obligatorio, los resultados de la obligatoriedad no impactado en la calidad de la democracia. Por tanto, las fallas de un sistema se corrigen transformando el sistema y eso se logra cuando la gente siente que quienes le representan se identifican con las necesidades de la gente. Obligatorio o voluntario, el ejercicio al sufragio es un derecho, aun cuando se elige no elegir.

Si la gente ve la política como una actividad denigrante, dado el lucrativo negocio en que la han convertido quienes tienen la responsabilidad de adecentarla, la receta no es hacer obligatorio un derecho sino imponiendo sanciones drásticas a quienes cometan delitos electorales, praciquen acoso electoral o perviertan contra la institucionalidad democrática. Eso la degradación cívica y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, establecida en el artículo 146 de la Constitución de la República y en las normas complementarias. Un sistema político corrupto, no puede obligar a la gente a corromperse. La fiebre no está en las sábanas.

La institucionalidad democrática requiere que las organizaciones políticas cumplan con los procesos instituido en la normativa que las rige, partiendo de la Constitución de la República que en su artículo 216 establece claramente, los fines y propósitos de estas entidades. La cuestión está, en que no cumplen, y quien no cumple, no puede obligar a otros a cumplir. Por que como dijo Juan Pablo Duarte, Lo que la ley no prohíbe, ninguna persona, sea o no sea autoridad, tiene derecho a prohibirlo”.

El sistema político dominicano está enfermo y la abstención es un síntoma grave. Para curar esa infección se requiere cambiar las prácticas perversa de hacer y ejercer la política que prima en el país. Erradicar el transfuguismo, el nepotismo, el clientelismo, el caudillismo o cualquier otra forma de corrupción política es un paso en el largo camino hacia la institucionalización y modernización de la política dominicana.

Un sistema político-electoral donde las campañas electorales son continua y costosas, la corrupción política es sistemática y la ética política solo es discurso, genera desesperanza, desencanto y descontento. Para avanzar es necesario cambiar la cultura y la práctica política pervertidora, no obligar a ejercer el derecho al sufragio, que constitucionalmente es libre, secreto y personal.

Si el creciente abstencionismo electoral que se ha expresado lo que va de siglo obedece a fallas estructurales que afectan al sistema político democrático, lo correcto es impulsar una transformación del sistema, no imponer la obligatoriedad del voto. Obligado es rendir cuentas, cumplir la Constitución y las Leyes; así como garantizar los derechos, sociales, económicos, políticos, medioambientales y culturales, y, sin embargo, entre el dicho y el hecho es enorme el trecho.

Respetar la Función Pública, los procesos instituidos y rendir cuenta son mandatos claros, que pocas veces se cumplen. Además, son frecuente los conflictos de intereses, la violación de las normas para asegurar privilegios a quienes gobiernan o a sus representados; así como los frecuentes casos de incompatibilidades forman un coctel de prácticas corruptas que la gente se niega a legitimar con su voto.

A lo anteriormente expuesto se suma, la violación continua del régimen ético y disciplinario, el incumplimiento al entramado normativo, especialmente aquel que tiene un fuerte sustento constitucional, como el sistema nacional de inversión pública, la Estrategia Nacional de Desarrollo, las cuestiones vinculadas a los mecanismos de participación y aquellas que rigen los ayuntamientos del país. Todo eso, sumado al oportunismo político y a la inobservancia a las normas que rige el sistema político-electoral dominicano.   

Insisto, si la abstención electoral está ratificando el rechazo de la gente a la forma de hacer política de un liderazgo que se coloca por encima de las leyes, la respuesta no puede ni debe ser imponer la obligatoriedad del voto. Y en los países donde el liderazgo político se coloca por encima de las leyes no hay institucionalidad que funcione. El voto razonado, incluye el rechazo de las ofertas electorales que no satisfacen las expectativas del elector.

Claro, los debates entorno al asunto, apuntan a una reforma constitucional, que es la única forma de cambiar la modalidad actual. Por tanto, hablar del tema en un proceso de transición despierta suspicacia. Por eso es extemporáneo plantear la discusión en el período de transición, dada la complejidad e importancia del derecho al sufragio. Los derechos políticos son conquistas, no imposiciones de las élites que tienen el control del poder y ejercerlos es cuestión de voluntad.

Si quienes han propuesto el proyecto de ley, que desde ya es inconstitucional, creen que la solución es esa, encontrarán el rechazo de la sociedad. Se está proponiendo desde un Poder del Estado, que no cumple a medias sus funciones y que ha tolerado en su seno, a personas cuestionadas y juzgadas por vínculos con el narcotráfico y otros delitos. Eso también es tema de discusión.

Tan lejos han llegado con su propuesta inconstitucional, que pretenden eliminar “las ayudas sociales” que dan los gobiernos o impedir el acceso a la función pública, entre otras acciones, a quienes no ejerzan el derecho al voto como se puede leer en esta reseña https://www.diariolibre.com/politica/partidos/2024/06/03/diputados-proponen-quitar-ayudas-sociales-a-quienes-no-voten/2743089.

Los proponentes pretenden atentar contra derechos políticos constitucionalmente garantizado. Claro, ojalá en la reforma constitucional que se avecina se pueda negociar con los legisladores para unificación de las cámaras, la reducción del número de legisladores y eliminar el financiamiento público de las organizaciones políticas y los fondos que reciben del erario para desarrollar actividades ajenas a sus funciones. Después de todo, hablando la gente se entiende.

En una democracia formal electoralista como la nuestra, lo ideal es trabajar para cualificar la representación, activar los mecanismos de participación popular, exigir rendición de cuentas e imponer sanciones drásticas a quienes no lo hagan. Así mismo, es importante que la Junta Central Electoral depure y valide las candidaturas propuestas y que las organizaciones políticas formen a su liderazgo y apliquen sus normas estatutarias.

Es bien sabido, que, aunque la corrupción está proscrita constitucionalmente, en todas sus expresiones, la política está impactada y permeada por ese flagelo. Eso debería preocupar y ocupar al liderazgo político. Si quiere que la gente se motive a participar activamente en la política, tienen que trabajar para corregir y eliminar los males que provocan el creciente abstencionismo.

Parar el abstencionismo exige que la gente se forme cívica y políticamente para que las candidaturas propuestas tengan legitimidad social y solvencia moral probada. Urge que el liderazgo de sociedad civil, organizaciones políticas y la Junta Central Electoral trabajen para modernizar, transparentar e institucionalizar el sistema político-electoral.

El sufragio universal es el mecanismo de legitimación de las autoridades de elección popular y el mejor medio para transformar la institucionalidad democrática. Es el medio más idóneo para fortalecer la cultura cívica y evitar el autoritarismo, pero no puede ser una patente de corso para hacer con el poder delegado lo que plazca. Debe haber mecanismo de revocar el mandato y eso es parte del debate. Hasta entonces, el sufragio debe ser voluntario, nunca una imposición.

martes, 28 de mayo de 2024

REFLEXIONES SOBRE LOS DESAFÍOS DEL SISTEMA POLÍTICO-ELECTORAL TRAS LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y CONGRESUALES RD-2024.

Superar el analfabetismo cívico y político es una forma de cualificar la calidad de la representación. Los liderazgos se forjan en la sociedad y de ahí salen al ruedo político. Si están formados y educados, serán más conscientes de la responsabilidad que asumen.

Las elecciones que finalizan serán recordadas como una de las mejores organizadas de la historia política dominicana. No solo son históricas por el triunfo arrollador del Partido Revolucionario Moderno, PRM, sino también por el reconocimiento rápido de la victoria de quienes le adversaron. Esa muestra de madurez del liderazgo político puede convertirse en un faro de luz para iluminar el tránsito de la democracia formal electoralista a la democracia funcional de base popular.

La Junta Central Electoral concluye con éxitos la última fase de un largo, costoso, complejo y exigente proceso electoral. En febrero del año en curso se desarrollaron las elecciones municipales, caracterizadas por una baja participación, compra de votos, transfuguismo y el reclamo constante de la oposición sobre el uso de recursos públicos para favorecer a candidatos oficialistas.

Una vez concluida las elecciones municipales el proselitismo continuó su galopante carrera hacia las presidenciales y congresuales pautadas para el 19 de mayo. Una larga, intensa y cara campaña electoral fue la antesala de la cita comicial. Cientos de postulantes para un número reducido de cargos. A todo ritmo, se montó el proceso y los resultados favorecieron abrumadoramente al Partido Revolucionario Moderno, PRM.

La parte de la oposición derechista que se nucleó en RescateRD no logró los resultados esperados por sus integrantes. Muchas de las entidades partidarias quedarían fuera del registro electoral al no lograr el porcentaje mínimo requerido para mantener su registro. Las fuerzas progresistas quedaron reducida a la mínima expresión al participar divididas en un contexto que exigía unidad programática. Una vez más, pierden la oportunidad de avanzar en su lucha por conquistar el poder.

La abstención continúa su crecimiento sostenido amenazando la legitimidad de la democracia y la institucionalidad política. La tendencia ascendente debe mover la acción para superar el analfabetismo cívico y político. La Junta Central Electoral pasó la prueba al realizar un proceso exitoso y organizado, aunque con algunos reclamos en un ambiente caracterizado por la polarización entre veteranos políticos, incluidos un expresidente de la República y el presidente actual.

Cabe destacar el rol determinante y protagónico de la mujer en el proceso comicial. La presencia activa en la organización de las elecciones, especialmente en mesas y colegios fue significativamente superior al de los varones.  El liderazgo femenino dio muestra de compromiso cívico, capacidad organizativa e insuperable capacidad de trabajo. Su protagonismo es decisivo, por lo tanto, es tiempo de dejar paso libre a la participación de la mujer en la política.

Las Organizaciones Políticas son las protagonistas de los procesos electorales que se realizan regularmente en República Dominicana. Tienen la impronta de rendir cuentas, cumplir la normativa político-electoral, reorientar sus estrategias políticas, formar su militancia, superar el transfuguismo y combatir el caudillismo mesiánico. Con sus debilidades y fortalezas navegan en el convulso mar de un proselitismo de base clientelar, donde postulantes se disputan la voluntad de una masa electoral caracterizada por un acentuado y creciente analfabetismo cívico y político.  

Independientemente del derecho a elegir y ser elegido, se debe eliminar el reeleccionismo en todos los niveles de gobierno, estableciendo dos periodos consecutivos en cada cargo. Quien logre una reelección inmediata, debe aspirar a otro cargo en los períodos siguientes. El caciquismo es un vicio, que junto al caudillismo y el transfuguismo impiden el desarrollo de líderes emergentes en cada una de las demarcaciones o circunscripciones del país.

Las elecciones en República Dominicana son una especie de zafra donde los operarios del sistema, entiéndase organizaciones políticas, empresariado y Junta Central Electoral se empeñan por organizar lo que ellos llaman “fiesta de la democracia”, un eufemismo que se ha tornado en slogan. Lo cierto es, que las redes clientelares se activan para mover maquinarias partidarias o de grupos de interés que interactúan con el sistema político-electoral.

La automatización de los procesos de escrutinio, la implantación del voto asistido y el voto penitenciario son prácticas que facilitan el ejercicio del derecho al voto, pero hay muchos aspectos que deben mejorar. Con la experiencia adquirida y realizada las evaluaciones correspondientes, se augura un futuro promisorio para estas modalidades. Superar el analfabetismo cívico y político es una forma de cualificar la calidad de la representación. Los liderazgos se forjan en la sociedad y de ahí salen al ruedo político. Si están formados y educados, serán más conscientes de la responsabilidad que asumen.

Es urgente que el país entre en una nueva ola de reformas político-electorales fortalecer la institucionalización y modernización del sistema democrático. Un eje fundamental es el referente a la asignación de escaños. El modelo actual, asume el cuestionado, desfasado y antidemocrático método D’Hondt para la distribución de escaños. Las constantes quejas de quienes pierden curules por las imperfecciones de dicho método obligan a la Junta Central Electoral y a las Organizaciones Políticas a buscar alternativas más funcionales, justas y democráticas.

Los elevados costos de las campañas electorales, el transfuguismo, el clientelismo, el caudillismo mesiánico, el persistente acoso electoral, la corrupción política generalizada, sumado a la incapacidad de la Junta Central Electoral para depurar las candidaturas propuestas por las organizaciones políticas desmotiva a gente con vocación de servicio, solvencia moral probada y legitimidad social a participar en la actividad política. Eso es una seria amenaza a la institucionalidad democrática.

En el Bloque Progresista participaron Patria para Todos y Todas, liderado por el Dr. Fulgencio Severino, Frente Amplio, presidido por la profesora María Teresa Cabrera, y Virginia Antares del Partido Opción Democrática. Al participar dividido, el porcentaje alcanzado es pírrico. Una vez más se pierde la oportunidad de “abrir las puertas de la esperanza” y transformar el formalismo democrático electoralista en una democracia funcional de base popular.

Excusas y pretextos habrán, pero la realidad es que las fuerzas progresistas no han podido articular una alianza alternativa con vocación de poder que canalice las expectativas de los sectores progresistas, socialistas y revolucionarias. A partir de ahora, tendrán que reorientar las estrategias e iniciar un proceso de reinvención que le permita superar los escollos de un sistema clientelar y caudillistas, donde los elevados niveles de analfabetismos cívico y político se combina con una cultura política donde la gente razona poco al momento de elegir.

Como evidencian los resultados oficiales del proceso comicial, la debacle del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, empuja a esas entidades a la desaparición. En el caso del PRD, apenas consiguió dos legisladores. Estas bajas contrastan con el ascenso del Partido Fuerza del Pueblo y la consolidación del Partido Revolucionario Moderno, PRM como fuerza hegemónica en el subsistema de partidos de República Dominicana.

Dado que la esencia de la democracia es la participación activa e informada en igualdad de derecho, es indispensable que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de respeto, institucionalidad, tolerancia, legalidad, organización y equidad. Un ambiente donde la ética política sea reglas no excepciones. Claro, bajo el esquema actual es imposible competir con el raudal de dinero que mueven sectores interesados en controlar el poder para defender intereses particulares.

Una democracia no se transforma, ni un sistema político se desarrolla si el liderazgo no cambia su conducta frente a las malas prácticas y asumen el compromiso de cualificar la representación política en los distintos niveles de gobierno. La ciudadanía está reclamando, vía abstención y otras modalidades de rechazo no cuantificadas como el voto en blanco o el rayado intencional de boletas, que los políticos se reencuentren con la ética política.

Concluida la zafra electoral, cabe preguntar ¿estamos ante una democracia de partidos o de ciudadanos? La pregunta puede tener muchas respuestas, pero la realidad es que la democracia dominicana, a pesar de la cantidad de partidos reconocidos existente, no supera el formalismo electoralista. No solo es coja, dado los bajos niveles de participación de la gente, sino que es deficiente y muy costosa. Lo formal, no siempre es legítimo y en la política la legitimidad, apuntala la legalidad.

Transformar la democracia formal electoralista en democracia funcional de base popular, no puede ser solo una utopía, sino un anhelo al que no podemos renunciar, especialmente quienes aspiramos a vivir en un mundo donde la trasparencia, el compromiso ético, la legitimidad social y la solvencia moral probada sean los tributos que adornen a quienes nos representen en la administración pública. Máxime aquellos que son electos por voto popular.

Es necesario que se analice el sistema de doble vuelta para ganar la presidencia y la vicepresidencia de la República. Se hace necesario modificar la normativa que establece el 50% más 1 voto y condicionar, a que sólo haya ballotage si el partido o coalición ganadora no alcanza a superar la segunda por más de 10 por ciento. Logrado ese cambio, se reducirá automáticamente la cantidad de los llamados partidos minoritarios, sin lesionar los derechos políticos de ninguna persona u organización. Así nos acercaríamos a una democracia de ciudadanos, no de partidos.

Transformar la democracia formal electoralista en democracia funcional de base popular, no puede ser solo una utopía, sino un anhelo al que no podemos renunciar, especialmente quienes aspiramos a vivir en un mundo donde la trasparencia, el compromiso ético, la legitimidad social y la solvencia moral probada sean los tributos que adornen a quienes nos representen en la administración pública. Máxime aquellos que son electos por voto popular.

Una democracia de ciudadano exige que el ente responsable de aplicar la normativa electoral sancione drásticamente a quienes cometen delitos electorales o incumplen la normativa que rige al sistema. Aplicar la degradación cívica e inhabilitar a quienes cometan delitos electorales puede contribuir a la prevención de los mismos. La impunidad ante las faltas cometidas en un proceso comicial incentiva su proliferación. Quien delinca que page, no importa el rango, cargo o relación con el Estado. La trasparencia debe imponerse a la impunidad, el secretismo y la opacidad.

Es tiempo de exigir mayor responsabilidad a quienes han hecho de la política su modus vivendi. Las diversas franquicias partidarias deben cuidar el negocio que les mantiene en la palestra. La vida de un político debe ser auténtica, tan clara como el agua potable y referenciada en un liderazgo legitimado socialmente, moralmente probado y con clara vocación de servicio. En la sociedad de la información y la comunicación, hacer política es un gran compromiso.

Tras concluir el proceso electoral, queda servida la mesa para iniciar debates, reflexiones y análisis sobre los retos de la democracia dominicana y del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, PRM, encabezado por el Lic. Luis Abinader. El PRM ha obtenido un triunfo convincente, costoso y comprometedor. Tras el logro electoral viene el reto de reinventar el gobierno y lograr eficiencia en las acciones que emprenda.

 La Constitución establece una serie de derechos sociales, económicos, políticos, culturales y medioambientales que no se cumplen, y eso tiene que, con el analfabetismo cívico, con la dispersión de las políticas públicas y con la desidia del liderazgo responsable de su implementación. El período de gobierno que inició el 24 de abril con la juramentación de las autoridades municipales y que se complementa el 16 de agosto del año en curso con la juramentación del presidente de la República y los legisladores tiene una gran responsabilidad.

El complejo contexto internacional y el alto costo de la canasta familiar sumado a los retrasos en los procesos de industrialización y los rezagos en el cumplimiento de las metas pautadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenibles obligan al liderazgo político y al gobierno a emplear todas sus capacidades en la búsqueda de los consensos mínimos que le permitan completar esas metas.

En el ámbito municipal, la atomización territorial, la inobservancia de las normas y la falta de trasparencia impiden la consolidación de los procesos de reforma y modernización de los ayuntamientos. La institucionalización de la gestión municipal ha avanzado, pero está lejos de lograr los niveles de legitimidad necesarios para hacer de las mismas, un instrumento de desarrollo. Quedan grandes huecos en materia de trasparencia y eficiencia.

La reforma y modernización en los municipios del país inició a finales del siglo pasado y continua su curso. Es tiempo de evaluar y profundizar eso cambios. Codificar la normativa municipal e instituir la Carrera Administrativa Municipal, socializar los mecanismos de participación social y establecer reglas para revocar las autoridades que no cumplan. De igual forma, eliminar la opacidad conque se manejan los asuntos municipales. La rendición de cuenta y el acceso a la información ejes prioritarios para enfrentar la galopante corrupción que afecta a los cabildos. Para fortalecer la institucionalidad municipal es indispensable capacitar el personal administrativo y empoderar al liderazgo social.

Respecto a la reorganización del Poder Legislativo, la tarea es urgente impostergable. Es tiempo de cualificar de la representación y ajustarla a la realidad socioeconómica del país. Actualmente, el número de legisladores es de 225 de los cuales son 193 diputados (173 normales, 7 de ultramar, 5 nacionales y los 20 del PARLACEN), y 32 senadores. Habrá que evaluar la pertinencia de mantener a 20 congresistas en el PARLACEN, dado que los costos no se traducen en beneficios para el país. A eso se suma que esos cargos son escogidos con métodos pocos transparentes y antidemocrático. No tiene sentido mantener una estructura como la actual visto los bajos niveles de rendimientos. En esa misma línea están los diputados nacionales. Avanzar en esa línea exige compromiso, prudencia y coraje.

En cuanto al Senado de la República, toca al liderazgo político trabajar para reformar y modernizar esa entidad. Los pesos y contrapesos a los poderes deben garantizar la gobernabilidad democrática, la transparencia y la eficiencia. Procede hablar de la fusión de ambas cámaras y crear un congreso unicameral que sirva a la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho. En un Estado Unitario como es República Dominicana, los poderes del Estado se complementan para coadyuvar al cumplimiento de la misión del Estado, no se contraponen como erróneamente creen algunos. La llamada independencia de poderes debe expresarse en el cumplimiento estricto de las funciones de cada poder; en el caso del legislativo esa materia es reprobada y eso justifica su reinvención.

Vista las debilidades de la insitutioncalidad política, los estragos de la corrupción política, los elevados niveles de abstención y los elevados costos de los procesos electorales en el país, la Junta Central Electoral, la sociedad civil y el liderazgo político tienen que trabajar para fortalecer y transparentar al sistema político-electoral dominicano. La prolongada y accidentada historia electoral del país es una fuente inagotable de experiencias que deben ser revisadas para incorporar sus enseñanzas, mejorar los aciertos y corregir los errores.

A modo de conclusión y al margen de los resultados conocidos, cabe destacar el civismo de la gente que concurrieron al proceso recién finalizado y los esfuerzos de la Junta Central Electoral por montar un certamen a la altura de las exigencias. No obstante, el liderazgo político, especialmente el de las fuerzas principales, crearon un ambiente caracterizado por el acoso electoral. Compra de cédulas, promesas y otras prácticas que ponían en riesgo las condiciones para ejercer un sufragio libre, secreto e individual.




REFLEXIONES SOBRE LAS ELECCIONES RD-2024.

Introducción.

La Junta Central Electoral concluye con éxitos la última fase de un largo, costoso, complejo y exigente proceso electoral. En febrero del año en curso se desarrollaron las elecciones municipales, caracterizadas por una baja participación, compra de votos, transfuguismo y el reclamo constante de la oposición sobre el uso de recursos públicos para favorecer a candidatos oficialistas.

Una vez concluida las elecciones municipales el proselitismo continuó su galopante carrera hacia las presidenciales y congresuales pautadas para el 19 de mayo. Una intensa y cara campaña electoral fue la antesala de la cita. Cientos de postulantes para un número reducido de cargos. A todo ritmo, se montó el proceso y los resultados favorecieron al Partido Revolucionario Moderno, PRM.

Tras concluir el proceso electoral, queda servida la mesa para iniciar debates, reflexiones y análisis sobre los retos de la democracia dominicana y del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, PRM, encabezado por Lic. Luis Abinader.

El PRM ha obtenido un triunfo convincente, costoso y comprometedor. Tras el logro electoral viene el reto de reinventar el gobierno y lograr eficiencia en las acciones que emprenda. 

La parte de la oposición derechista que se nucleó en RescateRD no logró los resultados esperados por sus integrantes. Muchas de las entidades partidarias quedarían fuera del registro electoral al no lograr el porcentaje mínimo requerido para mantener su registro.

Las fuerzas progresistas, quedaron reducida a la mínima expresión al participar divididas en un contexto que exigía unidad programática. Una vez más, pierden la oportunidad de avanzar en su lucha por conquistar el poder.

La abstención continúa su crecimiento sostenido amenaza la legitimidad de la democracia y la institucionalidad política. La tendencia ascendente debe mover la acción para superar el analfabetismo cívico y político.

La Junta Central Electoral pasó la prueba al realizar un proceso exitoso y organizado, aunque con algunos reclamos en un ambiente caracterizado por la polarización entre veteranos políticos, incluidos un expresidente de la República y el presidente actual.

Cabe destacar el rol determinante y protagónico de la mujer en la organización del proceso comicial. La presencia activa en la organización de las elecciones, especialmente en mesas y colegios fue significativamente superior al de los varones.

Las organizaciones políticas tienen la impronta de rendir cuentas, cumplir la normativa político-electoral, reorientar sus estrategias políticas, formar su militancia, superar el transfuguismo y combatir el caudillismo mesiánico.

Contexto.

El contexto internacional, caracterizados por conflictos armados, las tensiones ideológicas, el declive de la hegemonía estadounidense, el afianzamiento del policentrismo, crisis económica, el avance meteórico de la inteligencia artificial y los efectos del cambio climático obliga a los Estados a reorientar sus estrategias productivas, diversificar los mercados condicionan y a concertar la agenda política. Pero en el país la trivialidad se impuso como rasgos distintivos de un proceso electoral que fluctuó entre el continuismo de unos y el retorno de otros.

La evolución de la política dominicana tiene en el sufragio universal un referente accidentado. Desde la fundación de la República hasta nuestros días, diversas modalidades de elección se han ensayado. El modelo actual, asume el cuestionado, desfasado y antidemocrático método D’Hondt para la distribución de escaños. Las constantes quejas de quienes pierden curules por las imperfecciones de dicho método obligan a la Junta Central Electoral y a las Organizaciones Políticas a buscar alternativas más funcionales, justas y democráticas.

Con un antecedente como las frustradas elecciones municipales del 2020 y una accidentada precampaña, la incertidumbre medraba en los entornos partidarios y aumentaba la desconfianza en las capacidades institucionales de la Junta Central Electoral para organizar y arbitrar las elecciones de febrero y mayo del año en curso. No obstante, esas aprensiones, la realidad es que la entidad de comicios logró cumplir su misión.

Las elecciones que finalizan serán recordadas como una de las mejores organizadas de la historia política dominicana. No solo son históricas por el triunfo arrollador del Partido Revolucionario Moderno, PRM, sino también por el reconocimiento rápido de la victoria de quienes le adversaron. Esa muestra de madurez del liderazgo político puede convertir en un faro de luz para iluminar el tránsito de la democracia formal electoralista a la democracia funcional de base popular.

Junta Central Electoral.

La Junta Central Electoral concluye con éxitos la última fase de un largo, costoso, complejo y exigente proceso electoral. En febrero del año en curso se desarrollaron las elecciones municipales, caracterizadas por una baja participación y el reclamo constante de la oposición sobre el uso de recursos públicos para favorecer a candidatos oficialistas.

Aunque la Junta Central Electoral pasó la prueba al realizar un proceso exitoso y organizado, con mínimos de reclamos en un ambiente caracterizado por la polarización entre expresidentes, no pudo impedir que se postularan candidatos señalado por “prácticas indecorosas”. Depurar la oferta electoral que presentan los partidos es una labor fundamental para cualificar la representación política.

Tal como afirma el periódico El Nacional en su editorial titulado “Gala Democrática”, “La Junta Central Electoral (JCE) cumplió cabalmente su misión de organizar y realizar comicios íntegros y confiables, que en términos de planificación superan con creces los celebrados en el pasado, aun cuando afloren quejas sobre irregularidades o fallas, la mayoría atribuidas al gobierno y a partidos”. https://elnacional.com.do/gala-democratica/

A pesar de los esfuerzos del ente rector del subsistema electoral dominicano, la postulación de candidaturas cuya legitimidad fue cuestionada generó tensiones y roces entre el ente comicial y las organizaciones políticas. A esto se suma, los aspectos vinculados a las cuotas de juventud y de la mujer, así como las dificultades para controlar el uso de recursos públicos y de otras índoles en el proceso comicial.

La Junta Central Electoral desplegó una intensa campañas de orientación y motivación del voto, tanto dentro como fuera del país. No obstante, a esos esfuerzos, la abstención electoral continúa creciendo y esta vez superó el 45 por ciento del padrón, evidenciando el desencanto de la gente con el sistema imperante.

En cuanto a la logística operativa, la Junta Central Electoral y las organizaciones políticas lograron montar un proceso comicial que superó, en cierto modo, las fallas que se dieron durante las elecciones municipales del 18 de febrero. Claro, quedan grandes huecos por llenar para que los procesos comiciales se consoliden como mecanismos legítimos para renovar la dirección política del país.

Hay que destacar el papel protagónico y el intenso trabajo de la mujer durante el proceso electoral. La matrícula de los colegios electorales era predominantemente femenina. En las delegaciones partidarias también fue notoria la participación de la mujer. Eso contrasta con el regateo de los partidos para cumplir la cuota asignada por la ley 20-23 de Régimen Electoral y la 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que, aunque inconstitucional, establece un mínimo de cargos, pero en la mayoría de las veces, se colocan en posiciones de relleno.

A pesar de la rapidez con los perdedores reconocieron los resultados y admitieron su derrota, del evidente éxito en montaje de los comicios, queda rendijas que dejan ver grandes desafíos, tanto para la Junta Central Electoral como para el liderazgo político. Uno de ellos es la persistencia de acciones que pueden ser tipificadas como acoso electoral, ya que las mismas van dirigida a perturbar el libre ejercicio del derecho al voto. Otro hueco, es la facilidad conque ingresan a los registros de candidatos personas que tienen cuentas pendientes con la justicia o la sociedad.

Huelga decir, que para lograr que la institucionalidad electoral se fortalezca se requiere el compromiso de quienes la gestionan. Robustecer al ente responsable de organizar, gestionar y arbitrar los procesos electoral es una condición para el desarrollo, modernización e institucionalización del sistema político-electoral dominicano. Una democracia de ciudadano exige que los entes responsables de aplicar la normativa electoral sanciones drásticamente a quienes cometen delitos electorales o incumplen la normativa que rige al sistema.

Organizaciones Políticas.

Las Organizaciones Políticas son las protagonistas de los procesos electorales que se realizan regularmente en República Dominicana. Con sus debilidades y fortalezas navegan en el convulso mar de un proselitismo de base clientelar, donde postulantes se disputan la voluntad de una masa electoral caracterizada por un acentuado y creciente analfabetismo cívico y político.

Aunque la normativa político-electoral es amplia y diversa, con una sólida base constitucional, las organizaciones políticas, especialmente las que tienen reconocimiento electoral, obvian mucho de los procedimientos instituidos y pervierte la escogencia de candidaturas o permiten que se “cuele gente”, que tiene deudas pendientes con la justicia o es señalado por el rumor público. Toca a la Junta Central Electoral y a las organizaciones políticas presentar ofertas validadas legalmente y legitimadas socialmente.

En el pasado certamen, a pesar de que las propuestas programáticas de las organizaciones políticas fueron puestas en línea por la Junta Central Electoral en este enlace, https://elecciones2024.jce.gob.do/planes-de-gobierno, poca gente se molestó en analizar y comparar los temas planteados, ni siquiera los postulantes a ocupar cargos dominaba las mismas. Eso es muestra de un folklorismo político que dista mucho de una democracia funcional de base popular.

Las fuerzas derechistas dividida en dos bloques; uno encabezado por el partido Revolucionario Moderno, PRM, integrado por más de 20 partidos, agrupaciones y movimientos; el otro, nucleado en el bloque RescateRD, compuesto por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo. En ese mismo eje ideológico participaron Generación de Servidores del pastor evangélico Carlos Peña y Roque Espaillat de Partido Esperanza Democrática.

La coalición liderada por el presidente Luís Rodolfo Abinader Corona hizo una “barrida”, ratificando la fuerza del partido en el gobierno. El preludio de ese triunfo inició en febrero pasado cuando el PRM se impuso en las elecciones municipales, conquistando la mayoría de los cargos en municipios y distritos municipales, tal y como se lee en el siguiente enlace: https://elecciones2024.jce.gob.do/municipales

En el Bloque Progresista participaron Patria para Todos y Todas, liderado por el Dr. Fulgencio Severino, Frente Amplio, presidido por la profesora María Teresa Cabrera, y Virginia Antares del Partido Opción Democrática. Al participar dividido, el porcentaje alcanzado es pírrico. Una vez más se pierde la oportunidad de “abrir las puertas de la esperanza” y transformar el formalismo democrático electoralista en una democracia funcional de base popular.

Excusas y pretextos habrán, pero la realidad es que las fuerzas progresistas no han podido articular una alianza alternativa con vocación de poder que canalice las expectativas de los sectores progresistas, socialistas y revolucionarias. A partir de ahora, tendrán que reorientar las estrategias e iniciar un proceso de reinvención que le permita superar los escollos de un sistema clientelar y caudillistas, donde los elevados niveles de analfabetismos cívico y político se combina con una cultura política donde la gente razona poco al momento de elegir.

Como evidencian los resultados oficiales del proceso comicial, la debacle del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, empuja a esas entidades a la desaparición. En el caso del PRD, apenas consiguió dos legisladores. Estas bajas contrastan con el ascenso del Partido Fuerza del Pueblo y la consolidación del Partido Revolucionario Moderno, PRM como fuerza hegemónica en el subsistema de partidos de República Dominicana.

Tras la conclusión de la zafra electoral, cabe preguntar ¿estamos ante una democracia de partidos o de ciudadanos? La pregunta puede tener muchas respuestas, pero la realidad es que la democracia dominicana, a pesar de la cantidad de partidos reconocidos existente, no supera el formalismo electoralista. No solo es coja, dado los bajos niveles de participación de la gente, sino que es deficiente y muy costosa. Eso obliga a pensar en profundizar las reformas político-electoral para avanzar en el camino hacia una democracia de ciudadanos, no de partidos. Una democracia funcional de base popular que cumplan con los fines que sustentan este sistema político.

El Padrón Electoral.

Para las elecciones del 18 de mayo se convocó a las urnas a 8,105,153 ciudadanos en capacidad de elegir. Esta cifra incluyó a los 870,000 empadronados en el exterior. Sobre esa línea de base, se montó un proceso electoral en el que participaron mas de 30 organizaciones políticas. Algunas fueron en alianzas o coaliciones otras tantas fueron solas. Contrario a lo que se espera de un sistema político superpoblado, donde la Junta Central Electoral desplegó una intensa campaña de promoción del voto, la abstención se colocó en su máximo histórico.

El padrón electoral es un requisito indispensable para la realización de procesos electorales en cualquier parte del mundo. En el país, se ha ido consolidando este instrumento, a partir de mejoras significativas en la gestión de los actos de la vida civil. Antes, las debilidades en el padrón se prestaron para la comisión de “fraudes colosales” en detrimento de la democracia y de la institucionalidad electoral. Quedan fallas, pero gracias a la automatización de la base de datos es más difícil pervertir los procesos comiciales.

Aunque persisten ciertas rémoras del pasado, como la dislocación de votantes y otras prácticas perniciosas, el saneamiento del padrón y la inclusión de fotografías de las personas ayuda a descubrir las marrullas de quienes intentan pervertir y corromper resultados. A esto se suma, la acción activa que desempeña el Tribunal Superior Electoral para enmendar las distorsiones que perjudican derechos políticos. Esta entidad, ha desarrollado una labor encomiable para resolver conflictos internos en la lucha de postulantes o el reclamo de partidos por fallas cometidas tanto por la Junta Central Electoral como por el liderazgo que acciona desde las organizaciones políticas.

Fortalecer el padrón electoral y ampliar su línea de base, incluyendo a militares y policías es un viejo anhelo de quienes integran esos cuerpos ejerzan de manera efectiva su derecho a elegir. Las experiencias existentes en la región Latinocaribeña pueden servir de referentes. El caso de la República Bolivariana de Venezuela es uno entre muchos, donde se ha logrado garantizar el voto de los cuerpos castrenses. El país está en capacidad de implementarlo sin mayores riesgos, solo falta voluntad política para realizar los cambios normativos que se requieran. Si el voto es universal, no hay razones para negar que los hombres y mujeres de uniforme se les prohíba a ejercerlo.  

Campaña Electoral.

Las campañas electorales en República Dominicana son continuas y muy costosas, a pesar de que la normativa político-electoral establece plazos para el inicio y conclusión de las mismas. La que concluye no fue excepción. El país se vio arropado por una larga y ostentosa campaña que evidencia falta de control del gasto en ese rubro y alerta sobre la necesidad de trasparentar el financiamiento electoral.

Además de las tradicionales vallas, las titubeantes encuestas, los mano a mano, las caravanas y las concentraciones, esta vez, el encendido protagonismo de las redes sociales y plataformas digitales mantuvo en vilo a la población. Independientemente de las modalidades utilizadas, la personalización de las candidaturas y la mercantilización de las diversas opciones no lograron encantar a los desencantado con una práctica política clientelar y corrupta que harta y aleja a personas que defienden el voto razonado como forma de cualificar la representación.

Una novedad, bien valorada por la población, fueron los debates organizados por entidades empresariales, así como la presentación de propuestas en medios de comunicación. Todo eso, contribuye a visibilizar las ofertas y a contrastar los enfoques ideológicos de cada uno de los postulantes. Estas prácticas deben perfeccionarse, oficializarse y extenderse a todos los niveles.

La automatización del voto facilitó el escrutinio y permitió que la población conociera los resultados en tiempo récord para el país. Eso puede ser un indicador de avance, aunque queda mucho trecho para acercarse a países que han logrado un proceso con altísimos niveles de transparencia gracias a la tecnificación de los procesos comiciales.

Durante la recién pasada campaña electoral, primó el ruido por encima del contenido. La saturación de afiches en las calles competía con las promociones en medios de comunicación y redes sociales. Las propuestas de los diversos candidatos carecían de realismo y muchas no se ajustaban ni a las funciones del cargo ni a las misiones institucionales.

La evidente debilidad de la Junta Central Electoral para fiscalizar los recursos que gastan los partidos, especialmente los de procedencia privada, hacen del sistema un espacio donde la opacidad y el secretismo compiten y se imponen a la pretendida y necesaria transparencia demandable a un sistema financiado con dinero público. La experiencia acumulada y las recomendaciones de observadores deben servir para superar las imperfecciones del sistema político-electoral dominicano.

La Agenda Propuesta.

La Constitución de la República dispone la elaboración de un Plan Plurianual del Sector Público y una Estrategia Nacional de Desarrollo aprobado mediante la Ley 1-12 que establece los ejes sobre los cuales se deben elaborar las propuestas de los candidatos, pero la mayoría de quienes aspiran a cargos electivos desconocen ésta y otras leyes. Los programas aceptados por la Junta Central Electoral debieran estar alineados con estos instrumentos.

Las propuestas de candidatos y partidos giraron entorno a temas recurrentes como corrupción, reforma fiscal, inseguridad, turismo, políticas sociales, migración, desempleos, formación tecnológica y educación, entre otros. Los debates, reflexiones y análisis sobre los temas claves ni los esfuerzos por encantar a los electores no lograron bajar el recurrente abstencionismo de casi la mitad de la población votante.

Tanto el oficialismo como la oposición centraron sus ofertas en aspectos medulares del país, pero tocaron tímidamente asuntos estratégicos como soberanía alimentaria, la galopante deuda externa, los altos costos de producción, el aumento constante en la tasa del dólar, el deterioro de los servicios públicos, la degradación medioambiental y el acentuado estrés hídrico.

Buena parte de los contenidos propuestos por partidos y candidatos tienen severos sesgos institucionales y en algunos casos chocan con la normativa que rige la institucionalidad política. El desconocimiento de las funciones del cargo dejó camino franco a la especulación, diatribas y descalificaciones entre los contendientes. A esto se suma, el creciente desinterés de una parte de la población en la cuestión política y el pronunciado analfabetismo cívico que exhibe gran parte de la población.

Las propuestas partidarias deben alinearse con los mandatos instituidos por la normativa que rige la planificación e inversión pública. Hacer del presupuesto nacional un instrumento de desarrollo, como establece la normativa que lo rige, exige que cada institución disponga de planes estratégicos y operativos que recojan las demandas y trabaje para dar respuestas a las mismas.

En la campaña electoral hubo mucho discurso, pero poco contenido. Los temas estratégicos, incluido los que están asociado a la Agenda 20-30 pactada en Naciones Unidas, quedaron al margen de las discusiones. Eso demuestra el contraste entre quienes aspiran a que las políticas públicas se impongan al asistencialismo clientelar que promueven los gobiernos.

Definir la agenda y priorizar las acciones en base a las necesidades más urgente de la población y la disponibilidad de recursos, aumentan la credibilidad de una oferta electoral con respecto a otra. Un plan de gobierno bien estructurado y realista genera expectativas, aumentan la eficiencia, potencia la transparencia y contribuye fortalecer la institucionalidad democrática.  

Relación Resultados vs Encuestas.

El uso de encuestas, sondeos y técnicas científicas de medición son recursos que usados responsablemente brindan datos e informaciones que facilitan la toma de decisiones, tanto para la ciudadanía como para las organizaciones políticas. Tradicionalmente, las encuestas para medir simpatías o preferencias políticas ayudan a partidos y candidatos a gestionar sus expectativas de éxito o fracaso en los certámenes electorales. Claro, también contribuyen a la polarización política de la sociedad.

En República Dominicana interactúan varias empresas dedicadas a vender servicios a diversas franquicias partidarias. Aunque son regulada por la Ley 20-23, pero muchas veces se saltan la red normativa generando incertidumbres entre el electorado. Su rol es brindar información para la toma de decisión, pero en la mayoría de los casos, mueven sus resultados para crear falsas expectativas.

Cabe destacar, que, durante los últimos procesos electorales, muchas firmas encuestadoras han mejorado sus técnicas y han estado muy cerca de los resultados. Habrá que exigir que las informaciones que producen las encuestadoras y los medios asociados a su divulgación sirvan al electorado para tomar decisiones respecto a las candidaturas propuestas, no para confundirla.

Firmas prestigiosas encuestadoras, como Gallup Dominicana, Research Group, Centro Económico del Cibao (CEC), Latin Insights, Mark Penn, Newlink Research, entres otras, han prestado servicios a candidatos y partidos en el país. Una más que otras han estado en el rango acertado con respecto a los resultados electorales.  https://eldia.com.do/encuestas-acertaron-con-proyectado-en-campana/.

Independientemente de la certeza de una encuesta, la calidad de los datos que produce y la fiabilidad de las informaciones que genera, colocan a la firma encuestadora en un lugar de preferencia o rechazo. Manipular y retorcer datos para imponer matrices favorables a quienes contratan sus servicios es una tentación que encuentra la repulsa de un “enjambre de expertos” que accionan desde las redes sociales y medios comunicación adverso a los intereses defendidos por las encuestadoras.

De su lado, la Junta Central Electoral, dispuso normas para la divulgación de resultados y advirtió sobre las denominadas “encuestas a boca de urna” https://elecciones2024.jce.gob.do/sala-de-prensa/nota-aclaratoria-sobre-las-encuestas-a-boca-de-urna. Tradicionalmente, partidos, candidatos y organizaciones de sociedad civil utilizan este mecanismo para levantar información que contribuyan a la transparencia del proceso comicial. Claro, solo el ente de comicios está autorizado a informar sobre los resultados. Por eso llama a respetar la normativa y a evitar filtraciones que perturben la tranquilidad de la gente.

Textualmente estableció que “La Junta Central Electoral (JCE), en base a lo establecido en la Ley No. 20-23, Orgánica de Régimen Electoral, en su artículo 216, párrafos II y III, referente a que las firmas encuestadoras debidamente certificadas, podrán realizar encuestas o sondeos a boca de urna, siempre que las mismas sean depositadas en la Junta Central Electoral en sobres cerrados y sellados o lacrados, y hayan cumplido con los requisitos exigidos por la Junta Central Electoral, cuyos resultados no podrán ser divulgados. De igual forma, expresa que las encuestas o sondeos a boca de urna deberán realizarse de manera tal que no violen ni vulneren el derecho y el deber, relativo al secreto del voto establecido en esta ley”.

Los datos que ofrecen las encuestas siempre tendrán detractores y defensores, dada las complejidades de los procesos comiciales y la polarización que generalmente aflora durante los tiempos de campaña. Durante el proceso recién concluido, las encuestas tuvieron un acentuado protagonismo y sustentaron mucho de los debates y análisis políticos que se suscitaron en el transcurso de la larga y costosa campaña electoral.

Participación y Civismo.

La participación de la gente en procesos electorales es un requisito fundamental para el funcionamiento de la democracia, independientemente del nivel, dimensión o grado de la misma. Pero para que sea efectiva, tiene que reunir algunas características o condiciones como la disponibilidad de información, la habilitación de espacios plurales, la eliminación de barreras, la formación cívica y la existencia de objetivos claros, entre otras.

En el caso específico de la participación política, es importante que la gente entienda que cuando participa activamente en proceso políticos desarrolla sus habilidades de liderazgo y contribuye al desarrollo de la sociedad. Aunque en República Dominicana, el voto popular es la forma tradicional de participar, el ordenamiento jurídico establece diversos mecanismos que se pueden activar en coyunturas y para cuestiones específicas.

La participación en los procesos eleccionarios ha ido decreciendo en el país. En las últimas elecciones la abstención se colocó por encima del 45 por ciento, marcando un récord en la historia electoral dominicana. Las causas de ese desencanto fluctúan entre el analfabetismo cívico, la indiferencia, el desencanto y el rechazo a las malas prácticas de las organizaciones políticas. La situación tiende a agravarse, ya que a pesar de la cantidad de ofertas electorales, la polarización política entre las fuerzas hegemónicas se imponen.  

Vicios como el transfuguismo, el clientelismo, el asistencialismo y el caudillismo mesiánico se unen a otras expresiones de corrupción políticas como la presencia de gente vinculadas o apadrinadas por el crimen organizado en la boleta electoral. Otros aspectos a considerar son los elevados costos de las campañas electorales, el transfuguismo, la violación sistemática a las normas electorales, la inobservancia de las reglas estatutarias y las dificultades para conquistar una candidatura en cualquiera de las organizaciones políticas deja fuera a gente con el perfil idóneo para optar por un cargo de elección popular.

Transformar el formalismo democrático electoralista en una democracia funcional de base popular exige una participación activa e informada de la gente. Un electorado empoderado es menos manipulable y ejerce un voto responsable. Lógicamente, a las organizaciones políticas tradicionales no les conviene que la gente piense y razone su voto.

Dado que la esencia de la democracia es la participación activa e informada en igualdad de derecho, es indispensable que los procesos electorales se desarrollen ambiente de respeto, tolerancia, legal, organizado y equidad. Un ambiente donde la ética política sean reglas no excepciones. Claro, bajo el esquema actual es imposible competir con el raudal de dinero que mueven sectores interesados en controlar el poder para defender intereses particulares.

Lo ideal es que las organizaciones políticas concurrentes en un proceso comicial encuentren a una ciudadanía formada cívica y políticamente, en capacidad de contrastar las propuestas que presentan se disputan el favor de su voto. Lamentablemente, el país no ha logrado instituir la formación política que mandan las normas, y muchas veces, el desconocimiento de los propios postulantes compite con el desinterés en la Política de amplios sectores de la población.

Urge que organizaciones políticas, Junta Central Electoral y la llamada sociedad civil articulen una estrategia de formación cívica destinado a la ciudadanía y programas de educación política para quienes aspiren a cargos electivos. Esas tareas son impostergables, especialmente en una sociedad que dispone de una variedad de medios para informarse y donde la inteligencia artificial hace galas de su potencial transformador.

Los entes involucrados tienen la responsabilidad de trabajar articuladamente para superar las debilidades que desmotivan a la gente y a buscar formas para incrementar la participación activa e informada de la gente en los procesos electorales. Enseñar a elegir, consciente del valor de las decisiones que toma, es una forma de ejercer la ciudadanía activa.

Otra oportunidad para motivar a la gente es habilitando y activando los mecanismos dispuestos por las leyes vigente como los presupuestos participativos municipales, la iniciativa participativa popular, el plebiscito y el referendo, entre otros. Lograr una participación activa, fortalece la institucionalidad democrática, legitima la autoridad política y genera un efecto contagio.

Proceso de Votación.

Para llegar al proceso de votación se requiere, entre otras cosas, conformar las asambleas electorales, organizar los colegios y las mesas electorales; así como capacitar al personal que los gestiona. A esto se suma, la disposición de los recursos tecnológicos, materiales e insumos que se requieran.

Una vez establecida esa logística y diseñado el protocolo de seguridad necesario para garantizar el orden y el desarrollo armónico del proceso comicial, resta esperar la hora pautada para que la gente se presente a ejercer el derecho al voto. El personal de la Junta Central Electoral debe garantizar la logística y la información que requieran los equipos y estar pendiente a cualquier detalle.

A pesar de la persistencia de prácticas reñidas con los protocolos establecidos por la Junta Central Electoral, el proceso se desarrolló con normalidad. Salvo incidentes aislados, prácticas que pueden ser tipificadas como acoso electoral y la perniciosa insistencia de activistas políticos por condicionar el voto de la gente, ya sea ofreciendo dinero o promesas de favores, los delitos electorales fueron pocos con relación a otros procesos.

La implementación del voto asistido, el voto en casa y el voto penitenciario aportó una experiencia que seguramente servirá de referente para futuros certámenes. Las facilidades motivan al votante y eso se refleja en un incremento de la participación electoral. Esa tendencia debe continuar hasta lograr que el voto electrónico encuentre su punto de eficiencia y confiabilidad idóneo para su consolidación como medio de votación.

A partir de lo vivido, se impone una evaluación del proceso para detectar fallas e identificar posibles áreas de mejora. Dentro de los recintos se debe crear condiciones para facilitar el voto a las personas mayores de 65 años o aquellas que tengan alguna condición de salud. Fue notorio en algunos recintos la presencia de personas con las características antes descrita, reclamando facilidades para ejercer su voto.

En sentido general, la organización del proceso comicial cumplió con los estándares mínimos requeridos. La tranquilidad primó en la mayoría de los lugares y los partidos se acogieron al mandato de las autoridades, en el sentido de evitar la presencia de activista en el entorno de los colegios electorales. Esta vez se colocaron a una distancia prudente del centro de votación. Independientemente de esto, se debe eliminar esa práctica de propaganda indirecta para evitar choques entre bandos partidarios o promotores de candidatos.

Evolución de la Abstención.

Los niveles de participación electoral en República Dominicana se han ido reduciendo sostenida y periódicamente. Desde el 2000 hasta la fecha, las estadísticas muestran la tendencia ascendente. Tanto en elecciones municipales como en presidenciales y congresuales, los niveles de abstención se incrementan. De seguir ese derrotero, la democracia verá erosionado uno de los pilares que la sustentan: la concurrencia de la gente a los procesos de elección.

La abstención electoral está definida como la negación de una persona a ejercer su derecho a elegir. Las causas varían y oscilan entre el desencanto, la indiferencia y el rechazo a las ofertas electorales. En otras épocas, fuerzas de izquierda llamaban a la abstención para expresar su inconformidad con el sistema político existente. Hoy las causas son otras.        

El padrón de electores concurrentes que sirvió de base a las elecciones recién concluida superó los 8 millones de personas habilitadas para votar. Sin embargo, más del 45 por ciento se abstuvo de participar. Esto evidencia el desencanto de una parte significativa de la población votante con los perfiles propuestos de unos y la desidia e indiferencia de otros. Al margen del acentuado analfabetismo cívico y político hay síntomas de estrés en el sistema político electoral dominicano que invitan a la reflexión.  

Proceso de Escrutinio y Asignación de Escaños.

La incorporación de tecnología a los procesos electorales en el país se ha demonizado y mucha gente desconfía de su eficacia. Fallidos intentos por instituir el voto electrónico han alimentado las dudas de actores claves del sistema político dominicano. Aducen que esa modalidad facilita la comisión de acciones dolosas, especialmente durante el proceso de escrutinio. Claro, esas percepciones tienen raíces en el fantasma del fraude, que siempre exhibe su peor cara durante los comicios.

No obstante, la automatización de los procesos comiciales en América Latina y El Caribe se va imponiendo. Aunque la modalidad de voto electrónico no ha sido incorporada, la mayoría de los procesos se ha automatizado, dotando al sistema de mayor capacidad de respuesta. El escaneo de actas y la transmisión de datos en tiempo real se ido imponiendo como norma en cada proceso facilitando el escrutinio.

Donde mayores retos aparecen en es la asignación de escaños, especialmente, cuando se trata del voto preferencial en circunscripciones plurinominales. Fuertes críticas al obsoleto y antidemocrático método D’Hondt establecido en el artículo 4 de la Ley 157-13 que instituye la forma en que se determinan los escaños a diputados/as, regidores y vocales.

Los reclamos de candidatos que alegan haber quedado fuera, a pesar de haber acumulado una cantidad considerable de votos obliga a revisar la ley y a buscar instrumentos más prácticos, actualizados y democráticos. Al margen de eso, los insultantes costos de las campañas electorales incrementan los reclamos de quienes no alcanzan la cantidad de votos suficientes para obtener una curul en el Congreso Nacional o un escaño en el Concejo de Regidores.

Independientemente de la metodología que se escoja para la asignación de los escaños, la proporcionalidad debe privilegiar la transparencia como forma de cualificar la representación política. Quienes tengan cuentas pendientes con la sociedad o la justicia no deben ocupar cargos, independientemente, del consagrado derecho a la presunción de inocencia o el sacrosanto derecho a elegir y ser elegido. Lo formal, no siempre es legítimo y en la política la legitimidad, apuntala la legalidad.

La asignación de los escaños en nivel congresual ha sido certificada en varias resoluciones de la Junta Central Electoral. Tanto las diputaciones nacionales como los diputados al Parlamento Latinoamericano, PARLACEN, tienen un procedimiento complejo y poco transparente para su asignación, no así las de ultramar, ya que como las tradicionales, se realizan por circunscripciones como se puede constatar en el siguiente enlace: https://jce.gob.do/resoluciones-comunicados-avisos

Resultados Electorales.

Los resultados de las elecciones municipales del 18 de febrero y las del 19 de mayo de 2024 puso a prueba la consistencia de las alianzas opositoras al gobierno y las fuerzas dispersas que lo adversan. Unas y otras recibieron una contundente derrota en procesos electorales caracterizados por el transfuguismo, la compra de votos, así como al reparto de prebendas y promesas.

El periódico Diario Libre reseña que: “El Partido Revolucionario Moderno (PRM) logró en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales el mayor éxito electoral de su corta historia y consiguió el poder suficiente para gobernar y crear leyes sin necesitar el apoyo de la oposición. Además de la victoria de Luis Abinader, el PRM se alzó con una mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados suficiente para aprobar leyes orgánicas y ordinarias, y para modificar la Constitución sin requerir votos de otros partidos. Las leyes orgánicas y las reformas constitucionales requieren de 127 votos de diputados, y el PRM obtuvo 146. Las ordinarias precisan solo de 95. Abinader consiguió la reelección para un segundo y último mandato con 2,507,297 votos, para un 57.44 %. Dejó en segundo lugar a Leonel Fernández, con 1,259,427 votos, lo que representa el 28.85 % de los sufragios”. https://www.diariolibre.com/politica/partidos/2024/05/26/cuanto-poder-obtuvo-el-prm-en-las-elecciones-2024/2734734

El triunfo convincente, costoso y comprometedor del Partido Revolucionario Moderno, obliga a una reinvención de las fuerzas alternativas y del propio conservadurismo. El partido en el gobierno tiene la impronta de hacer un uso responsable del poder delegado, mantener la unidad que lo sostenga en el poder, combatir la corrupción y fortalecer la institucionalidad democrática para apuntalar la gobernabilidad.

No es la primera vez que una coalición política controla todos los niveles de gobierno. Para hablar solo de los casos más recientes y del Siglo XXI, recordemos los casos del Partido Revolucionario Dominicana con el Ing. Hipólito Mejía en 2000-2004 como el Partido de la Liberación Dominicana liderado por el Dr. Leonel Fernández durante el cuatrienio 2008-2012. Tras esos triunfos “arrolladores”, vino la debacle. Es la lección que deben mirar las actuales autoridades.

Observación Electoral.

En República Dominicana, los procesos electorales son visto con interés por diversos sectores de la comunidad internacional, así como por la sociedad en sentido general. Unos y otros activan equipos que recorren mesas y colegios para verificar el desarrollo del proceso comicial. Incluso, en el caso de Participación Ciudadana, entidad que se define como no partidista, realiza una observación en tres niveles: antes, durante y después.

La participación de observadores electorales se ha convertido en un requisito indispensable para la transparencia de los procesos comiciales. En República Dominicana se hace tanto por organizaciones locales como por organismos internacionales. Es un sistema de veeduría bien visto y aceptado por todos los contendores.

Desde hace buen tiempo, Participación Ciudadana hace observación y presenta informes que permiten contrastar la versión oficial con la percepción y la observación de la población. En las elecciones pasadas fue notoria la participación de grupos de jóvenes del colectivo “Guardianes de la Democracia”. Tanto una entidad como la otra realizan su labor en coordinación con la Junta Central Electoral y con consentimiento de las organizaciones políticas.

A pesar de su mala reputación y sus deudas pendientes con el país, la Organización de Estados Americanos, OEA, es otra entidad que usualmente realiza labores de observación. Crea una Comisión de Observación Electoral para evaluar el montaje, desarrollo y conclusión del proceso comicial. Al concluir, emite un informe que describe diversas situaciones observadas y realiza recomendaciones y sugerencias concretas sobre los aspectos más relevantes.

En su informe la OEA establece que, “Aunque persisten desafíos de cara a futuros comicios, incluyendo flagelos estructurales como la compra de votos, la Misión constató mejoras significativas en el desarrollo de las elecciones del domingo 19 de mayo. La institucionalidad electoral del país ha salido fortalecida y, con ello, la democracia dominicana”. Ver informe en el siguiente enlace https://www.oas.org/fpdb/press/INFORME-PRELIMINAR---OEA-saluda-mejora-sustancial-en-el-proceso-y-la-institucionalidad-electoral-en-Republica-Dominicana.pdf   

Además, partidos y candidatos invitan a personalidades o fundaciones que coinciden con su línea de pensamiento para que sean testigos de su participación en el mismo. La Junta Central Electoral hace lo propio con organizaciones afines y algunas embajadas también se incorporan a las labores de veeduría electoral. Unos y otros contribuyen al fortalecimiento del sistema político electoral dominicano.

Tanto observadores nacionales como internacionales coinciden en la necesidad de modernizar los sistemas de votación, respetar los marcos normativos, sancionar el transfuguismo y eliminar la compra de votos. Esas son tareas que el liderazgo político, la Junta Central Electoral y las organizaciones de la llamada sociedad civil que acciona en el ámbito político deben enfrentar hasta superarlos. A menos, que no quieran que esos males, agraven el descrédito en la política y deslegitimen, más de lo que ya está, el formalismo democrático.

Conclusiones.

A modo de conclusión y al margen de los resultados conocidos, cabe destacar el civismo de la gente que concurrieron al proceso recién finalizado y los esfuerzos de la Junta Central Electoral por montar un certamen a la altura de las exigencias. No obstante, el liderazgo político, especialmente el de las fuerzas principales, crearon un ambiente caracterizado por el acoso electoral. Compra de cédulas, promesas y otras prácticas que ponían en riesgo las condiciones para ejercer un sufragio libre, secreto e individual.

Las elecciones en República Dominicana son una especie de zafra donde los operarios del sistema, entiéndase organizaciones políticas, empresariado y Junta Central Electoral se empeñan por organizar lo que ellos llaman “fiesta de la democracia”, un eufemismo que se ha tornado en slogan. Lo cierto es, que las redes clientelares se activan para mover maquinarias partidarias o de grupos de interés que interactúan con el sistema político-electoral.

Independientemente del derecho a elegir y ser elegido, se debe eliminar el reeleccionismo en todos los niveles de gobierno, estableciendo dos periodos consecutivos en cada cargo. Quien logre una reelección inmediata, debe aspirar a otro cargo en los períodos siguientes. El caciquismo es un vicio, que junto al caudillismo impide el desarrollo de líderes emergentes en cada una de las demarcaciones o circunscripciones del país.

La automatización de los procesos de escrutinio, la implantación del voto asistido y el voto penitenciario son prácticas que facilitan el ejercicio del derecho al voto, pero hay muchos aspectos que deben mejorar. Con la experiencia adquirida y realizada las evaluaciones correspondientes, se augura un futuro promisorio para estas modalidades.

Superar el analfabetismo cívico y político es una forma de cualificar la calidad de la representación. Los liderazgos se forjan en la sociedad y de ahí salen al ruedo político. Si están formados y educados, serán mas conscientes y responsables de la responsabilidad que asumen.

Los elevados costos de las campañas electorales, el transfuguismo, el clientelismo, el caudillismo mesiánico, la corrupción política generalizada y la incapacidad de la Junta Central Electoral para depurar las candidaturas propuestas por las organizaciones políticas desmotiva a gente con vocación de servicio, solvencia moral probada y legitimidad social a participar en la actividad política. Eso es una seria amenaza a la institucionalidad democrática.

Es necesario que se analice el sistema de doble vuelta para ganar la presidencia y la vicepresidencia de la República. Se hace necesario modificar la normativa que establece el 50% más 1 voto y condicionar, a que sólo haya ballotage si el partido o coalición ganadora no alcanza a superar la segunda por más de 10 por ciento. Logrado ese cambio, se reducirá automáticamente la cantidad de los llamados partidos minoritarios, sin lesionar los derechos políticos de ninguna persona u organización. Así nos acercaríamos a una democracia de ciudadanos, no de partidos.

Transformar la democracia formal electoralista en democracia funcional de base popular, no puede ser solo una utopía, sino un anhelo al que no podemos renunciar, especialmente quienes aspiramos a vivir en un mundo donde la trasparencia, el compromiso ético, la legitimidad social y la solvencia moral probada sean los tributos que adornen a quienes nos representen en la administración pública. Máxime aquellos que son electos por voto popular.

Dado que la esencia de la democracia es la participación activa e informada en igualdad de derecho, es indispensable que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de respeto, institucionalidad, tolerancia, legalidad, organización y equidad. Un ambiente donde la ética política sea reglas no excepciones. Claro, bajo el esquema actual es imposible competir con el raudal de dinero que mueven sectores interesados en controlar el poder para defender intereses particulares.

Dado los elevados costos de los procesos electorales en el país, la Junta Central Electoral y el liderazgo político tienen que trabajar para superar las debilidades del sistema político-electoral dominicano. La prolongada historia electoral es una fuente inagotable de experiencia que deben ser revisadas para incorporar y mejorar los aciertos y corregir los errores.

Una democracia no se transforma, ni un sistema político se desarrolla si el liderazgo no cambia su conducta frente a las malas prácticas y asumen el compromiso de cualificar la representación política en los distintos niveles de gobierno. La ciudadanía está reclamando, vía abstención y otras modalidades de rechazo no cuantificadas como el voto en blanco o el rayado intencional de boletas, que los políticos se reencuentren con la ética política.

Transformar la democracia formal electoralista en democracia funcional de base popular, no puede ser solo una utopía, sino un anhelo al que no podemos renunciar, especialmente quienes aspiramos a vivir en un mundo donde la trasparencia, el compromiso ético, la legitimidad social y la solvencia moral probada sean los tributos que adornen a quienes nos representen en la administración pública. Máxime aquellos que son electos por voto popular.

Una democracia de ciudadano exige que el ente responsable de aplicar la normativa electoral sancione drásticamente a quienes cometen delitos electorales o incumplen la normativa que rige al sistema. Aplicar la degradación cívica e inhabilitar a quienes cometan delitos electorales puede contribuir a la prevención de los mismos. La impunidad ante las faltas cometidas en un proceso comicial incentiva su proliferación. Quien delinca que page, no importa el rango, cargo o relación con el Estado. La trasparencia debe imponerse a la impunidad, el secretismo y la opacidad.

Es tiempo de exigir mayor responsabilidad a quienes han hecho de la política su modus vivendi. Las diversas franquicias partidarias deben cuidar el negocio que les mantiene en la palestra. La vida de un político debe ser tan clara como el agua potable. En la sociedad de la información y la comunicación, hacer política es un gran compromiso.