EL DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO EN EL SISTEMAPOLÍTICO DOMINICANO.

Elegir y ser elegido es fundamental para el ejercicio de los derechos políticos en cualquier sistema político. El reclamo por el derecho al voto y el respeto a la voluntad popular ha generado grandes luchas en todo el mundo y República Dominicana no ha sido la excepción.

Colocar el derecho al voto en la agenda pública ha sido una larga lucha que ha llevado siglos. Cada período histórico hizo su aporte al desarrollo del derecho a elegir y ser elegido. Éste ha ido tomando forma en cada reforma constitucional con variaciones tanto de forma como de fondo.

Tener capacidad y oportunidad de escoger periódicamente a quienes dirigirán los destinos del país es un requisito de las democracias formales electoralistas. Claro, quedan cuestiones por fuera del debate que trataremos de esbozar en esta reflexión.

Las debilidades propias de una democracia en transición como es la dominicana generan tensiones entre gestores y beneficiarios del sistema político. Analizar los fundamentos institucionales y normativos para ubicar las fortalezas o debilidades que afectan el funcionamiento de los componentes del subsistema electoral es fundamental.

El país ha ido avanzando en el marco normativo y en el afianzamiento de la institucionalización de la Junta Central Electoral como ente responsable de gestionar el sistema político.  Tras la constitucionalización de los Partidos Políticos en 2010 se han creado entidades complementarias como el Tribunal Superior Electoral que tienen la responsabilidad de resolver los conflictos que se producen en el sistema político.

A esto se agregan la aprobación de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la actualización de la normativa electoral, mediante la Ley 15-19 que establece los fundamentos para gestionar el sistema político-electoral. Esos cambios fundamentales deben impactar la cultura política y garantizar el derecho al voto.

Esta reflexión pretende llamar la atención sobre las perspectivas del subsistema electoral y las necesidades que impiden el desarrollo del sistema político. Analizar esos fundamentos e insistir en la necesidad de que el liderazgo político se comprometa a cumplir y hacer cumplir ese marco normativo es la motivación que inspira este trabajo.

Junta Central Electoral.

Es así como a principios del Siglo XX, específicamente en 1923 se funda lo que hoy se conoce como la Junta Central Electoral. Paradójicamente, la entidad surge durante la Ocupación Militar Norteamericana de 1916. Con la creación del organismo que gestionaría los procesos electorales da inicio a una carrera que aún no concluye.

La Junta Central Electoral no sólo organiza los procesos electorales, sino que tiene a su cargo la gestión del Registro Civil que es la base para la conformación del padrón electoral o listado de concurrentes. Organizar, montar y supervisar las elecciones es trabajo suficiente para entender la importancia de la institución.

Cabe recordar que, sin documentos de identidad, el ejercicio de los derechos civiles y derechos políticos no existe. De ahí la importancia de las funciones. El camino recorrido no ha sido suficiente para colocar al registro civil a la altura de las demandas, pero se ha avanzado.

La Junta Central Electoral como institución ha tendido una historia de transformaciones que requieren una reflexión particular. Aquí solo interesa analizar los fundamentos institucionales del derecho a elegir y ser elegido.

Lucha por el Derecho al Sufragio.

Desde la fundación de la República Dominicana en 1844 hasta nuestros días, los esfuerzos para institucionalizar el derecho al voto han pasado por diversas vicisitudes. Dictaduras que entorpecen, ocupaciones que conculcan derechos políticos y civiles; gobernantes que imponen mecanismos clientelares que reducen el voto a una mera mercancía.

 A pesar de los señalamientos anteriores y del accidentado proceso evolutivo del sistema político dominicano, el derecho al voto se impuesto como norma para renovar el liderazgo político. Grandes sacrificios de quienes han enfrentado las dictaduras para luchar por un sistema electoral moderno, inclusivo, participativo y funcional marcó gran parte del siglo XX.

La historia electoral dominicana recoge acontecimientos donde se comprueba que el derecho al voto se ejerce con regularidad, pero muchas veces, se vulnera y se pervierte. La gente emite el sufragio y tras el escrutinio salen a relucir las debilidades del sistema electoral y la fragilidad los procesos comiciales.

Mención especial merece la lucha de la mujer por alcanzar la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos. El movimiento de las sufragistas logró que, en 1942, se incluyera el derecho al voto Reforma Constitucional de ese año. El dictador necesitaba el apoyo de la mujer y aprovechó la coyuntura para hacer creer que cumplía.

Es casi una costumbre que tras la conclusión de un proceso electoral se produzcan reclamos de quienes participan en la contienda, especialmente de quienes no salen favorecidos con el voto popular. Frecuentemente, se observa el liderazgo que acciona al margen de la normativa que rige el sistema.

La cultura política dominicana ha instaurado el derecho al voto como un pilar fundamental de la democracia. Desde la fundación de la República en 1844 hasta nuestros días se aprecia un avance significativo en el ejercicio de los derechos civiles y políticos.

Fundamento Normativo del Derecho al Voto.

Los esfuerzos por garantizar el derecho al sufragio parten del mandato constitucional establecido en el artículo 22, numeral 2 que establece que son derechos y deberes de ciudadanos y ciudadanas el “Elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución”. Con ese postulado como telón de fondo, se establecen los principios jurídicos para hacer efectiva la garantía de ese derecho fundamental.

De igual forma en el artículo 216 de la Constitución de la República se establecen las funciones básicas para que los partidos políticos garanticen los derechos de la gente a participar en política. En su numeral 2 se lee: “Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos”. De ahí parten los fundamentos para la manoseada Ley 33-19 que regula el funcionamiento de las organizaciones políticas en el país.

El marco normativo que rige el derecho al voto en el país tiene una base constitucional que hace línea con el Pacto de San José sobre los Derechos Civiles y Políticos. Además, tanto la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA como la Carta de Naciones Unidas exige a los países miembros el respeto al derecho a elegir y ser elegido.

El Artículo 208 de la Constitución Política de República Dominicana establece que: “Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. “El voto es personal, libre, directo y secreto”.

Esos fundamentos han servido para contextualizar la normativa específica, que hoy sirve de sustento al ejercicio de los derechos políticos. Nos referimos a la Ley 15-19 de Régimen Electoral, la Ley 29-11 que instituye el Tribunal Superior Electoral y la Ley 33-19 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Hay otras normas complementarias que rigen cuestiones puntuales y específicas en cada uno de los entes que interactúan en el sistema electoral dominicano.

La Ley 15-19 de Régimen Electoral es clara y en su artículo1 establece que: “La presente Ley Orgánica de Régimen Electoral regula lo relativo al ejercicio del derecho de ciudadanía de elegir y ser elegibles; el procedimiento y desarrollo del proceso electoral para la conformación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la elección de las autoridades municipales; el funcionamiento y competencias de la Junta Central Electoral como máximo ente responsable de la organización de los comicios”.

Con esa normativa debiera ser suficiente para que el derecho al sufragio sea respetado. Sin embargo, las frecuentes violaciones a esas disposiciones obligan a crear mecanismos para sancionar los delitos electorales, incluidos los que lesionan el derecho al voto. De aplicarse la normativa existente con el rigor que amerita, los delitos y faltas de los actores políticos disminuirían, robusteciendo el sistema.

El Tribunal Superior Electoral, TSA, es la entidad responsable de sancionar los delitos electorales y garantizar el derecho al voto. El artículo 15, numeral 2 de la Ley 29-11 señala que a esa institución le corresponde “Dictar medidas cautelares para garantizar la protección del derecho al sufragio de uno o más ciudadanos”.

Además de las entidades que mencionadas anteriormente se complementan con la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos que centra su accionar el compromiso de las organizaciones políticas con la preservación y garantía de los derechos políticos.

El Sistema de Cuotas.

El principio de igualdad ante la Ley debe primar en cualquier actividad humana y en política no puede ser la excepción. Establecer cuotas de participación para los cargos electivos es una cuestión que contraviene el espíritu de ese postulado. Todos los sectores tienen posibilidad de conquistar las curules que se proponga y no puede establecerse cuota. Ahí se limita el derecho a ser elegido.

Los derechos no admiten condicionamientos y menos que se impongan cuotas para sectores específicos. La Constitución de la República en su artículo 39 prohíbe cualquier forma de discriminación, y tanto la cuota femenina como la de juventud limita el libre ejercicio del derecho al voto, por tanto, esos postulados normativos son inconstitucionales.

Las postulaciones a cargos electivos tienen que ser llenadas en igualdad de condiciones, por tanto, la Ley 33-18 y la Ley 15-19 deben ser modificadas para ampliar las posibilidades de que mujeres y jóvenes accionen en política con igualdad plena de derechos. El sistema de cuotas colige con el derecho fundamental de elegir y ser elegido y las organizaciones políticas deben accionar para eliminar esa condicionantes.

Tanto las mujeres como la juventud han asumido un protagonismo que merece ser valorado y limitar su participación a cuotas es una aberración y una violación al artículo 39 de a la Constitución. Imponer cuotas en las postulaciones es aberrante e inconstitucional. Si el país tiene problemas con la abstención y la democracia se deslegitima, establecer cuotas a determinados sectores aumenta el desencanto y abre paso al aventurerismo.

Según el artículo 23-2 Son derechos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos presentar candidatos y candidatas a los diferentes cargos públicos de elección popular. Ese enunciado es claro y no discrimina. Al margen de cualquier disposición normativa que le sea contraria debe primar el derecho en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.

Abstencionismo Ascendente.

El aumento sostenido de la abstención electoral es un indicador de que las expectativas del electorado no están siendo satisfecha por el sistema político. Cada proceso electoral tiene sus propias lógicas, pero la tendencia creciente debe mover a una reflexión profunda, tanto de las autoridades electorales como del liderazgo político dominicana. Tasas superiores al 40% dejan mal parado al subsistema de partidos y alerta sobre la falta de confianza de la ciudadanía con la Política.

Se sabe que la democracia ha entrado en crisis, no solo en República Dominicana, sino en toda América Latina. Estudios realizados por entidades de rango internacional como el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, PNUD, llamó la atención sobre el desencanto con la democracia e incentivar las corrientes abstencionistas.

En su informe del 2019, el PNUD, señala las debilidades de la democracia dominicana en general. Las organizaciones políticas salen mal paradas. Menos de un 30% de la población confía en esas instituciones. Otro dato importante es que la gente prefiere un gobierno de fuerza. ¿Se puede votar por un sistema en el que no se confía?

El abstencionismo puede ser un acto deliberado de un sector político que rechaza las elecciones y no ve razones para participar. Gran parte de la izquierda revolucionaria se inscribe en esa corriente. Es una decisión que concita poco interés en la población dominicana.

Otra corriente del abstencionismo es aquella asociada a sectores que no muestran interés en la participación política o que rechazan ciertas prácticas y conductas del liderazgo político. Aquí cabrían categorías como el analfabetismo político y el analfabetismo cívico.

Una tercera tendencia se puede vincular a cuestiones religiosas, aunque en el país las instituciones de fe son tan activas como las propias organizaciones políticas. Eso se evidencia en las Cartas Pastorales de la Iglesia Católica y los frecuentes llamados de otras instituciones, tanto en redes sociales como en medios de comunicación tradicionales.

El cuarto grupo simplemente no se interesa o vive al margen de la actividad política. Este grupo puede estar en cualquiera de las capas de la sociedad. Unas veces la falta de información sobre las ofertas electorales, otras por la falta de confianza en el liderazgo político. Sean cuales fueran las razones, se deja de ejercer el derecho al voto y se pierde la oportunidad de participar en los procesos comiciales.

Superar el Analfabetismo Cívico y el Analfabetismo Político.

Cuando hablamos de analfabetismo cívico nos referimos a la condición que exhiben mucha de las personas que se dedican a la actividad política sin observar el más mínimo respeto por los deberes ciudadanos. Ese desconocimiento puede ser real o simulado y no tiene que ver con grados de escolaridad. El civismo es la base para que una sociedad sea políticamente responsable.

El analfabetismo político se puede definir como un divorcio entre los principios que rigen la Política y las conductas de quienes niegan su valor e importancia. Hay quienes asumen que es una actividad degradante que solo puede ser ejercida por personas que buscan servirse del erario, no servir a la sociedad.

Hay que aclarar que, como cualquier otro tipo de analfabetismo, hay uno funcional que es propio de quienes realmente desconocen los fundamentos de la Política y otro simulado que es cuando una persona decide obviar los principios que rigen la Política para acomodarla a sus intereses. Este último caso, es semejante a lo que Karl Marx llamaba “falsa conciencia” y otros “ignorancia inducida”.

El analfabetismo político es tan nocivo como el analfabetismo cívico. Ambas categorías debilitan el compromiso de la ciudadanía con el quehacer político y generan tensiones al momento de decidir si votar o no votar. Una cosa es desconocer la importancia del ejercicio de los derechos civiles y políticos; otra no ejercerlos conscientemente. En el último caso, se presume que es un acto razonado y ponderado.

En la cultura política dominicana se ha hecho tradición asumir la Política como un carnaval sin poner reparos en la importancia de esa actividad y las campañas electorales como una especie de zafra. Esa tendencia es incentivada por un liderazgo que tiende a privilegiar cuestiones clientelares por encima del enfoque de derechos, ignorando las leyes y las normas estatutarias que rigen las organizaciones.

Pareciera que la Política no requiere ni exige conocimientos, pero nada más lejos de la realidad. Conocer los fundamentos y principios de la Política marca la diferencia entre los analfabetos políticos y quienes no lo son. Avanzar para que la actividad política se adecente y entre a su propia legalidad genera compromisos que motivan a la gente a participar en política, a ya sea como candidato, activista, militante o elector.

El voto como instrumento de poder en manos del ciudadano debe encontrar respaldo en las instituciones para la democracia se legitime y represente las aspiraciones de la gente. La participación política y social requieren niveles de compromisos con la transformación de la sociedad.

Se aspira que el derecho al voto sea ejercido de forma razonada y consciente para romper el círculo vicioso del clientelismo. Quien compra o vende el voto sabe que está cometiendo un delito electoral y debe responder por las consecuencias de sus actos. El derecho a elegir y ser elegido no es mercancía ni puede ser objeto de trueque. Quien impide o entorpece el ejercicio de los derechos políticos atenta contra la institucionalidad democrática.

Sobre la Normativa de Actos del Estado Civil.

Los avances en la normativa que fundamenta el ejercicio de los derechos políticos son inversamente proporcionales a las debilidades del subsistema electoral. Los acontecimientos acaecidos a finales de 2019 con los procesos de Elecciones Primarias Simultáneas; así como las fallidas elecciones del 16 febrero de 2020 son muestras de fallas que ponen en riesgo el ejercicio del sufragio.

Cientos de miles, tal vez, millones de dominicanos y dominicanas carecen de documento de identidad y eso impide el disfrute pleno de los derechos civiles y políticos. La Junta Central Electoral, a través de la Dirección de Registro Civil debe activar un plan para facilitar la superación de ese flagelo. Se han realizado esfuerzos, pero no son suficientes. Hay familias que tienen 4 y 5 generaciones sin documentos.

Hay logros significativos en cuanto a la declaración temprana y se han instalado oficinas en centros de salud para facilitar la declaración de recién nacidos. Mantener y ampliar esa iniciativa pondría fin a la fábrica de indocumentados. Flexibilizar para que uno de los padres pueda efectuar la declaración en el mismo centro de salud evita el subregistro y disminuye los registros tardíos.

Urge una modificación a la Ley 659-44 que rige los Actos del Estado Civil que data de la Era de Trujillo. Es una normativa arcaica y rígida que debe ser actualizada a la luz del nuevo marco constitucional que rige en el país. Es insólito que, en una materia tan delicada, no se hayan priorizado, a pesar de que existe un Anteproyecto de Ley trabajado por el desaparecido Consejo Nacional de Reforma del Estado, CONARE. La Junta Central Electoral, como ente rector debe remitir al Congreso Nacional una propuesta que sirva de base a una nueva Ley.

Otro escollo que superar, es el de las odiosas cuotas que han sido establecidas para la mujer y la juventud. Establecer cuotas en una sociedad organizada en un Estado Social y Democrático de Derecho regenteado por un gobierno democrático, republicano, representativo y electo por voto popular es una contradicción. Es una cuestión que habrá que superar, privilegiando el derecho a la igualdad. Como está actualmente es discriminatorio y viola el artículo 39 de la Constitución de la República.

Desafíos del Sistema Político para Consolidar el Derecho al Voto.

Los desafíos para reivindicar el valor del voto popular son diversos. Que el derecho a elegir y ser elegido tenga un referente constitucional y marco normativo específico no quiere decir que su eficacia sea automática. No basta votar por autoridades que asumen el poder delegado como un cheque en blanco, hay que instituir el poder revocatorio dando poder al elector para destituir o ratificar las funciones del elegido.

En las llamadas democracias en transición la cuestión de votar o no votar es una disyuntiva que enfrentan quienes apuestas a vivir en una sociedad donde la justicia social sea norma, no excepción. Tampoco hay que creer que las elecciones, bajo la modalidad que se conoce, son la panacea. Hay quienes están contra ellas dado el negocio en que han devenido.

Se asume que la democracia liberal no ha resuelto los problemas básicos de los pueblos y que, por el contrario, ha ensanchado la exclusión. La clase media intelectualizada ha sufrido como ninguna otra los embates del modelo. A ella le ha tocado sostener con los impuestos que paga, las políticas sociales y las exenciones de los privilegiados. Es lógico que, ante ese cuadro, el voto sea algo que no genera esperanzas en ese importante sector.

Dijo Abraham Lincoln que la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Hoy hay que agregar que se debe hacer con el pueblo y por el pueblo.  De su lado, Winston Churchill afirmó que la democracia era un sistema imperfecto, pero que hasta el momento no se habían inventado nada mejor. Visto así el asunto, pensar en la legitimación de la democracia utilizando el voto popular como instrumento exige la reinvención del sistema electoral dominicano, dotándolo de capacidades que sancionen el transfuguismo y superen el clientelismo.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, “Los sistemas electorales y de partidos políticos son ingredientes fundamentales de la democracia, no solo porque definen características importantes del régimen democrático, sino también porque contribuyen de manera decisiva a sostener la democracia, a hacerla más o menos participativa y representativa. En términos ideales, se desea una correspondencia entre participación, representación y gobernabilidad”.

Este enunciado es una alusión al ideal que debieran asumir las organizaciones políticas en base a los estipulado en el artículo 216 de la Constitución. Esa aspiración se enmarca dentro la importancia de esas entidades para el desarrollo político y la institucionalización de la democracia dominicana. Para alcanzar el nivel anhelado hay que superar una serie de desafíos entre los que se destacan:

Ciudadanizar la política para instituir mecanismos de participación que revaloricen el voto como es la activación del referéndum y los plebiscitos.

Instituir el plebiscito y el referendo para reforzar los fundamentos del derecho a elegir y ser elegido para que sirva de referente y motivación a los nuevos electores.  

Establecer estrategias de divulgación de la normativa político electoral para ir superando el analfabetismo político, cívico y judicial y elevar la cultura política del pueblo dominicano.

Ampliar las opciones de elección para dar valor al voto en blanco como forma de crear las condiciones para que voten quienes no se identifican con ninguna de las propuestas presentada en los comicios.

Activar mecanismos de promoción del voto razonado como forma dar contenido a la política través de la promoción de los derechos y deberes cívicos de la ciudadanía.

Promover la participación activa de la ciudadanía en la actividad política para transformar el formalismo político electoral en una democracia funcional.

Instituir perfiles mínimos para el acceso a cargos públicos basado en la solvencia moral probada, el conocimiento de las funciones del cargo, los fundamentos de la democracia, vocación de servicio y compromiso social.

Implementar mecanismos funcionales que sancionen drásticamente la compra y venta de votos para eliminar las prácticas perversas del clientelismo, el soborno y otras prácticas que corrompen los procesos comiciales y lesionan el ejercicio de elegir líbreme y secretamente.

Exigir a los partidos políticos mayor responsabilidad en la calidad de la inversión de los recursos destinados a la capacitación política y a la promoción de los valores cívicos.

WEBGRAFÍA.

1.    Constitución Política de República Dominicana, 2015. Tomada de https://poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/constitucion/Constitucion.pdf

2.    Ley 29-11 que instituye el Tribunal Superior Electoral. Tomado de http://tse.gob.do/Docs/Normativas/Ley291OrganicadelTribunalSuperiorElectoralTSE.pdf

 

3. Ley 15-19 de Régimen Electoral. Tomado de https://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/leyes/LEY_ley_no._15_19.pdf

 

4.    Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. https://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/leyes/LEY_ley_num._33_18_1_7.pdf

5.    La Ley No.157-13, del 11 de septiembre de 2013, que instituye el voto preferencial en República Dominicana. Tomado de https://www.opd.org.do/images/marco_legal_PDF/Ley-No.157-13-que-establece-el-voto-preferencial-para-la-eleccion-de-diputados-y-diputadas-al-Congreso-Nacional.pdf

6.    Ley 659-44 sobre Actos del Estado Civil. Tomada de https://www.oas.org/dil/esp/Ley%20No.%20659,%20del%2017%20de%20julio%20de%201944,%20sobre%20Actos%20del%20Estado%20Civil%20Republica%20Dominicana.pdf

7.    PNUD. Informe Sobre en la República Dominicana 2019: Universalizando derechos para la ciudadanía formal y sustantiva del siglo XXI en América Latina y el Caribe (Versión Digital). https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/presscenter/articles/2019/pnud-presenta-balance-de-la-calidad-democratica-en-republica-dom.html

PERSPECTIVAS DEL SISTEMA POLÍTICO DOMINICANO.

"Un comerciante compró un colmado que había sido exitoso durante 25 años, pero de la noche a la mañana, se vino abajo. El nuevo dueño dejo al mismo personal y al ser preguntado sobre el por qué no hizo cambios dijo: ellos saben por qué quebró y sabrán recuperarlo".

El desarrollo del sistema político dominicano ha tenido una accidentada historia que inicia con la fundación de la República en 1844 y llega hasta nuestros días. Las características de cada período histórico están definidas por las fuerzas políticas, económicas y sociales que detentan el poder. 

Cada período de la historia política marca al sistema con el sello de la ideología y los intereses predominantes. Caudillismo, clientelismo patrimonialismo, asistencialismo, dictaduras y mesianismo son parte del mosaico de los “ismos” que han marcado la práctica política en el país. 

La democracia dominicana puede ser tipificada como cara y deficiente. Hay estudios que avalan este enunciado y eso puede atribuirse a las debilidades institucionales del sistema político, a la falta de compromiso del liderazgo, a la inobservancia de la ética política, la falta de respuestas a los problemas del desarrollo integral, a los rezagos en materia de desarrollo y modernización política. 

Reflexionar y analizar las causas que impiden el desarrollo político, la institucionalización y la modernización del sistema es fundamental para establecer relaciones entre la eficacia y la eficiencia del sistema político. Hay falencias como la impunidad, la corrupción y la complicidad que han ido corroyendo las bases de la confianza en el liderazgo político y eso impacta la calidad de la democracia. 

El Sistema Político es la expresión organizada de las interrelaciones políticas que fundamentan la interacción entre los entes del Estado. Está conformado por un conjunto de subsistemas sustentan la estructura organizativa de la institucionalidad política. En el interactúan, aunque condicionada por el medioambiente, las entradas (apoyos, insumos, demandas), las salidas (decisiones, acciones o soluciones).

El fundamento teórico del Sistema Político está asociado a categorías perfectamente identificables como el Desarrollo Político. Éste a su vez, tiene como soporte a la Institucionalidad y Modernización Política. Esa combinación lleva implícita un complejo entramado conceptual que requiere aclaraciones puntuales en cada uno de esos aspectos. 

Según David Easton, en un sistema político interactúan entradas que pueden ser apoyos, demandas o insumos y salidas que son los resultados, soluciones o respuestas. Caracterizar cada uno de los elementos que conforman el sistema político dominicano ayuda a entender la baja eficiencia del sistema político y la falta de confianza en el mismo. La relación entre las demandas que recibe el sistema político, y las respuestas no se corresponde y eso se complica cuando el ambiente es impactado por la acción colectiva. 

Si como ha dicho Helio Jaguaribe, el Desarrollo Político es igual a Institucionalidad Política más Modernización Política, es conveniente explicar los niveles y grados que legitiman un sistema político. Pretender la perfección en los sistemas políticos puede conllevar a la demagogia, pero hay que aspirar a lograr niveles óptimos en cada uno de los componentes. 

En la historia política dominicana se evidencian serios rezagos en materia de desarrollo del sistema. En el accidentado relieve político dominicano cohabitan diversas expresiones políticas que muestran niveles distintos de desarrollo institucional. Usted puede encontrar avances en algunos de los subsistemas, como el electoral o el normativo, pero en sentido general, las debilidades supuran a las fortalezas. 

Hablar de la Institucionalidad Política en República Dominicana es tan complejo, como referirse a Modernización Política, ya que ambas categorías muestran marcadas inconsistencias y son frágiles. Los esfuerzos para conducir a la democracia dominicana a un desarrollo político han sido perturbadoramente lentos y accidentados. Se ha ido avanzando, pero al ritmo de los vaivenes políticos típicos de lo que el profesor Juan Bosch definió como “arritmia histórica” que permea la historia y la cultura política dominicana. 

Las reformas político-electorales realizadas hasta la fecha pueden servir para fortalecer las bases del sistema político, pero hay que implementar los dispositivos instituidos para probar su eficiencia y realizar los ajustes que se requieran. Las modificaciones efectuadas a la Constitución de la República, cerca de 40, muestran ciertos avances y la creación de instancias como el Tribunal Superior Electoral junto a la constitucionalización de las organizaciones políticas apuntan al fortalecimiento del sistema político, pero no es suficiente. Falta compromiso, rigor en la aplicación y respeto a la institucionalidad. 

Esa perspectiva se complementa con promulgación de las leyes de partidos y de régimen electoral aprobadas recientemente. Son aspectos destacables que pueden encuadrar los anhelos de quienes aspiran a la trasformación del sistema político dominicano. Para concretar esas aspiraciones se requiere que el subsistema electoral y el de partidos funcione y esa es la responsabilidad del liderazgo político. 

Los eventos electorales celebrados en 2020 dejaron ver profundos y preocupantes huecos en el funcionamiento del sistema político dominicano. Tan grave fue el asunto, que fue necesario posponer unos comicios poco después de haber iniciado, bajo el alegato de “fallas técnicas” en el voto automatizado que se implementó. Las tensiones y protestas estuvieron a punto de escalar a una crisis política. Se pudo evitar con un proceso de diálogo usando la plataforma del Consejo Económico y Social. 

Los acontecimientos posteriores a ese hecho, que estuvo precedido por falla similares en las Elecciones Primarias Simultáneas celebradas a finales de 2019, parecieron superarse en las elecciones del 15 de marzo de 2020. Hubo informes pocos creíbles de la Organización de Estados Americanos, pero las causas profundas de esos males siguen latentes y se activarán tan pronto sean tocados. Evitar situaciones similares a las ocurridas es tarea del liderazgo político y las instituciones que gestionan al sistema. 

Se evitó lo peor, pero el mal que alimenta el síndrome del fraude persiste y espera por un abordaje ético para restaurar la credibilidad de la Junta Central Electoral, seriamente afectada con las fallas del subsistema electoral y el malogrado proceso comicial de febrero 2020. Esos hechos evidencian las debilidades de la Junta Central Electoral como ente rector del subsistema electoral y de partidos. 

El liderazgo político tiene un gran reto y una alta responsabilidad para impulsar el desarrollo, institucionalización y modernización del sistema político dominicano. Son accionistas y beneficiarios de un sistema político, donde las organizaciones políticas son financiadas fundamentalmente con dinero público. Eso les obliga a rendir cuentas y apostar a la transparencia. 

Muchas cuestiones exigen atención para hacer del sistema político dominicano y de los subsistemas que lo componen instrumentos que ayuden a transformar el formalismo electoral en democracia funcional. Sancionar los delitos electorales es fundamental para avanzar en materia de institucionalidad democrática. 

El ejercicio de los derechos civiles y políticos son fundamentales para que un sistema político funcione armónicamente. Si el derecho a elegir y ser elegido es vulnerado la confianza en las instituciones se pierde. Sin instituciones es imposible hablar de sistema y menos aún de democracia funcional. Es así como el gobierno y la sociedad deben apostar a robustecer el sistema político-electoral, eliminando los parásitos que los debilitan y menguan la confianza de la gente en la Política. 

Cuestiones vinculadas a la falta de controles en el financiamiento privado a partidos y candidatos hasta el elevado costo de las campañas y precampañas requieren soluciones urgentes. Un mercado electoral donde se impone quien tenga más plata y menos escrúpulos se traduce en un espacio propicio para violentar el derecho a elegir y ser elegido. 

Informes de organismos internacionales como OEA y PNUD llaman la atención sobre las fallas que impiden la consolidación de la democracia dominicana. A eso se suma la altísima abstención que se apreció en los procesos electorales citados anteriormente. Cerca de un 45% de la población se abstuvo de participar en el certamen. Eso puede ser muestra de hastío, desencanto o desconfianza en el sistema, sus beneficiarios y quienes lo gestionan. 

El sistema político dominicano debe superar grandes retos para ganarse la confianza de la población y cumplir con las expectativas de la gente. Ya sonó la clarinada en febrero pasado y es el preludio de lo que pudiera venir si no se toman los correctivos a tiempo. De no haber reajustes el sistema social, que refuerce los fundamentos del sistema político, el pueblo dominicano seguirá padeciendo las consecuencias de la falta de institucionalidad y la anomia que se observa. 

No basta con que la Constitución Política del país, establezca en su artículo siete que “República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho”. Es necesario que ese enunciado teórico sea respaldado con hechos concretos que se expresen en la mejora de las condiciones de vida de la gente. Hoy, más que nunca, se requiere que sociedad, Estado, gobierno e instituciones se articulen en un sistema que pueda dar las respuestas que se esperan de una democracia bien entendida. 

Es imperativo avanzar en la ciudadanización de la política para superar el analfabetismo cívico y analfabetismo político, activando los mecanismos de formación política promoviendo una cultura política fundamentadas en virtudes cívicas, principios éticos y valores morales. Cabe aclarar, que tanto el analfabetismo político como el analfabetismo cívico no tienen que ver con niveles educativos. Hay gente que le falta estudio, pero le sobre honestidad, mientras hay otras a las que les sobran títulos y les falta dignidad. 

A continuación, cito algunas urgencias que requieren y convocan a la reflexión de quienes aspiran a vivir en una sociedad regida por un sistema político que sirva de base de una democracia funcional donde primen la justicia social y el compromiso ético. Una sociedad donde la solidaridad, la cooperación y la honestidad sean norma, no excepciones: 

1. Sancionar los delitos electorales que cometan tanto los partidos como sus miembros, activando los mecanismos de control instituidos para tales fines y sumando el control social. 

2. Exigir mayor transparencia a las organizaciones políticas en la selección de quienes se postulan a cargos públicos y sanear las postulaciones antes de aceptar la propuesta candidatura. 

3. Controlar el financiamiento privado o eliminar el financiamiento público, dado los altos niveles de discrecionalidad con que se maneja esa parte para evitar que la corrupción y otros delitos financien e impongan candidatos. 

4. Responsabilizar a las organizaciones políticas del cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley 15-19 de Régimen Electoral durante los procesos comiciales. El liderazgo político debe ser el más preocupado por el creciente deterioro y la falta de confianza de la gente en el sistema político. 

5. Promover un Código Político-Electoral que sea fruto de una profunda transformación de la institucionalidad democrática que garantice transparencia y genere confianza entre los entes que interactúan con el sistema político. 

6. Crear mecanismos funcionales que cierren el paso al transfuguismo y a la compraventa de cargos. Quien sale, negocia, es expulsado o renuncia de un partido pierde el cargo y los derechos que de él se derivan. 

7. Prohibir que una autoridad electa renuncie de un cargo para ocupar otra posición en el Estado. Evitar que se irrespete el voto popular abandonando el cargo para el que fue elegida. Es una práctica que pervierte la institucionalidad política y debilita la democracia. 

8. Establecer incompatibilidades entre un cargo público y una función en el partido. Que se exija renuncia previa en cualquiera de los casos. Los males generados por la permisividad de los partidos y la Junta Central Electoral. Cuando la cúpula partidaria pasa a ser gobierno, y con su poder neutralizar los mecanismos del partido. 

9. Exigir el cumplimiento de la capacitación política establecida en la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Que se retengan los fondos a las entidades que no cumplan. Estas leyes no son las deseadas, pero pueden servir para crear las bases de un debate que ayude a mejorarlas. 

10. Sustituir el Sistema D'Hondt para la asignación de escaños. Es un método controversial y obsoleto que genera distorsiones y no garantiza transparencia ni justicia. 

11. Trabajar para superar las debilidades y prejuicios que impiden la incorporación plena de herramientas tecnológicas a los procesos electorales. Desmitificar los prejuicios sobre el voto automatizado, voto electrónico y voto por Internet. 

12. Insistir en el compromiso del liderazgo nacional con la ética política, el fortalecimiento, institucionalización y transparencia de la democracia dominicana. 

13. Ciudadanizar la política para superar el analfabetismo cívico y analfabetismo político activando los mecanismos de formación política y promoviendo cultura política fundamentadas en virtudes cívicas, principios éticos y valores morales.

TENSIONES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA EN PROCESOS DE TRANSICIÓN.

"Quienes asumen un cargos en la administración pública deben actuar pensando que el trato que dan hoy a quienes sustituyen lo recibirán mañana cuando sean sustituidos. Ese que hoy cancela, mañana puede ser cancelado por quien canceló y así se activa el círculo vicioso que se reproduce cíclicamente".

Las relaciones laborales entre el Estado y los servidores públicos en República Dominicana se rigen por la Constitución de la República, la Ley 41-08 y la normativa complementaria. Ahí se establecen los principios rectores de la función pública, los sistemas y subsistemas que la conforman; así como los procedimientos para gestionarlas.

Sin embargo, tras cada proceso electoral, las autoridades resultantes del mismo obvian muchos de los preceptos normativos instituidos para la separación, ingreso, ascensos y la promoción en la función pública. La necesidad de cumplir compromisos contraídos con militantes, simpatizantes y electores convierte a la nómina pública en un preciado botín y eso coloca al funcionariado público en la línea de fuego.

En cada cambio de gobierno se produce la sustitución de gran parte de los servidores públicos, sin importar capacidad, experiencia, compromiso, desempeño o condición laboral. Eso evidencia el bajo nivel de institucionalidad de la administración pública y llama a redoblar esfuerzos para superar esa tendencia. Aplicar correctivos y aplicar los procedimientos ayudan a superar las distorsiones que debilitan la función pública.

El artículo 1 de la Ley de Función Pública se lee lo siguiente: “La presente ley tiene por objeto regular las relaciones de trabajo de las personas designadas por autoridad competente para desempeñar los cargos presupuestados para la realización de funciones públicas en el Estado, los municipios y las entidades autónomas, en un marco de profesionalización y dignificación laboral de sus servidores”. No hay que ser especialista en la materia para entender que hay reglas que, aunque débiles, regulan las relaciones entre la administración pública y sus servidores.

En los procesos de transición, las tensiones, choques y roces entre las cúpulas partidarias se convierten en algo común por el reparto de cargos. Pareciera que el partido que encabeza la coalición de gobierno no tiene otra prioridad que no sea sustituir al funcionariado por gente vinculada a su proyecto sin tomar en cuenta los procedimientos y normativas que rigen la función pública. Avanzar en materia de institucionalización de la función pública ha costado mucho al país y los políticos no asumen ni respetan las normativas que la rigen.

El país ha logrado un marco normativo que debiera ser suficiente para garantizar procesos de transición donde se preserven los derechos de los servidores públicos, se garantice la transparencia y la continuidad del Estado[1]. Un gobierno es pasajero, el Estado es permanente y ese horizonte temporal de los cargos electivos debe ser condición suficiente para respetar la institucionalidad pública y los recursos humanos que la sustentan.

Los procesos de reforma y modernización del Estado desarrollados en el país a partir de 1996 dieron un marco jurídico que creó las bases para el establecimiento de una función pública eficiente, transparente, profesional e institucionalizada. Lamentablemente, el liderazgo político desconoce todo lo que hagan quienes les adversan y cada cambio de gobierno impone una agenda que pocas veces se corresponde con los marcos normativos vigentes.

Ojalá que esta reflexión sirva para que quienes asumen funciones públicas entiendan que la institucionalidad de la administración pública, la transparencia en los procesos de gestión y la observancia del marco normativo son la base para garantizar eficiencia, pero esto no se logra sin funcionarios públicos profesionales, comprometidos con los principios éticos y conscientes de la importancia de la labor que realizan.

Dejo aquí algunas cuestiones que pueden servir de base al necesario debate que debe darse para lograr que el país, no solo se institucionalice, sino que avance en materia de modernización de la administración pública y gestión de talento humanos[2]. El derecho a servir a la sociedad desde el Estado no debe supeditarse a las acciones clientelares que caracterizan los procesos de transición en República Dominicana.

Hagamos un recorrido mental por la historia política dominicana de los últimos 30 años y encontraremos insumos suficientes para comprender la necesidad de regular los procesos de transición para disciplinar al liderazgo político e imponer una normativa clara y efectiva. No es aconsejable voltear la cara ante tan preocupante realidad, sobre todo, si se quiere avanzar hacia una institucionalidad política que sustente al Estado Social y Democrático de Derecho.

El primer requerimiento de los funcionarios entrantes es pedir las nóminas para hacer la distribución de los cargos entre sus acólitos. Aclaro, que durante el proceso electoral se distribuyen los cargos principales y una vez en el poder, se concretan la promesas. Lo que se produce no es una transición organizada ni mucho menos un proceso institucionalizado, es una especie de asalto a la administración pública que pone en riesgo a todo el funcionariado público. Lo mismo sucede en las Ayuntamientos y Distritos Municipales.

Si los cargos públicos se asumen como una mercancía que sirve para pagar favores políticos, estamos ante una forma de clientelismo que afecta la calidad e institucionalidad de la función pública y pone en riesgo la eficiencia de la gestión de gobierno. Formarse en la administración pública y adquirir experiencia sirve de poco cuando llega el momento de asumir el poder. Atropellos, asedio, acoso, discriminación, descalificación, desconsideraciones y hasta agresiones se hacen cosa común.

Erróneamente se asume que toda la burocracia pública está alineada a la corriente política que sale del gobierno, sin tomar en cuenta que la mayoría del funcionariado público trabaja para el Estado, no para el gobierno que lo gestiona. Es fundamental que se valoren las capacidades, compromiso y experiencia de quienes deciden trabajar para la administración pública. Además de ser un derecho constitucional, es una oportunidad para servir a la sociedad.

No se trata de negar a las nuevas autoridades la posibilidad de crear equipos que le ayuden a implementar el plan de gobierno, sino de cuidar la institucionalidad pública. Se trata de que se tomen en cuenta las políticas, procedimientos y principios establecidos en los marcos normativos. Asumir que el gobierno, como gerente del Estado debe fundamentar sus acciones en la legalidad, eficiencia y transparencia.

Preservar los recursos humanos es fundamental para el Estado, dado las grandes inversiones que se hacen en la capacitación del mismo. Entender cuestiones de Estado, Política, Gobierno, Poder, Servicios Públicos, Institucionalidad Pública, Administración Pública, Políticas Públicas, Procesos Administrativo, Ética Pública, Gestión Pública, Transparencia Administrativa, entre otras categorías, exigen formación y especialización de la función pública. Sanear la nómina pública es una cosa, desmantelar la función y la administración pública, pasando la aplanadora como se dice popularmente.

“La separación de servidores públicos que pertenezcan a la Carrera Administrativa en violación al régimen de la Función Pública será considerada como un acto contrario a la Constitución y a la ley”. Sentencia la Constitución de la República para proteger la función pública[3], especialmente a los servidores de carrera, pero en la oleada de cancelaciones muchos quedan atrapados en la turbulencia de la mar revuelta.

Pretender resolver el problema del desempleo, cancelando unos para emplear a otros contraviene los principios que sustentan el derecho al trabajo digno. Lo ideal es que se establezcan políticas públicas y se encaminen acciones para fomentar empleos. No es aconsejable prescindir de servidores públicos que sirven al Estado, no a un gobierno.

La Carta Magna[4], la Ley de Función Pública, la Ley Municipal y la Ley de Administración Pública, entre otras establecen mecanismos para gestionar de la administración pública y los recursos humanos en el sector público, pero eso cae en el limbo jurídico tras cada proceso electoral. Las modalidades instituidas en la normativa para acceder a cargos públicos son ignoradas y se inicia la zafra de designaciones, sustituciones y nombramientos.

Es necesario que los funcionarios que asumen la dirección del Estado reciban formación previa sobre las normas, procedimientos y principios que rigen la administración pública. Las organizaciones políticas deben trabajar en la formación de los futuros funcionarios, ya que facilita la renovación del liderazgo directivo. Esto es válido, tanto para los cargos electos, como para los designados.

Desconocer las funciones del cargo que se asume o se aspira desdice las proclamadas intenciones apuestan transformación promovidas durante las campañas políticas. Formarse para servir es una consigna indispensable. Una vez inserto en la función pública debe comenzar un proceso más amplio de formación que inicia con cursos de inducción impartidos por el Instituido de Administración Pública.

Los cambios de autoridades generan incertidumbre en la población y desasosiego en el funcionariado público, dada las promesas que hacen quienes se postulan a cargos electivos. Otros países han resuelto la cuestión institucionalizando la función pública, estableciendo sistemas de carreras basados en el mérito, la capacidad y la estabilidad de los cargos públicos.

Tanto en el Gobierno Central como en los Ayuntamientos y Distritos Municipales los despidos injustificados de servidores capacitados y con experiencia impide del desarrollo de una función pública institucionalizada. Para el caso de los ayuntamientos, se trabajó una propuestas de Carrera Administrativa Municipal que fue sepultada por el clientelismo y la desidia de quienes accionan en esos entornos. Tanto la Reforma y Modernización del Estado como la Reforma Municipal han caído en un punto muerto y eso afecta a la burocracia pública.

La inobservancia de los procedimientos y principios establecidos en la normativa que rige la gestión pública coloca al país en desventaja con respecto a las corrientes que apuestan a la institucionalización y profesionalización de la función pública. De ahí la importancia de establecer una normativa que pongan límites a las autoridades salientes y condiciones a las entrantes. No puede ni debe ser la ley de la selva. La continuidad del Estado tiene que ser preservada por el bien del país, de la clase política y el de la democracia.

La Carta Magna establece en su artículo 142 que: “El Estatuto de la Función Pública es un régimen de derecho público basado en el mérito y la profesionalización para una gestión eficiente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. Dicho estatuto determinará la forma de ingreso, ascenso, evaluación del desempeño, permanencia y separación del servidor público de sus funciones”. Como puede apreciarse desconocer estos preceptos constituyen una violación constitucional que implica sanciones.

De igual forma, la Ley 247-12[5] establece claramente el objetivo de la administración pública. En su artículo 5 dice lo siguiente: “La Administración Pública tiene como objetivo principal satisfacer en condiciones de eficacia, objetividad, igualdad, transparencia, publicidad y coordinación y eficiencia el interés general y las necesidades de sus usuarios y/o beneficiarios, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. Es tarea fundamental de todo integrante de la organización administrativa participar de las funciones esenciales del Estado destinadas a procurar el desarrollo humano pleno a fin de que la calidad de vida de toda persona corresponda a los supuestos que exige su dignidad de ser humano”.

Garantizar los derechos fundamentales de quienes sirven al Estado desde la administración pública debe ser la prioridad, no su sustitución sin justificaciones. Se sabe que la ley de función pública solo garantiza derechos a los servidores de carrera administrativa, dejando desamparado a quienes no han podido entrar al sistema. Es tiempo de accionar para que se supere la obsolescencia normativa.

Gente con 10, 15, 20, 25 años de servicio al Estado quedan sin prestaciones dado las perversidades de la Ley de Función Pública[6] que sólo dispone que, en caso de despidos o renuncia, los funcionarios que no sean de carrera solo recibirán el pago de vacaciones y la proporción del salario 13 que le corresponda. Es evidente, que el Estado no cumple a sus servidores lo que exige al sector privado[7]. El Estado tiene que cumplir lo que exige. La única vía que dejan al servidor o servidora público cancelado es recurrir al Tribunal Superior Administrativo, luego de agotar los procedimientos internos y en el Ministerio de Administración Pública.

A esto hay que sumar las frecuentes persecuciones contra quienes provienen de gestiones anteriores y el asedio sistemático al que es sometido todo el funcionariado público. Formas denigrantes como el acoso laboral, la marginación y la discriminación se hace norma cuando se produce un cambio de autoridades. Cuando la gente joven ven el trato que reciben sus padres, madres, amigos, maestros y todo el funcionariado que sirve al Estado llegan a la conclusión de que ser servidor público es una opción que no asumirían.

¿Cuánto cuesta formar a un servidor o servidora pública y cómo preservar sus derechos? Doctorados, maestrías, licenciaturas, especialidad en políticas y administración pública van al zafacón en cada período de transición junto con la experiencia de quienes son separados de la administración pública. Reforzar la Carrera Administrativa es una necesidad para garantizar una función pública motivada, eficiente y comprometida con el desarrollo del país.

¿Por qué el Estado no reconoce los derechos a los funcionarios que ingresan a la administración pública sin haber participado al concurso? Es tiempo de superar esas falencias y diseñar mecanismos que garanticen prestaciones, respeto y ascenso a los servidores estatales, en cualquier nivel de la administración pública. Crear la percepción de que servir al Estado desde la función pública denigra, corrompe y pervierte es una seria amenaza para la administración pública.

Hay quienes pretenden y así lo pregonan, que los gobiernos deben desconocer las acciones ejecutadas por quienes le preceden, incluida las capacidades de la burocracia. Hasta en los procesos de refundación de los Estados hay principios que se respetan, y entre esos, se debe incluir el respeto a la dignidad humana del personal que sostiene la administración pública. El país ha firmado el Código de Buen Gobierno y la Carta Iberoamericana de la Función Pública, entre otros compromisos y todo parece nada.

Hay que aspirar a vivir en una sociedad donde las normas se cumplan, predominen los principios éticos y los valores cívicos sean reglas, no excepciones. Eso exige que las autoridades y el liderazgo político respeten las normativas y superen las prácticas clientelares que ponen en riesgo, no solo la institucionalidad democrática del país, sino también, el principio de continuidad del Estado. Entender los procesos de transición como una oportunidad para mejorar y construir, no destruir. Eso sería cambiar positivamente.

Que la falta de oportunidades de empleo sea suplida con políticas públicas que generen espacios para la colocación de la gente es tarea que deben emprender los gobiernos. Esas políticas deben priorizarse e institucionalizarse en coordinación con el sector privado. Sustituir y cancelar servidores públicos sin razones justificadas es una práctica que habrá que superar para evitar el debilitamiento y clientelización de la administración pública.

Acosar, perseguir, degradar, marginar, discriminar y atropellar se ha hecho norma en los procesos de transición. La dignidad y el decoro de los servidores públicos es estropeado por quienes se consideran con derecho a disponer a su antojo de la administración pública. Las capacidades humanas y las experiencias son fundamentales para la gestión del conocimiento en la administración pública. Cuidarlas es obligación de quienes la gestionan.

La Carta Sustantiva establece que la “La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos[8]”. Cumplir ese mandato incluye, respetar la dignidad y el decoro de los servidores públicos. Es un reto para el liderazgo político hacer valer este mandato para evitar trato inhumano y degradante con los servidores del propio Estado.

Nada justifica el trato denigrante que recibe el funcionariado que se ha formado y dedicado su vida a servir a la sociedad desde la administración pública. Desde un humilde conserje, chofer o mensajero hasta un técnico o gerente especializado son tirados a la calle sin el más mínimo criterio gerencial. Superar esa mala y denigrante práctica, pasa por el fortalecimiento y actualización del marco que rige la función pública. Las autoridades están para cumplir las normativas, no para violentarlas.

El liderazgo político debiera entender que la función pública es asunto de Estado y permanente, no una cuestión coyuntural de gobierno. Se debe romper el círculo vicioso de cancelar a servidores que se han desempeñado con ética y eficiencias para sustituirlos por un personal que desconoce la dinámica operativa de la función pública. Gestionar la administración pública exige capacidades, compromiso y habilidades que se desarrollan. La gerencia pública no es un juego de azar, es una especialidad indispensable para el desarrollo de los pueblos.

El Ministerio de Administración Pública, MAP debe abocarse con urgencia a coordinar con la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE y otras entidades del país, la organización y realización de un censo nacional de servidores públicos para establecer claramente cuáles son los niveles de institucionalidad, la cantidad de servidores estatales, las características básicas de la función pública, el estatus y los perfiles del funcionariado público. Ya se hizo a finales del siglo pasado pero sus resultados son pocos conocidos.

Otra cuestión que se debe abordar con urgencia es la que tiene que ver con las asociaciones y la federación de servidores públicos instituidas en la Ley 41-08. Esas entidades deben servir como entes de intermediación entre las autoridades y los funcionarios públicos. Con su activación, no solo se da cumplimiento a las leyes, sino que se abre un espacio de diálogo para resolver conflictos y solucionar problemas.

Permitir el desmantelamiento de la administración pública en cada cambio de autoridad es un acto irresponsable que compromete a todo el Estado y ser superado si se quiere avanzar en la profesionalización e institucionalización de la administración pública. Al MAP le toca, no solo establecer las políticas de gestión de recursos humanos en el Estado, sino cuidar porque esas políticas se ejecuten tal como mandan la Constitución y las leyes. Hasta ahora es materia pendiente y cada funcionario acciona en su ámbito como le parece.

El Ministerio de Administración Pública como órgano rector tiene que hacer valer el marco normativo que la rige. No pude ser sumisa ni complaciente porque eso la neutraliza para sancionar acciones que atenten contra la estabilidad de la función pública. Demostrar debilidad institucional e incapacidad operativa coloca a la entidad en una situación difícil y estaríamos ante un cuadro preocupante que puede impedir el cumplimiento de los mandatos normativos.

Cuando un partido, gobierno u autoridad cancela a miles de servidores públicos sin justificaciones convincentes, empieza construir la fuerza opositora que lo sustituirá. La gente que sale de la administración pública con información, experiencia y conocimientos. Se van a masticar su amargura y armar su venganza en las urnas. Caer en ese círculo vicioso sería una fatalidad para la gestión pública.

Es una acción que se traduce en frustración para unos y desencanto para otros. Frustración para quienes han dedicado décadas a servir a la sociedad del desde la administración pública y desilusión para la gente joven que es separado del cargo sin más razones que haber sido parte de la gestión anterior. Este último grupo es especialmente importante.

Esa gente joven formada y comprometida que es cancelada empieza a cuestionar el comportamiento del liderazgo político y su actitud frente a la gestión pública. Unos abandonan las posibilidades de hacer carrera en la administración pública porque no encuentran protección a sus derechos; otros continúan preparándose para volver.

Se ha hecho costumbre y casi parece normal que en el Estado se entra por favoritismo, amiguismo o filiación, no como establece la normativa. Eso es una de las justificaciones para los despidos masivos e indiscriminados que se observan cíclicamente. Es tiempo de acogerse a las modalidades instituidas para el ingreso a la administración pública. Que se respeten los concursos de oposición y que quienes pasan a formar parte de la función pública encuentren la protección de sus derechos y reciban el trato que merecen.

Quienes asumen un cargo en la administración pública deben actuar pensando que el ato que dan hoy a quienes sustituyen lo recibirán mañana cuando serán sustituidos. Ese que hoy cancela mañana puede ser cancelado por quien canceló y así se activa un círculo vicioso que pone en riesgo la institucionalidad de la administración y la función pública. 

Todo eso sucede ante la mirada indiferente y hasta complaciente del Ministerio de Administración Pública que toma partido a favor de quienes detentan el poder. Por tanto, las acciones orientadas a adecentar y sanear la nómina pública se convierten en una cacería que no toma en cuenta la condición económica, estado de salud, edad, formación académica, la experiencia o el estatus del funcionariado público y pagan a justos por pecadores.

La excusa recurrente es que están eliminando las "botella" y bajo esa premisa juntan a tirios y troyanos. Nadie se opone que quienes no tienen funciones en una institución cobre sin trabajar, pero las cancelaciones masivas incluyen a muchísima gente con méritos, experiencia y capacidad.

Corregir esto y cerrar el círculo vicioso se hará difícil mientras el Ministerio de Administración Pública, asuma las posiciones que exhibe frente a un problema que es exclusivamente de su competencia. No se puede ser juez y parte en ningún proceso, menos aún, en la gestión de las relaciones laborales en el sector público donde riñen el rigor técnico con el clientelismo y el patrimonialismo.

La profesionalización e institucionalización de la función pública es un requisito para garantizar la eficiencia, transparencia, equidad, y la calidad de los servicios que ofrece la administración pública[9]. Que la dinámica caudillista, clientelar y paternalista imponga sus reglas solo es posible si el liderazgo político lo permite o lo promueve. Es imperativo hacer conciencia de los problemas que se derivan de un accionar divorciado de la lógica normativa y la dinámica operativa en la gestión pública.

Avanzar hacia una cultura política que valore la función pública y supere el clientelismo exige la superación del analfabetismo cívico y el analfabetismo político para generar un compromiso ético que sirva de sustento a la institucionalidad democrática. Sin gente capaz, motivada y con experiencia en el manejo de la administración pública, difícilmente se logrará una sociedad donde impere la justicia social y se superen las diversas formas de pobreza.

Es importante recordar el mandato constitucional de que todo ciudadano tiene derecho a acceder a un cargo público, bajo los parámetros instituidos en los marcos normativos. Las organizaciones políticas deben evitar ofertar cargos durante la campaña electoral para que sus miembros, simpatizantes y militantes no cifren sus esperanzas en el acceso a cargos públicos para el que no se han formado. Los perfiles establecidos en la estructura de cargos deben ser la guía para la renovación de los cuadros directivos en la administración pública.

El liderazgo político y la gerencia pública deben trabajar para cumplir el mandato establecido en el artículo 216, especialmente el numeral 3[10], que establece que las organizaciones políticas deben “Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana”. Es una vieja tradición que debe superarse. Quienes reúnan los requisitos y perfiles pueden optar por concursos, ya que, de no superarse esa parte, se exponen a padecer el mismo trato en otros escenarios.

Hemos reflexionado sobre cuestiones fundamentales para la institucionalidad democrática en general y la administración pública en particular, partiendo de las vivencias durante 5 procesos de transición desde el 1996 hasta la fecha. La intención no es descalificar o encasillar una u otra gestión; es llamar la atención sobre una problemática para que el país entre en un debate que coloque a la gente en el centro de su accionar para avanzar en la profesionalización e institucionalización de la función y la administración en base a un funcionariado con capacidad y motivación para encarar los retos del desarrollo e impulsar las acciones que hagan del país un referente institucional en materia de función pública.

Las cuestiones planteadas en esta reflexión se pueden resumir en lo siguiente:

Respetar la función pública en períodos de transición para evitar el desmantelamiento de los sistemas de gestión de recursos humanos, garantizar la continuidad del Estado y preservar la memoria institucional.

Modificar la Ley de Función Pública para incluir el pago de prestaciones o cualquier beneficio, tal como hace el sector privado a los servidores cancelados o que renuncian de sus cargos, ya que lo contrario no sólo es ilegal e inhumano sino perverso.

Crear una Ley que regule y establezca mecanismos que garanticen los derechos del funcionariado público, la transparencia en los procesos de transición y ponga límites al accionar de las autoridades salientes durante el período de transición en torno a la función pública.

La idea no es, ni puede ser, impedir que las autoridades entrantes nombren a quienes consideren merecedores de un cargo público, sino que esos nombramientos se hagan apegados a la normativa vigente y respetando los derechos de los funcionarios públicos.

Los partidos que encabezan la coalición de gobierno son responsables ante la sociedad de las acciones que encaminan y para lograr resultados necesitan capacidad, experticia y compromiso.

Exigir al liderazgo político que cumplan las normativas vigentes al momento de asumir los cargos públicos para garantizar que las acciones ejecutadas por el gobierno saliente sean auditadas, evaluadas y valoradas.

Instituir mecanismos que preserven la capacidad técnica desarrollada en la función pública, que garanticen la memoria institucional, evitando que se borren informaciones relevantes de las webs institucionales o de los archivos sin las precauciones debidas.

Promover el fortalecimiento de la Carrera Administrativa y establecer reglas claras para la gestión de las relaciones entre el funcionariado público, privilegiando el respeto a la dignidad humana, la igualdad de derechos y la justicia.

Organizar un censo nacional de servidores públicos para establecer claramente cuáles son los niveles de institucionalidad, la cantidad de servidores estatales, las características básicas de la función pública, el estatus y los perfiles del funcionariado público.

10. Trabajar en el fortalecimiento de las Asociaciones de Servidores Públicos y la Federación Nacional de Servidores Públicos para que sirvan de entes mediadores y ayuden a resolver conflicto entre funcionariado público, que vele por la salud de la función pública y represente los intereses de los servidores públicos.

Con voluntad política, compromiso ético, capacidad gerencial, aplicando y respetando las normas que rigen la administración pública se puede avanzar en el largo, angosto y accidentado camino hacia la institucionalización de la función pública. Que no se olvide que “todo pasa y todo queda y que se hace camino al andar”, como bien dijo el poeta Antonio Machado.

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[1] Hay quienes afirman que el país tiene un exceso de leyes, sin embargo, los niveles de aplicación y cumplimiento son exageradamente bajos ¿De qué sirve tener muchas leyes si no hay disposición para aplicarlas y voluntad para cumplirlas?

[2] Las políticas de gestión humana en la sociedad del conocimiento son fundamentales para el desarrollo de capacidades institucionales en la administración pública.

[3]Protección de la Función Pública. Artículo 145. Constitución Política de República Dominicana 2015.

[4] Ver artículos del 138 al 148 de la Constitución Política de República Dominicana, 2015.

[5] La Ley 247-12 de Administración Pública y Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, conjuntamente con la Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano tienen un bajísimo nivel de cumplimiento y son casi desconocidas.

[6] Ley 41-08 que rige la Función Pública requiere una actualización urgente y en ella deben incluirse mecanismo que garanticen los derechos de todo el funcionariado público, en cualquiera de los niveles de la estructura estatal.

[7] El Estado obliga a los empleadores privados a garantizar una serie de derechos. Se debe establecer la misma modalidad para el sector público. Las prestaciones laborales y otros beneficios son derechos adquiridos y se deben cumplir en cualquier ámbito.

[8] Artículo 38 de la Constitución Política de República Dominicana, 2015.

[9] La Carta Iberoamericana de Función Pública y el Código de Buen Gobierno, Instrumentos auspiciados por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo, CLAD, y firmados por el Estado dominicano se establecen una serie de principios que se orientan en esa dirección.

[10]Artículo 216, numeral 3. Constitución Política de República Dominicana 2015.