La cultura política de República
Dominicana no asocia una candidatura independiente a la institucionalidad
vigente. A eso se suma, que la arquitectura institucional del país, desde 1923,
cuando se instituye la Junta Central Electoral, fue diseñada partiendo del
supuesto, que la postulación de candidatos es atribución exclusiva de las
organizaciones políticas legalmente habilitada para tales fines.
Recientemente, el Tribunal
Constitucional, dispuso mediante la sentencia TC/0788/24, emitida el 27 de
noviembre de 2024, la preservación del derecho de los ciudadanos a participar
en la política sin necesidad de pertenecer a una organización política. La
disposición del alto tribunal parte de un supuesto falso, dado que aquí no
están en riesgo los derechos políticos ni se impide la participación a quienes
tengan aspiraciones políticas. Los requisitos están normados y la postulación
se efectúa a través de las organizaciones políticas. Militar, accionar y
participar en política es una decisión que debe sustentarse en el interés
colectivo.
La sentencia TC/0788/24, elimina
la hegemonía de postulación de las organizaciones políticas y abre una etapa de
incertidumbres y contradicciones que obligan al sistema político electoral a
buscar formas para dar cumplimiento al dispositivo de la sentencia, garantizando
los derechos de las organizaciones políticas como mecanismos idóneos para accionar
en política, participar en certámenes electorales y postular candidaturas. Según
la Ley 33-18 que rige el funcionamiento de las organizaciones políticas y la
20-23 que instituye el Régimen Electoral Dominicano, toca la Junta Central
Electoral crear las condiciones para cumplir el controversial mandato.
Extralimitado en sus funciones y
legislando de oficio, el Tribunal Constitucional ha puesto en riesgo la institucionalidad
política y la estabilidad de la democracia dominicana. Esta afirmación se
sustenta en la incapacidad de la Junta Central Electoral para depurar las
candidaturas propuestas; así como las bases para el financiamiento de las
mismas y quienes la sustentan, lo que da paso a que se cuelen personas e
intereses vinculadas al crimen organizado, el narcotráfico o delitos comunes.
Tradicionalmente, las propuestas
de precandidaturas sean bajo la modalidad de primarias, sean abiertas o
cerradas; o cualquiera otra de las formas instituidas en la norma ha producido
crisis y un sinnúmero de situaciones que debilitan el sistema político. Así lo
confirman la cantidad de sentencias emitidas por el Tribunal Superior Electoral
y el propio Tribunal Constitucional tras su creación. Agregar candidaturas
independientes, no sólo complejiza sistema de postulación, sino abre puertas a
gente sin más compromiso que las ansias de poder. Las experiencias de ensayos
similares en Latinoamérica no dejan dudas de la improcedencia de las mismas.
Una cosa es crear mecanismos
institucionalizados para garantizar los derechos políticos; otra pervertir y
debilitar el sistema político electoral. Las organizaciones políticas son la base
de sistema y desde ahí se deben hacer los ajustes que procedan, incluido el perfeccionamiento
de los mecanismos escogencia y postulación de candidaturas. Los excesos del Tribunal
Constitucional perturban el sistema y lo han debilitado. No entro en detalles,
pero las últimas sentencias emitidas por el alto tribunal respecto a las normas
que rigen el sistema así lo confirman.
Pareciera que el Tribunal
Constitucional se ha ensañado contra el sistema político, y eso afecta la
institucionalidad política generando roces y tensiones entre poderes. Una
instancia extrapoderes se acerca más a un sistema de monarquía constitucional
que a un sistema democrático donde prima la división de poderes. El desarrollo
del sistema político dominicano ha sido accidentado y tortuosa, pero esta
última sentencia lo ha colocado al filo de la navaja como se dice popularmente.
El Estado dominicano se erige
sobre el Poder Legislativo, Poder Judicial y el Poder Ejecutivo; las llamadas Altas
Cortes serían poderes complementarios, que no deberían desconocer decisiones de
otros poderes. De ahí que la función de entes como el Tribunal Constitucional
debe limitarse al control previo de la constitucionalidad, no legislar como de
hecho sucede. Trece jueces no pueden suplantar al Poder Legislativo y al Poder
Ejecutivo a la vez. Eso denota una incapacidad manifiesta de ambos poderes y
una supremacía intelectual de quienes integran el Tribunal Constitucional.
La actividad política exige institucionalidad,
normas, militancia, formación, organización, liderazgo y compromiso. Las
organizaciones políticas son los espacios en los que se cultivan y ejercitan quienes
aspiran a servir a la sociedad desde la administración pública. La diversidad
de entes políticos permite que todo el que aspire a un cargo encuentre un
espacio para hacerlo. Quien, desde afuera, pretenda postular a un cargo,
encontrará una muralla que impedirá su ascenso y le obligará a cerrar filas en
las organizaciones existentes o a crear una estructura similar.
Parece que iluminados y sabelotodo
que gestionan el Tribunal Constitucional desconocen o no reflexionaron sobre los
fundamentos filosóficos de la participación política y evacuaron una sentencia que
atenta contra el sistema de partidos. Las vías de y para la participación
política están estructuradas en partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
Quienes no quepan en esa clasificación, no están interesado en accionar desde
el sistema. Participar en política es una decisión política y se debe canalizar
por los canales habilitados para tales fines.
Es sabido que la democracia
dominicana es cara, deficiente y coja que ha evolucionado sobre la base del
caudillismo, el clientelismo, el mesianismo, el autoritarismo y la corrupción
política. Esas falencias se agudizan por el acentuado analfabetismo cívico y
político de la ciudadanía. Aun así, las organizaciones políticas son y seguirán
siendo el espacio ideal para accionar y participar en política, aunque a
sectores de la llamada sociedad civil o intereses foráneos conspiren contra
ellas.
Claro, las reformas políticas
electorales son proceso complejos y exigentes que requieren voluntad política,
participación activa y compromiso cívico. Crear las condiciones para
democratizar el sistema va mucho más allá del capricho de sectores o de
intereses particulares. La participación electoral es fundamental, pero tiene
que realizarse de forma tal, que no solo cumpla con las normas establecidas,
sino que garantice que quienes pretendan asumir funciones públicas tengan
solvencia moral probada, vocación de servicio, compromiso político, formación cívica
y legitimidad social.
Que las organizaciones políticas
tengan debilidades o que estén azotadas por una acentuada crisis de liderazgo,
no es óbice para conspirar contra ellas, debilitarlas o intentar destruirla. La
sentencia de marras abre una oportunidad para revisar el sistema político e
intentar transformarlo, pero desde las organizaciones políticas y con amplia participación
de quienes aspiran a transformar la democracia formal electoralista en
democracia funcional de base popular.
La política, la democracia y la
institucionalidad política del país tienen la responsabilidad de cualificar la
calidad de la representación, pero eso no se logra debilitando el sistema ni socavando
las bases que lo sostienen. Las candidaturas independientes son improcedentes,
al menos, hasta que no se superen el clientelismo, el analfabetismo cívico y la
indiferencia política que persiste en el país.
Las críticas a las organizaciones políticas, a la política, a la democracia y a la institucionalidad son tan conocida como los vicios que las generan, pero las alternativas de solución debe ser parte de un amplio debate que dé continuidad a los iniciados en la última década del siglo XX. No se puede borrar de un plumazo una atribución como la referida a la postulación sin un debate previo sobre el impacto de esas acciones. Aun precaria, la democracia dominicana ha ido superando escollo y resolviendo los retos que le han impuesto las circunstancias.
Es pertinente recordar, que
contrario a la pretendida división de poderes planteada por el Barón de Montesquieu
en el siglo XVIII, hoy, en pleno siglo XXI, esos poderes son complementarios,
máxime en Estados unitarios como el nuestro. Reconciliar el constitucionalismo
con la política tiene que partir de esas premisas y sustentarse en los valores predominantes
en la cultura política de una sociedad.
Las democracias en transición como
la dominicana deben encontrar en sus organizaciones políticas un punto de apoyo
que catapulte la institucionalidad y apuntale el sistema político. Esto no se
logra, incluyendo candidaturas independientes que pueden servir de pivotes para
que corruptos, criminales, advenedizos, improvisados y oportunistas capturen la
institucionalidad. Hay que transformar la institucionalidad política fortaleciendo
las organizaciones políticas, y para lograrlo, hay que militar y participar en
la dinámica política.
La diversidad de espacios de
participación de y en la política, no solo es a través de la postulación de candidaturas,
sino que hay diversos mecanismos de participación política instituidos tanto en
la Constitución como en la normativa complementaria, pero se usan poco. Ni siquiera
en los presupuestos participativos son utilizados adecuadamente. Menos aún, la
participación en las secciones de los ayuntamientos. Entonces, la cuestión no
es de espacios. Los espacios están ahí y toca a las organizaciones políticas y
sociales incentivar la participación para cualificar la democracia.
Si bien es cierto que el
constitucionalismo moderno se ha erigido como una corriente altamente politizada
y garantista en países con niveles de democracia consolidada, en el país, las
acciones del Tribunal Constitucional han devenido en una tortuosa perturbación.
En vez de desguazar la normativa, la acción del Tribunal debe ser preventiva;
correctiva solo cuando no se puedan conciliar los intereses enfrentados. Ayudar
al fortalecimiento de política con sus sentencias, no entrar en contradicción
con la fundamentación política de la participación ciudadana.
El debate razonado y documentado
entre la judicialización de la política y politización de la justicia queda abierto
y la sentencia comentada aquí puede ser el motor que mueva la pesada locomotora
del sistema político electoral dominicano. La política se perfecciona con más y
mejor política. Sin pretender ser exhaustivo he puesto aquí temas que exigen
mayor profundidad, para hacer de la turbulencia una oportunidad para remontar
vuelo y superar los vientos tormentosos.
Es tiempo de que el Tribunal
Constitucional desista de legislar y priorice el control previo de
constitucionalidad para evitar fisuras en el sistema político que lo sostiene.
La acción y los sujetos políticos están sujeto a las leyes que rigen al sistema.
Los poderes complementarios deben trabajar por el fortalecimiento de la
institucionalidad democrática y las organizaciones que le sirven de base. La
sentencia en cuestión genera más problemas al sistema político de los que
resuelve y puede tener un impacto negativo en la relación entre los poderes del
Estado y en la propia imagen del Tribunal Constitucional.
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