Introducción.
La crisis política
sistemática que vive la República del Perú es compleja. Tiene raíces profundas
y antecedentes claramente definidos.
Con seis presidentes en menos de una década, demuestran la incapacidad del
liderazgo para establecer concesos mínimos que garanticen la gobernabilidad, la
paz social y la estabilidad política.
Las tensiones
políticas tienen como telón de fondo la corrupción y la impunidad, polarización
política, choque de poderes, las pretensiones de grupos oligarcas de mantener
el control de los hilos del poder, sumados al intervencionismo norteamericano.
Esos elementos combinados, han impedido el funcionamiento de la
institucionalidad y neutralizado el desarrollo político en la tierra de los
Incas.
La accidentada
política peruana, registra una serie de hechos que corroe las bases de la
institucionalidad política. Estos hechos se potencian con la vocación golpista
del Congreso Nacional y el Sistema Judicial, formado y adoctrinado por los
Estados Unidos para impedir el surgimiento de un proyecto revolucionario que
asuma la bandera de la transformación de la sociedad y recomponga las
relaciones de poder.
Durante la Guerra
Fría, el Perú, fue escenario de grandes luchas. Varios levantamientos guerrilleros
se alzaron en armas contra el férreo control de las hegemonías oligarcas y
reivindicar la lucha por la justicia social, la defensa de la soberanía
nacional y el saqueo continuado de los recursos públicos. Mención especial para
Sendero Luminoso, organización que asumió la vanguardia de la lucha armada y
combatió por largo tiempo. Acusado de terrorismo, su liderazgo fue perseguido,
asesinados, encarcelados, torturados o desaparecidos.
Antecedentes del Golpe de Estado.
El Golpe de Estado contra el profesor
Pedro Castillo Terrones, quien asciende al gobierno representando a sectores
populares y progresista, es un capítulo más dentro de la arrítmica democracia
peruana. Donde el golpismo se hace doctrina y la desconfianza se hace cultura. Esas prácticas son comunes
al accionar de las oligarquías y sus socios en Latinoamérica y El Caribe.
El profesor
Castillo Terrones llega al gobierno cobijado por Perú Libre, que recoge anhelos
de sectores excluidos y marginados del país. Desde su instalación hasta su
caída la derecha peruana, apoyada por sectores
de la prensa comprometidas con la defensa de intereses de sectores poderos, la
cúpula militar, religiosa, empresarial y económica; junto al proyecto
ultraconservador fujimorista que encabeza Keiko Fujimori se dedican a boicotear
las iniciativas del gobierno en el Congreso Nacional, a perseguir judicialmente
y a acosar al presidente.
Al llegar a la
presidencia del Perú, el presidente Pedro Castillo Terrones encuentra un país
polarizado políticamente, altamente endeudado, con altos niveles de pobreza,
exclusión y desigualdad; así como persistentes modalidades de corrupción y una
crisis política ascendente. Varios presidentes fueron destituidos por el
Congreso Nacional, utilizando la figura de la vacancia en un accionar confuso,
donde un poder del Estado se abroga el derecho de suplantar la voluntad popular
expresada en procesos eleccionarios.
Utilizando la
Constitución elaborada por las oligarquías con asesoría de poderes fácticos
claramente identificados con sectores vinculada a las estrategias de dominación
del imperialismo estadounidense, accionan supuestos mecanismo de control y con
ellos destituyen a gobernantes democráticamente electos. Claro, esas categorías aplican a presidentes, no para otros
sectores. Evidentemente que hay un choque de poderes donde el Poder Ejecutivo
puede ser procesado por la justicia y destituido por el Congreso Nacional, pero
el Ejecutivo no puede sancionar a otros poderes.
Esas
particularidades hacen de la democracia peruana una especie de pantomima, dada
la negativa de sectores cavernarios a modificar leyes retrógradas
que privilegian sus intereses. Eso incluye, el rechazo a iniciativas impulsadas
por el presidente Castillo Terrones para refundar el
Estado peruano vía una Reforma Constitucional mediante una Asamblea
Constituyente. Esas reformas políticas constituyeron la principal causa de la
conspiración de esos sectores.
En el Plan de
Gobierno de Perú Libre se explica que “La Constitución Política del Perú
(CPP) de 1993 fue impuesta tras un golpe de Estado, promovido por el gran
empresariado nacional y transnacional, concretizándose los objetivos del
Consenso de Washington, que les permitió adecuar la administración estatal a
sus intereses e instaurándose un nuevo modo de producción al país conocido como
neoliberalismo”. https://elecciones.larepublica.pe/planes-de-gobiernos/pdf/peru-libre.pdf
Contexto Político.
El pueblo peruano
ha ido buscando opciones políticas que enrumben el país hacia el desarrollo
integral. En su afán por lograr su objetivo, ha participado en diversos y
complejos procesos políticos, demostrando su vocación democrática. Esa actitud,
contrasta con la visión del liderazgo que no ha sabido respetar la voluntad
popular y desde el Congreso Nacional y el Poder Judicial se han sustituido
varios gobiernos en los últimos 6 años.
Es así como fuerzas
progresistas logran articular una propuesta política. Montados en Perú Libre,
escogen a Pedro Castillo quien gana las elecciones en segunda vuelta y con un
reducido margen. En medio de una crisis estructural, trata de impulsar procesos
de cambios que son rechazados por los poderes fácticos. Acosado y acusado es
derrocado. Su gobierno se juramentó en julio 2021 y fue depuesto diciembre 2022.
Las tensiones
políticas, la falta de consenso político, la vocación golpista de la oligarquía
y el interés de los Estados Unidos por evitar el ascenso de gobiernos
progresistas condicionan el contexto político peruano. A eso se suma la
dispersión del movimiento progresista.
Impedido de
aplicar su plan de gobierno y debilitado orgánicamente, el gobierno de Pedro
Castillo no resistió los embates de la oligarquía. Sucumbe ante el ataque de
sectores que se dedicaron a conspirar contra el gobierno hasta derrocarlo.
El Golpe de Estado
a Pedro Castillo empezó a gestarse desde antes de llegar al gobierno. La
campaña electoral testimonia los prejuicios de la oligarquía peruana con
respeto al progresismo. La conspiración permanente desde el Congreso Nacional,
donde las fuerzas políticas representadas, cerraron filas contra el Ejecutivo
peruano.
Presagiando el
fracaso de la gestión y conscientes de las debilidades del proyecto Perú Libre.
No reconocer al gobierno y deslegitimar al presidente fue asumido como línea
política de la derecha peruana. De los intentos por quebrar el orden
institucional y desconocer la voluntad popular pasaron al acoso mediático y a la persecución
política.
Los golpes de
Estado en América Latina y El Caribe tienen un patrón común: cuando liberales,
progresistas y socialistas gobiernan, las oligarquías conservadoras conspiran
derrocarlas. Las evidencias son contundentes. Hasta que no se asuma la transformación
de las bases oligárquica y se genere compromiso democrático, el consenso
político será una ficción. Se habla de a habilitar diálogos políticos y
sociales, pero si las partes no se reconocen mutuamente no habrá consenso, y
sin consensos mínimos la gobernabilidad se perturba y la institucionalidad
democrática se neutraliza.
La escasa duración
de los gobiernos que ha tenido el Perú en el Siglo XXI ha impedido la
consolidación de la democracia y la superación de los males ancestrales que
sufre ese gran país. La lista de presidentes procesados y destituidos sin haber
completado el período para el que fueron electos incluye gobiernos de tendencia
progresista como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y ahora Pedro Castillo
Terrones.
La
institucionalidad democrática y el sistema político peruano tendrá que
encontrar formas para evitar un colapso total. De no hacerlo las masas
populares, expoliadas e ignoradas entrarán en acción. Es la acción colectiva la
que hace mover los cimientos de la
sociedad política y empuja las transformaciones revolucionarias.
Plataforma Política de Perú Libre.
Perú Libre fue la plataforma política desarrollada
por fuerzas socialistas y progresistas para enfrentar y vencer apretadamente a
la candidata de Fuerza Popular, a Keiko Fujimori, hija
del expresidente Alberto Fujimori, quien venía de enfrentar un proceso judicial
que la llevó a la cárcel. El fujimorismo en Perú se hizo doctrina y ha servido
de soporte ideológico al conservadurismo y de punta de lanza para atacar al
progresismo.
“Perú Libre es
una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica,
política y programática. Para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría
marxista y bajo su luz interpretar todos los fenómenos que ocurren en la
sociedad mundial, continental y nacional, sus causas y efectos, y a partir de
ese diagnóstico plantear criterios de solución que conlleven a la satisfacción
de las mayorías. Asimismo, los postulados mariateguístas, son de vital
importancia respecto de nuestra realidad nacional, latinoamericana e inclusive
mundial”. https://elecciones.larepublica.pe/planes-de-gobiernos/pdf/peru-libre.pdf
La propuesta
programática que asumió Pedro Castillo y Dina Boluarte como líderes de Perú
Libre, incluyó proyectos, programas e iniciativas orientadas a enfrentar a la
transformación del sistema educativo, el aparato productivo, nacionalización de
los recursos naturales, revisión de la política exterior, exclusión social,
pobreza y desigualdad. Para avanzar, se propone una Asamblea Constituyente para
transformar las bases del Estado peruano.
El contraste entre
las propuestas programáticas representadas por Perú Libre y Fuerza Popular
queda de manifiesto en la conclusión del programa de gobierno, donde Keiko
Sofía Fujimori Higuchi que: “El Rescate y reconstrucción de nuestro
país, puede y debe hacerse sin necesidad de grandes cambios constitucionales o
refundaciones del país. El Perú tiene cimientos sólidos. Están en la
Constitución de 1993. Algunos han intentado destruirlos, pero su solidez se los
ha impedido. Es tiempo de reconstruir sobre dichos cimientos una
sociedad donde se premie el esfuerzo, pero se reconozcan las diferencias; donde
vivimos en armonía entre nosotros, pero también con nuestras comunidades y el
ambiente; donde se promueva el crecimiento económico, pero se garantice la
igualdad de oportunidades. Sólo así todos los peruanos sentiremos que tenemos
la oportunidad de hacer realidad nuestros sueños de prosperidad”.
Queda claro, que Keiko Fujimori no
pretendía cambiar al Perú, ni mucho menos propiciar una reforma constitucional,
dado su compromiso con los sectores oligarcas. Tocaba a Perú Libre y a Pedro
Castillo encaminar esfuerzos para trasformar el sistema político, empezando por
la convocatoria de una Asamblea Constituyente que dote al país de un texto
acorde con las aspiraciones de los sectores progresistas.
Tras un accidentado proceso electoral y
con un reducido margen, Perú Libre se impone a Fuerza
Popular. Pedro Castillo inicia en un gobierno en
país fragmentado y con un Congreso Nacional dividido. Eso sumado, al rechazo de
la oligarquía y sus medios impidieron la consolidación del gobierno.
Bajo un asedio feroz, el gobierno de
Castillo intenta avanzar, pero la resistencia bestial de fuerzas oligarcas
empujan hacia el abismo. Utilizando los medios para acosar, a la justicia para
acusar y al Congreso Nacional para boicotear, la derecha impuso su agenda
golpista.
El Rol de la
Organización de Estados Americanos, OEA.
En la parte más crítica de las tensiones
políticas, la Organización de Estados Americanos, OEA, envió una misión en
octubre para mediar entre el gobierno peruano y la oposición. Recomendaron la
apertura de un diálogo político, pero la oposición tenía claro su proyecto de
vacar a Pedro Castillo, quebrar el gobierno de corte progresista e instaurar un
títere que responda a sus intereses.
La confesa vocación golpista
de la OEA, especialmente Luís Almagro, su secretario general. Conocida sus
prácticas en esos casos, seguramente puso sus cartas. Eso se comprueba con el
reconocimiento de la presidenta Dina Boluarte que sustituye a Castillo. Ella
era la vicepresidenta del gobierno y negoció con sectores golpistas para
ascender a la presidencia.
OEA fue a Perú a
mediar entre oposición y gobierno, días después es depuesto Pedro Castillo. Así
sucedió en Bolivia cuando se produjo el golpe contra Evo Morales. Oligarquía,
cúpulas empresariales, religiosas y económicas impiden que se consoliden las propuestas
progresistas.
En la
resolución CP/RES. 1208 (2400/22), aprobada por el Consejo el 20 de octubre. En sus párrafos resolutivos,
los Estados Miembros de la OEA deciden: Realizar un llamado a todos los actores
para que sus acciones se enmarquen en el respeto al estado de derecho,
reconociendo que el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana establece
que “el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del
estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de
la Organización de los Estados Americanos”.
Tras esa visita
escribí lo siguiente al presidente Castillo en su cuenta de Twitter: Cuídese
de esa gente, porque "el lobo pierde el pelo, pero nunca las
mañas". Refuerce las alianzas con los sectores populares y saque
auditorías que evidencien los desmanes cometidos por quienes le precedieron.
Rinda cuenta y articule alianzas políticas y sociales productivas.
Tensiones Ideológicas.
Hay quienes afirman que la lucha de clases no
existe, sin embargo, las oligarquías y las burguesías latinoamericanas imponen
a las clases populares sus modelos de dominación, tal como sucedió en la Guerra
Fría. Que el trabajo se hay diversificado y la desindustrialización haya
diezmado la lucha sindical, no quiere decir que el proletariado desapareció ni
la “explotación del hombre por el hombre” tampoco.
La lucha de clases
es realidad no ficción. Varían las expresiones, pero la escencia sigue siendo
la misma. En Perú, esa lucha en entre élites, sectores medios y masas populares
se expresa crudamente. Discriminación racial, exclusión social y marginación
convergen en modelos que incrementan la pobreza y concentra las riquezas.
Las fuerzas
progresistas no pueden limitarse a gestionar el modelo que heredan, donde
oligarquía e imperialismo tienen sembrado sus intereses. Deben empeñarse a
construir un contrapoder que le ayude a desarrollar su propuesta de
trasformación de la sociedad. Llegar al gobierno exige conquistar el poder para
avanzar en democracia, asumiendo la justicia social como bandera.
Los gobiernos
socialistas, revolucionarios y progresistas deben empeñarse en construir un
contrapoder para equilibrar la balanza y profundizar la democracia. El acoso a
Pedro Castillo confirma que las derechas cuando no ganan arrebatan.
Las fuerzas
reaccionarias no creen en democracia ni respetan institucionalidad que la
sostiene. Conspiran abiertamente contra gobiernos electos y no aceptan el juego
democrático. En el caso
peruano, esa conspiración, asedio, acoso y descalificación contra el presidente
Castillo se inició en la campaña política. Prejuicios raciales y discriminación
social fueron armas para impedir el ascenso y consolidación del nuevo gobierno.
Choque de
Poderes.
Crisis política y choque de poderes terminan en
golpe de Estado. El golpismo continuado impuesto desde el ascenso de Pedro
Castillo se consuma y los sectores reaccionarios logran su objetivo. La
democracia peruana explota y el presidente termina preso.
Dina Ercilia
Boluarte, ex vicepresidenta del Perú y ahora presidenta impuesta por el Congreso
Nacional pide tregua política para instalar gobierno de "unidad
nacional". ¿Le suena ese discurso? Boicotean
los cambios legislativos que propuso Pedro Castillo y conspiran hasta
destituirlo.
Las tensiones
entre los poderes ejecutivos, judicial en el Perú contribuyen a la
deslegitimación de la institucionalidad democrática. Que los presidentes sean
acusados de corrupción, procesados y destituidos pudieran colocar al país como
referente ético, pero la realidad es otra. De seguir así, pocos se expondrían
aspirar a la Presidencia, sabiendo que quienes acusan,
juzgan, enjuician y destituyen son producto de la
misma institucionalidad política.
Las funciones de
los Poderes del Estado deben complementarse en sus funciones. De ahí que habrá
que resignificar la teoría de división de poderes, para establecer canales de
relaciones sustentadas contrapesos
funcionales. Si un poder se superpone a otro, la democracia no funciona. En
Perú hay evidencias empíricas de que el choque ha neutralizado la
institucionalidad democrática.
Las reformas
políticas e institucionales deben romper los cercos normativos impuestos por
los poderes fácticos, a través de los marcos normativos. Para transformar la
institucionalidad y democratizarla hay que cambiar la base normativa que la
sustenta. Además, se deben impulsar acciones que rompan la cultura golpista
para evitar fricciones y choques entre los poderes del Estado.
Perspectiva Económica.
La República del
Perú con unas riquezas naturales inmensas, donde operan empresas
multinacionales que dejan pocos beneficios al país y a las que el gobierno
progresista pedía cuentas, entendieron que debían quebrarlo. Economía y
Política son aliadas para garantizar gobernabilidad, paz social y estabilidad
política. La economía peruana en el gobierno de Pedro Castillo avanzaba y se
consolidaba a pesar del boicot de muchas de sus iniciativas en el Congreso
Nacional y el impacto de la Covid-19. Así se lee en la página del Banco
Mundial.
“Los
parámetros macroeconómicos fundamentales de Perú continúan siendo sólidos: una
relación entre deuda pública y producto interno bruto (PIB) relativamente baja,
reservas internacionales considerables y un banco central confiable. Se prevé
que, a mediano plazo, la economía nacional crecerá ligeramente por debajo del
ritmo del 3 % anterior a la pandemia, gracias al aumento de las exportaciones,
mientras que la demanda interna se desacelerará en un contexto de escasa
confianza de las empresas, un menor crecimiento de la cantidad de socios
comerciales y cierta volatilidad de los precios de la energía. Se estima que la
pobreza se mantendrá por encima de los niveles anteriores a la pandemia en los
próximos dos años, como consecuencia de la caída de la calidad media del
empleo”. https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
Papel del
Congreso Nacional.
El Congreso
Nacional del Perú, junto a otros sectores golpistas, recurrieron a diversas
argucias jurídicas para derrocar al presidente constitucional. Una de ellas es
la prerrogativa denominada “vacancia por incapacidad moral
permanente”, cuya interpretación se presta para suplantar
rápidamente a un gobierno electo.
Si la democracia
acepta que el Congreso Nacional suplante la voluntad popular de forma
recurrente como ha sucedido en el Perú, las elecciones se convertirán en
quimeras. El derecho a elegir y ser elegido debe acompañarse del deber de
respetar esos derechos y las autoridades electas actuar apegadas a la
institucionalidad y a la normativa, pero cuando la arbitrariedad se impone, el
liderazgo político se predispone.
Las organizaciones
políticas deben servir para formar y renovar los liderazgos; así como para
canalizar las necesidades de la gente. Esas entidades definen perfiles de las
candidaturas que postulan a diversos cargos, que una vez electos, pasan
a representar el colectivo, ya sea desde el Congreso Nacional, Poder Ejecutivo
o Gobiernos Locales.
En el caso
peruano, el Congreso ha destituido a una serie de mandatarios, como si se
tratara de una instancia neutral, no una entidad electa en elecciones populares
como el Poder Ejecutivo. Aquí hay, cuando menos, un choque de poderes.
Controlar, legislar y representar son funciones básicas de las Cámaras
Legislativas, pero en Perú, esas funciones se relegan y se privilegian las
acciones golpistas.
Si legislaran,
trabajarían por la Reforma Constitucional, vía Asamblea Constituyente, como
propuso el destituido Pedro Castillo. Si controlaran, se opondrían y
sancionarían a quienes han sumido al país en la pobreza y la miseria, colocando
la deuda externa en niveles imparables. En la representación incluirían a toda
la población, no se colocarían al servicio de las élites y los intereses
foráneos.
Papel del
Poder Judicial.
El Poder Judicial, especialmente el Ministerio
Público llega tan lejos en su afán por vacar al presidente que tras la
imposibilidad de condena con los mecanismos nacionales recurre a la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción para acusar y acosar al presidente
Pedro Castillo.
La judicialización
de la política hace presencia e impone su lógica perversa, desvirtuando la
institucionalidad democrática y desconociendo la voluntad popular. La
utilización de las estructuras judiciales para perseguir políticamente a
quienes impulsan y representan corrientes políticas e ideológicas de corte
progresistas, socialistas o revolucionarias impiden el desarrollo político,
destruyen las bases de la democracia e impiden su consolidación.
“Las
investigaciones de la justicia contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, y
su Gabinete quedaron cristalizadas el martes en una gravísima denuncia que
repercute en los precarios equilibrios políticos del país andino. La Fiscalía
de la Nación acusó al mandatario de encabezar una presunta “organización
criminal” con el propósito de amañar contrataciones para obtener
ganancias ilícitas. No es la primera vez que el maestro rural y sindicalista,
que en 2021 ganó las elecciones con una promesa de cambio profundo que de
momento no ha logrado cumplir, se ve envuelto en un escándalo”. https://elpais.com/opinion/2022-10-19/denuncia-contra-pedro-castillo.html#?rel=mas
Esta reseña del periódico El
País, español al servicio de las oligarquías en el mundo, asociado al Grupo
Prisa, deja claramente establecido las pretensiones del acoso judicial contra
el presidente. El relato busca generar una tendencia mediática para reforzar
las acusaciones diseñadas para minar la confianza en el gobierno. La
complicidad de sectores golpistas se evidencia en el relato contra Castillo.
Asedio
Congresual y Acoso Mediático.
El fujimorismo y la oligarquía no
perdonaron que un profesor, sindicalista y rondero destronara a la
representante del conservadurismo señora Keiko Fujimori. Al no poder imponerse en las
urnas y habiendo fallado los intentos de fraudes, se dedicaron a deslegitimar,
a conspirar públicamente y a torpedear los proyectos e iniciativas impulsadas
por el sector progresistas.
Detienen a presidente del
Perú, Pedro Castillo. No dejar gobernar al progresismo es la meta de las
derechas golpistas y sus grupos de interés. Medios de comunicación, poder
judicial y congreso. Quitan el gobierno de izquierda para echar a caminar su
proyecto.
En América Latina, la historia
de acoso y asedio mediático es larga. Tanto los medios tradicionales de
comunicación como las redes sociales son utilizadas
para montar campañas contra los sectores progresistas. Desprestigiar el
liderazgo progresista para impedir su consolidación es el objetivo principal,
pero la estrategia se orienta al reforzamiento de las bases de modelos
excluyentes, como el neoliberal.
Golpe Congresual y
Contragolpe del Poder Ejecutivo.
Calumniado y sin una base política sólida, Pedro Castillo se ve
precisado a disolver el Congreso Nacional,
consciente de la imposibilidad de impedir las pretensiones de los golpistas. El
golpe continuado iniciado antes de la juramentación, bajo modalidades diversas.
La derecha impuso su dinámica golpista para cerrar el paso del progresismo en
Perú.
El presidente
Pedro Castillo Terrones dispone disolver el
Congreso Nacional e instalar un gobierno de excepción. Es un contragolpe al
golpe continuado auspiciado por fuerzas reaccionarias desde el Congreso
Nacional, el Poder Judicial, medios de comunicación y el Congreso. Ahora vienen lo gordo.
Empujan al pueblo
peruano a un levantamiento popular. Suplantar la voluntad popular desde el
Congreso Nacional y derrocar gobiernos no es ejercitar la democracia, es
pervertir la democracia. Las oligarquías reflexionan o los pueblos las
destronan. La olla no resiste más presión.
Disolver el
Congreso no es Golpe de Estado, pero en la derecha peruana están empujando,
desde hace años, a una crisis política que perturbe la institucionalidad
democrática. Las tensiones acumuladas les permiten sus planes golpistas oligarcas.
Disolver el
Congreso Nacional sin contar con fuerzas que ayuden a sostener el gobierno no
sería la mejor decisión, pero Castillo fue empujado a tomar una medida que
terminó mal, pero las fuerzas golpistas ya habían decidido destituirlo al
precio que fuera.
El Congreso
Peruano, con apoyo mínimo destituye un presidente electo constitucionalmente y
nombra nueva presidenta. ¿El Congreso puede destituir al presidente de
la República, pero este no puede disolver el Congreso? Son nudos que
debe soltar la democracia peruana.
Tras el golpe de Estado, Keiko Fujimori felicitó a Dina Boluarte, evidenciando un
trato de cúpulas. Comenté lo siguiente a @KeikoFujimori: “Claro
que tiene que felicitarla, ha pasado ser parte del proyecto que usted
defiende. ¿Cuánto durará? ¿Cuándo harán público el acuerdo para
"ascenderla a presidenta"? ¡Diga! Recuerde que la democracia tiene
como base al voto popular y cuando se vulnera, viene la reacción popular”.
El experto en inteligencia conceptual
explica cómo se monta el Golpe de Estado en el Perú y qué se hace para
revertirlo ¿Pedro Castillo fue drogado, amenazado de muerte y obligado a leer
un documento donde se anunciaba la disolución del Congreso Golpista? Dejo aquí
el enlace donde se analizan aspectos trascendentes de la cuestión peruana y de
Latinoamérica. sus conclusiones al respecto. https://www.youtube.com/watch?v=71mCBm6hj5w
Papel de las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
En un comunicado
conjunto las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, insinúan
neutralidad y apego al orden constitucional, pero es claro, que son y han sido
siempre, parte de la estructura golpista, accionando conjuntamente con quienes
rechazan los gobiernos progresistas. Esa es la tradición de las cúpulas
militares y policiales formadas por Estados Unidos para garantizar sus
intereses en la región.
En respuesta al
comunicado insípido de @CCFFAA_PERU en su cuenta de Twitter le pregunté:
¿Ustedes están en contra o a favor del Golpe de Estado contra Pedro Castillo?
¿Ignoraban ustedes que contra el gobierno constitucional existía una
conspiración permanente y un acoso continuo? ¡Si respetan la
Constitución respalden al presidente constitucional! Los hechos
posteriores confirman que ellos eran parte de la treta golpista.
Es sabido que
fuerzas armadas y policía nacional obedecen a la oligarquía peruana y a los
grupos de intereses ajenos al Estado peruano. Formadas, entrenadas y
adoctrinadas por Estados Unidos o con dinero proveniente del exterior, a través
de las diversas ONGs que operan en Perú, deciden aparentar una neutralidad que
desdice su juramento de obedecer al poder civil legalmente constituido.
Tras la intentona golpista, queda
evidenciado que para un proyecto progresista evolucione y se consolide tienen
que crear un cuerpo de oficiales que entiendan y defiendan las iniciativas que
impulsa el Poder Ejecutivo en bien del país. Es tradición en América Latina y
El Caribe que las Fuerzas Armadas, Cuerpos Policiales y Equipos de Seguridad
del Estado son objeto de adoctrinamiento por parte de Estados Unidos para obedezcan a sus intereses.
Impacto del Golpe de Estado en la Democracia Peruana.
La democracia peruana luce entrampada en sus
propias redes. El diseño institucional tiene mecanismos como “vacancia
por incapacidad moral”, o atribuciones de lo Consejo de Ministros,
entre otros, requieren revisión urgente. Revisar sus funciones y pertinencia es
fundamental si quisieran superar las crisis recurrentes institucionales y los
choques entre los poderes del Estado.
Independientemente
de las prerrogativas constitucionales que dan al Congreso Nacional la facultad
de control a los demás poderes, en Perú, la sucesión presidencial no debe ser
entorpecida, y menos, utilizando ese espacio para conspirar abiertamente contra
el Poder Ejecutivo. La persecución judicial y el acoso mediático ahondan las
contradicciones de la clase política peruana quiebran las bases de la
institucionalidad democrática.
Desde el año 2000,
cuando Alberto Fujimori salió del gobierno, todos los presidentes han sido
procesados, apresados, algunos condenados, y hasta un caso de suicidio. Otros
son obligados a renunciar. Gobernante de todas las corrientes, incluidos
liberales, conservadores y progresistas pasan por el “cedazo moral” de
la justicia y el congreso. Instituciones que tienen niveles bajísimos de
confianza en la sociedad peruana.
El último
presidente derrocado por las oligarquías y el imperialismo yanqui es Pedro
Castillo. Profesor y sindicalista que fue postulado por Perú Libre, para
impulsar la agenda progresista, fue discriminado, acosado, perseguido, y
finalmente derrocado a 16 meses de haber sido juramentado. La derecha nunca
aceptó ni reconoció su gobierno e hizo todo lo posible para derrocarlo,
utilizando miles de excusas hasta lograr
su objetivo.
El Perú, pasa de
una crisis institucional caracterizada por un choque de poderes a una crisis
política. Las repercusiones políticas de las acciones golpistas obligan a los
sectores progresistas, socialistas y revolucionarios a revisar su accionar y a
fortalecer sus alianzas. Eso incluye la definición de los perfiles de los
liderazgos y la revisión del marco normativo que sustenta la institucionalidad que heredan.
Resistencia
Popular y Unidad Progresista.
La consumación del golpe de Estado a
Pedro Castillo pone a prueba la resistencia popular del pueblo peruano y la
vocación democrática de las fuerzas progresistas, socialistas y
revolucionarias. La unidad estratégica y programática para contrarrestar y enfrentar
los embates de la oligarquía es fundamental.
“Solo el
pueblo salva al pueblo”, y las
fuerzas populares del Perú tienen trayectoria de lucha y vasta experiencia. Ha
padecido dictaduras, persecuciones y acosos, pero no se ha rendido. La tierra
de los
Incas, supo combatir la ocupación europea y a fuerza de voluntad se abrió paso
en el convulso proceso independentista latinoamericano.
Proclamada la
independencia nacional, las fuerzas progresistas, socialistas y
revolucionarias, inician un largo camino hacia
la consolidación del Estado y la defensa de la
soberanía. Empujando el carro de la historia política supera el siglo XX y
entra al Siglo XXI chocando con intereses foráneos y el entreguismo de la
oligarquía.
Tras el golpe de
Estado perpetrado por la oligarquía y sus socios, aprovechando una medida
desesperada y poco aclarada donde el Presidente disolvió el Congreso Nacional y
dispuso un gobierno de emergencia, asumen que ellos tienen razones, pero el
Poder Ejecutivo no.
La conspiración
oligarca estaba clara de que podía contar con el apoyo de la cúpula militar y
policial; así como de los medios de comunicación para empujar la acción
golpista desde un Congreso Nacional impopular, ilegítimo, conspirador y
técnicamente disuelto.
Destituyen al
Presidente Castillo, lo apresan acusado de rebelión y empiezan los arreglos
para juramentar a quien fuera vicepresidenta la Dra. Dina Boluarte, previo
acuerdo con sectores golpista, simulando respeto a la Constitución impuesta por
el fujimorismo en 1993.
Se aprecia el
choque de poderes, ya que Castillo Terrones puede ser acusado y
apresado por “rebelión”, pero el Congreso Nacional no puede
ser disuelto por boicotear, conspirar abierta y públicamente contra el Poder
Ejecutivo. Algo anda mal en el sistema político peruano.
La treta golpista
es clara, pública y continuada. Las masas populares empiezan a manifestarse en
las calles y a exigir la libertad del expresidente Castillo, pero el objetivo
de las fuerzas reaccionarias está consumado en la primera fase: sacar del poder
a Pedro Castillo y desmontar el proyecto progresista impulsado
por Perú Libre.
Ahora buscan
legitimar su proyecto convocando a elecciones anticipadas, pero las fuerzas
progresistas, socialistas y revolucionarias están consciente deben luchar y
resistir para evitar que impongan su modelo. El escenario tiende complejizarse
dada la dispersión del progresismo peruano.
Es un montaje oligarca para tratar de
blanquear el golpe de Estado alevoso y vil que operan en Perú con la
complacencia de la exvicepresidenta, ahora presidenta títeres. Las fuerzas
populares accionan, se activan y se articulan. Idéntico al golpe de Estado perpetrado
en República Dominicana contra Juan Bosch en 1963.
De crisis
institucional caracterizadas por choque de poderes, el Perú pasa a crisis
política con movilización popular. Que liberen a Pedro Castillo y adelanten
elecciones es lo mínimo. ¿Quiénes irían en esas elecciones? La unidad
progresista, socialista y revolucionaria debe consolidarse y dar batalla por el
respeto a la voluntad popular y por la injustica social.
Reflexiones Generales.
Si las fuerzas progresistas, socialistas y revolucionarias no se unen
para impulsar proyectos y contrarrestar los embates de las oligarquías
continuarán los golpes de Estado. Que intenten crear un Bloque Progresista
Latinoamericano para profundizar las democracias.
Elaborar una estructura política y
una plataforma programática de orientación y base socialista para transformar
el modelo neoliberal. Defender a toda costa los derechos fundamentales y los
recursos naturales. Estos elementos no están claro en Perú y eso facilita la
conspiración continua de las oligarquías. Cambiar el modelo exige articulación,
apoyos, alianzas,
estrategias y visión.
Los
poderes del Estado no pueden ser independiente y mucho menos contraponerse. Los
poderes del Estado se complementan en sus funciones para hacer funcional a la
democracia. Cuando se contraponen se neutralizan mutuamente y taponan la
institucionalidad democrática.
Las fuerzas
populares marginadas, explotadas, excluidas y vilipendiadas buscarán formas
para expresar su descontento y espacios para ejercer sus derechos civiles y
políticos. Es tarea del liderazgo progresista organizar, formar y conducir a
las masas en su lucha contra las oligarquías y la alta burguesía.
Crear una
estructura política solida que sirva de sostén a un proyecto progresista que
defienda la soberanía y los recursos naturales y articular el poder popular
para activar la acción colectiva son tareas impostergables para avanzar en los
procesos de transformación de la democracia formal en democracia funcional
inclusiva y de base popular.
Pedro
Castillo Terrones, descuidó la unidad y no pudo
articular con sectores estratégicos, como gremios profesionales, organizaciones
indígenas, sindicatos e instituciones de base. La inclusión debe ser la
característica de los procesos revolucionarios del siglo 21, ya que una
revolución es incluyente o no es revolución. No depuró los cuadros militares
que le acompañarían en el gobierno ni sancionó a los corruptos y le hicieron
pagar el precio.
Con el pueblo en las calles, en Perú deben pedir el retorno del Presidente para que
termine el período para el que fue electo y evitar que se imponga la
oligarquía, ya que bloquean el ascenso al poder de fuerzas progresistas,
socialistas o revolucionarias. Una forma remota, sería hacer una coalición monolítica.
La lucha de clases
tiene expresiones distintas a épocas donde proletariado y burguesía
rivalizaban. Hoy la oligarquía impone una pesada carga a los pueblos y empuja
los límites de la desigualdad e incrementa la pobreza. El modelo imperante en
Perú tiene características particulares, dada la composición de la sociedad.
Los pueblos originarios, marginados y discriminados sufren los embates del
neoliberalismo, la explotación indiscriminada de la minería y el entreguismo de
la clase política.
Queda evidenciado, que, sin unidad
revolucionaria, sin un liderazgo comprometido, sin un programa propio y una
ideología definida, es imposible impulsar transformaciones revolucionarias.
Organizar, motivar, formar y
orientar a las masas son acciones que requieren coordinación y articulación. Es
tiempo de replantear las relaciones con sectores que usan el progresismo como
plataforma para reciclarse.
Una lección clara, es la necesidad de
que los gobiernos progresistas, socialistas y revolucionarios fijen posiciones
claras, respecto a los intentos desestabilizadores, el acoso mediático, el
asedio congresual y judicial impulsados por sectores que se oponen a las
transformaciones que impulsan. Desarrollar redes de solidaridad, integración y
cooperación es fundamental para sustentar programas a favor de la justicia
social y el desarrollo integral en Latinoamérica y El Caribe.
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