martes, 19 de noviembre de 2019

JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y POLÍTIZACIÓN DE LA JUSTICIA.

“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”. Montesquieu

El marco jurídico de un país es producto de la evolución de la institucionalidad política y como tal, está permeado por los patrones ideológicos y los intereses predominantes un momento específico del desarrollo político. Los marcos normativos son votados por Congresos Nacionales o Asambleas Constituyentes que tienen más fundamentos políticos que jurídicos. 

Puede afirmarse que la fundamentación política de la institucionalidad jurídica es clara. Sin embargo, se aprecia una dicotomía entre lo jurídico y lo político, cuando lo que debiera haber, es una complementación en ambas funciones para dar sostén y estabilidad al sistema político. Esa contradicción está generando choques que trastocan el equilibrio de poderes que debe primar en una sociedad.

Se nota un marcado interés de sectores entronizados en las instituciones judiciales para modificar marcos normativos referentes a la regulación de los sistemas e institucionalidad política que han sido votados bajo los protocolos establecidos y con los consensos básicos requeridos. Eso debiera ser suficiente para dar el grado de legitimidad que requiere la normativa que rige el sistema político electoral y las instancia que lo conforman.

En el caso de República Dominicana, se ha puesto de moda, que las denominadas Altas Cortes, se asumen como únicas dueñas de la verdad jurídica y la razón política. Bajo esa égida han desguazado la Ley de Régimen Electoral y la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, al anular y modificar una serie de disposiciones que no complacen a ciertos sectores. Tras recibir recursos contra artículos y alegando contradicciones emiten sentencias complacientes que dejan ver la intención de legislar desde esa instancia.

Lo ideal sería que el control constitucional existiera previo a la aprobación de una normativa, ya que la facultad para elaborar y modificar leyes debe ser exclusivamente de las instancias legislativas. Los integrantes de las entidades judiciales son escogidos de la sociedad donde interactúan como sujetos sociales y entes políticos. No están aislados ni deben estarlo. Tal como sentenció Aristóteles: “el hombre es un animal político”, es decir, que no se pueden abstraer de las influencias ideológicas y religiosas que condicionan el ambiente en el que se desarrollan. 

Las Altas Cortes de República Dominicana han sido apoderadas de varias demandas para que se interpreten artículos que teóricamente contravienen intereses de grupos vinculados al quehacer político. Se alega que la normativa político electoral niega derecho o entra en contradicción con las Constitución de la República y bajo esas premisas producen sentencias que no solo debilitan la normativa, sino que desacredita el Congreso Nacional que las elabora y al Poder Ejecutivo que las promulga.

Cabe destacar que ambas normativas son de reciente aprobación y se supone que las comisiones que estudian los anteproyectos y proyectos de ley se cuidan de tales vicios. De no ser así, debe accionarse antes de la promulgación de la Ley por el Poder Ejecutivo. ¿Son los jueces entes superdotados o tienen superpoderes que les permiten modificar decisiones de otros poderes del Estado? Es evidente que estamos en presencia de un proceso de judicialización de la política en su expresión más cruda.

Si bien es cierto, que las Altas Cortes tienen unas funciones establecidas en la Constitución de la República Dominicana, que define sus atribuciones, no es menos cierto que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo fundamentan su accionar en el mismo marco jurídico. Como se sabe, la institucionalidad política opera bajo normas jurídicas, pero tiene una dinámica operativa que supera lo jurídico en cuanto a lógica organizativa y misional.

Las democracias formales electoralistas tienen por base la división clásica de poderes, y lo ideal es que éstos se complementen en sus funciones, no que se contrapongan, se suplanten o se contradigan porque todos tributan a la arquitectura institucional del Estado. Como se ven las cosas, se puede afirmar que en República Dominicana el proceso de judicialización de la política puede perturbar el orden político tal y como ha sucedido en otros lugares de América Latina.

Pareciera que hay sectores que pretenden imponer desde las Altas Cortes marcos normativos que no pudieron lograr en los espacios habilitados para tales fines. Las sentencias de estas instituciones son de aplicación inmediata y algunas tienen carácter de irrevocable, por tanto, modifican los marcos normativos y sientan jurisprudencia en ciertos tópicos. 

Varias sentencias evacuadas tanto por el Tribunal Superior Electoral como por el Tribunal Constitucional sobre aspectos sustanciales de las Leyes de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la de Régimen Electoral respectivamente, invitan a reflexionar sobre la calidad de la producción legislativa; así como, los márgenes interpretativos de las normativas que emiten. Eso se suma a la necesidad de buscar mayores consensos y abrir consultas que ayuden a enriquecer las decisiones del Poder Legislativo.

Reflexionar sobre el impacto de las decisiones judiciales sobre el funcionamiento del sistema político y las perturbaciones que provocan en la institucionalidad democrática es tarea indispensable para el liderazgo político. Las funciones de las Altas Cortes deben servir para fortalecer la democracia, no para debilitarla. De continuar en esa tendencia pudiera producirse un choque de poderes que ponga en riesgo la estabilidad política y la paz social.

Las Altas Cortes no pueden erigirse en un suprapoder ni constituirse en un espacio para deslegitimar las labores del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Eso obliga a repensar su rol y redefinir funciones, priorizando el control previo de los marcos normativos para evitar interpretaciones antojadizas y sospechosas que provoquen situaciones que pongan en riesgo la institucionalidad democrática. Esa función consultiva ayudaría a transparentar sus decisiones y fortalecer los marcos normativos.

La lógica complementaria en las funciones del Estado y entre las entidades que lo conforman, es más necesaria hoy que nunca, para evitar roce y prevenir sobre los intentos de politización de la justicia o judicialización de la política. Tan mala es una tendencia como la otra. Ambas distorsionan las funciones de los órganos de control político y jurídico e impacta en la calidad de la democracia.

¿Una persona pierde su condición de ser y actuar como ente político porque se ponga toga y birrete? ¿Se exceden las Altas Cortes al interpretar los marcos normativos referidos a la regulación del sistema político electoral o ceden a presiones de los grupos de interés? 

Al margen de cualquier valoración, la condición política no inhabilita a ninguna persona de ocupar funciones públicas. Lo que cuenta es la honestidad e idoneidad con que se desempeñe el cargo y eso no tiene que ver con ideología política, raza, credo o condición social. Lo que intento explicar es que la persona es persona, independientemente de la función que desempeñe. 

martes, 12 de noviembre de 2019

REFLEXIONES SOBRE EL GOLPE DE ESTADO PERPETRADO EN BOLIVIA EL 10 DE NOVIEMBRE 2019

"No se puede avanzar cuando el sector progresista genera avances y las derechas asumen el poder para revertirlo. Eso es exactamente lo que hemos visto en América Latina". FDC/2019

El golpe de estado de Estado perpetrado por las cúpulas oligárquicas en Bolivia perturba la paz social y la estabilidad política en la región. Es un burdo atentado a la democracia de base social y contra el movimiento progresista de América Latina. Evo Morales puede irse tranquilo porque conociendo la cultura de los pueblos originarios no se podía esperar otra cosa que la renuncia ante la ola de terror que desató la oposición golpista. 

Evo Morales fue el mejor presidente de Bolivia en su accidentada historia. La complicidad de OEA, USA y la UE es clara y el silencio los delata. La oligarquía y USA se impuso a base de violencia, terrorismo chantaje; sin votos, sin proyectos, sin programas y sin liderazgo. 

El golpe de Estado contra el gobierno socialista se suma a la lista gobiernos derrocados por las oligarquías asociadas a los Estados Unidos. Es un funesto precedente para el floreciente proceso de desarrollo boliviano. Carlos Mesa y Fernando Camacho entran a Bolivia en una encrucijada y son responsable ante el pueblo y el mundo del futuro inmediato del Estado Plurinacional. Un expresidente comprometido con el pasado sangriento de Bolivia y el otro un fundamentalista religioso de ultraderecha.

Los progresistas han sido tolerantes e indulgentes cuando sustituyen a gobiernos oligarcas. Han asumido el “borrón y cuenta nueva” como política cuando lo que procedes es someter, juzgar y condenar a quienes delinquen desde la gestión pública. Apuestan a reconciliación y perdón mientras las derechas y sus padrinos incuban odio y anidan rencores.  Es tiempo de cambiar de estrategia y pedir cuentas a los verdugos.

El golpismo oligarcas se activa en Ecuador, Nicaragua, Venezuela y ahora en Bolivia. Las derechas tradicionales pretenden hacerse con el poder sin proyecto, programa o liderazgo definido y abrazan la violencia como forma de justificar su accionar político. Su apuesta es al fracaso del progresismo y al caos social para deslegitimar los logros de los gobiernos progresistas. 

Son capaces de cualquier cosa para consumar sus planes macabros contra los gobiernos progresistas. Ellos no entienden de ética política ni cultura cívica. Actúan en base a mandatos de USA, y operan bajo sus órdenes para recomponer el modelo neoliberal.  Eso lo saben la ONU-OEA-USA-UE que han estado accionando en el rediseño del modelo de dominación imperialista.

¿A qué progresista o socialista se le ocurre llamar o aceptar una auditoría de OEA sabiendo que su veredicto se decide en USA? No se puede ser tan ingenuo. La OEA es una entelequia al servicio de USA y el lacayaje criollo. ¿Es que no aprenden de la historia? ¡No fuñan! Se imponte cambiar de estrategias. Urge buscar formas de interlocución e integración incluyentes para generar un nuevo pacto que de forma y sostenibilidad a los proyectos de desarrollo planteados y ejecutados por por las fuerzas progresistas. Es claro que la OEA, no entra en es juego mientras sean punta de lanza del imperialismo yanqui.

El silencio denota la complicidad y complacencia de gobiernos conservadores de América Latina cuando se produce golpes contra las fuerzas progresistas; así como entidades como ONU, OEA y UE. Ellos asumen la democracia como un instrumento para validar los intereses de las oligarquías que representan. Una lección clave e importante de este penoso evento es que a las oligarquías no se le pueden perdonar la cuentas. Hay que cobrarle en la justicia por los desmanes cometidos. 

Bolivia tiene un interés estratégico para las multinacionales y transnacionales dado la cantidad de recursos naturales que posee, especialmente las reservas de litio, gas, petróleo, agua. De ahí que los Estados Unidos asuman como prioridad el quiebre del gobierno de Evo Morales para abrir paso a sus intereses.

El proyecto golpista de la oligarquía boliviana tiene un largo historial de acciones violentas. Delante de ese proyecto siempre ha estado USA, que para concretar la acción puso en marcha la operación "Rey Desnudo",  como afirma el periodista y escritor Nil Nikandrov. Era la plataforma propagandística para socavar la legitimidad del gobierno.

“El país minero tiene depósitos mundialmente famosos, que a la fecha continúan produciendo minerales de estaño en las minas de Huanuni, Llallagua y Chorolque; yacimientos de plata como Potosí, famoso desde ya casi 500 años; yacimientos de zinc en las minas de Colquiri, La Paz y Porco, Potosí; grandes yacimientos de oro en Tipuani, La Paz y Kori kollo, Oruro. Salares y cientos de lagunas de evaporitas, útiles para la higiene personal y limpieza de maquinarias como el boro; también con la mayor reserva mundial de litio, potasio y magnesio del Gran Salar de Uyuni. Y los enormes prospectos del Precámbrico que son comparados con los grandes productores de niquel, cromo, cobre, estaño, fosfatos uraníferos y hierro del mundo; representados en el Departamento de Santa Cruz, en Rincón del Tigre, Ascensión de Guarayos, Cerro Manomó y Mutún, respectivamente”, según se lee en el portal del periódico digital http://www.bolivianet.com/mineria/bmineralesbol.htm 

La geopolítica suramericana es fundamental para Estados Unidos y controlar a Bolivia es una prioridad. Evo Morales sacó de sus territorios a instituciones que operan como base de conspiración como son USAID, DEA, CIA y muchísimas fundaciones que accionan a favor de los sectores conservadores haciendo línea o sirviendo de correa de transmisión a las políticas intervencionistas que aplicadas en América Latina. USA no toleraría fácilmente esa acción soberana del gobierno boliviano y accionó desde otros países, incluso de su propia embajada para sacar a Evo y el Socialismo del poder.

Las fuerzas golpistas bolivianas y sus padrinos yanquis no desactivarán el dispositivo golpista hasta concretar, legitimar y estabilizar el golpe de Estado para restaurar el modelo neoliberal. No tienen programa ni liderazgo político para superar el proyecto progresista. Su anhelo es restaurar el alicaído modelo neoliberal generador de pobreza y desigualdad. Es su credo y a eso apuestan.

Concretada la fase golpista acciones los mecanismo judiciales para perseguir y encarcelar a funcionarios del gobierno que derrocaron. Es la fase de judicialización de la política. Recurren a la justicia previamente politizada para que valide acciones coherentes con los propósitos de la facción golpista. Neutralizan los congresos nacionales e imponen la censura para abrir paso a la desinformación y manipulación. Eso se suma a la represión brutal contra cualquier actividad que organicen los derrocados o defensores del gobierno progresista. En Bolivia esa fase ha sido cruenta y los pueblos indígenas son víctimas de atropellos y vejaciones como en los peores tiempos del coloniaje. 

La aposición política en Bolivia, como en otros países carece de programa alternativo al progresismo y apuestan por la restauración del modelo neoliberal que ha profundizado la pobreza, desigualdad y exclusión en el mundo. En América Latina, gracias al ascenso de las fuerzas progresistas lograron un repunte considerable en la superación de problemas estructurales generados por la pobreza como el analfabetismo y el acceso a servicios educativos y de salud gratuitos y de calidad.

Durante los gobiernos del MAS y Evo Morales devolvieron la esperanza a Bolivia; despertaron la avaricia y el odio de quienes adversan el modelo socialista. Un crecimiento continuo sobre el 5% del Producto Interno Bruto. Cifras que superan el promedio de la región. Logros significativos en materia de protección de los derechos fundamentales, salud, educación, vivienda, alimentación e inclusión. 

Se destaca la estabilidad macroeconómica, el crecimiento sostenido, la industrialización y la drástica reducción del Analfabetismo de 13,0% en 2006 a 2,4% en 2018. Logros evidentes en la reducción de la pobreza moderada de 60.6 a 34.6, y la extrema 38.2 a 15.2%. De igual forma se evidencian a avances significativos en materia de empleo e infraestructura. Son cifras que demuestran la eficiencia de las políticas implementadas por el gobierno de evo morales. 

Todo eso en un país donde los pueblos originarios fueron sometidos a un cruento proceso de exclusión discriminación. Fueron olvidados por los gobiernos de minoría blanca proimperialistas y el gobierno de Evo Morales los incorpora como sujeto del cambio social y ahí están los resultados.

Esos avances preocupan a Estados Unidos y a la oligarquía latinoamericana porque el modelo puede contagiar a otros países, y por éso, deciden desplegar estrategias y activar el plan golpista para matar la esperanza de quienes aspiran a vivir en mundo donde la justicia social y la solidaridad sean normas, no excepciones.

Al margen de cualquier error el modelo boliviano probó que se pueden crear políticas públicas que beneficien la colectividad aprovechando los recursos que producen los países. Evo devolvió a Bolivia, las empresas mineras y buscó formas de asociación donde los beneficios generados sean gestionado e invertidos en el país andino.

Ante un escenario como el descrito, las cúpulas hicieron lo imposible por impedir el afianzamiento del llamado socialismo productivo como fue denominado por el gobierno. Esa oligarquía, racista y aporófoba se asoció con la corriente golpista de América Latina que auspicia Estados Unidos en la región para impedir la reelección de Evo Morales.

Un proceso electoral, que, aunque cuestionado por las derechas, arrojó resultados donde Evo Morales superaba por más del 10% a Carlos Mesa. Tras conocer el resultado, la oposición llamó a desconocer las elecciones e iniciaron una serie de movilizaciones de sus acólitos que concluyó con el derrocamiento del gobierno de morales.

¿Repetir elecciones con un 10% de venta a favor de Evo Morales?  La ultraderecha oligárquica y OEA no validarán resultados que no le favorezcan. La OEA y Almagro son parte del proyecto de las oligarquías para quebrar el progresismo en América y restaurar el neoliberalismo. Nada nuevo. En Venezuela las pidieron sin Nicolás Maduro, en Ecuador sin Correa, en Nicaragua sin Daniel Ortega...y en Bolivia sin Evo y Álvaro.

Denunciar fraude es el primer paso del manual golpista que aplican la oligarquía y USA contra el progresismo. El segundo paso es desconocer las elecciones. El tercer paso implica activar la fase violenta para pedir la renuncia del gobierno. El cuarto paso es guerra mediática y el quinto paso es el llamado a las fuerzas armadas a que desconozcan el gobierno. Es un diseño de golpe calculado, planeado y ejecutados por sectores comprometido con la política exterior de los Estados Unidos.

Evo Morales, no debió confiar en la OEA y Luís Almagro, ya que son parte del proyecto de las oligarquías para quebrar el progresismo e impedir el desarrollo en América Latina y restaurar el neoliberalismo, haciendo línea con USA y UE. Ejemplos sobran y el testimonio de la historia cubre cualquier intento en distorsionar la intención de las acciones desarrolladas por USA en América Latina y El Caribe. 

La historia política latinoamericana demuestra que la vocación imperialista de Estados Unidos no tiene reparos al momento de imponer los modelos que garanticen sus intereses. América Latina y el mundo deben saberlo.  Cientos de ocupaciones, una política de apoyo a gobiernos autoritarios, intervencionismo continuo e injerencismo ininterrumpido son parte del arsenal que sustenta sus políticas.Para ser fieles a su accionar, coordinan con la ultraderecha boliviana, sin proyecto y sin liderazgo, para que desconozca los resultados electorales del pasado 20 de octubre y generar la crisis que provocó la salida del gobierno socialista. 

Es incuestionable que Luís Almagro opera desde la Organización de Estados Americanos, OEA, como parte del proyecto de las oligarquías para quebrar el progresismo en América y restaurar el neoliberalismo, haciendo línea con USA y UE. Darle la oportunidad de que auditara el proceso comicial fue como poner el ratón a cuidar el queso. Una inocentada del liderazgo socialista que ha tenido consecuencias catastróficas para el desarrollo del proceso progresista en América Latina. 

En su informe, OEA dejó ver su complicidad en informe lleno de ambigüedades e incongruencias. Esa fue la excusa de la oposición violenta y golpista para reforzar su llamado a anular las elecciones y luego a desconocer el gobierno. ¿Esperaban algo diferente del ministerio de colonias de los EE.UU? Es iluso pensar que OEA saque una resolución, del tipo que sea, favoreciendo a un gobierno progresista y menos a un gobierno socialista. Ella es parte de la treta golpista en Bolivia. La oligarquía boliviana y sus socios USA son los responsables de lo que suceda de la treta golpista

Evo Morales alcanza el poder en 22 de enero de 2005, tras haber ganado las elecciones en 2005 con más de un 54%. El Movimiento al Socialismo, MAS, plataforma política que le postuló, está conformada por un abanico de fuerzas progresistas y movimientos sociales que abrazan el socialismo como vía para lograr desarrollo, igualdad y justicia social.

El gobierno asume la colosal tarea de superar los problemas que impiden el desarrollo de Bolivia como la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la perversa discriminación racial que predominó en Bolivia hasta la llegada de Evo Morales. Morales, un reconocido líder del movimiento indígena, sindical y activista social; perseguido y reprimido por reclamar los derechos de su gente, que fue diputado en país donde una minoría racial controlaba todos los sectores de la economía.

La República Plurinacional de Bolivia está sumida en el caos tras el golpe de Estado de corte fascista contra el gobierno encabezado por Evo Morales Ayma. Con movilizaciones de grupos violentos y perpetraron actos de terror para imponer, por la fuerza lo que no lograron en las pasadas elecciones donde fueron superados por 10 puntos. Desconocieron el resultado e iniciaron una serie de acciones violentas que culminaron con la renuncia forzada del presidente constitucional.


Carlos Mesa, reconocido intelectual y expresidente de la República, quien encabezó la boleta de Fuerza del Cambio y Luis Fernando Camacho un dirigente de los llamados Comités Cívicos se colocaron al frente de las protestas, bajo la consigna de anulación de las elecciones. En medio del conflicto, Evo Morales aceptó que un equipo técnico de la OEA auditara el pasado proceso.

El veredicto de la OEA era predecible dado su comportamiento frente al proceso que involucran a Fuerzas progresistas y esta vez no fue la excepción. Emitieron un dictamen de que las fallas comprobadas obligaban a anular las elecciones. Lógicamente, que solo un ingenuo creería que dirían lo contrario, sabiendo que sus preferencias estaban del lado de las fuerzas conservadoras que encabezaba Carlos Mesa.

Un informe fallido y tendenciado del equipo OEA; y en medio de una intensa actividad conspirativa de oposición, el gobierno de Evo Morales llama a nuevas elecciones. Como era de esperarse Carlos Mesa y Luís Fernando Camacho rechazaron la convocatoria a nuevas elecciones y reforzaron la fase violenta del golpe que ya venía ejecutándose. Ellos, que habían pedido nuevas elecciones, cambian de rumbo y asumen la consigna de la renuncia del presidente. 

Luego del 20 de octubre cuando se efectuaron las elecciones y después de conocer los resultados. la violencia se apoderó de las ciudades donde la oposición tiene mayor incidencia como Santa Cruz. Desde allí salieron las manifestaciones hacia La Paz, donde está el asiento del gobierno. En su recorrido impusieron el terror, utilizando métodos salvajes como el saqueo, el secuestro, destrucción de bienes públicos, toma e incendio de oficinas públicas, entre otras acciones vandálicas.

El plan orquestado viene ejecutándose desde que Evo Morales tomó el poder en 22 de enero de 2006. Los grupos oligarcas y racistas de Bolivia nunca aceptaron el juego democrático. Se dedicaron a conspirar, sabotear y deslegitimar la gestión del gobierno independientemente del éxito evidente de la política implantada.

Queda claro que el propósito de los grupos que adversan a las fuerzas que componen el Movimiento al Socialismo que lideran Evo Morales y Álvaro García Lineras, presidente y vicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia.

Las fuerzas golpistas de ultraderecha en complicidad con los Estados Unidos, OEA, la Unión Europea y fuerzas nucleadas en llamado Grupo de Lima, han sido protagonistas de numerosos golpes de Estado en América Latina y El Caribe. Bolivia es el zarpazo más reciente y seguramente no será el último. Se comprometen a aceptar y promover que la democracia es la base de legitimación y al voto popular como instrumento de cambio pero desconocen protocolos electorales y accionan para quebrarlos.

Consumado el Golpe de Estado vienen las justificaciones y manipulaciones de los emporios mediáticos asociados al golpismo para negarlo. Entienden que la renuncia de Evo Morales y gran parte de los funcionarios permite un sucesión constitucional. El orden internacional se rompe, no por la renuncia de Evo Morales sino por el desconocimiento del gobierno de la cúpula militar y las acciones terroristas desarrolladas por la oposición golpista comandados por Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho.

Utilizando el manual que aplicaron cuando derrocaron a Manuel Zelaya, crean una mascarada en el Congreso para instalar una presidente violando la Constitución y los protocolos. Jeanine Áñez, senadora nacional se autoproclamada presidenta y es envestida por la cúpula militar golpista. Esa fórmula fue ensayada en Venezuela con Juan Guaidó.

Lecciones y Aprendizajes del Golpe de Estado contra Evo Morales el 10 de noviembre de 2019.

La República Plurinacional de Bolivia está sumida en el caos tras el Golpe de Estado contra el gobierno encabezado por Evo Morales Ayma. Tras una ola de terror impuesta por las fuerzas que compitieron en las pasadas elecciones y que perdieron por 10 puntos. Desconocieron el resultado e iniciaron una serie de acciones violentas que culminaron con la renuncia forzada del presidente constitucional.

En una acción coordinada por los sectores vinculados a las iglesias, las cúpulas militares, económicas, mediáticas y empresariales lograron crear un ambiente de crispación para viabilizar la acción golpista. Un golpe de Estado diseñado en los laboratorios de conspiración de Estados Unidos y legitimado por la OEA.

Carlos Mesa, reconocido intelectual y expresidente de la República, quien encabezó la boleta de Fuerza del Cambio y Luis Fernando Camacho un dirigente de los llamados Comités Cívicos se colocaron al frente de las protestas, bajo la consigna de anulación de las elecciones. En medio del conflicto, Evo Morales aceptó que un equipo técnico de la OEA auditara el pasado proceso. 

El veredicto de la OEA era predecible dado su comportamiento frente al proceso que involucran a Fuerzas progresistas y esta vez no fue la excepción. Emitieron un dictamen de que las fallas comprobadas obligaban a anular las elecciones. Lógicamente, que solo un ingenuo creería que dirían lo contrario, sabiendo que sus preferencias estaban del lado de las fuerzas conservadoras que encabezaba Carlos Mesa.

Tras el informe fallido y tendenciado del equipo OEA, y en medio de una intensa ola de violencia opositora, el gobierno de Evo Morales llama a nuevas elecciones. Como era de esperarse Carlos Mesa y Luís Fernando Camacho rechazaron la convocatoria a nuevas elecciones y refuerza la fase violenta del golpe que ya venía ejecutándose. Ellos, que habían pedido nuevas elecciones, cambian de rumbo y asumen la consigna de la renuncia del presidente.

Derrocar al gobierno progresista fue siempre el objetivo estratégico y el anhelo de los grupos de ultraderecha y sectores asociados a intereses foráneos vinculados a los Estados Unidos y la Unión Europea. Es la receta golpista que han aplicado en otros países como Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Honduras, Paraguay, Haití.

La insistencia del liderazgo del MAS y los movimientos sociales que lo sustentan en postular a Evo Morales para las elecciones del 20 de octubre 2019, agudizó las tensiones y debilitó la base de legitimidad que había caracterizado a los periodos anteriores. Cuestionaron el impedimento constitucional que ellos mismos diseñaron y recurrieron al Tribunal Supremo para que autorizara la inscripción. Eso agravó las contradicciones que produjeron el desenlace que conocemos.

Previamente hubo un cuestionado referendo donde el pueblo votó negativamente a la postulación de Evo Morales. Eso agravó las contradicciones y creó las bases para el desconocimiento de los resultados de las elecciones y reactivó el plan golpista que se activó tras las mismas.

La estrategia golpista boliviana sigue el mismo manual que han seguido los Estados Unidos en el mundo, por tanto, su implicación y responsabilidad es innegable. Financian, organizan, asesoran y ejecutan los golpes de Estado a través de entidades ancladas en países cuyos gobiernos no comulgan con las políticas progresistas y socialistas. 

Unidos a sectores religiosos radicalizados, cúpulas militares corrompidas, sectores empresariales pervertido y la oligarquía política reaccionaria, accionan desde la sombra para activar el dispositivo golpista. Utilizan recursos asociados a la guerra no convencional como acoso diplomático, bloqueo económico, chantaje mediático, soborno y perversión de las fuerzas armadas y financiamiento de grupos violentos para desestabilizar. Aplican la denominada guerra híbrida para generar lo que ellos definen como un golpe suave. 

Preservar la paz es una tarea fundamental en la agenda progresistas pero los gobiernos no pueden prescindir de mecanismo que garanticen la seguridad del Estado. A una oligarquía que acciones en base al terror y el chantaje hay que hacerla entender que las democracias tienen que basarse en consensos mínimos y que el pacto social requiere de compromisos que el liderazgo político tiene que asumir con responsabilidad. 

No es el enfrentamiento, la confrontación ni la guerra lo que dará estabilidad, es la búsqueda conjunta de soluciones y el diseño de políticas públicas incluyente lo que garantiza la paz social y la estabilidad política, es ante todo, el compromiso, el respeto y el autoreconocimiento. No se puede avanzar cuando el sector socialista y progresista genera avances y las derechas asumen el poder para revertirlo. Eso es exactamente lo que hemos visto en América Latina.

Las fuerzas progresistas y revolucionarias de América Latina deben analizar las formas de gestionar gobiernos y establecer estrategias para mejorar las interrelaciones. Que el golpismo encuentre espacio para extender sus alas y alzar el vuelo es muestra de que las políticas de seguridad e inteligencia no están funcionando. Es ahí donde todos ganan, más quienes tienen capacidad de producir y muchos vienen. El caos todos pierden, se pierde incluso la soberanía. Hacerle el juego a las políticas intervencionistas de Estados Unidos solo llega a la ruina.

Bolivia hoy es un país completamente diferente al que encontró Evo Morales en 2006. Un país preñado de esperanzas. Un país lleno de oportunidades de inversión para ese empresariado golpista porque al aumentar las condiciones de vida aumenta la capacidad de consumo. Es el escenario al que deben apostar los pueblos pero las cúpulas se han opuesto siempre a que los pueblos se desarrollen y Estados Unidos incentiva eso como forma de evitar que surja una competencia en la región.

El futuro del progresismo democrático se juega en Bolivia. Si no se acciona en la dirección correcta tendremos golpes de Estado dondequiera que se intente sacar un proyecto progresista. Los pueblos tienen que saber que los gobiernos progresistas no pueden resolver deudas sociales acumuladas por siglos en décadas. Los esfuerzos colosales requieren tiempo, recursos, organización, apoyos pero sobre todo compromiso de los sectores progresistas.

Visto el complejo contexto político latinoamericano y la complicada coyuntura política que se genera con el golpe de Estado a Evo Morales, podemos sacar algunas lecciones y aprendizajes de lo sucedido. Claro, sin pretender ser exhaustivo, dejo aquí una lista breve.

Se debe tener claro que la política exterior de los Estados Unidos para América Latina y El Caribe ha sido diseñada para impedir el avance de las fuerzas progresistas porque puedan sacar al continente de la condición de súbditos que ellos defienden. Bolivia entró en contradicción con esa política desde la llegada de Evo Morales al poder. Es la doctrina de América para los americanos.

También se sabe que EE.UU ha diseñado una estrategia para impedir que ningún país de Latinoamérica desarrolle capacidades o establezca alianzas que pongan en riesgo su hegemonía en la región. Para lograr ese objetivo, pactan con las oligarquías locales para que le sirvan de punta de lanza o muro de contención a los procesos progresistas.

Se debe hacer conciencia de que el desplazamiento de las cúpulas oligárquicas del poder no es tarea fácil. Se requieren esfuerzos de articulación y concertación que superan las capacidades operativas de las fuerzas progresistas, ya que las fuerzas conservadoras harán férrea resistencia.

Las fuerzas progresistas deben trabajar para transformar la democracia formal electoralista en democracia funcional de base socialista. Es impensable sostener un proyecto progresista con tendencia al socialismo montado sobre estructuras pervertidas y corrompidas impuestas por la oligarquía.

Se impone el respeto a la institucionalidad pactada y el cumplimiento de los marcos normativos que sustentan a los proyectos progresistas de corte socialista. La cultura del fraude debe ser superada. 

Los gobiernos progresistas no pueden perdonar los errores de quienes le preceden ni permitir acciones que deslegitimen sus gestiones. El pernicioso borrón y cuenta nueva no aplica y debe ser superado. Quien delinque, que reciba su castigo. Muchos gobiernos progresistas han perdonado a los verdugos de los pueblos que gobiernan y luego estos se transformas en sus peores enemigos.

Hay que transformar el modelo neoliberal, recuperar la capacidad del Estado, combatir la corrupción y crear las bases para un nuevo pacto social fundamentado en la ética política, el compromiso democrático y la cultura cívica.

Tras la virulencia con que actúan las fuerzas de ultraderecha se impone crear una estructura militar que de soporte al proyecto socialista. Los viejos ejércitos y su generalato son parte del instrumento que sostiene el proyecto de dominación oligarca.

La organización de la sociedad para la defensa del proyecto socialista y revolucionario es fundamental. Hay que crear un contrapoder capaz de contrarrestar a las fuerzas de la reacción en cualquier escenario.

Ciudadanizar la política para superar el analfabetismo político y el analfabetismo cívico tiene que ser ejes fundamentales en la construcción de un sujeto capaz de entender los contextos sociopolíticos, reconocer las amenazas y aprovechar coyunturas para reforzar las bases del modelo socialista.

Las fuerzas políticas que conforman el gobierno progresista, socialista y revolucionario deben empeñarse en trabajar por la igualdad, la justicia social y la equidad. Desterrar todo vestigio de discriminación.

La línea estratégica debe ser que todo proceso revolucionario es eminentemente democrático, participativo e inclusivo en su esencia y no puede ni debe haber privilegios para ningún sector.

Tener claro, que llegar al gobierno y alcanzar el poder son cosas distintas y eso exige un proceso de definición de acciones concretas para lograr la sinergia entre las fuerzas del gobierno socialista, el liderazgo social y los sectores de poder.

Enfocar los esfuerzos hacia la transformación de la institucionalidad democrática para crear las bases que sustenten la arquitectura organizativa que de sostén al proyecto socialista y genere una dinámica transformadora en toda la sociedad.

Al tomar el gobierno se debe realizar y presentar una auditoria del estado de situación del país para tener una línea de base que marque el arranque y permita evaluar los niveles de avances del proyecto socialista. Esa tarea debe realizarse en el período de transición y concretarse en los primeros 3 meses de gestión.

Trabajar arduamente en la formación política y administrativa del liderazgo progresista, socialista y revolucionario para dotarle de las capacidades que le permitan realizar una gestión a la altura de las expectativas del proyecto político progresista.

Corresponde al liderazgo progresista, socialista y revolucionario generar una plataforma programática y una estructura política amplia y diversa para dar soporte al programa de trasformaciones elaborado por el liderazgo progresista, socialista y revolucionario.

Aprovechar las capacidades de los gremios profesionales, sindicatos, cooperativas y del empresariado vinculados al proyecto socialista para articular un programa de transformaciones de amplia base social con visión integral y sustentable. 

Se ha hecho costumbre exigir a las fuerzas progresistas y revolucionarias que resuelvan en décadas los males generados por las derechas en siglos de gobierno. Superando escollos se avanza, pero las fuerzas reaccionarias se encargan de impedir y revertir cualquier avance progresista. Evo Morales no podía resolver en 14 años los males acumulados en 500 años. Aún así avanzó hasta encaminar a Bolivia en la senda de la justicia y la inclusión social.

Asumido el gobierno el progresista, socialista y revolucionario tiene que presentar la ruta crítica que le lleve a cumplir los compromisos y para eso se requiere un diagnóstico exhaustivo de la situación heredada. 

Los procesos de institucionalización de los proyectos progresistas, socialistas y revolucionarios deben hacerse sobre una base programática sólida, con amplia participación popular y un liderazgo diverso e inclusivo. Se debe evitar el mesianismo y el caudillismo.

Accionar sobre la base del valor político-estratégico de la región para establecer las alianzas que contribuyan a preservar los recursos naturales y volcar sus beneficios al servicio del desarrollo de las fuerzas productivas alternativas.

Transformar el Estado en un instrumento al servicio del pueblo, no al pueblo en un instrumento del Estado. Eso requiere el rediseño de la arquitectura institucional y la reorientación de los fundamentos del pacto social.

Fortalecer las capas medias para que sean contrapesos contra las cúpulas empresariales y sirvan de soporte al proyecto progresista, socialista y revolucionario, dada sus capacidades intelectuales. Esto combinado con acciones dirigidas a superar la pobreza y la integración de las cúpulas al proyecto de desarrollo será el reto mayor de cualquier proyecto que pretenda ser sostenible y productivo.

Involucrar y comprometer a los poderes fácticos en los planes de desarrollo para que aporten sus capacidades, experiencia y recursos, ya que son estos quienes mayores beneficios logran cuando hay estabilidad política, desarrollo económica y justicia social.

Generar mecanismos de comunicación popular directa con los sectores que lideran el proyecto progresista, socialista y revolucionarios para contrarrestar el efecto perverso de la guerra mediática que imponen los grandes medios.

Crear políticas de organización de la producción, industrialización y distribución como alternativa a las prácticas tradicionales para evitar los efectos de la guerra económica que auspician las cúpulas empresariales y garantizar la seguridad alimentaria.

Lo sucedido en Bolivia es una muestra de la virulencia con que reacciona la oligarquía cuando se ve atrapada. Buscar formas inteligentes de diálogo y concertación para evitar acorralamiento es una tarea fundamental para el liderazgo progresista.

Pervertir el orden constitucional e intentar un cuarto período fue la sentencia de Evo Morales y esa práctica debe ser superada en toda la región. Lo que debe tener continuidad es el proyecto socialista y revolucionario y eso requiere una alternancia en la conducción de este.

Sacar lecciones y aprendizajes sobre los años de gobierno de Evo Morales requiere un esfuerzo superior y aquí solo he realizado un esbozo. Los avances en Bolivia son evidentes y reconocidos en el ámbito internacional como un modelo exitoso, sin embargo, eso no fue suficiente para contener la avaricia de los grupos oligarcas y las pretensiones imperialistas.

En Bolivia como en las crisis recién vividas en Nicaragua, Venezuela y Haití queda evidenciada la complicidad y alineamiento al proyecto proimperialista de entes claves de la llamada comunidad internacional. La indiferencia o tibieza de sus discursos denota complicidad y hasta cierta complacencia.

Las fuerzas progresistas, socialistas y revolucionarias tienen que insistir una arquitectura de integración latinoamericana que se ajuste a las expectativas del proyecto que impulsan. Es notorio la parcialidad con que actúa la OEA cuando se trata de acciones contra gobiernos o líderes socialistas y eso debe ser superado. 

Los progresistas debieron retirarse de OEA y proponer su transformación tras el perverso papel desempeñado por Luís Almagro en las crisis inducidas por las cúpulas oligárquicas en Nicaragua, Venezuela y Ecuador.

Fortalecer las organizaciones como UNASUR, CELAC, SICA, ALBA-TCP y CARICOM pueden servir para establecer equilibrios y generar una dinámica de respeto en la cooperación internacional. 

Trabajar de la creación de un modelo de integración alternativo a la OEA, a Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial. Reorientar los esfuerzos encaminados en la primera década del Siglo XXI.

América Latina ha padecido los males generados por las políticas impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetarios Internacional; así como la complicidad de la ONU, UE y OEA con la agresiva política exterior de los Estados Unidos.

Las oligarquías no entienden ni le interesa entender los principios éticos que deben regir un proyecto de desarrollo. Únicamente asumen lo coincide con los sistemas de privilegios que le ha dispensado el modelo neoliberal. Convencerlos de lo contrarios es imposible, excluirles del escenario o ignorarles es un suicidio.

Fortalecer y ampliar el Grupo de Puebla puede ser un paso importante hacia la consolidación de un bloque político alternativo que asuma la paz como misión y la justicia social como visión.

Retos hay; estas lecciones pueden servir para ampliar el debate necesario sobre las causas que provocan la caída de los gobiernos progresistas y socialistas. Lugo, Dilma, Zelaya…Evo…son ejemplos de una larga lista que cubre más de un siglo de intervencionismo y golpes de Estados perpetrados y apoyados por USA en América.

Finalmente, y a pesar de los tropiezos, boicot, bloqueos, espionaje, acciones terroristas, sabotajes, golpes de Estado, represión, intervencionismo, intervencionismo o cualquier otro tipo de perturbación, las fuerzas progresistas y revolucionarias seguirán firmes hasta lograr una sociedad donde la justicia social sea norma, no excepción. No hay razones para retroceder en la construcción de mundo equitativo y solidario.

miércoles, 16 de octubre de 2019

LECCIONES DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS SIMULTANEAS.



 “La política no es una especulación; es la Ciencia más pura y la más digna, después de la Filosofía, de ocupar las inteligencias nobles.” 
Juan Pablo Duarte.
Introducción.

El Sistema Electoral Dominicano está sometido a grandes presiones dado el complejo y exigente proceso electoral que está gestionando de cara a las elecciones del 2020. La tarea inició con el montaje de Primarias para los Partidos de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, realizadas el domingo 6 de octubre y de ahí pasan a la organización y supervisión de la escogencia de candidaturas en las demás organizaciones políticas.

La Junta Central Electoral y las organizaciones políticas tienen la encomienda de garantizar que el proceso concluya exitosamente. Las experiencias anteriores dejan lecciones que ojalá sean tomada en cuenta para que sirvan de referente y ayuden a prevenir acciones que pongan en riesgo la transparencia del certamen. De igual forma, las entidades que hacen observación, tanto nacionales como internacionales, han encontraron fallas que deben ser resueltas.

El país está atento a las tensiones generadas por las Elecciones Primarias Simultáneas día 6 octubre en el Partido de la Liberación Dominicana, así como de las actividades que desarrollarán los partidos, organizaciones y movimientos que iniciarán la escogencia de candidaturas posteriormente. Hay plazos establecidos que obligan a optimizar el tiempo y reforzar las estrategias para cumplir con la normativa que rige la contienda electoral.

Miles de precandidaturas se disputaron el favor de la voluntad popular en dos modalidades: Primarias Abiertas para el PLD y Primarias Cerradas para el PRM. Las ventajas de una y otra modalidad quedará puesta a prueba. Sacar lecciones para futuros proceso exige que haga un estricto seguimiento para sistematizar las cuestiones referentes al financiamiento, organización, escrutinio, niveles de participación y capacidad de respuesta de la Junta Central Electoral para gestionar el proceso.

Las cuestiones referentes a la calidad del proceso adquieren una importancia estratégica tanto para las elecciones municipales de febrero y como para las presidenciales y congresuales de 2020. Este pudiera ser un ensayo que comprometa la credibilidad del proceso venidero y los entes involucrados deben velar porque se cumplan los protocolos y la normativa que los sustenta.

El pueblo espera resultados claro y un compromiso de las partes. El dinero y los recursos invertidos deben traducirse en resultados que legitimen y fortalezca la cara y deficiente democracia electoralista dominicana. Ese será un paso en la larga carrera hacia la modernización de la institucionalidad política.

El reto para la Junta Central Electoral es enorme ya que tiene que organizar las elecciones internas de los partidos, montar las elecciones municipales de febrero y las elecciones congresuales y presidenciales de 2020. Eventualmente pudiera darse una segunda vuelta y eso implicaría capacidades y recursos adicionales. De ahí la importancia de los esfuerzos e inversión para el montaje, supervisión y gestión de los compromisos electorales.

La presente reflexión tiene por objeto analizar el contexto en el que se producen los hechos donde los protagonistas ejecutan las acciones que caracterizan la coyuntura política actual. No se pretende ser exhaustivo, pero se aspira a un abordaje realista, holístico y objetivo.

Descripción:

Las Elecciones Primarias Simultáneas son modalidades instituida para la escogencia de las candidaturas en los partidos, agrupaciones y movimientos políticos según la Constitución y las Leyes que la complementan. Siguen siendo un proceso democrático que le permite a los simpatizantes votar por la elección de su preferencia.

Hay varias modalidades. Así encontramos las Primarias Abiertas donde los partidos que la adoptan permiten que todo el que esté inscrito como elector en el padrón general de votante participe en la contienda. Esta presenta la dificultad de que neutraliza a la militancia partidaria, ya que deja en manos de particulares, las decisiones. Sus defensores señalan que eso garantiza mayor participación en los procesos y que impacta positivamente en la calidad de la democracia.

En la modalidad cerrada, se establecen parámetros para que cada partido elabore un padrón de militantes que son quienes tienen derecho a participar en la elección de candidatos a cargos electivos. Solo el Partido Revolucionario Moderno se acogió a esa modalidad.

Tradicionalmente, las organizaciones políticas han mostrado incapacidad para conformar padrones propios. Tras la promulgación de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos se puso frenos a la doble militancia y se sanciona el transfuguismo. Eso puede facilitar las cosas y obligar a que los partidos empiecen a institucionalizarse y a transparentar su accionar.

Abiertas o Cerradas, las Elecciones Primarias Simultáneas son sólo una de las tantas formas de escogencia de candidatos que establece la nueva normativa. Se puede accionar vía convenciones de delegados, asambleas, congresos o mediante encuestas. Las organizaciones políticas deben definir una clasificación y caracterización para sus membresía en base a las funciones que desempeñan en la entidad.

Categorizar y clasificar la membresía partidaria para dar a cada persona los derechos que le correspondan es un reto de las organizaciones políticas. Los estatutos que rigen a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deben caracterizar a su membresía. Así encontramos a miembros militantes y miembros activistas o sus equivalentes cargando las responsabilidades para que simpatizantes y electores encuentren espacios para ejercer sus derechos políticos a través de las organizaciones políticas. Esa sería la base de una carrera política que inicia con la expresión de una persona de simpatizar con una determinada entidad política.

Independientemente de los altos costos de las primarias simultáneas, parecen garantizar mayores niveles de participación. Es preferible que sean cerradas para evitar lesionar derechos de los militantes, ya que la militancia debe ser la que elija a quienes deben postularse. Es un debate que tendrá que darse porque ya el Tribunal Constitucional dio una sentencia declarando inconstitucional el numeral 3, del artículo 45 de la Ley 33-18 que obligaba a militar en un partido para poder postularse a un cargo.

Contexto:

El contexto político electoral presenta una serie de particularidades condicionada por un marco normativo que tiene su principal base en el artículo 216 de la Constitución Política de la República Dominicana votada en 2015. Esa base es reforzada con la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley 15-19 de Régimen Electoral. Previamente se había establecido el Tribunal Superior Electoral mediante Ley 29-11 Orgánica del Tribunal Superior Electoral. del 24 de enero de 2011. De aquí se desprenden una serie de leyes y reglamentos que complementan la normativa y establece los protocolos que rigen al Sistema Político-Electoral Dominicano.

La organización y supervisión de los procesos electorales corresponde a la Junta Central Electoral. Tiene la responsabilidad de la logística, la organización, el montaje y gestión del proceso de selección de precandidaturas en cada organización política y la de velar por el cumplimiento de los protocolos y modalidades encogidos por partidos, agrupaciones y organizaciones políticas.

Con respecto al financiamiento, la JCE pone el grueso de los recursos que se gastan en las actividades realizadas por las organizaciones políticas tanto en la precampaña como en la campaña. Estas ponen una pequeña parte, de los mismos fondos que le asigna el Estado que es quien termina financiando la actividad política en el país.

Es función de la Junta Central Electoral velar porque se cumpla el mandato de que el voto es directo, secreto y universal. Debe estar lista para vigilar que no se cometan delitos electorales que pongan en riesgo ese principio. Se sabe que el clientelismo es un vicio que daña los procesos. De ahí que la cooptación del voto por las razones que sean debe ser sancionadas, así como el uso de recursos y bienes públicos para favorecer a una determinada candidatura o partido.

Reglas hay, por lo tanto, se espera que los accionistas y responsables del proceso que son las organizaciones políticas puedan gestionar las pasiones y evitar situaciones que deslegitimen el proceso. Faltaría que el liderazgo político nacional se empeñe en conocerlas y facilitar su implementación.

La gente vota y la Junta Central Electoral cuenta los votos. Esa es la dinámica. Con la inclusión del “Voto Automatizado” se espera mayor transparencia y agilidad en el proceso. Hay quienes expresan preocupación por el uso de tecnologías, pero esas preocupaciones deben contrarrestarse con el compromiso de las partes.

Todo el que participa debe saber que solo habrá un ganador por cada cargo y el resto debe reconocer a quien salga beneficiado con el voto popular. Esa tendencia se refuerza cuando las organizaciones políticas carecen de capacidades de interlocución y la institucionalidad electoral no cuenta con la autoridad para imponer la normativa y los protocolos consensuados. Es el juego de la democracia y es regla en política. La polarización que se observa en este tipo de certamen no debe ir más allá de la discusión de propuestas.

Como se sabe, la gente elige emocionalmente cuando debiera elegir racionalmente. Esa elección, ya condicionada por matrices de opinión propagandística que hace del candidato y su oferta una mera mercancía, se pervierte aún más, cuando se permite la compra y condicionamiento del voto. Los conflictos que se generen en la gestión del evento comicial deben ser resuelto por las entidades involucradas, siempre observando los mandatos establecidos en la normativa y atendiendo a las normas básicas de convivencia.

Propuestas.

La oferta electoral presentadas por los candidatos se centraron en aspectos conocidos como la continuidad de las políticas implementadas por el gobierno encabezado por Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, una especie de revisionismo del proyecto Partido de Liberación Dominicana, PLD, que tiene 20 años en el gobierno, y las propuestas de cambio que auspician los candidatos del Partidos Revolucionario Moderno, PRM. Muchas de las propuestas, sobre todo en el nivel municipal y congresual, demuestran un desconocimiento preocupante por parte de los postulantes de las funciones que aspiran a desempeñar.

Llama la atención que el país tiene una Estrategia Nacional de Desarrollo en curso desde 2012 pero muchos precandidatos parece que no le interesa o no la conocen. Eso explica la debilidad de sus propuestas. Otros tantos desconocen las funciones del cargo al que aspiran y la normativa que lo rige. Ese pacto, aprobado mediante la Ley 1-12 regirá hasta 2030. Ahí se establecen líneas políticas y programática que debieran asumir los precandidatos y los candidatos a cargos electivos. Pareciera que no es una Ley de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional.

Los discursos han sido débiles, tanto a nivel de propuestas como a nivel retórico. Eso es muestra de la involución del sistema político y las marcadas debilidades de los liderazgos que compiten. Los debates son ausentes cuando debieran ser obligatorios. Tanto en un bando como en otro se han ido desplazando la verdadera función de la acción política. Se sabe que la Política debe servir para reforzar los valores cívicos y eso exige que quienes se dedican a ella sepan construir un perfil ético, sin embargo, hay quienes aspiran a cargos electivos para 2020 sin haber saldado deudas de corrupción.

El reto sigue siendo desafiante en materia de formación política y los esfuerzos por superar el clientelismo y otros vicios que deslegitiman la democracia y pervierten la política. La ética política sigue siendo una materia pendiente y en este proceso quedó evidenciado. No se depuraron las precandidaturas presentadas por los partidos políticos, los controles en el gasto, la saturación de la publicidad y la publicación de “estudios de mercado y encuestas políticas”, claramente pervertidas estuvieron a la orden del día.

A pesar de los problemas descritos, el proceso concitó el apoyo de miembros, militantes y simpatizando de las fuerzas que concurrieron a las primarias. El entusiasmo fue ratificado con una participación política superior al 30%, en ambas organizaciones. La gente fue a votar y lo hizo utilizando el sistema automatizado que es una novedad en el país pero que es ampliamente utilizado en el mundo.

Marco Normativo.

El debate sobre las modalidades de escogencia de candidaturas en los partidos políticos viene de lejos. Luego de amplias discusiones se llegó a un consenso que quedó plasmado en la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Normativa que venía discutiéndose desde el siglo pasado. Finalmente se aprobó con una serie de falencias que han dado origen a varias sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior Electoral.

La Constitución Política de República Dominicana, vigente desde 2015, establece las funciones de las organizaciones políticas, así como la institucionalidad que las rige. Ese soporte constitucional, obliga al liderazgo político a establecer estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la institucionalidad política y al fortalecimiento de la cultura cívica.

Los llamados al establecimiento de acuerdos y pactos para garantizar un compromiso con los resultados de las primarias. Hubo llamados del empresariado y de sectores de la iglesia católica reclamando mesura y prudencia. El contexto político-electoral está condicionado por los juegos de intereses propios de democracias débiles, permeadas por el clientelismo y liderazgos mesiánicos de perfil caudillistas que retan la normativa vigente.

Los marcos normativos son claros en lo referente al financiamiento de las campañas y prohíbe el aprovechamiento de los cargos y el uso de recursos para apuntalar proyectos políticos. La facción del PLD que sigue al presidente Danilo Medina desplegó a funcionarios en todo el país, obviando las prohibiciones que establecen las normas que rigen la función pública. Lo propio sucedió en los niveles congresuales y municipales.

Sin embargo, hubo denuncias de prácticas contrarias a esas disposiciones. Incluso, justificaciones tan preocupantes como las de Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, quien llegó afirmar que no hay impedimentos para funcionarios y servidores para participar en política. Él y todo el mundo saben que varias leyes condicionan esa participación y regulan el uso de recursos públicos, incluida la Ley de Función Pública que rige la institución que él dirige.

La reelección indefinida en nivel congresual y municipal es una cuestión que debe ser regulada porque pervierte la democracia y corrompe la institucionalidad política. Se debe pensar en permitir no más de dos periodos consecutivos en cada cargo. El uso de recursos públicos fue evidente y eso afecta la equidad. Algunas entidades operaron como proyecto político y las ventajas que dan los cargos, los presupuestos y las nóminas perturban la participación. 

De ahí que mucha gente entienda, erróneamente, que se deben establecer pactos de caballeros u otros acuerdos para garantizar que los resultados procesos comiciales, sean internos o externos sean respetados por las partes. Donde el liderazgo político requiere pactos o acuerdos de compromisos para acatar resultados de procesos electorales es porque la institucionalidad política es débil. El pacto lo establece la normativa que rige al sistema político-electoral. ¿Comprometerse con qué?

Críticas de la Facción Leonelista.

Se recuerda que ambos sectores del oficialismo vienen chocando desde el triunfo de Danilo Medina en el año 2012. Esa situación dio lugar a una especie del llamado Acuerdo de Juan Dolio en 2015 para armonizar los intereses de las tendencias enfrentadas, tanto en lo referente a la reforma constitucional que se proponía como en la distribución del poder que gestionaba el partido.

El referido acuerdo contenía 15 propuestas y fue un intento por superar las fuertes contradicciones que se daban entre las facciones leonelista y danilista previo a la Reforma Constitucional que daría paso a la reelección de Danilo Medina en 2016. Aunque las partes firmaron el documento y se comprometieron a respetarlo en la práctica no ha sido así.

Se hizo la Reforma Constitucional, habilitó a Danilo Medina. Ganó la presidencia de la República en 2016 con alto porcentaje del electorado y los males se agravaron a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. La crisis siguió desde el Comité Político y desde el gobierno se impusieron los intereses del danilismo. 

Tras la proximidad del proceso electoral de 2020 volvió a surgir la intensión de un grupo de reelegir por tercera vez al Lic. Danilo Medina y el grupo de Leonel Fernández encabezó la lucha antirreeleccionista, logrando doblegar las aspiraciones del grupo releccionista.

Las tensiones se acentuaron y las contradicciones internas neutralizaron el funcionamiento de la estructura partidaria. A partir de ahí, quedó claramente definida la ruptura entre gobierno y la dirección del partido. Sin capacidad de interlocución partidaria las pasiones salen de control y la disciplina se pervierte. 

El resultado no puede ser peor para el PLD. Los estatutos son violentados olímpicamente por una tendencia y otra sin el menor reparo. Ni el presidente del partido, Dr. Leonel Fernández ni el secretario general Lic. Reynaldo Pared Pérez han podido rearmar la estructura partidaria. El partido va a la deriva como una nave de vela en un mar tormentos.

Así llegaron a las elecciones primarias del pasado 6 de octubre y tras el resultado, la crisis se agrava y parece ser terminal. Leonel Fernández acusa al danilismo de pervertir el proceso para beneficiar al Lic. Gonzalo Castillo como candidato a la presidencia y a los candidatos a cargos congresuales y municipales de esa tendencia.

Como están las cosas en el PLD, pareciera que la división se ha consumado y tendremos un leonelismo buscando cobijo en otras organizaciones políticas para presentar candidaturas en contra de sus compañeros. Ofertas encontrarían el denominado Bloque Progresista que ha estado cuestionando el proceso. Las cosas parecen ir de mal a peor y Leonel Fernández está decidido a agotar todos los procedimientos en reclamo del triunfo que cree haber obtenido el pasado 6 de octubre.

Las elecciones primarias simultáneas debieron servir para aumentar la participación política y fortalecer la democracia interna de las organizaciones políticas. Sin embargo, los vicios tradicionales como el caudillismo y el clientelismo dejan ver su peor cara. Pareciera que, en el caso del PLD, ninguno de los precandidatos, se planteó la posibilidad de perder. Hacer conciencia de que en democracia se gana y se pierde es una materia pendiente en el país.

Cada elección, por pequeña que sea, genera críticas y las acusaciones de fraudes son recurrente. Desde un gremio profesional hasta los partidos, el grito es el mismo: fraude y manipulación. La historia política dominicana está repleta de testimonio que confirman la indisposición del liderazgo a aceptar resultados cuando no le favorecen. Eso se agudiza cuando las entidades responsables de gestionar los procesos comiciales dejan ver sus debilidades.

Las Elecciones Primarias Simultaneas recién concluidas fue un proceso que desde sus inicios generó reacciones contradictorias: la mayoría de las organizaciones políticos escogieron modalidades diferentes a las primarias para seleccionar sus candidaturas. Sólo el Partidos de la Liberación Dominicana, PLD; y el Partido Revolucionario Moderno optaron por esa modalidad. 

En el caso del PLD, se acogió a las Primarias Abiertas, es decir, utilizó el padrón de electores y PRM fue al certamen con Primarias Cerrada, es decir, con su propio padrón de electores. Las ventajas y desventajas de ambas modalidades no marcan diferencias, aunque parezca que una tiene ventaja sobre otra, en la práctica, tienen el mismo efecto.

Una crítica recurrente en este tipo de proceso es el clientelismo y el uso de los recursos y bienes del Estado. De poco ha servido las regulaciones estatuidas en la normativa político-electoral. Las denuncias sobre compra de votos enturbian la transparencia y legitimidad del proceso. En el proceso recién concluido se produjo una polarización entre el sector que controla el gobierno dentro del PLD y el sector que encabeza el Dr. Leonel Fernández, presidente de esa entidad política.

Respecto a la Junta Central Electoral sectores vinculados al Dr. Leonel Fernández reclamaron que se hiciera un cotejo manual de los votos con los resultados de las máquinas usadas en el proceso y que se den a conocer una auditoría realizada por varias universidades del país a los equipos que serían usado en las primarias.

Se recuerda que el voto fue automatizado y previo a las primarias se hicieron varias pruebas con elecciones de instituciones como Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD; así como la ADP y FAPROUASD, entre otras. Los resultados evidenciaron la eficiencia del sistema.

La tendencia leonelista ha hecho uso de los recursos y los tiempos que dispone el marco normativo para accionar sobre el proceso que cuestionan. La Junta Central Electoral intenta satisfacer los reclamos, pero dada la polarización entre las tendencias moradas, sus medidas quedan ahogadas por las matrices mediáticas y la falta de confianza del leonelismo en la instancia rectora del proceso. La contradicción es agudizan y las pasiones se agitan

Resultados, Reclamos e Impugnaciones.

Cabe aclarar que el PLD escogió una Comisión Nacional Electoral para organizar un proceso complejo y exigente. Se estableció la modalidad de encuestas para escoger al candidato que iría por el grupo en el gobierno. Concluido el proceso de primarias, esa comisión defendió el trabajo realizado por la Junta Central Electoral y asumió los resultados. El grupo leonelista difiere de esa postura. Insiste en que se manipularon las primarias para perjudicar al expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Dr. Leonel Fernández Reyna.

El Dr. Leonel Fernández, quien ha sido presidente de la República en tres ocasiones buscaba su cuarta nominación presidencial y ha impugnado los resultados del proceso aduciendo que hubo adulteración de los resultados. Esa situación profundiza la crisis que ya vivía el partido de gobierno y aumenta las tensiones entre las tendencias de Danilo Medina y el expresidente.

En la práctica lo que se vio fue que el gobierno absorbió al partido e impuso su fuerza a la estructura partidaria dejando a Leonel y a los demás aspirantes sin opciones. Fue una lucha entre el dalinismo en el gobierno y el leonelismo en la oposición. Del PLD no se esperaba un comportamiento de este tipo dado que es el partido que mayores rasgos de institucionalidad había exhibido.

Pareciera que las contradicciones son tan profundas y las tensiones tan fuertes que una reconciliación se torna difícil. Pareciera que la división es un hecho y esto pondría en riesgo la retención del gobierno en 2020 y el futuro del Partido de la Liberación Dominicana. De poco han servido los llamados a la prudencia y al entendimiento, tanto de sectores institucionalistas a lo interno del partido como de personalidades e instituciones externas.

El Dr. Leonel Fernández, presidente de la organización política fundada en 1973 por el Prof. Juan Emilio Bosch y Gaviño, no ha podido imponer la disciplina que establecen los estatutos y menos aún, lograr respeto a las normas partidarias. La polarización entre danilismo y leonelismo sepultó la mística doctrinaria de la entidad y pasó de ser un partido de cuadros a ser un partido de masas.

Tras los resultados preliminares emitidos por la Junta Central Electoral tras concluir el proceso de votación, el precandidato por la tendencia danilista se impuso a la facción encabezada por el Dr. Leonel Fernández. Bajo el alegato de que hubo distorsión en la transmisión de los para perjudicar a Fernández se inició un debate en redes sociales sobre la legitimidad y trasparencia del proceso recién concluido. La JCE defiende su trabajo muestras que el leonelismo la acusa de no haber hecho esfuerzos para auditar las máquinas utilizadas en el proceso.

Tras varias intervenciones en los medios de comunicación de la facción leonelista dentro del PLD para explicar el supuesto fraude y la insistencia del expresidente de la República y presidente del PLD de que fue el precandidato ganador de la contienda, la JCE accedió a recontar y cotejar manualmente los votos registrados por el sistema automatizado. La insistencia del leonelismo se mantuvo y el 7 de octubre se produjo un piquete a la sede de JCE y para el lunes 14 se ha convocado una protesta para rechazar el veredicto que da ganancia de la candidatura a Gonzalo Castillo.

El Partidos Revolucionario Moderno acogió los resultados emitidos por la Junta Central Electoral pero el Dr. Leonel Fernández, uno de los precandidatos del PLD ha llegado a afirmar que fue víctima de un fraude y no reconoce al candidato escogido por esa organización. 

El periódico El Nacional del 14 de octubre recogen esta afirmación: “Me permito afirmar, categóricamente, que, durante la realización de las primarias, a nivel presidencial, se orquestó un plan con el deliberado propósito de vulnerar los resultados y presentar como ganador a quien no obtuvo el respaldo mayoritario del pueblo”.

El leonelismo realizó una intimación a la Junta Central Electoral para salvaguarde los equipos utilizados hasta que sean auditado por una firma independiente con observación de OEA-UE y USA. También elevaron un recurso al Tribunal Superior Electoral para la JCE postergara la proclamación del ganador hasta tanto se aclaren las situaciones que, según el grupo, afectan la trasparencia y legitimidad de los resultados. Se llegó a pedir que el Tribunal Superior Electoral, TSE, declarara incompetente para conocer la instancia, sin embargo, falló autorizando que se cumpla el plazo establecido en el a de la Ley 33-18[1], para proclamar los ganadores del certamen.

La sentencia del Tribunal Superior Electoral se produjo en la madrugada del 10 de octubre, atendiendo al espíritu de la Ley. Previo y en medio de los debates, la Conferencia del Episcopado se pronunció apoyando el trabajo de la Junta Central Electoral y pidiendo prudencia al liderazgo. Rectores de cuatro universidades que auditaron los equipos se pronunciaron. En el mismo contexto se produjo el reconteo y cotejo de los resultados por parte del organismo de comicios.

La insistencia del grupo leonelista en que ganaron la elección se diluye entre especulaciones divisionistas y arrebatos de los principales dirigentes de esa facción. El danilismo defiende los resultados y se proclaman vencedores de las primarias. Del lado del PRM no hay contradicciones con respectos a los resultados aunque apoyaron la solicitud del leonelismo de recontar y cotejar los resultados.

El cómputo definitivo, emitidos por la Junta Central Electoral da 911, 324 mil votos a Gonzalo Castillo y 884, 630 al expresidente Dr. Leonel Fernández quienes compitieron por el PLD. En el caso del PRM, Luis Abinader obtuvo 283, 393 mil votos, mientras que el expresidente Hipólito Mejía alcanzó 80, 951 mil votos. Los demás aspirantes a la nominación presidencial por ambas organizaciones no alcanzaron votaciones significativas. Incluso, la opción NINGUNO, los superó a todos, logrando 5, 408 en las Primarias Cerradas del Partido Revolucionario Modero y 39, 539 en las Primarias Abiertas del Partido del PLD. En total, esta opción alcanzó la importante suma de 44, 947 votos. ¿Qué motivó a la gente a votar por “ninguno”?

La reducida diferencia entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernández ha provocado el agravamiento de la crisis que atraviesa el Partido de la Liberación Dominicana. Hay quienes afirman que es la peor desde su fundación en 1973 y que difícilmente la superen. El orden disciplinario se ha roto y las acciones de los organismos del partido no encuentran aquiescencia en los grupos en pugna. Pareciera que la división es inminente y que la tendencia leonelista buscará una barca que le conduzca a puerto. Se plantea un escenario complejo para esa organización política.

Las salidas posibles a la tendencia leonelista pudieran ir en dos direcciones: la primera sería forzar una sentencia del Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior Electoral para modificar el artículo 49, numeral 4[2] de la Ley 33-18 que prohíbe la postulación de quienes hayan sido precandidatos en el mismo certamen y lograr que se habilite al Dr. Leonel Fernández y postularlo para que encabece el bloque denominado “Fuerza del Pueblo”; una segunda opción sería, bajo esa misma lógica, postular la vicepresidenta de la República Dra. Margarita Cedeño u otro candidato de esa tendenciaEl tiempo dirá cómo serán los movimientos de los jugadores en el complejo tablero del partido morado.

Conformar una comisión de mediación integrada por miembros fundadores, sería una acción de gran valor para la preservación de esa importante organización política. Al no funcionar el régimen disciplinario y vista la polarización entre las facciones leonelista y danilista un tercero imparcial pudiera constituirse en una especie de “comité de crisis” que facilite el diálogo entre las partes ayudando a controlar las pasiones que se evidencian en cada uno de los bandos.

La situación que vive el PLD evidencia que las tendencias aceptaron ir la Primarias Abiertas, pero no estaban dispuestas a perder. Un proceso electoral, del tipo que sea, gana quien obtiene mayor votación. Esa es una premisa universalmente aceptada. No importa si la diferencia es un voto o un millón. Quien acepta las reglas debe estar dispuesto a cumplirla. Ojalá aprendan las amargas lecciones que le deja el recién concluido proceso y le ayude a encontrar formas inteligentes y funcionales de gestión política.

Si el leonelismo sabía que el danilismo sería difícil de derrotar en las urnas debió prever los resultados. Los alegatos de fraudes en la transmisión de datos no han podido ser comprobado, lo que sí fue evidente, es la compra de votos. Tanto que un informe de Participación Ciudadana habla de que el 31% de las mesas se observó esa mala práctica que se constituye en delito electoral. Delito que no fue sancionado por la Junta Central Electoral.

Se pueden sacar muchas lecciones de las Elecciones Primarias Simultáneas de octubre 6, 2019. Destacamos las siguiente:

1.  Las elecciones, del tipo que sean, no deben ser una especie de zafra donde se imponga quien tiene más plata y menos escrúpulos. Eso hace que gente con capacidad y compromiso ético se aparte. Toca a las organizaciones políticas cambiar esa peligrosa tendencia. No es una postura pesimista, es ante todo, un cuestionamiento a las prácticas de unos liderazgos que ni respetan la institucionalidad partidaria ni las decisiones del árbitro de los procesos electorales. Hacen galas del aforismo de que aquí “quien no gana arrebata”.

2.   El proceso ha concluido en medio de escarceos y acusaciones de fraude; así como con denuncias de compra de cédula, condicionamiento del voto, propaganda excesiva, uso de recursos del Estado y saturación de medios de comunicación.

3.  Queda evidenciado, que el formalismo democrático electoralista, no es suficiente para gestionar los intereses y pasiones de una oligarquía política que está por encima de las leyes. Una oligarquía política que privilegia el uso del dinero en las campañas electorales en detrimento de los principios y valores que rigen la política.

4. La institucionalidad partidaria debe preocuparse por fortalecer las capacidades de gestión política de su militancia, así como reforzar los mecanismos de control disciplinario de la militancia y el liderazgo directivo.

5. Los postulantes a cargos electivos dejaron ver las marcadas carencias en su formación política. Fue notorio el desconocimiento de las normativas político-electorales. Eso implica hacer esfuerzos para cumplir con los mandatos de la Ley 33-18 sobre la formación política de la militancia partidaria.

6. Se deben poner controles a los gastos de los partidos. El financiamiento público no ha impactado en la calidad del gasto en política. Es tiempo de poner controles para garantizar transparencia y equidad en los procesos electorales.

7. La automatización del voto y el escrutinio ha tenido un impacto positivo en la percepción general del votante. Se deben mejorar y transparentar para avanzar hacia el voto electrónico.

8. La Junta Central Electoral mostró capacidad para el despliegue de la logística y en la organización del proceso de Elecciones Primarias Simultáneas, pero está teniendo problema en el escrutinio y la transmisión de datos.

9. El liderazgo político debe saber, que, en los procesos electorales de este tipo, donde se postulan decenas de aspirantes a un mismo cargo, solo ganará uno. Deben preparar su militancia para que aprendan a gestionar las emociones cuando se produce un resultado que no les favorece.

10.  La saturación propagandística debe ser evaluada para evitar que el desborde induzca al derroche y la perversión de los mensajes que se emiten. Lo que se debe promover son las propuestas de los partidos y los candidatos.

11. Regular las encuestas e impedir que se abuse de ese instrumento de medición, es una responsabilidad compartida entre candidato, partido y Junta Central Electoral. Lo que se vio fue vulgar e insultante.

12. Imponer la obligatoriedad de los debates entre candidatos. Estos debates deben ser organizados por los partidos políticos y la Junta Central Electoral. Es una forma transparente de promover propuestas y orientar al votante sobre la agenda priorizada por cada postulante.

13. Tras la conclusión del proceso de Elecciones Primarias Simultáneas se debe realizar una evaluación de los aspectos cualitativos de las mismas, así como los costos del proceso para cada participante.

14.Las prácticas clientelistas se afianzan en la cultura política dominicana y en el proceso que concluye exhibió su peor cara. Compra de votos a diestra y siniestra, entre otros vicios que restan calidad a la selección de candidaturas.

15.  La selección de precandidatura a lo interno de cada partido es otro proceso al que hay que prestarle atención. Se debe establecer como regla que no se postulen más precandidatos que los cargos disponibles en cada circunscripción o demarcación territorial.

16.  Se impone que la Junta Central Electoral haga cumplir la regla de cuotas tanto para la mujer como para la juventud. Siempre hay quejas con que las cuotas, que son inconstitucionales, se usan para completar boletas.

17. Depurar a quienes postulan a cargos electivos es responsabilidad directa de las organizaciones políticas y de la Junta Central Electoral. Esa acción debe hacerse previo a la inscripción de las precandidaturas.

18. La cantidad de situaciones que se suscitan en un proceso complejo como el que se efectuó el domingo 6 de octubre, invita a reflexionar sobre la importancia de los partidos políticos y la necesidad de trabajar para su fortalecimiento y modernización.

19.  Organizaciones Políticas y Junta Central Electoral deben aunar esfuerzos para mejorar la calidad de los procesos y evitar la perversión de los mismos. Lo que vivió el país es un testimonio de lo que no debe ser.

20.  La alfabetización política de la sociedad o la ciudadanización de la política es una tarea inmediata, ya que está claro que la gente que participa en política requiere formación que le ayude a discernir entre una propuesta y otra.

21.  La gente que decide participar en los procesos electorales, del tipo que sean, debe encontrar respeto y garantías para ejercer su derecho a elegir y ser elegido como instituye la Constitución de la República en su artículo 22, numeral I. 

22.  Se impone aplicar la normativa que rige al sistema político-electoral para evitar que se utilicen los cargos, las nóminas y los presupuestos para beneficiar a candidatos y partidos.

23.  Se hace necesario generar confianza y compromiso entre los sujetos políticos que accionan en el contexto político dominicano. Nada que genere ruidos ayuda a consolidar la democracia formal electoralista. Deben espantar el fantasma del fraude.

24.  Es necesario insistir en la búsqueda de mecanismos que ayuden a cumplir los marcos normativos y los protocolos instituidos por la Junta Central Electoral para evitar la perversión de los procesos comiciales.

25. Es imperativo sancionar los delitos electorales, especialmente la perversa práctica de compra de votos y el reparto de dinero durante los procesos electorales. JCE debe actuar oficiosamente ante cualquier indicio de este tipo.


Reflexiones Finales.

Las Elecciones Primarias Simultáneas celebradas en el país el pasado 6 de octubre involucraron la selección de candidatura, en todos los niveles, para el Partido Revolucionario Moderno, PRM y el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. La participación de la gente superó las expectativas para este tipo de certamen y los partidos involucrados se enfrascaron en una encarnizada lucha de tendencia. Esto se sintió con mayor fuerza en el PLD. Puede describirse como una lucha entre partido y gobierno. Era la lucha entre el presidente del partido y la tendencia que encabeza el presidente del partido.

En el PRM, el expresidente Hipólito Mejía y Luís Abinader polarizaron la contienda imponiéndose Abinader con una holgada ventaja sobre el proyecto del expresidente Hipólito Mejía y los demás contendientes. Mejía reconoció su derrota y felicitó al Lic. Luis Abinader dejando claro que se integrará con su equipo a la campaña electoral “para sacar del poder al PLD”.

Tras los resultados preliminares emitidos por la Junta Central Electoral, el Dr. Leonel Fernández Reyna, precandidato por el PLD alegó que se distorsionaron los resultados y se declaró ganador. Esto ha generado una crisis que apunta a la división del PLD y su salida del gobierno. La facción leonelista entiende que las primarias fueron manipuladas para favorecer a su contrincante Gonzalo Castillo.

La Junta Central Electoral defiende la calidad y trasparencia de los resultados de las primarias. Dice estar presta para atender los reclamos que presenten los concurrentes al proceso comicial del pasado domingo. La tendencia leonelista habla de que el fraude se hizo en la transmisión de los datos, sobre todo en la recta final del escrutinio. Afirman que insertó un algoritmo en el software utilizado por la JCE para beneficiar a la facción danilista.

Se sabe que la crisis que azota al PLD viene de lejos. Puede decirse que inicia con el tercer gobierno del Leonel Fernández, iniciado en 2008 y se agudiza con la Reforma Constitucional de 2010. El proyecto danilista dentro del PLD data de los tiempos de la renuncia del Lic. Danilo Medina Sánchez como Secretario Administrativo de la Presidencia del gobierno de Leonel Fernández 2007.

Todo parece indicar que la institucionalidad se ha roto definitivamente en el Partido de la Liberación Dominicana. Sería un duro golpe para el debilitado sistema de partidos dominicano. ¿Es “Fuerza del Pueblo” la organización que cobijará la tendencia que encabeza el Dr. Fernández Reyna? Esa sería una opción, pero el leonelismo puede optar por asociarse a uno de los partidos pequeños y postular, tal vez no a Leonel Fernández, pero sí a la vicepresidenta Dra. Margarita Cedeño de Fernández como candidata a la Presidencia de la República Para 2020. Habría espacio para otras figuras que pudieran vincularse y complementarse con “Fuerza del Pueblo”.

Así las cosas, quedan abiertas las posibilidades para que las tendencias y partidos de oposición articulen proyectos alternativos. Hay quienes afirman que PRM es la opción del cambio, pero eso sólo es válido para el bloque que defiende los gobiernos liberales con tendencia conservadoras, ya que el Lic. Luis Abinader está asociados al proyecto conservador que auspicia la oligarquía. Incluso tiene de asesor a Rudolph William Louis Giuliani, abogado de cabecera del presidente USA, Donald Trump.

Otros entienden, que la propuesta alternativa debe aglutinar a la tendencia que van del liberalismo hacia el progresismo para llegar al socialismo. Esa ruta de transición se contrapone al proyecto empresarial que representa Gonzalo Castillo y Luis Abinader dentro de PLD y PRM. El caso Leonel Fernández va en esa misma línea, en caso de que se concrete su proyecto político “Fuerza del Pueblo”.

El liderazgo emergente está llamado a construir y cuidar la institucionalidad partidaria para apuntalar la democracia. El PLD había sido el ejemplo, pero la polarización entre partido y gobierno impide la intermediación partidaria. Es tiempo de trabajar para superar el formalismo electoral y transformarla en una democracia de base social; una democracia funcional socialista. Solo así se contrarrestan los vicios del clientelismo, el caudillismo y el mesianismo.

Cualificar la democracia dominicana es un reto del liderazgo emergente. Las Elecciones Primarias Simultáneas dejan el amargo sabor de un proceso que no superó el clientelismo y la plata impuso candidatos con más vocación empresarial que política. ¿Esperar resultados diferentes aplicando los mismos métodos? ¡Imposible! Las fallas estructurales de la democracia dominicana se resuelven con más democracia y esa es una tarea impostergable y necesaria.




[1] Artículo 51, párrafo I. El cómputo de los resultados totales finales se dará a conocer en un plazo no mayor de cinco días después de haberse celebrado el evento de votación y la proclamación de los candidatos electos será en un plazo no mayor de cinco días después de emitido el boletín oficial con los resultados finales. Dicha proclamación será de aceptación obligatoria por los partidos políticos, salvo el caso de los recursos a los que haya pertinencia elevar.

[2] Art. 49, numeral 4. Que el aspirante a una precandidatura para un determinado evento electoral, en representación de un partido, agrupación o movimiento político no haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento electoral.