La primera reforma a la Ley de Leyes se produce en 1854 durante el gobierno del Gral. Pedro Santana, diez años después de la proclamación de la Independencia Nacional. Ahí inicia, una alocada carrera de reformas que aún no concluye. Cada gobierno, grupo o partido en el poder, quiere tener su propia Constitución.
El país ha conocido ensayos de Asamblea Constituyente combinado con Asamblea Revisora hasta pasar por una “Consulta Popular”, que, aunque carente de base normativa, generó gran entusiasmo y realizó aportes significativos a la reforma constitucional del 2010. Sin importar la modalidad de reforma, el pueblo ha sido el gran ausente en la inmensa mayoría de proceso.
La Constitución Política de República Dominicana se ha modificado o reformado decenas de veces. La última se realizó en 2015 durante el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por el Lic. Danilo Medina Sánchez. Dicha reforma está precedida de otra gran reforma, la más completa en lo que va de siglo, realizada por el propio partido en 2010, encabezada por el Dr. Leonel Fernández Reyna.
Cada reforma constitucional, cerca de 40 hasta la fecha, generan tensas, complejas y amplias discusiones, en todos los ámbitos de la sociedad dominicana. La amalgama de temas asociados a los debates, siempre han incluido, de forma recurrente la insidiosa reelección presidencial. Tanto pesa ese tema, que se ha convertido en una especie de fantasma que acosa, de forma especial, a quienes están en la oposición política. Ver en https://www.tribunalconstitucional.gob.do/cec/publicaciones/la-constitucio-n-dominicana-y-sus-reformas-1844-2010/
El texto fundacional de 1844 recogió experiencias de la Constitución de Cádiz de 1812, la haitiana de 1801, la de Filadelfia de 1787 y la francesa de 1793, entre otras. De allá hasta la fecha, cada esfuerzo por reformar la Constitución Política del país expresa los intereses predominantes de las fuerzas hegemónicas. En esa tendencia se inscriben hasta los textos de mayor trascendencia.
Mención especial merecen las constituciones de 1857, 1963, 1994 y 2010. Esos textos, han sido considerado como los mas completos. Los mismos, uno más que otros, amplían los derechos fundamentales; así como aspectos concernientes a la organización del Estado. Mucha de las reformas trascendentes no ha sido aplicada, especialmente, lo referente a los derechos sociales.
El constitucionalismo dominicano ha sido impulsado por sectores que oscilan entre liberales y conservadores, salvo el caso de la Constitución de 1963 que recogió el Programa del Movimiento de Liberación Dominicana que sirvió de plataforma programática a los expedicionarios de 1959 y que planteaba una reforma constitucional vía constituyente, entre otras propuestas revolucionarias.
Tras ese largo recorrido del Siglo XX, saldado con más de 35 modificaciones constitucionales, permeadas por altibajos ideológicos e imposiciones imperialistas, llegamos al Siglo XXI con el sable reformista desenvainado y listo para atacar. Tanto el sector del gobierno como la oposición tensan la cuerda y empiezan a surgir contradicciones en el bloque de poder. Al margen, y ojalá que los sectores de izquierda asuman mayor protagonismo y se involucren críticamente al proceso.
Múltiples proyectos de reforma constitucional se han elaborado en el país, algunos muy costosos, especialmente los que han sido diseñado por expertos o comisiones de notables, incluso, algunos provenientes de universidades o productos de amplios debates como los que produjo la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, COPRyME en el primer gobierno de Partido de la Liberación Dominicana, PLD 1996-2000, y el producido por el Consejo Nacional de Reforma del Estado, CONARE, durante el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, PRD del 2000-2004.
A dos años del gobierno encabezado por Hipólito Mejía inició aprestos para modificar la Constitución, en lo referente a la reelección presidencial para facilitar su repostulación para el período 2004-2008. Esa misma fuerza política fue incapaz de cambiar el texto constitucional balaguerista de 1966-1994, el más largo en la historia republicana. Ahora, al calor del reeleccionismo y aprovechando los proyectos avanzados por la COPRyME, impulsa desde su heredera, el CONARE, consultas e iniciativas tendentes a modificar la Carta Magna de 1994 para continuar ese derrotero hasta hoy.
La reelección o no reelección presidencial aparece siempre, como telón de fondo y elemento altisonante. De indefinida en tiempos del Dr. Joaquín Balaguer, pasó a permitirse en dos períodos y nunca más en 2010, bajo la segunda presidencia del Dr. Leonel Fernández. Esos esfuerzos fueron precedidos por un intenso trabajo técnico e ingentes esfuerzos intelectuales.
Es sabido, que la reforma constitucional de 2010 es una de las más completas que ha conocido República Dominicana. Claro, la mayoría de su articulado no solo es desconocido, sino que está pendiente de aplicación. Tal es el caso de los derechos sociales, culturales, medioambientales y políticos. La Carta Magna de 2010 establece modalidades de participación como el Plebiscito y el referéndum que mandan la creación de legislaciones específicas para regularlos, y 14 años después, no se ha cumplido esa disposición y esas figuras quedan como decoro en el texto constitucional.
El texto de 2010 fue modificado en 2015 para permitir la repostulación del presidente Lic. Danilo Medina Sánchez, del PLD. El mismo partido que incluye “dos períodos y nunca más”, lo elimina. Esa es una expresión clara, de la “arritmia histórica”, a que hizo referencia el líder fundador de esa organización política, el destacado escritor y estadista profesor Juan Emilio Bosch Gaviño. También es muestra de falta de coherencia e involución doctrinaria.
Con tres reformas en lo que va de siglo, ahora se abre la posibilidad de una nueva modificación constitucional impulsada desde el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, PRM. El presidente Luis Abinader es quien motiva y defiende la necesidad de reforma, incluso ha instruido a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para presentar una propuesta de Ley que declare la necesidad de modificación y los puntos en la que esta haría énfasis. La oposición política se muestra recelosa, especialmente, la que comparte el poder con el gobierno de turno.
Una vez iniciado el debate, lo ideal es que se cree una comisión que articule a diversos sectores para, no solo estudiar la pertinencia, sino evaluar los asuntos pendientes de cumplimiento en el texto vigente. El evidente y preocupante desconocimiento e incumplimiento de postulados fundamental de la Constitución de la República es un escollo para quienes impulsan la reforma. Si no se ha cumplido con los mandatos constitucionales del texto vigente. ¿Por qué hablar de reformas y qué aspectos novedosos se pueden incluir?
Ya que insisten en modificar la Constitución Política, el momento es propicio para hablar de cambios trascendentales en el sistema político-electoral dominicano, para adecuarlo a la exigencia de la sociedad del conocimiento y la información. Dejo aquí algunos ajustes pertinentes para iniciar el proceso de revisión, específicamente dentro del ámbito político-electoral.
1. Crear una comisión de reforma constitucional que realice un inventario de cumplimiento del texto actual y coordine la elaboración de unos lineamientos para guiar el que anticipa ser un largo y complejo proceso.
2. Diseñar e implantar un Plan Nacional de Alfabetización Cívica, poniendo énfasis en la socialización de constitución y la normativa complementaria que ponga en manos de la población los contenidos actuales y las propuestas de modificación vía Consulta Popular.Diseñar un Plan Nacional de Alfabetización Constitucional que ponga en manos de la población los contenidos actuales y las propuestas de modificación vía Consulta Popular.
3. Que los resultados de las acciones propuestas en los puntos precedentes se lleven al Consejo Económico y Social para afinar la propuesta que será sometida al Congreso Nacional, previa socialización con el liderazgo nacional.
4. Incorporar la modalidad de Asamblea Constituyente como mecanismo para reformar o modificar la Constitución de la República. Eso pondría freno a las pretensiones de quienes hacen del revisionismo constitucional un festín.
5. Un aspecto crucial dentro de las modificaciones necesarias en el ámbito político-electoral es la referente a la duración de los períodos electivos. Es urgente revisar la periodicidad de las elecciones, dado los altos costos de las campañas electorales, los altos niveles de abstención y la desestabilización que generan. Lo ideal es extender de 4 a 5 años los períodos para cada cargo y eliminar la perniciosa reelección.
6. Incluir taxativamente, la prohibición de la reelección presidencial en todos los niveles de gobierno por más de 2 períodos. Quien cumpla un período en un cargo, que aspire a otro. Esto apunta a limitar el uso del poder y los recursos públicos para apuntalar candidaturas.
7. Las reformas deben impactar al sistema de representación instituido, tanto en el Congreso Nacional como en los Ayuntamientos del país. Es tiempo de eliminar los privilegios a legisladores como barrilito, cofrecitos y otras prebendas ajenas a las funciones, ya que estas solo sirven para alimentar el clientelismo y otras formas de corrupción política.
8. Una cuestión fundamental es la de fortalecer los mecanismos existentes para que las autoridades electas o designadas cumplan y hagan cumplir la Constitución y las leyes. Aquí se impone hablar de la revocatoria del mandato y la inhabilitación para ejercer cargos públicos para quienes actúen al margen de lo establecido en la Carta Magna.
9. Respecto a las organizaciones políticas, cuyo referente constitucional se ubica en el artículo 216 del texto vigente, es de rigor hacer valer y ampliar las prerrogativas para fortalecer la democracia interna y superar el analfabetismo político.
10. De igual forma, se debe poner claro, que la educación cívica es una cuestión estratégica para el funcionamiento de la institucionalidad democrática y corresponde al Estado promoverla en todos los niveles del sistema educativo nacional. Además, deben tipificar y prohibir cualquier forma de acoso electoral.
11. Respecto al sufragio, debe mantenerse tal como se establecen en el artículo 208 de la Constitución vigente, “El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”. Por tanto, no procede ni es aceptable que se imponga la obligatoriedad del voto en un país donde la corrupción política y los elevados costos de las campañas políticas impiden la postulación de quienes, aun teniendo el perfil y la legitimidad para aspirar, carecen de recursos para costear una candidatura.
12. La reforma constitucional que se haga debe contemplar la revisión de representaciones legislativas nacional, territorial y la costosa e innecesaria representación en el Parlamento Latinoamericano. Incluso, se puede hablar de la creación de congreso unicameral.
13. Establecer lineamientos claros que fortalezcan la transparencia del sistema electoral dominicano, incluida la revisión del obsoleto método D'Hondt para la asignación de escaños; así como mecanismo funcionales que obliguen a las organizaciones políticas a compensar a la ciudadanía con un comportamiento cónsono con los fines para los que fueron establecidas.
14. Respecto al financiamiento público a las organizaciones políticas reconocidas y las campañas electorales, es imperativo que se democratice y se regule para evitar el ingreso de recursos provenientes del crimen organizado en la política.
15. La depuración de candidatos es otro asunto de vital trascendencia. Aunque constitucionalmente, cualquiera que puede aspirar a un cargo de elección popular, la Junta Central Electoral debe garantizar que quienes aspiran cuentan con el aval ético, la legitimación social y la solvencia moral que complementan los requisitos del cargo.
16. En una eventual reforma constitucional se debe condicionar la doble vuelta o balotaje a una diferencia menor al 10% entre la primera y segunda candidatura. Esto puede evitar gastos innecesarios y evitar negociaciones clientelares.
17. Crear mecanismos funcionales para contrarrestar los conflictos de intereses y las frecuentes duplicidades de funciones que se dan en la administración pública.
18. Respecto a la celebración de las elecciones se valorar la posibilidad de que se realicen un mismo día en todo el territorio nacional y en el exterior para aprovechar la logística. Los costos asociados a las mismas obligan repensar la modalidad actual.
19. Para que la reforma político-electoral sirva de referente y contribuya a resolver las falencias que afectan al sistema actual, es necesario que se codifique la normativa, que sea socializada y se respete la normativa que lo rige.
20. El texto resultante de una virtual reforma constitucional debe dejar claramente establecido mecanismo institucionales y normativos que permitan a la ciudadanía ejercer el sufragio de forma segura, fácil y rápida.
La cantidad de modificaciones y la experiencia acumulada durante 180 años de haberse proclamado la primera Constitución deben servir para evitar errores e inobservancias que pongan en riesgo los derechos y conquistas alcanzados hasta este momento. Las modificaciones, del tipo que sean, tienen que fortalecer la institucionalidad democrática y apuntalar el desarrollo integral de la sociedad dominicana.
Los aprestos para reformar la Constitución Política del país generan tensiones que colocan la cuestión en perspectiva, especialmente porque se pretende asociar la Reforma Constitucional a una Reforma Fiscal. Ambos esfuerzos, deben ser producto del mayor consenso político y social. Ya se están dando discusiones que dejan ver las tendencias discursivas sobre la próxima reforma constitucional.
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