“Tanto la oposición progresista como la revolucionaria está distraída, mientras las derechas les arman la jugadota para las elecciones el 2020”. FDC/2017.
Los partidos
y agrupaciones políticas son instituciones de filiación voluntaria cuyas
funciones están establecidas por la Constitución de la República, La Ley
Electoral, y los Estatutos Internos. Aunque la organización es libre, la Ley
Electoral señala las características que deben asumir los partidos para ser
reconocidos por el organismo regulador.
El artículo 4 de la Ley 275-97
establece las condiciones para el reconocimiento y señala que: “Podrá
ser reconocida como partido político toda agrupación de ciudadanos que se
organice de conformidad con las disposiciones de la Constitución y las leyes,
con el fin primordial de participar en la elección de ciudadanos aptos para los
cargos públicos y de propender a la realización de programas trazados conforme
a su ideología particular, con el objetivo de alcanzar los puestos electivos
del Estado”.
Como puede
apreciarse claramente no es un voluntarismo someter las actuaciones de partidos
y agrupaciones al escrutinio de la Ley, alineando así los estatutos a las
prerrogativas normativas generales, y especialmente a la Constitución de la República.
En el caso dominicano, la constitucionalización de los partidos políticos
obliga a una reestructuración de la normativa complementaria para adecuarla.
Los esfuerzos
para concretar y acoplar el marco constitucional a la normativa que rige al
sistema político-electoral ha sido objeto de un largo debate, que hoy gira en
torno a unas propuestas de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. El tema
llama a reflexionar sobre el contenido, urgencia y pertinencia de una normativa
específica para regular la gestión interna de los partidos políticos.
El sistema de partidos del país tiene casi 100 años regido por la normativa electoral. Desde 1987 se está hablando de la necesidad de una Ley de Partidos y hasta hoy no se tiene. ¿Es urgente? ¿Qué aportaría? ¿Cuáles aspectos regularía? ¿Se ha reflexionado sobre el tenue límite entre la materia estrictamente electoral, la contenciosa y la partidaria propiamente dicha? ¿Es preferible un Código Electoral? Estas y otras preguntas debieran ser respondidas antes de aprobar una normativa con tal trascendencia.
El sistema de partidos del país tiene casi 100 años regido por la normativa electoral. Desde 1987 se está hablando de la necesidad de una Ley de Partidos y hasta hoy no se tiene. ¿Es urgente? ¿Qué aportaría? ¿Cuáles aspectos regularía? ¿Se ha reflexionado sobre el tenue límite entre la materia estrictamente electoral, la contenciosa y la partidaria propiamente dicha? ¿Es preferible un Código Electoral? Estas y otras preguntas debieran ser respondidas antes de aprobar una normativa con tal trascendencia.
Hay interés
en imponer una sola modalidad para las elecciones internas de los partidos y se
debate entre primarias abiertas y cerradas ¿Cómo se explica esta obsesión? ¿Dónde
quedan las demás modalidades? Se sabe que las Asambleas de Delegados, las
Convenciones y hasta las Encuestas han servido para escoger y validar candidaturas.
¿Cómo evitar
contradicciones y solapamiento entre la normativa electoral, la eventual ley de
partidos y las normas estatutarias? Concentrarse en los aspectos jurídicos de
la Ley es importante pero si se marginan las cuestiones gerenciales y también los
aspectos puramente políticos, con esto se corre el riesgo de concentrar el
control de los partidos en la Junta Central Electoral.
Otro riesgo
latente, es el que pudiera presentarse si se sobre-regula y se cae en el
facilismo de colocar en la Ley las cuestiones que deben ser objeto de la normativa
interna. La organización en partidos políticos es voluntaria y la gente rechaza
los excesos de control. Militar es una decisión que implica un alto compromiso
político con su país, para unos, es una cuestión de vocación y para otros, es de
principios. Algunos simplemente la usan como trampolín para lograr ascenso
social y objetivos particulares. Unos y otros deben encontrar espacio para
ejercitar sus ideas y cultivar sus capacidades.
Si la Ley de
Partidos y Agrupaciones políticas que se discute no sirve para garantizar los
derechos de los miembros militantes de los partidos el esfuerzo queda trunco. Por
tanto, quienes insisten en defender la regulación de una actividad voluntaria
deben pensar en formas efectivas y flexibles para evitar la desarticulación de
las organizaciones político-partidaria.
Los derechos
de los miembros deben ser preservados y privilegiados por encima de cualquier
capricho o coyuntura politiquera. Se legisla para el bien del ente regulado y
para el futuro de la nación, no para la satisfacción de intereses particulares ¿Qué motivación tendría una persona para
participar en un grupo o institución donde no se respetan sus derechos ni se
valoran sus capacidades?
Los partidos
están acosados por una crisis de confianza que se ahonda por la incapacidad
probada de esas entidades para autorregularse. Ignorar esta realidad es un
craso error al momento de regular una actividad voluntaria ¿Se pretende retener a la gente en base a demagogia o se aspira a tener
sujetos críticos, éticos y comprometidos?
Organizarse
en partidos es un derecho pero no es obligatorio. Debe existir un incentivo y una
motivación específica. De ahí la importancia de ampliar el debate sobre la
urgencia y pertinencia de una normativa que irá a regir a las organizaciones
políticas del Siglo XXI. La democracia formal está en crisis
porque su base que son los partidos ha descuidado la formación y se han
desviado de la ética y del compromiso con la sociedad.
Centrar el
debate en las modalidades de elección y marginar temas de tanta trascendencia
como los perfiles de la membresía y el compromiso de esas entidades con la
sociedad, agravaría la crisis que padece el sistema de partidos en República
Dominicana. Las cuestiones medulares del sistema de partidos deben ser tratadas
a profundidad con todos los entes que serían impactados con la normativa.
Otras
cuestiones que deben establecer los lineamientos versan sobre las formas de
alianzas, coaliciones y acuerdos donde se sacrifican los derechos de los
miembros para privilegiar los del partido. Esa situación genera transfuguismo y
afecta la transparencia con que deben gestionarse los partidos. Violentar los
derechos de la membresía partidaria es colocar a la gente entre la disyuntiva
de militar o no militar. Eso pone en riesgo la estabilidad del sistema político
y la democracia.
Los aspectos
regulatorios de los partidos deben seguir en mano de la Junta Central Electoral
pero la parte de organización y gestión interna es un asunto que puede ser
incluido en una eventual Ley de partido o simplemente quedar como materia
estatutaria. Politólogos y juristas deben hacer coincidir los postulados
normativos con los aspectos políticos orientados al fortalecimiento de las instituciones
que sustentan la institucionalidad democrática. Las organizaciones políticas
son clave para renovar el liderazgo directivo de la sociedad.
Esta
reflexión está orientada a ubicar cada aspecto en su contexto. Así lo jurídico
es jurídico; lo político es político y lo estatutario es estatutario. Tanto el
Congreso Nacional como los partidos políticos, junto a los grupos de interés
que trabajan el asunto deben priorizar y aclarar el ámbito y los alcances de
dicha norma. Considerar la regulación de los partidos políticos, más allá de lo
que establece la normativa vigente es un compromiso y una oportunidad.
Que se esté
de acuerdo con una u otra modalidad de elección interna es una cosa, que se
cierren a una sola y se obligue a todas las fuerzas políticas a asumir la misma
modalidad es otra. Eso puede llevar a quienes insisten en esa lógica a “meterse en camisas de once varas”. Las
regulaciones vigentes han traído el modelo político y democrático hasta aquí y
se requerirá un esfuerzo para reencontrar a la gente con la Política. Si los
postulados en los que se fundamenta la Ley sirve a ese propósito, será de gran
utilidad, de lo contrario será una de tantas leyes que nacerá vieja e inútil.
Delimitado y
establecido el área y campo de acción de una Ley de Partidos y Agrupaciones
Políticas que se complemente con el sistema electoral para fortalecer e
institucionalizar la democracia funcional es el reto. Garantizar la participación,
reforzar la cultura política, ciudadanizar la política, mejorar la regulación y
apuntalar la transparencia es hoy un reto fundamental para el sistema político
y electoral. El asunto es mucho más abarcador que una simple primaria o
convención.
De poco
sirve pasarse una vida discutiendo una Ley, si la misma no contribuye al
fortalecimiento de la institucionalidad política, propicia la modernización e impulsa
el desarrollo político. De ahí la importancia de la formación y capacitación de
la membresía y los simpatizantes de los partidos. La alfabetización política es
clave cuando se apuesta al adecentamiento de la práctica política.
Transformar
el formalismo democrático electoralista en una democracia funcional requiere de
sujetos políticos comprometidos con la superación de vicios tan acentuados como
el clientelismo, el caudillismo, transfuguismo, la corrupción y la impunidad. Conseguir
esos perfiles exige un trabajo organizativo constante y una formación continua,
tanto de la militancia como de la dirigencia partidaria.
Aunque
cueste retrasar la aprobación de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas el
Congreso Nacional tiene la obligación de abrir un debate donde participe la
mayor cantidad de actores. No es sano, política ni jurídicamente, colocar la “espada
de Damocles” sobre las generaciones que nos sucederán. Es tiempo de reflexionar
más allá de una simple modalidad de elección de candidaturas o elecciones
internas.
Los modelos
de partidos que tenemos hoy, de no adecuar su comportamiento a los requerimientos
del Siglo XXI, desaparecerán. Nuevas formas de organización y participación
política surgirán y el país debe darse una normativa donde quepa una diversidad
de sujetos políticos. Pensar en un modelo de partido y en un sistema que los
gestiones es un desafío. El cambio es constante y la organización societal es
dinámica ¿Por qué cerrar los ojos ante un mundo que se transforma?
La Ley de
Partidos y Agrupaciones Políticas debe servir de sombrilla a cualquier modelo de
organización que surja de la organización voluntaria de la gente. La doctrina,
la ideología o los propósitos de los partidos son una prerrogativa de la
membresía que lo conforma. Eso es lo que los une y les lleva a desarrollar un
sentido de pertenencia y compromiso. Lo demás queda para quienes hacen de la
política un negocio.
Si los
partidos no mejoran su imagen y se institucionalizan; la democracia que
sustentarán se deteriorará y abrirá paso a formas de gobiernos que no siempre
favorecen la participación política. De ahí la importancia de cuidar a los
partidos y organizaciones y trabajar para su desarrollo e institucionalización.
Los esfuerzos por establecer un marco normativo deben llevar a un aumento de la
transparencia y generar confianza en el sistema de partidos.
Se impone
superar las diatribas y caprichos que mantienen enclaustrado el debate en el
Congreso Nacional. Las cúpulas partidarias, especialmente de los llamados
partidos mayoritarios deben esforzarse por democratizar el debate sobre la Ley
de Partidos y Agrupaciones para fortalecer democracia interna y reforzar la institucionalidad democrática.
Que se
consulte en las bases, para recoger y documentar el sentir de las mismas. Que
se aproveche el debate para renovar el compromiso ético e incentivar la
participación. Participar en la toma de decisiones también es un derecho de la
militancia partidaria ¿Por qué negarle el derecho a participar? ¿Tienen las
cúpulas la “verdad absoluta” o la “última palabra” sobre el asunto? Activar los
mecanismos internos de participación renueva el sentido de pertenencia y
aumenta las capacidades del debate.
Este no es
un tema para políticos, opinólogos, politiqueros o sabelotodo, es ante todo, un
tema que atañe a la militancia partidaria y al liderazgo político. Claro, nunca
es malo que especialistas en Ciencias Políticas, juristas, sociólogos,
periodistas, filósofos o cualquier otro cientista social entre al debate para
aportar los insumos teóricos que faciliten la comprensión del tema y aclaren conceptos sobre las cuestiones que así lo ameriten.
Malo sería,
que por torpeza, prisa o malicia se perviertan los contenidos y se enrede
conceptualmente al pueblo haciéndole pasar “gatos por liebre”. Papel especial
en este debate, es el que deben jugar la juventud y las mujeres militantes. Siendo
mayoría, tendrán que lidiar con un marco normativo que pudiera lesionar principios
y derechos fundamentales consagrados tanto en el Pacto de los Derechos Civiles
y Políticos como en la Constitución de la República.
¡Que se democratice y se profundice el debate! ¡Es
tiempo de transformar el formalismo democrático en democracia funcional! ¡El
formalismo normativo ayuda pero no es la panacea, ya que la judicialización de la política pervierte y limita la acción política! ¡Transformar la cultura
política para superar clientelismo caudillezco!
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