La abstención electoral
tiene raíces profundas que incluyen, corrupción política generalizada, elevados
niveles de analfabetismo cívico, descontento, desmotivación, indiferencia y rechazo
al accionar del liderazgo político en un momento determinado. Pero, además,
pude ser interpretado como forma de desobediencia cívica ante modelos políticos
corrompidos, clientelares, caudillistas y asistencialistas.
El abstencionismo electoral,
el voto en blanco o el rayado intencional de boletas pueden convertirse en opciones
para romper el cerco que imponen las cúpulas partidarias a la población y
rechazar las diversas formas de acoso electoral que se evidencian
en el país. En otras épocas, el país vivió momentos de terrorismo de Estado,
represión e intolerancia política que impedía el libre ejercicio del sufragio.
Como respuesta, las fuerzas progresistas, socialistas y revolucionarias
llamaban a la abstención electoral como forma de protesta contra el sistema impuesto.
Durante los gobiernos
autoritarios y dictatoriales de Los Trujillo y su heredero el Dr. Joaquín
Balaguer, el voto servía para muy poco. Hoy el abstencionismo tiene otros
matices. La gente no solo se abstiene de votar, sino de postularse a cargos
electivos dado los elevados gastos de las campañas electorales, la incapacidad
de la Junta Central Electoral, la falta de compromiso del liderazgo social y la
corrupción política. Gente honesta, bien formada, con vocación de servicio y regios
principios éticos se aleja de la política dejando camino libre a los mercaderes
e improvisados.
Como señala Rodrigo
Borja Cavallo, “El sufragio obligatorio, en el orden práctico, es una
escuela de educación cívica para los ciudadanos, que se ven precisados a
preocuparse de los asuntos públicos. Busca además asegurar la legitimidad de
los gobernantes amenazada por el indiferentismo electoral y evitar que los
partidos políticos pequeños, sin opción de éxito, apuesten a la abstención
electoral, conspiren contra la democracia política y se apropien de los
inevitables índices de deserción como si fueran respuestas a sus consignas”.
Partiendo de esa premisa
y viendo modelos donde votar es obligatorio, los resultados de la obligatoriedad
no impactado en la calidad de la democracia. Por tanto, las fallas de un sistema
se corrigen transformando el sistema y eso se logra cuando la gente siente que
quienes le representan se identifican con las necesidades de la gente. Obligatorio
o voluntario, el ejercicio al sufragio es un derecho, aun cuando se elige no elegir.
Si la gente ve la
política como una actividad denigrante, dado el lucrativo negocio en que la han
convertido quienes tienen la responsabilidad de adecentarla, la receta no es hacer
obligatorio un derecho sino imponiendo sanciones drásticas a quienes cometan delitos electorales, praciquen acoso electoral o perviertan contra la institucionalidad democrática. Eso la
degradación cívica y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, establecida en el artículo 146 de la Constitución de la
República y en las normas complementarias. Un sistema político corrupto, no
puede obligar a la gente a corromperse. La fiebre no está en las sábanas.
La institucionalidad
democrática requiere que las organizaciones políticas cumplan con los procesos
instituido en la normativa que las rige, partiendo de la Constitución de la
República que en su artículo 216 establece claramente, los fines y propósitos de
estas entidades. La cuestión está, en que no cumplen, y quien no cumple, no puede
obligar a otros a cumplir. Por que como dijo Juan Pablo Duarte, “Lo que la ley no
prohíbe, ninguna persona, sea o no sea autoridad, tiene derecho a prohibirlo”.
El sistema político
dominicano está enfermo y la abstención es un síntoma grave. Para curar esa infección
se requiere cambiar las prácticas perversa de hacer y ejercer la política que
prima en el país. Erradicar el transfuguismo, el nepotismo, el clientelismo, el
caudillismo o cualquier otra forma de corrupción política es un paso en el largo
camino hacia la institucionalización y modernización de la política dominicana.
Un sistema
político-electoral donde las campañas electorales son continua y costosas, la
corrupción política es sistemática y la ética política solo es discurso, genera
desesperanza, desencanto y descontento. Para avanzar es necesario cambiar la
cultura y la práctica política pervertidora, no obligar a ejercer el derecho al
sufragio, que constitucionalmente es libre, secreto y personal.
Si el creciente
abstencionismo electoral que se ha expresado lo que va de siglo obedece a
fallas estructurales que afectan al sistema político democrático, lo correcto
es impulsar una transformación del sistema, no imponer la obligatoriedad del
voto. Obligado es rendir cuentas, cumplir la Constitución y las Leyes; así como garantizar los derechos, sociales, económicos, políticos, medioambientales y
culturales, y, sin embargo, entre el dicho y el hecho es enorme el trecho.
Respetar la Función
Pública, los procesos instituidos y rendir cuenta son mandatos claros, que
pocas veces se cumplen. Además, son frecuente los conflictos de intereses, la
violación de las normas para asegurar privilegios a quienes gobiernan o a sus
representados; así como los frecuentes casos de incompatibilidades forman un
coctel de prácticas corruptas que la gente se niega a legitimar con su voto.
A lo anteriormente expuesto se suma, la violación continua del régimen ético y disciplinario, el incumplimiento al entramado normativo, especialmente aquel que tiene un fuerte sustento constitucional, como el sistema nacional de inversión pública, la Estrategia Nacional de Desarrollo, las cuestiones vinculadas a los mecanismos de participación y aquellas que rigen los ayuntamientos del país. Todo eso, sumado al oportunismo político y a la inobservancia a las normas que rige el sistema político-electoral dominicano.
Insisto, si la
abstención electoral está ratificando el rechazo de la gente a la forma de
hacer política de un liderazgo que se coloca por encima de las leyes, la respuesta
no puede ni debe ser imponer la obligatoriedad del voto. Y en los países donde
el liderazgo político se coloca por encima de las leyes no hay
institucionalidad que funcione. El voto razonado, incluye el rechazo de las ofertas
electorales que no satisfacen las expectativas del elector.
Claro, los debates
entorno al asunto, apuntan a una reforma constitucional, que es la única forma
de cambiar la modalidad actual. Por tanto, hablar del tema en un proceso de
transición despierta suspicacia. Por eso es extemporáneo plantear la discusión
en el período de transición, dada la complejidad e importancia del derecho al
sufragio. Los derechos políticos son conquistas, no imposiciones de las élites
que tienen el control del poder y ejercerlos es cuestión de voluntad.
Si quienes han propuesto
el proyecto de ley, que desde ya es inconstitucional, creen que la solución es
esa, encontrarán el rechazo de la sociedad. Se está proponiendo desde un Poder
del Estado, que no cumple a medias sus funciones y que ha tolerado en su seno,
a personas cuestionadas y juzgadas por vínculos con el narcotráfico y otros
delitos. Eso también es tema de discusión.
Tan lejos han llegado
con su propuesta inconstitucional, que pretenden eliminar “las ayudas
sociales” que dan los gobiernos o impedir el acceso a la función
pública, entre otras acciones, a quienes no ejerzan el derecho al voto como se
puede leer en esta reseña https://www.diariolibre.com/politica/partidos/2024/06/03/diputados-proponen-quitar-ayudas-sociales-a-quienes-no-voten/2743089.
Los proponentes
pretenden atentar contra derechos políticos constitucionalmente garantizado.
Claro, ojalá en la reforma constitucional que se avecina se pueda negociar con
los legisladores para unificación de las cámaras, la reducción del número de
legisladores y eliminar el financiamiento público de las organizaciones
políticas y los fondos que reciben del erario para desarrollar actividades
ajenas a sus funciones. Después de todo, hablando la gente se entiende.
En una democracia formal
electoralista como la nuestra, lo ideal es trabajar para cualificar la
representación, activar los mecanismos de participación popular, exigir rendición
de cuentas e imponer sanciones drásticas a quienes no lo hagan. Así mismo, es importante
que la Junta Central Electoral depure y valide las candidaturas propuestas y que
las organizaciones políticas formen a su liderazgo y apliquen sus normas
estatutarias.
Es bien sabido, que, aunque
la corrupción está proscrita constitucionalmente, en todas sus expresiones, la política
está impactada y permeada por ese flagelo. Eso debería preocupar y ocupar al
liderazgo político. Si quiere que la gente se motive a participar activamente
en la política, tienen que trabajar para corregir y eliminar los males que
provocan el creciente abstencionismo.
Parar el abstencionismo
exige que la gente se forme cívica y políticamente para que las candidaturas
propuestas tengan legitimidad social y solvencia moral probada. Urge que el
liderazgo de sociedad civil, organizaciones políticas y la Junta Central
Electoral trabajen para modernizar, transparentar e institucionalizar el
sistema político-electoral.
El sufragio universal es el mecanismo de legitimación de las autoridades de elección popular y el mejor medio para transformar la institucionalidad democrática. Es el medio más idóneo para fortalecer la cultura cívica y evitar el autoritarismo, pero no puede ser una patente de corso para hacer con el poder delegado lo que plazca. Debe haber mecanismo de revocar el mandato y eso es parte del debate. Hasta entonces, el sufragio debe ser voluntario, nunca una imposición.
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