TENSIONES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA EN PROCESOS DE TRANSICIÓN.

"Quienes asumen un cargos en la administración pública deben actuar pensando que el trato que dan hoy a quienes sustituyen lo recibirán mañana cuando sean sustituidos. Ese que hoy cancela, mañana puede ser cancelado por quien canceló y así se activa el círculo vicioso que se reproduce cíclicamente".

Las relaciones laborales entre el Estado y los servidores públicos en República Dominicana se rigen por la Constitución de la República, la Ley 41-08 y la normativa complementaria. Ahí se establecen los principios rectores de la función pública, los sistemas y subsistemas que la conforman; así como los procedimientos para gestionarlas.

Sin embargo, tras cada proceso electoral, las autoridades resultantes del mismo obvian muchos de los preceptos normativos instituidos para la separación, ingreso, ascensos y la promoción en la función pública. La necesidad de cumplir compromisos contraídos con militantes, simpatizantes y electores convierte a la nómina pública en un preciado botín y eso coloca al funcionariado público en la línea de fuego.

En cada cambio de gobierno se produce la sustitución de gran parte de los servidores públicos, sin importar capacidad, experiencia, compromiso, desempeño o condición laboral. Eso evidencia el bajo nivel de institucionalidad de la administración pública y llama a redoblar esfuerzos para superar esa tendencia. Aplicar correctivos y aplicar los procedimientos ayudan a superar las distorsiones que debilitan la función pública.

El artículo 1 de la Ley de Función Pública se lee lo siguiente: “La presente ley tiene por objeto regular las relaciones de trabajo de las personas designadas por autoridad competente para desempeñar los cargos presupuestados para la realización de funciones públicas en el Estado, los municipios y las entidades autónomas, en un marco de profesionalización y dignificación laboral de sus servidores”. No hay que ser especialista en la materia para entender que hay reglas que, aunque débiles, regulan las relaciones entre la administración pública y sus servidores.

En los procesos de transición, las tensiones, choques y roces entre las cúpulas partidarias se convierten en algo común por el reparto de cargos. Pareciera que el partido que encabeza la coalición de gobierno no tiene otra prioridad que no sea sustituir al funcionariado por gente vinculada a su proyecto sin tomar en cuenta los procedimientos y normativas que rigen la función pública. Avanzar en materia de institucionalización de la función pública ha costado mucho al país y los políticos no asumen ni respetan las normativas que la rigen.

El país ha logrado un marco normativo que debiera ser suficiente para garantizar procesos de transición donde se preserven los derechos de los servidores públicos, se garantice la transparencia y la continuidad del Estado[1]. Un gobierno es pasajero, el Estado es permanente y ese horizonte temporal de los cargos electivos debe ser condición suficiente para respetar la institucionalidad pública y los recursos humanos que la sustentan.

Los procesos de reforma y modernización del Estado desarrollados en el país a partir de 1996 dieron un marco jurídico que creó las bases para el establecimiento de una función pública eficiente, transparente, profesional e institucionalizada. Lamentablemente, el liderazgo político desconoce todo lo que hagan quienes les adversan y cada cambio de gobierno impone una agenda que pocas veces se corresponde con los marcos normativos vigentes.

Ojalá que esta reflexión sirva para que quienes asumen funciones públicas entiendan que la institucionalidad de la administración pública, la transparencia en los procesos de gestión y la observancia del marco normativo son la base para garantizar eficiencia, pero esto no se logra sin funcionarios públicos profesionales, comprometidos con los principios éticos y conscientes de la importancia de la labor que realizan.

Dejo aquí algunas cuestiones que pueden servir de base al necesario debate que debe darse para lograr que el país, no solo se institucionalice, sino que avance en materia de modernización de la administración pública y gestión de talento humanos[2]. El derecho a servir a la sociedad desde el Estado no debe supeditarse a las acciones clientelares que caracterizan los procesos de transición en República Dominicana.

Hagamos un recorrido mental por la historia política dominicana de los últimos 30 años y encontraremos insumos suficientes para comprender la necesidad de regular los procesos de transición para disciplinar al liderazgo político e imponer una normativa clara y efectiva. No es aconsejable voltear la cara ante tan preocupante realidad, sobre todo, si se quiere avanzar hacia una institucionalidad política que sustente al Estado Social y Democrático de Derecho.

El primer requerimiento de los funcionarios entrantes es pedir las nóminas para hacer la distribución de los cargos entre sus acólitos. Aclaro, que durante el proceso electoral se distribuyen los cargos principales y una vez en el poder, se concretan la promesas. Lo que se produce no es una transición organizada ni mucho menos un proceso institucionalizado, es una especie de asalto a la administración pública que pone en riesgo a todo el funcionariado público. Lo mismo sucede en las Ayuntamientos y Distritos Municipales.

Si los cargos públicos se asumen como una mercancía que sirve para pagar favores políticos, estamos ante una forma de clientelismo que afecta la calidad e institucionalidad de la función pública y pone en riesgo la eficiencia de la gestión de gobierno. Formarse en la administración pública y adquirir experiencia sirve de poco cuando llega el momento de asumir el poder. Atropellos, asedio, acoso, discriminación, descalificación, desconsideraciones y hasta agresiones se hacen cosa común.

Erróneamente se asume que toda la burocracia pública está alineada a la corriente política que sale del gobierno, sin tomar en cuenta que la mayoría del funcionariado público trabaja para el Estado, no para el gobierno que lo gestiona. Es fundamental que se valoren las capacidades, compromiso y experiencia de quienes deciden trabajar para la administración pública. Además de ser un derecho constitucional, es una oportunidad para servir a la sociedad.

No se trata de negar a las nuevas autoridades la posibilidad de crear equipos que le ayuden a implementar el plan de gobierno, sino de cuidar la institucionalidad pública. Se trata de que se tomen en cuenta las políticas, procedimientos y principios establecidos en los marcos normativos. Asumir que el gobierno, como gerente del Estado debe fundamentar sus acciones en la legalidad, eficiencia y transparencia.

Preservar los recursos humanos es fundamental para el Estado, dado las grandes inversiones que se hacen en la capacitación del mismo. Entender cuestiones de Estado, Política, Gobierno, Poder, Servicios Públicos, Institucionalidad Pública, Administración Pública, Políticas Públicas, Procesos Administrativo, Ética Pública, Gestión Pública, Transparencia Administrativa, entre otras categorías, exigen formación y especialización de la función pública. Sanear la nómina pública es una cosa, desmantelar la función y la administración pública, pasando la aplanadora como se dice popularmente.

“La separación de servidores públicos que pertenezcan a la Carrera Administrativa en violación al régimen de la Función Pública será considerada como un acto contrario a la Constitución y a la ley”. Sentencia la Constitución de la República para proteger la función pública[3], especialmente a los servidores de carrera, pero en la oleada de cancelaciones muchos quedan atrapados en la turbulencia de la mar revuelta.

Pretender resolver el problema del desempleo, cancelando unos para emplear a otros contraviene los principios que sustentan el derecho al trabajo digno. Lo ideal es que se establezcan políticas públicas y se encaminen acciones para fomentar empleos. No es aconsejable prescindir de servidores públicos que sirven al Estado, no a un gobierno.

La Carta Magna[4], la Ley de Función Pública, la Ley Municipal y la Ley de Administración Pública, entre otras establecen mecanismos para gestionar de la administración pública y los recursos humanos en el sector público, pero eso cae en el limbo jurídico tras cada proceso electoral. Las modalidades instituidas en la normativa para acceder a cargos públicos son ignoradas y se inicia la zafra de designaciones, sustituciones y nombramientos.

Es necesario que los funcionarios que asumen la dirección del Estado reciban formación previa sobre las normas, procedimientos y principios que rigen la administración pública. Las organizaciones políticas deben trabajar en la formación de los futuros funcionarios, ya que facilita la renovación del liderazgo directivo. Esto es válido, tanto para los cargos electos, como para los designados.

Desconocer las funciones del cargo que se asume o se aspira desdice las proclamadas intenciones apuestan transformación promovidas durante las campañas políticas. Formarse para servir es una consigna indispensable. Una vez inserto en la función pública debe comenzar un proceso más amplio de formación que inicia con cursos de inducción impartidos por el Instituido de Administración Pública.

Los cambios de autoridades generan incertidumbre en la población y desasosiego en el funcionariado público, dada las promesas que hacen quienes se postulan a cargos electivos. Otros países han resuelto la cuestión institucionalizando la función pública, estableciendo sistemas de carreras basados en el mérito, la capacidad y la estabilidad de los cargos públicos.

Tanto en el Gobierno Central como en los Ayuntamientos y Distritos Municipales los despidos injustificados de servidores capacitados y con experiencia impide del desarrollo de una función pública institucionalizada. Para el caso de los ayuntamientos, se trabajó una propuestas de Carrera Administrativa Municipal que fue sepultada por el clientelismo y la desidia de quienes accionan en esos entornos. Tanto la Reforma y Modernización del Estado como la Reforma Municipal han caído en un punto muerto y eso afecta a la burocracia pública.

La inobservancia de los procedimientos y principios establecidos en la normativa que rige la gestión pública coloca al país en desventaja con respecto a las corrientes que apuestan a la institucionalización y profesionalización de la función pública. De ahí la importancia de establecer una normativa que pongan límites a las autoridades salientes y condiciones a las entrantes. No puede ni debe ser la ley de la selva. La continuidad del Estado tiene que ser preservada por el bien del país, de la clase política y el de la democracia.

La Carta Magna establece en su artículo 142 que: “El Estatuto de la Función Pública es un régimen de derecho público basado en el mérito y la profesionalización para una gestión eficiente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. Dicho estatuto determinará la forma de ingreso, ascenso, evaluación del desempeño, permanencia y separación del servidor público de sus funciones”. Como puede apreciarse desconocer estos preceptos constituyen una violación constitucional que implica sanciones.

De igual forma, la Ley 247-12[5] establece claramente el objetivo de la administración pública. En su artículo 5 dice lo siguiente: “La Administración Pública tiene como objetivo principal satisfacer en condiciones de eficacia, objetividad, igualdad, transparencia, publicidad y coordinación y eficiencia el interés general y las necesidades de sus usuarios y/o beneficiarios, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. Es tarea fundamental de todo integrante de la organización administrativa participar de las funciones esenciales del Estado destinadas a procurar el desarrollo humano pleno a fin de que la calidad de vida de toda persona corresponda a los supuestos que exige su dignidad de ser humano”.

Garantizar los derechos fundamentales de quienes sirven al Estado desde la administración pública debe ser la prioridad, no su sustitución sin justificaciones. Se sabe que la ley de función pública solo garantiza derechos a los servidores de carrera administrativa, dejando desamparado a quienes no han podido entrar al sistema. Es tiempo de accionar para que se supere la obsolescencia normativa.

Gente con 10, 15, 20, 25 años de servicio al Estado quedan sin prestaciones dado las perversidades de la Ley de Función Pública[6] que sólo dispone que, en caso de despidos o renuncia, los funcionarios que no sean de carrera solo recibirán el pago de vacaciones y la proporción del salario 13 que le corresponda. Es evidente, que el Estado no cumple a sus servidores lo que exige al sector privado[7]. El Estado tiene que cumplir lo que exige. La única vía que dejan al servidor o servidora público cancelado es recurrir al Tribunal Superior Administrativo, luego de agotar los procedimientos internos y en el Ministerio de Administración Pública.

A esto hay que sumar las frecuentes persecuciones contra quienes provienen de gestiones anteriores y el asedio sistemático al que es sometido todo el funcionariado público. Formas denigrantes como el acoso laboral, la marginación y la discriminación se hace norma cuando se produce un cambio de autoridades. Cuando la gente joven ven el trato que reciben sus padres, madres, amigos, maestros y todo el funcionariado que sirve al Estado llegan a la conclusión de que ser servidor público es una opción que no asumirían.

¿Cuánto cuesta formar a un servidor o servidora pública y cómo preservar sus derechos? Doctorados, maestrías, licenciaturas, especialidad en políticas y administración pública van al zafacón en cada período de transición junto con la experiencia de quienes son separados de la administración pública. Reforzar la Carrera Administrativa es una necesidad para garantizar una función pública motivada, eficiente y comprometida con el desarrollo del país.

¿Por qué el Estado no reconoce los derechos a los funcionarios que ingresan a la administración pública sin haber participado al concurso? Es tiempo de superar esas falencias y diseñar mecanismos que garanticen prestaciones, respeto y ascenso a los servidores estatales, en cualquier nivel de la administración pública. Crear la percepción de que servir al Estado desde la función pública denigra, corrompe y pervierte es una seria amenaza para la administración pública.

Hay quienes pretenden y así lo pregonan, que los gobiernos deben desconocer las acciones ejecutadas por quienes le preceden, incluida las capacidades de la burocracia. Hasta en los procesos de refundación de los Estados hay principios que se respetan, y entre esos, se debe incluir el respeto a la dignidad humana del personal que sostiene la administración pública. El país ha firmado el Código de Buen Gobierno y la Carta Iberoamericana de la Función Pública, entre otros compromisos y todo parece nada.

Hay que aspirar a vivir en una sociedad donde las normas se cumplan, predominen los principios éticos y los valores cívicos sean reglas, no excepciones. Eso exige que las autoridades y el liderazgo político respeten las normativas y superen las prácticas clientelares que ponen en riesgo, no solo la institucionalidad democrática del país, sino también, el principio de continuidad del Estado. Entender los procesos de transición como una oportunidad para mejorar y construir, no destruir. Eso sería cambiar positivamente.

Que la falta de oportunidades de empleo sea suplida con políticas públicas que generen espacios para la colocación de la gente es tarea que deben emprender los gobiernos. Esas políticas deben priorizarse e institucionalizarse en coordinación con el sector privado. Sustituir y cancelar servidores públicos sin razones justificadas es una práctica que habrá que superar para evitar el debilitamiento y clientelización de la administración pública.

Acosar, perseguir, degradar, marginar, discriminar y atropellar se ha hecho norma en los procesos de transición. La dignidad y el decoro de los servidores públicos es estropeado por quienes se consideran con derecho a disponer a su antojo de la administración pública. Las capacidades humanas y las experiencias son fundamentales para la gestión del conocimiento en la administración pública. Cuidarlas es obligación de quienes la gestionan.

La Carta Sustantiva establece que la “La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos[8]”. Cumplir ese mandato incluye, respetar la dignidad y el decoro de los servidores públicos. Es un reto para el liderazgo político hacer valer este mandato para evitar trato inhumano y degradante con los servidores del propio Estado.

Nada justifica el trato denigrante que recibe el funcionariado que se ha formado y dedicado su vida a servir a la sociedad desde la administración pública. Desde un humilde conserje, chofer o mensajero hasta un técnico o gerente especializado son tirados a la calle sin el más mínimo criterio gerencial. Superar esa mala y denigrante práctica, pasa por el fortalecimiento y actualización del marco que rige la función pública. Las autoridades están para cumplir las normativas, no para violentarlas.

El liderazgo político debiera entender que la función pública es asunto de Estado y permanente, no una cuestión coyuntural de gobierno. Se debe romper el círculo vicioso de cancelar a servidores que se han desempeñado con ética y eficiencias para sustituirlos por un personal que desconoce la dinámica operativa de la función pública. Gestionar la administración pública exige capacidades, compromiso y habilidades que se desarrollan. La gerencia pública no es un juego de azar, es una especialidad indispensable para el desarrollo de los pueblos.

El Ministerio de Administración Pública, MAP debe abocarse con urgencia a coordinar con la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE y otras entidades del país, la organización y realización de un censo nacional de servidores públicos para establecer claramente cuáles son los niveles de institucionalidad, la cantidad de servidores estatales, las características básicas de la función pública, el estatus y los perfiles del funcionariado público. Ya se hizo a finales del siglo pasado pero sus resultados son pocos conocidos.

Otra cuestión que se debe abordar con urgencia es la que tiene que ver con las asociaciones y la federación de servidores públicos instituidas en la Ley 41-08. Esas entidades deben servir como entes de intermediación entre las autoridades y los funcionarios públicos. Con su activación, no solo se da cumplimiento a las leyes, sino que se abre un espacio de diálogo para resolver conflictos y solucionar problemas.

Permitir el desmantelamiento de la administración pública en cada cambio de autoridad es un acto irresponsable que compromete a todo el Estado y ser superado si se quiere avanzar en la profesionalización e institucionalización de la administración pública. Al MAP le toca, no solo establecer las políticas de gestión de recursos humanos en el Estado, sino cuidar porque esas políticas se ejecuten tal como mandan la Constitución y las leyes. Hasta ahora es materia pendiente y cada funcionario acciona en su ámbito como le parece.

El Ministerio de Administración Pública como órgano rector tiene que hacer valer el marco normativo que la rige. No pude ser sumisa ni complaciente porque eso la neutraliza para sancionar acciones que atenten contra la estabilidad de la función pública. Demostrar debilidad institucional e incapacidad operativa coloca a la entidad en una situación difícil y estaríamos ante un cuadro preocupante que puede impedir el cumplimiento de los mandatos normativos.

Cuando un partido, gobierno u autoridad cancela a miles de servidores públicos sin justificaciones convincentes, empieza construir la fuerza opositora que lo sustituirá. La gente que sale de la administración pública con información, experiencia y conocimientos. Se van a masticar su amargura y armar su venganza en las urnas. Caer en ese círculo vicioso sería una fatalidad para la gestión pública.

Es una acción que se traduce en frustración para unos y desencanto para otros. Frustración para quienes han dedicado décadas a servir a la sociedad del desde la administración pública y desilusión para la gente joven que es separado del cargo sin más razones que haber sido parte de la gestión anterior. Este último grupo es especialmente importante.

Esa gente joven formada y comprometida que es cancelada empieza a cuestionar el comportamiento del liderazgo político y su actitud frente a la gestión pública. Unos abandonan las posibilidades de hacer carrera en la administración pública porque no encuentran protección a sus derechos; otros continúan preparándose para volver.

Se ha hecho costumbre y casi parece normal que en el Estado se entra por favoritismo, amiguismo o filiación, no como establece la normativa. Eso es una de las justificaciones para los despidos masivos e indiscriminados que se observan cíclicamente. Es tiempo de acogerse a las modalidades instituidas para el ingreso a la administración pública. Que se respeten los concursos de oposición y que quienes pasan a formar parte de la función pública encuentren la protección de sus derechos y reciban el trato que merecen.

Quienes asumen un cargo en la administración pública deben actuar pensando que el ato que dan hoy a quienes sustituyen lo recibirán mañana cuando serán sustituidos. Ese que hoy cancela mañana puede ser cancelado por quien canceló y así se activa un círculo vicioso que pone en riesgo la institucionalidad de la administración y la función pública. 

Todo eso sucede ante la mirada indiferente y hasta complaciente del Ministerio de Administración Pública que toma partido a favor de quienes detentan el poder. Por tanto, las acciones orientadas a adecentar y sanear la nómina pública se convierten en una cacería que no toma en cuenta la condición económica, estado de salud, edad, formación académica, la experiencia o el estatus del funcionariado público y pagan a justos por pecadores.

La excusa recurrente es que están eliminando las "botella" y bajo esa premisa juntan a tirios y troyanos. Nadie se opone que quienes no tienen funciones en una institución cobre sin trabajar, pero las cancelaciones masivas incluyen a muchísima gente con méritos, experiencia y capacidad.

Corregir esto y cerrar el círculo vicioso se hará difícil mientras el Ministerio de Administración Pública, asuma las posiciones que exhibe frente a un problema que es exclusivamente de su competencia. No se puede ser juez y parte en ningún proceso, menos aún, en la gestión de las relaciones laborales en el sector público donde riñen el rigor técnico con el clientelismo y el patrimonialismo.

La profesionalización e institucionalización de la función pública es un requisito para garantizar la eficiencia, transparencia, equidad, y la calidad de los servicios que ofrece la administración pública[9]. Que la dinámica caudillista, clientelar y paternalista imponga sus reglas solo es posible si el liderazgo político lo permite o lo promueve. Es imperativo hacer conciencia de los problemas que se derivan de un accionar divorciado de la lógica normativa y la dinámica operativa en la gestión pública.

Avanzar hacia una cultura política que valore la función pública y supere el clientelismo exige la superación del analfabetismo cívico y el analfabetismo político para generar un compromiso ético que sirva de sustento a la institucionalidad democrática. Sin gente capaz, motivada y con experiencia en el manejo de la administración pública, difícilmente se logrará una sociedad donde impere la justicia social y se superen las diversas formas de pobreza.

Es importante recordar el mandato constitucional de que todo ciudadano tiene derecho a acceder a un cargo público, bajo los parámetros instituidos en los marcos normativos. Las organizaciones políticas deben evitar ofertar cargos durante la campaña electoral para que sus miembros, simpatizantes y militantes no cifren sus esperanzas en el acceso a cargos públicos para el que no se han formado. Los perfiles establecidos en la estructura de cargos deben ser la guía para la renovación de los cuadros directivos en la administración pública.

El liderazgo político y la gerencia pública deben trabajar para cumplir el mandato establecido en el artículo 216, especialmente el numeral 3[10], que establece que las organizaciones políticas deben “Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana”. Es una vieja tradición que debe superarse. Quienes reúnan los requisitos y perfiles pueden optar por concursos, ya que, de no superarse esa parte, se exponen a padecer el mismo trato en otros escenarios.

Hemos reflexionado sobre cuestiones fundamentales para la institucionalidad democrática en general y la administración pública en particular, partiendo de las vivencias durante 5 procesos de transición desde el 1996 hasta la fecha. La intención no es descalificar o encasillar una u otra gestión; es llamar la atención sobre una problemática para que el país entre en un debate que coloque a la gente en el centro de su accionar para avanzar en la profesionalización e institucionalización de la función y la administración en base a un funcionariado con capacidad y motivación para encarar los retos del desarrollo e impulsar las acciones que hagan del país un referente institucional en materia de función pública.

Las cuestiones planteadas en esta reflexión se pueden resumir en lo siguiente:

Respetar la función pública en períodos de transición para evitar el desmantelamiento de los sistemas de gestión de recursos humanos, garantizar la continuidad del Estado y preservar la memoria institucional.

Modificar la Ley de Función Pública para incluir el pago de prestaciones o cualquier beneficio, tal como hace el sector privado a los servidores cancelados o que renuncian de sus cargos, ya que lo contrario no sólo es ilegal e inhumano sino perverso.

Crear una Ley que regule y establezca mecanismos que garanticen los derechos del funcionariado público, la transparencia en los procesos de transición y ponga límites al accionar de las autoridades salientes durante el período de transición en torno a la función pública.

La idea no es, ni puede ser, impedir que las autoridades entrantes nombren a quienes consideren merecedores de un cargo público, sino que esos nombramientos se hagan apegados a la normativa vigente y respetando los derechos de los funcionarios públicos.

Los partidos que encabezan la coalición de gobierno son responsables ante la sociedad de las acciones que encaminan y para lograr resultados necesitan capacidad, experticia y compromiso.

Exigir al liderazgo político que cumplan las normativas vigentes al momento de asumir los cargos públicos para garantizar que las acciones ejecutadas por el gobierno saliente sean auditadas, evaluadas y valoradas.

Instituir mecanismos que preserven la capacidad técnica desarrollada en la función pública, que garanticen la memoria institucional, evitando que se borren informaciones relevantes de las webs institucionales o de los archivos sin las precauciones debidas.

Promover el fortalecimiento de la Carrera Administrativa y establecer reglas claras para la gestión de las relaciones entre el funcionariado público, privilegiando el respeto a la dignidad humana, la igualdad de derechos y la justicia.

Organizar un censo nacional de servidores públicos para establecer claramente cuáles son los niveles de institucionalidad, la cantidad de servidores estatales, las características básicas de la función pública, el estatus y los perfiles del funcionariado público.

10. Trabajar en el fortalecimiento de las Asociaciones de Servidores Públicos y la Federación Nacional de Servidores Públicos para que sirvan de entes mediadores y ayuden a resolver conflicto entre funcionariado público, que vele por la salud de la función pública y represente los intereses de los servidores públicos.

Con voluntad política, compromiso ético, capacidad gerencial, aplicando y respetando las normas que rigen la administración pública se puede avanzar en el largo, angosto y accidentado camino hacia la institucionalización de la función pública. Que no se olvide que “todo pasa y todo queda y que se hace camino al andar”, como bien dijo el poeta Antonio Machado.

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[1] Hay quienes afirman que el país tiene un exceso de leyes, sin embargo, los niveles de aplicación y cumplimiento son exageradamente bajos ¿De qué sirve tener muchas leyes si no hay disposición para aplicarlas y voluntad para cumplirlas?

[2] Las políticas de gestión humana en la sociedad del conocimiento son fundamentales para el desarrollo de capacidades institucionales en la administración pública.

[3]Protección de la Función Pública. Artículo 145. Constitución Política de República Dominicana 2015.

[4] Ver artículos del 138 al 148 de la Constitución Política de República Dominicana, 2015.

[5] La Ley 247-12 de Administración Pública y Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, conjuntamente con la Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano tienen un bajísimo nivel de cumplimiento y son casi desconocidas.

[6] Ley 41-08 que rige la Función Pública requiere una actualización urgente y en ella deben incluirse mecanismo que garanticen los derechos de todo el funcionariado público, en cualquiera de los niveles de la estructura estatal.

[7] El Estado obliga a los empleadores privados a garantizar una serie de derechos. Se debe establecer la misma modalidad para el sector público. Las prestaciones laborales y otros beneficios son derechos adquiridos y se deben cumplir en cualquier ámbito.

[8] Artículo 38 de la Constitución Política de República Dominicana, 2015.

[9] La Carta Iberoamericana de Función Pública y el Código de Buen Gobierno, Instrumentos auspiciados por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo, CLAD, y firmados por el Estado dominicano se establecen una serie de principios que se orientan en esa dirección.

[10]Artículo 216, numeral 3. Constitución Política de República Dominicana 2015.

POR UNA LEY DE TRANSICIÓN.

"El marco normativo de la Administración y la Función Pública es amplio, diverso y complejo. Cada funcionario, del nivel que sea, debe conocerlo estudiarlo y aplicarlo".

Los procesos de transición en República Dominicana carecen de una normativa especifica que facilite el cambio de mando. Esa crea un vacío que permite a las autoridades salientes accionar libremente y a los entrantes asumir una posición de retaliación contra todo el que sirve a la sociedad desde la administración pública. Es tiempo de establecer una normativa que rija la cuestión.

El numeral 2[1] del artículo 147 de la Constitución Política de República Dominicana establece que los servicios públicos deben regirse por una serie de principios entre los que se destaca el de continuidad. Entender esto se hace imperativo cuando se producen cambios de gobierno o de autoridad en la administración pública. La gestión pública moderna tiene reglas y procedimientos instituidos que deben observarse.

El arsenal normativo que rige la administración y la función pública dominicana es amplio, complejo y diverso, pero no es suficiente para operativizar los procesos de transición y garantizar la transparencia de los mismos. Eso obliga a profundizar la reflexión sobre la necesidad de una normativa específica que institucionalice las Comisiones de Transición y establezca los procedimientos para el traspaso de mando.

Además de los principios generales establecidos en la Constitución de la República; existe una vasta normativa complementaria donde se establecen una serie de prerrogativa que obligan a garantizar el derecho a una administración pública, eficiente, transparente y ética. Tal es el caso de la Ley 1-12 que instituye la Estrategia Nacional de Desarrollo, Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, la Ley 176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios, la Ley 247-12 Orgánica de la Administración Pública y la Ley 41-08 entre otras.

En el caso específico de la Ley 247-12, llama la atención la facilidad con que se vulneran sus principios y el silencio que asumen los encargados de aplicarla. El objeto de esa normativa es claro y compromete al funcionariado directivo con la calidad de la gestión. Muchos actúan como si no si desconocieran la existencia de tan importante normativa.

La Ley 1-12 establece una misión[2] país que refuerza los fundamentos del Estado Social y Democrático de Derecho que establece la Constitución de la República en su artículo 7. Cumplir con los principios establecidos en la Carta Sustantiva y las leyes adjetivas es imposible si cada gobierno actúa desconociendo las gestiones que le preceden. Hay leyes y se deben cumplir.

Dada la ausencia de normativas y protocolo para gestionar los procesos de transición se impone la búsqueda de mecanismo que preserven las iniciativas, proyectos, programas y políticas desarrollada por las autoridades salientes, especialmente aquellas que no han concluido. Lamentablemente, esos principios no se toman en cuenta cuando se producen los cambios de gobierno.

El Estado no puede asumirse como la propiedad de un partido político, una élite o un grupo de interés. Quien asuma un cargo público tiene la obligación de respetar el marco normativo vigente y cumplir los procedimientos instituidos en la administración pública. Poner en riesgo la inversión pública o la estabilidad emocional de los servidores públicos es un círculo vicioso que deslegitima la democracia y neutraliza el desarrollo de la institucionalidad pública.

Perturba y preocupa que inversiones cuantiosas y de alto interés social queden abandonadas por capricho de quienes pasan a ocupar las dependencias responsables de esas obras. Lo propio sucede con los programas y proyectos implementados por gestiones anteriores. Perturba porque se pierde la inversión y preocupa porque iniciativas de alto interés social no son valoradas por las nuevas autoridades.

Es necesario establecer procedimientos que faciliten la evaluación de los programas, proyectos e iniciativas en ejecución para establecer los niveles de avances y la ruta para su conclusión. Las autoridades juran cumplir y hacer cumplir las leyes; así como desempeñar las funciones que asumen apegados a los principios que rigen la administración pública. Eso juran, pero del dicho al hecho hay largo trecho.

Reglamentación de los procesos de transición para evitar que se perviertan y se canibalice la administración pública se hace imperativo. La carencia de normas impide el establecimiento de procedimientos trasparentes que dejen ver lo que entregan quienes salen y lo que reciben quienes asumen el gobierno.

Urge la aprobación de una Ley que establezca límites a quienes asumen el gobiernos y condiciones a quienes entregan el mismo. No puede haber borrón y cuenta nueva. Los funcionarios públicos asumen responsabilidades con el cargo y éstas deben fundamentarse en el respeto a la normativa vigente y a los principios éticos que rigen la función pública.

Una Ley de transición debe establecer los mecanismos, condiciones y sanciones que sustenten los protocolos del proceso. Permitir que impere la “ley de la selva en los procesos de transición” es una violación a la Constitución de la República y las leyes que pone en riesgo la inversión estatal. En el Siglo XXI la transparencia es fundamental y debe expresarse en todos los procesos de la administración pública.

La evidencia empírica demuestra claramente, que cuando hay cambios de autoridades en las instituciones públicas se produce una especie de asalto a la administración pública. No solo es el tema de los empleos, sino también la actitud de quienes se aprovechan del momento de caos para sacar ventajas. Es tiempo de superar esa mala práctica.

Institucionalizar los procedimientos, protocolos y mecanismos para facilitar el proceso se convierte en un indicador de calidad de la democracia. No puede hablarse de institucionalidad democrática donde sus instituciones carecen de mecanismo para obligar a los funcionarios que las gestionan a cumplir los principios que la fundamentan.

Es sabido que, tras la conclusión de los procesos electorales, se crean Comisiones de Transición para gestionar el traspaso de mando, pero esas entidades carecen de una base normativa que obligue a las partes a cumplir y aplicar los protocolos instituidos. Hay leyes que pueden complementar una Ley de Transición.

Reglamentar el traspaso de mando es altamente beneficioso para el país y el Congreso Nacional debe legislar para crear una base jurídica que establezca un plazo razonable y obligue a las autoridades salientes a elaborar estados de situación en cada insititución, hacerlo público y remitir memorias a la Cámara de Cuentas o al propio Congreso Nacional.

Una política de transparencia debe contemplar mecanismos para facilitar el ejercicio del deber fundamental de fiscalización de la calidad de la democracia establecido en el artículo 75, numeral 12[3] de la Constitución de la República. El proceso de transición no puede ser un punto ciego donde todo se valga. Tiene que ser una oportunidad para que la población conozca las ejecutorias de las autoridades salientes.

Establecer una cultura de transparencia exige rendir cuentas, la garantía del principio de continuidad y el compromiso ético con la función pública son fundamental para una buena gestión. Lamentablemente, el clientelismo impide la consolidación de una institucionalidad pública basada en los pilares precitados. Esto se agrava en los procesos de transición y eso coloca al país en una pendiente que puede llevarlo al abismo.

Basta citar el artículo 2 de la Ley de Administración Pública para darse cuenta de que en los procesos de transición se obvian las normativas. “La función administrativa comprende toda misión, competencia o actividad de interés general, otorgada conforme al principio de juridicidad para regular, diseñar, aprobar, ejecutar, fiscalizar, evaluar y controlar políticas públicas o suministrar servicios públicos, aunque éstos tengan una finalidad industrial o comercial y siempre que no asuman un carácter legislativo o jurisdiccional”.

La discusión para dar forma a esta propuesta debe realizarse con la participación de las fuerzas políticas y sociales del país. Es una normativa de alto interés que viene a fortalecer la institucionalidad democrática y ordenar los procesos de traspaso de mando. Su elaboración exige compromiso y participación activa.

En conclusión, la Ley de Transición debe contemplar lineamientos y principios generales para institucionalizar y transparentar los procesos; así como protocolos, procedimientos, plazos para un traspaso de mando organizado, ágil, trasparente y armonioso. Creación de una Comisión de Transición que establezca la ruta de la transición en base a la normativa vigente.

Es responsabilidad del Congreso Nacional trabajar para dotar al país de leyes que ayuden a gestionar los procesos de cambio de mando y deben accionar en esa dirección. Criticar y no actuar es una forma de solapara la cuestión para aprovecharse de la anomia o periodo bobo que se da en el períodos que va desde la proclamación de los ganadores hasta la juramentación de las autoridades electas.

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[1] “Los servicios públicos prestados por el Estado o por los particulares, en las modalidades legales o contractuales, deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria”.

[2] “Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local”.

[3] Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.

A MI MAESTRA.

"Ser maestro es una función que trasciende la vida y se reproduce en cada idea que nace en los alumnos".

Sonia Lluberes ha perdido la batalla contra el infausto y fatal cáncer. La muerte física no es la muerte espiritual y menos para personas que como ella sembraron en tierra fértil. Maestra, amiga, consejera y compueblana abnegada.

Cuando una maestra muere, la congoja y el dolor se apoderan de sus alumnos agradecidos. La pena que hoy embarga a los miles de estudiantes que pasaron por las manos de Sonia Lluberes no cabe en un escrito, pero intento expresar aquí, mi agradecimiento a quien tanto empeño y amor puso en que la juventud ocoeña desarrolle su potencial intelectual.

Recuerdo mi primer encuentro con ella, en la Escuela Primaria de Amarradero, hoy José Altagracia Castillo. Sin ser su alumno, iba por las tardes a mirar como ella asumía su innata vocación de maestra. Era como una especie de privilegio para mí, porque no permitían que estudiantes de otros cursos, en mi caso de la tanda matutina, oteara por las tardes, sin embargo, Sonia, salía daba el consejo y se iba.

Allí nació una amistad que luego se reforzó en las luchas de los maestros por mejores condiciones de trabajo y la de los estudiantes de Sabana Larga por tener un Liceo propio. Siempre comprometida con las mejores causas, Sonia nunca dejó de luchar y quienes fuimos sus alumnos aprendimos con ella, que lo que vale es la gente, no las cosas.

Luego, ya con una amistad inquebrantable y cuando entré al bachillerato, tengo el privilegio de tenerla de maestra en el área de Lengua Española. Aquellas clases eran una fiesta: entre su afán por enseñarnos a pensar y el nuestro por aprender a conjugar verbos, distinguir oraciones compuestas, simples y yuxtapuestas pasaban las horas sin que el cansancio y el calor menguaran el deseo de seguir.

¿Cómo olvidar el análisis de “Platero y Yó”, “El Español en Santo Domingo” o los cuentos de Juan Bosch “La Mujer, Dos Pesos de Agua y Don Pío…entre otros”; Tampoco se olvida “El Haitiano” de Domingo Moreno Jiménez: “Este haitiano/que todos los días/hace lumbre en su cuarto/y me llena las fosas nasales de humo;/este haitiano/que no puede prescindir de la cuaba /y prefiere tabaco del fuerte y aguardiente del malo/ es bueno a su modo, y a su modo rico/y a su modo pobre. ¡Benditos los seres que maltrata el hombre! / ¡Bienaventuradas las cosas humildes/que se yerguen siempre sobre el polvo frío de todas las cosas!… Sí, ese haitiano que hace lumbres en su cuarto…suena su voz cuando recuerdo sus clases. Con ella aprendimos los fundamentos de la Lengua Española que tan útil nos ha sido.

No teníamos Liceo y ella se integró a las luchas para conseguirlo. Se instalaron en pequeños locales alquilados. Eran casitas con techos de zinc y paredes de madera. Pequeñitas e incómoda pero su vocación de maestra mantenía vivo el espíritu de progreso. Ella era como el junco “que se dobla, pero siempre sigue en pie”.  

Allí lidiaban docentes y estudiantes con el sofocante calor, la incomodidad y la rebeldía de los alumnos, entre los que me incluyo. Así fue hasta que organizamos las luchas callejeras para reclamar la construcción de un local que alojara el Liceo. Salimos de las casitas para habilitar; primero el Centro Comunal y luego un local abandonado que sería un Centro Médico. Esas luchas parieron el local donde hoy se hospeda el Liceo Ángel Emilio Casado.

Al fragor de la lucha y con algunas contradicciones por una huelga que organizó la Asociación Dominicana de Profesores, a finales de los 80s, fue a mi casa conjuntamente con los profesores Bartolo José Soto y Salvador De Jesús, directivos del glorioso gremio magisterial que se batía con el balaguerato recauchado.

Allí vi a una mujer de condiciones indoblegable mientras discutíamos formas de que los estudiantes se integraran a la lucha de los profesores. Nosotros habíamos decidido dar clases, con los estudiantes más adelantados, bajo el alegato de que nunca se consultó. La maestra dijo en ese encuentro algo que no olvidé nunca: “esta es una lucha por ustedes y debe hacerse con la participación de ustedes”.

Siempre dispuesta a participar en cuantas acciones se organizaran para reclamar derechos y exigir justicia. Motivando siempre a sus pupilos a imponerse a las dificultades y buscar fuerzas en la educación. Maestra de tiempo completo. Aguerrida, exigente, valiente y comprometida con la transformación de su pueblo y del país. Quienes la tuvimos de maestra, amiga y compañera de trabajo sabemos lo que ella significaba en un equipo.

La recuerdo entre el humo de las bombas lacrimógenas cuando los maestros fueron desalojados de la iglesia católica que mantenían ocupada. Herida, sudorosa y aturdida por los gases, buscaba a sus compañeros y preguntaba por sus alumnos. ¿Cómo olvidar su coraje, solidaridad, valentía y compromiso con la causa?

¡Caray maestra! Cuanto dolor al saber la noticia de que se nos ha ido una líder de su temple, a un ser humano de sus cualidades, a una maestra de su talla y a una ciudadana de su nivel. Murió como vivió: trabajando, luchado y educando.

Sus alumnos nos quedamos con su ejemplo y sus enseñanzas que con tanto amor nos ofreció. Como docente usted será siempre un referente de autosuperación, capacidad, humildad, solidaridad, amor, comprensión y compromiso.

San José de Ocoa ha perdido a una gran mujer, una trabajadora incansable y una madre abnegada.

¡Solidaridad con su familia!

¡Hasta siempre querida Sonia!

50 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS OCOEÑOS, ASEUNO.

"El 24 de Abril de 1970, un grupo de Estudiantes Universitarios Ocoeños todos procedentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, (UASD, nos reunimos en una casona de la calle las carreras en el pueblo abajo, donde dimos a conocer la idea de organizarnos en una Asociación que fuera capaz de servir de soporte a jóvenes, que al finalizar sus estudios secundarios tenía el deseo y la voluntad de continuar sus estudios a nivel superior, pero sus condiciones económicas le impedía costear los mismos”. Ing. Agrón. Juan B. Chalas (Dorito).

La Asociación de Estudiantes Universitarios Ocoeños ASEUNO, arriba al 50 aniversario de su fundación aportando profesionales a la provincia de San José de Ocoa. La entidad estudiantil fue creada un 8 de agosto de 1970 por un grupo de jóvenes que trabajaron arduamente para encontrar un lugar en Santo domingo que albergara a estudiantes de escasos recursos o con vocación de superación personal.

Tras la creación de un comité gestor en San José de Ocoa, a mediados del mes abril de 1965, se iniciaron los trabajos de organización para la celebración de una asamblea del 8 de agosto de 1970 para dejar constituida la Asociación de Estudiantes Universitarios Ocoeños, AEUO. El encuentro constitutivo se efectuó en un aula de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, donde participó una representación de los universitarios ocoeños.

La naciente institución se abrió paso en medio de un contexto político complejo caracterizado por la represión y la intolerancia política que había impuesto el gobierno que encabezó el Dr. Joaquín Balaguer tras la conclusión de la Guerra de Abril de 1965. Ser joven, ocoeño y uasdiano se convertía en un factor de riesgo dada la acentuada vocación revolucionaria de la juventud ocoeña.

La entidad estudiantil encontró su punto de apoyo en la Federación de Estudiantes Dominicanos, FED, aunque sus fundadores preferían que la AEUO, fuera independiente. Se recuerda que la base institucional de la FED está conformada por las asociaciones de pueblos y de carreras. La AEUO fue de las primeras. Sobre esa base empieza a desarrollarse la Asociación de Estudiantes Universitarios Ocoeños bajo el lema: “Estudio, Trabajo y Solidaridad”.

Tras su conformación se inicia el proceso de ubicación de lo que luego se denominó Casa Albergue, un espacio de acogida a los jóvenes ocoeños que calificaran con los requisitos establecidos en la normativa estatutaria que regía la entidad y establecidas las bases para el inicio de las actividades de la ASEUNO, empezaron las gestiones de apoyo para el sostenimiento de los estudiantes que habían ingresado a la misma.

La búsqueda de apoyos de personas, comerciantes e instituciones se convirtió en algo habitual para la primera Junta Directiva encabezada por José Sánchez Reyna, Juan Bautista Chalas (Dorito), Guillermo Castillo, Francisco Herrera Matos, Bienvenido Ramírez (Negro) y Alcibíades y Teotiste Encarnación (Morena). Cabe recordar que José Sánchez Reyna fue apresado en 1971 y la dirección quedó en manos de Juan Chalas, quién fue apresado en 1972. Así fue el inicio de AEUO. 

Se habilitó una habitación en la calle Pedro Libio Cedeño casi esquina Moca, en sector de Villas Agrícolas, donde se instalaron los primeros beneficiarios la naciente AEUO. El primer grupo estuvo compuesto por Mario Ciprián, Nelson Zuco, Eduardo Soto. Dr. Héctor Bienvenido Velázquez (Rojito), Juan Eddy De Los Santos (Fallecido). Así se crea uno tradición solidaria que aún hoy se mantiene.

Aquellas acciones de las que se conmemoran 50 años marcaron el inicio de una prolongada, exigente y compleja lucha por la consolidación institucional de lo que sería la principal escuela de liderazgo de la provincia de San José de Ocoa, aunque sus estatutos no especificaban esta importante característica de la entidad estudiantil. Allí se aprende a dirigir e interactuar, a gestionar conflictos y debatir temas diversos; así como a realizar trabajos colaborativos y labores domésticas.

Gracias al esfuerzos y la visión de los miembros fundadores la ASEUNO, se transformó en un espacio de oportunidades para la juventud ocoeña y una trinchera para la organización de la lucha popular hasta convertirse en un referente que 50 años después sigue vigente.

Al conmemorarse el 50 aniversario es propicia la ocasión para reflexionar sobre el legado de la ASEUNO a la provincia de San José de Ocoa y la importancia estratégica de la misma. Cientos de profesionales de todas las áreas del conocimiento han recibido de forma directa o indirecta las orientaciones y el apoyo de la organización. Por la Casa Albergue han pasado centenares de estudiantes que han encontrado en ella un espacio para cultivar sus capacidades intelectuales y desarrollar sus habilidades de liderazgo.

A medico siglo de su fundación, la Asociación de Estudiantes Universitarios Ocoeños continúa aportando profesionales intelectualmente competentes, socialmente comprometidos y con un alto sentido de los deberes cívicos. Es el principal aporte que hace la ASEUNO a la comunidad ocoeña. A esto hay que sumarle los miles de actividades organizadas por la institución a lo largo de su existencia.

Mención especial para quienes han hecho posible que la Asociación de Estudiantes Universitarios Ocoeños siga produciendo profesionales y aportando capacidades al desarrollo. Ocoeños como el Dr. Mignolio Pujols, quien fungió como asesor legal hasta su muerte y el Ing. Marcos Subero, quien ayudó a gestionar un local propio para ASEUNO; así como el sacerdote Luis José Quin y Mireya Batista (Rochy) quienes apoyaron a la institución de diversas formas; son emblemas, que junto a la comunidad ocoeña, el compromiso de miembros y directivos hicieron posible lo que parecía imposible.

Actualmente la sede de la ASEUNO está ubicada en la Avenida Iberoamericana y ocupa el tercer nivel del edificio número 25 en el sector de Los Mameyes, en la provincia de Santo Domingo. Para llegar allí, la entidad recorrió varios lugares, desde su instalación en Villas Agrícolas. El mayor tiempo transcurrió en el populoso sector de Cristo Rey, en la residencia marcada con el número 218 de la calle Juan Alejandro Ibarra. De ahí, tras un desalojo forzado, se instaló al sector Los Guarícanos de donde se trasladó a su destino definitivo en la avenida Iberoamericana del Sector Los Mameyes en la provincia de Santo Domingo.

La entidad estudiantil ha modificado su marco normativo en varias ocasiones. En 1990 se hizo una reforma que transformó la AEUO en ASEUNO y se adoptó el lema estudio, trabajo y solidaridad, entre otros cambios importantes. Posteriormente, ya en el Siglo XXI, se produjo una nueva modificación estatutaria; sustituyendo la figura de secretario general por la de presidente y la de organización por la de vicepresidente, entre otros cambios. Para entonces, la entidad era regida por sectores políticamente conservadores y eso se refleja en la estructura que plantearon pero la esencia, la mística y la vocación de la entidad se mantuvo.

Medio siglo dando profesionales es un mérito que pocas instituciones del pueblo pueden exhibir, máxime cuando se sabe que es una entidad que opera bajo la modalidad ONGs y es autogestionada. Gracias a los aportes de instituciones y de la comunidad ocoeña; la ASEUNO, no solo cuenta con legitimidad social probada, sino con un local propio que alberga a 25 o 30 estudiantes por semestre.

La Asociación de Estudiantes Universitarios Ocoeños es una entidad con reglas propias y con mecanismos de cogestión claramente definidos en sus estatutos. Las normas para ser aceptado en la casa albergue, así como, las funciones de los miembros de la Junta Directiva y las entidades internas como el Consejo Disciplinario y el Comité de Orden Interno están claramente definidos.

Sabiamente se contempló que son miembros de la entidad todos los estudiantes universitarios ocoeños sin importar la condición social, el lugar de residencia o el centro universitario donde estudien. Esa particularidad, hace de la ASEUNO una entidad pluralista, democrática, equitativa y abierta.

La vida institucional ha estado marcada por las diversas ideologías que confluyen a lo interno de la entidad, y se renuevan cada caño mediante un proceso eleccionario organizado por los propios estudiantes, a veces con apoyo de los egresados. A pesar de los cambios y tropiezos, la entidad mantiene la mística del juego democrático.

Aunque el balance de 50 años de vida institucional es positivo y esperanzador, hay que apuntar que la ASEUNO ha ido evolucionando en los fundamentos de su quehacer cotidiano y parece alejada de las necesidades del pueblo. Son cuestiones que habrá que trabajar dado el alto valor estratégico de la institución para el desarrollo de San José de Ocoa.

El legado medido en profesionales ha provocado un impacto transformador en las familias cuyos hijos se han formado en la ASEUNO, desarrollando capacidades de liderazgo y competencias profesionales combinadas con disciplina, sensibilidad social y compromiso cívico.

Con 50 años cumplido y un amplio legado, la ASEUNO ocupa un sitial de primer orden entre las instituciones que más aportan al desarrollo de San José de Ocoa. Hoy que muchas instituciones son azotadas por el clientelismo, la corrupción, el personalismo y la negligencia es necesario estar pendiente a lo que pasa en la entidad que ayudó a ser lo que somos.

La Asociación de Estudiantes Universitarios Ocoeños es un patrimonio de la provincia, cuya preservación se hace imperativa dado el alto valor estratégico que tiene para el desarrollo. Así lo evidencian hechos de tanta trascendencia como la organización del Primer y Segundo Seminario sobre la Realidad Socioeconómica de San José de Ocoa, celebrados en 1980 y 1991.

La organización de las tradicionales Semanas Culturales en cada fecha aniversaria y el conjunto de actividades que deben realizarse en cada año, sumado a la orientación del estudiantado ocoeño son parte del complemento que hace de ASEUNO, un espacio que debe ser cuidado y apoyado, especialmente por quienes egresaron de ella.

A seguir fortaleciendo el estudio fomentando el trabajo y promoviendo la solidaridad para que los próximos 50 años sean tan fructíferos como los que han transcurridos entre el 8 de agosto de 1970 y el 8 de agosto de 2020. Cada egresado de ASEUNO tiene su historia y cada uno la contará desde su perspectiva, pero la institución está ahí como testimonio del esfuerzo colectivo.

Hoy más que nunca, hay que cuidar la institución que ha servido de cobijo a los sueños de cientos de hombres y mujeres, que gracias a su existencia han podido lograr la meta de ser profesionales para servir a la sociedad desde el espacio y ámbito de aplicación de la carrera que cursaron.

¡Agradecido y orgulloso de haber pasado por la ASEUNO!

BIGOTE, KALICHE Y TARUGO.

En un viejo garaje abandonada del Barrio Felino vivían dos gatos junto a parte de su familia. Eran Bigote y Kaliche, viejos amigos. Compartían casi todo, Comida, techo y travesuras, Un buen día se propusieron tentar al Tarugo, un perro rebelde que era el azote de los gatos de la barriada. Bigote, un viejo gato guerrero, sensato y precavido y el Kaliche; joven, inexperto y arrogante. Un buen día decidieron echar a caminar su arriesgado plan para probar su inteligencia gatuna desafiando el coraje y el olfato del bravo Tarugo.

Bigote, un veterano prudente y sensato, solo buscaba ganarse la amistad del peor enemigo de los gatos, el altanero y arrogante Kaliche salió decidido a cumplir su promesa. Él decía que podía pasar sin que Tarugo se percatara y en caso de ser descubierta contaba con habilidades de corredor y trepador entrenado. Emprendió la marcha hasta ubicar a Tarugo descansando debajo de una mata de almendras, próximo a su casa.

Al pasar frente al perro, ya este había olfateado al osado felino el altanero, justo al pasar soltó un fuerte ladrido que hizo que el arrogante se disparara como un resorte y prepara a un poste del tendido eléctrico. Tarugo, el perro callejero plantó guardia por el día entero.

Luego de una larga espera y preocupado la tardanza de su amigo Kaliche, Bigote decidió salir a buscarlo. Caminó y caminó hasta que escuchó el ladrido inconfundible y retador. Es era Tarugo, dijo Bigote.

Con sigilo se acercó para ver qué era lo que perseguía Tarugo. Levantó la cabeza y entre cables del tendido eléctrico, las líneas telefónicas y las ramas de una vieja caoba, acurrucado sobre el tubo de hierro que sostiene el semáforo, descubrió un cuerpo peludo y grisáceo que le era conocido. Encogido y temeroso; temblando de miedo, y a punto de saltar, apareció el arrogante y altanero Kaliche.

Bigote, al ver a su amigo en tan difícil situación y pensando en lo peor, se sorprende ante el inesperado hallazgo, la posición desafiante de Tarugo y el inusual comportamiento de Kaliche, dice gruñendo sumamente: ¿Qué pasó compa?, tranquilo, no pasa nada afirma Kaliche, paralizado de miedo. Abajo el rabioso gruñido soñoliento de Tarugo martillaba en la cabeza del temeroso Kaliche quien ante la insistencia de Bigote para que su amigo explicara lo ocurrido, tuvo que buscar fuerzas y argumentos para convencer a su preocupado amigo.

Kaliche sacó fuerzas y le dijo: compai Bigote, estoy limpiando el semáforo. He conseguido un trabajito en ayuntamiento para limpiar y acondicionar los semáforos. El Tarugo es el supervisor y responsable de cuidarme mientras hago mi trabajo. Eso sí, no haga ruido, porque se despierta, y bien sabe usted, como es de malhumorado el Tarugo, afirma Kaliche con suave gruñido.

Bigote asume como un chiste la ingeniosa respuesta de su buen compañero, pero le explica: entienda amigo Kaliche que la experiencia y la prudencia se imponen a la arrogancia y soltó una carcajada burlona que despertó al Tarugo, quien, percatado de la situación, se levantó rápidamente e inició una alocada carrera porque no sabía a qué gato perseguir.

Tarugo corrió y corrió hasta recorrer todas las calles del Barrio Felino hasta que de tanto correr se cansó. El belicoso Tarugo, burlado por la ingeniosa estrategia bien montada por Bigote y Kaliche decidió abandonar la persecución, calmar su odio y hacer las paces con Bigote y tolerar al arrogante Kaliche.

PROYECCIONES PARA ELECCIONES DE JULIO 5, 2020.

"En cualquier proceso donde  se imponga el poder del dinero, se suplanten los principios éticos y valores morales  se degrada la práctica política  y se corrompe la democracia". FDC/2020.

Tras una larga, intensa, costosa y bien organizada campaña electoral, la República Dominicana vuelve a las urnas el 5 de julio para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, así como senadurías y diputaciones. Es un proceso que debió celebrarse en mayo pasado, pero dada la pandemia de coronavirus fue necesario mover la fecha del certamen comicial.

Luego de una campaña desarrollada en medio de varias declaratorias de Estado de Emergencia, por el Covid-19 que afecta al país, y donde las propuestas de gobierno presentadas por los candidatos obviaron mandatos constitucionales referentes a la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Llama la atención que ninguno de los candidatos que van a las elecciones del 5 de julio hablen del modelo económico que implementarán, lo que deja claro que seguirán montado en el moribundo y perverso neoliberalismo que fomenta la pobreza, depreda lo público y ahonda la desigualdad. No obstante, puede decirse que la campaña fue más tranquila y organizada que en procesos anteriores.

Las encuestadoras mostraron su peor cara al presentar resultados y sondeos que distan mucho de las ciencias probabilísticas. La Ley 15-19 de Régimen Electoral da a la Junta Central Electoral facultades para regular su accionar pero esta vez no se vio ninguna acción al respecto. Los números generaron encendidos debates tanto en redes sociales como en los partidos políticos.

Que firmas encuestadoras mientan y manipulen a los electores debiera preocupar a quienes defienden la transparencia electoral y la calidad de la democracia. Pareciera que la zafra electoral produce un efecto narcótico que turba la razón de quienes se dedican al negocio de vender percepciones. Con ese telón de fondo vamos a las elecciones.

Las elecciones se efectúan con un sistema de doble vuelta, donde se requiere que el ganador alcance el 50% más un voto. Todo parece indicar que a pesar de lo que datos arrojados por varias encuestas, ninguna de las fuerzas contendientes pasaría en primera vuelta, dado que hay que dividir los votos entre 6. Haciendo cuentas partiendo del histórico electoral las cosas quedarían más o menos así:

      PRM               45-48 %.

      PLD                35-38 %

      FP                  16-10 %

      PAP                02-03 %

      Otros              01-01 %

      Abstención.     25-30 %

Ese resultado obliga a ir a Segunda Vuelta y ahí Dr. Leonel Fernández tiene las llaves para decidir. Muchas encuestas han dado ganador al Partido Revolucionario Moderno, otras tantas dan ganador al Partido de la Liberación Dominicana.

En caso de una segunda vuelta, el Dr. Leonel Fernández tiene la disyuntiva de suicidarse apoyando al Partido Revolucionario Moderno, PRM, y sus enemigos de Sociedad Civil o apoyar al Partido de la Liberación Dominicana, PLD para mantener vivo su proyecto político y prolongar su vigencia como líder.

El Dr. Leonel Fernández y su gente saben que de ayudar al Lic. Luis Abinader a llegar a la presidencia implicaría un suicidio político, las bases lo acusarían de traición y lo castigarán. Las alianzas pautadas en las elecciones municipales de marzo pasado, serían una pista para futuros alineamientos en segunda vuelta.

De ganar el Partido Revolucionario Moderno su tarea es destruir al Partido de Liberación Dominicana y neutralizar al proyecto político que lidera el Dr. Leonel Fernández Reina para consolidar su poder como partido en el gobierno.

En el Congreso Nacional el reparto de puestos hará difícil que una fuerza obtenga mayoría aplastante. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados ingresarán nuevos miembros. Pese a eso, se acentúa el predominio del conservadurismo y la calidad de la representación es un tema al que habrá que prestar atención.

Las fuerzas progresistas que han abandonado el proyecto y se han plegado perderán aunque ganen, porque no tienen programa propio, salvo el caso de Alianza País que pudiera mantener su vigencia a pesar de sus zigzagueos ideológicos.

Organizaciones Políticas y Junta Central Electoral han comprometido el futuro de la democracia dominicana al permitir que dinero sucio compre candidaturas, cargos y auspicie campañas electorales. La falta de controles es evidente. ¿Puede competir gente honesta en procesos donde se impone el dinero?

Así las cosas de cara a julio 2020 en República Dominicana. Es un proceso de alto interés para la debilitada democracia dominicana y el desacreditado sistema político. Es un proceso donde las derechas se ponen a pruebas, ya que son juez y árbitros.

El sufragio emitido en las urnas dirá quién acertó en los pronósticos y proyecciones. El pueblo pueblo ha visto como el poder del dinero ha suplantado a liderazgos que bien pudieran ser el faro que les guíe pero ante las debilidades institucionales de la Junta Central Electoral para aplicar la normativa y la irresponsabilidad del liderazgo político han cerrado las puertas a gente con vocación, solvencia moral y capacidad para servir al país.

Queda esperar que al margen de cualquier resultado, la voluntad popular expresada en las urnas sea respetada y que se preserven los derechos civiles y políticos del pueblo dominicano. La democracia dominicana no resistiría otro encontronazo con la transparencia y la legitimidad.

Es una elección más entre las tantas que ha tenido el país, después de la última gran crisis política de 1994, pero las fuerzas e interese enfrentados han polarizado de tal forma, que pareciera que ninguno está en disposición de perder. Persiste el fantasma de que  aquí, "el que no gana arrebata", así como las preocupaciones por los fraudes electorales sigue presente en el imaginario colectivo.

Segunda o Primera Vuelta, la gente que milita, simpatiza o vota por esas fuerzas merece respeto y consideración del liderazgo político. Fracasar ahora abriría compuertas que luego sería difícil cerrar. Gane quien gane se debe entender que el contexto y la coyuntura actual exige compromiso y responsabilidad de quienes se alimentan del erario a través de las organizaciones políticas.

Las fuerzas revolucionarias deben iniciar la acción organizativa y reflexión ideológica de cara al porvenir. Es evidente que pretender que aliados a derechas cuyo propósito es el poder por el poder, no es la ruta que deben seguir quienes aspiran a vivir en un mundo donde justicia social, cooperación y solidaridad sean normas, no excepciones.

Eso implica trabajo y compromiso construir una vanguardia revolucionaria que supere el tradicionalismo y eche a caminar las fuerzas liberadoras de las masas populares. Son esfuerzos que deben ser asumido con urgencia como forma de transformar el formalismo democrático electoralista en democracia funcional socialista.

Lo que viene es fuerte, dado que los resultados de las elecciones consolidarán el conservadurismo y afianzará el neoliberalismo en República Dominicana. Las propuestas exhibidas por quienes aspiran a dirigir el país apuntan en esa dirección.

Tras la culminación del proceso debe iniciarse un proceso de discusión entorno a las normativas político-electorales para evitar que dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción compren partidos, cargos y financien campañas. Ese debate debe ser abierto y plural. Lo observado en la zafra electoral que concluye es suficiente para entender las amenazas que se ciernen contra el sistema político y la democracia electoral.

El "éxito de las elecciones" depende de la cooperación del liderazgo que gestiona las organizaciones políticas y la capacidad de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral tiene gran reto: hacer que el liderazgo político entienda que solo habrá un ganador por cada cargo. Es la lógica del juego democrática.

Concluye una campaña permeada por acusaciones de infiltración del crimen organizado el la política, uso de los recursos del Estado y cuestionamientos a la Junta Central Electoral por su incapacidad de imponer la ley; así como insistentes llamados de las instituciones de fe, líderes de opinión, organizaciones de sociedad civil y del empresariado a que se respete la voluntad del electorado, se acepte el resultado que emita la JCE y se garantice la transparencia del proceso comicial. 

La suerte está echada para quienes tienen apuestas en este proceso comicial, fundamentado en un sistema de doble vuelta. Quien obtenga o supere el 50+1 en primera vuelta u obtenga mayoría simple en segunda vuelta será el ganador de la presidencia. En el ámbito municipal la cuestión es a mayoría simple. 

ELECCIONES MUNICIPALES DEL 15 DE MARZO: DIÁLOGO y RETOS INSTITUCIONALES.

"En los países donde el liderazgo político se coloca por encima de la normativa y los protocolos, no hay árbitro válido ni institución que funcione". FDC/2020

El próximo domingo 15 de marzo República Dominicana vuelve a las urnas para elegir a las autoridades municipales, luego de un intento frustrados el pasado 16 de febrero. Las organizaciones políticas y la Junta Central Electoral, JCE, están compelidas a realizar un proceso comicial con transparencia y legitimidad.

Hay muchas preguntas y pocas respuestas sobre las causas que provocaron el aborto electoral antes mencionado que ha sembrado dudas sobre las capacidades de la Junta Central Electoral para organizar elecciones. Conjeturas, especulaciones y desinformación atormentan el imaginario colectivo.

Protestas multitudinarias, cacerolazos, acusaciones y contraacusaciones han marcado la agenda durante un mes. Las organizaciones políticas de oposición acusan al gobierno y a la JCE, pero éstos niegan responsabilidad. Los pedidos de transparencia electoral, sanción para los culpables del boicot y renuncia del Pleno de la JCE matiza el tenso ambiente político que precede las elecciones municipales del 15 de marzo.

Las tensiones suben. Partidos y JCE electoral acuerdan pedir a organizaciones externas como OEA, IFES, UNIORES y otras para que investigue las causas que provocaron las "fallas o errores" en el Sistema Automatizado de Votación. Los resultados de las indagaciones perderá vigencia, ya que las elecciones preceden la entrega de resultados. Esas entidades son acusadas de intervencionistas y cuestionado su historial en procesos similares.

Tras una intensa presión de organizaciones sociales y políticas, se activa una mesa de diálogo político promovidos por el CONEP y otras entidades pertenecientes a los "poderes fácticos". De inmediato aparecen críticas y especulaciones en torno a la iniciativa.

Activan y convocan un diálogo en el Consejo Económico y Social, creado mediante Ley 142-15. Grupos políticos y dirigentes cuestionan la legitimidad del mismo y se niegan a participar. Convocan un diálogo paralelo donde participan jóvenes promotores de las jornadas de protestas y reconocidos opositores al gobierno.

La negativa de agrupaciones como Fuerza del Pueblo y expresidente Dr. Leonel Fernández, presagia el fracaso de las conversaciones. Las críticas del Dr. Fernández llaman la atención, ya que en sus gobiernos propició, el Diálogo Nacional, la Consulta Ciudadana por la Descentralización y la Consulta Ciudadana para la Reforma Constitucional.

De cualquier forma, un diálogo político en medio de una campaña electoral es difícil que prospere y esto se explica por los altos niveles de tensión y polarización políticas entre el gobierno y la oposición. Un diálogo debe producir compromisos y para el caso, el compromiso debe centrarse en el cumplimiento de los marcos normativos y los protocolos electorales.

Consensuar es difícil, pero en escenarios como el que vivimos es casi imposible, a pesar de los pronunciamientos mediáticos de "buena voluntad". El país está a la expectativa y espera que la alta inversión que hace el Estado en el financiamiento a las organizaciones políticas y en el montaje de las elecciones sea recompensado con el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

Muchos de los dialogantes no reconocen autoridad a la JCE, no respetan normativa electoral ni creen en la institucionalidad democrática. De ahí el presagio pesimista de que los procesos diálogos que desarrollan están condenados al fracaso. El diálogo es necesario pero luce inoportuno, dado los niveles de tensión política generada tras la suspensión de las elecciones del pasado 16 de febrero.

En una sociedad donde el liderazgo se considera por encima de la institucionalidad y de las leyes no habrá árbitro válido. Aun así, hay que insistir en la búsqueda de respuesta a lo sucedido en febrero 16 y trabajar para que el 15 de marzo haya elecciones libres, trasparentes y diáfanas.

Es de rigor recordar que la Junta Central Electoral es el ente responsable de organizar, arbitrar y gestionar los procesos electorales en República Dominicana, tal y como manda la Constitución Política y la normativa político-electoral. Cualquier acción contraria o intento de suplantación, pervierte la normativa, debilitada la institucionalidad y corrompe la democracia.

Dicho lo anterior, queda claro que tanto las organizaciones políticas como la Junta Central Electoral tienen la obligación de garantizar un proceso electoral que devuelva la confianza de la gente en las elecciones, el liderazgo político. La JCE es producto de los consensos entre actores políticos y sociales que interactúan en el sistema político, por tanto, el reto es corregir el rumbo.

Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deben colocarse del lado de las soluciones y cooperar con la Junta Central Electoral en el montaje de los procesos comiciales. El sistema político y sus actores están inmerso en una aguda crisis de confianza. Apostar al fracaso de las Junta Central Electoral, boicoteando las elecciones del 15 de marzo es un suicidio y ellos lo saben.  

Para lograr el éxito esperado por la población dominicana, la Junta y los partidos deben tomar medidas drásticas y firmes para evitar la repetición de hechos que pongan en riesgo los resultados del certamen. El cumplimiento de la normativa los protocolos son electorales ayudará a reducir la desconfianza y minimizar los atentados contra el proceso.

Como los tropezones hacen levantar los pies, es necesario puntualizar algunas sugerencias para evitar que se repitan situaciones que comprometan la calidad, organización y transparencia del proceso comicial del 15 de marzo:

1. Desarme de activistas, simpatizantes y militantes, proclives a perturbar y generar situaciones que alteren el orden establecido en los protocolos instituidos para los procesos comiciales.

2. Responsabilizar al liderazgo local de las organizaciones políticas y a los equipos de campaña de los candidatos del control de la militancia.

3. Impedir, a toda costa, la comisión de delitos electorales especialmente, el reparto de dinero en las terminales de autobuses, compra de votos, chantaje, intimidación o cualquier intento de coartar el derecho al voto.

4. Comprometer al liderazgo político nacional a respetar los resultados electorales y la voluntad popular expresadas en las urnas.

5. Coordinar con las direcciones nacionales de los partidos el control de armas de fuego y de bebidas alcohólicas.

6. Las organizaciones políticas y los candidatos deben facilitar el trabajo de la Policía Electoral en los recintos de votación.

7. Impedir la aglomeración de personas en los centros de votación y/o en sus proximidades para evitar roces entre militantes.

8. Evitar que dirigentes, candidatos, militantes, activistas y simpatizantes perturben el trabajó de los centros de votación.

9. Instruir a los presidentes de mesas electorales para tomar las decisiones que entiendan pertinentes, para garantizar la transparencia del proceso eleccionario, aplicando los protocolos y normativas electorales.

10. La Junta Central Electoral debe aplicar las normativas y protocolos establecidos para los procesos electorales y las organizaciones políticas deben comprometerse a respaldar su trabajo y a reconocer los resultados.

Este decálogo no es exclusivo ni excluyente, pero puede contribuir a la reflexión sobre los compromisos del liderazgo político y la Junta Central Electoral en las elecciones del 15 de marzo. La intención es que las partes involucradas en el proceso comicial den al país las garantías de que la voluntad popular será respetada.

El montaje de las elecciones es un reto para la institucionalidad político electoral que pone a prueba, una vez más, las capacidades gerenciales del liderazgo político y al Pleno de la Junta Central Electoral. La JCE tiene la obligación de hacer cumplir el mandato constitucional de “organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes”.