Superar el analfabetismo
cívico y político es una forma de cualificar la calidad de la representación.
Los liderazgos se forjan en la sociedad y de ahí salen al ruedo político. Si
están formados y educados, serán más conscientes de la responsabilidad
que asumen.
Las elecciones que finalizan serán recordadas
como una de las mejores organizadas de la historia política dominicana. No solo
son históricas por el triunfo arrollador del Partido Revolucionario Moderno,
PRM, sino también por el reconocimiento rápido de la victoria de quienes le
adversaron. Esa muestra de madurez del liderazgo político puede convertirse en
un faro de luz para iluminar el tránsito de la democracia formal electoralista
a la democracia funcional de base popular.
La Junta Central Electoral concluye con éxitos
la última fase de un largo, costoso, complejo y exigente proceso electoral. En
febrero del año en curso se desarrollaron las elecciones municipales,
caracterizadas por una baja participación, compra de votos, transfuguismo y el
reclamo constante de la oposición sobre el uso de recursos públicos para
favorecer a candidatos oficialistas.
Una vez concluida las elecciones municipales el
proselitismo continuó su galopante carrera hacia las presidenciales y
congresuales pautadas para el 19 de mayo. Una larga, intensa y cara campaña
electoral fue la antesala de la cita comicial. Cientos de postulantes para un
número reducido de cargos. A todo ritmo, se montó el proceso y los resultados
favorecieron abrumadoramente al Partido Revolucionario Moderno, PRM.
La parte de la oposición derechista que se
nucleó en RescateRD no logró los resultados esperados por sus integrantes.
Muchas de las entidades partidarias quedarían fuera del registro electoral al
no lograr el porcentaje mínimo requerido para mantener su registro. Las fuerzas
progresistas quedaron reducida a la mínima expresión al participar divididas en
un contexto que exigía unidad programática. Una vez más, pierden la oportunidad
de avanzar en su lucha por conquistar el poder.
La abstención continúa su crecimiento sostenido
amenazando la legitimidad de la democracia y la institucionalidad política. La
tendencia ascendente debe mover la acción para superar el analfabetismo cívico
y político. La Junta Central Electoral pasó la prueba al realizar un proceso
exitoso y organizado, aunque con algunos reclamos en un ambiente caracterizado
por la polarización entre veteranos políticos, incluidos un expresidente de la
República y el presidente actual.
Cabe destacar el rol determinante y protagónico
de la mujer en el proceso comicial. La presencia activa en la organización de
las elecciones, especialmente en mesas y colegios fue significativamente
superior al de los varones. El liderazgo
femenino dio muestra de compromiso cívico, capacidad organizativa e insuperable
capacidad de trabajo. Su protagonismo es decisivo, por lo tanto, es tiempo de dejar
paso libre a la participación de la mujer en la política.
Las Organizaciones Políticas son las
protagonistas de los procesos electorales que se realizan regularmente en
República Dominicana.
Tienen la impronta de rendir cuentas, cumplir la
normativa político-electoral, reorientar sus estrategias políticas, formar su
militancia, superar el transfuguismo y combatir el caudillismo mesiánico. Con
sus debilidades y fortalezas navegan en el convulso mar de un proselitismo de
base clientelar, donde postulantes se disputan la voluntad de una masa
electoral caracterizada por un acentuado y creciente analfabetismo cívico y
político.
Independientemente del derecho a elegir y ser
elegido, se debe eliminar el reeleccionismo en todos los niveles de gobierno,
estableciendo dos periodos consecutivos en cada cargo. Quien logre una
reelección inmediata, debe aspirar a otro cargo en los períodos siguientes. El
caciquismo es un vicio, que junto al caudillismo y el transfuguismo impiden el
desarrollo de líderes emergentes en cada una de las demarcaciones o
circunscripciones del país.
Las elecciones en República Dominicana son una
especie de zafra donde los operarios del sistema, entiéndase organizaciones
políticas, empresariado y Junta Central Electoral se empeñan por organizar lo
que ellos llaman “fiesta de la democracia”, un eufemismo que se ha tornado en
slogan. Lo cierto es, que las redes clientelares se activan para mover
maquinarias partidarias o de grupos de interés que interactúan con el sistema
político-electoral.
La automatización de los procesos de escrutinio,
la implantación del voto asistido y el voto penitenciario son prácticas que
facilitan el ejercicio del derecho al voto, pero hay muchos aspectos que deben
mejorar. Con la experiencia adquirida y realizada las evaluaciones
correspondientes, se augura un futuro promisorio para estas modalidades. Superar el analfabetismo cívico y político es una forma de
cualificar la calidad de la representación. Los liderazgos se forjan en la
sociedad y de ahí salen al ruedo político. Si están formados y educados, serán
más conscientes de la responsabilidad que asumen.
Es urgente que el país entre en una nueva ola de
reformas político-electorales fortalecer la institucionalización y
modernización del sistema democrático. Un eje fundamental es el referente a la
asignación de escaños. El modelo actual, asume el cuestionado, desfasado y
antidemocrático método D’Hondt para la distribución de escaños. Las constantes
quejas de quienes pierden curules por las imperfecciones de dicho método
obligan a la Junta Central Electoral y a las Organizaciones Políticas a buscar
alternativas más funcionales, justas y democráticas.
Los elevados costos de las campañas electorales,
el transfuguismo, el clientelismo, el caudillismo mesiánico, el persistente
acoso electoral, la corrupción política generalizada, sumado a la incapacidad
de la Junta Central Electoral para depurar las candidaturas propuestas por las
organizaciones políticas desmotiva a gente con vocación de servicio, solvencia
moral probada y legitimidad social a participar en la actividad política. Eso
es una seria amenaza a la institucionalidad democrática.
En el Bloque Progresista participaron Patria
para Todos y Todas, liderado por el Dr. Fulgencio Severino, Frente Amplio,
presidido por la profesora María Teresa Cabrera, y Virginia Antares del Partido
Opción Democrática. Al participar dividido, el porcentaje alcanzado es pírrico.
Una vez más se pierde la oportunidad de “abrir las puertas de la esperanza” y
transformar el formalismo democrático electoralista en una democracia funcional
de base popular.
Excusas y pretextos habrán, pero la realidad es
que las fuerzas progresistas no han podido articular una alianza alternativa
con vocación de poder que canalice las expectativas de los sectores
progresistas, socialistas y revolucionarias. A partir de ahora, tendrán que
reorientar las estrategias e iniciar un proceso de reinvención que le permita
superar los escollos de un sistema clientelar y caudillistas, donde los
elevados niveles de analfabetismos cívico y político se combina con una cultura
política donde la gente razona poco al momento de elegir.
Como evidencian los resultados oficiales del
proceso comicial, la debacle del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y el
Partido Revolucionario Dominicano, PRD, empuja a esas entidades a la
desaparición. En el caso del PRD, apenas consiguió dos legisladores. Estas
bajas contrastan con el ascenso del Partido Fuerza del Pueblo y la
consolidación del Partido Revolucionario Moderno, PRM como fuerza hegemónica en
el subsistema de partidos de República Dominicana.
Dado que la esencia de la democracia es la
participación activa e informada en igualdad de derecho, es indispensable que
los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de respeto,
institucionalidad, tolerancia, legalidad, organización y equidad. Un ambiente
donde la ética política sea reglas no excepciones. Claro, bajo el esquema
actual es imposible competir con el raudal de dinero que mueven sectores
interesados en controlar el poder para defender intereses particulares.
Una democracia no se transforma, ni un sistema
político se desarrolla si el liderazgo no cambia su conducta frente a las malas
prácticas y asumen el compromiso de cualificar la representación política en
los distintos niveles de gobierno. La ciudadanía está reclamando, vía
abstención y otras modalidades de rechazo no cuantificadas como el voto en
blanco o el rayado intencional de boletas, que los políticos se reencuentren
con la ética política.
Concluida la zafra electoral, cabe preguntar ¿estamos
ante una democracia de partidos o de ciudadanos? La pregunta puede
tener muchas respuestas, pero la realidad es que la democracia dominicana, a
pesar de la cantidad de partidos reconocidos existente, no supera el formalismo
electoralista. No solo es coja, dado los bajos niveles de participación de la gente,
sino que es deficiente y muy costosa. Lo formal, no siempre es legítimo y en la
política la legitimidad, apuntala la legalidad.
Transformar la democracia formal electoralista
en democracia funcional de base popular, no puede ser solo una utopía, sino un
anhelo al que no podemos renunciar, especialmente quienes aspiramos a vivir en
un mundo donde la trasparencia, el compromiso ético, la legitimidad social y la
solvencia moral probada sean los tributos que adornen a quienes nos representen
en la administración pública. Máxime aquellos que son electos por voto popular.
Es necesario que se analice el sistema de doble
vuelta para ganar la presidencia y la vicepresidencia de la República. Se hace
necesario modificar la normativa que establece el 50% más 1 voto y condicionar,
a que sólo haya ballotage si el partido o coalición ganadora no alcanza a
superar la segunda por más de 10 por ciento. Logrado ese cambio, se reducirá
automáticamente la cantidad de los llamados partidos minoritarios, sin lesionar
los derechos políticos de ninguna persona u organización. Así nos acercaríamos
a una democracia de ciudadanos, no de partidos.
Transformar la democracia formal electoralista
en democracia funcional de base popular, no puede ser solo una utopía, sino un
anhelo al que no podemos renunciar, especialmente quienes aspiramos a vivir en
un mundo donde la trasparencia, el compromiso ético, la legitimidad social y la
solvencia moral probada sean los tributos que adornen a quienes nos representen
en la administración pública. Máxime aquellos que son electos por voto popular.
Una democracia de ciudadano exige que el ente
responsable de aplicar la normativa electoral sancione drásticamente a quienes
cometen delitos electorales o incumplen la normativa que rige al sistema.
Aplicar la degradación cívica e inhabilitar a quienes cometan delitos
electorales puede contribuir a la prevención de los mismos. La impunidad ante
las faltas cometidas en un proceso comicial incentiva su proliferación. Quien
delinca que page, no importa el rango, cargo o relación con el Estado. La
trasparencia debe imponerse a la impunidad, el secretismo y la opacidad.
Es tiempo de exigir mayor responsabilidad a
quienes han hecho de la política su modus vivendi. Las diversas franquicias
partidarias deben cuidar el negocio que les mantiene en la palestra. La
vida de un político debe ser auténtica, tan clara como el agua potable y referenciada
en un liderazgo legitimado socialmente, moralmente probado y con clara vocación
de servicio. En la sociedad de la información y la comunicación, hacer
política es un gran compromiso.
Tras concluir el proceso electoral, queda
servida la mesa para iniciar debates, reflexiones y análisis sobre los retos de
la democracia dominicana y del gobierno del Partido Revolucionario Moderno,
PRM, encabezado por el Lic. Luis Abinader. El PRM ha obtenido un triunfo
convincente, costoso y comprometedor. Tras el logro electoral viene el reto de
reinventar el gobierno y lograr eficiencia en las acciones que emprenda.
La
Constitución establece una serie de derechos sociales, económicos, políticos,
culturales y medioambientales que no se cumplen, y eso tiene que, con el
analfabetismo cívico, con la dispersión de las políticas públicas y con la
desidia del liderazgo responsable de su implementación. El período de gobierno que
inició el 24 de abril con la juramentación de las autoridades municipales y que
se complementa el 16 de agosto del año en curso con la juramentación del
presidente de la República y los legisladores tiene una gran responsabilidad.
El complejo contexto internacional y el alto
costo de la canasta familiar sumado a los retrasos en los procesos de industrialización
y los rezagos en el cumplimiento de las metas pautadas en la Estrategia
Nacional de Desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenibles obligan al
liderazgo político y al gobierno a emplear todas sus capacidades en la búsqueda
de los consensos mínimos que le permitan completar esas metas.
En el ámbito municipal, la atomización
territorial, la inobservancia de las normas y la falta de trasparencia impiden
la consolidación de los procesos de reforma y modernización de los
ayuntamientos. La institucionalización de la gestión municipal ha avanzado,
pero está lejos de lograr los niveles de legitimidad necesarios para hacer de
las mismas, un instrumento de desarrollo. Quedan grandes huecos en materia de
trasparencia y eficiencia.
La reforma y modernización en los municipios del
país inició a finales del siglo pasado y continua su curso. Es tiempo de
evaluar y profundizar eso cambios. Codificar la normativa municipal e instituir
la Carrera Administrativa Municipal, socializar los mecanismos de participación
social y establecer reglas para revocar las autoridades que no cumplan. De igual
forma, eliminar la opacidad conque se manejan los asuntos municipales. La
rendición de cuenta y el acceso a la información ejes prioritarios para
enfrentar la galopante corrupción que afecta a los cabildos. Para fortalecer la
institucionalidad municipal es indispensable capacitar el personal
administrativo y empoderar al liderazgo social.
Respecto a la reorganización del Poder
Legislativo, la tarea es urgente impostergable. Es tiempo de cualificar de la representación
y ajustarla a la realidad socioeconómica del país. Actualmente, el número de
legisladores es de 225 de los cuales son 193 diputados (173 normales, 7 de
ultramar, 5 nacionales y los 20 del PARLACEN), y 32 senadores. Habrá
que evaluar la pertinencia de mantener a 20 congresistas en el PARLACEN, dado
que los costos no se traducen en beneficios para el país. A eso se suma que
esos cargos son escogidos con métodos pocos transparentes y antidemocrático. No
tiene sentido mantener una estructura como la actual visto los bajos niveles de
rendimientos. En esa misma línea están los diputados nacionales. Avanzar en esa
línea exige compromiso, prudencia y coraje.
En cuanto al Senado de la República, toca al
liderazgo político trabajar para reformar y modernizar esa entidad. Los pesos y
contrapesos a los poderes deben garantizar la gobernabilidad democrática, la
transparencia y la eficiencia. Procede hablar de la fusión de ambas cámaras y
crear un congreso unicameral que sirva a la consolidación del Estado Social y Democrático
de Derecho. En un Estado Unitario como es República Dominicana, los poderes del
Estado se complementan para coadyuvar al cumplimiento de la misión del Estado,
no se contraponen como erróneamente creen algunos. La llamada independencia de
poderes debe expresarse en el cumplimiento estricto de las funciones de cada
poder; en el caso del legislativo esa materia es reprobada y eso justifica su
reinvención.
Vista las debilidades de la insitutioncalidad política, los estragos de la corrupción política, los elevados niveles de abstención y los elevados costos de los procesos electorales en el país, la Junta Central Electoral, la sociedad civil y el liderazgo político tienen que trabajar para fortalecer y transparentar al sistema político-electoral dominicano. La prolongada y accidentada historia electoral del país es una fuente inagotable de experiencias que deben ser revisadas para incorporar sus enseñanzas, mejorar los aciertos y corregir los errores.
A modo de conclusión y al margen de los
resultados conocidos, cabe destacar el civismo de la gente que concurrieron al
proceso recién finalizado y los esfuerzos de la Junta Central Electoral por
montar un certamen a la altura de las exigencias. No obstante, el liderazgo
político, especialmente el de las fuerzas principales, crearon un ambiente
caracterizado por el acoso electoral. Compra de cédulas, promesas y otras
prácticas que ponían en riesgo las condiciones para ejercer un sufragio libre,
secreto e individual.
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