"El mandato de los miembros de los ayuntamientos, sea cual fuere la fecha de su elección, termina el 16 de agosto del año en el que se celebren las elecciones municipales ordinarias.". Art. 50 Ley 176-07
La República Dominicana ha ido evolucionando y reformando muchos aspectos pero en materia política hay serios rezagos. Estos se expresan en cada intento por elegir cargos o renovar instancias políticas, sean internamente en las instituciones políticas o en organizaciones gremiales o profesionales. Pocos proceso de elección o renovación transcurren sin incidentes en el país, provocando el debilitamiento de la institucionalidad democrática y minando la confianza de la gente en la clase política y las instituciones públicas.
La selección de los bufetes directivos en el
ayuntamiento cada 16 de agosto se convierte en un mar de especulaciones. Hay
toda una historia negativa de procesos donde las acusaciones enturbian los resultados de los proceso, dando paso a
conflictos y desavenencias que muchas veces se convierten en conflictos e
incidentes que ponen en riesgo hasta la seguridad personal de quienes
participan en los certámenes. Nadie quiere perder y para evitarlo recurren a
cualquier subterfugio, incluida la perversión o distorsión de la norma.
Grandes esfuerzos se han realizado en el país
para modernizar e institucionalizar la gestión pública municipal. Existe un cuerpo
normativo, que bien aplicado puede contribuir a fortalecer las capacidades de
las entidades edilicias. Estos avances no han sido interpretados, asumidos ni
ejecutado adecuadamente por las autoridades que han sido premiadas con el voto
popular.
Los intereses que confluyen en los partidos
políticos y las luchas de tendencias a lo interno de los mismos provocan
distorsiones que se expresan en las entidades que dirigen. Muchas veces el
manejo de conflictos no es gestionado adecuadamente y devienen en problemas
graves. Para resolverlos se ensayan una diversidad de vías para resolverlos,
unas institucionales y otras al margen de las normativas vigentes.
Los pactos, acuerdos y alianzas son
instrumentos, legales, legítimos e importantes para establecer las bases de
sustentación a la gobernabilidad democrática, siempre y cuando vayan acorde con
la normativa vigente. Frecuentemente se recurre a ellos para resolver problemas
institucionales. Otras tantas son sustituidas por “amarres o acuerdos de
aposentos” neutralizando el desenvolvimiento institucional y el curso normal de
los procesos democráticos.
Estos amarres extrainstitucionales en nada
ayudan al desarrollo e institucionalización de los gobiernos locales y mucho
menos a la democracia dominicana. Nuevamente surgen expectativas e
interrogantes sobre la conformación de los bufetes directivos en los
Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales. Eso surge frecuentemente para
esta época y la forma de efectuarlas incluye varias modalidades, algunos
institucionales y otros al margen de la institucionalidad.
Para superar esas debilidades y distorsiones;
y de paso reducir la posibilidad de que sucedan incidentes y tragedias en los
actos de cambio de bufetes se han ideado fórmulas. Esos amarres distan mucho de
las soluciones institucionales establecidas en los cuerpos normativos que
fundamentan la organización y funcionamiento de esas instancias.
Entre esas malas prácticas se destacan los
amarres amañados entre tendencias o fuerzas políticas para autoprotegerse y
encubrirse. Casi siempre se hacen al margen de las leyes y de los procedimientos democráticos. Es legítimo que se establezcan
acuerdos pero estos deben cumplir con los procedimientos normativos y
garantizar la independencia de los regidores y regidoras que conforman el
cuerpo legislativo municipal.
Dada esas debilidades institucionales, la
falta de transparencia y la incapacidad de los partidos y agrupaciones
políticas que tienen representación en los Ayuntamientos y distritos
municipales del país se han inventado una fórmula antidemocrática para evitar
conflictos potenciales en la escogencia de los bufetes directivos de las Salas
Capitulares. Esto lesiona la autonomía de las autoridades electas para decidir
libremente en su rol de órgano de fiscalización interna.
Una vez se aproxima el 16 de agosto, fecha en
que se hacen los cambios de directivos en las Salas Capitulares empieza la
incertidumbre. Los partidos que han postulado a esas autoridades asumen que la
democracia no funciona en esos espacios y que ellos tienen que asumir la
decisión para guiar la elección de los bufetes. Eso sustituye a los procedimientos normativos y lesiona la esencia de
la democracia al impedir la expresión de los regidores y regidoras.
Esto
ha distorsionado la esencia de la debilitada democracia municipal y ha
provocado que los “acuerdos, amarres y pactos” se hagan al margen del mandato
de la Ley 176-07 que establece los procedimientos para renovar los mandos en
los Cabildos. Esto da paso al afianzamiento del clientelismo y deja muy mal
parada a la democracia dominicana. Superarlos se convierte en grandes desafíos para que el sistema político dominicano pueda
desarrollarse y modernizarse.
Es tiempo de que los Partidos y Agrupaciones
Políticas entiendan y respeten las reglas básicas de la democracia, incluyendo
el respeto a la institucionalidad, que aunque débiles funcionan en los
municipios y distritos municipales del país. Cientos de instancias donde
interaccionan ejecutivos y legisladores municipales entran en un proceso de ajustes
tras la elección de sus bufetes directivos. De ahí la importancia del asunto.
De poco sirve que nos embarquemos en la
creación de normativas vanguardistas cuando la clase política impone sus
propias reglas. Esas prácticas pervierten la democracia y debilitan la
institucionalidad. Dada esas distorsiones debilitan la labor de control que
deben ejercer los legisladores municipales en cada cabildo. Esos entes de
control quedan neutralizados para actuar cuando los amarres se imponen.
Los controles de la gestión municipal,
especialmente el control político debe ser ejercido por las salas capitulares;
y con los amarres de los cambios de directivos esa función queda trunca. Esto,
sumado a las dificultades para ejercer el control social establecido en la
constitución y las leyes del país deja mal parado al sistema político.
La legitimidad que da el voto de los
ciudadanos y ciudadanas a las autoridades municipales electas para que trabajen por el desarrollo de sus
demarcaciones y les representen, no debe ser vulnerada e irrespetada. Eso pasa
por establecer políticas públicas que le beneficien pero también defender los intereses colectivos en esas instancias.
De continuar estas prácticas perversas, el
futuro de la democracia dominicana se torna incierto y la hace poco confiable
para encausar las necesidades colectivas. Corresponde a las instituciones políticas
y los mecanismos de gestión del sistema político ejercer el control para poner
orden en este asunto.
No es sano para el sistema político
democrático asumir como normal prácticas que carecen de fundamento jurídico. Lo
mínimo que se puede pedir a las autoridades de elección popular es que cumplan
con la institucionalidad y el ordenamiento jurídico vigente. No se puede
esperar resultados positivos de un proceso de elección de las Salas Capitulares
basado en amarres partidarios extrainstitucionales.
La legislación, incluida la Constitución de
la República establecen las funciones de cada ente dentro de los Ayuntamientos
y Distritos Municipales. La cuestión se complica cuando se obvian esos
procedimientos y se pervierten los canales normales e institucionales de
renovación de los cuerpos directivos. Más de 500 años de municipalismo en el
país no han enseñado mucho a la clase política.
Evitar que cualquier pacto o arreglo en el
ámbito local lesione o neutralicen las funciones de Las Salas Capitulares,
especialmente en su función de control de los procesos de gestión y ejecución
presupuestaria, así como las acciones de contrapeso al Ejecutivo Municipal o
Alcalde, constituye un gran retos para
la institucionalidad democrática y el sistema político.
Decirlo es fácil pero trabajar para que se
supere esas distorsiones del sistema político dominico es necesario una
transformación de la Cultura Política sustentada en prácticas transparentes de
control y auditoria social. Es tiempo de que la modernización y el desarrollo
político dejen ver sus avances y que la clase política asuma como norma el
respeto a la institucionalidad.
Tanto los partidos y agrupaciones políticas
que postulan las candidaturas como los entes que los regulan deben hacer su
parte para evitar que se cuelen personas que no cumplan con los preceptos
normativos para su nominación. La ciudadanía que vota o elige debe cuidarse
también, al momento de elegir para descartar a las candidaturas que no reúnen
los requisitos mínimos para representarle digna y decorosamente cada 4 años.
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