LECCIONES DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS SIMULTANEAS.

 “La política no es una especulación; es la Ciencia más pura y la más digna, después de la Filosofía, de ocupar las inteligencias nobles.” 

Juan Pablo Duarte.

Introducción.

El Sistema Electoral Dominicano está sometido a grandes presiones dado el complejo y exigente proceso electoral que está gestionando de cara a las elecciones del 2020. La tarea inició con el montaje de Primarias para los Partidos de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, realizadas el domingo 6 de octubre y de ahí pasan a la organización y supervisión de la escogencia de candidaturas en las demás organizaciones políticas.

La Junta Central Electoral y las organizaciones políticas tienen la encomienda de garantizar que el proceso concluya exitosamente. Las experiencias anteriores dejan lecciones que ojalá sean tomada en cuenta para que sirvan de referente y ayuden a prevenir acciones que pongan en riesgo la transparencia del certamen. De igual forma, las entidades que hacen observación, tanto nacionales como internacionales, han encontraron fallas que deben ser resueltas.

El país está atento a las tensiones generadas por las Elecciones Primarias Simultáneas día 6 octubre en el Partido de la Liberación Dominicana, así como de las actividades que desarrollarán los partidos, organizaciones y movimientos que iniciarán la escogencia de candidaturas posteriormente. Hay plazos establecidos que obligan a optimizar el tiempo y reforzar las estrategias para cumplir con la normativa que rige la contienda electoral.

Miles de precandidaturas se disputaron el favor de la voluntad popular en dos modalidades: Primarias Abiertas para el PLD y Primarias Cerradas para el PRM. Las ventajas de una y otra modalidad quedará puesta a prueba. Sacar lecciones para futuros proceso exige que haga un estricto seguimiento para sistematizar las cuestiones referentes al financiamiento, organización, escrutinio, niveles de participación y capacidad de respuesta de la Junta Central Electoral para gestionar el proceso.

Las cuestiones referentes a la calidad del proceso adquieren una importancia estratégica tanto para las elecciones municipales de febrero y como para las presidenciales y congresuales de 2020. Este pudiera ser un ensayo que comprometa la credibilidad del proceso venidero y los entes involucrados deben velar porque se cumplan los protocolos y la normativa que los sustenta.

El pueblo espera resultados claro y un compromiso de las partes. El dinero y los recursos invertidos deben traducirse en resultados que legitimen y fortalezca la cara y deficiente democracia electoralista dominicana. Ese será un paso en la larga carrera hacia la modernización de la institucionalidad política.

El reto para la Junta Central Electoral es enorme ya que tiene que organizar las elecciones internas de los partidos, montar las elecciones municipales de febrero y las elecciones congresuales y presidenciales de 2020. Eventualmente pudiera darse una segunda vuelta y eso implicaría capacidades y recursos adicionales. De ahí la importancia de los esfuerzos e inversión para el montaje, supervisión y gestión de los compromisos electorales.

La presente reflexión tiene por objeto analizar el contexto en el que se producen los hechos donde los protagonistas ejecutan las acciones que caracterizan la coyuntura política actual. No se pretende ser exhaustivo, pero se aspira a un abordaje realista, holístico y objetivo.

Descripción:

Las Elecciones Primarias Simultáneas son modalidades instituida para la escogencia de las candidaturas en los partidos, agrupaciones y movimientos políticos según la Constitución y las Leyes que la complementan. Siguen siendo un proceso democrático que le permite a los simpatizantes votar por la elección de su preferencia.

Hay varias modalidades. Así encontramos las Primarias Abiertas donde los partidos que la adoptan permiten que todo el que esté inscrito como elector en el padrón general de votante participe en la contienda. Esta presenta la dificultad de que neutraliza a la militancia partidaria, ya que deja en manos de particulares, las decisiones. Sus defensores señalan que eso garantiza mayor participación en los procesos y que impacta positivamente en la calidad de la democracia.

En la modalidad cerrada, se establecen parámetros para que cada partido elabore un padrón de militantes que son quienes tienen derecho a participar en la elección de candidatos a cargos electivos. Solo el Partido Revolucionario Moderno se acogió a esa modalidad.

Tradicionalmente, las organizaciones políticas han mostrado incapacidad para conformar padrones propios. Tras la promulgación de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos se puso frenos a la doble militancia y se sanciona el transfuguismo. Eso puede facilitar las cosas y obligar a que los partidos empiecen a institucionalizarse y a transparentar su accionar.

Abiertas o Cerradas, las Elecciones Primarias Simultáneas son sólo una de las tantas formas de escogencia de candidatos que establece la nueva normativa. Se puede accionar vía convenciones de delegados, asambleas, congresos o mediante encuestas. Las organizaciones políticas deben definir una clasificación y caracterización para sus membresía en base a las funciones que desempeñan en la entidad.

Categorizar y clasificar la membresía partidaria para dar a cada persona los derechos que le correspondan es un reto de las organizaciones políticas. Los estatutos que rigen a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deben caracterizar a su membresía. Así encontramos a miembros militantes y miembros activistas o sus equivalentes cargando las responsabilidades para que simpatizantes y electores encuentren espacios para ejercer sus derechos políticos a través de las organizaciones políticas. Esa sería la base de una carrera política que inicia con la expresión de una persona de simpatizar con una determinada entidad política.

Independientemente de los altos costos de las primarias simultáneas, parecen garantizar mayores niveles de participación. Es preferible que sean cerradas para evitar lesionar derechos de los militantes, ya que la militancia debe ser la que elija a quienes deben postularse. Es un debate que tendrá que darse porque ya el Tribunal Constitucional dio una sentencia declarando inconstitucional el numeral 3, del artículo 45 de la Ley 33-18 que obligaba a militar en un partido para poder postularse a un cargo.

Contexto:

El contexto político electoral presenta una serie de particularidades condicionada por un marco normativo que tiene su principal base en el artículo 216 de la Constitución Política de la República Dominicana votada en 2015. Esa base es reforzada con la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley 15-19 de Régimen Electoral. Previamente se había establecido el Tribunal Superior Electoral mediante Ley 29-11 Orgánica del Tribunal Superior Electoral. del 24 de enero de 2011. De aquí se desprenden una serie de leyes y reglamentos que complementan la normativa y establece los protocolos que rigen al Sistema Político-Electoral Dominicano.

La organización y supervisión de los procesos electorales corresponde a la Junta Central Electoral. Tiene la responsabilidad de la logística, la organización, el montaje y gestión del proceso de selección de precandidaturas en cada organización política y la de velar por el cumplimiento de los protocolos y modalidades encogidos por partidos, agrupaciones y organizaciones políticas.

Con respecto al financiamiento, la JCE pone el grueso de los recursos que se gastan en las actividades realizadas por las organizaciones políticas tanto en la precampaña como en la campaña. Estas ponen una pequeña parte, de los mismos fondos que le asigna el Estado que es quien termina financiando la actividad política en el país.

Es función de la Junta Central Electoral velar porque se cumpla el mandato de que el voto es directo, secreto y universal. Debe estar lista para vigilar que no se cometan delitos electorales que pongan en riesgo ese principio. Se sabe que el clientelismo es un vicio que daña los procesos. De ahí que la cooptación del voto por las razones que sean debe ser sancionadas, así como el uso de recursos y bienes públicos para favorecer a una determinada candidatura o partido.

Reglas hay, por lo tanto, se espera que los accionistas y responsables del proceso que son las organizaciones políticas puedan gestionar las pasiones y evitar situaciones que deslegitimen el proceso. Faltaría que el liderazgo político nacional se empeñe en conocerlas y facilitar su implementación.

La gente vota y la Junta Central Electoral cuenta los votos. Esa es la dinámica. Con la inclusión del “Voto Automatizado” se espera mayor transparencia y agilidad en el proceso. Hay quienes expresan preocupación por el uso de tecnologías, pero esas preocupaciones deben contrarrestarse con el compromiso de las partes.

Todo el que participa debe saber que solo habrá un ganador por cada cargo y el resto debe reconocer a quien salga beneficiado con el voto popular. Esa tendencia se refuerza cuando las organizaciones políticas carecen de capacidades de interlocución y la institucionalidad electoral no cuenta con la autoridad para imponer la normativa y los protocolos consensuados. Es el juego de la democracia y es regla en política. La polarización que se observa en este tipo de certamen no debe ir más allá de la discusión de propuestas.

Como se sabe, la gente elige emocionalmente cuando debiera elegir racionalmente. Esa elección, ya condicionada por matrices de opinión propagandística que hace del candidato y su oferta una mera mercancía, se pervierte aún más, cuando se permite la compra y condicionamiento del voto. Los conflictos que se generen en la gestión del evento comicial deben ser resuelto por las entidades involucradas, siempre observando los mandatos establecidos en la normativa y atendiendo a las normas básicas de convivencia.

Propuestas.

La oferta electoral presentadas por los candidatos se centraron en aspectos conocidos como la continuidad de las políticas implementadas por el gobierno encabezado por Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, una especie de revisionismo del proyecto Partido de Liberación Dominicana, PLD, que tiene 20 años en el gobierno, y las propuestas de cambio que auspician los candidatos del Partidos Revolucionario Moderno, PRM. Muchas de las propuestas, sobre todo en el nivel municipal y congresual, demuestran un desconocimiento preocupante por parte de los postulantes de las funciones que aspiran a desempeñar.

Llama la atención que el país tiene una Estrategia Nacional de Desarrollo en curso desde 2012 pero muchos precandidatos parece que no le interesa o no la conocen. Eso explica la debilidad de sus propuestas. Otros tantos desconocen las funciones del cargo al que aspiran y la normativa que lo rige. Ese pacto, aprobado mediante la Ley 1-12 regirá hasta 2030. Ahí se establecen líneas políticas y programática que debieran asumir los precandidatos y los candidatos a cargos electivos. Pareciera que no es una Ley de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional.

Los discursos han sido débiles, tanto a nivel de propuestas como a nivel retórico. Eso es muestra de la involución del sistema político y las marcadas debilidades de los liderazgos que compiten. Los debates son ausentes cuando debieran ser obligatorios. Tanto en un bando como en otro se han ido desplazando la verdadera función de la acción política. Se sabe que la Política debe servir para reforzar los valores cívicos y eso exige que quienes se dedican a ella sepan construir un perfil ético, sin embargo, hay quienes aspiran a cargos electivos para 2020 sin haber saldado deudas de corrupción.

El reto sigue siendo desafiante en materia de formación política y los esfuerzos por superar el clientelismo y otros vicios que deslegitiman la democracia y pervierten la política. La ética política sigue siendo una materia pendiente y en este proceso quedó evidenciado. No se depuraron las precandidaturas presentadas por los partidos políticos, los controles en el gasto, la saturación de la publicidad y la publicación de “estudios de mercado y encuestas políticas”, claramente pervertidas estuvieron a la orden del día.

A pesar de los problemas descritos, el proceso concitó el apoyo de miembros, militantes y simpatizando de las fuerzas que concurrieron a las primarias. El entusiasmo fue ratificado con una participación política superior al 30%, en ambas organizaciones. La gente fue a votar y lo hizo utilizando el sistema automatizado que es una novedad en el país pero que es ampliamente utilizado en el mundo.

Marco Normativo.

El debate sobre las modalidades de escogencia de candidaturas en los partidos políticos viene de lejos. Luego de amplias discusiones se llegó a un consenso que quedó plasmado en la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Normativa que venía discutiéndose desde el siglo pasado. Finalmente se aprobó con una serie de falencias que han dado origen a varias sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior Electoral.

La Constitución Política de República Dominicana, vigente desde 2015, establece las funciones de las organizaciones políticas, así como la institucionalidad que las rige. Ese soporte constitucional, obliga al liderazgo político a establecer estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la institucionalidad política y al fortalecimiento de la cultura cívica.

Los llamados al establecimiento de acuerdos y pactos para garantizar un compromiso con los resultados de las primarias. Hubo llamados del empresariado y de sectores de la iglesia católica reclamando mesura y prudencia. El contexto político-electoral está condicionado por los juegos de intereses propios de democracias débiles, permeadas por el clientelismo y liderazgos mesiánicos de perfil caudillistas que retan la normativa vigente.

Los marcos normativos son claros en lo referente al financiamiento de las campañas y prohíbe el aprovechamiento de los cargos y el uso de recursos para apuntalar proyectos políticos. La facción del PLD que sigue al presidente Danilo Medina desplegó a funcionarios en todo el país, obviando las prohibiciones que establecen las normas que rigen la función pública. Lo propio sucedió en los niveles congresuales y municipales.

Sin embargo, hubo denuncias de prácticas contrarias a esas disposiciones. Incluso, justificaciones tan preocupantes como las de Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, quien llegó afirmar que no hay impedimentos para funcionarios y servidores para participar en política. Él y todo el mundo saben que varias leyes condicionan esa participación y regulan el uso de recursos públicos, incluida la Ley de Función Pública que rige la institución que él dirige.

La reelección indefinida en nivel congresual y municipal es una cuestión que debe ser regulada porque pervierte la democracia y corrompe la institucionalidad política. Se debe pensar en permitir no más de dos periodos consecutivos en cada cargo. El uso de recursos públicos fue evidente y eso afecta la equidad. Algunas entidades operaron como proyecto político y las ventajas que dan los cargos, los presupuestos y las nóminas perturban la participación. 

De ahí que mucha gente entienda, erróneamente, que se deben establecer pactos de caballeros u otros acuerdos para garantizar que los resultados procesos comiciales, sean internos o externos sean respetados por las partes. Donde el liderazgo político requiere pactos o acuerdos de compromisos para acatar resultados de procesos electorales es porque la institucionalidad política es débil. El pacto lo establece la normativa que rige al sistema político-electoral. ¿Comprometerse con qué?

Críticas de la Facción Leonelista.

Se recuerda que ambos sectores del oficialismo vienen chocando desde el triunfo de Danilo Medina en el año 2012. Esa situación dio lugar a una especie del llamado Acuerdo de Juan Dolio en 2015 para armonizar los intereses de las tendencias enfrentadas, tanto en lo referente a la reforma constitucional que se proponía como en la distribución del poder que gestionaba el partido.

El referido acuerdo contenía 15 propuestas y fue un intento por superar las fuertes contradicciones que se daban entre las facciones leonelista y danilista previo a la Reforma Constitucional que daría paso a la reelección de Danilo Medina en 2016. Aunque las partes firmaron el documento y se comprometieron a respetarlo en la práctica no ha sido así.

Se hizo la Reforma Constitucional, habilitó a Danilo Medina. Ganó la presidencia de la República en 2016 con alto porcentaje del electorado y los males se agravaron a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. La crisis siguió desde el Comité Político y desde el gobierno se impusieron los intereses del danilismo. 

Tras la proximidad del proceso electoral de 2020 volvió a surgir la intensión de un grupo de reelegir por tercera vez al Lic. Danilo Medina y el grupo de Leonel Fernández encabezó la lucha antirreeleccionista, logrando doblegar las aspiraciones del grupo releccionista.

Las tensiones se acentuaron y las contradicciones internas neutralizaron el funcionamiento de la estructura partidaria. A partir de ahí, quedó claramente definida la ruptura entre gobierno y la dirección del partido. Sin capacidad de interlocución partidaria las pasiones salen de control y la disciplina se pervierte. 

El resultado no puede ser peor para el PLD. Los estatutos son violentados olímpicamente por una tendencia y otra sin el menor reparo. Ni el presidente del partido, Dr. Leonel Fernández ni el secretario general Lic. Reynaldo Pared Pérez han podido rearmar la estructura partidaria. El partido va a la deriva como una nave de vela en un mar tormentos.

Así llegaron a las elecciones primarias del pasado 6 de octubre y tras el resultado, la crisis se agrava y parece ser terminal. Leonel Fernández acusa al danilismo de pervertir el proceso para beneficiar al Lic. Gonzalo Castillo como candidato a la presidencia y a los candidatos a cargos congresuales y municipales de esa tendencia.

Como están las cosas en el PLD, pareciera que la división se ha consumado y tendremos un leonelismo buscando cobijo en otras organizaciones políticas para presentar candidaturas en contra de sus compañeros. Ofertas encontrarían el denominado Bloque Progresista que ha estado cuestionando el proceso. Las cosas parecen ir de mal a peor y Leonel Fernández está decidido a agotar todos los procedimientos en reclamo del triunfo que cree haber obtenido el pasado 6 de octubre.

Las elecciones primarias simultáneas debieron servir para aumentar la participación política y fortalecer la democracia interna de las organizaciones políticas. Sin embargo, los vicios tradicionales como el caudillismo y el clientelismo dejan ver su peor cara. Pareciera que, en el caso del PLD, ninguno de los precandidatos, se planteó la posibilidad de perder. Hacer conciencia de que en democracia se gana y se pierde es una materia pendiente en el país.

Cada elección, por pequeña que sea, genera críticas y las acusaciones de fraudes son recurrente. Desde un gremio profesional hasta los partidos, el grito es el mismo: fraude y manipulación. La historia política dominicana está repleta de testimonio que confirman la indisposición del liderazgo a aceptar resultados cuando no le favorecen. Eso se agudiza cuando las entidades responsables de gestionar los procesos comiciales dejan ver sus debilidades.

Las Elecciones Primarias Simultaneas recién concluidas fue un proceso que desde sus inicios generó reacciones contradictorias: la mayoría de las organizaciones políticos escogieron modalidades diferentes a las primarias para seleccionar sus candidaturas. Sólo el Partidos de la Liberación Dominicana, PLD; y el Partido Revolucionario Moderno optaron por esa modalidad. 

En el caso del PLD, se acogió a las Primarias Abiertas, es decir, utilizó el padrón de electores y PRM fue al certamen con Primarias Cerrada, es decir, con su propio padrón de electores. Las ventajas y desventajas de ambas modalidades no marcan diferencias, aunque parezca que una tiene ventaja sobre otra, en la práctica, tienen el mismo efecto.

Una crítica recurrente en este tipo de proceso es el clientelismo y el uso de los recursos y bienes del Estado. De poco ha servido las regulaciones estatuidas en la normativa político-electoral. Las denuncias sobre compra de votos enturbian la transparencia y legitimidad del proceso. En el proceso recién concluido se produjo una polarización entre el sector que controla el gobierno dentro del PLD y el sector que encabeza el Dr. Leonel Fernández, presidente de esa entidad política.

Respecto a la Junta Central Electoral sectores vinculados al Dr. Leonel Fernández reclamaron que se hiciera un cotejo manual de los votos con los resultados de las máquinas usadas en el proceso y que se den a conocer una auditoría realizada por varias universidades del país a los equipos que serían usado en las primarias.

Se recuerda que el voto fue automatizado y previo a las primarias se hicieron varias pruebas con elecciones de instituciones como Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD; así como la ADP y FAPROUASD, entre otras. Los resultados evidenciaron la eficiencia del sistema.

La tendencia leonelista ha hecho uso de los recursos y los tiempos que dispone el marco normativo para accionar sobre el proceso que cuestionan. La Junta Central Electoral intenta satisfacer los reclamos, pero dada la polarización entre las tendencias moradas, sus medidas quedan ahogadas por las matrices mediáticas y la falta de confianza del leonelismo en la instancia rectora del proceso. La contradicción es agudizan y las pasiones se agitan

Resultados, Reclamos e Impugnaciones.

Cabe aclarar que el PLD escogió una Comisión Nacional Electoral para organizar un proceso complejo y exigente. Se estableció la modalidad de encuestas para escoger al candidato que iría por el grupo en el gobierno. Concluido el proceso de primarias, esa comisión defendió el trabajo realizado por la Junta Central Electoral y asumió los resultados. El grupo leonelista difiere de esa postura. Insiste en que se manipularon las primarias para perjudicar al expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Dr. Leonel Fernández Reyna.

El Dr. Leonel Fernández, quien ha sido presidente de la República en tres ocasiones buscaba su cuarta nominación presidencial y ha impugnado los resultados del proceso aduciendo que hubo adulteración de los resultados. Esa situación profundiza la crisis que ya vivía el partido de gobierno y aumenta las tensiones entre las tendencias de Danilo Medina y el expresidente.

En la práctica lo que se vio fue que el gobierno absorbió al partido e impuso su fuerza a la estructura partidaria dejando a Leonel y a los demás aspirantes sin opciones. Fue una lucha entre el dalinismo en el gobierno y el leonelismo en la oposición. Del PLD no se esperaba un comportamiento de este tipo dado que es el partido que mayores rasgos de institucionalidad había exhibido.

Pareciera que las contradicciones son tan profundas y las tensiones tan fuertes que una reconciliación se torna difícil. Pareciera que la división es un hecho y esto pondría en riesgo la retención del gobierno en 2020 y el futuro del Partido de la Liberación Dominicana. De poco han servido los llamados a la prudencia y al entendimiento, tanto de sectores institucionalistas a lo interno del partido como de personalidades e instituciones externas.

El Dr. Leonel Fernández, presidente de la organización política fundada en 1973 por el Prof. Juan Emilio Bosch y Gaviño, no ha podido imponer la disciplina que establecen los estatutos y menos aún, lograr respeto a las normas partidarias. La polarización entre danilismo y leonelismo sepultó la mística doctrinaria de la entidad y pasó de ser un partido de cuadros a ser un partido de masas.

Tras los resultados preliminares emitidos por la Junta Central Electoral tras concluir el proceso de votación, el precandidato por la tendencia danilista se impuso a la facción encabezada por el Dr. Leonel Fernández. Bajo el alegato de que hubo distorsión en la transmisión de los para perjudicar a Fernández se inició un debate en redes sociales sobre la legitimidad y trasparencia del proceso recién concluido. La JCE defiende su trabajo muestras que el leonelismo la acusa de no haber hecho esfuerzos para auditar las máquinas utilizadas en el proceso.

Tras varias intervenciones en los medios de comunicación de la facción leonelista dentro del PLD para explicar el supuesto fraude y la insistencia del expresidente de la República y presidente del PLD de que fue el precandidato ganador de la contienda, la JCE accedió a recontar y cotejar manualmente los votos registrados por el sistema automatizado. La insistencia del leonelismo se mantuvo y el 7 de octubre se produjo un piquete a la sede de JCE y para el lunes 14 se ha convocado una protesta para rechazar el veredicto que da ganancia de la candidatura a Gonzalo Castillo.

El Partidos Revolucionario Moderno acogió los resultados emitidos por la Junta Central Electoral pero el Dr. Leonel Fernández, uno de los precandidatos del PLD ha llegado a afirmar que fue víctima de un fraude y no reconoce al candidato escogido por esa organización. 

El periódico El Nacional del 14 de octubre recogen esta afirmación: “Me permito afirmar, categóricamente, que, durante la realización de las primarias, a nivel presidencial, se orquestó un plan con el deliberado propósito de vulnerar los resultados y presentar como ganador a quien no obtuvo el respaldo mayoritario del pueblo”.

El leonelismo realizó una intimación a la Junta Central Electoral para salvaguarde los equipos utilizados hasta que sean auditado por una firma independiente con observación de OEA-UE y USA. También elevaron un recurso al Tribunal Superior Electoral para la JCE postergara la proclamación del ganador hasta tanto se aclaren las situaciones que, según el grupo, afectan la trasparencia y legitimidad de los resultados. Se llegó a pedir que el Tribunal Superior Electoral, TSE, declarara incompetente para conocer la instancia, sin embargo, falló autorizando que se cumpla el plazo establecido en el a de la Ley 33-18[1], para proclamar los ganadores del certamen.

La sentencia del Tribunal Superior Electoral se produjo en la madrugada del 10 de octubre, atendiendo al espíritu de la Ley. Previo y en medio de los debates, la Conferencia del Episcopado se pronunció apoyando el trabajo de la Junta Central Electoral y pidiendo prudencia al liderazgo. Rectores de cuatro universidades que auditaron los equipos se pronunciaron. En el mismo contexto se produjo el reconteo y cotejo de los resultados por parte del organismo de comicios.

La insistencia del grupo leonelista en que ganaron la elección se diluye entre especulaciones divisionistas y arrebatos de los principales dirigentes de esa facción. El danilismo defiende los resultados y se proclaman vencedores de las primarias. Del lado del PRM no hay contradicciones con respectos a los resultados aunque apoyaron la solicitud del leonelismo de recontar y cotejar los resultados.

El cómputo definitivo, emitidos por la Junta Central Electoral da 911, 324 mil votos a Gonzalo Castillo y 884, 630 al expresidente Dr. Leonel Fernández quienes compitieron por el PLD. En el caso del PRM, Luis Abinader obtuvo 283, 393 mil votos, mientras que el expresidente Hipólito Mejía alcanzó 80, 951 mil votos. Los demás aspirantes a la nominación presidencial por ambas organizaciones no alcanzaron votaciones significativas. Incluso, la opción NINGUNO, los superó a todos, logrando 5, 408 en las Primarias Cerradas del Partido Revolucionario Modero y 39, 539 en las Primarias Abiertas del Partido del PLD. En total, esta opción alcanzó la importante suma de 44, 947 votos. ¿Qué motivó a la gente a votar por “ninguno”?

La reducida diferencia entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernández ha provocado el agravamiento de la crisis que atraviesa el Partido de la Liberación Dominicana. Hay quienes afirman que es la peor desde su fundación en 1973 y que difícilmente la superen. El orden disciplinario se ha roto y las acciones de los organismos del partido no encuentran aquiescencia en los grupos en pugna. Pareciera que la división es inminente y que la tendencia leonelista buscará una barca que le conduzca a puerto. Se plantea un escenario complejo para esa organización política.

Las salidas posibles a la tendencia leonelista pudieran ir en dos direcciones: la primera sería forzar una sentencia del Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior Electoral para modificar el artículo 49, numeral 4[2] de la Ley 33-18 que prohíbe la postulación de quienes hayan sido precandidatos en el mismo certamen y lograr que se habilite al Dr. Leonel Fernández y postularlo para que encabece el bloque denominado “Fuerza del Pueblo”; una segunda opción sería, bajo esa misma lógica, postular la vicepresidenta de la República Dra. Margarita Cedeño u otro candidato de esa tendencia. El tiempo dirá cómo serán los movimientos de los jugadores en el complejo tablero del partido morado.

Conformar una comisión de mediación integrada por miembros fundadores, sería una acción de gran valor para la preservación de esa importante organización política. Al no funcionar el régimen disciplinario y vista la polarización entre las facciones leonelista y danilista un tercero imparcial pudiera constituirse en una especie de “comité de crisis” que facilite el diálogo entre las partes ayudando a controlar las pasiones que se evidencian en cada uno de los bandos.

La situación que vive el PLD evidencia que las tendencias aceptaron ir la Primarias Abiertas, pero no estaban dispuestas a perder. Un proceso electoral, del tipo que sea, gana quien obtiene mayor votación. Esa es una premisa universalmente aceptada. No importa si la diferencia es un voto o un millón. Quien acepta las reglas debe estar dispuesto a cumplirla. Ojalá aprendan las amargas lecciones que le deja el recién concluido proceso y le ayude a encontrar formas inteligentes y funcionales de gestión política.

Si el leonelismo sabía que el danilismo sería difícil de derrotar en las urnas debió prever los resultados. Los alegatos de fraudes en la transmisión de datos no han podido ser comprobado, lo que sí fue evidente, es la compra de votos. Tanto que un informe de Participación Ciudadana habla de que el 31% de las mesas se observó esa mala práctica que se constituye en delito electoral. Delito que no fue sancionado por la Junta Central Electoral.

Se pueden sacar muchas lecciones de las Elecciones Primarias Simultáneas de octubre 6, 2019. Destacamos las siguiente:

1.  Las elecciones, del tipo que sean, no deben ser una especie de zafra donde se imponga quien tiene más plata y menos escrúpulos. Eso hace que gente con capacidad y compromiso ético se aparte. Toca a las organizaciones políticas cambiar esa peligrosa tendencia. No es una postura pesimista, es ante todo, un cuestionamiento a las prácticas de unos liderazgos que ni respetan la institucionalidad partidaria ni las decisiones del árbitro de los procesos electorales. Hacen galas del aforismo de que aquí “quien no gana arrebata”.

2.   El proceso ha concluido en medio de escarceos y acusaciones de fraude; así como con denuncias de compra de cédula, condicionamiento del voto, propaganda excesiva, uso de recursos del Estado y saturación de medios de comunicación.

3.  Queda evidenciado, que el formalismo democrático electoralista, no es suficiente para gestionar los intereses y pasiones de una oligarquía política que está por encima de las leyes. Una oligarquía política que privilegia el uso del dinero en las campañas electorales en detrimento de los principios y valores que rigen la política.

4. La institucionalidad partidaria debe preocuparse por fortalecer las capacidades de gestión política de su militancia, así como reforzar los mecanismos de control disciplinario de la militancia y el liderazgo directivo.

5. Los postulantes a cargos electivos dejaron ver las marcadas carencias en su formación política. Fue notorio el desconocimiento de las normativas político-electorales. Eso implica hacer esfuerzos para cumplir con los mandatos de la Ley 33-18 sobre la formación política de la militancia partidaria.

6. Se deben poner controles a los gastos de los partidos. El financiamiento público no ha impactado en la calidad del gasto en política. Es tiempo de poner controles para garantizar transparencia y equidad en los procesos electorales.

7. La automatización del voto y el escrutinio ha tenido un impacto positivo en la percepción general del votante. Se deben mejorar y transparentar para avanzar hacia el voto electrónico.

8. La Junta Central Electoral mostró capacidad para el despliegue de la logística y en la organización del proceso de Elecciones Primarias Simultáneas, pero está teniendo problema en el escrutinio y la transmisión de datos.

9. El liderazgo político debe saber, que, en los procesos electorales de este tipo, donde se postulan decenas de aspirantes a un mismo cargo, solo ganará uno. Deben preparar su militancia para que aprendan a gestionar las emociones cuando se produce un resultado que no les favorece.

10.  La saturación propagandística debe ser evaluada para evitar que el desborde induzca al derroche y la perversión de los mensajes que se emiten. Lo que se debe promover son las propuestas de los partidos y los candidatos.

11. Regular las encuestas e impedir que se abuse de ese instrumento de medición, es una responsabilidad compartida entre candidato, partido y Junta Central Electoral. Lo que se vio fue vulgar e insultante.

12. Imponer la obligatoriedad de los debates entre candidatos. Estos debates deben ser organizados por los partidos políticos y la Junta Central Electoral. Es una forma transparente de promover propuestas y orientar al votante sobre la agenda priorizada por cada postulante.

13. Tras la conclusión del proceso de Elecciones Primarias Simultáneas se debe realizar una evaluación de los aspectos cualitativos de las mismas, así como los costos del proceso para cada participante.

14.Las prácticas clientelistas se afianzan en la cultura política dominicana y en el proceso que concluye exhibió su peor cara. Compra de votos a diestra y siniestra, entre otros vicios que restan calidad a la selección de candidaturas.

15.  La selección de precandidatura a lo interno de cada partido es otro proceso al que hay que prestarle atención. Se debe establecer como regla que no se postulen más precandidatos que los cargos disponibles en cada circunscripción o demarcación territorial.

16.  Se impone que la Junta Central Electoral haga cumplir la regla de cuotas tanto para la mujer como para la juventud. Siempre hay quejas con que las cuotas, que son inconstitucionales, se usan para completar boletas.

17. Depurar a quienes postulan a cargos electivos es responsabilidad directa de las organizaciones políticas y de la Junta Central Electoral. Esa acción debe hacerse previo a la inscripción de las precandidaturas.

18. La cantidad de situaciones que se suscitan en un proceso complejo como el que se efectuó el domingo 6 de octubre, invita a reflexionar sobre la importancia de los partidos políticos y la necesidad de trabajar para su fortalecimiento y modernización.

19.  Organizaciones Políticas y Junta Central Electoral deben aunar esfuerzos para mejorar la calidad de los procesos y evitar la perversión de los mismos. Lo que vivió el país es un testimonio de lo que no debe ser.

20.  La alfabetización política de la sociedad o la ciudadanización de la política es una tarea inmediata, ya que está claro que la gente que participa en política requiere formación que le ayude a discernir entre una propuesta y otra.

21.  La gente que decide participar en los procesos electorales, del tipo que sean, debe encontrar respeto y garantías para ejercer su derecho a elegir y ser elegido como instituye la Constitución de la República en su artículo 22, numeral I. 

22.  Se impone aplicar la normativa que rige al sistema político-electoral para evitar que se utilicen los cargos, las nóminas y los presupuestos para beneficiar a candidatos y partidos.

23.  Se hace necesario generar confianza y compromiso entre los sujetos políticos que accionan en el contexto político dominicano. Nada que genere ruidos ayuda a consolidar la democracia formal electoralista. Deben espantar el fantasma del fraude.

24.  Es necesario insistir en la búsqueda de mecanismos que ayuden a cumplir los marcos normativos y los protocolos instituidos por la Junta Central Electoral para evitar la perversión de los procesos comiciales.

25. Es imperativo sancionar los delitos electorales, especialmente la perversa práctica de compra de votos y el reparto de dinero durante los procesos electorales. JCE debe actuar oficiosamente ante cualquier indicio de este tipo.

Reflexiones Finales.

Las Elecciones Primarias Simultáneas celebradas en el país el pasado 6 de octubre involucraron la selección de candidatura, en todos los niveles, para el Partido Revolucionario Moderno, PRM y el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. La participación de la gente superó las expectativas para este tipo de certamen y los partidos involucrados se enfrascaron en una encarnizada lucha de tendencia. Esto se sintió con mayor fuerza en el PLD. Puede describirse como una lucha entre partido y gobierno. Era la lucha entre el presidente del partido y la tendencia que encabeza el presidente del partido.

En el PRM, el expresidente Hipólito Mejía y Luís Abinader polarizaron la contienda imponiéndose Abinader con una holgada ventaja sobre el proyecto del expresidente Hipólito Mejía y los demás contendientes. Mejía reconoció su derrota y felicitó al Lic. Luis Abinader dejando claro que se integrará con su equipo a la campaña electoral “para sacar del poder al PLD”.

Tras los resultados preliminares emitidos por la Junta Central Electoral, el Dr. Leonel Fernández Reyna, precandidato por el PLD alegó que se distorsionaron los resultados y se declaró ganador. Esto ha generado una crisis que apunta a la división del PLD y su salida del gobierno. La facción leonelista entiende que las primarias fueron manipuladas para favorecer a su contrincante Gonzalo Castillo.

La Junta Central Electoral defiende la calidad y trasparencia de los resultados de las primarias. Dice estar presta para atender los reclamos que presenten los concurrentes al proceso comicial del pasado domingo. La tendencia leonelista habla de que el fraude se hizo en la transmisión de los datos, sobre todo en la recta final del escrutinio. Afirman que insertó un algoritmo en el software utilizado por la JCE para beneficiar a la facción danilista.

Se sabe que la crisis que azota al PLD viene de lejos. Puede decirse que inicia con el tercer gobierno del Leonel Fernández, iniciado en 2008 y se agudiza con la Reforma Constitucional de 2010. El proyecto danilista dentro del PLD data de los tiempos de la renuncia del Lic. Danilo Medina Sánchez como Secretario Administrativo de la Presidencia del gobierno de Leonel Fernández 2007.

Todo parece indicar que la institucionalidad se ha roto definitivamente en el Partido de la Liberación Dominicana. Sería un duro golpe para el debilitado sistema de partidos dominicano. ¿Es “Fuerza del Pueblo” la organización que cobijará la tendencia que encabeza el Dr. Fernández Reyna? Esa sería una opción, pero el leonelismo puede optar por asociarse a uno de los partidos pequeños y postular, tal vez no a Leonel Fernández, pero sí a la vicepresidenta Dra. Margarita Cedeño de Fernández como candidata a la Presidencia de la República Para 2020. Habría espacio para otras figuras que pudieran vincularse y complementarse con “Fuerza del Pueblo”.

Así las cosas, quedan abiertas las posibilidades para que las tendencias y partidos de oposición articulen proyectos alternativos. Hay quienes afirman que PRM es la opción del cambio, pero eso sólo es válido para el bloque que defiende los gobiernos liberales con tendencia conservadoras, ya que el Lic. Luis Abinader está asociados al proyecto conservador que auspicia la oligarquía. Incluso tiene de asesor a Rudolph William Louis Giuliani, abogado de cabecera del presidente USA, Donald Trump.

Otros entienden, que la propuesta alternativa debe aglutinar a la tendencia que van del liberalismo hacia el progresismo para llegar al socialismo. Esa ruta de transición se contrapone al proyecto empresarial que representa Gonzalo Castillo y Luis Abinader dentro de PLD y PRM. El caso Leonel Fernández va en esa misma línea, en caso de que se concrete su proyecto político “Fuerza del Pueblo”.

El liderazgo emergente está llamado a construir y cuidar la institucionalidad partidaria para apuntalar la democracia. El PLD había sido el ejemplo, pero la polarización entre partido y gobierno impide la intermediación partidaria. Es tiempo de trabajar para superar el formalismo electoral y transformarla en una democracia de base social; una democracia funcional socialista. Solo así se contrarrestan los vicios del clientelismo, el caudillismo y el mesianismo.

Cualificar la democracia dominicana es un reto del liderazgo emergente. Las Elecciones Primarias Simultáneas dejan el amargo sabor de un proceso que no superó el clientelismo y la plata impuso candidatos con más vocación empresarial que política. ¿Esperar resultados diferentes aplicando los mismos métodos? ¡Imposible! Las fallas estructurales de la democracia dominicana se resuelven con más democracia y esa es una tarea impostergable y necesaria.

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[1] Artículo 51, párrafo I. El cómputo de los resultados totales finales se dará a conocer en un plazo no mayor de cinco días después de haberse celebrado el evento de votación y la proclamación de los candidatos electos será en un plazo no mayor de cinco días después de emitido el boletín oficial con los resultados finales. Dicha proclamación será de aceptación obligatoria por los partidos políticos, salvo el caso de los recursos a los que haya pertinencia elevar.

[2] Art. 49, numeral 4. Que el aspirante a una precandidatura para un determinado evento electoral, en representación de un partido, agrupación o movimiento político no haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento electoral.