LA VIDA EN COMUNIDADES RURALES DE SAN JOSÉ DE OCOA ENTRE PROMESAS Y AUTOGESTIÓN.

Casas vacías, semidestruidas con patios desiertos, escuelas cerradas, predios abandonados, caminos intransitables y escasa población es el panorama que se observa en la comunidad rural de San José de Ocoa. El acelerado proceso de despoblación es evidente, preocupante y perturbador. Se requieren acciones e intervenciones urgentes y documentadas para apoyar la decisión en el campo.   

Por múltiples razones agricultores y comunitarios dominicanos abandonan sus comunidades donde nacieron y se criaron varias generaciones. Hay secciones y parajes donde la presencia humana ya es escasa. Muchos venden sus predios a precios irrisorios a terratenientes que merodean tratando de colocar sus capitales en bienes raíces. Esta práctica empuja la concentración de las riquezas.

Nuestra gente, sana, humilde, trabajadora y soñadora; productora de alimentos, protectora del medio ambiente y los recursos naturales migra a los centros urbanos, espoleada por crisis recurrente, falta de apoyos y de oportunidades. La gente joven es la que más sufre, dado que los tiempos han cambiado su foco de atención. Antes los predios familiares, el jornal, la solidaridad y la cooperación entre comunitarios era la norma, hoy la desconfianza, el interés y la avaricia marcan la pauta.

La gente sale de las comunidades rurales buscando oportunidades para realizar sus sueños. Cambian sus formas tradicionales de convivencia por el aislamiento y el individualismo citadino. Atrás quedan las tertulias de prima noche en casa de vecinos, los convites, las zafras cafetaleras, el trabajo colectivo y las amistades de infancia. Roto esos vínculos, nuevos retos desafían a quienes osan enfrentar la realidad esperanzados en alcanzar ideales de progreso, tanto material como ascenso social.

La ineficiencia de las políticas agropecuarias, falta de apoyo financiero y asesoría técnica, junto a los altos costos de insumos e implementos agrícolas, sumado a fallas en la comercialización de la producción, desmotivan y mucha gente vende o abandona sus predios. Que las cosas cambien en el campo dominicano exige que las autoridades tomen conciencia de la importancia estratégica de ese espacio para garantizar cohesión social y la seguridad alimentaria.

La proliferación y corporativización de productos como las hortalizas, aguacates, cítricos y otros rubros en detrimentos cultivos tradicionales amigables al medio ambiente, genera presión sobre los recursos naturales y contribuye a elevar los niveles de estrés hídrico. Independientemente de que la actividad se realice a cielo abierto o bajo ambiente controlado, el impacto es significativo. Se requieren políticas y acciones complementarias, articuladas e incluyentes.

Sembrar, cultivar para producir lo que se consume en centros urbanos debe ser declarado asunto de alta prioridad para la sociedad dominicana. No solo se trata de apuntalar actividades estratégicas como el turismo, sino también de crear condiciones en las comunidades rurales para que la gente viva digna y decorosamente, superando la pobreza y la exclusión que les afecta.

Estratégicamente, el país debe priorizar e intensificar las intervenciones en el campo para evitar que los espacios que dejan los dominicanos sean ocupados por nacionales haitianos. Ya hay lugares donde escuelas abandonadas son utilizadas como vivienda y otras como depósitos. Eso es altamente preocupante y reclama invenciones urgentes.

Las estrategias de volver al campo son enunciados que entusiasmas y venden, pero las privaciones y la rudeza de la vida en esas zonas deben ser compensadas y apoyadas. Hay que volver al campo, pero volver de verdad. Hay que llevar soluciones concretas, no promesas ni vender sueños a gente que ha vivido desvelada esperando apoyos de entidades que prometen, pero no cumplen. Ir con apoyos reales, asesoría técnica permanente, infraestructura y recursos.

En comunidades donde las escuelas se cierran, las redes de apoyo fallan, la gente joven emigra, la mano de obra escasea y es costosa, generar esperanzas es difícil. ¿Cómo convencer a gente que ha padecido pobreza, exclusión y discriminación sin suplir sus necesidades básicas o crear infraestructura que le permita desarrollarse? Evidentemente, que superar esos escollos exige políticas públicas integrales que prioricen y valoren el campo y su gente.

Producir alimentos cuesta y exige que las políticas agropecuarias lleguen a las comunidades rurales donde están los pequeños productores. Muchos son los discursos y promesas que se escuchan, pero entender el campo y su dinámica es cosa de quienes se han criado allí o han estudiado a fondo las necesidades de las comunidades rurales. La demagogia recurrente que impera en politiqueros profesionales siembra desesperanzas y generan tensiones.

La seguridad alimentaria no puede ser una consigna, debe traducirse en propuestas, acciones y ejecuciones concretas que beneficien a las comunidades rurales. El desarrollo de las comunidades rurales produce un efecto en cascada que va desde la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, hasta generar condiciones de vida digna y decorosa.

Organizar el campo, fortalecer el capital social, crear oportunidades e impulsar políticas públicas integrales que atraigan a la gente y generen en esperanzas es tarea del liderazgo nacional. No actuar ahora, es propiciar la creación de condiciones que acentúan los males que afectan a los campos ocoeños y a las personas que viven allí.

Diversificar la producción, organizar a la gente en asociaciones, cooperativas o consejos de desarrollo comunitarios, junto al establecimiento de políticas de comercialización y la activación de cadenas de distribución pueden servir de línea de base para estructurar los planes de desarrollo que se requieren en comunidades rurales de San José de Ocoa y del país.

Políticamente, los gobiernos locales deben hacer su parte. Actualmente, la acción de esas entidades se queda en los centros urbanos y los esfuerzos en secciones y parajes son tímidos y algunas veces inexistentes. A pesar de que existen planes de desarrollo municipal, más o menos estructuradas, las comunidades rurales no cuentan. Las políticas municipales deben ser integrales.

Urge profundizar los esfuerzos por dotar de energía eléctrica, mejorar los caminos y carreteras, crear policlínicos o unidades de atención primaria y habilitar las escuelas para que formen integralmente a la gente. Es imperativo que se establezcan espacios para la comercialización de productos para evitar el agiotismo de los intermediarios y garantizar mercados para lo que se produce.

¡Estamos a tiempo!